Programa Electoral PSOE

PROGRAMA
ELECTORAL
ELECCIONES GENERALES
2011

índice

ÍNDICE

I. UN PROGRAMA ELECTORAL PARA GANAR EL FUTURO 6

II. UNA ECONOMÍA SANA Y COMPETITIVA 10
1. La recuperación del crecimiento
y el empleo sobre bases sólidas 10
2. Un sistema financiero al servicio de la sociedad 11
2.1 Recuperar la normalidad del mercado de crédito en España 12
2.2 Mayor protección a los inversores y más cultura financiera 13
3. Una fiscalidad más justa que impulse la creación de empleo 14
3.1 Mayor equidad fiscal con impuestos realmente progresivos 16
3.2. Austeridad presupuestaria 18
3.3 Mayor concienciación y compromiso de la sociedad
con la lucha contra el fraude fiscal 19
4. Los motores del cambio: Innovación, Nuevas Tecnologías, Ciencia y Cultura 20
4.1 Innovación y crecimiento económico 21
4.2 Sociedad de la Información: nuevos horizontes y nuevas oportunidades 22
4.3 Ciencia y Tecnología 24
4.4. Cultura y contenidos digitales 26
5. Sostenibilidad: una prioridad y una oportunidad 29
5.1 Lucha contra el cambio climático 29
5.2 Biodiversidad y protección del litoral 30
5.3 Desarrollo rural, agricultura y pesca 32
5.4 Mayor eficiencia en el uso de los recursos 34
6. Nuevos tiempos, nuevas energías 36
6.1 Apostando por las energías renovables 37
7. Vivienda: un sector más equilibrado, unos ciudadanos más protegidos 39
7.1 Vivienda sostenible 40
7.2 Prevención y protección frente a las situaciones de
sobreendeudamiento de los particulares y a los embargo hipotecarios 44
8. Retos para un territorio equilibrado 47
8.1 La cohesión territorial 47
8.2 Política de infraestructuras y transportes 49

índice

III. LO URGENTE, EL EMPLEO 52
1. Desarrollar las reformas para recuperar el empleo 53
1.1 Un gran Acuerdo por el empleo 54
1.2 Unas políticas laborales orientadas a la reactivación del empleo 54
1.3 Un nuevo paradigma para el desarrollo de las relaciones laborales 56
1.4 Igualdad de oportunidades en el empleo 58
1.5 Unas instituciones laborales que protejan
y defiendan el empleo por encima de todo. 59
2. Empleo y jóvenes: Nuestra apuesta de futuro 60
3. Planes de empleo en sectores de futuro y sectores tradicionales 62
3.1 Sectores de futuro 63
3.2 Sectores renovados 66
3.3 Sectores industriales tradicionales 67
4. Apoyo a los emprendedores para crear más y mejores empresas 67
5. Fomento de la Economía Social 68
6. Responsabilidad Social Corporativa 70

IV. LA IGUALDAD DEL SIGLO XXI ES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 72
1. Los años del avance social 72
2. Ejes de la política social del futuro 73
2.1 Una inversión social que genere crecimiento económico y empleo.
Preparar antes que reparar 74
2.2 Una política social adaptada a la realidad de las personas.
Respondiendo a todas las dimensiones de la igualdad 75
2.3 La nueva igualdad de oportunidades. Nos define lo que hacemos,
no de dónde venimos 75
2.4 Una política social de futuro, y con futuro. Gestión
y prestación de servicios eficiente, y racionalidad en el uso 76
2.5 Una política social igual en derechos y coordinada entre territorios.
Iguales derechos para todos, y más cerca 76
3. La educación de hoy, las oportunidades del mañana 76
3.1 Nuestro compromiso: invertir más y mejor en educación 77
3.2 Extensión de la oferta educativa en las diferentes etapas de la vida 77
3.3 Los mejores profesores para un sistema educativo
en continuo proceso de mejora 78
3.4 Éxito educativo de todo el alumnado 79
3.5 Impulso decisivo al aprendizaje de inglés 80

índice

3.6 Amplio sistema de becas para facilitar el estudio
en todos los niveles educativos 81
3.7 Una sociedad comprometida con la educación 82
3.8 Una formación profesional flexible y adaptada
a las necesidades de cualificación permanente de la población 83
3.9 Reorganizar el mapa universitario español
y mejorar la gobernanza de las universidades. 84
3.10 Contribución socioeconómica del sistema universitario español 85
3.11 Reforzar las garantías de calidad universitaria 85
3.12 Responsabilidad social universitaria y empleabilidad 86
3.13 Interacción y flujos de conocimiento 86
4. La salud, clave para la igualdad 87
4.1 La sanidad pública: un logro a defender 87
4.2 El futuro de la política de salud para los socialistas:
nuevos retos, mejores soluciones 88
5. Las familias, motor de transformación social 93
5.1 Con todas las familias, por la prosperidad social y económica 93
5.2 El futuro de las políticas socialistas relacionadas con las familias:
6 .Por la igualdad 98
6.1 Seguir avanzando para no retroceder. Completar el desarrollo normativo 99
6.2 Hacia una plena igualdad de género 99
6.3 La economía del futuro necesita emplear todo el talento de un país 100
6.4 Erradicar la violencia de género 102
7. Convivencia e integración en la sociedad del S XXI 103
7.1 Integración efectiva para la cohesión social 103
7.2 El futuro de las políticas de integración para los socialistas:

índice

V. DEMOCRACIA 114
1. Introducción 114
2. Mejorar la calidad de nuestra democracia 115
2.1 Más Transparencia y más Gobierno Abierto 115
2.2 Un sector audiovisual saneado, independiente y plural 116
2.3 La reforma de nuestro sistema electoral 118
2.4 Reformas para la mejora de la participación ciudadana en la política 118
2.5 La profundización de los derechos ciudadanos 119
2.6 Reformas para profundizar en la aconfesionalidad del Estado español 121
2.7 La optimización de nuestro sistema de descentralización del poder 122
2.8 Por una política limpia 124
2.9 Una administración pública más eficaz 125
2.10 Reformar la Justicia en España 126
2.11 Seguridad Ciudadana 128
2.12 Memoria y moral 131
3. Gobernar la globalización y liderar los cambios 131
3.1 Una política exterior eficaz para salir de la crisis 132
3.2. Una acción exterior solidaria para un mundo más justo 137
3.3. Una nueva visión de la seguridad 142

un programa electoral
para ganar el futuro

programa electoral

un programa electoral para ganar el futuro

I. UN PROGRAMA ELECTORAL PARA GANAR EL FUTURO

España
afronta
un
período
de
grandes
retos
y
oportunidades,
como
consecuencia
de

una
dinámica
imparable
de
transformaciones
profundas
y
aceleradas
en
el
mundo
en

que
vivimos.
En
las
sociedades
occidentales,
la
primera
crisis
económica
mundial
del

siglo
XXI
ha
mostrado
que
estos
cambios
estructurales
pueden
aportar
muchos

beneficios
agregados,
pero
que
también
puede
generar
riesgos
sistémicos
que
se

trasladan
muy
rápidamente
entre
países
y
entre
continentes.
Esta
crisis
fue

inicialmente
de
carácter
financiero
y
tuvo
su
origen
en
mercados
excesivamente

desregulados,
pero
ha
terminado
convirtiéndose
en
una
gran
crisis
de
carácter
real
que

está
afectando
con
especial
dureza
a
Europa.

La
emergencia
de
nuevos
actores
globales
está
produciendo
una
redistribución
de

facto
del
poder
económico
y
político.
La
acción
política
de
los
países
desarrollados
se

está
teniendo
que
adaptar
a
esta
nueva
realidad,
en
la
que
la
gobernanza
económica

es
más
necesaria
que
nunca
para
hacer
frente
a
los
problemas
comunes,
mientras
es

más
difícil
llegar
a
acuerdos
por
la
necesidad
de
incorporar
a
nuevos
países,
sin
cuyo

consentimiento
cualquier
decisión
perdería
toda
su
efectividad.

Mientras
que
en
un
pasado
no
tan
lejano,
las
crisis
económicas
castigaban

especialmente
a
áreas
menos
desarrolladas
del
mundo
o
a
países
emergentes,
la

actual
crisis
financiera
está
deteriorando
singularmente
la
posición
de
los
países

desarrollados.
Éstos
atraviesan
un
ciclo
ya
largo
de
estancamiento
o
recesión,
aquellos

continúan,
sin
embargo,
con
un
crecimiento
vigoroso.

Se
trata
de
una
economía
global
que
ha
cambiado
por
la
base,
carece
de
gobernanza

apropiada,
y
desborda
cada
vez
más
la
estructura
puesta
en
pie
tras
la
segunda
guerra

mundial,
hace
ya
dos
tercios
de
siglo
cuando
el
mundo
era
tan
radicalmente
distinto
al

actual.

Estamos
aún
pendientes
de
resolver
el
dilema
de
que,
mientras
todos
los
grandes

retos
que
afrontamos
tienen
dimensión
global,
todos
los
riesgos
que
alguien
asume

son
finalmente
compartidos
por
todos,
y
solo
la
integración
o
la
cooperación
pueden

dar
las
respuestas
adecuadas,
la
decisión,
la
legitimidad
y
las
instituciones
y
recursos

para
afrontarlos
siguen
teniendo
primariamente
dimensión
y
orientación
nacional.

Debemos
afrontar
aún
la
tarea
de
reformar
las
instituciones
financieras

internacionales,
para
dotarlas
de
mayor
representatividad
y
así
incrementar
su

legitimidad
para
reforzar
su
función
regulatoria
y
su
capacidad
de
actuación.

Las
reuniones
del
G-‐20
han
generado
importantes
acuerdos
mundiales,
pero
aún

debemos
aplicarlos
con
vigor
en
todos
los
aspectos
relativos
a
la
ordenación
del

sistema
financiero,
a
la
persecución
de
los
paraísos
fiscales,
a
la
lucha
contra
la
evasión

fiscal,
al
freno
a
los
movimientos
especulativos,
a
la
limitación
de
los
beneficios
y
de
las

retribuciones
de
los
directivos,
a
la
exigencia
de
responsabilidades
por
prácticas

fraudulentas,
a
la
introducción
de
una
tasa
sobre
las
transacciones
financieras

internacionales,
al
esfuerzo
por
la
consecución
de
los
objetivos
del
milenio.

En
este
contexto,
los
ciudadanos
de
todo
el
mundo
reclaman
una
mayor
presencia
de

la
política.
Le
reclaman
que
debe
recuperar
un
espacio
que
creen
ha
abandonado

durante
las
últimas
décadas
a
los
poderes
económicos.
La
mayoría
de
los
ciudadanos

-6-


consideran
inaceptable
que
el
destino
de
la
vida
de
millones
de
personas,
de
sus

empleos
y
de
su
bienestar
material,
dependa
de
unos
mercados
financieros

internacionales
cuyas
decisiones
afectan
a
la
economía
de
un
país
por
encima
de
la

voluntad
de
sus
propios
representantes
políticos
elegidos
democráticamente.

Para
hacer
frente
a
esta
legítima
demanda,
necesitamos
cambios
en
la
gobernanza

internacional
y
europea,
para
recuperar
ese
espacio
para
la
política
que
demandan
los

ciudadanos.
Cambios
como
nunca
necesarios
para
poder
salir
de
la
crisis.
Desde
el

gobierno,
los
socialistas
impulsaremos
y
apoyaremos
las
propuestas
dirigidas
a
avanzar

con
pasos
decisivos
en
esta
gobernanza
europea
y
global.
Hoy
en
día,
más
que
nunca,

ser
progresista
es
equivalente
a
ser
internacionalista.

En
todo
caso,
la
actualización
del
proyecto
socialdemócrata
requiere
que
vayamos
más

allá
de
su
vertiente
económica,
y
que
elevemos
la
vista
por
encima
de
los
actuales

problemas
del
desempleo,
la
deuda
pública,
o
los
ajustes
presupuestarios.

La

socialdemocracia
surge
de
un
proyecto
moral,
de
una
concepción
solidaria
del
ser

humano,
de
la
aspiración
de
promover
su
realización
personal,
de
la
idea
de
que
el

progreso
individual
solo
puede
alcanzarse
con
justicia
en
el
marco
de
un
progreso

colectivo,
de
la
convicción
de
que
no
puede
haber
desarrollo
ciudadano
en
libertad
sin

una
base
común
de
igualdad.

Modernizar
el
proyecto
socialdemócrata
requiere
asimismo
que
volvamos
a
luchar

decididamente
por
las
ideas,
en
el
debate
filosófico
e
intelectual.
Pero
sobre
todo

requiere
una
nueva
legitimación
basada
en
resultados.
Los
ciudadanos
se
identifican

con
aquellos
proyectos
políticos
que
ponen
sus
valores
al
servicio
de
programas

políticos
capaces
de
generar
una
sociedad
más
próspera
y
cohesionada.

Desde
el
gobierno
de
España,
los
socialistas
hemos
afrontado
los
desafíos
de
esta

crisis,
procurando
combinar
las
reformas
y
los
ajustes
necesarios
con
medidas
para

amortiguar
el
impacto
en
las
personas
que
han
perdido
su
empleo.
Nuestra
prioridad

han
sido
siempre
las
personas:
protegerlas
en
los
momentos
de
mayor
dificultad
y

ayudarlas
a
encontrar
un
nuevo
acomodo
en
una
sociedad
cambiante.
Ahora,
cuando

nos
dirigimos
de
nuevo
a
los
ciudadanos
para
transmitirles
nuestra
propuesta
de

futuro,
debemos
ser
conscientes
más
que
nunca
de
las
oportunidades
que
se
abren

delante
de
nosotros.

Debemos
aprovechar
la
coyuntura
económica
para
caminar

aceleradamente
hacia
nuevas
formas
de
producir
y
trabajar,
de
intercambiar
bienes
y

servicios,
y
hacia
un
nuevo
orden
económico
internacional.

Las
dificultades
que
la
crisis
está
creando
no
pueden
hacernos
perder
la
certeza
de
que

en
términos
históricos
hay
razones
para
ser
optimistas.
Cada
día
comprobamos
cómo

nuestras
sociedades
se
trasforman.
La
esperanza
de
vida
de
las
personas
es
cada
vez

mayor.
Asistimos
a
un
proceso
de
grandes
migraciones,
las
cuales
configuran

sociedades
con
mayor
riqueza
cultural.
Se
está
produciendo
un
imparable
avance
de
la

igualdad
entre
hombres
y
mujeres.
El
conocimiento
se
está
extendiendo
entre
los

ciudadanos
del
mundo
y
la
igualdad
de
oportunidades
se
está
consolidando
en
muchos

lugares
donde
hasta
hace
poco
era
impensable.

Es,
por
tanto,
el
momento
histórico
de
afirmar
que
no
sólo
queremos
contemplar
y

analizar
los
cambios:
queremos
gobernarlos
de
acuerdo
con
nuestros
ideales.
Las

-7-


políticas
socialdemócratas
tienen
que
cumplir
la
premisa
de
generar
crecimiento
y

empleo,
y
bienestar
para
todos
los
ciudadanos.

Tenemos
que
reivindicar,
con
hechos,
el
uso
responsable
de
todos
los
recursos,
en

particular
los
recursos
presupuestarios
y
los
recursos
naturales,
conscientes
de
que
el

bienestar
de
hoy
no
puede
hipotecar
el
futuro,
que
la
solidaridad
tiene
una
dimensión

intergeneracional
que
va
mas
allá
del
sistema
de
pensiones.
Debemos
combatir
toda

forma
de
derroche,
ineficiencia
o
fraude,
defendiendo
el
valor
de
la
estabilidad

presupuestaria
como
garantía
de
la
sostenibilidad
del
Estado
del
Bienestar,
y

preservando
el
valor
del
patrimonio
natural,
comprometidos
con
el
derecho
a
una
vida

digna
de
las
generaciones
futuras.

Tenemos
que
propiciar
una
mejor
simbiosis
entre
las
políticas
protectoras
y
las

activadoras
del
dinamismo
social,
entre
las
acciones
que
aportan
seguridad
y
las
que

ofrecen
oportunidad.
Tenemos
que
abrir
nuestro
foco
para
incorporar
mejor
las

demandas
de
una
sociedad
cada
vez
más
diversa
y
plural,
con
gran
heterogeneidad
de

intereses.

Por
eso,
nuestro
objetivo
fundamental
no
es
otro,
no
puede
ser
otro,
que
el
de

formular
una
propuesta
de
acción
política
dirigida
a
sacar
a
España
de
la
crisis,
y
a
las

familias
de
la
ansiedad,
la
incertidumbre
y
las
consecuencias
de
la
destrucción
de

empleo
o
de
la
falta
del
mismo.
El
eje
central
de
nuestro
programa
de
gobierno
para

los
próximos
cuatro
años
pasa
por
restañar
los
daños
causados
por
la
crisis,
al
tiempo

que
retomamos
el
camino
de
un
crecimiento
sólido
sobre
bases
económicamente
más

sostenibles
que
en
la
fase
expansiva
anterior.

Nuestro
fin
último
es
el
de
que
España
siga
siendo
una
sociedad
próspera,
pero

considerando
que
el
bienestar
no
es
algo
que
dependa
solo
de
las
cantidades
de

bienes
y
servicios
que
se
producen
y
se
intercambian
en
el
mercado
(lo
que
hoy
mide

el
PIB),
sino
también
de
la
equidad
en
la
distribución
de
los
mismos,
así
como
de
la

distribución
del
conocimiento
y
la
capacidad
de
participar
en
los
procesos
de
decisión.

El
bienestar
de
una
sociedad
requiere,
además,
de
un
aumento
de
la
cobertura
de
los

ciudadanos
ante
todo
tipo
de
riesgos,
ya
sean
naturales,
sociales
o
económicos

A
diferencia
de
la
derecha,
nosotros
no
queremos
recuperar
el
crecimiento
económico

de
cualquier
manera,
no
queremos
encontrar
atajos
ni
alimentar
una
nueva
burbuja,

no
queremos
retroceder.
Nuestro
proyecto
es
el
de
construir
una
sólida
pista
de

despegue,
que
no
encuentre
vuelta
atrás
y
que
sea
la
base
de
un
cambio
estructural

duradero.
Ese
empeño
transformador
precisa
y
demanda
un
gobierno
abierto
al

diálogo
y
la
explicación,
porque
tenemos
ante
nosotros
una
tarea
que
debe
ser
el

resultado
de
un
esfuerzo
colectivo.
El
gobierno
debe
liderar
ese
proceso,
actuar
con

austeridad
y
ejemplaridad
en
sus
comportamientos.

Nos
proponemos,
pues,
retomar
la
senda
del
crecimiento;
abrir
con
toda

determinación
un
nuevo
periodo
basado
en
la
economía
del
conocimiento,
de
la

innovación,
de
la
energía
sostenible
y
de
la
proyección
exterior.
Y
nos
proponemos

también
recuperar
la
política
y
devolverla
al
primer
plano
social.
Únicamente
rechazan

la
política
quienes
pueden
prescindir
de
ella
para
defender
sus
intereses
particulares,

-8-


quienes
no
la
necesitan
para
defender
sus
derechos.
Pero
el
nuestro
es
un
proyecto

que,
para
avanzar,
necesita
el
compromiso
ciudadano,
la
primacía
de
los
intereses

generales,
la
legitimidad
popular
de
las
instituciones,
la
acción
pública.

Nuestro
programa
electoral
para
las
elecciones
del
20
de
noviembre
recoge
multitud

de
medidas
para
recuperar
la
economía
y
recuperar
la
política.
Estas
propuestas
se

articulan
en
torno
a
cuatro
ejes:
la
modernización
económica,
la
creación
de
empleo,

la
mejora
de
la
igualdad
y
la
profundización
de
la
democracia.
No
son
ejes
aislados
sino

plenamente
interconectados:
porque
no
habrá
nuevos
empleos
sin
modernización

económica,
y
no
habrá
modernización
económica
sin
un
primer
impulso
al
empleo.

Asimismo,
la
generación
de
nuevos
empleos
depende
del
impulso
a
nuevos
sectores

de
actividad
de
los
que
formen
parte
ciudadanos
y
ciudadanas
en
igualdad
de

condiciones.
Y
en
este
contexto,
hemos
de
ser
conscientes
de
que

estos
cambios

estructurales
precisan
de
un
esfuerzo
colectivo
que
a
su
vez
requiere
una
mejora
de

los
mecanismos
democráticos
de
consulta,
participación,
seguimiento
y
rendición
de

cuentas,
de
relación,
en
suma,
entre
los
ciudadanos
y
sus
representantes
políticos.

Este
programa
electoral
es
el
resultado
de
un
trabajo
continuado
de
18
meses.
En
este

proceso
han
participado
de
forma
directa
cerca
de
3000
militantes
del
Partido

Socialista.
A
ellos
se
han
sumado
las
aportaciones
de
1.200
expertos,
nacionales
e

internacionales,
que
han
colaborado
en
nuestros
grupos
de
trabajo.
La
versión

definitiva
se
ha
desarrollado
a
partir
de
la
ponencia
marco
aprobada
por
la
Conferencia

Política
del
PSOE,
celebrada
los
días
30
de
septiembre,
1
y
2
de
octubre
en
Madrid.

-9-

una economía
sana y competitiva

programa electoral

una economía sana y competitiva

II. UNA ECONOMÍA SANA Y COMPETITIVA

1. La recuperación del crecimiento y el empleo sobre bases sólidas
España, al igual que el resto de países de la Unión Europea y otras economías
occidentales, está atravesando la peor crisis económica desde la Gran Depresión de
los años 30 del siglo pasado. La crisis financiera mundial iniciada en 2008 se ha
transformado en los últimos tres años en una dura crisis económica de carácter real,
con destrucción de empleo y cierre de empresas.
Nuestro país está sufriendo más que otros el problema del desempleo. Esto es
consecuencia de un modelo iniciado a mediados de los años 90, que se apoyaba en
sectores de baja productividad capaces de crear muchos empleos, pero de escasa
cualificación y poca estabilidad. El ‘milagro español’ del crecimiento rápido por encima
de la UE, basado en la construcción e industrias afines, ha mostrado de forma
dramática sus límites. Y nos ha dejado una enorme burbuja inmobiliaria y un nivel de
endeudamiento privado como nunca antes habíamos tenido.
Esta es la herencia económica de un modelo que defendía que la causa de la fuerte
subida del precio de la vivienda era la falta de suelo. Quienes pensaban que
aprobando una ley del suelo en 1998 resolvían el problema de la vivienda, al hacer
que toda España fuera considerada urbanizable salvo zonas protegidas, claramente se
equivocaban. Nos han llevado a un enorme sobredimensionamiento del sector
inmobiliario (hemos construido más de medio millón de casas nuevas por año, durante
casi una década). Nos han llevado a un urbanismo insostenible, que ocupa el territorio
de forma voraz y desordenada.
El gobierno socialista que inició su mandato en 2004 identificó la necesidad de un
cambio de modelo económico, y desde la primera legislatura se comenzaron a poner
las bases de un crecimiento sobre bases más sólidas. El principal problema en la
economía española es el escaso crecimiento de la productividad, y esto sólo se
resuelve con innovación y modernización, con esfuerzos inversores y con una visión
estratégica. Para promover este cambio se pusieron en marcha entre 2004 y 2008 una
serie de diferentes grandes planes plurianuales de inversiones: en I+D+i (Plan Ingenio
2010), en tecnologías de la información y la comunicación (Plan Avanza), o en redes
de transporte (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte), entre otros. Y en
esta legislatura el Gobierno socialista ha aprobado la Ley de Economía Sostenible,
que persigue como objetivo global el cambio de modelo económico para España.
Necesitamos transformar la economía española, porque nuestro futuro está en ello. La
crisis económica nos fuerza a cambiar, pero también es una oportunidad para resolver
los problemas estructurales que nos han situado donde estamos. Además de atender
a los problemas más urgentes de corto plazo (creación de empleo, reducción del
déficit público, mejora de la competitividad) sigue siendo necesario adoptar una visión
de medio y largo plazo, y mantener los esfuerzos inversores en aquellos ámbitos que
tienen un carácter estratégico para el país

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Los objetivos que debemos perseguir en materia económica son de una doble
naturaleza:
-‐ A corto plazo: abordar los retos más urgentes
• recuperar el crecimiento económico
• crear empleo
• reducir el nivel de endeudamiento público y privado
• conseguir un funcionamiento normal del mercado de crédito

-‐ A medio y largo plazo: afrontar los retos importantes para nuestro bienestar futuro
• mejorar la productividad de la economía española
• diversificar nuestra estructura productiva
• aumentar la sostenibilidad medioambiental y contribuir a la lucha contra el
cambio climático
• atender las necesidades y demandas de una población con baja natalidad y
que ha visto aumentada su esperanza de vida
La recuperación del crecimiento y su sostenibilidad a medio plazo dependen de que
seamos capaces de corregir los desequilibrios y se logre sentar las bases de una
economía más competitiva. Superar esta crisis no va a ser fácil, y requiere, además,
que a nivel internacional se logre una estabilización de todas las economías europeas
para superar las turbulencias de los mercados de deuda y se vuelva a crecer. Pero
nuestros factores estructurales internos son fundamentales a largo plazo y, además,
sobre ellos podemos influir con nuestras iniciativas y políticas.
España debe culminar su modernización hacia la nueva economía bajo criterios de
competitividad, productividad y con un objetivo claro de dirigir nuestros esfuerzos en la
llamada 3I+D (innovación, internacionalización, investigación + desarrollo). Para los
socialistas, la nueva economía es la economía de la prosperidad, que no sólo genera
crecimiento económico con redistribución, sino también cohesión social, que aumenta
la calidad de vida de los ciudadanos. Esta economía será innovadora, sostenible e
inclusiva, y en ella tendrán protagonismo las empresas de la llamada economía social,
lo que multiplicará las opciones de empleo para los ciudadanos porque habrá más
sectores que lideren el crecimiento futuro.

2. Un sistema financiero al servicio de la sociedad
El sistema financiero juega un papel fundamental en la sociedad, como canalizador del
crédito a las familias y los sectores productivos, y como un elemento fundamental para
permitir la existencia de inversión. El sistema financiero debe estar al servicio de la
sociedad y no al revés. Las entidades financieras deben ser solventes, sostenibles,
sanas y rentables para poder garantizar su correcto funcionamiento, y que no
supongan una carga ni para los Estados ni para los ciudadanos.
El papel de los Estados y de los bancos centrales en la supervisión financiera debe ser
mayor que en el pasado reciente, puesto que la existencia de riesgos excesivos ha

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pasado desapercibida para los reguladores. La desregulación financiera internacional
durante más de dos décadas ha favorecido la asunción irresponsable de riesgos por
parte de las entidades financieras y su propagación a países y personas que no la
causaron. Por tanto ha favorecido los excesos de endeudamiento de empresas y
familias, y con ello desequilibrios en el crecimiento de muchas economías.
El alcance de la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar soluciones
coordinadas en Europa y a nivel global. En un principio ha sido indispensable la
reestructuración bancaria para salvaguardar la estabilidad financiera, ahora
necesitamos promover un sector financiero equilibrado, más controlado y supervisado,
y con una mayor contribución del sector a la sociedad.
Por ello, un elemento central de nuestro programa electoral es establecer las
condiciones para que, ante la crisis, el sistema financiero deje de ser parte del
problema de la crisis actual y se convierta en parte de la solución. Necesitamos un
sistema que sea capaz de financiar el crecimiento y que se comprometa con la
financiación de inversiones productivas y con la creación de empleo. En definitiva,
necesitamos un sistema financiero al servicio de la sociedad.

2.1 Recuperar la normalidad del mercado de crédito en España
España tiene un sector bancario bien regulado y prácticamente no afectado por los
problemas de las hipotecas subprime (créditos hipotecarios de bajísima calidad de
Estados Unidos) y los activos tóxicos vinculados a éstas. Pese a ello ha sufrido desde
2008 en su sistema financiero las consecuencias de un funcionamiento irregular de los
mercados internacionales.
El cierre de los canales habituales de financiación externa de nuestra economía ha
provocado situaciones de falta de recursos en el sistema financiero, que en el inicio de
la crisis fue posible atajar en el ámbito nacional con los instrumentos de liquidez
puestos en marcha por el Gobierno, como el Fondo de Adquisición de Activos
Financieros creado en 2008
Pero el agravamiento de la crisis económica, el estallido de la burbuja inmobiliaria y los
problemas de inestabilidad de los mercados de deuda, han terminado por provocar
una situación de enorme tensión también en el sistema financiero nacional. Bancos y
Cajas están sufriendo ahora las consecuencias de muchos años de políticas laxas en
la concesión de créditos y de una concentración excesiva de riesgo en el sector de la
vivienda.
El Gobierno socialista ha abordado una reforma del sistema financiero para ayudar a
resolver los problemas de las entidades bancarias. Una reforma necesaria, porque la
economía española no puede permitirse que el crédito no fluya con normalidad a las
empresas y familias. Una reforma que tiene como finalidad reforzar la confianza en el
sistema financiero español y acelerar el proceso de fortalecimiento y consolidación de
las Cajas de Ahorro.
Los puntos fundamentales de la reforma financiera son los siguientes: (1) creación del
Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), para ayudar al proceso de
reestructuración bancaria con un volumen de ayudas de 10.600 millones de euros que
se han otorgado en forma de préstamos a las entidades (y por tanto serán devueltos a
las arcas públicas); (2) aprobación de la Ley de Cajas que, entre otros aspectos,

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faculta a las Cajas para captar fondos privados para su recapitalización y avanza en la
profesionalización de sus gestores; y (3) puesta en marcha del Plan de Reforzamiento
del Sector Financiero en 2011, con el objetivo de restaurar la credibilidad de las
entidades y reforzar su solvencia y favorecer la canalización del crédito hacia la
economía real.
En la próxima legislatura tenemos que cerrar este proceso de ajuste del sistema
financiero, logrando con ello que vuelva a ser la fuente de crédito para la
transformación de la economía española. Un sistema financiero que, en todo caso,
puede y debe defender la actividad de las cajas de ahorros por su compromiso social y
su capilaridad en el territorio nacional. Y si en el proceso de reestructuración, el Estado
entra en el capital de alguna entidad financiera, nos aseguraremos de hacer una
buena gestión del dinero público, favoreciendo la concesión de crédito a pequeñas y
medianas empresas.
El sistema financiero es el motor de la economía, del crecimiento y del empleo. Por
ello, nuestro primer objetivo ha sido el de preservar su fortaleza llevando a cabo la
reestructuración más profunda de la reciente historia económica de España. Sin
embargo, este es sólo un primer paso, imprescindible pero no suficiente. En lo
sucesivo, superados los momentos más difíciles, será necesario trabajar por un
objetivo igualmente estructural: debemos diseñar un sistema financiero adecuado a la
función que tiene que cumplir, un sistema eficiente, que proporcione crédito a las
empresas y al conjunto de la economía, un sistema bien controlado, un sistema que no
incentive la asunción de riesgos irresponsables, un sistema en el que se garantice
plenamente la protección de los más vulnerables y, sobre todo, un sistema que
contribuya más a la sociedad, concebido de manera tal que devuelva parte de los
beneficios que de ella obtiene.
Nuestras propuestas para recuperar la normalidad del sistema financiero nacional son
las siguientes:
-‐ Culminar el proceso de reestructuración del sistema. Las entidades que no
alcanzaron los niveles mínimos de capital principal requeridos deberán ejecutar
sus estrategias de recapitalización antes finalizar 2011, y en caso contrario será
necesario poner en marcha actuaciones para terminar el proceso de saneamiento
del sistema para ganar credibilidad y poder acceder con normalidad a los
mercados financieros internacionales a captar recursos. Todos los esfuerzos y
recursos necesarios deben ser orientados para alcanzar este objetivo.
-‐ Reforzaremos los controles al funcionamiento y a la gestión de las entidades
financieras así como el establecimiento de sanciones a sus gestores cuando se
demuestre mala praxis bancaria.
-‐ Utilizaremos la posible presencia pública en alguna entidad financiera para
impulsar la financiación dirigida a los emprendedores.

2.2 Mayor protección a los inversores y más cultura financiera
Necesitamos nuevas formas de regulación financiera, más ágiles y más eficientes.
Que aporten más información a los compradores de productos financieros sobre los
riesgos que asuman para que tomen sus decisiones con pleno conocimiento, y que
esta información sea clara y transparente. Y que ofrezcan un mayor grado de

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protección a los ciudadanos. Solo así se podrán evitar los excesos del pasado,
prevenir futuros riesgos sistémicos, potencialmente provocados por el contagio entre
entidades, y facilitar el crecimiento económico.
Para ello, proponemos las siguientes medidas para mejorar la protección de los
usuarios de servicios financieros:
-‐ Más formación financiera: la cantidad, rapidez y complejidad de la evolución de los
productos financieros hacen que la mejor medida de protección para el usuario sea
desarrollar una cultura financiera básica que les permita poder tomar sus propias
decisiones, y les proteja del riesgo de no estar expuestos al riesgo de invertir y
contratar lo que no entienden.
-‐ Nos proponemos seguir mejorando la cultura financiera del país –como por
ejemplo el portal “Finanzas para Todos”, desarrollado por el Ministerio de
Economía y Hacienda- y hacerlo llegar a un sector más amplio de la sociedad.
-‐ Más protección en el ámbito financiero: hasta la fecha se han adoptado medidas
urgentes para proteger a las familias que han perdido su vivienda garantizándoles
un mínimo vital inembargable que les permita cubrir sus necesidades más
esenciales. También, se han puesto en marcha varias iniciativas para que, en caso
de producirse una ejecución hipotecaria por impago, los deudores reciban una
contraprestación adecuada por el inmueble, evitando que el acreedor se quede
con la casa muy por debajo de su valor. Es necesario desarrollar un marco estable
para garantizar todos estos derechos.
-‐ Elaboraremos un nuevo código de transparencia y protección de los usuarios de
servicios financieros; una moderna normativa que incluirá normas sobre la
concesión responsable de créditos, la información precontractual que debe
facilitarse a los consumidores, o la mejora de los procedimientos de acuerdos entre
deudores y acreedores antes de proceder, en caso de impago, a la ejecución de la
garantía hipotecaria.

3. Una fiscalidad más justa que impulse la creación de empleo
La fiscalidad es el instrumento principal para la necesaria financiación del Estado del
Bienestar y la inversión pública. Por ello, el sistema fiscal debe ordenarse conforme a
los principios de eficiencia, progresividad y suficiencia, otorgando los recursos
necesarios para el correcto funcionamiento de unos servicios públicos de calidad, y
atendiendo a las singularidades fiscales territoriales existentes.
Durante los últimos años, la presión fiscal se ha reducido tres puntos, hasta el 32% del
PIB, lo que supone estar 7 puntos por debajo de la media europea. Ello se ha debido,
por una parte, a las medidas de apoyo fiscal a las pymes y de mejora de la renta
disponible de las familias adoptadas por el Gobierno en las etapas más duras de la
crisis y, por otra, a la reducción de la actividad económica general y su especial
repercusión en la recaudación procedente del sector inmobiliario, que venía aportando
cuantiosos ingresos a todas las administraciones públicas.
El PSOE está comprometido plenamente con el cumplimiento del plan de
consolidación fiscal acordado en el marco comunitario, que persigue recuperar la
confianza de los inversores en la economía española y la estabilidad presupuestaria

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en el medio plazo. En esta circunstancias, una reducción generalizada de impuestos,
como la que irresponsablemente propone la derecha, no es compatible en estas
circunstancias con el proceso de consolidación fiscal, y pondría en riesgo la
sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar y nuestra capacidad para invertir en la
recuperación.
Los socialistas defendemos la estabilidad presupuestaria, la equidad fiscal y la
suficiencia de los recursos públicos para sostener los servicios y las prestaciones
sociales e invertir en la economía del futuro. También defendemos la transparencia en
el ingreso y el gasto público, y la lucha contra el fraude fiscal.
Por eso, creemos necesario abordar una revisión de nuestro sistema fiscal, para que
los que más tienen más aporten en la salida de la crisis. Un sistema fiscal revisado
que permita apoyar mejor los comportamientos positivos (como el trabajo, el
emprendimiento y el ahorro, y la inversión productiva) y desincentivar los que generan
externalidades negativas (como la especulación o la polución). Por ello, nos
comprometemos a:
1. Mejorar la equidad del sistema fiscal mediante una mayor progresividad y un
tratamiento más equilibrado en la relación entre las rentas del trabajo y del capital.
2. Lograr la estabilidad presupuestaria. El PSOE está comprometido plenamente con
el cumplimiento de un plan de consolidación fiscal que permita mantener la confianza
de los inversores en la economía española mediante una política fiscal prudente y
tendente a la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, sin renunciar a nuestras
señas de identidad sociales.
Para los socialistas, la estabilidad presupuestaria se concreta en conseguir el equilibrio
entre ingresos y gastos en el horizonte temporal de cada ciclo económico, lo que
conlleva el poder del Estado para compensar con medidas de política económica los
auges y las depresiones del ciclo y las posibles situaciones excepcionales que puedan
surgir.
3. Preservar el Estado del Bienestar. Por el lado del gasto público, el objetivo prioritario
para los socialistas es preservar el Estado del Bienestar y la cohesión social, por lo
que es necesario profundizar los esfuerzos de racionalización del gasto y de mejora de
la eficacia y la eficiencia de su gestión. Especialmente importante es nuestro
compromiso con la mejora de la calidad de los servicios educativos o sanitarios y la
garantía de las prestaciones de jubilación y desempleo.
4. Invertir en las personas y la nueva economía. Nos comprometemos a reforzar
nuestras inversiones en las personas, para que puedan adaptarse a las nuevas
realidades económicas y activar sus capacidades en la búsqueda de nuevos empleos.
También será fundamental seguir invirtiendo en la formación de capital tecnológico y
humano, así como apoyar a los sectores emergentes dentro del nuevo modelo
productivo.
5. Mayor concienciación y compromiso de la sociedad con la lucha contra el fraude
fiscal. Un país que quiere garantizar y mejorar sus servicios y prestaciones, que
necesita asegurar el disfrute de derechos sociales e individuales y que debe promover
el crecimiento económico y el empleo con políticas de acción positiva y con
inversiones públicas cuantiosas debe ser consciente de que el cumplimiento de las

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obligaciones fiscales no solo es un deber de todos sino una inexcusable condición de
ciudadanía. En este sentido, las reformas fiscales para conseguir un sistema más justo
y transparente deben estar acompañadas de una mayor implicación de los ciudadanos
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de un mayor esfuerzo colectivo en la
lucha contra la defraudación y el delito.

3.1 Mayor equidad fiscal con impuestos realmente progresivos
Las iniciativas que se proponen a continuación complementan el amplio conjunto de
medidas que el Gobierno socialista ha adoptado a lo largo de esta última legislatura
para incrementar la progresividad del sistema fiscal. Entre estas medidas ya
aprobadas pueden destacarse la elevación de la tributación del ahorro en el IRPF, el
aumento del tipo marginal máximo del IRPF, o el endurecimiento de la tributación de
los profesionales que obtienen rentas plurianuales muy elevadas.
Por otro lado, el Gobierno decidió en 2008 suspender la aplicación del Impuesto de
Patrimonio, una decisión tomada en un contexto económico muy diferente del que
ahora vivimos. En estos momentos, es imprescindible adoptar decisiones que
proporcionen recursos para poder financiar con rigor las medidas de impulso al empleo
que queremos poner en práctica en la nueva legislatura. Por ello, el gobierno socialista
ha recuperado el Impuesto de Patrimonio, incorporando las modificaciones necesarias
para que las rentas medias queden exentas del pago.
La nueva fiscalidad que proponemos promoverá la transformación del modelo de
crecimiento y la creación de empleo, reduciendo las cargas administrativas
innecesarias, y focalizando los incentivos fiscales y el crédito público, en el apoyo a la
innovación y al emprendimiento, independientemente de cuál sea la forma jurídica,
incluyendo también la economía social.
Para mejorar la progresividad del sistema fiscal en España, nuestras propuestas son
las siguientes:
-‐ Modificar el Impuesto de Sociedades para redistribuir los beneficios de las
deducciones del impuesto, desde las empresas grandes a las empresas pequeñas
y medianas, de tal forma que ambas paguen tipos efectivos similares y más
cercanos al tipo nominal.
-‐ Crear un impuesto sobre los beneficios de las instituciones financieras. Se trata de
pedir un esfuerzo a las empresas que más beneficios han obtenido en el anterior
ciclo expansivo para que ahora contribuyan a financiar medidas encaminadas a
favorecer la creación de empleo, reactivar la economía y salir de la crisis. Este
impuesto además generará incentivos para que las entidades financieras actúen
de forma responsable en la gestión del crédito, no asumiendo riesgos excesivos.
En concreto, proponemos una nueva figura impositiva similar al que se ha
establecido en otros países de nuestro entorno como Suecia, Reino Unido,
Alemania, Francia, Portugal ó Austria, entre otros, y del que existe, por tanto,
experiencia comparada. Un impuesto que deberá implantarse, cuando las
Instituciones financieras hayan finalizado el proceso de reestructuración al que
están sometidas para reforzar su capital y cumplir con los nuevos requisitos
impuestos por los organismos reguladores y supervisores.

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-‐ Crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, que sustituirá al renovado
Impuesto de Patrimonio cuando expire en 2012, que permitirá alcanzar los
objetivos de progresividad e incluirá una nueva fiscalidad de las SICAV.
-‐ La crisis financiera mundial de 2008 ha abierto un debate internacional sobre
introducir algún tipo de regulación en los sistemas de remuneración a los directivos
de grandes empresas. A nivel europeo se empezó a abordar las remuneraciones
de los ejecutivos con una directiva aprobada por el Parlamento Europeo en
noviembre de 2010. Desde entonces varios países entre ellos EE.UU., Francia o
Alemania han adoptado medidas en este sentido. Los socialistas propondremos
que también en España se introduzcan mejoras en los sistemas de remuneración
de los directivos de grandes empresas, entre ellas:
• Aumentar la transparencia mediante la publicación de las retribuciones
percibidas de forma individual por cada miembro del Consejo, incluyendo de
forma obligatoria dicha información en la Cuentas Anuales.

• Apoyar los esquemas de extensión a los trabajadores de los sistemas de
remuneración que se aplican a los directivos, incluyendo los bonus y las stock
options, con el fin de alinear adecuadamente los incentivos positivos para
todos.
Además, los socialistas nos proponemos fortalecer la base fiscal. En España el nivel
de la imposición indirecta es el más bajo de Europa en relación al PIB. En concreto,
asciende al 9% del PIB, 4 puntos menos que la media de la eurozona (datos de 2009).
Más allá de los tipos del IVA, que se encuentran en un rango razonable, la diferencia
fundamental con nuestros socios europeos estriba en la menor imposición indirecta
destinada a desincentivar comportamientos que generan externalidades negativas en
el entorno.
En este sentido, en nuestro país la denominada ‘fiscalidad verde’, o conjunto de
figuras tributarias que contribuyen a un uso responsable de los recursos naturales y a
mitigar los impactos medioambientales negativos, está muy poco desarrollada en
comparación con los países de nuestro entorno. Para perseguir nuestro objetivo de
que la economía española alcance un mayor grado de sostenibilidad, éstos son
instrumentos a utilizar para incentivar comportamientos responsables.
Por ello, proponemos el siguiente conjunto de medidas:
• Incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, salvo el vino, la cerveza
y otras bebidas de baja graduación, para garantizar la financiación de la
sanidad pública.
• Dentro de la fiscalidad indirecta, la fiscalidad verde es la que más puede
evolucionar en España ya que está escasamente desarrollada en relación a los
países de nuestro entorno. No obstante, desde el inicio de la crisis económica
en el ámbito autonómico y local han proliferado los denominados impuestos
medioambientales, sobre todo los energéticos. La Administración General del
Estado tiene un amplio margen de actuación en el ámbito de la fiscalidad verde
desde una doble perspectiva:

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o Ordenar la heterogeneidad de impuestos medioambientales
autonómicos y locales y dotarlos de seguridad jurídica (ya que muchos de
estos impuestos están recurridos ante los tribunales).
o Introducir mayores criterios medioambientales en la fiscalidad, ya que la
recaudación por impuestos medioambientales en España es la más baja de
toda la UE.

3.2. Austeridad presupuestaria
El sector público en España requiere también de una transformación para acompañar
al proceso de cambios de la economía española. Tenemos que lograr que los recursos
públicos que se emplean para apoyar a las actividades del sector privado no sean
meras subvenciones o programas de ayuda, sino verdaderas palancas que dinamicen
al sector privado.
Un buen ejemplo de esta filosofía lo tenemos en la política de I+D+i llevada a cabo por
el Gobierno socialista en las dos últimas legislaturas. Las inversiones públicas bien
diseñadas apalancan inversión privada, de manera que se dispone de más recursos y
de sinergias entre lo que hace bien el sector público y lo que hace bien el sector
privado.
A corto plazo, nos enfrentamos con un escenario de consolidación fiscal que requiere
de una política de máxima austeridad y eficiencia, tanto en la gestión de las distintas
políticas públicas de gasto, como en el propio funcionamiento de las administraciones
públicas. Pero austeridad no significa simplemente reducir el gasto público. Supone
ser más eficientes y responsables en la administración de los recursos, incrementar la
calidad de los servicios públicos y mejorar la coordinación entre las distintas
administraciones.
Pero la economía española va a superar sin duda esta crisis, y para ayudar a la
recuperación y a la transformación del modelo económico que nos va a generar
riqueza y bienestar en las próximas décadas, es necesario hacer cambios en el ámbito
del sector público, para transformarlo en un agente dinamizador de la economía.
Necesitamos seguir profundizando en nuestra apuesta por impulsar desde el ámbito
público una mayor cohesión territorial, de forma que las actividades económicas no se
concentren de una forma exagerada en determinadas zonas del país, dejando otras
con problemas de falta de población y abandono del territorio, con lo que ello conlleva
de pérdida de capital humano y efectos medioambientales.
Para los socialistas el principio de estabilidad presupuestaria implica austeridad en la
fase expansiva del ciclo económico para hacer frente a las necesidades en la fase
contractiva del ciclo, así como el mantenimiento de la cohesión social. Por tanto, la
estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo permite la ejecución de las políticas
necesarias para combatir la recesión económica, y al mismo tiempo garantizar el
Estado del Bienestar.
La crisis de deuda soberana que sufre Europa y que se ha agravado en los últimos
meses, ha hecho necesario constitucionalizar un principio, el de la estabilidad
presupuestaria, ya incorporado desde hace años a nuestra legislación.

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El reto más importante ante el que nos encontramos a corto plazo en el ámbito del
sector público, y que el Partido Socialista defiende para la próxima legislatura es
culminar el proceso de consolidación fiscal para alcanzar el objetivo de déficit del 3%
del PIB en 2013, y a partir de ahí continuar con el saneamiento de las cuentas públicas
hasta recuperar el equilibrio presupuestario.
Nuestras propuestas para abordar el reto de la austeridad son las siguientes:
-‐ Continuar con el proceso de reducción del déficit público en todas las AAPP.
-‐ Facilitar a los ciudadanos la posibilidad de invertir sus devoluciones del IRPF en
títulos especiales de Deuda Pública a uno y dos años, de pequeña cuantía
nominal, para que aquellos contribuyentes que lo deseen dispongan de un
instrumento sencillo y rentable de apoyar al país a lograr una mayor estabilidad
financiera y a salir de la crisis. En términos prácticos, bastaría con marcar una
casilla en la declaración de la renta para que la Administración tributaria llevase a
cabo todos los trámites para realizar la inversión.
-‐ Promover un acuerdo político entre administraciones para mejorar el control y la
coordinación de las políticas públicas, promoviendo la introducción de incentivos
(positivos y negativos) o reglas de gasto que garanticen el control del déficit y del
endeudamiento total (financiero, comercial y de las empresas públicas), para
garantizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo.
-‐ Evitar los solapamientos y duplicidades de competencias entre los distintos niveles
de la administración pública.
-‐ Austeridad y transparencia en la actuación de las autoridades públicas, incluyendo
medidas como impedir la acumulación de sueldos.
-‐ Minimizar los costes de producción de bienes y servicios públicos mediante
medidas como la generalización de compras centralizadas, la gestión unificada del
parque inmobiliario público, facilitando la contratación por medios electrónicos, etc.
Otros ámbitos de mejora de la eficiencia del sector público:
-‐ Incrementar la colaboración y coordinación entre todos los niveles de la
Administración, evitando las duplicidades y potenciando las sinergias, realizando
un mayor ajuste en aquellas políticas que no sean prioritarias potenciando la
evaluación de las políticas y programas públicos, pero manteniendo los recursos
necesarios para la cohesión social y territorial del país.
-‐ Hacer frente a la morosidad del sector público, un desequilibrio que perjudica al
conjunto de las empresas y a los trabajadores dependientes de ellas. Para lograr
este objetivo se garantizará la transparencia e información con el fin de que los
subcontratados puedan ejercer su derechos frente a los primeros contratistas

3.3 Mayor concienciación y compromiso de la sociedad con la lucha contra el
fraude fiscal
Para impulsar la lucha contra el fraude fiscal, en la que ya estamos obteniendo buenos
resultados, se proponen varias medidas:
-‐ Para combatir con total contundencia y máxima eficacia el fraude fiscal y
para prevenir y reprimir el blanqueo de capitales, proponemos la creación de

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una Oficina de Lucha Contra el Fraude de carácter especializado, que
integre órganos administrativos que actualmente desempeñan este tipo de
funciones. Esta Oficina supondrá el establecimiento de un nuevo modelo de
lucha contra el fraude que integrará a los funcionarios y órganos intervinientes
en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero, fraude a la Seguridad Social,
tramas organizadas para la defraudación, prevención y represión del blanqueo
de capitales y lucha contra las vertientes financieras de la criminalidad
organizada y la corrupción.
-‐ Asimismo, desarrollaremos un Plan de lucha contra el fraude cuya finalidad
será conseguir que éste se convierta en un objetivo prioritario de los poderes
públicos y del conjunto de la sociedad en la próxima legislatura.

4. Los motores del cambio: Innovación, Nuevas Tecnologías, Ciencia y Cultura
El gobierno socialista ha apostado firmemente desde 2004 por un cambio en la política
de investigación e innovación. En los últimos cinco años nuestro país ha invertido más
en I+D que en los diez años anteriores, alcanzando la media europea de inversión
pública en I+D. En la actualidad, importantes infraestructuras científicas surgidas en
estos años compiten con éxito en el ámbito internacional. Ahora es el momento de dar
un salto cualitativo para situarnos en un nivel mayor de liderazgo internacional en el
desarrollo del conocimiento científico y tecnológico.
Emprender, Evolucionar y Expandir son tres lemas para un proyecto de país que, más
allá de la salida de la crisis, piensa en los nuevos fundamentos productivos sobre los
que crecerá la economía en la legislatura 2012-2016: una legislatura marcada por la
innovación, y donde el cambio de modelo energético, el cambio climático y el proceso
de envejecimiento de la sociedad, son tres grandes retos a abordar.
Por todo ello, proponemos la renovación y el fortalecimiento de un pacto social que
permita complementar el esfuerzo realizado hasta la fecha en cuestiones clave para
colocar a la ciencia española en el lugar que le corresponde. Un pacto que ponga el
énfasis en la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia el tejido
industrial y empresarial.
La Sociedad de la Información es una realidad en España. Nuestro país destaca a
nivel internacional en la mayoría de los indicadores, ya sea de uso como de
conectividad. Sin embargo los logros conseguidos con el Plan Avanza no deben
dejarnos caer en la autocomplacencia.
La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los
ámbitos productivo, educativo, sanitario, social y de la administración es una de las
principales palancas para la mejora de la competitividad empresarial y la creación de
empleo.
Las TIC contribuyen decididamente a una economía sostenible orientada al bienestar
de la ciudadanía, a la eliminación de desigualdades y al fortalecimiento de la
democracia y sus instituciones mediante la mejora de la transparencia, la colaboración
y la participación ciudadana.
La cultura española es una de las grandes culturas del mundo, es un factor que
refuerza nuestro legítimo orgullo como país y que fortalece nuestro prestigio

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internacional: disponemos de un enorme patrimonio monumental, histórico y artístico;
el español es hablado por 500 millones de personas en el mundo; nuestros creadores
y artistas han gozado históricamente y gozan en la actualidad de reconocimiento
mundial; nuestras empresas culturales son líderes en el contexto internacional
hispanohablante.
Desde 2004, la política cultural del gobierno socialista ha puesto en valor, por vez
primera, el aspecto económico de la cultura española, de nuestras Industrias
Culturales y Creativas que suponen un 4% de nuestro PIB y generan 750.000 puestos
de trabajo de alta cualificación. Sólo nuestro sector editorial supone un 1,4% del PIB.
Las industrias culturales y creativas han de jugar un papel muy relevante en el nuevo
modelo productivo post crisis, basado en la economía del conocimiento. Tienen,
además, un elevado potencial de creación de empleo de calidad, ya que la aplicación
del factor trabajo en el sector es superior a la media y no precisa elevadas
inversiones.

4.1 Innovación y crecimiento económico
Dentro de la Estrategia de Economía Sostenible, que aboga por el cambio de modelo
económico en España, los socialistas concebimos las políticas de innovación como la
vía para que el esfuerzo científico y técnico sea aprovechado por el conjunto de la
sociedad y permita la modernización de nuestro tejido productivo.
Queremos prestar especial interés a la colaboración público-privada, que promueva
inversiones e iniciativas para lograr una mejora de la productividad de nuestra
economía. Con este fin proponemos:
-‐ Actualizar la Estrategia Estatal de Innovación para extender su ámbito temporal
hasta 2016, reforzando la cooperación entre los distintos agentes, especialmente
las CCAA y Ayuntamientos, duplicando el número de empresas innovadoras, y
favoreciendo la transferencia de conocimiento.
-‐ Articular un Sistema Nacional de Demanda temprana en colaboración con todas
las Administraciones públicas, y en estrecha relación con el sector privado,
especialmente en los ámbitos de especialización de la economía española.
-‐ Promover especialmente la innovación de procesos en las Administraciones
Públicas, para que la implantación de tecnologías de la información y la
comunicación en dichos procesos les permita ser mucho más eficientes y austeras
de forma que, con un menor coste, faciliten iguales o mejores servicios
-‐ Favorecer la constitución de fondos de inversión de capital-riesgo y de capital-
semilla mixtos en el sector público y privado, que permitan la financiación de las
iniciativas innovadoras.
-‐ Impulsar el Mercado Alternativo Bursátil que permita crecer a las iniciativas
innovadoras, aportándoles liquidez y permitiendo a otros inversores participar en
las oportunidades financieras que ofrecen.
De la misma forma, haremos un esfuerzo para innovar en los sectores que se han
venido a llamar tradicionales: la necesaria renovación y modernización de muchos de
nuestros sectores de actividad económica debe apoyarse en la innovación como
palanca para el cambio. Para ello proponemos:

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-‐ Orientar la educación universitaria hacia la innovación, fomentando los conceptos
de creatividad e innovación.
-‐ Poner en marcha programas para modernizar los sectores tradicionales, facilitando
la formación adaptada a las nuevas necesidades de los sectores tradicionales que
han concentrado históricamente la mayoría del empleo.
-‐ Redistribuir los recursos públicos orientados a promover la I+D+i empresarial para
que se concentren mayoritariamente en las pymes.
-‐ Poner en marcha un programa de “Cheques Tecnológicos” para distribuir a
empresas que se inician en las actividades de I+D+I.
-‐ Fomentar los clusters de innovación en sectores maduros y clave para la
economía española, como son el turismo o la agroalimentación, entre otros.
-‐ Renovar de la oferta de producto turístico más allá del sol y playa ligándolo a más
actividad y más tecnología. Favorecer la formación hacia la innovación y las
nuevas tecnologías en la empresa turística creando nuevos perfiles necesarios
para la era 2.0.
-‐ Mejorar el etiquetado de alimentos para poner en valor las nuevas características
de los productos, especialmente desde el punto de vista de la salud.
En materia de internacionalización de la innovación:
-‐ Promover la internacionalización de las empresas españolas innovadoras para
ampliar sus mercados y mejorar la imagen de nuestros productos.
-‐ Incrementar la presencia de empresas innovadoras españolas en los programas
de cooperación internacional a través de programas sectoriales integrados.
-‐ Desarrollar el concepto “Thought in Spain”, incorporando la I+D como valor
asociado a la creatividad española.

4.2 Sociedad de la Información: nuevos horizontes y nuevas oportunidades
Las soluciones que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
proporcionan son una de las claves del crecimiento económico y de la creación de
empleo, por su destacada contribución a una economía sostenible orientada al
bienestar de la ciudadanía, a la eliminación de desigualdades y al fortalecimiento de la
democracia y sus instituciones, mediante la mejora de la transparencia, la
colaboración y la participación ciudadana.
Las TIC tienen una gran influencia en el crecimiento económico y en la generación de
empleo de calidad por su contribución al aumento de la competitividad, de tal forma
que la creciente relación entre economía y TIC ha dado lugar al concepto de
“Economía Digital”. Algunos de los factores clave que han de tenerse en cuenta en
esta nueva economía son Internet, el comercio electrónico, los contenidos y servicios
digitales o los nuevos modelos de relación a través de la Red.
Los socialistas proponemos la puesta en marcha de una nueva Agenda España 2.0
que contendrá el conjunto de acciones del Gobierno de España para el desarrollo de la
sociedad de la información, como son el desarrollo de las infraestructuras de
comunicación; el fomento de la oferta de servicios y contenidos; la promoción de la

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seguridad de la información y la privacidad de los datos en Internet y las redes
telemáticas; el establecimiento de estándares que permitan la interoperabilidad de
dispositivos y servicios; y la mejora de la capacitación del conjunto de la ciudadanía y
los trabajadores en particular en el uso de las TIC y estimular la inversión y el
emprendimiento en el sector y en el conjunto de la economía española.
Entre las prioridades de esta Agenda Digital España 2.0 planteamos las siguientes:
-‐ Puesta en marcha del Plan Pyme 2.0: Se debe lograr la implantación plena de la
tecnología mediante el desarrollo de planes sectoriales. Las pymes deben
constituirse en agentes activos del conocimiento en el uso de herramientas y
soluciones TIC, e integrarse en un modelo de economía en red.
-‐ Promover la adopción de nuevos modelos de negocio y la implantación de nuevos
métodos de trabajo a partir del uso de herramientas 2.0, mediante medidas de
divulgación e incentivos.
-‐ Crear polos de atracción a nivel nacional o centros de recursos para
emprendedores, reconocibles a nivel internacional, como medida específica para la
localización de start-ups tecnológicas relacionadas con Internet, por su alto
potencial de crecimiento futuro en facturación y empleo, donde se potencie y
facilite su puesta en funcionamiento (un HUB digital).
-‐ Impulsar la compra pública innovadora como medio eficaz para potenciar una base
tecnológica e industrial española moderna y competitiva.
-‐ Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo de las Telecomunicaciones que
contemplará el despliegue de redes de telecomunicaciones ultrarrápidas y el apoyo
al desarrollo del mercado de la banda ancha móvil.
-‐ Fomentar la colaboración público-privada, de manera que las inversiones en
equipos, aplicaciones y obra civil necesaria, incluyendo la modernización de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones en las viviendas, se lleven a cabo
al ritmo más rápido posible en los próximos años.
Propuestas para desplegar una Internet muy rápida que ayude a que la economía
crezca, y para promover su utilización y lograr así un máximo aprovechamiento de su
potencial:
-‐ Ampliar la velocidad mínima de acceso para alcanzar la media de la Unión
Europea en 2016.
-‐ Incentivar la extensión de la cobertura de las redes de telecomunicación de última
generación y de los servicios electrónicos avanzados a toda la población, haciendo
hincapié en las zonas rurales y aisladas para lograr un desarrollo tecnológico
equitativo y no discriminatorio.
-‐ Establecer un mayor control y endurecer la exigencia de calidad en el servicio de
acceso, de forma que las ofertas comerciales se ajusten a la realidad del servicio
prestado. Promover activamente la libre competencia, con el objetivo de lograr una
disminución en los precios de acceso que pagan los usuarios.
-‐ Promover un Plan de Ciudadanía Conectada dirigido al desarrollo integral de una
administración centrada en la ciudadanía. Los objetivos de este plan deben ser la
sostenibilidad, la austeridad y la eficiencia.

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-‐ Acercarnos a una “Administración sin papeles” en 2016. Estableceremos como
objetivo que, antes de finalizar la legislatura, al menos la mitad de la ciudadanía y
el 75% de las empresas puedan relacionarse habitualmente con la Administración
usando sólo medios electrónicos.
-‐ Seguir promoviendo el desarrollo de Internet Social, avanzando en la eliminación
de la brecha digital social, económica, geográfica y de género, con el propósito de
facilitar la incorporación de toda la ciudadanía en igualdad de oportunidades a la
Sociedad de la Información y el Conocimiento.
-‐ Apostar por el teletrabajo, mediante la elaboración de una Estrategia Estatal de
Implantación del Teletrabajo en las empresas y en las administraciones públicas
que incluya la flexibilidad en los horarios para conciliar la vida laboral y familiar.
-‐ Continuar los esfuerzos para la implantación de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación en el Sistema Nacional de Salud, de manera que
contribuyan a la mayor accesibilidad, uso, eficacia, eficiencia y calidad del servicio
y prestaciones, como son la cita electrónica, la historia clínica y la receta
electrónica (Programa Sanidad en Línea).
-‐ Promover el uso de la Telemedicina con el fin de contribuir a la reducción de
desigualdades en el acceso, especialmente en zonas rurales y aisladas. En
coordinación con las CCAA, desarrollar el Portal de Salud con la participación de
los profesionales del sector, para responder a la demanda de información de
calidad que tenemos los ciudadanos.
-‐ Extender el Programa Escuela 2.0 (implantación de la tecnología en las aulas,
creación contenidos específicos, acceso a red wi-fi en los centros) a la educación
secundaria obligatoria y a la Formación Profesional. Se fomentará la creación de
plataformas colaborativas entre todos los agentes que participan en el proceso
educativo y la producción de contenidos formativos.
-‐ Seguir impulsando la utilización del DNI electrónico por parte de los ciudadanos y
de la factura electrónica por las empresas, lo que facilitará el uso seguro y con
confianza de la red para compras, gestiones y todo tipo de trámites del ciudadano
y de las empresas con la Administración.

4.3 Ciencia y Tecnología
El año 2011 ha marcado un punto de inflexión en la política científica en España con la
aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, coincidiendo con el
XXV aniversario de la primera ley de la ciencia de 1986. Hoy, como entonces, ha
vuelto a ser un gobierno socialista el que ha puesto en marcha esta importante
reforma. Lo hemos hecho porque confiamos en nuestros científicos y porque sabemos
el papel decisivo que desempeña la investigación en nuestro proyecto de país.
Esta nueva ley abre un nuevo panorama, pero también cierra un ciclo de dos
legislaturas socialistas marcadas por un presupuesto expansivo que ha mejorado
notablemente la situación de la ciencia española: en dotación de infraestructuras (19
grandes instalaciones singulares), en número de investigadores dedicados a I+D (36%
de crecimiento entre 2004 y 2009), y en reconocimiento internacional (novena posición
en el ranking mundial de producción científica).

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Nos planteamos cuatro retos para la próxima legislatura 2012-2016: la excelencia; la
eficiencia (a través de la especialización sectorial y la agregación de capacidades), la
implicación y la internacionalización.
Nuestras propuestas para abordar estos retos son las siguientes:
Excelencia
-‐ Realizar una firme apuesta para identificar y apoyar singularmente a los
mejores centros de investigación en España. El Gobierno ya ha puesto en
marcha con ese fin el programa Severo Ochoa en 2011, y a lo largo de la
próxima legislatura los mejores centros deberán ganar autonomía y recursos
para homologarse con los mejores del mundo.
-‐ Mejorar el actual marco legal de las aportaciones privadas de financiación a
centros de investigación y patrocinio de investigadores para hacer más
atractivo el mecenazgo científico.
-‐ Establecer un marco estable para desarrollar la nueva carrera investigadora
prevista en la nueva ley, que ofrece más posibilidades a los buenos
investigadores e incluye instrumentos (como el contrato de investigador
distinguido) para atraer y retener a los mejores en España.
-‐ Al mismo tiempo, aplicar un nuevo enfoque organizativo autónomo y flexible
con un replanteamiento de la gestión de las etapas de formación, absorción y
la carrera del personal investigador y técnico de la investigación.
Eficiencia
-‐ Coordinar mejor a los centros para que unan esfuerzos y colaboren en
proyectos multidisciplinares. España tiene un sistema científico de tamaño
medio, y para competir con los países líderes es imprescindible crear masas
críticas en el sistema público de investigación.
-‐ Llevar a cabo una reorganización inteligente de todos los organismos públicos
de investigación (OPI), basada en una clara definición de misiones y funciones,
que proyecte internacionalmente nuestros liderazgos sectoriales.
Estableceremos los principios para la organización y el fortalecimiento de las
instituciones y organismos públicos de investigación, garantes de la gestión,
financiación y ejecución de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología.
-‐ El sistema público de I+D debe contemplarse como inclusivo del conjunto de
actores públicos, independientemente de su adscripción administrativa, tanto
ministerial como de las comunidades autónomas. Su gobernanza ha de
basarse en los principios de un esquema federal, donde coparticipación,
concertación, corresponsabilidad y cofinanciación sean predominantes.
-‐ Poner en marcha la Agencia Estatal de Investigación, para dar respuesta a la
demanda histórica de la comunidad científica española de reducir la burocracia
y garantizar una mayor estabilidad en las ayudas.
Implicación
-‐ Comprometer a la ciencia española con tres grandes desafíos que afronta la
sociedad europea en su conjunto (abastecimiento de energía, cambio climático

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y envejecimiento de la población), que representan además una oportunidad
para el desarrollo económico y social. En los casos de salud y energía, en
España estamos ya en una buena posición al haberse conseguido articular
toda la cadena de valor, desde la investigación básica a la innovación
empresarial.
-‐ Garantizar que la normativa, el diseño de las instituciones científicas y una
parte importante de los recursos favorezcan la cooperación público-privada y
los flujos de conocimiento, para dinamizar los procesos de innovación y
potenciar las diferentes funciones que corresponden a un sistema público de
I+D científica y socialmente útil.
-‐ Poner en marcha el Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento,
creado en 2011, cuyo diseño vincula ciencia, desarrollo tecnológico y
dimensión social.
Internacionalización
-‐ Diseñar el futuro Plan Estatal de Investigación 2012-2015 a fin de que la
financiación nacional estimule de forma más eficiente la colaboración entre
investigadores, equipos y centros españoles e internacionales.
-‐ Avanzar en la investigación para el desarrollo, ya que las políticas españolas
de I+D y cooperación no han aprovechado aún adecuadamente las múltiples
sinergias existentes entre ellas. Debemos profesionalizar y mejorar nuestra
ayuda al desarrollo, atendiendo necesidades de países que requieren ayuda en
materia de conocimiento y abrir nuevas puertas para la actividad de
investigadores y empresas.

4.4. Cultura y contenidos digitales
La cultura, en todas sus manifestaciones, ha sido siempre un poderoso instrumento de
cambio social. La inclusión de nuestros compromisos en materia de cultura dentro del
grupo de factores que propician el cambio económico, en ningún caso supone ignorar
el valor que en sí mismo tiene el disfrute de la cultura. Para los socialistas, el apoyo a
la diversidad de las expresiones artísticas, la defensa del patrimonio cultural, la
apuesta por democratización del acceso de los ciudadanos a las manifestaciones
culturales, son responsabilidad de los poderes públicos que trascienden la mera
dimensión económica. La rentabilidad de una política cultural es, por encima de todo
social.
Sin embargo, estamos convencidos de que la cultura posee un enorme potencial para
generar riqueza económica. La mercantilización de la cultura es una amenaza que hay
que combatir, pero ello no puede llevarnos a ignorar la capacidad que la cultura tiene
para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas.
Por ello, manteniendo nuestro compromiso con la protección del patrimonio cultural y
reafirmando la defensa de los derechos de los creadores, los socialistas proponemos
un conjunto de medidas dirigidas a incrementar la participación en el PIB de las
industrias culturales y creativas, a generar empleo en el sector; a favorecer la
transformación del sector de las industrias culturales y de la creación, el acceso de
todos los ciudadanos a la cultura y a la creación; y a reafirmar a la cultura española
como una de las grandes culturas del mundo. En consecuencia proponemos:

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• Reformar el actual marco de propiedad intelectual para sustituir el canon digital
actual y establecer un nuevo modelo de protección, equilibrando los derechos
de usuarios y creadores teniendo presente las iniciativas europeas en esta
materia.
• Crear una Agencia de Propiedad Intelectual, con participación de las
Comunidades Autónomas, para integrar en un único organismo los diferentes
aspectos de la gestión pública de la Propiedad Intelectual.
• Reformar la Ley de Mecenazgo para incentivar las aportaciones privadas a las
instituciones e iniciativas culturales. Entre otras medidas se equiparará el
tratamiento dado a las aportaciones realizadas por las personas físicas con el
que se dé a las personas jurídicas.
• Impulsar la aplicación de un tipo de IVA reducido del 4% a todos los formatos
de libro, incluido el libro digital.
• Reforzar el Plan Integral de Apoyo a las Industrias Culturales y de la Creación,
con especial incidencia en la formación de emprendedores, en la
internacionalización, en el reforzamiento del tejido empresarial y en las
facilidades de financiación, con el objetivo final de impulsar el cambio de
modelo de negocio que el sector precisa.
• La creación de software de entretenimiento y los videojuegos, son parte de la
cultura de nuestro país, por ello adoptaremos medidas para potenciar la
promoción, financiación e internacionalización de este importante sector
económico y cultural.
• Impulsar el autoempleo entre los creadores artísticos, así como la creación de
sociedades laborales y cooperativas que aglutinen toda la cadena de valor de
las artes: creación, producción, distribución y exhibición.
• Promover a través de las instituciones culturales públicas la nueva creación
artística en todas sus manifestaciones, para ello los centros de creación,
bibliotecas y museos darán prioridad al desarrollo de talleres, residencias,
coproducciones y todas aquellas actividades que faciliten la materialización de
nuevos proyectos.
• Fortalecer las sinergias entre dos sectores en los que España es líder mundial,
el turismo y la cultura, con una línea específica de promoción del turismo
cultural, favoreciendo la diversidad y calidad de la oferta.
• Reformar la Ley de Patrimonio Histórico para dar cabida a nuevas formas de
patrimonio cultural surgidas en los últimos años, tales como el patrimonio
cultural inmaterial, el subacuático o el paisajístico.
• Proseguir con el Plan de renovación de los museos nacionales y de titularidad
estatal.
• Crear el Centro Nacional de Fotografía y Artes Audiovisuales.
• Continuar con el Plan de construcción de infraestructuras culturales,
particularmente bibliotecas, consensuando con las CCAA la incorporación al
Plan de municipios de gran tamaño distintos de las capitales de provincia.

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• Consensuar con el conjunto del sector del libro un plan viable de apoyo a las
librerías minoristas para garantizar la pluralidad de la oferta editorial,
incorporando en ella la oferta digital.
• Favorecer la coproducción cinematográfica e impulsar el rodaje de películas
extranjeras en España.
• Impulsar un Plan de Digitalización de las salas cinematográficas en
colaboración con las CCAA y con el sector de la distribución y de la exhibición.
• Mejorar la financiación, pública y privada, de la producción cinematográfica.

Una especial referencia a las lenguas españolas
La diversidad lingüística es una de las mayores riquezas culturales de España. Para
los socialistas, el respeto a esta diversidad desde todas las Administraciones Públicas
ha sido, y seguirá siendo un principio irrenunciable.

El papel del gobierno de España es fundamental para la defensa del plurilingüismo en
todo el Estado. El conocimiento de las lenguas oficiales en los territorios bilingües
hace que los derechos de los ciudadanos, su comunicación, su convivencia y su
libertad estén más garantizados. Es bueno que el conjunto de españoles lo valore
positivamente, haga suya esta riqueza y la defienda como propia. Invertir en valorar
las otras lenguas españolas no es una inversión intangible: es una apuesta a favor de
la educación, de la igualdad de oportunidades, de la cohesión social, del bienestar
personal y colectivo y del respeto mutuo. El plurilingüismo además también genera
valor económico. Por ello, manifestamos la necesidad de defender, proteger e
impulsar los sistemas educativos de nuestro país que, en las diferentes Comunidades
Autónomas garantizan que al término de la educación obligatoria nuestros jóvenes
conozcan perfectamente tanto la lengua castellana como el resto de lenguas
cooficiales, también españolas.

Una economía basada en esa materia prima inagotable que es el conocimiento debe
considerar la lengua como un activo estratégico de primer orden. En este sentido
merece una especial mención la capacidad de riqueza que encierra el castellano.

Dentro de poco, en el mundo habrá 500 millones de hispanohablantes, que estarán
distribuidos en gran número de países y en varios continentes. El español, como
instrumento de comunicación y de creación cultural, se ha convertido, a través de las
industrias culturales, en una formidable fuente de desarrollo económico.

Desde su creación, hace ya 20 años, el Instituto Cervantes se ha consolidado como un
poderoso agente de difusión de la lengua y la cultura española. El aumento constante
del número de personas que han obtenido el Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE) es un buen indicador de esta magnífica labor. Nos comprometemos
a consolidar su papel difusor de la cultura española, así como a mantener el impulso
en el exterior del conocimiento de las lenguas cooficiales del Estado, y de las culturas
que en ellas se crea.

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5. Sostenibilidad: una prioridad y una oportunidad
Sostenibilidad significa durabilidad: todo lo contrario del enfoque cortoplacista en el
que se ha basado gran parte de nuestro crecimiento económico desde los años 90. La
comunidad científica viene advirtiendo desde hace décadas sobre la estrecha
interdependencia que existe entre la dimensión económica, la social y la ecológica de
la acción del hombre. Una interdependencia, además, que vincula lo local a lo global,
más allá de cualquier frontera, y, que exige una nueva aproximación a los conceptos
tradicionales de progreso y bienestar.
Los socialistas queremos incorporar decididamente en nuestras propuestas un
enfoque de sostenibilidad que garantice un progreso duradero y equitativo, dentro y
fuera de nuestras fronteras. Se trata de fortalecer la necesaria responsabilidad de
todos los ciudadanos, haciéndolos más conscientes de los efectos (económicos,
sociales y ambientales) de su propio comportamiento, como empresarios, como
consumidores, y como miembros de instituciones públicas.
Necesitamos, cuanto antes, medidas que incentiven un uso eficiente de todos los
recursos (energía, agua, materias primas, suelo, etc.), incorporando los costes
asociados a su consumo y a su degradación en la Contabilidad Nacional y en los
precios, mediante una adecuada reorientación de la fiscalidad.
Podemos crear más y mejor empleo, contaminando menos y haciendo un uso más
responsable de los recursos. Cada vez más, disponemos de respuestas tecnológicas
que nos permiten consolidar el liderazgo internacional de los investigadores y de las
empresas españolas en sectores muy dinámicos, ligados a la lucha contra el cambio
climático y al cambio urgente en el modelo energético.
En materia de sostenibilidad, hay varias áreas de actuación que pueden contribuir
notablemente a mejorar nuestra economía, porque a la vez que se corrigen problemas
se abren nuevas oportunidades de creación de empleo. Entre ellas destacan:
-‐ Lucha contra el Cambio Climático
-‐ Biodiversidad y protección del litoral
-‐ Desarrollo rural, agricultura y pesca
-‐ Mayor eficiencia en el uso de los recursos

5.1 Lucha contra el cambio climático
España es un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático, cuyos
principales problemas ambientales se verán agravados por el mismo. Los efectos del
cambio climático se harán sentir sobre el medio natural y sus recursos, y sobre la
salud humana.
Necesitamos fortalecer la red de seguimiento del sistema climático con el fin de poder
evaluar su magnitud y dirección y conocer mejor los efectos del cambio climático,
contribuyendo de forma adecuada al seguimiento a escala global del clima.
Pero el cambio climático es también uno de los motores de transformación de los
modelos económicos y productivos, capaz de generar nuevos ámbitos de actividad
compatibles con la sostenibilidad económica, social y ambiental, por lo que resulta

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imprescindible dar las señales necesarias para que los marcos reguladores y
financieros integren consideraciones de medio y largo plazo.
Para ello, proponemos:
-‐ Fortalecer la capacidad de observación del estado del territorio, los mares y la
atmósfera, para mejorar la calidad de las decisiones públicas y privadas.
-‐ Aprobar una Ley de Cambio Climático que establezca la senda de reducción de
CO2 a 2050 marcando objetivos para 2025, 2030 y 2040; integrando la obligación
de acompañar los Presupuestos Generales del Estado con presupuestos de
carbono e incorporando la obligación de presentar cuentas anuales con estimación
de huella ecológica en el registro mercantil.
-‐ Fomentar proyectos domésticos que permitan acometer reducciones cuantificables
por encima de los niveles que pudiera exigir la legislación establecida, y que estas
reducciones entren en el ámbito de actuación del fondo de compra de créditos de
carbono previsto en la Ley de Economía Sostenible.
-‐ Impulsar una revisión coordinada de los instrumentos de planificación en aquellos
sectores que se consideran más vulnerables con el fin de garantizar la adecuada
integración de la adaptación al cambio climático.
-‐ Consolidar el papel de España como uno de los actores claves y de referencia en
la esfera mundial, y promover a nivel comunitario una posición de negociación
ambiciosa por parte de la UE en los foros internacionales.

5.2 Biodiversidad y protección del litoral
España es uno de los países con mayor biodiversidad de Europa. Sin embargo, cada
año acumulamos más deuda ecológica, consumiendo y derrochando nuestro capital
natural, privatizando los beneficios que ofrecen los servicios de los ecosistemas y
socializando para siempre las cargas y costes de su reparación o pérdida.
Nuestra apuesta a corto y medio plazo pasa por una gestión eficiente de los recursos
naturales. Una gestión sostenible. En definitiva, una gestión responsable, capaz de
integrar el valor del capital natural en la transversalidad de todas nuestras políticas.
Introducir la biodiversidad como componente de las grandes políticas sectoriales,
desde el punto de vista económico, no sólo es conveniente sino que es necesario. De
hecho, ésta es una de las condiciones para que los sectores agrario y pesquero sigan
recibiendo fondos europeos.
La redefinición de las políticas agrarias y pesqueras en la Unión Europea nos ofrece
una magnífica oportunidad, más equitativa socialmente hablando, dado que son las
pequeñas explotaciones agrarias, muchas de ellas en espacios Red Natura, las que
salen beneficiadas de una PAC más verde, que reconozca los beneficios que aporta a
la comunidad su preservación y custodia. De acuerdo a las bases desarrolladas en
esta legislatura, debemos apoyar un modelo de desarrollo rural sostenible que
potencie la creación de empleo y revierta el despoblamiento de nuestro medio rural.
Necesitamos invertir en biodiversidad, y para ello proponemos:

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-‐ Elaborar y aplicar planes sectoriales que garanticen la eficacia del Plan Estratégico
Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en el turismo, la energía, el
comercio exterior, la agricultura, la pesca, el transporte y el agua.
-‐ Aprobar una Estrategia Nacional que permita coordinar las acciones urbanísticas y
de ordenación del territorio de todas las administraciones, integrando las
estrategias de adaptación al cambio climático y la puesta en valor de nuestros
recursos naturales.
-‐ Reforzar el Fondo de Patrimonio Natural, de modo que se puedan acelerar las
acciones específicas de gestión de especies amenazadas.
-‐ Desarrollar y aprobar los objetivos de conservación y planes de gestión de los
sitios de la red Natura 2000, dando protagonismo a los ciudadanos y sus
organizaciones, a través del voluntariado ambiental y la custodia del territorio.
-‐ Establecer medidas de control y gestión eficaces e innovadoras, como los bancos
de hábitat.
-‐ Desarrollar estrategias de control y erradicación de especies exóticas invasoras.
-‐ Incentivar la gestión forestal sostenible y la certificación.
-‐ Ampliar el periodo de actuación del Plan de Plantación de Árboles hasta el año
2020, para seguir aumentando la capacidad de captura de CO2 y mejorando los
sistemas forestales no arbolados españoles.
-‐ Elaborar un Sistema de Información Forestal para el Cambio Climático,
conjuntamente con las CCAA, que posibilite conocer el balance neto de la
actividad forestal en nuestro país, teniendo en cuenta tanto la biomasa arbórea
como la biomasa de matorrales, pastizales y el suelo, que permita revisar las
asignaciones a los bosques españoles y fomentar un mejor desarrollo del sector
forestal.
-‐ Desarrollar un Plan Nacional de Cartografía Ambiental que integre los riesgos
naturales previstos en la Ley de suelo, y para ello sería deseable disponer de una
cartografía temática ambiental, como documento base de conocimiento para una
adecuada ordenación del territorio.
España cuenta con un rico litoral que sufre grandes presiones que debemos corregir.
Para mejorar su defensa y promover su valorización proponemos:
-‐ Proteger nuestro litoral, aplicando la Ley de Costas, desarrollando el plan nacional
de sostenibilidad de la costa y promoviendo el desarrollo sostenible y la gestión
integrada de las zonas costeras.
-‐ Renovar nuestro modelo para la gestión de la costa con una visión global que
permita consolidar una gestión sostenible de la misma.
-‐ Incorporar definitivamente el cambio climático como una variable fundamental en
nuestros procesos de toma de decisión sobre el litoral (investigación, gestión de la
costa, infraestructuras, planes urbanísticos, etc.).
-‐ Adoptar una estrategia y planes de contingencia ante riesgos naturales en el litoral.
La costa española es susceptible de verse afectada por varios riesgos (inundación,
erosión, cambio climático, vertidos de hidrocarburos, etc.), y aunque la

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probabilidad de otros fenómenos como los tsunamis es baja, las zonas más
susceptibles de verse afectadas cuentan con una altísima densidad de población,
infraestructuras y actividad turística, lo cual eleva de forma considerable los
posibles impactos.
-‐ Aprobar una red de Áreas Marinas Protegidas y Red Natura 2000 marina

5.3 Desarrollo rural, agricultura y pesca
El medio rural supone en nuestro país el 90% del territorio y el 35% de la población, y
sustenta en buena medida un sector agroalimentario que genera más de un 1.200.000
empleos. A su vez, acoge el conjunto de patrimonio de biodiversidad más rico de toda
la Unión Europea, y se constituye como un yacimiento de recursos naturales
renovables imprescindibles para garantizar el desarrollo sostenible de nuestra
sociedad.
El mundo rural, así como las actividades agrícolas y pesqueras, se enfrentan a los
nuevos retos de la globalización, que dan una nueva dimensión a algunos problemas
ya conocidos y a otros que irrumpen por primera vez en el escenario internacional. Los
riesgos globales se cruzan con los problemas locales, y las necesidades como país se
solapan con las de la UE y sus relaciones estratégicas con otros países y regiones.
Es necesario identificar los problemas con claridad, para poder diseñar con acierto las
respuestas y las estrategias para gestionarlas. El empleo es sin duda nuestra prioridad
de acción para los próximos cuatro años, pero un empleo de calidad, estable y exento
de las amenazas cada vez más acentuadas de la deslocalización.
La agricultura y la pesca son de una importancia decisiva en nuestro sistema
productivo, no sólo por el empleo y la riqueza que generan, sino porque estructuran el
territorio, fijan población, son difícilmente deslocalizables y constituyen una reserva de
materias primas imprescindibles para la seguridad alimentaria de nuestro país.
Así, en un emergente escenario global de nuevas necesidades alimentarias, los países
deben poner en marcha estrategias que anulen los riesgos que implican la
dependencia de terceros en algo que afecta a las necesidades más básicas de la
población. Los socialistas queremos que ésta sea la base de la negociación para el
diseño de una nueva Política Agraria Común en la que España mantenga la
participación en la asignación presupuestaria que históricamente ha tenido.
Para afrontar los retos que afronta el mundo rural, la agricultura, la ganadería y la
pesca:
-‐ Defenderemos en la Unión Europea una Política Agraria Común (PAC) fuerte que
contribuya a los objetivos de la Europa 2020. Una PAC más simple, con una
dotación financiera suficiente y asentada en sus tres instrumentos básicos: apoyo
a las rentas, gestión de mercados y desarrollo rural.
-‐ Aumentaremos el reconocimiento y el prestigio de las actividades del sector
primario. Los profesionales de este sector son verdaderos titulados que adquieren
su formación en el ejercicio mismo de la actividad, imposible de sustituir por una
formación académica reglada al uso, que sin embargo no ven reconocidos sus
conocimientos profesionales en similares condiciones a las de la mayoría de los
trabajadores.

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-‐ Queremos extender a estos trabajadores el modelo de titulación profesional por el
ejercicio de la actividad que los socialistas hemos ido reconociendo a los
trabajadores de algunos otros sectores.
-‐ Fomentaremos la vertebración económica del sector productor, en particular
mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de concentración
de la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los productores en el
mercado.
-‐ Seguiremos apostando, como ya hemos hecho en los últimos años, por convertir a
la pesca y la agricultura en sectores estratégicos para la cooperación al desarrollo.
-‐ Habilitaremos nuevos instrumentos de control de los precios y de los mercados de
alimentos, que contribuyan a evitar los movimientos especulativos y redistribuyan
con equidad los márgenes de beneficios, así como a impulsar marcos
internacionales de regulación y control, transparentes y efectivos.
-‐ Vincularemos el concepto de calidad alimentaria a la calidad ambiental. La
interdependencia (agricultura-ganadería-pesca) –(biodiversidad) como sello de
garantía para el consumidor es un reto que deben afrontar las administraciones en
nuestro país, para garantizar la imagen de nuestros sectores en el exterior, y evitar
problemas de seguridad alimentaria.
-‐ En un escenario global de incertidumbres, cada vez más se dirige la mirada al mar
como un reservorio de recursos con capacidad para suplir las carencias que
puedan sobrevenir de las deficiencias de gestión de los terrestres, pero debemos
defender que los errores que la Humanidad ha cometido en tierra no se trasladen a
los océanos. Es preciso definir con claridad en el seno de Naciones Unidas un
concepto de ciudadanía oceánica universal que preserve las grandes áreas
marinas, fuera de las aguas territoriales.
-‐ La reforma de la Política Pesquera Común ha de llevarse a término sobre los
mismos principios que la de la PAC, considerando la importancia de mantener un
sector estratégico para el abastecimiento alimentario de la Unión Europea y para la
creación de riqueza en las zonas costeras.
-‐ Realizar esfuerzos en las áreas de innovación e investigación aplicada, atendiendo
a las oportunidades que brindan las tecnologías de gestión del agua, de la energía,
de la explotación de los recursos pesqueros, la acuicultura y las diversas industrias
y actividades náuticas, conscientes de que en el mar se duplican los yacimientos
de oportunidades que en algunos casos han alcanzado en tierra su cénit de
aprovechamiento.
-‐ Incrementar los esfuerzos en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y
reglamentada, para terminar con estas actividades fraudulentas que esquilman
nuestros mares, actuando principalmente sobre la comercialización de productos
ilegales y actualizando los sistemas de control efectivos y la aplicación de
sanciones en pesca.
-‐ Incluir a las Organizaciones Profesionales Agrarias en el Consejo Nacional del
Clima, para que tengan participación en los procesos decisorios en las materias de
su competencia.

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-‐ Impulsar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la industria
agroalimentaria y en las zonas regables de nuestro país, así como su adaptación a
la normativa de emisiones que evite la deslocalización de una de las actividades
más importantes de nuestro país.
-‐ Activar la reforestación y la gestión forestal sostenible, para mejorar la situación de
nuestros montes, reducir los factores que aumentan la probabilidad de incendios, y
compatibilizar el uso de recursos forestales con su función ecológica.
-‐ Promover, mediante el incentivo del uso de biomasa como fuente energética
renovable y autóctona, la transformación de tierras no aprovechadas en agricultura
para usos adecuados a estos fines y la activación de los mecanismos previstos en
la Ley de Economía Sostenible.

5.4 Mayor eficiencia en el uso de los recursos
En todas nuestras decisiones, tanto de producción como de consumo, deberíamos
siempre perseguir el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en la utilización de los
recursos. Por un lado, esto implica transformar los procesos productivos, para lograr
que el uso de la energía, el agua, los materiales, etc. se reduzca a las mínimas
cantidades necesarias. Y por otro lado, que los procesos de envasado, embalaje y
transporte se optimicen para evitar la utilización de determinados materiales y para
contribuir a reducir las cantidades de residuos.
La eficiencia en la producción, pero también en el consumo a través de una utilización
racional de los bienes materiales y su adecuación a las necesidades reales, debe ser
uno de nuestros instrumentos para lograr una mayor sostenibilidad. Para ello, hay que
fomentar el aprovechamiento de los bienes, evitar comportamientos de “usar y tirar”,
que no tienen en cuenta los costes medioambientales de la fabricación de los
productos, y optimizar el tratamiento de los residuos generados en todos los procesos
de producción y consumo.
El agua constituye uno de los recursos naturales escasos más importantes para
España. Por ello, resulta crucial que una de las principales políticas en materia de uso
eficiente de los recursos sea una estrategia coherente para abordar la disponibilidad
del recurso agua y su utilización racional.
En los últimos años, el gobierno socialista ha llevado a cabo importantes mejoras en la
gestión pública del agua, así como ingentes inversiones públicas en la modernización
de regadíos, en la construcción de plantas de desalación, de depuración y de
reutilización, así como otras infraestructuras, que en la anterior legislatura permitieron
superar una de las sequías más graves sufridas en España sin ninguna interrupción en
el suministro de agua potable para abastecimiento.
En materia de política de agua:
-‐ Convocaremos a todos los agentes sociales, económicos y políticos para alcanzar
una política de agua compartida acorde con las directivas europeas, en el que
debe considerarse la construcción de nuevas infraestructuras como la última
opción a valorar –tras el ahorro, la mayor eficiencia, la reutilización y la
reasignación de concesiones existentes- si no existiesen otras alternativas viables,
teniendo en cuenta su coste económico y ambiental. Se trata, por tanto, de abordar
las obras hidráulicas en España con un criterio mucho más selectivo que en el

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pasado, acorde con las necesidades de contención del déficit público, las mayores
exigencias de conservación de nuestros ríos, y las prospectivas de disponibilidades
futuras de recursos hídricos que acompañan a los diagnósticos en materia de
Cambio Climático, promoviendo un mejor uso de las infraestructuras ya existentes,
muchas de ellas infrautilizadas por pérdidas, por falta de conexiones adecuadas, o
por insuficiente demanda efectiva.
-‐ Aprobaremos todos los planes hidrológicos de cuenca con el objetivo de
garantizar, incluso en períodos de sequía, el acceso al agua en cantidad y calidad
suficiente para todos los ciudadanos, así como el mantenimiento de los
ecosistemas fluviales. Para ello aprovecharemos el liderazgo de nuestras
empresas en todas las tecnologías de ahorro, gestión, obtención y tratamiento del
agua.
-‐ Desarrollaremos una nueva legislación sobre aguas, que actualice el régimen
económico para incentivar el uso eficiente del agua y reducir la contaminación;
establezca criterios para justificar excepciones al principio general de recuperación
de costes; fomente el uso integrado de aguas superficiales y aguas subterráneas;
posibilite la reasignación de las concesiones de uso del agua a través de los
Bancos Públicos de cada cuenca, y consolide una arquitectura de
responsabilidades compartidas acorde con las competencias de cada una de las
Administraciones.
-‐ Ahorro y eficiencia. En España hay aún mucho margen para reducir la necesidad
de agua, en particular en la agricultura, donde puede reducirse aún más el
consumo de agua por hectárea regada. También es necesario un uso más
eficiente de los recursos disponibles a partir de la mayor reutilización del agua,
adecuadamente depurada, tecnología que actualmente no conlleva ningún riesgo
para todos los usos distintos del abastecimiento.
-‐ Reasignaremos usos a través de Bancos Públicos. Los derechos concesionales
históricos sobre el agua que no se utilizan en la actualidad pueden ser reasignados
a otros usos por parte de los Bancos Públicos del Agua, que pueden ya obtener
recursos por caducidad de concesiones, por compra temporal de derechos, o por
asignación al banco de los recursos que libera la modernización de regadíos.
-‐ Promoveremos la plena aplicación de la Ley de Aguas de 1985 sobre las aguas
subterráneas, mediante el registro de todos los pozos existentes con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley, potenciando la colaboración con los usuarios de
los mismos.
En materia de salud y medio ambiente, proponemos:
-‐ Crear el foro de salud y medio ambiente urbano, un instrumento de cooperación
con las grandes ciudades del país para el seguimiento de la evolución de los
principales parámetros de calidad ambiental y salud en el medio urbano (residuos,
saneamiento y depuración, ruido y calidad del aire), acompañándolo de una nueva
herramienta, el sistema nacional de información de calidad del aire.
-‐ Establecer un sistema de alertas e información sobre presencia y origen de
contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados y pesticidas en sangre,
impulsando su progresiva disminución en particular en la cadena alimentaria.

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-‐ Adoptar un Plan Nacional de Riesgos Químicos y Metales Pesados para la Salud
que incluya un calendario de prohibición total del uso de mercurio, plomo y cadmio,
y medidas transitorias hasta su total desaparición.

En materia de residuos, nuestras propuestas son:
-‐ Promover de forma efectiva la recuperación y el reciclado, así como los
tratamientos de proximidad que eviten los depósitos alejados del lugar de
producción.
-‐ Diseñar una nueva fiscalidad sobre la generación de residuos.
-‐ Aplicar y desarrollar la Ley de Residuos, con especial atención al papel de los
centros comerciales, en la cadena de gestión, de forma que se exija a los
proveedores que eliminen la mayor parte de los embalajes y que se utilicen
sistemas de empaquetado con materiales renovables o reutilizables.
-‐ Implementar un modelo de gestión de reducción de emisiones a los gestores de
los residuos., que permita que en el horizonte de 2020 realicen una gestión
sostenible de su actividad (valorización del biogás, reducción de emisiones en el
transporte de residuos, mejora de la recogida, minimización del rechazo a
vertedero, etc.)
-‐ Impulsar la recogida selectiva de bioresiduos mediante el apoyo gradual a los
municipios comprometidos con su correcta gestión y transformación.
-‐ Fomentar el aprovechamiento energético del biogás mediante el desarrollo de
pequeñas unidades de mecanización en granjas y en las estaciones depuradoras
de aguas residuales.
-‐ Activar un plan de impulso a la descontaminación de suelos.

6. Nuevos tiempos, nuevas energías
La energía es un factor fundamental en nuestras vidas, y por ello resulta clave asentar
las bases del modelo energético que queremos para las próximas décadas, teniendo
en cuenta el reto del cambio climático, pero también las necesidades y oportunidades
en términos de empleo, desarrollo de tecnologías propias y aumento de la capacidad
exportadora.
Nuestro actual modelo energético se caracteriza por una enorme dependencia de los
combustibles fósiles, que llegan desde el exterior hasta en un 80%, lo que nos
condena a sufrir de una manera permanente los vaivenes de precios en los mercados
internacionales de crudo y gas natural.
Por el contrario, nuestro país dispone de los recursos naturales abundantes que son
las fuentes de suministro de las tecnologías renovables (sol, viento, agua, biomasa,
etc). Ante un escenario previsible de aumento de la demanda energética mundial, que
va a generar tensiones en los mercados de combustibles fósiles, una apuesta firme
por las energías renovables es una garantía de suministro continuo, con
independencia de los mercados exteriores, y de cumplimiento de nuestros
compromisos de reducción de emisiones.

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España cuenta con uno de los sectores de energías renovables más desarrollados y
dinámicos del mundo, en una posición de liderazgo en producción e innovación
tecnológica. Y, por otra parte, se trata de un sector con un elevado potencial de
generación de empleos estables y con implantación distribuida en el territorio, lo cual
contribuye al desarrollo rural.
Al hablar del modelo energético de España, la discusión suele centrarse
exclusivamente en el ámbito del sistema eléctrico, y en muchas ocasiones se olvida el
hecho de que, en términos de energía final, el sector de actividad que consume más
recursos en nuestro país es el transporte. Por ello, nuestras propuestas en el ámbito
energético se centran en promover los cambios necesarios no solamente en el sector
eléctrico, sino también en materia de movilidad sostenible, algo que desarrollaremos
en el último apartado de este capítulo.
Nuestra apuesta decidida en este ámbito son las energías renovables. Porque aportan
empleo a la economía española, innovación y desarrollos tecnológicos propios, y
aumentan nuestra capacidad exportadora.

6.1 Apostando por las energías renovables
En el ámbito energético, hemos reducido de manera importante nuestras emisiones
desde 2004, rompiendo la tendencia creciente de los años anteriores. Ello ha sido
posible gracias a la importante mejora en nuestra eficiencia energética, con una
reducción en los últimos cuatro años del 15% en nuestro consumo energético por
unidad de PIB, la mayor de la serie histórica, y al fuerte crecimiento de nuestra
producción eléctrica renovable que se ha duplicado desde 2005, uno de los mayores
incrementos de la UE.
Pero seguiremos teniendo retos que afrontar. España cuenta con un consumo
energético todavía muy por encima de la media europea y un modelo de suministro
energético altamente dependiente de los combustibles fósiles que llegan desde el
exterior.
La ecuación costes-precios-tarifas viene sufriendo constantes distorsiones desde hace
tiempo provocando, a la vez, repercusiones en el consumidor y un déficit tarifario que
evoluciona a un ritmo creciente. El compromiso de garantizar el acceso en condiciones
de equidad a un servicio esencial como es el de la energía supone contemplar
soluciones más eficaces para atender tanto a los consumidores más vulnerables como
a las necesidades de suministro extrapeninsular.
Promover la creación de un tejido industrial competitivo en la llamada economía verde
con importante potencial de exportación, internacionalización y creación de empleo,
es, también, un compromiso ineludible. Como lo es, igualmente, disminuir la presencia
de energías con un potencial de riesgo que, aunque sea de previsión extraordinaria,
ha conocido ya, fuera de nuestras fronteras, ejemplos destructivos de un alcance
universal.
Por todo ello, proponemos una reforma gradual y profunda del mercado eléctrico, para
incentivar la eficiencia y avanzar hacia la plena utilización de nuestro potencial en
energías renovables, reduciendo nuestra dependencia exterior. Esta reforma deberá
reducir el déficit tarifario en los términos establecidos en la normativa vigente,

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eliminando costes no justificados y aprovechando al máximo la innovación, que
permitirá reducir progresivamente el coste de las energías renovables.
Para ello, estableceremos un régimen estable de apoyo a las energías renovables que
incentive la innovación y permita la consolidación de aquellas energías todavía en fase
de desarrollo. Además, potenciaremos las interconexiones eléctricas y la generación
distribuida, teniendo en cuenta las situaciones específicas de vulnerabilidad social y
geográfica.
En materia de energía, nuestras propuestas a los ciudadanos son:
-‐ Elaboración de un Libro Blanco sobre Energía, que aborde el conjunto del sector
energético para analizar los retos a los que se enfrenta nuestro país, plantear y
estudiar diferentes alternativas, y establecer orientaciones estratégicas para el
futuro de nuestro modelo energético.
-‐ Promoveremos el derecho a la generación energética, que permita a cualquier
persona convertirse en productor de electricidad y que garantice la conexión a la
red de transporte para poder vender los excedentes no autoconsumidos, y de esta
forma promover la democratización de la energía y el cambio progresivo hacia un
modelo de generación distribuida.
-‐ El aumento esperado de la capacidad instalada por parte de otras tecnologías de
generación de electricidad, hará posible un horizonte de cierre gradual de las
centrales nucleares, al finalizar su vida útil de 40 años, o antes si los exámenes
técnicos detectan circunstancias que hagan aconsejable su cierre anticipado.
Desde 2013 a 2028 el parque nuclear español dejará de estar en servicio.
-‐ Dentro de ese calendario, las autorizaciones de prórrogas se harán por un periodo
acorde con la antigüedad de la planta para asegurar que se adecuan
continuamente a las exigencias de seguridad.
-‐ En paralelo, los huecos de generación liberados por las sucesivas paradas de
reactores serán cubiertos por sistemas de generación renovables, carbón limpio
con sistemas de combustión limpia y captura de CO2 junto con generación
gestionable, dotando al sistema eléctrico de las herramientas adecuadas (redes,
vehículos eléctricos y bombas hidráulicas) para su integración en condiciones de
seguridad.
-‐ Aprobación de una ley de Ahorro y Eficiencia Energética, con particular énfasis en
los sectores de transporte y vivienda, que promueva de forma efectiva una
reducción del consumo y, por lo tanto, de la intensidad energética del país,
disminuyendo el coste en la balanza comercial y la huella ecológica de nuestro
consumo.
-‐ Una de las claves del ahorro energético es la movilidad sostenible, en la que el
transporte público juega un papel esencial. Además, la apuesta por la movilidad
sostenible posee un impacto decisivo en los niveles de contaminación de las
ciudades. Por ello plantearemos la obligatoriedad de que las ciudades diseñen y
lleven a efecto Planes Municipales de Movilidad Sostenible, y que en las revisiones
de su planeamiento urbanístico se incorporen los criterios de sostenibilidad
ambiental en los diseños urbanos.

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-‐ Aprobaremos una Ley de Energías Renovables, en la que se establezcan los
objetivos a alcanzar y se diseñe un marco regulatorio estable para el desarrollo de
las distintas tecnologías, con horizontes bien definidos en términos de aumentos
de la capacidad.
-‐ Esta nueva ley de Energías Renovables establecerá los mecanismos de apoyo
público a las distintas tecnologías renovables para que cada una de ellas pueda
recuperar sus costes, de acuerdo con escenarios de incentivos que vayan
reduciendo en el tiempo las aportaciones de acuerdo con la reducción efectiva de
los costes operativos.
-‐ Crearemos un Fondo Estatal de Apoyo a las Energías Renovables, que sirva como
instrumento de estabilidad a los mecanismos de impulso público al desarrollo de
las inversiones privadas.
-‐ Impulsaremos la I+D+i en nuevas tecnologías renovables, con apoyo público a las
fases de investigación e innovación en todas las tecnologías renovables, pero
especialmente en aquellas que se hallan en fases más incipientes y que puedan
tener un amplio recorrido en España, como pueden ser los casos de la geotermia o
las que utilizan el mar como fuente energética.
-‐ Diseñaremos un Plan Estratégico para la Biomasa. La biomasa es una de las
fuentes energéticas con un enorme potencial para España, por los múltiples
efectos positivos que puede aportar a nuestro país (empleos rurales, ventajas
ambientales, evitar incendios forestales y plagas, y desarrollos tecnológicos
propios).
-‐ Estableceremos un canon sobre las tecnologías maduras ya amortizadas, como la
hidroeléctrica y la nuclear, para financiar las actuales energías renovables.
-‐ Revisaremos la regulación del sector eléctrico. Para resolver el problema del déficit
tarifario no es suficiente elevar la tarifa eléctrica, como se ha venido haciendo en
los últimos años, sino que resulta necesaria también una revisión en profundidad
de los costes reconocidos por la regulación a las empresas.
-‐ Favoreceremos la adquisición de aparatos eléctricos con un menor consumo.
Como medida de refuerzo al Plan Renove que actualmente aplican algunas CCAA,
aplicaremos a los electrodomésticos de mayor eficiencia energética el tipo
reducido de IVA.
-‐ Estableceremos un sistema de señales de discriminación horaria para identificar
los periodos punta y valle de demanda eléctrica, que fomente una participación
activa de la demanda de los mercados, la reducción del consumo en las horas
punta y el incremento de los valles de consumo mediante el almacenamiento
(bombeo y futuras tecnologías).

7. Vivienda: un sector más equilibrado, unos ciudadanos más protegidos
El Gobierno socialista ha venido trabajando desde 2004 para lograr un reequilibrio
progresivo del sector inmobiliario, reduciendo los grandes desajustes entre vivienda
libre y protegida, de compra y de alquiler, y entre obra nueva y rehabilitación recibidos
como herencia de los anteriores gobiernos de la derecha.

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Nuestra máxima prioridad ha sido ayudar a las familias, que sufrieron especialmente
las presiones del boom inmobiliario primero, por las dificultades o la imposibilidad de
acceder a una vivienda, y se han visto afectadas después por la crisis y los problemas
para afrontar el pago de las hipotecas.
En las dos últimas legislaturas se ha invertido en vivienda un 50% más de media anual
que el gobierno anterior. Sumando los dos Planes Estatales, se ha construido un 23%
más de vivienda protegida. Nuestra apuesta clara por una política pública la sintetiza
un dato: más del 80% de las ayudas a la vivienda que se conceden en España son
financiadas con fondos estatales diseñados por este Gobierno.
A lo largo de estas dos legislaturas hemos sentado las bases para diversificar el sector
residencial, favoreciendo con la Ley del Suelo de 2008 un urbanismo equilibrado que
pusiera fin a la especulación.
Además, nuestra acción de Gobierno ha ido encaminada a potenciar el alquiler,
poniendo fin a la deducción fiscal por compra de vivienda, salvo para rentas menores
de 24.000 euros, y aprobando deducciones y ayudas para inquilinos y arrendadores,
así como estableciendo la Renta Básica de Emancipación, que ha permitido a 300.000
jóvenes emanciparse.
Creamos la Sociedad Pública de Alquiler para profesionalizar el sector y aprobamos
una Ley de Fomento del Alquiler que aporta una mayor seguridad jurídica. Asimismo,
el ICO ha destinado 2.600 millones de euros a incorporar al mercado de alquiler
viviendas del stock que se construyeron para venta.
Impulsamos la rehabilitación como segundo eje fundamental para la diversificación del
sector, convirtiendo los Planes Estatales en Planes Estatales de Vivienda y
Rehabilitación que contienen ayudas directas, reduciendo el IVA a las actuaciones de
rehabilitación y aplicando deducciones en el IRPF de hasta el 20% en el coste de las
obras. Gracias a ello, la rehabilitación representa hoy el 20% de la actividad del sector,
frente al 5,5% en 2004.
La promoción de la eficiencia energética ha sido un puntal de nuestra apuesta por la
rehabilitación y en la nueva construcción –con el Solar Decathlon como mejor ejemplo-
y la hemos incorporado como elemento determinante en la modernización del sector
inmobiliario, otra de nuestras prioridades, cuando aprobamos el Código Técnico de
Edificación, que favorece, a su vez, la I+D+i.
Esta modernización debe producirse en paralelo al fomento de un modelo de
crecimiento sostenible y al redimensionamiento del sector, que en el primer trimestre
de 2011, representó el 4,3% del PIB y el 8% del empleo, recuperando así un tamaño
racional en el conjunto de la economía española al volver a los niveles de 1995,
anteriores a la creación de la burbuja inmobiliaria.

7.1 Vivienda sostenible
La crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria han marcado y marcarán las
directrices de la política de vivienda en esta segunda legislatura y en la próxima. El
nuevo contexto exige enfocar la política de vivienda no sólo como un derecho a un
bien de primera necesidad, sino también desde el punto de vista de una actividad
económica que hay que transformar para que se convierta en un sector de mayor valor

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añadido, que sea capaz de generar empleo cualificado, y a la vez de contribuir a un
crecimiento más sostenible y eficiente desde el punto de vista medioambiental.
Es en este contexto cobra un total protagonismo la política de rehabilitación, que se
convierte en uno de los ejes fundamentales del Plan de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012. Teniendo en cuenta que nuestro país ha estado muy por debajo de la
media de la UE-15 en cuanto al peso de la rehabilitación respecto al total del sector de
la construcción (36% en UE-15 frente a 25% en España, en el año 2009), y que
nuestro parque inmobiliario tiene cierta antigüedad (el 60% del parque edificado
supera los 30 años según el Censo de Población de Viviendas publicado por el INE en
2001), la rehabilitación aparece como una actividad con un enorme potencial.
No obstante, la rehabilitación por sí sola no puede sostener todo el sector de la
construcción. Si bien lo deseable es que este sector no vuelva a ocupar un peso tan
preponderante en nuestra estructura productiva, también es cierto que la actual
paralización de la actividad constructiva no puede perdurar a lo largo del tiempo. La
normalización de la actividad no podrá lograrse si antes no se ha dado salida al stock
existente de vivienda, que actualmente se cifra en torno a las 700.00 viviendas, de las
cuales una alta proporción corresponden a viviendas turísticas. A ello hay que añadir
las miles de hectáreas de suelo urbanizado o en proceso de urbanización y en suelo
urbanizable o en proceso de reclasificación.
Evitaremos sentar las bases de otra burbuja inmobiliaria, apostando por aprovechar
los recursos existentes de la forma más eficiente y sostenible y por impulsar el acceso
a la vivienda a los hogares más vulnerables con un esfuerzo razonable.
Estos principios impregnan los ejes fundamentales de la propuesta socialista, que
serán:
• La política del alquiler y la rehabilitación, como actividad intensiva en empleo
cualificado, que arrastra la actividad de empresas afines, incorpora las nuevas
tecnologías, y apuesta por la eficiencia energética.
• La salida al stock de vivienda existente, a través, fundamentalmente, del
alquiler.
• Un urbanismo sostenible, que limite los nuevos crecimientos sólo a aquellos
casos en que estén realmente justificados y siempre que no existan otros
recursos disponibles y/o susceptibles de ser empleados a través de la
rehabilitación.
• Acuerdo con las Comunidades Autónomas para consensuar las políticas
necesarias que permitan hacer frente al grave problema existente en el sector,
que afecta a miles de ciudadanos, provoca aumento del desempleo y restringe
la capacidad de financiación de las entidades financieras al sector privado
Conforme a estos ejes se presentan las siguientes medidas:

- Nuevos planes estatales de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana
• Se elaborará un nuevo Programa Estatal de Rehabilitación, Regeneración
Urbana y Vivienda 2012-15, que potencie, frente a los nuevos desarrollos
urbanos, la intervención rehabilitadora y edificatoria en las ciudades y la
regeneración urbana para mejorar los espacios públicos y la calidad de las

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ciudades, Dicho Plan, fomentará, asimismo, la construcción estatal de vivienda
protegida destinada al arrendamiento permanente a precios asequibles,
especialmente para colectivos vulnerables, como las familias que sufran
desahucio por embargo.
• Se sustituirán las transferencias de capital a las CCAA, propias de los Planes
Estatales de Vivienda de los últimos 25 años, por intervenciones finalistas a
través de Contratos-Programa que financien directamente actuaciones
concretas.

- Medidas para fomentar la rehabilitación y la regeneración urbana
• Se desarrollará un sistema de gestión sencillo y eficaz del programa
concertado con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, desarrollando
las siguientes medidas:
o Mejora de los servicios de gestión y tramitación de ayudas utilizando las
Oficinas de Rehabilitación preexistentes, incorporando a los
Ayuntamientos y facilitando al usuario toda la información referente a
las ayudas y ventajas fiscales existentes.
o Impartición de Cursos de Formación específicos para la gestión de las
ayudas a la rehabilitación.
o Incorporación al sector privado en la gestión de las Ayudas públicas por
medio de Convenios de Colaboración y Homologación con los agentes
intervinientes para que puedan gestionar directamente el cobro de las
ayudas a favor de los beneficiarios.
o Incorporación del mecanismo de Declaración Responsable en la
solicitud de licencias de obras de mejora o reforma en la vivienda – que
no afecten a elementos estructurales ni a la configuración
arquitectónica- con la finalidad de agilizar el inicio de las obras.
o Potenciación de la Ejecución Concertada entre Administración,
Propiedad y Empresas (Agente Rehabilitador y Edificador) como
instrumento más eficaz para desbloquear la rehabilitación de los
edificios, la edificación de los solares y la regeneración urbana.
• Impulsar el régimen de colaboración público-privada en la gestión de la
rehabilitación de viviendas y en la regeneración urbana en los ámbitos de
Rehabilitación,
• Potenciar el papel del ICO en la financiación de inversiones en rehabilitación y
regeneración urbanas.
• Crear un sistema de Calificación de Empresas Promotoras especializadas en
Rehabilitación y Regeneración Urbanas.
• Utilizar del Ahorro Energético como instrumento movilizador de la rehabilitación
de edificios, fomentando la utilización de las energías renovables, así como el
empleo de Tecnologías Avanzadas en seguridad, telecomunicaciones,
producción energética, consumo y reutilización de agua y el empleo de

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materiales más eficientes desde el punto de vista de la insonoridad y la
sostenibilidad.
• Se revisará el Sistema Fiscal para flexibilizar las condiciones de aplicación del
IVA a la rehabilitación

- Medidas para fomentar el alquiler y movilizar el stock de viviendas existente
En estos momentos existe en nuestro país un stock de viviendas terminadas no
vendidas que rondan las 700.000 unidades, aunque su distribución no es homogénea
a lo largo del territorio nacional, sino que se concentra en determinados entornos
urbanos y, principalmente, a lo largo de la costa mediterránea y atlántica.
Es necesario hacer frente a este stock y facilitar su salida al mercado desarrollando el
alquiler. Con ello, lo que se favorecerá una mejor asignación de recursos movilizando
activos ociosos, al tiempo que se podrán acortar los tiempos para una recuperación de
la actividad del sector, fundamental para la generación de actividad y empleo en el
país.
El desarrollo del mercado del alquiler se convierte en un objetivo prioritario de la
política de vivienda para lo que se desarrollarán las siguientes medidas:
• Potenciación de la oferta en alquiler por medio de la mejora de los instrumentos
de inversión colectiva en inmuebles (Fondos de Inversión Inmobiliaria,
Sociedades de Inversión Inmobiliaria y Sociedades Cotizadas de Inversión en
el Mercado Inmobiliario, etc.), otorgándoles un tratamiento similar al de otros
países de nuestro entorno.
• Coordinación de las actuaciones de la Sociedad Publica de Alquiler del Estado
con las de las Comunidades Autónomas.
• Definición e implementación del Certificado de Garantía de Calidad y Seguridad
Jurídica de los inmuebles y del producto.
• Estudio de la utilización del parque de viviendas turísticas vacías para su uso,
por ejemplo, del turismo de la tercera edad, tanto de España como del resto de
Europa.
• Actualización de la fiscalidad de la vivienda para impulsar la salida del stockaje
existente, potenciando su venta y el alquiler y beneficiar a las rentas más bajas,
actualizando la vigente deducción por compra de vivienda para familias de
rentas de 24.000 a 30.000 euros.

- Medidas para desarrollar un urbanismo transparente y sostenible.
• Con el fin de agilizar la tramitación administrativa de los expedientes, se
formulará un único Informe Conjunto, suscrito por la totalidad de los
responsables de los Departamentos ministeriales implicados, poniendo
especial énfasis en los informes de Sostenibilidad Medioambiental y de
Sostenibilidad Económica de acuerdo con la Ley de Suelo 2007.

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• Realización de un mapa de las reservas de suelo de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, estudiando y proponiendo las distintas posibilidades
de utilización y puesta en valor de cada uso.
• Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, elevando los plazos de prescripción de
los delitos de corrupción urbanística (artículo 131 del Código Penal).

- Promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas en política de vivienda
La gravedad de la situación del sector y sus implicaciones en términos de desempleo,
financiación y dificultades de acceso de muchas familias, exige un esfuerzo conjunto
de todas las Administraciones competentes en materia de políticas de vivienda para
dar salida a la crisis.
Por eso, impulsaremos un Acuerdo con las Comunidades Autónomas que permita
consensuar y coordinar las medidas aquí planteadas en materia de impulso a la
rehabilitación y la regeneración urbana, el alquiler, la salida del stock de viviendas y el
desarrollo de un urbanismo sostenible,
Un Pacto cuyos resultados se concertarían, asimismo, bajo la dirección del Estado,
con bancos y empresas del sector.

7.2 Prevención y protección frente a las situaciones de sobreendeudamiento de
los particulares y a los embargos hipotecarios
Las situaciones extremas producidas por la crisis y, en especial, la difícil situación
consecuencia del sobreendeudamiento familiar obligan al Estado a desarrollar una
serie de medidas especiales que den respuesta a estas necesidades específicas y,
muy especialmente, solventen las deficiencias que se han puesto de manifiesto en
relación con el sistema de crédito y con nuestro sistema hipotecario.
- Más y mejor formación financiera.
La variedad y complejidad de los productos financieros hacen imprescindible
desarrollar una cultura financiera básica que permita a los usuarios poder tomar sus
propias decisiones y no estar expuestos al riesgo de invertir y contratar lo que no
entienden. Se necesita formación para negociar o renegociar las condiciones de la
hipoteca. Por ello, potenciaremos los esfuerzos orientados a incrementar la cultura
financiera del país y hacerlo llegar a un sector más amplio de la sociedad, como el
portal “Finanzas para Todos” desarrollado por el Ministerio de Economía.
- Una nueva ley de insolvencia personal
Elaboraremos una ley de insolvencia personal que regulará el reparto equilibrado de
los riesgos entre el deudor y el acreedor, sin que ello penalice el crédito futuro,
encareciéndolo o restringiéndolo, y garantizando suficientemente la seguridad jurídica
en el tráfico mercantil.
En relación con nuestro sistema hipotecario, aseguraremos la protección de los
ciudadanos, desde el momento inicial de suscripción de la hipoteca hasta el eventual
supuesto de ejecución, a través de las siguientes actuaciones:
- Regulación de las sociedades tasadoras

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Regularemos las sociedades tasadoras para fomentar su competencia e
independencia. Para conseguir dicho objetivo:
• Se avanzará en suprimir las barreras de entrada al sector.

• Se reforzará la regulación referida a los requisitos de homologación previa, de
independencia, de incompatibilidades y de conflictos de interés.

• Se establecerán “umbrales máximos de vínculo” a partir de los cuales no se
podrá considerar que una tasación sea independiente, en cuyo caso se tendrá
la obligación de ponerlo en conocimiento del prestatario.

• Se establecerán requerimientos mínimos de información que debe de ofrecer
una entidad financiera a un potencial prestatario en relación a las distintas
sociedades que pueden realizar una tasación de una vivienda.

- Más transparencia y mejor información
El endeudamiento excesivo en que han incurrido muchas familias también obedece a
la insuficiente y deficiente información par parte de las entidades financieras. Los
contratos hipotecarios son complejos, tienen una redacción farragosa y son muy
difíciles de entender por la mayoría de los usuarios. Además, resulta muy difícil
comparar las ofertas de las diversas entidades financieras para que el comprador
pueda elegir la mejor opción para sus intereses.
Para corregir esta situación elaboraremos una nueva normativa que incluirá la
obligación para las entidades financieras de los siguientes aspectos:
• Exigencia de facilitar información precontractual que permita a los
consumidores comparar las condiciones hipotecarias de diferentes
prestadores.

• Disponer en cualquier momento de folletos de información general sobre la
gama de productos de crédito que ofrecen.

• Facilitar el asesoramiento financiero e información contractual clara y sencilla
con un resumen en donde deben aparecer todas las condiciones financieras y
que indique el coste final que se paga por la vivienda al finalizar el pago de la
hipoteca

-‐ Supresión de cláusulas, prácticas y situaciones abusivas

La crisis ha puesto de manifiesto también la existencia de cláusulas abusivas
hipotecarias por parte de algunas entidades financieras que también han incidido en el
sobreendeudamiento de las familias y que requieren una nueva regulación que las
imposibiliten. Para ello, proponemos:
• Limitar, para las hipotecas sobre la vivienda habitual familiar, el tipo máximo a
aplicar en los intereses de demora y su aplicación en exclusiva al principal de
la deuda

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• La penalización por cancelación anticipada se limitará a la pérdida económica
que sufre realmente la entidad cuando este derecho sea ejercido por parte del
prestatario

• Establecimiento de un límite temporal mínimo por el que debe de ser
reconocido el valor de tasación de una vivienda, impidiendo actualizar a la baja
el mismo al poco tiempo de haberse constituido un crédito. Con esta medida se
impedirá que el prestatario tenga que incrementar notablemente la deuda con
la entidad financiera.

- Procedimientos de acuerdo entre deudor y acreedor.
La modificación de la legislación hipotecaria incluirá procedimientos para favorecer el
acuerdo entre el deudor y el acreedor hipotecario antes de proceder, en caso de
impago, a la ejecución de la garantía hipotecaria con medidas como:
• Favorecer la dación en pago pactada equilibradamente entre deudores
hipotecarios y entidades financieras
o Las ejecuciones hipotecarias deben ser el último recurso porque generan
costes judiciales, imponen demoras de casi 2 años hasta la nueva posesión en
los que se acumulan intereses y la vivienda queda paralizada, y cuando se
llega a la subasta, el deudor no puede obtener por su vivienda un valor de
mercado que le permita reducir al máximo su carga.

o Por ello incentivaremos la dación en pago pactada como una solución más
eficiente que las ejecuciones para beneficiar al deudor hipotecario de buena fe.

o Para favorecer estos acuerdos se pedirá la implicación de todos los agentes
intervinientes, especialmente notarios y registradores, y se promoverá un
acuerdo general con las CC.AA para eximir el pago del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales en los casos en que la entidad financiera acepte
la vivienda para saldar la deuda. Esta exención estaría sujeta a límites para
evitar abusos por parte de la entidad financiera.

• En este contexto, estableceremos la obligatoriedad de que las entidades
financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien
hipotecado, lo que se denomina dación en pago.

- Proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución
• Se extenderán los plazos que permiten acudir a la ejecución hipotecaria
cuando el hipotecado o principal proveedor de la unidad familiar a la que
pertenezca se encuentre en situación de desempleo

• Cuando el acuerdo no sea posible y el deudor deba enfrentarse a la venta en
pública subasta de su vivienda, se mejorará el funcionamiento de las subastas
para que se maximice el importe obtenido por el deudor. Para ello:

o Se suprimirán las barreras que dificultan la participación en las subastas de
un mayor número de postores, abriendo el abanico actualmente limitado
casi exclusivamente a entidades financieras.

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o En particular, se facilitará el acceso a la financiación a los postores,
flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando así que en la
práctica muchas veces sólo puedan acudir entidades financieras.

o Se avanzará en la implantación de la subasta telemática.

o Se incrementará la información pública y la transparencia de todo el
proceso, facilitando el acceso al inmueble de los postores y publicando en
internet los datos relevantes del inmueble.

o Se facilitará el acceso a la financiación a los postores, flexibilizando plazos,
garantías y condiciones, evitando así que en la práctica muchas veces sólo
puedan acudir entidades financieras.

8. Retos para un territorio equilibrado

8.1 La cohesión territorial
En las dos últimas legislaturas, el gobierno socialista ha apoyado de forma decidida la
cohesión territorial en España a través de planes especiales para fomentar actividades
económicas, poner en marcha actuaciones inversoras y mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos. Así, pueden destacarse el Plan Extremadura, el Plan Noroeste
(Salamanca, Zamora y León) o los planes de actuación específicos para Soria, Teruel
y Jaén, todos ellos puestos en marcha en la primera legislatura, que continuaremos
desarrollando en los próximos años y la Estrategia integral para la Comunidad
Autónoma de Canarias aprobada en 2009 y que tendrá vigencia hasta 2020.
Asimismo, tras el seísmo del 11 de mayo, el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por
dar respuesta a las necesidades del municipio de Lorca, y continuaremos
desarrollando esas actuaciones hasta la recuperación integral de la zona.
Continuaremos con nuestra apuesta por una España con unos territorios equilibrados,
bien integrados y cohesionados. Para ello proponemos:
-‐ Continuar por la apuesta para transformar el modelo centro-periferia de redes de
transporte en un modelo más estructurado, a través de corredores transversales
que permitan los desplazamientos en coche, tren y autobús sin necesidad de
atravesar el centro del país.
-‐ Promover el desarrollo económico de aquellos territorios con problemas de pérdida
de población y falta de incentivos a la fijación de población joven, mediante planes
especiales de actuación integral.
-‐ Fomentar un modelo urbanístico de planificación ordenada del territorio, que
permita armonizar el crecimiento de las ciudades de tamaño medio, de una
manera integrada entre los desarrollos urbanísticos y la promoción de actividades
económicas de comercio y servicios.
Por sus condiciones especiales de insularidad y lejanía al territorio continental, para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos allí residentes y la estructura de su
economía, para la Comunidad Autónoma de Canarias nuestras propuestas son las
siguientes:

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-‐ Promover en el ámbito comunitario que en el próximo período de programación
2013-2020, Canarias se incluya dentro de las regiones que tenga como objetivo la
convergencia y, por tanto, disponga del máximo nivel de acceso a los fondos
estructurales con independencia de su nivel de renta per cápita.
-‐ Dar continuidad a las actuaciones en marcha en el marco de la Estrategia Integral
para Canarias aprobada por el Gobierno socialista, y a los Convenios Canarias-
Estado: Obras Hidráulicas, carreteras, subvención al transporte de pasajeros y de
mercancías, actuaciones en el litoral, infraestructuras educativas y turísticas de
interés general, así como en la financiación de los correspondientes planes de
empleo.
-‐ Promover las actividades de reciclaje de residuos, con aplicación de las
tecnologías más modernas, para minimizar los problemas medioambientales que
causan en las islas la acumulación de residuos: alteraciones del paisaje,
peligrosidad sobre la salud o contaminación de los recursos naturales.
-‐ Garantizar el suministro energético a precios competitivos en las islas, teniendo en
cuenta en la planificación las circunstancias de mayores costes de abastecimiento
y generación de energía.
-‐ El menor grado de accesibilidad de las islas Canarias a los servicios de interés
general que les son comunes a las restantes comunidades del territorio nacional,
origina una importante desventaja competitiva que singularmente se manifiesta en
el sector energético, circunstancia que nos comprometemos a tener en cuenta en
los próximos procesos de planificación energética.
-‐ En este sentido, impulsaremos las tecnologías más modernas en materia
energética en el Archipiélago Canario. Así, aplicaremos un régimen específico a
las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en cada una de las islas.
-‐ Fomentar las políticas de Vecindad y Gran Vecindad de la Unión Europea, en el
marco de una acción concertada en África entre los Gobiernos de España y
Canarias, fomentando planes de cooperación.
-‐ Potenciar el papel de Canarias en el conjunto de las actuaciones de política
marítima integrada en la UE.
-‐ Estudiar el régimen especial fiscal canario (REF) para aplicar posibles mejoras.
En lo que se refiere a la otra Comunidad Autónoma insular de España, la de las Islas
Baleares, aunque es cierto que hemos avanzado mucho, sobre todo en esta última
legislatura, queda mucho camino para compensar las desventajas propias de la
insularidad. Por eso, los socialistas nos comprometemos, tal y como marca el Estatuto
de Autonomía de las Islas Baleares, a que las Cortes Generales aprueben la Ley de
Régimen Especial que, con independencia del sistema de financiación autonómico,
dotará de las necesarias compensaciones económicas para igualar los derechos de
los ciudadanos de las Islas Baleares.
Además, los socialistas cumpliremos desde del Gobierno de España con lo que está
previsto en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, en el sentido de que el
Estado velará para que cualquier medida relativa al régimen económico o fiscal de los
territorios insulares establecida dentro del marco de la UE, a excepción de las que
estén excluidas por motivos de ultra periferia, sea aplicable a las Islas Baleares.

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Finalmente, una consideración especial tienen Ceuta y Melilla para las que
desarrollaremos las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso Senado para la
Unión Europea, sobre las especificidades de estas Ciudades Autónomas y su situación
ante la Unión Europea.

8.2 Política de infraestructuras y transportes
En la última década España ha pasado de ser un país deficitario en infraestructuras, a
ser uno de los países con una de las redes de transporte más extensas y avanzadas
de Europa.
Los ejes principales de nuestra política han sido: la apuesta por el ferrocarril, la
creación de una red mallada de autovías para romper con el modelo centro-radial, y la
modernización y ampliación de la capacidad de nuestros puertos y aeropuertos. En
estos últimos tres años, además de completar el esfuerzo inversor, se han abordado
las principales reformas estructurales en el ámbito aéreo, marítimo, y ferroviario, para
mejorar la competitividad y la eficiencia de nuestro sistema de transportes.
La prioridad para los próximos años ya no será continuar aumentando el tamaño de
las redes de infraestructura, sino en diseñar una política de transporte basada en la
gestión, la calidad, la competitividad y la sostenibilidad ambiental y económica.
En el caso del ferrocarril, además de los objetivos anteriores, hay que continuar con la
modernización de dos aspectos importantes de las infraestructuras: las redes de
ámbito urbano y metropolitano de viajeros, como garantía de la movilidad de los
ciudadanos, y las destinadas al transporte de mercancías, ámbito que va a ser
prioritario en un futuro inmediato.
La selección y priorización de las actuaciones, a partir de su rentabilidad económica y
social, se impone más que nunca como forma de trabajo en el proceso de toma de
decisiones. Por ello es necesario seguir avanzando en la utilización de instrumentos
de análisis económico para decidir la oportunidad de llevar a cabo una nueva
infraestructura.
Por otro lado, es necesario que nuestra red de transporte garantice una serie de
tiempos de desplazamiento competitivos en todo el territorio en las comunicaciones de
larga distancia. La cohesión territorial debe priorizar el equilibrio en tiempos y calidad
de servicio y no tanto, el equilibrio en dotación de infraestructuras.
Nuestras propuestas de política de transporte son las siguientes:
-‐ Los socialistas apoyamos un modelo de España mallada que cohesione el
conjunto del país. Por ello, la nueva y ambiciosa definición de las Redes
Transeuropeas constituye una oportunidad para realizar el segundo gran esfuerzo
modernizador del sistema de infraestructuras del transporte en nuestro país y
cubrir las carencias que todavía hoy tenemos, especialmente en el tráfico de
mercancías por ferrocarril. Apoyamos la inclusión y el desarrollo de los cinco
grandes corredores multimodales conectados entre sí: el Corredor Mediterráneo, el
Corredor Central, el Corredor Atlántico, el Corredor Atlántico-Mediterráneo y el
corredor Cantábrico-Mediterráneo. Cinco corredores que cubren el conjunto del
territorio con una red de alta velocidad para viajeros, una red de mercancías
interoperable con ancho internacional, electrificadas y con sistema ertms, junto con
la conclusión de una red viaria de altas prestaciones.

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-‐ Culminar los grandes ejes viarios y ferroviarios. España tiene en estos momentos
en plena ejecución un importante número de actuaciones para completar los
grandes ejes estructurantes del sistema de transportes. El actual marco
presupuestario exige que en su ejecución se utilicen criterios de priorización de los
principales proyectos, y que se exploren fórmulas de colaboración público-privada
que permitan un calendario de pagos adecuado a la amortización de la
infraestructura y con plenas garantías de su mantenimiento.
-‐ Destinar recursos al mantenimiento de las redes de infraestructuras existentes. A
partir de ahora, será cada vez más necesario invertir en conservación y
mantenimiento de las redes, así como en la mejora de la seguridad vial, uno de
nuestros principales objetivos.
-‐ Establecer un marco financiero estable que garantice la viabilidad de la
conservación de la Red Viaria, que fomente la intermodalidad en el transporte de
mercancías y que facilite una reestructuración ordenada del sector de transporte
de mercancías por carretera.
-‐ Potenciar el papel de España como plataforma logística eficiente, aprovechando
nuestra posición geográfica, las inversiones en redes de infraestructuras
acometidas en los últimos años, y resolviendo las deficiencias en transporte de
mercancías por ferrocarril y en instalaciones logísticas adecuadas.
-‐ Reequilibrar el sistema de transporte a favor de los modos más sostenibles,
potenciando las inversiones previstas en la Red Básica de Mercancías, y
promoviendo su plena integración e interoperabilidad con la Red Transeuropea de
Transporte Ferroviario y su conexión con una red de plataformas logísticas de
ámbito nacional.
-‐ Promover la construcción de líneas dedicadas a mercancías en los entornos de
grandes ciudades, a fin de evitar las interferencias con los tráficos de cercanías.
-‐ Potenciar el transporte marítimo de corta distancia y, dentro de él, las Autopistas
del Mar, como servicio de especial calidad.
-‐ Impulsar las rutas marítimas de interés público, que juegan un papel clave para la
cohesión social de esos territorios, tanto para tráficos de pasajeros y de
mercancías con las islas Baleares y Canarias, así como con las ciudades de Ceuta
y de Melilla.
-‐ Aplicar en España los compromisos contenidos en el Convenio Internacional para
el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques como pieza
fundamental en la lucha contra la contaminación marina ambiental.
-‐ Continuar impulsando las políticas que favorezcan el transporte urbano y
metropolitano sostenible, y en particular dar continuidad a los Planes de Cercanías
de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla.
-‐ Establecer acciones concertadas que involucren a Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos, que impliquen un doble trasvase modal: del vehículo privado al
transporte público y del vehículo privado al transporte no motorizado.
-‐ Elaborar un plan para reducir los retrasos de los aviones en fase de vuelo que dan
lugar a consumos innecesarios de combustible, así como para optimizar las

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operaciones aéreas en materia de pilotaje eficiente y mejora de la coordinación
aeropuerto-espacio aéreo.
-‐ Apoyar la certificación del sistema GPS/EGNOSS para su uso sin
restricciones como sistema de navegación en el espacio aéreo europeo, con el
objetivo de continuar con la optimización de las operaciones aéreas.
-‐ Poner en marcha actuaciones para la reducción de emisiones
contaminantes generadas en los entornos aeroportuarios y que tienen efectos
nocivos sobre la población.
-‐ Apoyar la descarbonización del transporte aéreo, apostando por la
utilización de biocombustibles en los sistemas de propulsión aeronáutica para que
la industria aérea pueda alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de
CO2.

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lo urgente,
el empleo

programa electoral

lo urgente, el empleo

III. LO URGENTE, EL EMPLEO

El empleo, la ausencia del mismo y su escasa calidad, es el principal reto al que nos
enfrentamos. Así lo sienten los ciudadanos; así lo sentimos los socialistas, que
debemos buscar soluciones desde postulados progresistas.
Por ello, todas las fuerzas, las energías, y las políticas han de confluir en recuperar la
intensidad de la creación de empleo e iniciar una rápida reducción del desempleo.
El paro afecta hoy a más de cuatro millones de españoles y españolas, como
consecuencia de la más intensa recesión que haya sufrido la economía mundial desde
la Gran Depresión del 29. Una recesión que es resultado de la peor crisis financiera
internacional y que en España coincide con el ajuste en el sector de la construcción;
un ajuste que ha provocado un deterioro del empleo mayor que en los países de
nuestro entorno. Siete de cada diez empleos perdidos durante la crisis pertenecen
directamente al sector de la construcción. Esta ha sido la principal causa de la pérdida
de empleo y de la elevación del paro.
De no haberse producido la crisis del sector de la construcción, el desempleo en
España habría crecido menos de la mitad de lo que lo ha hecho, España estaría
creciendo a un ritmo similar al de la zona euro y, lo más importante, estaría creando
empleo en términos netos. Es importante saberlo para situar las causas en su
verdadera magnitud, y para no errar en las soluciones.
Existen, ciertamente, otros factores que han dificultado el mantenimiento de la
actividad y, por tanto, del empleo. Por un lado, la crisis financiera y la consiguiente
restricción del crédito. Por otro, el deficiente funcionamiento de algunas de las
instituciones laborales, normativas y de gestión, que estaban muy consolidadas. La
limitada eficacia de los servicios públicos de empleo para ejercer una labor eficaz de
intermediación, la escasa eficiencia para crear y mantener empleo de un sistema de
bonificaciones y subvenciones poco selectivas, la existencia del despido-express
(introducido por el Partido Popular en 2002) que rompe con el principio de causalidad
de la extinción de los contratos, han sido buenos ejemplos de ello.
La legislatura que ahora concluye ha estado caracterizada por la situación de
emergencia en que a todos -gobierno, interlocutores sociales, empresarios y
trabajadores- situaba el intenso proceso de destrucción de empleo. Una buena parte
de las reformas ha sido objeto de acuerdo en el marco de un proceso de Diálogo
Social intenso por el que se llegó a un gran Acuerdo Social y Económico entre el
Gobierno y los agentes sociales en materias como las pensiones, las políticas activas
de empleo y formación profesional, la reforma de la negociación colectiva, la política
industrial, la energética y la política de I+D+i.
Este acuerdo no fue posible con la reforma laboral de 2010, que fue aprobada tras dos
años de negociación. Una reforma para el medio plazo que pretende contribuir a la
reducción del desempleo, a reducir la dualidad entre trabajadores fijos y temporales
que caracteriza desde hace décadas nuestro mercado de trabajo, y a aumentar la
flexibilidad interna negociada en las empresas, cambiando el modelo para lograr que
la adaptación al ciclo económico pueda producirse, no a través de la destrucción de
empleo, sino mediante la adaptación de la jornada y de las condiciones de trabajo.

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La nueva regulación de la negociación colectiva pretendía, igualmente, aumentar la
flexibilidad interna negociada en las empresas, de manera que mediante acuerdos
alcanzados en los convenios colectivos pudieran disponer de una mayor capacidad de
adaptación a los cambios en la situación económica y socio laboral.
A la vez nos hemos comprometido con las políticas activas de empleo, que hemos
reformado para adaptarlas a la realidad del mercado laboral y a las características del
territorio; para aumentar su eficacia en la mejora de la empleabilidad y las
posibilidades de inserción de las personas desempleadas, especialmente jóvenes y
parados de larga duración; para responder mejor a las necesidades de las empresas
para cubrir sus ofertas de empleo; y para situar a los servicios de empleo entre los
mejores instrumentos para la dinamización y activación de los desempleados.
Por primera vez en nuestra historia reciente, el Gobierno, con el apoyo de los agentes
sociales, ha tomado decisiones y ha adoptado medidas difíciles y valientes para la
modernización de nuestro modelo productivo y de nuestro sistema de bienestar.
Medidas que transforman y consolidan las funciones del Estado español: desde un
Estado protector y garante de las libertades y el bienestar, a un Estado también
dinamizador, que crea las condiciones para favorecer la recuperación económica y la
creación de empleo.
Estas bases marcan las líneas de lo que debemos hacer durante la próxima
legislatura:
-‐ Continuar con las reformas iniciadas para que contribuyan a crear un clima de
confianza en nuestro potencial de crecimiento y para recuperar, cuanto antes, la
creación de empleo.
-‐ Formalizar un compromiso con los jóvenes y asumir la obligación de movilizarlos
por la formación y el empleo mediante una iniciativa social compartida.
-‐ Elaborar planes específicos de empleo, tanto para sectores nuevos como
tradicionales, que faciliten el tránsito hacia un modelo productivo más moderno,
competitivo y sostenible.
-‐ Reforzar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas y fomentar la
creación de un tejido empresarial de mayor tamaño.

1. Desarrollar las reformas para recuperar el empleo
En las dos últimas legislaturas el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en cambiar el
rumbo de un modelo económico heredado que se quedó anclado en la construcción y
sustentado en importantes desequilibrios estructurales. Un modelo desarrollado por el
Partido Popular en la etapa de bonanza económica y que el Partido Socialista empezó
a transformar desde que llegó al Gobierno, con unas políticas que consiguieron
durante la primera legislatura continuar con la senda de crecimiento económico e
impulsar el mercado laboral. La economía española fue capaz en esos años de crear
el mayor número de empleos del conjunto de los países desarrollados, y llevó la tasa
de paro hasta los niveles más bajos de todo el periodo democrático. Durante la
segunda legislatura el contexto cambió drásticamente, fruto de la crisis económica
más intensa que ha vivido España. Para paliar los efectos de esta crisis el Gobierno

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adoptó fuertes medidas de estímulo público a la creación o el mantenimiento del
empleo.
Ha sido un esfuerzo necesario, como los más de 30.000 millones de euros anuales
destinados a prestaciones por desempleo, hasta alcanzar una tasa de cobertura
durante esta legislatura, también por primera vez en nuestra historia, de más del 80%
de quienes se encuentran en desempleo.
Si la acción de gobierno se caracterizó en un primer momento por dar respuestas a la
crisis, en el último año hemos aprobado reformas estructurales de nuestro mercado
laboral, como la realizada en 2010. Una reforma que está llamada, cuando la
economía española alcance un nivel de crecimiento generador de empleo, a propiciar
un funcionamiento más sano y eficiente de nuestro mercado laboral. Para ello es
preciso que la flexibilidad que las empresas necesitan no se obtenga solo mediante la
realización de contratos temporales y despidos, sino con medidas que permitan una
mayor adaptabilidad de los salarios, de la jornada, de las funciones en los puestos de
trabajo y, por extensión, que favorezcan que las empresas puedan acudir sin
reticencias a la contratación indefinida.

1.1 Un gran acuerdo por el empleo
El empleo es el gran problema nacional. El empleo es la mejor de las causas que
podemos hacer nuestra. El empleo depende de todos, de las CCAA, de los sindicatos
y de los trabajadores, de los partidos políticos, del Parlamento, del Ejecutivo. Es un
problema de todos que depende de todos. Exige unidad.
Mientras estamos diciéndole al mundo que nos tenemos que unir, que un país solo no
va a salir de la crisis, estamos haciendo políticas que no son unitarias, lo que no tiene
sentido. Además, los españoles sabemos muy bien que cuando nos hemos unido
hemos hecho frente a los grandes problemas.
Por ello, los socialistas nos comprometemos a llamar a un Acuerdo para el Empleo, a
todos, a las CCAA, a los sindicatos y a los empresarios y a todas las fuerzas
políticas, para compartir objetivos, para sumar, porque es nuestra gran causa común.
La causa nacional, que es la causa del PSOE en la próxima legislatura.

1.2 Unas políticas laborales orientadas a la reactivación del empleo
− Situaremos las políticas activas como una de nuestras mayores prioridades para
aumentar las oportunidades de empleo, aplicando las orientaciones y objetivos
recogidos en la Estrategia Española de Empleo. A partir de ahora hay que culminar
el proceso de reforma del sistema de formación profesional, aplicar el nuevo
contrato para la formación y el aprendizaje, fomentar la implicación de las grandes
empresas en los procesos de formación de su industria auxiliar, y establecer las
condiciones de hecho para que el programa PREPARA contribuya eficazmente a
la recualificación de trabajadoras y trabajadores desempleados.
Es necesario:
• Personalizar el diseño de itinerarios para mejorar la cualificación profesional y
la búsqueda de empleo de cada persona desempleada.
• Construir el sistema integrado de la formación profesional, que comprenderá la
formación profesional reglada y toda la formación continua, en un proceso de
aprendizaje permanente de los trabajadores y trabajadoras.

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• Ampliar la oferta de formación, mejorar su calidad y aumentar su
especialización, con el objetivo prioritario de reorientar a los desempleados
provenientes de los sectores y actividades que han sufrido un mayor ajuste
hacia sectores emergentes. Asimismo, se deben crear mecanismos de
coordinación entre el sector privado y los servicios públicos para que las
acciones formativas respondan mejor a las necesidades de las empresas y de
las personas desempleadas.
• Potenciar la formación de los trabajadores y las trabajadoras que están en
activo en nuestras empresas como uno de los pilares que pueden generar más
beneficios para nuestro mercado laboral.
• Fomentar la contratación a tiempo parcial, mediante una nueva regulación del
mismo, permitiendo que los desempleados suplan a los trabajadores en activo
durante los períodos en los que estuvieran recibiendo su formación.
• Aumentar los recursos de los Servicios Públicos de Empleo, como hemos
hecho durante esta legislatura, y mejorar su eficacia, y adoptar nuevos
instrumentos que hoy no existen. Nuestro compromiso es seguir potenciando el
Servicio Público de Empleo estatal, así como su efectiva coordinación con los
Servicios de empleo autonómicos, además de impulsar las mejores prácticas
de colaboración público- privadas en la intermediación en el mercado de
trabajo.
• Mejorar la relación actual entre las políticas activas y pasivas, dando paso a un
modelo más coherente e integrado, con un mayor grado de coordinación entre
las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España.
• Aumentar la colaboración entre los servicios públicos y las instituciones
privadas que intervienen en la intermediación laboral, para lograr que no se
pierda ninguna oportunidad de empleo.
• Contribuir en mayor medida al sostenimiento del sistema de protección por
desempleo.
• Mantener la posibilidad de capitalizar las prestaciones por desempleo para
emprender una actividad empresarial por cuenta propia que permita superar la
situación de desempleo.
• Buscar nuevas fórmulas de utilización de la prestación por la persona
desempleada para mejorar o fomentar su empleabilidad, bajo la tutela y
autorización de los servicios públicos de empleo, y en el marco de un itinerario
de inserción laboral. Junto a ello, se deben establecer nuevas formas de
estimulo al empleo para los perceptores de prestaciones por desempleo sin
que se alteren en forma alguna sus derechos, y mantener condiciones
adecuadas de estímulo al empleo para los demás desempleados.
-‐ Reforzaremos los recursos y los mecanismos de actuación disponibles en materia
de políticas de empleo mediante la creación de un Fondo para el Empleo que
garantizará la suficiencia de los recursos que se precisen para las mismas en la
próxima legislatura y permitirá sostener las medidas extraordinarias a favor del
empleo que se proponen abordar. Tendrá naturaleza suplementaria y no sustitutiva
respecto a los actuales fondos ordinarios que se destinan en los PGE a las

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políticas de empleo. El Fondo integrará los ingresos de naturaleza tributaria y
presupuestaria que específicamente se determinen. Asimismo, constituirán una
fuente de financiación del nuevo Fondo los recursos procedentes de las
aportaciones de aquellas grandes empresas con beneficios que impulsan
expedientes de regulación de empleo para despedir a trabajadores de 50 o más
años de edad.

1.3 Un nuevo paradigma para el desarrollo de las relaciones laborales
− Reordenaremos las ayudas a la contratación para, además de dirigirlas a promover
el empleo de determinados colectivos con especiales dificultades, vincularlas
directamente con otros tres objetivos: por un lado, primar los contratos que
supongan incremento del empleo en la empresa; por otro, crear bonificaciones en
las cuotas de seguridad social que se proyecten en el tiempo a cambio de
asegurar el mantenimiento por varios años de los contratos que se celebren con su
ayuda; y un último objetivo: posibilitar e incrementar la formación.
En ese marco renovado de ayudas a la contratación de colectivos con especiales
dificultades de empleo, no olvidaremos a las Empresas de Inserción, Centros
Especiales de Empleo y Cooperativas de Iniciativa Social.
-‐ Nuestro propósito es y sigue siendo que se pueda alcanzar una mayor estabilidad
real en el empleo. La próxima legislatura será el momento de poner fin a la
temporalidad no justificada, que distorsiona el funcionamiento correcto de nuestro
mercado de trabajo y da lugar a que necesidades permanentes de las empresas
se cubran una y otra vez con contratos temporales sucesivos, con el mismo o
diferente trabajador, perjudicando a la larga la productividad de la economía
española.
En consecuencia, tiene pleno sentido económico desincentivar, en cualquier
momento del ciclo económico, la temporalidad excesiva. Para lograrlo y con ello
alcanzar una mayor estabilidad real en el empleo, debe seguir avanzándose en las
políticas para aproximar los costes de los contratos indefinidos y los contratos
temporales, modulando las cotizaciones por desempleo, de forma que ambos tipos
de empleo reflejen mejor los costes e ingresos que generan en el conjunto del
sistema a lo largo del ciclo. En la próxima legislatura, introduciremos un nuevo
modelo de cotización por desempleo, “bonus-malus”, para desincentivar la
temporalidad excesiva, que contemplará una cotización por desempleo
incrementada para los contratos temporales y una reducción para los contratos
indefinidos
-‐ Aumentaremos la flexibilidad interna negociada en las empresas. La reforma
laboral de 2010 y la reforma de la negociación colectiva de 2011 tienen un objetivo
común: aumentar la flexibilidad interna en las empresas, de manera que puedan
disponer de una mayor capacidad de adaptación a los cambios en la situación
económica y socio laboral.
Nuestra apuesta por la flexibilidad interna pretende que estas medidas se utilicen
de manera habitual y preferente con relación a las de flexibilidad externa para
acabar con el recurso masivo a los contratos temporales (a su celebración, cuando
el ciclo mejora; y a su no renovación, cuando la situación económica empeora) y

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con los despidos exprés. La flexibilidad interna ha de ser negociada entre la
empresa y los representantes legales de los trabajadores, pues entendemos que el
acuerdo y el consenso social son la mejor garantía para lograr el equilibrio entre
flexibilidad y seguridad.
Para que las nuevas reglas sobre la negociación colectiva y sobre flexibilidad
interna negociada puedan desplegar la totalidad de sus potenciales efectos
positivos en nuestro mercado de trabajo es deseable que las organizaciones
empresariales y los sindicatos alcancen acuerdos interprofesionales para:
• Propiciar una estructura de la negociación colectiva más ordenada
• Modernizar los contenidos de los convenios colectivos
• Potenciar los procedimientos no judiciales de solución de conflictos laborales,
que deben ser renovados para hacerlos más ágiles y eficaces.
Por ello, alentaremos a los interlocutores sociales, desde el máximo respeto de su
autonomía colectiva, a que negocien acuerdos interprofesionales con estos
objetivos. Y para ello, pondremos a su disposición todos los instrumentos de apoyo
que nos sean requeridos para conformar un sistema basado en la solución
autónoma de los conflictos laborales, en la autonomía colectiva y en los principios
de seguridad jurídica, imparcialidad y máxima agilidad. El recién creado Consejo
de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva puede y debe ser el marco
institucional adecuado para ello.
− En esa misma dirección hay que identificar nuevos canales de participación de los
trabajadores sobre las decisiones estratégicas en las grandes empresas, tales
como las que puedan afectar a su posición competitiva en el mercado o al volumen
de empleo. Estas medidas deberían ser el resultado de un acuerdo tripartito entre
el Gobierno y los interlocutores sociales.
− Vamos a impulsar, con los interlocutores sociales y con otros actores implicados,
una mayor utilización del trabajo a tiempo parcial de carácter estable en nuestro
país, donde históricamente nunca ha alcanzado los niveles que existen en otros
países de la Unión Europea.

Ello debe hacerse sobre la base de una concepción amplia del trabajo a tiempo
parcial, no centrada exclusivamente en la reforma de la legislación laboral que
regula este tipo de contrato, que permita una distribución más equitativa de esta
modalidad de contratación por sexos, por edades y por sectores de actividad.

Cuestiones que, sin duda, contribuirían a la extensión de trabajo a tiempo parcial
estable son:

• La posibilidad de su uso en las Administraciones Públicas.

• Los recursos y las infraestructuras para la atención a los niños y niñas de 0 a 3
años y a las personas dependientes, orientados al reparto equilibrado entre
mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, para aumentar su
aceptación voluntaria.

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• Por supuesto, la siempre aplazada mejora de la protección social del trabajo a
tiempo parcial y sus diferencias de trato con respecto al trabajo a jornada
completa, que repercuten negativamente en las carreras de cotización a la
Seguridad Social y en el acceso a las pensiones de jubilación.

• Igualmente, será necesario introducir cambios en la regulación laboral del
trabajo a tiempo parcial, una normativa numerosas veces modificada, pero
siempre sin consenso social.

Será, por tanto, una reforma que dé paso a una regulación que, de manera
equilibrada y de una vez por todas, atienda a la vez las necesidades de flexibilidad
y adaptabilidad requeridas por las empresas y las necesidades de estabilidad,
seguridad y voluntariedad requeridas por las personas trabajadoras.

Por último, será preciso abordar otra de nuestras asignaturas pendientes en
relación con el trabajo a tiempo parcial: la regulación del contrato de trabajo fijo-
discontinuo. Su regulación presenta desde hace tiempo elementos de
incertidumbre e inseguridad para empresarios y trabajadores que desincentivan su
utilización, a pesar de que podría ser en determinados sectores de actividad una
buena alternativa de contratación estable frente a las modalidades de contratación
temporal.
− Junto al estímulo del empleo a tiempo parcial será necesario avanzar en la
aplicación de una política de reparto del trabajo que tenga en cuenta entre otras
medidas la reducción de la jornada extraordinaria o el establecimiento en la
negociación colectiva de acuerdos que combinen la reducción de la jornada
extraordinaria con la contratación de desempleados. Todo ello puede contribuir a
impulsar la reducción del desempleo.
− Impulsaremos la aceptación del teletrabajo en sectores y puestos de trabajo que lo
permitan con facilidad, sin que ello suponga una pérdida o renuncia de los
derechos de los y las trabajadoras, ni la feminización del teletrabajo por hacerlo
compatible con las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
− Es necesario abordar un gran pacto global de rentas, con participación del sector
público y del sector privado, en el que intervengan todos los agentes y en el que se
contemple una evolución de las rentas, precios y márgenes coherente con la
marcha de la economía.
Empresas y trabajadores deben situar la prioridad en impulsar de forma autónoma
las políticas más adecuadas que mantengan y destinen las mejoras de la
competitividad y de las rentas hacia la inversión y la creación de empleo. Los
poderes públicos deben acompañar ese esfuerzo con la puesta en práctica de
políticas públicas complementarias en ámbitos como la fiscalidad, la vivienda o la
energía. Este pacto de rentas debería incorporarse al Acuerdo por el Empleo de
agentes económicos y sociales, CCAA y fuerzas políticas.

1.4 Igualdad de oportunidades en el empleo
− Hay que seguir trabajando en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres ante el empleo y en las condiciones de trabajo. Y eso exige acciones

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decididas y fomentadas por el poder público para garantizar la igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos dentro de la empresa.
− Nos comprometemos a revisar la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres para constatar si los avances de la igualdad en el empleo
exigen modificaciones legislativas.
Las políticas públicas de acción positiva desde el Estado deben seguir jugando su
papel, pero la nueva fase de avances en la igualdad entre mujeres y hombres
vendrá de la mano de los nuevos sectores impulsores del nuevo modelo
productivo, donde las mujeres van a encontrar más oportunidades. Por tanto, al
impulsar el cambio de modelo productivo también hacemos una contribución a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
− Promoveremos el empleo de las personas trabajadoras de más edad. Nuestro
mercado laboral propicia desde hace tiempo más desigualdades relacionadas con
la edad: la expulsión prematura e injusta del empleo de las personas trabajadoras
mayores. Para evitarlo, vamos a adoptar con los interlocutores sociales una
estrategia global de empleo de las personas trabajadoras de más edad para el
periodo 2012-2014.
Destinaremos a la financiación de las políticas activas de empleo de las personas
trabajadoras de más edad, entre otros, los recursos derivados de la compensación
de los gastos en prestaciones por desempleo por las empresas con beneficios que
realicen expedientes de regulación de empleo que incluyan a trabajadores
mayores de 50 años.
− Promoveremos la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social,
mejorando la capacitación profesional, las oportunidades de empleo y la
participación en el mercado laboral. Estas políticas seguirán sustentadas en un
partenariado capaz de generar sinergias entre las administraciones públicas, el
mundo empresarial y las entidades del tercer sector con experiencia en este
campo.
− Mantendremos y mejoraremos los instrumentos de incentivación de la contratación
y mantenimiento del empleo para las personas con discapacidad, tanto en la
empresa ordinaria y en la contratación pública, como en el ámbito del empleo
protegido, un motor generador de empleos a pesar de la crisis.

1.5 Unas instituciones laborales que protejan y defiendan el empleo por encima
de todo
− Aprobaremos una ley de participación institucional. Las organizaciones
empresariales y los sindicatos desempeñan un papel absolutamente relevante en la
consolidación de nuestro país como un Estado social y democrático de derecho.
Han contribuido siempre al funcionamiento de nuestro sistema político, económico y
social desde la recuperación de la democracia en España, en situaciones muy
difíciles de crisis económica, como la actual, y en momentos de expansión y
crecimiento.
Dicha ley debe partir del papel constitucionalmente reconocido a las organizaciones
empresariales y los sindicatos para la defensa y promoción de los intereses

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económicos y sociales que les son propios, y establecer el marco jurídico para la
participación de los interlocutores sociales en los órganos consultivos, organismos y
entidades públicas de la Administración General del Estado, de manera tripartita y
paritaria, respetando los principios de objetividad y transparencia.
− Reorganizaremos la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, para adecuarla a
su ejercicio en ámbitos de competencias compartidas entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Con el compromiso de presencia constante y relevante
en la oferta de empleo público que se apruebe a lo largo de toda la Legislatura.
− La Inspección será un elemento clave para el éxito de otro empeño para la próxima
legislatura: el afloramiento, con rigor y voluntad y atención continuada, del empleo
sumergido. Por ello, planteamos un incremento de la vigilancia y lucha contra la
vulneración e incumplimiento de los derechos y condiciones laborales porque los
socialistas defendemos un Estado garante del obligado cumplimiento de la
normativa laboral vigente tanto en el sector privado como público.
− Promoveremos la adopción de una segunda Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo, porque mientras existan accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales no es posible manifestar satisfacción alguna. No obstante, debemos
constatar los avances que se han producido en los últimos años en la prevención de
los riesgos laborales y en la mejora y la seguridad y salud en el trabajo gracias a la
implicación creciente de organizaciones empresariales y sindicatos, y Gobierno y
Comunidades Autónomas, a través de la aplicación, con el consenso de
Administraciones Públicas e interlocutores sociales, de la primera Estrategia 2007-
2012.
Esta segunda Estrategia avanzará en la calidad de los servicios prestados por las
entidades preventivas, completará las acciones y programas sectoriales, territoriales
y dirigidos a microempresas para fortalecer la participación de los interlocutores
sociales y la implicación de empresarios y trabajadores. En ella habrá de prestarse
especial atención a la seguridad vial laboral y a los nuevos riesgos laborales.
Asimismo, aprobaremos una ley de asistencia a las personas afectadas por los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que abordará medidas de
orientación y asistencia jurídica, y de apoyo económico y social complementarias de
las actualmente previstas en la legislación.

2. Empleo y jóvenes: nuestra apuesta de futuro
Tenemos que poner de manera inmediata el empleo de los jóvenes en el centro de las
prioridades de la recuperación económica para evitar el riesgo de que toda una
generación quede afectada.
La crisis económica global ha puesto de manifiesto la fragilidad de los jóvenes en el
mercado de trabajo. Muchos jóvenes abandonaron el sistema educativo para ocupar
puestos de trabajo precarios, poco cualificados y muy frágiles, ligados a la burbuja de
la construcción. Además, la crisis económica ha cerrado las puertas del empleo para
una proporción elevada de jóvenes que ve frenado su acceso a un primer empleo. Más
de millón y medio de jóvenes se encuentran hoy en situación de desempleo, y con

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dificultades de reincorporación al mercado laboral, debido a su falta de cualificación
profesional o a la falta de ofertas de empleo específicas.
Debemos concebir e impulsar medidas personalizadas dirigidas a cada uno de los
grupos que constituyen un colectivo tan heterogéneo, pero dotándolas de la necesaria
coherencia interna. Hay que ofrecer respuestas diferentes a problemas diferentes,
pero persiguiendo un objetivo estratégico: el empleo de los jóvenes.
Este es el objetivo del Plan de Empleo para Jóvenes que aprobaremos en la próxima
legislatura, un plan que incluirá las medidas necesarias para reducir el elevado
desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de calidad en la salida de la crisis.
Con actuaciones orientadas a:
-‐ Flexibilizar el sistema educativo para impedir que los jóvenes lo abandonen sin la
cualificación y formación necesaria para su desarrollo personal y profesional.
-‐ Promover la vuelta al sistema educativo de los desempleados más jóvenes, sobre
todo de aquellos que lo abandonaron sin la titulación básica.
-‐ Dotar de una cualificación profesional acreditada a todos aquellos jóvenes que
carezcan de ella, o que necesiten adaptarla.
-‐ Facilitar la transición hacia el mercado de trabajo, a través de un primer contrato o
del desarrollo de proyectos de autoempleo, de quienes han alcanzado una
cualificación, pero carecen de experiencia profesional.
Todas las medidas deben ser adoptadas con la participación de los actores
implicados, particularmente con las organizaciones empresariales y los sindicatos en
el marco del diálogo social, y con las Comunidades Autónomas competentes en buena
parte de su ejecución.
El compromiso con el empleo de los jóvenes ha de ser de toda la sociedad, y debe
plasmarse en una “contribución social” a la financiación de las medidas necesarias
para reducir el elevado desempleo juvenil, y apoyar la creación de empleo de calidad
en la salida de la crisis. Esto exigirá destinar recursos específicos a la financiación del
programa de empleo para jóvenes.
El Plan de Empleo para Jóvenes incluirá medidas específicas dirigidas a diferentes
grupos dentro de las personas jóvenes desempleadas, en función de su edad y del
nivel de cualificación alcanzado. El plan contemplará medidas dirigidas al menos a los
siguientes cuatro grandes grupos de jóvenes:
-‐ Jóvenes que no disponen de cualificación profesional
A los menores de 20 años debemos ofrecerles otras oportunidades desde el propio
sistema educativo para que completen su formación básica y adquieran algún tipo
de cualificación profesional específica, a través de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI).
A los jóvenes desempleados de 20 a 30 años, que ni siquiera han alcanzado la
titulación de enseñanza secundaria, o que acreditan la ESO, pero carecen de
cualificación profesional alguna, la medida central que desde el Plan de Empleo
Juvenil se propone consiste en desarrollar y aplicar el nuevo Contrato para la
Formación y el Aprendizaje, inspirado por el modelo de formación en alternancia o
dual, que conjuga el trabajo remunerado en una empresa con la formación que

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permita adquirir una cualificación profesional reconocida, con protección social
plena y derecho a todas las prestaciones de la Seguridad Social;
-‐ Jóvenes que disponen de cualificación profesional
Para los jóvenes entre 20 y 29 años desempleados/as con titulación o próximos a
obtenerla, que bien no han tenido un empleo anterior, bien han tenido un empleo
de corta duración para el que no son necesarios los estudios que han realizado,
vamos a desarrollar un Programa de Primera Experiencia Profesional que, en unos
casos, se concretará en la celebración de un contrato de trabajo y, en otros,
consistirá en un sistema de becas para desarrollar prácticas profesionales no
laborales en empresas.
El Programa de Primera Experiencia Profesional permitirá dotar al contrato en
prácticas de una formulación más adecuada y de estímulos que vayan más allá de
las bonificaciones tradicionales, a cambio de un compromiso de las empresas con
los jóvenes.
-‐ Jóvenes escolarizados con riesgo de abandonar el sistema educativo
Medidas dirigidas a jóvenes escolarizados con claro riesgo de abandonar el
sistema educativo sin ninguna cualificación profesional. La prevención del
abandono escolar temprano es el mejor instrumento para evitar el desempleo y la
precariedad de los jóvenes. Para evitarlo, junto a las propuestas para el éxito
educativo de todo el alumnado, recogidas en el apartado correspondiente,
desarrollaremos todas las pasarelas entre los diferentes niveles del sistema
educativo, e incrementaremos la oferta de programas de cualificación profesional
inicial y las plazas en los diferentes niveles de la educación postobligatoria,
especialmente en formación profesional de grado medio, donde crearemos
200.000 nuevas plazas.
Nuestro objetivo es conseguir que ningún alumno abandone el sistema educativo
hasta que alcance la formación y cualificación necesaria para su desarrollo
personal y profesional.

3. Planes de empleo en sectores de futuro y sectores tradicionales
La creación de empleo debe apoyarse en una reorientación de nuestra especialización
productiva, de forma que ganen peso aquellas actividades generadoras de mayor valor
añadido. Para ello habría que completar el ajuste del sector de la construcción,
potenciar las actividades con mayor valor añadido en los servicios, reforzar la
productividad de los sectores manufactureros y favorecer la implantación de las TIC en
todos los sectores de actividad por su enorme impacto en las necesarias ganancias de
productividad.
El impulso a determinados sectores estratégicos para la economía española requerirá
de la elaboración de planes de empleo específicos para cada sector, que tengan en
cuenta sus características y necesidades particulares, y que planteen propuestas para
impulsar la actividad en cada uno de ellos.
No se puede establecer de forma cerrada una lista completa de todas aquellas
actividades que pueden tener en el futuro un carácter estratégico para España. Hay
sectores tecnológicos que claramente están identificados por su potencial de

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crecimiento y su capacidad exportadora, pero junto a ellos la estructura económica de
nuestro país se apoya en otros sectores tradicionales que pueden innovar sus
procesos, mejorar su competitividad y aumentar su capacidad exportadora. Son
opciones, en uno y otro caso, sometidas a la evolución de la tecnología, a las
diferencias territoriales, a la complejidad de los procesos productivos y sus
consiguientes requerimientos de inversión.
El Gobierno ha comenzado ya durante esta última legislatura a dar pasos para diseñar
una política industrial con un horizonte de medio plazo, y con un conjunto coherente de
medidas que están recogidas en el Plan Integral de Política Industrial (PIN-2020), un
plan que ha marcado ya el camino para la próxima década. Nuestra apuesta de futuro
pasa por reforzar algunas de las claves que deben orientar una política industrial
moderna, basada en medidas que dinamicen y acompañen a las inversiones privadas,
y sea selectiva en los sectores de carácter más estratégico.
Las claves para diseñar una nueva política industrial en España, en línea con la
estrategia planteada a nivel europeo, son las siguientes:
-‐ Innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos.
-‐ Sostenibilidad: la transición hacia una economía baja en carbono, para hacer
frente al reto del cambio climático, debe contemplarse como una oportunidad más
que como una restricción para la política industrial.
-‐ Fomento del espíritu emprendedor, que permite la búsqueda de nuevas
oportunidades.
-‐ Mejora de la competitividad, a través de políticas que afectan directamente a los
costes y precios de la industria (política energética, infraestructuras,
comunicaciones, política de transporte, etc.).
-‐ Internacionalización, ya que las empresas industriales de cualquier sector van a
trabajar de forma creciente en mercados globales, y por tanto tienen que acometer
procesos de modernización y acceso a mercados extranjeros.
-‐ Especialización, puesto que las oportunidades para la industria española van a
localizarse en nichos de productos muy concretos, o en la participación en
cadenas de producción en el ámbito europeo o mundial, donde las empresas para
tener éxito deben estar altamente especializadas.
En definitiva, nuestro programa apuesta por un apoyo preferente a diversos sectores
estratégicos para la economía española, que serán capaces de generar nuevos
empleos a lo largo de la próxima legislatura, y de mejorar la productividad y la
competitividad del país. Para lograrlo, proponemos las siguientes acciones
encaminadas a potenciar las actividades en cada uno de los tres tipos de sectores que
consideramos pueden aportar mucho valor añadido a nuestra economía.

3.1 Sectores de futuro
Los sectores con mayor futuro para la economía española son muy diversos entre sí.
En algunos casos se trata de sectores con un elevado componente tecnológico y unas
necesidades de formación de alta cualificación para sus trabajadores. En otros casos,
son sectores que van a aportar bienes y servicios que serán altamente demandados
en la sociedad del futuro, y que contribuirán a fomentar la sostenibilidad social.

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Aunque la lista no pretende ser exhaustiva, en la próxima legislatura propondremos la
elaboración de planes específicos de empleo para los siguientes sectores: energías
renovables; Tecnologías de Información y Comunicación; biotecnología, industria
aeroespacial, eco-industrias, agroalimentación, industrias culturales y servicios
sociales.

Energías renovables
El sector de renovables es uno de los que está experimentando mayores crecimientos
anuales en todas las regiones del mundo, pero especialmente en Europa donde la UE
está apostando fuertemente por estas energías. Junto con Alemania y Dinamarca
España es uno de los países líderes en el sector de las energías renovables en
Europa.
Hay cuatro factores que están contribuyendo al fuerte despliegue del sector de las
energías renovables en el mundo: (1) fuerte crecimiento del consumo energético a
nivel mundial; (2) el agotamiento de los recursos energéticos convencionales; (3) la
preocupación por el cambio climático; y (4) el objetivo de reducción de la dependencia
energética. De ahí nuestra apuesta por este sector, un sector de futuro, con gran
capacidad innovadora y exportadora, y con un gran potencial de creación de empleo
en los próximos años.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
El amplio sector de las TIC sigue siendo uno de los que ofrecen mayores expectativas
de crecimiento en el futuro. La Sociedad de la Información se está expandiendo
continuamente en todos los ámbitos de la vida, sea el laboral, el de los servicios
públicos o la vida personal, lo que asigna al sector TIC un papel crucial por su amplia
transversalidad. De ahí, nuestra apuesta por impulsar este sector como generador de
empleos en la próxima legislatura.

Biotecnología
El crecimiento de este sector en España es actualmente muy elevado, superior a la
media europea, tanto en producción científica como aplicada, lo cual señala el
potencial de desarrollo que puede alcanzar durante los próximos años
La iniciativa europea a la hora de plantear una estrategia en materia biotecnológica,
resulta de crucial importancia para su definición a nivel nacional. En el caso de
España, pese a que el sector está siendo apoyado de forma correcta y logrando unos
avances notables, existen aún determinadas áreas donde es necesario actuar de
forma más efectiva en algunos aspectos no suficientemente cubiertos.

Industria aeroespacial
La industria aeroespacial española ocupa una posición destacada dentro de Europa, y
tiene unas especiales características (fuerte capacidad exportadora, elevada inversión
en I+D, potencial de transferencia de tecnología a otros sectores y la alta cualificación

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de la mano de obra que emplea) que hacen que este sector tenga un enorme potencial
de desarrollo futuro.
Para lograr el máximo desarrollo posible de la industria aeroespacial en España es
necesario continuar con el apoyo público que el Gobierno ha venido prestando al
sector, y por ello en la próxima legislatura aprobaremos un plan de empleo del sector
aeroespacial.

Eco-industrias
El amplio sector de actividades industriales que se engloban bajo el concepto de “eco-
industrias” comprende las siguientes categorías: gestión de la contaminación,
producción de bienes y servicios directamente asociados con la protección de los
recursos naturales, e industrias vinculadas indirectamente con el medio ambiente.
En España este sector de actividad ya ocupa alrededor de medio millón de
trabajadores, pero posee un gran potencial de crecimiento si se aplican medidas
adecuadas de impulso. Especialmente importantes por su relevancia social y su
capacidad de crear nuevos empleos son la depuración de aguas, la gestión de
residuos, la protección y mejora de zonas forestales, y la agricultura y ganadería
ecológicas.
En comparación con otros países europeos el peso de las eco-industrias en España es
mucho menor. Esto quiere decir que hay un gran potencial no aprovechado y que este
sector puede contribuir de una manera importante a absorber la mano de obra poco
cualificada que salió del sector de la construcción como consecuencia de la crisis.

Agroalimentación
La industria de productos de la alimentación y bebidas en España es una de las ramas
de actividad más destacadas de la industria manufacturera, en términos de valor
añadido de la producción y de volumen de empleo. Por otro lado, es uno de los
sectores que contribuye de forma notable a las exportaciones de nuestro país.
El sector agroalimentario tiene ante sí dos retos: uno de ellos a corto plazo que es
recuperar los niveles de actividad y empleo anteriores a la crisis, lo cual le sitúa en un
escenario de creación de puestos de trabajo en cuanto comience la recuperación. El
segundo reto, de medio y largo plazo, es lograr un crecimiento sostenido de las
actividades de I+D+i en este sector, para desarrollar nuevos productos y abrir nuevos
mercados en el exterior.
El sector necesita medidas de impulso, que se concretarán en un plan de empleo para
el conjunto de la industria agroalimentaria, para ayudar a superar las dificultades que
afrontan las empresas y mejorar el funcionamiento de las cadenas de producción-
transporte-distribución.

Industrias culturales
El valor económico de las industrias culturales en el mundo es hoy incuestionable. Son
numerosos los estudios que indican el impacto económico dinamizador que la

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actividad y las industrias culturales pueden tener a nivel local y nacional. Al tratarse de
un sector muy intensivo en factor trabajo, su desarrollo supone un aumento importante
del empleo de calidad y un impulso notable de la economía basada en el
conocimiento. Además, se trata de un sector con un componente creativo y de
innovación significativa, lo que afecta directa e indirectamente a otros sectores.

Servicios sociales
El sector de los servicios sociales, llamado de empleos blancos, es muy intensivo en
mano de obra, y es uno de los que más puede crecer en los próximos años. La
provisión de servicios sociales está viviendo grandes cambios y su peso en la
economía y su importancia para la sociedad están creciendo continuamente. Dos
tendencias influyen fundamentalmente en este desarrollo: el cambio demográfico, que
conduce a la existencia de un mayor porcentaje de personas en la tercera edad con
sus necesidades específicas, y la participación creciente de las mujeres en el mercado
de trabajo, con el cambio de papeles tradicionales que ello conlleva.
La Ley de Dependencia y el Plan Educa 0-3 son algunos de los principales
instrumentos que servirán de palanca para expandir los derechos sociales y mejorar la
calidad de vida de familias, mayores y niños. Junto a ellos, el plan de empleo para los
servicios sociales impulsará todo un amplio conjunto de medidas destinadas a
promover la creación de nuevos empleos en este sector.

3.2 Sectores renovados
Hay determinados sectores que tienen actualmente un peso considerable en nuestra
estructura productiva, y que es imprescindible que continúen con su actividad para
mantener el empleo que generan. Pero, simultáneamente, se requiere que estos
sectores reorienten sus productos y sus procesos productivos para lograr una mayor
sostenibilidad.
En particular, consideramos que durante los próximos años, hay tres sectores que
seguirán siendo motores importantes para la economía española, pero que necesitan
una profunda reorientación hacia una mayor sostenibilidad para poder formar parte del
nuevo modelo productivo:
• La construcción, que debe redimensionarse y perseguir nuevos objetivos, no
centrados en el aumento continuo del parque de nuevas viviendas, sino en
actividades de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del sector
residencial.
• El turismo, que debe abandonar el tradicional modelo de oferta de calidad
media-baja y precios baratos, y reinventarse con nuevas modalidades de oferta,
para mantener su nivel de competitividad y mejorar su sostenibilidad.
• El transporte, que debe alcanzar un reparto modal más equilibrado, para dar una
respuesta más sostenible a las fuertes demandas de movilidad de personas y
mercancías.
En la próxima legislatura propondremos elaborar planes específicos de empleo para
estos tres sectores.

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3.3 Sectores industriales tradicionales
Dado su peso en la economía española, por su aportación al PIB y la ocupación de
alrededor de medio millón de trabajadores (empleos directos), hay que prestar
especial atención a diversos sectores tradicionales en nuestra industria. Proponemos
la elaboración de planes específicos para estos sectores, que deben ayudar a resolver
sus principales dificultades, así como poner en marcha medidas para acompañar su
ajuste a la nueva realidad de un entorno internacional cada vez más competitivo.
Si bien no se trata en general de sectores con perspectiva de fuertes crecimientos
futuros, estas actividades industriales van a mantener su importancia dentro del PIB
español a corto y medio plazo, por lo que es necesario prestarles apoyo y atención
desde el ámbito estatal.
Por ello, proponemos la elaboración de planes específicos de empleo para los
sectores de textil y confección; calzado y cuero; cerámica y mármol; automoción;
madera, mueble y corcho; y juguete.

4. Apoyo a los emprendedores para crear más y mejores empresas
La recuperación de la actividad y el empleo en los próximos años va estar
estrechamente ligada a la creación de nuevos proyectos empresariales y al
autoempleo y al crecimiento del amplio tejido de PYMEs existente. En esta
recuperación también van a jugar un papel fundamental las empresas de la economía
social en la medida que son precursoras y están comprometidas con el nuevo modelo
productivo que queremos impulsar, en su triple dimensión económica, social y
medioambiental.
Un nuevo crecimiento económico requiere empresas mejores, mayores y más
productivas, capaces de satisfacer a mercados más concurridos y con mayores
exigencias de calidad, dinamismo y grado de internacionalización. Para conseguir
estos objetivos los cambios en las empresas deben dirigirse a incrementar la
dimensión, aumentar la gestión profesional y buscar la internacionalización.
Durante los dos últimas legislaturas hemos hecho una apuesta clara por los
emprendedores, que en su inmensa mayoría optan por el autoempleo, individual
(trabajo autónomo) o colectivo (cooperativas y sociedades laborales). Hemos
impulsado la Ley que regula el Estatuto del trabajo autónomo, garantizando por
primera vez los derechos de los trabajadores autónomos, también se aprobó la
primera Ley en el ámbito europeo que regula la prestación por cese de actividad de los
trabajadores autónomos. La economía social ha tenido un fuerte impulso durante estas
últimas legislaturas y aunque esta materia está transferida a las Comunidades
Autónomas se ha aprobado la Ley que regula las cooperativas europeas y la Ley de
Economía Social.
También en los últimos años nuestro tejido empresarial se ha visto favorecido con
medidas fiscales, financieras y de simplificación administrativa, cuyo objetivo ha sido
fomentar el emprendimiento, el crecimiento empresarial, la innovación, la
internacionalización y suavizar así los efectos de la crisis económica. A pesar de estos
innegables avances, necesitamos reforzar el emprendimiento y la creación de nuevas
empresas y fomentar la creación de un tejido empresarial de mayor tamaño.

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España cuenta actualmente con un dinamismo empresarial menor al de los países de
vanguardia en materia emprendedora, con unas tasas de creación de empresas
menores y un tejido productivo excesivamente atomizado, con escasa presencia de
empresas de tamaño mediano y grande y una baja proporción de empresas
innovadoras.
Para corregir esta situación debemos, en primer lugar, estimular el emprendimiento,
como elemento fundamental de creación de tejido empresarial innovador y
competitivo. La figura del emprendedor debe ser central en el proyecto progresista,
pues es reflejo de la libertad individual y al mismo tiempo es síntoma del cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades en materia económica. Por ello, nos
proponemos elevar la tasa de creación de empresas en España del 7% actual hasta
llegar al 10% correspondiente a las principales economías europeas; de forma que
cada año se creen algo más de 350.000 nuevas empresas, incluyendo a sociedades
mercantiles y autónomos.
En segundo lugar, es fundamental impulsar el crecimiento de las empresas existentes.
Menos del 20% de nuestras empresas cuentan con más de 250 trabajadores, mientras
que en Alemania superan el 40%. Las empresas de mayor tamaño pueden emprender
con mayores garantías y efectividad los procesos inversión, especialmente en
innovación y formación, que se requieren para competir en los mercados mundiales y
generan puestos de trabajos más estables y de mayor calidad. Por ello, nos
proponemos que en los próximos años 10.000 empresas que actualmente son de
tamaño pequeño pasen a ser medianas.
En tercer lugar, es vital apoyar a nuestras empresas en su internacionalización, ya que
constituye el motor de muchos de estos procesos de crecimiento. Nuestra base
empresarial exportadora se ha expandido de forma ininterrumpida en los últimos años.
Contamos con cerca de 39.000 empresas exportadoras que llevan cuatro años
colocando sus productos en el exterior y con algo más de 70.000 que lo hacen de
forma ocasional, pero seguimos lejos de niveles europeos. Por ello, nos proponemos
aumentar el número de empresas exportadoras regulares hasta alcanzar las 50.000 al
final de la legislatura.
Para ello presentaremos una Ley de Fomento Empresarial, con los siguientes
contenidos:
- Facilitar y estimular la creación de nuevas empresas.
- Apoyar el crecimiento de las jóvenes empresas innovadoras.
- Mejorar la financiación para las PYMEs.
- Reducir cargas administrativas.
- Fomentar la consolidación y el crecimiento.
- Promover la internacionalización.

5. Fomento de la Economía Social
Los socialistas estamos convencidos que la creación de empresas propicia el
crecimiento económico y del empleo, pero también queremos que ese crecimiento se
traduzca en mayores cotas de bienestar y cohesión social. De ahí nuestro compromiso

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firme en materia de fomento de la Economía Social, un importante sector de nuestra
economía que genera empleo de calidad (casi 2,5 millones de personas están
vinculados directa e indirectamente) y con una elevada contribución a la mejora de la
sostenibilidad de nuestro país, así como a la cohesión social y territorial.
Con la aprobación de la Ley de Economía Social en marzo de 2011 hemos tratado de
dar un marco de reconocimiento y estabilidad a las actividades de las empresas de la
economía social, a la que hay que añadir otras iniciativas importantes abordadas por el
Gobierno:
-‐ La Ley de Empresas de Inserción, que aborda la regulación de estas empresas de
inserción con el objetivo de servir como un instrumento más a la inserción de los
sectores excluidos de la sociedad.
-‐ La Ley de la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España que permite
la intensificación de actividades transnacionales a las sociedades cooperativas y,
en el caso de las cooperativas españolas de gran dimensión, su alianza con las de
otros países de la Unión Europea.
-‐ En materia de autoempleo, recientemente hemos legislado para que sobre estas
cuestiones se consulte al Consejo para el Fomento de la Economía Social,
además de al Consejo del Trabajo Autónomo.
El futuro de la Economía Social en nuestro país es prometedor. Hay potencial de
crecimiento y muchos empleos para generar en los próximos años. Y lo vamos a
impulsar y acompañar en la próxima legislatura como lo hemos venido haciendo hasta
ahora con las siguientes medidas:
-‐ Actualizar las normas que regulan a las empresas de la economía social con el
objeto de que mejoren su gestión y, a su vez, se fortalezcan los principios y valores
que las caracterizan. En concreto, se reformará la Ley de Sociedades Laborales.
-‐ Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social
que destinen excedentes empresariales para que los trabajadores asalariados de
estas empresas pasen a formar parte de las mismas con la condición de socios
trabajadores.
-‐ Igualmente y en el campo del trabajo autónomo se potenciarán las agrupaciones
de los autónomos y profesionales.
-‐ Potenciar la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los
concursos públicos basado en compromisos efectivos de creación de empleo,
desarrollo local, cohesión social, RSE, etc.
-‐ Articular mecanismos para que la Economía Social participe en todas las
Administraciones donde se diseñen políticas públicas.
-‐ Generar mecanismos de diálogo permanente para participar en la elaboración de
los Programas de Reforma, para que la Economía Social pueda contribuir de
manera efectiva a realizar propuestas y contribuya a los objetivos a los que se ha
comprometido España como Estado miembro de la Unión Europea.
-‐ Analizar las reformas a realizar en leyes, órdenes y decretos de tal forma que no
se discrimine negativamente a las empresas de Economía Social frente a otras
formas de empresa sino que se incentive a su desarrollo y difusión

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-‐ Aprobación por parte del Gobierno del Programa de impulso a las entidades de
Economía Social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a
las que generen empleo para sectores más desfavorecidos, según establece la
Ley 5/2011.
-‐ Incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión social por parte de
las Empresas de Inserción mediante el incremento de las bonificaciones de esos
contratos, además de otros incentivos fiscales.
-‐ Establecer medidas de apoyo para la para la promoción de la participación en los
programas de desarrollo local, así como el fomento del autoempleo colectivo como
fórmula de creación de empleo estable.
-‐ Establecimiento de una Comisión de Seguimiento a nivel estatal para organizar la
participación institucional del sector en relación a las convocatorias específicas de
Planes de Economía Social, que hasta ahora no cuentan con ningún canal de
comunicación, participación, interlocución.
-‐ Establecer un marco claro y estable de relación entre el sector público y el privado
en la provisión y desarrollo de servicios de atención a la dependencia, en especial
en torno al papel que cada parte ha de tener en los planes de desarrollo de
infraestructura y servicios. La Ley de Dependencia establece la colaboración y
cooperación entre el sector público y privado, y en ese marco se debe facilitar que
las Empresas de Economía Social operen en el mismo como proveedores y
prestadores de Servicio. Por ello se propone incluir el desarrollo de cláusulas de
contratación que permitan que el valor diferencial de la Economía Social sea tenido
en cuenta en los procesos de contratación pública.
-‐ Incentivar la creación de “empresas en prácticas”. Una importante labor que
pueden realizar los servicios públicos de empleo es la difusión de información
sobre perfiles de personas desempleadas en distintas CC AA, de la que se
dispone pero no se explota. La posibilidad de crear grupos piloto, en especial de
tipo cooperativa, para la creación de empresas solo requeriría combinar los perfiles
laborales adecuados que hay en distintas CC AA y ponerlos en contacto entre sí
(algo muy difícil desde la iniciativa individual) y con la perspectiva de la economía
social, como forma de creación de tejido empresarial, social-medioambiental y
económicamente responsable.

6. Responsabilidad social corporativa
Para aprovechar la extraordinaria oportunidad que se nos ofrece hoy para que las
empresas sean aliadas de los objetivos del bienestar, en la creencia de que la
responsabilidad social de las empresas (RSE) puede ser el marco filosófico adecuado
a la progresiva implicación de las empresas en un proyecto de sociedad justa, así
como una apuesta central por la excelencia y la competitividad en la globalización de
nuestras empresas, reclamaremos del Consejo Estatal la elaboración de una
estrategia para el impulso de la RSE en nuestro país que contemple :

-‐ La extensión en la práctica de las Memorias Sostenibles de las empresas y la
homologación de los sistemas de transparencia. En concreto, las grandes
empresas, con más de 1.000 asalariados, tendrán que comunicar anualmente al

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Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, sus informes sobre
Responsabilidad Social Empresarial. El Consejo elaborará un informe anual sobre
el grado de implantación de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial,
en las grandes empresas españolas.
-‐ Las Administraciones Públicas presentarán una Memoria Anual de
Responsabilidad Social, en la que se informe sobre cuáles son los sistemas que se
están aplicando en la gestión pública para que ésta sea socialmente responsable y
qué resultados se obtienen.
-‐ La consideración en la adjudicación de los contratos del sector público, de aquellas
que tengan acreditada su condición de empresas socialmente responsables, según
los criterios recomendados por el Consejo Estatal de RSE.
-‐ El fomento de la Inversión Socialmente Responsable, de tal forma que los fondos
de inversión y los de pensiones informen anualmente, sobre si las inversiones que
realizan tienen en cuenta criterios socialmente responsables y, si es así, harán
público dicho informe y en el caso contrario, informarán de porqué no los tienen en
cuenta. Las Administraciones Públicas gestionarán sus inversiones y fondos
mediante criterios socialmente responsables.
-‐ En la adjudicación de los contratos del sector público entre varias empresas, se
valorará a aquellas que tengan acreditada su condición de empresas socialmente
responsables según los criterios recomendados por el Consejo Estatal de RSE.
-‐ Estableceremos una política de estímulos a la Responsabilidad Social Empresarial
de acuerdo con criterios vinculados a aspectos como el gobierno corporativo, los
derechos humanos, el ámbito laboral, los proveedores, la acción social y el
impacto ambiental.

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la igualdad del siglo XXI
es la igualdad
de oportunidades

programa electoral

la igualdad del siglo XXI es la igualdad de oportunidades

IV. LA IGUALDAD DEL SIGLO XXI ES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. Los años del avance social
La construcción y desarrollo del Estado del Bienestar ha sido siempre la prioridad
absoluta del PSOE. Lo fue mientras la evolución económica era favorable, cuando
aprovechamos para ampliarlo; pero también durante la crisis, para preservarlo y
garantizar su futuro.
En estos siete años hemos trabajado para mejorar la protección de las personas más
vulnerables. El Gobierno socialista ha invertido en 2011 un 60% más en política social
que el Gobierno del PP en su último presupuesto de 2004, en torno a 70.000 millones
de euros.
Así, hemos aumentado el salario mínimo interprofesional un 40%, recuperando el
terreno perdido durante el Gobierno del PP; y hemos aumentado el poder adquisitivo
de las pensiones de menor cuantía en un 27%, reduciendo la tasa de pobreza entre
los mayores. La pensión de viudedad con cargas familiares ha aumentado en un 78%
con el Gobierno socialista.
En los últimos años de crisis hemos reforzado la protección social para suavizar su
impacto negativo sobre las personas que más la están sufriendo. Así, se ha
aumentado la cobertura por desempleo a trabajadores de más edad, a las mujeres, a
los cooperativistas y a trabajadores agrarios, e introducido una prestación por cese de
actividad para autónomos. En total, la tasa de cobertura de la prestación por
desempleo se sitúa en el 75% de los trabajadores desempleados, muy superior al
60% que había en el año 2004.
Las políticas socialistas se han centrado también en desarrollar la educación y la
sanidad pública de calidad. Se ha duplicado el presupuesto destinado a educación y
aumentado el de sanidad. Más de 400.000 estudiantes que antes de 2004 no tenían
medios para estudiar disponen hoy de una beca. La receta electrónica, el historial
clínico digital y la racionalización del consumo de medicamentos han mejorado los
servicios sanitarios, reduciendo sus costes.
Hemos puesto en marcha un nuevo pilar del Estado del Bienestar, referencia
internacional de progreso, con el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia. Gracias a él hoy más de 700.000 personas en situación de
dependencia que antes no disponían de ningún tipo de ayuda pública ya reciben un
servicio o prestación, y se han generado 260.000 empleos en el sector desde su
creación.
Hemos sido pioneros en Europa en el reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad, desde la perspectiva de derechos humanos recogidos en la
Convención de Naciones Unidas, y desarrollando la misma mediante leyes y políticas
concretas.
Hemos recuperado la función social básica de la política de vivienda. Más de 1,5
millones de personas se han beneficiado de los recursos destinados a ella, que se han
duplicado en estos años. Hemos creado por primera vez la Renta Básica de
Emancipación gracias a la que 270.000 jóvenes en nuestro país pueden vivir hoy de
manera independiente.

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Desarrollamos una auténtica política de conciliación de la vida familiar y laboral. La
implantación progresiva de las escuelas infantiles con el programa Educa 3 ha llevado
a la plena escolarización de 3 a 5 años y una cobertura del 30% de 0 a 2 años. Se ha
creado por primera vez en España el permiso de paternidad, del que ya han disfrutado
más de un millón de padres, y se ha ampliado el permiso de maternidad. Desde 2004,
hemos duplicado los recursos a permisos relacionados con la natalidad,
incrementándolos en más de 1.000M€.
Asimismo, hemos prestado un apoyo firme a la importante labor de las organizaciones
sin ánimo de lucro y el tercer sector de acción social. Así, se ha aumentado la
asignación tributaria del IRPF del 0,5% al 0,7%, lo que ha doblado los recursos
provenientes de esta vía.
En definitiva, los Socialistas hemos hecho una apuesta decidida en materia de política
social durante los últimos años, incluso en el período económico más duro de nuestra
historia reciente. Fruto de ello, y a pesar de los ajustes que ha requerido la crisis,
España cuenta hoy con un Estado del Bienestar más fuerte y mejor que el que
teníamos en 2004, que ofrece una mayor protección a los ciudadanos y que está más
preparado para afrontar los retos del medio y largo plazo.

2. Ejes de la política social del futuro
El mundo vive profundas transformaciones. Hemos pasado de una economía industrial
a una economía del conocimiento y de servicios, cada vez más basada por tanto en el
capital humano. Observamos cómo, en un irreversible proceso globalizador, las
economías y sociedades son cada vez más abiertas, los mercados financieros más
desarrollados y cómo aparecen nuevas potencias emergentes.
En este contexto, los socialistas tenemos claro nuestro proyecto social de futuro:
garantizar la igualdad de oportunidades. Queremos un modelo de sociedad para
nuestro país en el que todos los ciudadanos, con independencia de las características
familiares, del nivel socioeconómico, del sexo, de la orientación sexual, de las
capacidades físicas o psíquicas, de su origen étnico, se encuentren en condiciones de
desarrollar su vida con libertad, sin más condicionantes que las propias decisiones
individuales.
Ambicionamos una ciudadanía fortalecida en sus derechos y en su dignidad frente a
los poderes que limitan la libertad real y dificultan la igualdad efectiva. Trabajamos
para lograr el progreso individual dentro de un proyecto de progreso colectivo y
cohesión social porque sabemos que no puede haber desarrollo ciudadano en libertad
sin una base común de igualdad. Todo ello nos obliga a abordar con una nueva mirada
los retos actuales del Estado del Bienestar, y nuestras respuestas de futuro.

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2.1 Una inversión social que genere crecimiento económico y empleo. Preparar
antes que reparar
El primer reto que tenemos que afrontar para desarrollar nuestro modelo social es, sin
duda, el crecimiento económico y la generación de empleo. No es posible sostener un
Estado social avanzado si no contamos con una economía que crezca de manera
sostenible y que tenga como objetivo la creación de empleo; como tampoco es posible
que la economía crezca de forma sostenible sin desarrollo social y humano.
Hoy es más evidente que nunca que la mejor inversión en crecimiento y empleo de
futuro es la inversión social. La crisis ha demostrado que el principio de la derecha
según el que basta con favorecer cualquier tipo de crecimiento económico para
generar bienestar social no es válido. El crecimiento debe acompañarse de políticas
sociales que garanticen que todos los ciudadanos se benefician de él por igual. Y debe
basarse en la mejora permanente de nuestro capital humano y social, la mayor riqueza
de las sociedades con futuro.
La política social del futuro debe concebirse y diseñarse por tanto como inversión, y no
como gasto. Queremos “preparar” antes que “reparar”. Preferimos dotar de recursos y
oportunidades a los individuos antes que dejar al mercado, con su injusta dotación
inicial de recursos y oportunidades, funcionar libremente para luego indemnizar a los
perdedores.
Nuestro programa social, por ello, une el mantenimiento de las políticas de protección
y el desarrollo de nuevas políticas de activación. Para alcanzar nuestros objetivos
tenemos que equilibrar la perspectiva estática, que se limita a aliviar las dificultades
presentes en los individuos o bien a mantener los ingresos perdidos, con una
renovada perspectiva dinámica, que piensa los problemas sociales en términos de
trayectoria vital, y de futuro.
El Estado del Bienestar que queremos es un sistema con una fuerte dimensión
activadora. Es decir, orientado hacia inversiones sociales preventivas que minimicen
indemnizaciones futuras y que capaciten a los ciudadanos. Ambos enfoques no sólo
son compatibles sino que, además, son totalmente necesarios. Sin políticas que
aseguren rentas y recursos a quienes atraviesan dificultades, no serán efectivas ni
posibles las políticas de activación. Pero las políticas de protección tampoco serán

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posibles sin ese enfoque de la política social como motor de competitividad y
productividad.

2.2 Una política social adaptada a la realidad de las personas. Respondiendo a
todas las dimensiones de la igualdad
Hoy existen nuevas brechas de desigualdad que no siempre encajan en la tradicional
dimensión socio-laboral o de rentas. En esta sociedad cada vez más compleja,
diversificada y fragmentada, las carencias de formación, la brecha digital, las cargas
familiares, los problemas de emancipación, la inmigración o la economía sumergida se
unen al desempleo, la precariedad laboral o la falta de autonomía personal como
obstáculos a tener en cuenta en el diseño de nuestras políticas de bienestar.
Asimismo, y como ha ocurrido en la mayoría de las economías desarrolladas, en los
últimos años en nuestro país se ha producido un aumento de la desigualdad de renta
como consecuencia de la crisis. Por eso, por razones de equidad y de eficiencia de
nuestro modelo social y económico, debemos mejorar los elementos de pre- y re-
distribución de la renta, particularmente a través de una distribución más justa de la
presión fiscal, con una contribución significativamente mayor de las rentas muy altas.
En paralelo, tenemos que gestionar sociedades cada vez más diversas. Sociedades
muy plurales, que presentan intereses y valores heterogéneos, que viven situaciones
laborales, personales y familiares muy diferentes y en las que existe una creciente
variedad de roles.
Mejoraremos la eficacia y la equidad de nuestro Estado del Bienestar si adaptamos los
servicios públicos a las necesidades reales de las personas. Es un requisito de
eficacia ya que, ante la creciente riqueza y complejidad social, se necesitan políticas
adaptadas a las situaciones particulares de los individuos, que fomenten el adecuado
desarrollo de sus capacidades individuales. Por ello, los servicios públicos deben
tender a ser cada vez más personalizados y flexibles.

2.3 La nueva igualdad de oportunidades. Nos define lo que hacemos, no de
dónde venimos
La igualdad de oportunidades se refiere a la garantía de que el talento, creatividad,
trabajo y esfuerzo de todos valgan lo mismo, y contribuyan por igual al desarrollo
común. Esta nueva manera de definir la política social sólo se hace posible cuando
nuestros jóvenes se enfrentan a la vida con las mismas posibilidades al margen de su
condición social, de su sexo, de su origen étnico, o de cualquier otra condición. De
igual manera, todos los seres humanos tenemos derecho a nuestra salud, a la
protección de nuestra vida frente a la enfermedad o el siniestro en las mismas
condiciones, al margen de nuestras posibilidades económicas.
Sólo unos servicios públicos universales, gratuitos y de máxima calidad, pueden
materializar esos derechos esenciales. Solo la izquierda, solo los socialistas, el PSOE
en España, verdadero impulsor y constructor del Estado del Bienestar que tenemos,
puede garantizar su sostenibilidad, es decir, su mantenimiento, fortalecimiento y
desarrollo futuro. Y lo haremos sin reducir el gasto social, buscando nuevas fórmulas
de financiación pública y aplicando medidas para generar mayor eficiencia en el uso
de los recursos.

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2.4 Una política social de futuro, y con futuro. Gestión y prestación de servicios
eficiente, y racionalidad en el uso
En situaciones críticas como la que hoy atravesamos, la sensibilidad social que
caracteriza a la izquierda se hace más necesaria que nunca. La inversión social debe
ser financieramente sostenible en épocas de crisis. Pero a diferencia de la derecha,
los socialistas nos comprometemos a sostener los grandes servicios públicos de
protección social y defender una concepción progresista y justa de los dos grandes
derechos de igualdad que configuran el Estado Social y del Bienestar: la educación y
la sanidad.
La mejora de la sostenibilidad financiera de la política social pasa para nosotros por
garantizar una mejor gestión y funcionamiento de nuestros servicios públicos, y un uso
racional y adecuado de los mismos, y no por su eliminación. La política social debe ser
en este sentido una política estrictamente eficiente. Los servicios públicos deben
aplicar con creatividad y rigor mejoras en la gestión que maximicen la eficiencia en la
prestación y garanticen la calidad. Para ello, mejorar el gobierno de las organizaciones
públicas es imprescindible.
Asimismo, el objetivo de equidad exige prevenir y perseguir cualquier uso abusivo o
fraudulento de los servicios sociales, que socavan la legitimidad de las propias
políticas sociales.

2.5 Una política social igual en derechos y coordinada entre territorios. Iguales
derechos para todos, y más cerca
Combatir la desigualdad con la política social también implica atender a las
desigualdades inter-territoriales fortaleciendo la cohesión territorial. En materia de
política social, las competencias recaen en el nivel de gobierno que más eficazmente
puede gestionarlas, lo que ha generado beneficios muy importantes en términos de
proximidad y calidad. Pero para que el sistema funcione correctamente necesitamos
que exista colaboración plena entre los tres niveles de la Administración y las distintas
administraciones territoriales.
Por eso, un vértice importante de nuestro programa social es el impulso de la
coordinación y cooperación interadministrativa entre los niveles estatal, autonómico y
local, y entre territorios. Necesitamos la concertación a todos los niveles para hacer
eficaces los programas y efectivos los derechos. Además, es necesario derribar
barreras territoriales para garantizar la completa movilidad entre los servicios sociales
de todo territorio estatal, estableciendo sistemas de información común, con
indicadores objetivos comparables que ofrezcan transparencia sobre los resultados, y
eliminando duplicidades que suponen un derroche. Asimismo, tenemos que elaborar
catálogos de derechos y deberes que definan servicios comunes, estándares de
calidad y los correspondientes indicadores de evaluación por Comunidades
autónomas.

3. La educación de hoy, las oportunidades del mañana
La educación no es un gasto, sino una inversión de futuro irrenunciable para generar
desarrollo económico y bienestar social.

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La política educativa ha sido y será siempre una prioridad de los socialistas por
constituir el primer factor de progreso tanto individual como colectivo y erigirse en la
pieza esencial de la igualdad de oportunidades. Hemos impulsado el modelo que ha
garantizado la equidad y la universalización de nuestro sistema educativo. La calidad
de la educación para todos debe conseguirse sobre la base de un proyecto amplio y
plural que gire sobre la escuela pública de excelencia. La formación, además,
promueve el ejercicio de una ciudadanía responsable.
El futuro de la sociedad depende de la educación, por su carácter igualador y su
importancia estratégica para la acumulación de capital humano, vital para el
crecimiento en el marco de una economía moderna, innovadora y competitiva. Para
reorientar nuestro modelo de crecimiento económico, incrementar la competitividad y
la productividad de nuestras empresas es imprescindible elevar el nivel de formación
de todos los ciudadanos, lo que les permitirá más opciones de acceso al empleo.
La propuesta educativa socialista se basa en los valores de igualdad, inclusión,
socialización, así como los de mérito, esfuerzo, excelencia y promoción del talento.

3.1 Nuestro compromiso: invertir más y mejor en educación
Al inicio de la legislatura, el Gobierno presentará en el parlamento los objetivos
educativos para la próxima década en el marco de la Estrategia Europa 2020, junto
con una memoria económica para su cumplimiento. El Gobierno propondrá a las
comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, los
programas de cooperación territorial y las acciones prioritarias para la consecución de
tales objetivos. Al mismo tiempo, se fomentará la evaluación y racionalidad en el uso
de los recursos disponibles para la obtención de su máximo rendimiento.

3.2 Extensión de la oferta educativa en las diferentes etapas de la vida
La educación infantil es un elemento fundamental para compensar las desigualdades
de partida y contribuye a mejorar el posterior éxito escolar. Para seguir avanzando en
el objetivo de garantizar una plaza pública de educación infantil de 0 a 3 años a todas
las familias que lo requieran, en la próxima legislatura continuaremos la extensión de
las mismas.
Debemos favorecer la coeducación. El sexismo y los comportamientos violentos se
aprenden desde la infancia por lo que la población diana para trabajar en igualdad
debe ser la infancia y las instituciones socializadoras por excelencia: la escuela y las
familias. La formación y sensibilización de estos agentes es clave para que la infancia
crezca en valores de tolerancia, igualdad y respeto. Para lograrlo es necesario
garantizar que no exista separación entre niños y niñas en todos los centros
financiados fondos públicos.
Las nuevas demandas de la sociedad requieren más ofertas para la población adulta
que desee incorporarse a los procesos de formación a lo largo de la vida. Por eso,
incrementaremos las plazas en los diferentes niveles de la educación postobligatoria,
especialmente en formación profesional de grado medio, donde crearemos 200.000
nuevas plazas. Nuestro objetivo es conseguir que ningún alumno abandone el sistema
educativo hasta que alcance la formación y cualificación necesaria para su desarrollo
personal y profesional. También aumentaremos la oferta de formación dirigidas

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especialmente para los jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin ninguna
cualificación profesional.
En el ámbito universitario realizaremos un plan de reestructuración de la oferta
académica, especialmente en másteres, acorde con el interés social y la fortaleza
económica y de recursos humanos de cada institución. Impulsaremos la oferta de
programas de educación flexible que permitan simultanear el estudio con el trabajo.
Adicionalmente, fomentaremos la oferta formativa de educación para adultos y de la
universidad para personas mayores.

3.3 Los mejores profesores para un sistema educativo en continuo proceso de
mejora
Queremos atraer a los mejores profesionales, para lo que es necesario mejorar la
formación inicial, los procesos de selección, la formación en la práctica y establecer un
modelo de carrera profesional que reconozca la mayor implicación en la mejora de los
resultados del alumnado.
Evaluaremos el funcionamiento y resultados de los nuevos grados de infantil y primaria
y del máster de secundaria para ajustarlos a las competencias que requiere el
profesorado en las distintas etapas educativas.
Estableceremos un nuevo sistema de acceso al desempeño de la profesión con
características similares al modelo MIR existente en la sanidad, que contemple la
superación de unas pruebas en las que se acrediten los conocimientos científicos y
didácticos de la especialidad a la que se opta, dos años de formación práctica y teórica
en centros seleccionados por su calidad y con tutores experimentados y la superación
de una evaluación final en la que se contraste la formación adquirida. Por tanto, el
nuevo sistema de acceso a la función pública docente incluirá una fase de formación
general y una fase de prácticas docentes formativas, de dos años de duración
remunerados, que concluirán con la concesión del título de especialista.
El sistema de evaluación permitirá identificar a los mejores docentes, los cuales serán
incentivados para ingresar en el grupo de profesores de apoyo, desde el que
realizarán tareas de orientación y asesoramiento en los centros con mayor índice de
fracaso escolar, además de coordinar el funcionamiento de las aulas de refuerzo en
dichos centros y participar en el diseño e impartición de los programas de formación
permanente del profesorado.
Estableceremos un modelo de carrera profesional que valore el trabajo realizado en
los centros, tomando como referente fundamental el desarrollo de acciones y
proyectos de innovación e investigación educativa que promuevan una mejora del
rendimiento escolar de todo el alumnado. Este modelo debe incentivar y motivar al
profesorado así como incrementar su prestigio social.
Reforzaremos la formación inicial de los aspirantes a la dirección de los centros,
diseñando un nuevo programa de formación, en el marco de la Conferencia Sectorial
de Educación, y contando con la participación de directores experimentados.
Asimismo reforzaremos la formación permanente de los directores en ejercicio con el
fin de contribuir al mejor funcionamiento de los centros educativos y la mejora del
rendimiento escolar del alumnado.

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3.4 Éxito educativo de todo el alumnado
Cada alumno debe poder desarrollar al máximo sus capacidades potenciales. La
mejora del rendimiento del alumnado y la lucha contra el abandono escolar deberá
abordarse desde la perspectiva de la prevención en los primeros años de escolaridad,
reforzando y potenciando la estimulación precoz y la atención temprana dentro del
primer ciclo de educación infantil. Con ese fin estableceremos, en el marco de
convenios con las respectivas Comunidades Autónomas, contratos-programa con los
centros que fijen objetivos específicos para mejorar el rendimiento, tanto en las tasas
de éxito escolar como en las de continuidad en estudios postobligatorios. Los
contratos-programa deberán explicitar los compromisos de los centros para mejorar
sus resultados y los recursos que deben aportar las administraciones. Impulsaremos la
autonomía real de los centros para que puedan alcanzar los objetivos de mejora
específicos previstos en los contratos-programa e implicaremos a las Comunidades
Autónomas en su desarrollo a través de los oportunos convenios.
Extenderemos progresivamente la oferta de actividades de refuerzo (la
universalización del Plan PROA) a todos los centros públicos de Educación Primaria y
a los centros que imparten los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria.
Estas horas de refuerzo se centrarán especialmente en Lengua, Matemáticas e Inglés
con el fin de dotar a todo el alumnado de las competencias básicas necesarias para
finalizar con éxito la educación obligatoria. Así mismo se ofertarán simultáneamente
actividades de profundización dirigidas al alumnado con mayor motivación para
aprender. Se contratará al profesorado necesario para impartir tanto las horas de
refuerzo como de profundización.
Al finalizar la legislatura todos los centros ofertarán 5h por las tardes, de asistencia
voluntaria para el alumnado, dirigidas tanto al alumnado con mayores dificultades de
aprendizaje como al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.
La red de centros sostenidos con fondos públicos es el instrumento del que nos hemos
dotado para hacer efectivo el principio de una educación obligatoria y gratuita hasta los
16 años. Por ello, todos los centros sostenidos con fondos públicos, los públicos y los
privados concertados, deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones
para lo que deben cumplir los siguientes requisitos:
-‐‑ Garantizar una escolarización equilibrada de todo el alumnado con especiales
dificultades de aprendizaje.
-‐‑ Asegurar el principio de gratuidad efectiva para las familias
-‐‑ Llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente
Educar a todos entre todos, es un principio general que deben cumplir todos los
centros sostenidos con fondos públicos, pues la defensa del derecho de las familias a
escoger escuela para sus hijos en ningún caso se puede convertir en el derecho de los
centros a escoger a sus alumnos.
Los libros de texto son un instrumento necesario para la garantía de una educación
universal, por lo que los socialistas defendemos la gratuidad de este material en la
enseñanza básica. Paralelamente, se fomentará la creación y el acceso a contenidos
digitales a través de Internet.

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Todos los jóvenes que finalicen la educación obligatoria sin obtener el título de
graduado recibirán un certificado en el que se indicará el nivel de adquisición de las
competencias básicas. Las administraciones educativas ofertarán la formación
complementaria que requieran para poder obtener el título a través de las
correspondientes pruebas.
Se permitirá que el alumno curse el bachillerato en modalidad flexible y por
asignaturas, completándolo en el número de años que requiera, según sus
posibilidades.

3.5 Impulso decisivo al aprendizaje de inglés
El conocimiento del inglés resulta determinante en la mejora de la empleabilidad y la
productividad en una sociedad globalizada e inmersa en un proceso de reformas
estructurales para hacer frente al desarrollo de un nuevo modelo económico y
productivo. La competencia en idiomas deja de ser un valor añadido para convertirse
en una necesidad esencial para hacer frente a los retos económicos, sociales y
educativos de nuestro país.
La mejora constante del inglés requiere un esfuerzo importante adicional por parte del
Gobierno en coordinación con las comunidades autónomas, que abarca desde la
formación inicial del profesorado que ingresará en los próximos años en el sistema
educativo, la actualización en competencia lingüística del profesorado que imparte
docencia actualmente, la creación de contextos adecuados que faciliten a la población
adulta el aprendizaje de idiomas, la generalización de la movilidad de profesorado y
alumnado por Europa y la concienciación de la sociedad en general sobre la
necesidad de estos aprendizajes.
El objetivo final es la mejora de la competencia de la población española en inglés y
conseguir que todos los alumnos al finalizar la enseñanza postobligatoria alcancen un
nivel de dominio equivalente al menos al B-1 del Marco común europeo de referencia
para las lenguas desarrollado por el Consejo de Europa. Para ello:
-‐ Se incrementará la presencia de profesores nativos por cada centro público de
primaria, y el intercambio de profesores españoles con centros extranjeros.
Igualmente, el número de auxiliares de conversación en los centros educativos
financiados por el Ministerio de Educación pasará de los 3.000 actuales a 10.000
la próxima legislatura.
-‐ Se facilitarán ayudas a maestros y estudiantes del grado de maestro y del máster
de secundaria para el perfeccionamiento del inglés, con duración mínima de doce
semanas. Se fomentará el intercambio de alumnos en prácticas del grado de
maestro mediante convenios con universidades españolas y europeas.
-‐ Se establecerán, de acuerdo con la Conferencia Sectorial de Educación, las
características de las enseñanzas plurilingües y los requisitos de los centros en los
que se impartan, apoyando el diseño de proyectos lingüísticos para promover el
aprendizaje de inglés. Del mismo modo, se fomentarán los centros que impartan
enseñanza bilingüe, tanto en formación profesional como en universidad.
-‐ Se pondrá en marcha en 800 centros un programa de acompañamiento en horario
extraescolar de aprendizaje de inglés en grupos reducidos para alumnado de

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primaria, y un programa de colonias escolares de verano de inmersión lingüística
para primer ciclo de ESO en distintas sedes.
-‐ Se fomentará el aprendizaje de inglés en las primeras etapas educativas, a través
de clases de conversación, mediante el apoyo de estudiantes extranjeros
procedentes de países de la Unión Europea que se encuentran en España gracias
a una beca Erasmus.
-‐ En la televisión aparecerá como primera opción la emisión de contenidos
audiovisuales en versión original subtitulada en distintas franjas horarias,
especialmente en la programación infantil y juvenil.

3.6 Amplio sistema de becas para facilitar el estudio en todos los niveles
educativos
Durante esta segunda etapa de gobierno socialista hemos impulsado el desarrollo de
la política de becas más ambiciosa de nuestra historia. En el curso 2003/2004 había
en España 2.675.100 becarios en todos los niveles de enseñanza. Desde entonces, el
número de beneficiarios ha aumentado en 400.000 estudiantes, lo que supone un
incremento del 15%. Se ha ampliado de manera importante la cuantía media recibida,
especialmente para los alumnos de menor renta. Además, con los socialistas, ha
pasado a ser un derecho reconocido por ley. Cualquiera que cumpla los requisitos y el
umbral de renta recibe su beca correspondiente.
Nos proponemos consolidar las becas en todos los niveles educativos como un
derecho para seguir avanzando en igualdad de oportunidades y en cohesión social. El
fin último consiste en que ningún estudiante abandone el sistema educativo por
motivos económicos:
-‐ Intensificaremos la política de becas para garantizar la asistencia a la atención
educativa en el ciclo de educación infantil a todas las familias que lo demanden y
mantener así la equidad de nuestro sistema educativo.
-‐ Continuaremos aumentando el umbral para tener derecho a las becas e
incrementando su cuantía, especialmente las de las becas-salario, para que
ningún estudiante abandone los estudios postobligatorios por motivos económicos.
-‐ Realizaremos las reformas legales necesarias para asegurar que la situación
administrativa de residencia de los estudiantes del período de escolarización
obligatorio no sea un impedimento para obtener las becas (comedor, transporte,
material escolar, etc.) a las que se tenga derecho por renta familiar, asegurando
así el cumplimiento del derecho a la educación obligatoria de manera plena.
-‐ Introduciremos becas-salario para estudiantes a tiempo completo con rentas bajas
y buen rendimiento académico. Completaremos su extensión para facilitar la
dedicación plena al estudio en toda la educación superior y aumentaremos
progresivamente el módulo económico hasta 6.500 euros. Promoveremos la
incorporación de nuevas fuentes de ingresos mediante la colaboración público-
privada.
-‐ Seguiremos ampliando el programa de préstamos universitarios para proporcionar
ayuda a los estudiantes que deseen cursar estudios de máster y doctorado, tanto
en España como en el extranjero. Incorporaremos la transformación parcial o total

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del préstamo en beca, considerando para ello la renta efectiva del estudiante una
vez obtenido el título y/o el rendimiento académico. Extenderemos de forma
gradual el modelo de préstamos-renta universitarios para abrirlo a toda la
educación superior, como sucede en otros países europeos. Además,
mantendremos una política moderada de tasas universitarias y continuaremos
ampliando los tipos y cuantías de las becas.
-‐ Incentivaremos la movilidad de los estudiantes universitarios dentro de la geografía
española como resultado de la diferenciación entre universidades y de su mejor
oferta académica. El objetivo es triplicar el número de estudiantes mediante la
adecuación de becas, ayudas y préstamos universitarios para este objetivo.
-‐ Crearemos un programa de movilidad para acceder a universidades extranjeras de
prestigio para los mejores estudiantes. Se les concederá un préstamo renta
convertible en beca en función de los resultados y de su regreso a España.
Por último, agilizaremos la entrega efectiva de las becas a los beneficiarios, para que
dispongan de la ayuda en el primer trimestre del curso académico.

3.7 Una sociedad comprometida con la educación
Crearemos un programa estatal, dotado con un fondo específico, junto con el
ministerio responsable de las políticas sociales, para impulsar intervenciones socio-
educativas y el desarrollo de planes especiales de actuación en aquellas zonas con
mayor índice de abandono escolar prematuro.
Continuaremos impulsando las actividades de formación de madres y padres para
favorecer un mayor compromiso y corresponsabilidad en la educación de sus hijos e
hijas, lo que resulta determinante para el éxito escolar. Se favorecerá la participación
voluntaria de los padres en talleres para el desarrollo de habilidades complementarias
de los alumnos (destrezas manuales, artísticas, psicomotrices, de convivencia y
actitud cívica, conocimiento del medio, visitas culturales, etc.) que fomenten la
creatividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo, lo que les permitirá interactuar
con profesores y alumnos, conocer su entorno educativo y evolución e implicarse
activamente en el proceso de aprendizaje.
Resulta imprescindible reforzar la educación en las aulas para el fomento de unos
hábitos saludables desde edades muy tempranas, lo que tendrá efectos positivos para
toda la sociedad y el sistema de salud pública. Se alentarán proyectos de promoción
de la buena alimentación y la actividad física, haciendo hincapié en el refuerzo de la
cooperación entre las escuelas, los organismos de formación del profesorado, los
distintos niveles administrativos y los clubes deportivos.
Promoveremos una mayor participación de las administraciones locales para coordinar
la actuación de los diferentes agentes educativos que intervienen en su territorio.
Especialmente en la apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y en la
coordinación de todos los recursos comunitarios, de los educadores sociales,
trabajadores sociales y mediadores culturales, así como de las instituciones de
bienestar social, para la atención del alumnado y sus familias.
Para fomentar un sistema educativo que responda a las nuevas demandas de la
sociedad del conocimiento, donde la competencia digital resulta esencial
extenderemos el programa Escuela 2.0 a todo el alumnado de educación secundaria

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obligatoria, bachillerato y formación profesional. Para favorecer la renovación
metodológica y didáctica en las aulas, promoveremos el uso del software libre y las
licencias abiertas en los centros y facilitaremos el acceso a materiales digitales
educativos y culturales para avanzar en la sociedad del conocimiento y en el cambio
de nuestro modelo productivo. Para ese cometido se facilitarán los convenios de
colaboración con otras instituciones y empresas del sector tecnológico que permitan a
los alumnos conocer los aspectos prácticos de su utilización en diferentes ámbitos.

3.8 Una formación profesional flexible y adaptada a las necesidades de
cualificación permanente de la población
Realizaremos un plan de choque dirigido a los jóvenes que se encuentran en
desempleo y que abandonaron prematuramente el sistema educativo para que puedan
obtener las competencias básicas necesarias para reincorporarse al proceso
formativo:
-‐ Se les facilitará una formación intensiva para preparar una prueba que les permita
obtener el título de graduado en ESO o las competencias necesarias para cursar
un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional de grado
medio.
-‐ Con el objetivo de cualificar a los jóvenes para los nuevos sectores emergentes de
nuestra economía, se contemplará un contrato a tiempo parcial que les permita
compatibilizar formación y empleo en empresas de sectores en crecimiento. La
formación se desarrollará en los centros y en las empresas.
-‐ Convocaremos 500.000 plazas para el reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y realizaremos una
oferta de formación complementaria. Se fomentará la adaptación de los sistemas
de acreditaciones para responder de forma estandarizada, ágil y dinámica a la
necesidad de avalar las competencias básicas adquiridas que habiliten para el
acceso al mercado de trabajo.
-‐ Desarrollaremos todas las medidas aprobadas en la Ley de Economía Sostenible
para facilitar las pasarelas entre los diferentes niveles del sistema educativo, para
incrementar las relaciones entre los centros de formación y las empresas de los
distintos sectores productivos y para ampliar la oferta de formación profesional
tanto para jóvenes en edad escolar como para la población adulta.
-‐ La apuesta de futuro por una formación profesional de calidad conlleva el uso de
las TIC para permitir una mayor adecuación y personalización de la oferta
formativa a distancia a través de aulas virtuales para adaptar permanentemente los
procesos de aprendizaje a la demanda existente y facilitar la adquisición de nuevas
competencias que la sociedad y las nuevas formas de producción requieren.
-‐ Estableceremos un sistema integrado de información y orientación educativo-
laboral para facilitar el conocimiento de las diversas ofertas de formación y los
mecanismos de movilidad profesional en el mercado de trabajo, así como para
asesorar sobre los itinerarios formativos más adecuados. El sistema proporcionará
a los estudiantes información periódica sobre las titulaciones profesionales y
académicas más demandadas por el mercado de trabajo, así como la tasa de
empleo de cada grupo profesional y su salario medio.

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-‐ Ampliaremos la participación de las empresas en las acciones de formación
profesional, promoviendo la realización conjunta de proyectos de innovación
aplicada que faciliten la transferencia de conocimiento entre los centros formativos
y las empresas.
-‐ Promoveremos los campus compartidos para que la formación profesional esté
más interconectada con los estudios universitarios y poder establecer un círculo
virtuoso de aprendizaje y conexión entre los centros, los estudiantes y las
empresas. Desde los campus compartidos se incentivaría la colaboración público-
privada, puesto que las empresas necesitan trabajadores con diferentes niveles
educativos. Desde ese entorno también se fomentará la cultura emprendedora del
estudiante/profesional, con el consiguiente ahorro de costes en algunas
instalaciones comunes (laboratorios, cocinas, talleres, etc).

3.9 Reorganizar el mapa universitario español y mejorar la gobernanza de las
universidades.
Los gobiernos socialistas entre 2004 y 2011 han impulsado, especialmente a través de
la modificación de la LOU en 2007, cambios de gran calado para la modernización e
internacionalización del sistema universitario español. La hoja de ruta de la Estrategia
Universidad 2015 (EU2015), junto con el futuro desarrollo de la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, serán instrumentos de planificación estratégica de la
política universitaria del gobierno a disposición de las universidades, las
administraciones educativas y científicas, los agentes sociales y la comunidad
universitaria en general.
Las universidades promueven el pensamiento crítico y el progreso de la ciencia.
Además, capacitan para el acceso al mercado laboral, generan flujos de conocimiento
mediante la interacción con el entorno socioeconómico y la posibilidad de responder a
las necesidades de innovación de los sectores productivos. A su vez, han de ser
competitivas internacionalmente y situarse en los puestos de vanguardia en la
atracción de talento.
La necesidad de una mayor visibilidad y reconocimiento de nuestras universidades
requiere actualizar las funciones internas, así como las relaciones con otras
instituciones de I+D. A partir de la experiencia y los resultados del programa Campus
de Excelencia Internacional (CEI) se facilitarán e incentivarán nuevas agregaciones de
campus e instituciones que elaboren proyectos estratégicos comunes para crear
entornos académico-científicos emprendedores e innovadores de calidad.
Pretendemos con ello redimensionar el sistema universitario español y de I+D para
incrementar su eficiencia y mejorar los objetivos de la próxima década sobre la base
de la planificación estratégica compartida. A medio plazo este proceso permitirá una
reorganización y optimización del mapa de especialización académico (titulaciones) y
su correlación con los sectores productivos y las economías regionales
(empleabilidad). Para desarrollar estos objetivos, promoveremos un Programa
plurianual con las CCAA responsables, tanto de apoyo financiero, como de estímulos
fiscales , para las universidades públicas y Campus de Excelencia que se
instrumentará como contratos-programa entre las administraciones y las universidades
con el fin de garantizar el mejor cumplimiento de aquellos, la mayor eficacia y la
transparencia social necesaria.

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Se alentará la búsqueda de la mayor eficacia y calidad del gobierno de las
universidades, mejorando su capacidad operativa. La aplicación de los principios
democráticos de autonomía universitaria y rendición de cuentas permitirá a las
universidades disponer de procesos más ágiles de toma de decisiones y desarrollar
estrategias de actuación de acuerdo con el proyecto de universidad pública de calidad
al servicio de la sociedad.
Con el fin de hacer más transparente el funcionamiento y la rendición de cuentas de
las universidades públicas españolas se promoverá, a partir del curso 2013-2014, la
publicación de los costes reales de las titulaciones oficiales en el marco de los órganos
colegiados de coordinación (Consejo de Universidades, Conferencia General de
Política Universitaria y Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado).

3.10 Contribución socioeconómica del sistema universitario español
Para prestar una mayor atención al necesario reconocimiento social de las actividades
académicas de las universidades, se elaborará a partir del curso 2014-15 un informe
bianual sobre la contribución socioeconómica del sistema universitario español y se
evaluará la EU2015 mediante una comisión internacional. Las conclusiones servirán
de base para elaborar la nueva EU2020, en sintonía con la Estrategia Europea 2020.

3.11 Reforzar las garantías de calidad universitaria
Para valorar si la implantación de los nuevos títulos de acuerdo con el proceso de
Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior cumple las garantías de calidad
exigibles, los procesos de control y seguimiento deben subsanar las deficiencias
detectadas con vocación de mejora y simplificación de la gestión académica. Con ese
objetivo:
-‐ Potenciaremos la función docente universitaria para estimular la excelencia y su
reconocimiento social. Con ese fin impulsaremos el doctorado de excelencia,
máster con mención de calidad y máster con mención internacional.
-‐ Agilizaremos los procedimientos de evaluación, acreditación y verificación de
títulos, profesorado y proyectos perfeccionando y simplificando los mecanismos
establecidos por la normativa con el objeto de reducir la burocracia y dotarlos de
mayor transparencia, eficacia y seguridad jurídica.
-‐ Garantizaremos la calidad de cualquier centro que imparta enseñanzas oficiales,
sea público o privado. Para la creación de universidades privadas se exigirá la
garantía del cumplimiento de las tres misiones (docencia, investigación y
transferencia de conocimiento/responsabilidad social universitaria).
Se elaborará de forma coordinada entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas un plan de internacionalización de las universidades
españolas que refuerce la cooperación. La presencia universitaria en el exterior se
articulará mediante una red de centros en el extranjero abierta a todos los actores de
los Campus de Excelencia Internacional, que evite duplicidades y refuerce la
colaboración académica, científica y de empleabilidad transfronteriza.

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3.12 Responsabilidad social universitaria y empleabilidad
Uno de los objetivos fundamentales de la educación superior debe ser la
empleabilidad de los estudiantes acorde con la demanda de nuevos empleos. Para
ello, paralelamente a la obtención de conocimientos y competencias específicos, se
debe incentivar la adquisición de habilidades y competencias genéricas que
fortalezcan la creatividad y el potencial innovador de los jóvenes para favorecer un
cambio de cultura hacia un nuevo concepto de emprendimiento que valore la iniciativa,
la innovación, el autoempleo y el riesgo:
-‐ Estimularemos la movilidad estudiantil para promover la educación, el empleo y el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales con un nuevo sistema de
apoyo que compatibilice el factor renta con el rendimiento académico, para
conseguir que un 20% de los estudiantes de educación superior (FP superior y
universidad) realicen una parte de su itinerario educativo en una universidad
extranjera.
-‐ Impulsaremos la oferta por parte de las universidades de programas de educación
flexible que permitan simultanear el estudio con el trabajo con una dedicación a
tiempo parcial.
-‐ Crearemos el Foro de Empleabilidad y Empleo de la Educación Superior con el fin
de coordinar las políticas de formación y empleo con los agentes sociales y
económicos y las administraciones responsables, especialmente entre universidad
y formación profesional superior.

3.13 Interacción y flujos de conocimiento
Continuaremos fomentando las líneas de actuación vinculadas a la mejora de la
investigación científica y la transferencia de conocimiento, desarrollando todas las
posibilidades que ofrece el marco legislativo aprobado en las dos últimas legislaturas.
Después de la nueva regulación de los estudios de doctorado y de que la Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación faculte a las universidades para la creación de
escuelas de doctorado, el objetivo es promover el carácter transversal, la
internacionalización, la excelencia, la atracción y fijación de talento, así como abrir
líneas de colaboración con sectores productivos socioeconómicos para la
incorporación de doctores al sector privado que lideren la apuesta por el cambio de
modelo productivo.
Incentivaremos la relación de las universidades con otros centros de investigación,
centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos y empresas para favorecer las
actividades de cooperación como pilar de la competitividad del país. Para promover la
transformación del conocimiento en innovación y en nuevas oportunidades para el
tejido productivo facilitaremos especialmente la creación de empresas innovadoras
basadas en los resultados de la investigación.
Reforzaremos los perfiles de especialización de las universidades de acuerdo con las
políticas regionales de innovación y competitividad, con las potencialidades del
entorno y aprovechando al máximo las agregaciones entre agentes del sector público
y privado, como en el caso de los Campus de Excelencia Internacional o de otras
agregaciones que pretendan el aumento y mejora de la masa crítica para la excelencia
y el mejor impacto socioeconómico

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En recursos humanos, de acuerdo con lo que establece la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, las universidades podrán promover la movilidad del
profesorado universitario para liderar proyectos de interés para la universidad,
intensificando temporalmente sus tareas de investigación y transferencia de
conocimiento en otras instituciones públicas o privadas.

4. La salud, clave para la igualdad

4.1 La sanidad pública: un logro a defender
La salud es un factor clave en la lucha contra la desigualdad. La cobertura de los
riesgos que tienen que ver con la salud para todos los ciudadanos,
independientemente de su origen y situación, es fundamental para el pleno desarrollo
de nuestras capacidades. Una mayor cobertura de los riesgos sanitarios para aquellos
que disponen de mayores ingresos, como ocurre con sistemas basados en seguros
privados, refuerza las desigualdades de partida a lo largo de la vida, al condicionar el
éxito en la educación, el acceso al mercado laboral, y por tanto el nivel de ingresos, de
todas las personas.
Por ello, y durante décadas, los socialistas hemos trabajado para desarrollar un
sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad. Así, no se debe olvidar que
el sistema sanitario financiado a través de impuestos que hoy disfrutamos nace por
impulso socialista, con la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986. Desde
2004 la inversión en sanidad ha aumentado en un 20%, y se han producido avances
importantes en la equidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, con la
garantía de universalización del derecho a la sanidad pública a todos los ciudadanos
que se ha establecido en la nueva Ley General de Salud Pública aprobada en
septiembre de 2011 por el Gobierno socialista, con el impulso en inversión destinada a
nuevas tecnologías, o con la racionalización del gasto farmacéutico.
Gracias a este esfuerzo común, nuestro sistema sanitario es hoy uno de los más
equitativos y eficientes del mundo. El sistema sanitario español es uno de los que
tienen mejores resultados en salud de entre los países desarrollados según todas las
comparaciones internacionales. La esperanza de vida al nacer en España es hoy una
de las más altas del mundo, muy por encima de la media europea. De igual forma la
esperanza de vida ha aumentado en España a 81.58 en 2009, y la tasa de mortalidad
infantil descendido de 3,8 a 3,5 entre 2006 y 2010, situándonos nuevamente por
encima de la media europea establecida en 4,6. Además, nuestras recientes
inversiones en tecnologías nos han convertido en pioneros en Europa en la
implantación de Sanidad en Línea (tarjeta sanitaria, receta electrónica e historia
digital).
También como resultado de ese trabajo, el de la salud es un sector estratégico en la
economía española. El sistema de salud tiene un alto valor añadido y muchas
externalidades positivas. Así, constituye uno de los sectores productivos más
dinámicos y generadores de empleo del país con 1,2 millones de empleos, y un gran
soporte económico en sectores punteros como en la I+D+i biomédica. Además juega
un papel favorecedor de la articulación territorial y el arraigo de la población en los
ámbitos rurales.

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No obstante, existe aún mucho espacio para la mejora de los servicios sanitarios y de
las políticas de salud en España. En primer lugar, para continuar mejorando la calidad
de los servicios, con los usuarios y los profesionales en el centro; en segundo lugar,
para adaptarlo adecuadamente a las nuevas realidades, en concreto el progresivo
envejecimiento de la población y la cada vez mayor incidencia de enfermedades
crónicas, que hoy representan el 39% del total y consumen un 70% de los recursos
dirigidos a sanidad; y en tercer lugar para dar mejor respuesta a las necesidades de
financiación del sistema, asegurando la suficiencia de recursos, mejorando la eficacia
y la transparencia en la gestión, y racionalizando el uso de los servicios sanitarios.

4.2 El futuro de la política de salud para los socialistas: nuevos retos, mejores
soluciones
Para responder a los nuevos desafíos, hacen falta mejores soluciones. Para los
socialistas la respuesta no está en el copago sanitario, que rechazamos. Está
demostrado en otros países que el copago puede conllevar desigualdades en salud y
romper la equidad, afectando especialmente a las capas de población con más
necesidades. Además, no generaría la suficiencia financiera que necesita el sistema,
ni actuaría como elemento modulador de la demanda al no discriminar entre los que
hacen un uso inadecuado del sistema de los que sí precisan de él.
Los socialistas trabajaremos en la mejora de las políticas de salud para lograr cuatro
objetivos:
-‐ Un sistema que ponga en el centro a los usuarios y sus necesidades, y por
tanto de mayor calidad, más transparente y con mayor participación; y que
involucre más a los profesionales, premiando los buenos resultados.
-‐ Un sistema adaptado a las nuevas realidades en materia de salud, como el
envejecimiento de la población y la mayor incidencia de enfermedades crónicas.
-‐ Un sistema centrado en la prevención y filtro de consultas para una mejora de
la eficacia en los resultados en salud, con la promoción del deporte como elemento
central.
-‐ Un sistema sanitario público, gratuito y universal mejor gestionado y mejor
dotado de recursos, y que sea usado de manera responsable.
Para el logro de estos objetivos los socialistas buscaremos el máximo consenso
posible.

4.2.1 Los usuarios y profesionales, lo primero
Para mejorar la calidad del sistema, garantizaremos el libre acceso de los ciudadanos
a los servicios en condiciones de igualdad y calidad, asegurando que se dé respuesta
adecuada a sus necesidades y exigencias como usuarios del sistema. Asimismo,
involucraremos de manera activa a los profesionales del sector, estimulando el
compromiso y la eficiencia en el ejercicio profesional.
Con respecto a los usuarios:
-‐ Promoveremos el establecimiento de un catálogo de prestaciones sanitarias que
será garantizado en todo el territorio nacional, y actualizaremos la cartera de
servicios con criterios de calidad y de apoyo a la innovación.

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-‐ Facilitaremos al paciente, a través de su tarjeta sanitaria personal, el acceso a los
servicios sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, en función de sus
necesidades y de sus preferencias.
-‐ Eliminaremos las barreras para la movilidad de los pacientes en todo el territorio
nacional, definiendo criterios homogéneos de acceso a las prestaciones.
-‐ Mejoraremos la accesibilidad del ciudadano al sistema sanitario, especialmente
para los que no tengan autonomía personal y enfermos crónicos, mediante el uso
extensivo de la telemedicina y el establecimiento y garantía de un tiempo máximo
de acceso a las prestaciones.
-‐ Fortaleceremos la rendición pública de cuentas y la participación de los usuarios
en la evaluación, reforzando el trabajo de las agencias de evaluación orientado a
resultados en salud y no en actividades, dotando al Ministerio de Sanidad de
capacidad de coordinación de la evaluación, y facilitando la participación
ciudadana en la calificación de los servicios.
Y en relación a los profesionales:
-‐ Promoveremos un acuerdo social que impulse una gestión más eficiente del
sistema.
-‐ Reforzaremos el vínculo entre decisiones clínicas y la evidencia científica.
-‐ Promoveremos la planificación conjunta de recursos humanos.
-‐ Mantendremos y mejoraremos la formación.
-‐ Mejoraremos la participación de los profesionales en la gestión clínica, en la
dirección y en la decisión sobre asignación y utilización adecuada de recursos.
-‐ Profundizaremos en la profesionalización de la gestión.
-‐ Modernizaremos el sistema de gestión de recursos humanos, impulsando el
reconocimiento profesional y la productividad.

4.2.2 Realidades de hoy, respuestas del S XXI
− Para adaptar nuestro sistema a las realidades y necesidades actuales en materia
de salud y anticiparnos a las del futuro, promoveremos reformas de modernización
y transformación del sistema.
− Diseñaremos estrategias de coordinación entre el sector social y el sanitario,
estudiando los sistemas integrados que ya se han puesto en marcha en otros
países de Europa, y que centralizan la entrada al sistema de pacientes crónicos en
una ventanilla única. Estas reformas se dirigen a mejorar la atención a los
pacientes crónicos y el establecimiento de un sistema de atención especializada
para ellos, y a la mejora de la eficacia de los servicios generales, sobrecargados
en ocasiones por la cada vez mayor incidencia de las enfermedades crónicas.
− Pasaremos de un modelo centrado en la atención de procesos agudos a otro
centrado en la cronicidad.
− Mejoraremos y potenciaremos la Atención Primaria, en la que se concentra la
entrada en el sistema de la mayoría de pacientes, con más autonomía, más

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capacidad resolutiva y menos burocracia. Para ello, mejoraremos la consulta
telefónica, la teleasistencia, la atención domiciliaria y la coordinación de los
servicios sociales.
− Pondremos en marcha la Estrategia Nacional de Salud Pública en todas las
políticas fundamentales para la reducción de las desigualdades en salud.
Continuaremos las acciones dirigidas a lograr unas condiciones más saludables en
el entorno, lo que requiere coordinación con las políticas ambientales, urbanísticas,
de obras públicas, de transporte o de salud laboral.
− Estudiaremos medidas especiales para colectivos cuyas necesidades no son
adecuadamente atendidas por el sistema. Así, la inclusión como prestaciones de la
seguridad social de la atención psicológica a los pacientes de enfermedades
crónicas como el cáncer en ciertos supuestos, o la incorporación de ciertas
adicciones sin sustancia que tienen un efecto importante sobre la salud, como el
juego, al Plan General sobre Drogas.
− Reiteramos el compromiso del PSOE con las políticas de prevención del VIH, con
especial esfuerzo en aquellos sectores poblacionales más expuestos al VIH y en el
diagnóstico precoz de la infección. Velaremos por la calidad de la asistencia
sanitaria y por asegurar el tratamiento de las personas con VIH y con sida,
fomentando el respeto de los derechos humanos de las personas con VIH y
luchando frente al estigma y la discriminación que sufren estas personas.
− Impulsaremos programas de formación en salud sexual para profesionales
sanitarios, incluyendo los aspectos relativos a la salud sexual en todos los planes
integrales de salud, y fomentaremos la sexología en el ámbito académico y
profesional.
− Incorporaremos el trabajo de la red de oficinas de farmacia en las políticas
preventivas y de promoción de la salud. Fomentaremos la atención farmacéutica y
la colaboración de los farmacéuticos con el resto de profesionales sanitarios en la
mejora de la calidad de la prestación farmacéutica.

4.2.3 Mejor prevenir que curar: una especial mención al deporte
− Reforzaremos las actividades de prevención y detección en el ámbito educativo y
laboral, y a través de la Atención Primaria.
− Fomentaremos la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y el
refuerzo de la detección precoz de enfermedades crónicas, frente al enfoque
asistencial o paliativo.
− Se potenciará la función de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición en
especial en la lucha frente a la obesidad infantil y en el desarrollo de una línea de
información y recomendaciones para favorecer el consumo informado. En materia
de medio ambiente y salud, fomentaremos la actuación preventiva y en las
intervenciones mediante la aplicación de los criterios establecidos en la Ley
General de Salud Pública recientemente aprobada.
− Drogodependencias. Los graves problemas de drogas que vivió la sociedad
española hace unas décadas han ido remitiendo gracias al decidido impulso del
Plan Nacional sobre Drogas, una iniciativa socialista, que también ha vivido sus

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mejores momentos gracias a los gobiernos socialistas. Pero el hecho de que el
consumo y en especial sus consecuencias estén relativamente controlados
actualmente no significa que hayan desaparecido. Una amplia red asistencial de
recursos públicos y concertados a través de ONGs se ocupa con eficacia de dar
las respuestas adecuadas a los problemas y desarrollar programas de prevención
con evaluaciones muy positivas. Dicha red no debe sufrir ningún recorte para así
evitar que los viejos y dramáticos problemas del pasado vuelvan a resurgir, pero
además hay que mantener la vigilancia institucional para evitar la amenaza de
nuevas drogas y nuevos hábitos de consumo en especial los relacionados con
sustancias químicas. Apoyar la investigación y facilitar la información adecuada a
los profesionales sobre los nuevos riesgos que vayan apareciendo.
En todo caso, para los socialistas, la prioridad para los próximos años se refiere al
consumo de alcohol por parte de menores. La firma del “Acuerdo Nacional contra
el consumo de Bebidas Alcohólicas por parte de menores” que ha posibilitado por
primera vez el acuerdo de instituciones y ONGs, agentes sociales, la industria y los
distribuidores, enmarca el objetivo más importante de la Legislatura.
A la vez resulta imprescindible mejorar la regulación de todas y cada una de las
drogas, tratado de minimizar, desde la óptica de reducción del daño, las
consecuencias negativas de su consumo, facilitando las medidas prácticas que
permitan a los ciudadanos acceder de forma fluida a información creíble que evite
los comportamientos de riesgo.
- Deporte. Los últimos años han significado un desarrollo extraordinario del deporte
en España. Ciertamente en el ámbito del deporte profesional y de la consolidación
de nuestro país como potencia deportiva. El esfuerzo realizado en infraestructuras,
medios y formación está dando sus resultados y creemos necesario continuarlo,
fortaleciendo el sistema y la estructura deportiva mediante el impulso de los
programas de tecnificación y de la colaboración de la financiación pública y privada
y a través de la aprobación de una Ley del Deporte Profesional, centrada en la
regulación del modelos de gestión de las entidades deportivas de carácter
profesional, y del desarrollo de un Programa de Atención al Deportista, que
enfatice la importancia del desarrollo de carreras profesionales complementarias a
las deportivas.
Sin embargo, el desarrollo del deporte profesional sólo tiene sentido desde lo
público como elemento de proyección internacional de España, pero sobre todo,
como un instrumento inmejorable de impulso del acceso de los ciudadanos a la
práctica deportiva, como elemento fundamental del desarrollo de la personalidad,
aspecto central en una política adecuada de salud pública y clave también en toda
política de integración social. Por ello, el elemento fundamental de una política de
deporte está en el fomento de la extensión de la práctica deportiva y su plena
integración en la sociedad. Debemos promover que el deporte sea una actividad
ordinaria para todas las personas y a todas las edades, avanzando en la aplicación
del Plan Integral de promoción de la Actividad Física y el Deporte, aprobado en
esta Legislatura, y profundizar en la relevancia social de la actividad deportiva. Por
todo ello:
• Potenciaremos el deporte de base y su diversificación con la puesta en práctica
de un plan destinado a los centros educativos, empresas...

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• Además se coordinará con las administraciones autonómicas diversas medidas
para potenciar la práctica del deporte en un contexto público, combinando el
concepto del deporte asociado a instituciones privadas con el deporte también
asociado a instituciones públicas
• Como parte del acceso a la cultura, el acceso a la práctica deportiva debe
sumarse a los derechos de la ciudadanía como medio transmisor de valores,
como factor de reequilibrio social y territorial y como vector para la igualdad de
oportunidades.

4.2.4 Más eficiencia en la gestión y gobierno, mejor servicio para el ciudadano
Con el objetivo de invertir más y mejor en la salud de los ciudadanos, controlaremos el
gasto sanitario no necesario, y dotaremos de recursos suficientes al sistema para
garantizar un funcionamiento de calidad en las áreas en que es más necesario. Los
socialistas tomaremos todas las medidas necesarias para asegurar una provisión
pública principal del SNS, considerando al sector privado como complementario de
éste.
-‐ Garantizaremos que las Comunidades Autonómicas frente al pago de la deuda que
tienen con sus proveedores.
• Garantizaremos que las Comunidades Autónomas destinen durante la próxima
legislatura 3.000 millones de euros anuales procedentes de la mejora del
sistema de financiación al pago de su deuda sanitaria.
• Estableceremos, condicionadas a Planes de saneamiento y liquidación de
la deuda, líneas de crédito ICO en condiciones favorables para facilitar
la amortización por las CCAA de su deuda.
• Acordaremos con las CCAA los mecanismos contables y de control adecuados
para que el problema de endeudamiento no vuelva a reproducirse en el futuro.
-‐ Lograremos el equilibrio presupuestario para garantizar la suficiencia financiera
del sistema en el corto y medio plazo sin realizar recortes en las prestaciones y sin
instaurar el copago sanitario.
• Generaremos nuevos ingresos finalistas, aumentando los impuestos especiales
sobre el alcohol y el tabaco, excluyendo al vino, la cerveza y otras bebidas de
baja graduación. Esta medida supondrá unos ingresos adicionales, y al mismo
tiempo tendrá un efecto indirecto positivo en el gasto, al desincentivar
conductas peligrosas para la salud que son muy costosas al sistema.
• Mejoraremos la gestión de cobros del SNS a terceros y eliminaremos
beneficios fiscales del Impuesto sobre las Primas de Seguros de asistencia
sanitaria y de enfermedad.
-‐ Controlaremos los costes estructurales crecientes y garantizaremos la
sostenibilidad a largo plazo del sistema.
• Fomentaremos las compras centralizadas de medicamentos y productos
sanitarios (aprovechando la Central de Compras creada en 2010), y
proseguiremos con políticas más eficientes de autorización y financiación
selectiva de medicamentos (fomentando el uso de medicamentos genéricos y

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la dosificación personalizada para pacientes crónicos, adaptando los formatos
de los medicamentos a las necesidades concretas, y financiando sólo los
medicamentos que sean más efectivos en función del coste). Con estas
medidas se podría ahorrar 2.500 millones de euros al sistema.
• Aseguraremos el análisis y la idoneidad de la adquisición de equipos y
tecnologías asistenciales mediante la creación de un Instituto de Calidad y
Excelencia Clínica similar al NICE británico.
• Contrataremos conjuntamente o centralizaremos para todo el SNS servicios de
mantenimiento (electromedicina, energía, ascensores, etc.) y de apoyo a la
asistencia sanitaria (servicios radiológicos, sistemas de información
asistenciales, sistemas de información de gestión, etc.). Se implantarán
criterios comunes de eficiencia energética en todos los centros del SNS, y se
negociarán contratos comunes de suministro energético.
• Desarrollaremos medidas para incrementar la conciencia social de respeto y
responsabilidad en el uso de los servicios, tanto en los ciudadanos como en el
personal sanitario, y un rechazo social hacia las actitudes de abuso. Así,
aprobaremos una Carta de derechos y deberes que promueva la utilización
adecuada de los servicios. Tomaremos medidas para evitar el uso indebido de
fármacos y las bajas laborales no justificadas. Promoveremos un Acuerdo con
las Comunidades Autónomas para reducir los abusos.
-‐ Regularemos mediante una nueva norma legal la colaboración privada en la
prestación de servicios sanitarios públicos, asegurando los criterios de calidad de
la provisión privada sujeta a conciertos con el sector público, regulando de forma
nítida los criterios de adjudicación del concierto, y protegiendo el patrimonio
sanitario de la Seguridad Social, para evitar su privatización, así como la limitación
estricta de la actividad privada en los centros públicos.
-‐ Apoyaremos que los presupuestos destinados a Sanidad tengan una afectación
finalista, es decir, que se garantice que las partidas destinadas a Sanidad en sus
diferentes áreas se destinen exclusivamente y en su totalidad a la misma.
-‐ Reforzaremos el gobierno del sistema de salud. Para ello crearemos una Agencia
del Sistema Sanitario, como instrumento de cooperación entre las CCAA y la AGE,
responsable de consolidar instrumentos para la cohesión del sistema en
información, compras, personal, normas técnicas, movilidad de los pacientes, etc.
-‐ Reforzaremos el Fondo de Cohesión del Ministerio de Sanidad para desarrollar
programas que busquen la equidad en el desarrollo de los servicios y en el acceso
a los mismos (equilibrio en infraestructuras), y para impulsar las Estrategias
Nacionales de Salud.

5. Las familias, motor de transformación social

5.1 Con todas las familias, por la prosperidad social y económica
Las familias son el principal elemento estructurador y transformador de nuestra
sociedad. En la historia española, la familia ha jugado un papel determinante en el
ámbito social. Como principal proveedor de educación, salud y protección social, es

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por tanto también determinante en el avance hacia la efectiva igualdad de
oportunidades en nuestro país.
Así, existe una relación causal entre el nivel de prestaciones destinadas a la familia y a
los hijos y las tasas de pobreza infantil en los países de la OCDE. Por otra parte,
distintos estudios internacionales constatan una clara correlación entre la ayuda
directa a las familias y el número de hijos.
Como la sociedad, las familias españolas han evolucionado, operando al mismo
tiempo como motor de progreso y prosperidad social y económica. Hoy en día existen
numerosos tipos de familia, con diferentes necesidades, que deben ser
adecuadamente reconocidas y satisfechas para garantizar la cohesión social y la
prosperidad equilibrada.
Los socialistas siempre hemos reconocido el importante papel de las familias, y hemos
trabajado para atender a sus necesidades. Durante las últimas dos legislaturas hemos
incrementado el gasto público destinado a las familias, lo que se ha traducido en
mejoras en su protección social y fiscalidad. También hemos generalizado medidas
de apoyo a la familia con la creación de nuevos permisos de paternidad, y la
flexibilización y adaptación de jornadas por razones familiares y de conciliación, y una
especial atención a las familias más vulnerables (numerosas, monoparentales o con
discapacidad de la madre). Además, se ha ampliado progresivamente la tasa de
cobertura de atención a la primera infancia (0-3 años) hasta alcanzar en 2010 un 31%
de los menores de 3 años, superando el objetivo fijado por la UE para 2010 (33%).
Uno de los avances más importantes en este ámbito ha sido la aprobación de la Ley
de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Con
ella, se consigue extender el derecho a la atención pública a todas aquellas personas
que no pueden valerse por sí mismas. Un avance social y económico de primer orden,
que no solo crea un nuevo derecho, sino que supone, además, un importante espacio
de creación de empleo e innovación de cara al desarrollo de un nuevo sistema
productivo. La ley ha permitido que más de 738.000 personas sean atendidas,
recibiendo más de 900.000 prestaciones. Y ha supuesto además un importante nicho
de empleo, con más de 260.000 nuevas altas en seguridad social.
También se ha materializado en los últimos años el compromiso socialista con la
garantía del derecho a la vivienda. El Gobierno socialista ha venido trabajando desde
2004 en lograr un reequilibrio progresivo del sector inmobiliario, reduciendo los
grandes desajustes entre vivienda libre y protegida. La máxima prioridad ha sido
ayudar a las familias, que sufrieron especialmente las presiones del boom inmobiliario
primero y se vieron afectadas después por la crisis, invirtiendo en vivienda un 50%
más de media anual que el Gobierno anterior, y construyendo un 23% más de vivienda
protegida. La Renta Básica de Emancipación, que ha permitido a 300.000 jóvenes
emanciparse ha sido un puntal de la política de vivienda socialista en estos años.

5.2 El futuro de las políticas socialistas relacionadas con las familias: nuevos
retos, mejores soluciones
El importante papel de las familias para el progreso que queremos, así como los
cambios sociales y económicos que se han producido en los últimos años exigen
continuar los esfuerzos en este ámbito. El impacto negativo de la crisis económica en

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las familias más vulnerables y la falta de adaptación de nuestro sistema de protección
a los nuevos tipos de familias, (ej.: monoparentales), o la vulnerabilidad infantil en este
nuevo contexto, son sólo algunos de los nuevos desafíos que exigen nuevas y mejores
respuestas.
Además, la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral se ha llevado a
cabo en nuestro país a expensas del retraso en la edad de maternidad y atasas de
natalidad reducidas. Además sólo un 15% de los trabajadores y trabajadoras
españoles declaran haber logrado un buen equilibrio entre vida personal y profesional.
Los socialistas aprobaremos una Estrategia de Ayuda a las Familias para lograr los
siguientes objetivos:

-‐ Garantizar y reforzar el apoyo a las familias más vulnerables, con un
tratamiento adecuado de los nuevos tipos de familia

-‐ Universalizar el acceso a la educación 0-3 años.

-‐ Fomentar mejores usos del tiempo para una mayor y mejor prosperidad.

-‐ Invertir y mejorar la protección de la infancia, incidiendo en la lucha contra la
pobreza infantil.

-‐ Desarrollar y garantizar el sistema de atención a las personas que tienen
limitada la autonomía personal, y a sus familias.

-‐ Trabajar en la mejora del acceso a la vivienda de alquiler, y regular
adecuadamente el mercado hipotecario para evitar situaciones de abuso o de
vulnerabilidad.

5.2.1 Apoyo a las familias vulnerables, por la igualdad de oportunidades
Con el objetivo de aliviar la situación de las familias más vulnerables, y las que se han
visto afectadas por la crisis, los socialistas priorizaremos las ayudas y apoyos a las
mismas. En esta tarea, pondremos especial énfasis en los nuevos tipos de familia, que
han venido aumentando en los últimos años, como las familias monoparentales, cuyo
tratamiento inadecuado por el sistema español constituye una de las causas asociadas
a los elevados niveles de pobreza infantil.
-‐ En el marco de la estrategia de ayuda a las familias aumentaremos la oferta
pública de prestaciones y servicios para reducir las desigualdades entre los
hogares.
-‐ Equipararemos legalmente las familias monoparentales con dos hijos o con uno
con discapacidad con las familias numerosas asegurando para todas las mismas
prestaciones.
-‐ Garantizaremos una respuesta adecuada a las situaciones de incumplimiento del
pago de alimentos a favor de hijos/as menores de edad en los supuestos de
divorcio, modificando la regulación del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos.
-‐ Seguiremos impulsando medidas dirigidas al fomento y difusión de los recursos de
mediación destinados a la resolución de conflictos familiares. Continuaremos
trabajando en el seno de los distintos órganos de coordinación interadministrativa

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para hacer posible que la unificación de los criterios que garanticen la igualdad a
todos los usuarios y usuarias de la mediación sea una realidad.
-‐ Impulsaremos la puesta en marcha de un programa contra la violencia dentro de
las parejas del mismo sexo, que permita analizar su problemática específica y
realizar propuestas dirigidas a su prevención y a la protección de las víctimas.
-‐ Promoveremos la realización de una evaluación y estudio referido a la aplicación
de las reformas del Derecho civil de familia en materia de separación y divorcio,
para proponer las mejoras legales que sean necesaria, así como las medidas que
impulsen una mayor especialización de los Juzgados de familia.

5.2.2 Extensión de la escolarización infantil 0-3 años
Para mejorar la natalidad, facilitar la carrera profesional de la mujer y dar respuesta a
la necesidad de las familias de conciliar la vida personal, familiar y laboral se
extenderá el acceso a la educación de 0 a 3 años. Asimismo, se adoptarán medidas
para mejorar estos servicios, adaptándolos mejor a las necesidades de padres y niños.
-‐ Ampliaremos la oferta de horario de las escuelas infantiles públicas para posibilitar
su compatibilización con las jornadas laborales de los padres. De forma
complementaria, para atender las necesidades en el primer ciclo de educación
infantil se facilitarán aquellas iniciativas de emprendedores que doten de
flexibilidad y capacidad de elección de los padres en las fórmulas de cuidado y
atención de los menores.
-‐ Garantizaremos el cumplimiento de los requisitos necesarios para el desarrollo de
esta actividad homogéneos en todos los territorios previo acuerdo con las
Comunidades Autónomas. Estableceremos una estrecha coordinación con las
corporaciones locales mejorando la financiación de los centros de titularidad
municipal.
-‐ Ampliaremos el sistema estatal de indicadores de calidad para evaluar el
desempeño de los centros de educación infantil, en especial el primer ciclo y su
adecuación al carácter educativo de toda la etapa, la titularidad de los centros, la
titulación de los profesionales que los atienden y la atención a la diversidad.
-‐ Fomentaremos que todas las escuelas infantiles ofrezcan experiencias educativas
ricas y estimulantes en unos espacios adecuados, con medios materiales y con un
número suficiente de profesionales bien formados.

5.2.3 Mejores usos del tiempo, mayor progreso social y económico
Para incrementar la productividad por empleado, aumentar las oportunidades para la
conciliación de la vida familiar y laboral, reducir el consumo energético, y mejorar la
calidad de vida, los socialistas daremos prioridad a las medidas que fomenten un uso
más racional del tiempo.
-‐ Promoveremos un cambio cultural para la racionalización de los horarios laborales,
a través de un gran Pacto Nacional por un Mejor Uso del Tiempo. Este pacto
incluiría medidas de sensibilización de la población, políticas de incentivos a las
empresas en las medidas de conciliación y la racionalidad de los horarios laborales
y en el impulso de nuevos modelos organizativos más acordes con las

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necesidades de las familias. Concretamente, contemplará la aplicación de medidas
como la flexibilización de los horarios de entrada y salida del trabajo, la extensión
de la aplicación voluntaria de la jornada parcial, la generalización de la jornada
continua, el aprovechamiento de las TIC, sobre todo en forma de teletrabajo o
teleconferencias.
-‐ Continuaremos fomentando las zonas infantiles en los centros de trabajo, las aulas
matinales y los servicios de proximidad.
-‐ Estableceremos días de permiso para el cuidado de niños y otros familiares en
situación de dependencia por razones de urgencia. Para ello impulsaremos una
modificación del Estatuto de los Trabajadores que incluya el reconocimiento de
cuatro días de permiso para uno de los progenitores destinados al cuidado urgente
y transitorio de menores de doce años y otros familiares en situación de
dependencia a cargo del trabajador.

5.2.4 La inversión en la infancia, inversión en futuro
Un objetivo central en los próximos años debe ser reducir la pobreza infantil, mediante
políticas de familia e infancia. Este objetivo no es sólo una exigencia de la prioridad
dada por los socialistas a la cohesión social, sino que supone una extraordinaria
inversión de futuro que dará sus frutos en forma de mejoras en la salud pública, menor
delincuencia y abandono escolar, y mayor productividad.
-‐ Aprobaremos una Ley de la Infancia, que contemple medidas específicas dirigidas
a este colectivo, y elaboraremos, en consonancia con las propuestas de Naciones
Unidas, un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social infantil, que
establezca una acción coordinada, complementaria y eficaz de las
Administraciones Públicas
-‐ Modificaremos el Código Civil para que en ningún caso se pueda contraer
matrimonio con menos de 16 años.
-‐ Desarrollaremos una nueva normativa congruente con el anteproyecto de ley
presentado en la legislatura con el objetivo de simplificar y mejorar los mecanismos
de acogida y adopción y potenciar el acogimiento familiar de menores en situación
de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares, y siguiendo las
recomendaciones efectuadas por la Comisión especial que a tal fin se constituyó
en el Senado.
-‐ Los padres y las madres necesitan apoyos para poder cumplir adecuadamente sus
responsabilidades parentales y sus funciones de educación y cuidado de los hijos.
Las medidas de conciliación laboral y familiar deben concebirse no sólo como una
manera de apoyar a las familias, sino también como una forma de proteger y
cuidar a nuestros niños y niñas, ya que ayudan a prevenir el maltrato infantil o el
fracaso escolar.
-‐ Impulsaremos programas de fomento de la parentalidad positiva, en colaboración
con las demás administraciones públicas y el movimiento asociativo, para mejorar
el ejercicio de las responsabilidades parentales y la protección y promoción de los
derechos de la infancia y la adolescencia, la convivencia familiar y la cohesión
social.

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-‐ Los dos grandes retos de protección de la infancia en España son la pobreza
infantil y la violencia contra los niños y las niñas. Los menores de edad son los
más vulnerables de la sociedad y los más propensos a sufrir algún tipo de
violencia, maltrato, negligencia, abuso sexual o incluso explotación. Por ello,
debemos asegurar la máxima protección de los niños y las niñas contra las
distintas formas de violencia, que muchas veces son invisibles o no sabemos
detectar.
5.2.5 La autonomía personal, pilar de la libertad e igualdad: por el pleno desarrollo de
la ley de dependencia
La igualdad de oportunidades exige el desarrollo efectivo de lo que es un gran logro
socialista, la atención y derechos en materia de autonomía personal, que condiciona
las posibilidades de desarrollo personal de un gran número de personas y de familias
en nuestro país. La puesta en marcha de este sistema debe completarse y
perfeccionarse en los próximos años para cumplir sus objetivos.
-‐ Nos comprometemos con la aplicación y pleno desarrollo en los próximos años de
la Ley de la Dependencia, en los términos que la misma prevé.
-‐ Potenciaremos la prestación de servicios frente a las prestaciones económicas,
reforzando la red de servicios.
-‐ Garantizaremos un marco de financiación estable y la atención a todas las
personas con derecho a prestación. Priorizaremos la atención a las personas con
servicios de calidad, flexibles y adaptados a la diversidad de necesidades y
demandas de las personas.
-‐ Introduciremos mejoras en el sistema, impulsando los servicios de promoción de
la autonomía personal en cooperación entre los sistemas de Salud y Servicios
Sociales, reforzando los servicios de atención a domicilio, y promoviendo una red
de recursos en la comunidad.
-‐ Garantizaremos un amplio abanico de servicios socio-sanitarios orientado a la
universalización de los mismos, con especial atención a las necesidades de las
personas con enfermedades crónicas, mentales, y neurodegenerativas.
Impulsaremos aún más la cooperación con el Tercer Sector y los interlocutores
sociales.
-‐ Apoyaremos a los profesionales de los servicios del sistema, mejorando la calidad
de su empleo y su cualificación profesional. Promoveremos la certificación de la
experiencia profesional de las personas cuidadoras familiares para que puedan
acceder a empleos en el sistema.

6 Por la igualdad
El cambio social más importante de las últimas décadas es el que han protagonizado
las mujeres en las sociedades desarrolladas, con implicaciones de gran trascendencia
en múltiples ámbitos. Los socialistas han impulsado y acompañado ese proceso,
facilitando un salto cualitativo incomparable que ha posicionado a España a la
vanguardia europea. Es de justicia destacar la contribución del movimiento feminista
en este avance histórico y reconocer la capacidad de interlocución social de sus
organizaciones. Los gobiernos socialistas de los últimos ocho años son los que más

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han hecho en este país por la igualdad efectiva de las mujeres y en el menor lapso de
tiempo.

6.1 Seguir avanzando para no retroceder. Completar el desarrollo normativo
El marco jurídico del que nos hemos dotado ha supuesto transformaciones de fondo
impensables hace pocos años. La ley de Igualdad tiene como finalidad última la
efectiva igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la plena incorporación de las
mujeres a la vida social superando cualquier tipo de discriminación laboral, cultural,
económica y política. Gracias al marco propositivo que se desarrolla en la Ley de
Igualdad se han incorporado a la cultura política nuevos conceptos y nuevos retos:
democracia paritaria, corresponsabilidad y transversalidad de género entre otros. La
Ley contra la Violencia de Género es el mejor instrumento jurídico capaz de
proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce contra las mujeres, a
sus hijos e hijas, proporcionando un entorno social de repulsa a la violencia machista.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo es
parte fundamental de las políticas preventivas y del derecho a la salud pública; su
aprobación ha supuesto el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre
su propia maternidad, terminando con la inseguridad jurídica que afectaba a las
mujeres y a los profesionales sanitarios que intervenían en las interrupciones de
embarazos no deseados.
Las políticas de igualdad son la mayor garantía de prosperidad económica y social. Sin
embargo, aún queda mucho por consolidar. Completaremos los desarrollos normativos
y las dotaciones de recursos de todo tipo previstas en la ley de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres y la ley contra la violencia de género. Ambas han supuesto
transformaciones de fondo que es necesario asentar.
Seguiremos desarrollando reglamentariamente estas leyes realizando evaluaciones
periódicas de su aplicación, con el objetivo de corregir disfuncionalidades y redoblar
esfuerzos allí donde sea necesario.

6.2 Hacia una plena igualdad de género
La Ley de igualdad aprobada en 2007 ha propiciado algunos avances significativos.
Cada día es más compartido el rechazo al trato desigual entre mujeres y hombres,
pero hay que continuar trabajando en esa línea. Mantengamos el esfuerzo en y desde
todos los ámbitos, prestando especial atención a la plena igualdad de las mujeres en
el empleo y en los procesos de toma de decisiones.
Por su gran potencial multiplicador, promoveremos la inclusión de contenidos que
fomenten la igualdad de género en el ámbito educativo para que se asienten
actitudes, valores y comportamientos comprometidos desde edades tempranas.
Desde las instituciones públicas se impulsará la difusión y sensibilización sobre la
igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos buscando la participación
activa de colectivos y asociaciones de la sociedad civil.
Para el logro de mayores cuotas de igualdad en nuestra sociedad, el impulso de la
transversalidad y la implementación de políticas sensibles a las cuestiones de género,
resulta imprescindible que haya más mujeres en los puestos de decisión política. La
ley de igualdad ha institucionalizado la obligatoriedad de una serie de elementos que
persiguen el aumento de la presencia de mujeres en los puestos de representación

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política. Fomentaremos los modelos de toma de decisiones paritarios, participativos,
horizontales y en red en las organizaciones políticas y velaremos por la paridad real
en las estructuras organizativas e institucionales.

6.3 La economía del futuro necesita emplear todo el talento de un país
El constante fomento de la incorporación de la mujer al mundo laboral en condiciones
de igualdad será una prioridad fundamental para los socialistas. En el siglo XXI resulta
impensable que existan diferencias injustificadas en las tasas de actividad de hombres
y mujeres, así como en las condiciones básicas de sus empleos. El aprovechamiento
de todo el talento disponible en un país, incluyendo todo el potencial de las mujeres
inactivas o que realizan trabajos de inferior calidad a aquellos para los cuales están
preparadas, conlleva importantes rendimientos económicos.
La plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su
participación las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del
PIB español. Propondremos a todas las fuerzas políticas y los agentes sociales un
plan específico para facilitar la incorporación al mercado laboral de al menos dos
millones de mujeres en una estrategia a medio y largo plazo, lo que supondría igualar
el volumen de empleo masculino en la actualidad. Este plan tendrá como principal
objetivo la activación de las mujeres en aquellos nuevos sectores económicos donde
se encuentren yacimientos de empleo que contribuyan al cambio de modelo
productivo. En esta línea dirigida hacia sectores sostenibles y de futuro, en la que se
combata la segregación de profesiones entre hombres y mujeres, reforzaremos las
políticas activas de empleo para las mujeres, con el establecimiento de itinerarios
profesionales personalizados.
Junto a la mayor activación, actuaremos decididamente para corregir una serie de
disfunciones que se detectan en las condiciones del trabajo de muchas mujeres. Entre
ellas, destaca la brecha salarial (la diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres
por la realización del mismo tipo de trabajo alcanza de media un 20%), mayores tasas
de temporalidad, contratos a tiempo parcial y abandonos intermitentes de la actividad
laboral por razones de cuidado de menores y familiares dependientes a lo largo de la
carrera profesional. Asimismo, actuaremos contra la segregación vertical (la escasa
presencia de mujeres en puestos directivos, conocida como “techo de cristal”) y
horizontal (por tipos de trabajo según los roles tradicionales de hombres y mujeres).
En esta línea, proponemos las siguientes medidas:
-‐ La implantación de un sistema de cuotas obligatorias en los consejos de
administración de las grandes empresas con el objeto de lograr una representación
equilibrada de ambos géneros. El progresivo incremento responderá a un plan de
ocho años evaluable que habrá de alcanzar el 20% de mujeres en los consejos de
administración en los cuatro primeros años y un 20% adicional en los cuatro
siguientes. Asimismo, estableceremos incentivos que fomenten la presencia
proporcionada de mujeres en los consejos de administración y en puestos
directivos de todas las empresas.
-‐ Incentivaremos la aprobación y aplicación de los planes de igualdad para
empresas e instituciones previstos en la ley de igualdad, cuya extensión ha de
extenderse progresivamente. Regularemos que la reducción de la brecha salarial

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sea el primer objetivo de los planes de igualdad de las empresas. Será exigible
como requisito de acceso a las ayudas públicas el cumplimiento de la ley de
igualdad. Promoveremos la valoración de la igualdad de género por las normas
ISO de calidad empresarial y en la evaluación de los estándares de
responsabilidad social corporativa de las empresas, así como la concesión de
premios a las mejores prácticas de igualdad que deberán revertir necesariamente
en la extensión de las mismas a otras empresas. En este sentido, de forma
paralela, se apoyará el reconocimiento de la figura de los agentes de igualdad
como personas expertas en la aplicación y evaluación de este tipo de medidas, lo
que también generará nuevos empleos.
-‐ Reforzaremos la inspección laboral para la vigilancia de las condiciones de
igualdad en las empresas y la eventual sanción de las situaciones que supongan
una discriminación laboral, de manera especial en los sectores laborales
feminizados.
-‐ Los itinerarios de formación y la orientación laboral han de promover la
diversificación profesional de las mujeres. Se prestará especial atención a la
recualificación de mujeres desempleadas para el acceso a los puestos de trabajo
de los nuevos yacimientos de empleo, con acompañamiento hasta la inserción
laboral. Además, las plantillas que integren a estas mujeres en los nuevos sectores
emergentes se valorarán positivamente para la concesión de apoyo público, así
como los refuerzos de planes formativos complementarios.
-‐ Estimularemos la iniciativa emprendedora en las mujeres mediante programas de
formación en el autoempleo, la asesoría en fórmulas empresariales y facilidades
para el establecimiento, la gestión y el desarrollo de cooperativas o entidades de la
economía social. Se implementará una línea de microcréditos especialmente
dirigida a mujeres que presenten proyectos considerados viables por la entidad
pública financiadora.
-‐ Las mujeres mayores presentan un potencial que ha de ser atendido de forma
específica por las políticas públicas de formación continua y mediante programas
que canalicen su experiencia para que pueda revertir en mujeres de otras
generaciones que se inicien en la vida laboral, empresarial o cooperativa.
-‐ El aumento de la tasa de natalidad en España es imprescindible para mantener el
Estado de bienestar del futuro. La maternidad sigue siendo un gran obstáculo para
la carrera laboral de demasiadas mujeres. Las repercusiones negativas que en
muchos casos tiene para la vida laboral no la pueden seguir soportando en
soledad las familias, especialmente las mujeres. Por ello impulsaremos medidas
que permitan a los trabajadores, principalmente a las trabajadoras, no tener que
elegir entre la vida personal, laboral y familiar, priorizando una y postergando otra.
Nuestra apuesta por la corresponsabilidad, el apoyo a las familias y la extensión de
la red de escuelas infantiles (0-3) son imprescindibles para la definitiva
incorporación de las mujeres al ámbito laboral.
-‐ En el ámbito rural, el acceso de las mujeres al mercado laboral pasa por fomentar
el autoempleo y visibilizar el trabajo que de hecho realizan. La Ley de Titularidad
Compartida de las Explotaciones Agrarias, recientemente aprobada, es un avance
histórico, que dota de reconocimiento y derechos al trabajo desempeñado por las

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mujeres agricultoras y ganaderas en las explotaciones familiares. Las mujeres
rurales tienen la dificultad añadida del aislamiento donde desarrollan
mayoritariamente su actividad. Seguiremos intensificando la política de fomento de
la inscripción de las mujeres que trabajan en una explotación familiar como
cotitulares de las mismas, y la regularización de las situaciones laborales
informales de las mujeres que trabajan en el campo, ya que a largo plazo provocan
situaciones de desprotección social.

6.4 Erradicar la violencia de género
-‐ La Ley contra la violencia de género ha servido para generar una cultura social de
repulsa a la violencia machista, probablemente la manifestación más grave de la
desigualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, se sigue produciendo un
continuo goteo de mujeres asesinadas por sus parejas. Por ello que hay que seguir
trabajando. Especial atención merecen las particularidades de la violencia de
género en el caso de mujeres con discapacidad, inmigrantes o menores de edad.
En este último caso, es necesario trabajar más en la prevención desde edades
tempranas, con campañas de sensibilización y de orientación afectiva dentro y
fuera del sistema educativo que incluyan el desarrollo de habilidades para
identificar las parejas violentas desde los primeros indicios del problema. Los
materiales didácticos y divulgativos de estos programas educativos y de
sensibilización deberían estar accesibles de forma gratuita.
-‐ Seguiremos desarrollando la aplicación de la ley contra la violencia de género,
potenciando su efectividad con las siguientes medidas concretas:
-‐ Para facilitar la denuncia, el asesoramiento y la atención a las víctimas,
proponemos crear la “ventanilla única para la atención a la violencia de género”, en
la que gracias a la cooperación interadministrativa, se centralizarán todos los
servicios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género de
carácter jurídico, profesional y asistencial, incluyendo en un mismo recurso la
ayuda a la tramitación de las denuncias por maltrato ante la policía, la información
sobre la atención médica de urgencia especializada, atención psicológica, las
casas de acogida de emergencia, las ayudas económicas o medidas para la
inserción sociolaboral. A estos servicios tendrán acceso, junto a las víctimas de
violencia de género dentro de la pareja, las víctimas de la violencia sexual que
hasta ahora no ha sido objeto suficiente atención específica.
-‐ En los casos que la víctima lo solicite y sea reconocida su viabilidad, se
proporcionará ayuda para la reinserción social y económica de las víctimas en
localidades o comunidades autónomas distintas a las de origen.
-‐ Intensificaremos las estrategias de sensibilización contra la violencia.
Promoveremos que los servicios de acogida potencien la creación de redes
sociales de apoyo entre mujeres que a menudo tienen en común el aislamiento
social.
-‐ Reforzaremos las medidas de protección de las mujeres cuyos agresores van a
salir de la cárcel. Se aplicarán, medidas cautelares de protección física y
psicológica a los menores de progenitores denunciados y condenados por
violencia de género. Se dedicarán suficientes recursos públicos para la

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recuperación integral de las víctimas y sus hijos que incluyen centros de atención
especializada, formación e inserción laboral específica para las víctimas de
violencia de género.
-‐ Es necesario visibilizar y denunciar socialmente la trata de mujeres con fines de
explotación como una forma más de violencia contra las mujeres que vulnera los
derechos humanos. Para erradicar esta práctica proponemos confiscar los bienes
de los traficantes convictos para destinarlas a la mejora y protección de las
víctimas. En relación a los procesos judiciales, proponemos que la carga de la
prueba en ningún caso recaiga en las víctimas de trata y que la protección no esté
ligada a la denuncia o posterior testimonio en juicio. Se reforzará la garantía de
protección de testigos y las medidas cautelares en relación con los delitos
relacionados con la trata.
-‐ La lucha contra esta forma actual de esclavitud también requiere pensar
globalmente y actuar localmente. Hace falta una estrategia decidida para combatir
la lacra social de la prostitución, con una línea clara de tolerancia cero hacia la
promoción de ésta y de los negocios involucrados alrededor del tráfico de
personas con finalidad de explotación sexual. Queremos una sociedad sin
explotación sexual y nos comprometemos a trabajar para eliminar la prostitución y
cambiar el modelo social de dominación y desigualdad que la hace posible,
concienciando a la sociedad de que la compra de servicios de prostitución
contribuye al establecimiento en nuestro país de mafias que se lucran de mujeres
a las que han secuestrado sus derechos.
-‐ En esta línea, prohibiremos los anuncios de prostitución.

7. Convivencia e integración en la sociedad del S XXI

7.1 Integración efectiva para la cohesión social
La cohesión social es un elemento clave para lograr una prosperidad económica y
social equilibrada. Las sociedades con menores niveles de desigualdad presentan
también menos conflictividad social, delincuencia, problemas de salud, especialmente
psicológicos, y mejores indicadores educativos. Todos ellos, a su vez, factores
determinantes de un crecimiento económico equilibrado y de futuro. El capital social de
nuestro país es uno de los mayores activos con los que cuenta la sociedad española,
gracias a los esfuerzos comunes continuados en los últimos años.
El compromiso socialista con la integración favorecedora de la cohesión social siempre
ha sido claro. Así, los socialistas impulsamos y desarrollamos la consolidación del
sistema de seguridad social en España, desde la ley de 1985 al Pacto de Toledo y su
fondo de reserva, que acumula ya 64.000 millones de euros. Como consecuencia del
trabajo en este ámbito, en los últimos años se han mejorado sensiblemente las rentas
de las familias con menores ingresos y se ha reducido la pobreza de los mayores, con
los incrementos anuales del Salario Mínimo Interprofesional o el mantenimiento de la
política de revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas.
En línea con ese compromiso, el Gobierno socialista ha priorizado la preservación de
la cohesión social desde los primeros momentos de la crisis. La protección a las
personas más afectadas por situaciones de vulnerabilidad social con un claro enfoque

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redistributivo ha sido un objetivo central de las medidas orientadas a la recuperación
en todas las fases de la misma. Así, se ha incrementando la renta familiar, facilitado el
pago de las hipotecas o atendido especialmente a las familias afectadas por el
desempleo, a través del programa temporal de protección por desempleo e inserción,
así como otras políticas destinadas a afrontar gastos de carácter básico de los
hogares con menores rentas.
También se ha avanzado notablemente en la integración de los colectivos concretos
con mayor riesgo de exclusión o sujetos a discriminación. En los últimos años, el
Gobierno socialista ha puesto en marcha la atención de las personas con discapacidad
en situación de dependencia, y la implantación efectiva de la accesibilidad universal,
favoreciendo el empleo de las personas con discapacidad. Además, el enfoque del
sistema de integración de la inmigración español impulsado por el Gobierno socialista
ha convertido España en un ejemplo internacional de convivencia. Aún siendo el país
de Europa que mayor número de inmigrantes ha recibido en los últimos años, es
también uno de los que menos problemas de inclusión registra. Además el Gobierno
socialista ha reconocido el derecho a voto en las elecciones locales a colectivos
inmigrantes.
La apuesta socialista por las organizaciones civiles que trabajan en la lucha contra las
situaciones de desigualdad y exclusión ha sido continuada y firme. Así ha quedado
recogida en nuestra acción de gobierno con la inclusión por primera vez en la
legislación española de la definición y reconocimiento del Tercer Sector en la Ley de
Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia. Como
resultado de las políticas socialistas, y de los cambios que se han operado en nuestra
sociedad en los últimos años, la proliferación del asociacionismo solidario en España
ha sido enorme. Los socialistas identificamos en ello una oportunidad de conseguir un
concierto social entre lo público y lo privado para crear un marco efectivo de
intervención social.

7.2 El futuro de las políticas de integración para los socialistas: nuevos retos,
mejores soluciones
Los cambios que se suceden en nuestra sociedad, y los nuevos desafíos en el ámbito
de la integración, exigen nuevos enfoques y medidas para el mantenimiento y el
fortalecimiento de la cohesión social. Nuestra sociedad es cada vez más diversa,
multigeneracional, heterogénea, y nuestras políticas de integración deben adaptarse y
anticiparse a esos cambios para garantizar la convivencia en igualdad. Así, los
mayores de hoy, y los de mañana, disfrutan de una salud, inquietudes y aspiraciones
sin precedentes en nuestra historia.
Además, la coyuntura económica ha incrementado el número de personas en situación
de vulnerabilidad social, que afecta especialmente a los colectivos ya de por sí sujetos
a discriminación o susceptibles de exclusión. Esta nueva realidad hace necesario un
refuerzo de las políticas destinadas a la inclusión y que reduzcan la reproducción
intergeneracional de la pobreza. Asimismo, el sector de acción social (el llamado
Tercer Sector), cada vez juega un papel más importante en este ámbito, que se debe
reconocer y reforzar adecuadamente.
Una nueva cultura empresarial está naciendo de la constatación del creciente poder
económico, político y social de las empresas, capaces de generar impactos laborales,

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medioambientales y socioeconómicos cada vez más masivos e importantes, y de la
enorme vulnerabilidad de las grandes firmas a la opinión pública, a una sociedad cada
vez más transparente, más conectada e informada y capacitada por ello para juzgar,
premiar y castigar los comportamientos empresariales. En su reputación corporativa,
las empresas se juegan también su propio futuro.
Los socialistas trabajaremos en la mejora de las políticas relacionadas con la
integración y la convivencia para lograr los siguientes objetivos:
-‐ Favorecer el envejecimiento activo de nuestros mayores, facilitando su
participación activa en la sociedad.
-‐ Avanzar hacia la plena integración de las personas con discapacidad.
-‐ Mejorar y garantizar la integración de la población extranjera, asegurando y
fomentando especialmente en el contexto internacional un marco efectivo
para la regulación de los flujos migratorios.
-‐ Profundizar en las medidas de lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad,
adaptándolas a las nuevas necesidades.
-‐ Favorecer y fortalecer las fórmulas de participación ciudadana y del Tercer
Sector en las labores de asistencia y protección social.
-‐ Aumentar los incentivos para favorecer la Responsabilidad Social Corporativa.
-‐ Mejorar la protección de los ciudadanos como consumidores teniendo en
cuenta los nuevos riesgos en este ámbito, y en concreto en el terreno de
la banca.

7.2.1 Un sistema de seguridad social de futuro
Los socialistas nos comprometemos a seguir mejorando el sistema de seguridad
social, modernizándolo, garantizando su estabilidad y sostenibilidad futura, y
garantizando su equidad y adaptación a las nuevas realidades socio-económicas.
-‐ Garantizaremos a través de las sucesivas revalorizaciones el poder adquisitivo de
las pensiones.
-‐ Aumentaremos las pensiones de viudedad de quienes la tengan como principal
fuente de ingresos, así como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o de
personas que viven solas.
-‐ Garantizaremos que la actividad económica que puedan desarrollar los jóvenes no
permanezca al margen del sistema de protección social.
-‐ Fomentaremos una estrategia para que las carreras profesionales de las mujeres
sean equiparables a las de los hombres y, por tanto, con pensiones similares.
-‐ Estableceremos el cambio obligatorio de puesto de trabajo para los trabajadores
sometidos a enfermedad profesional después del primer diagnóstico
-‐ Fomentaremos la participación de los trabajadores en las mutuas, en los procesos
de elección de mutua y de servicio de prevención.

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-‐ Introduciremos un nuevo diseño de las cotizaciones por contingencias
profesionales, basadas en un cálculo estimativo de los costes de siniestralidad por
sector de actividad económica, avanzando hacia una tarifa más compacta.
-‐ Los socialistas debemos asegurar el cumplimiento de medidas ya aprobadas en la
dirección de alcanzar la plena universalización del sistema, mediante la
incorporación al régimen general de la Seguridad Social de los trabajadores
agrarios y de las empleadas del hogar, como ya se hiciera con los empleados
públicos de nuevo ingreso.
-‐ La sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones exige aplicar la reforma
aprobada, pero también reforzar al máximo los instrumentos de buena gestión de
los recursos existentes, de lucha contra el fraude y de detección de los ámbitos en
que es necesario reforzar las condiciones de acceso a las prestaciones y las
incompatibilidades entre pensiones procedentes de diversas administraciones,
manteniendo siempre los principios de garantía de las condiciones de vida
mínimas y de vinculación al esfuerzo de cotización realizado que están en la base
de nuestro sistema. Asimismo, debemos seguir impulsando la previsión social
complementaria, por lo que nos comprometemos a reformar la Ley de Fondos y
Planes de Pensiones de 1988, para fortalecer en particular los fondos vinculados a
la negociación colectiva.

7.2.2 Envejecimiento activo
Los socialistas activaremos las políticas que persigan un mayor protagonismo de las
personas mayores, el desarrollo de espacios de participación social y política, y
actuaciones que permitan su participación solidaria sin alejarles, por motivos de edad,
de la dinámica social. Para ello:
-‐ Trabajaremos junto a las organizaciones de mayores y el conjunto de la sociedad
en la elaboración de una Estrategia de carácter Estatal que tenga por objetivo la
erradicación de los prejuicios y discriminación por razón de edad.
-‐ Diseñaremos un Programa de incorporación de las personas mayores como
“eméritos” a las instituciones y empresas. Proponemos la incorporación de
jubilados expertos voluntarios no remunerados, como asesores de las distintas
políticas que se realizan desde las instituciones y/o Ministerios y las actuaciones
desde las empresas.
-‐ Pondremos en marcha un Plan o Estrategia Estatal de Fomento y Formación de la
persona mayor para el voluntariado social.
-‐ Continuaremos fomentando “la Universidad del Mayor” y facilitar espacios de
aprendizaje durante toda la vida y, de manera especial, la alfabetización
tecnológica.
-‐ Se pondrá en marcha un programa de salud para la promoción del envejecimiento
activo.
-‐ Dentro de las competencias que actualmente tiene el IMSERSO, un Observatorio
de Mayores elaborará bianualmente un informe de seguimiento y situación de las
personas mayores y, en especial, de su incorporación en la gestión y dinámica
social.

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7.2.3 Hacia la plena integración de las personas con discapacidad
La falta de una intervención pública eficaz puede condenar a las personas con
discapacidad a situaciones enquistadas de exclusión en diferentes niveles: en el
ámbito laboral, sanitario, social, político o de infraestructuras. Por ello, la intervención
pública en este ámbito se hace especialmente necesaria, con el objetivo de garantizar
la igualdad de oportunidades para este colectivo, y hacer efectiva su capacidad de
contribución al desarrollo económico y social.
-‐ La discapacidad y la dependencia son realidades conectadas, pero a su vez
nítidamente diferenciadas. Todas las personas en situación de dependencia son
personas con discapacidad pero no todas las personas con discapacidad son
personas en situación de dependencia. La discapacidad no puede subsumirse ni
desparecer en la dependencia, tiene identidad propia y precisa de políticas y
dispositivos concebidos expresamente para esta realidad.
-‐ Fomentaremos una estrategia de colaboración público-privada para seguir
propiciando la innovación en bienes y servicios que permitan la accesibilidad a las
personas con distintas capacidades y la puesta a disposición de los posibles
usuarios de estos bienes y servicios, garantía de accesibilidad universal.
-‐ El año 2020 como horizonte temporal para lograr una España libre de barreras.
Garantizaremos la accesibilidad física de las personas discapacitadas a todos los
entornos públicos. En los próximos años, se ha de avanzar significativamente a
través de la legislación y la adopción de políticas públicas en la consecución de
entornos universalmente accesibles. También garantizaremos el acceso a los
servicios e información públicos para las personas cuyas discapacidades les
impidan acceder a los mismos por vía visual o auditiva.
-‐ Reforzaremos el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad
para desarrollar acciones concretas entre ellas, un Plan de Formación específico
de Profesorado. Es fundamental incrementar el nivel formativo de las personas con
discapacidad, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por
España.
-‐ Modificaremos los planes de estudio universitarios para incluir la asignatura de
“accesibilidad universal y diseño para todos” en las carreras que se identifique
(ingenierías, arquitectura, tecnologías ambientales, trabajo social…).
-‐ Crearemos el título de Técnico de Subtitulado y Audiodescripción.
-‐ Encargaremos a CENTAC un programa de formación a personas con discapacidad
para el uso de herramientas y dispositivos digitales.
-‐ Elaboraremos un catálogo de profesiones específicas para el trabajo con personas
con discapacidad así como en el ámbito de la Dependencia.
-‐ Proponemos una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con
Discapacidad, que siente nuevas bases para la empleabilidad y la activación de
este grupo de población.
-‐ A través de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con
Discapacidad, el Servicio Público de Empleo elaborará un sistema de Itinerario
Personalizado de empleo basado en el perfil de capacidades de la persona.

- 107 -


-‐ En colaboración con las organizaciones representativas de las personas con
discapacidad promoveremos acciones específicas para incrementar la inclusión de
las personas con discapacidad prioritariamente en el empleo ordinario para
asegurar el cumplimiento efectivo de la obligación legal de emplear un 2% de
personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores, tomando en
consideración las medidas complementarias sólo en casos excepcionales. Además
estableceremos nuevas medidas de apoyo a los centros especiales de empleo y a
los emprendedores con discapacidad.
-‐ Promoveremos un programa de seguimiento de los perceptores de pensión de
incapacidad permanente con el objetivo de activar en cinco años al 20% de los
perceptores
-‐ Crearemos una certificación de atención a la discapacidad para empresas y
productos
-‐ Elaboraremos una guía de uso del lenguaje sobre discapacidad en medios de
comunicación social.
-‐ Igualmente será necesario seguir avanzando en el desarrollo de la ley que
reconoce y regula la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación
oral.

-‐ Elaboraremos una “Estrategia Global de Acción para las personas con
discapacidad en el Medio Rural” que incluirá medidas concretas, financiación
específica y un ambicioso calendario.
-‐ Aprobaremos un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad que aborde
cuestiones como pobreza, violencia, políticas de empleo.
-‐ Mejoraremos la regulación tributaria del patrimonio protegido de las personas con
discapacidad.
-‐ Aseguraremos la atención en los entornos rurales que permita la permanencia de
las personas en su entorno mediante una Estrategia Global de Actuación en el
medio rural.
-‐ Es necesario desarrollar y garantizar la transversalidad de género en las políticas
de discapacidad, garantizando la accesibilidad de las mujeres con discapacidad a
todos los bienes y servicios, especialmente a los relacionados con la atención y
protección integral a las víctimas de violencia de género.

7.2.4 Integrar la diferencia: políticas de inmigración
Para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de nuestra
sociedad, los socialistas creemos necesario invertir el máximo posible de esfuerzos de
todas las administraciones para que el colectivo de nuevos ciudadanos y ciudadanas
que han venido a vivir entre nosotros alcance la plena integración educativa, social y
laboral en España, reforzando los servicios públicos afectados para que pueden dar
respuesta a las necesidades de todos sus beneficiarios, sin exclusión ni
discriminación.

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Asimismo, continuaremos desarrollando un modelo migratorio que permita el control
de los flujos de entrada apostando por la regularidad y que permita gestionar las
entradas y residencia de acuerdo con las posibilidades del mercado de trabajo.
Para todo ello, proponemos las siguientes propuestas:
-‐ Trabajaremos para garantizar la plena integración en los entornos clave: la
escuela, la empresa y el barrio. La acción pública ejercida desde la proximidad es
de vital importancia para el logro de estos objetivos, y el Gobierno –junto con las
instituciones de la UE- debe apoyarla.
-‐ Integraremos la inmigración como eje transversal que compete a todas las políticas
públicas de protección de los colectivos susceptibles de vulnerabilidad,
discriminación o desigualdad.
-‐ Fortaleceremos las políticas y actividades de prevención ante las situaciones de
exclusión social de las personas inmigrantes como un componente básico de las
actuaciones que se desarrollen en materia de acogida.
-‐ Se completarán y reforzarán las políticas para una mejor gestión de la ¨nueva
diversidad¨ en las escuelas, y se trabajará en otros espacios de socialización. Así,
la educación en valores será un eje transversal del currículo, que fomente una
educación antirracista y que promueva comportamientos tolerantes y sensibles a la
diversidad cultural.
-‐ Trabajaremos para lograr la homologación de títulos y el reconocimiento de
habilidades laborales adquiridas en los países de origen o en terceros países.
-‐ Se mejorará la educación sanitaria entre las mujeres de origen inmigrante en
cuestiones relacionadas con la planificación familiar.
-‐ Trabajaremos para reducir la exclusión residencial en la que se encuentran las
personas inmigrantes, que sufren un mayor grado en el chabolismo y los
asentamientos de temporeros agrícolas, y para protegerlos de posibles abusos en
el alquiler de vivienda, a los que se ven sujetos en ocasiones por su situación de
vulnerabilidad.
-‐ Desarrollaremos un urbanismo inclusivo que ayude a prevenir la segregación y la
formación de guetos o bolsas de exclusión. Para ello, uno de los objetivos de las
políticas urbanísticas debe ser la promoción de la diversidad, la mezcla y la
cohesión social en los barrios previniendo la segregación por razones de origen
cultural o étnico.
-‐ Trabajaremos en todos los ámbitos contra la normalización de los discursos y
actitudes xenófobas y racistas. Así, se fomentará el desarrollo de protocolos de
actuación para que los centros educativos trabajen de manera clara a favor de la
prevención del racismo y la xenofobia, y se fomentarán las actividades de
sensibilización como elemento clave en la transformación del discurso social. En
concreto, generaremos espacios de convivencia y de acceso a bienes culturales
que promuevan la interculturalidad.
-‐ Fomentaremos políticas que garanticen la igualdad de derechos y deberes de
todos los ciudadanos que viven en España. Una adecuada integración ha de
excluir cualquier tipo de vulneración de los derechos de los extranjeros, y también

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el pleno respeto de éstos a la Constitución y a las leyes, que fijan nuestro marco
de convivencia y nuestro sistema de derechos y valores.
-‐ Promoveremos una mejor coordinación de las actuaciones entre las distintas
Administraciones Públicas de cara a una mejor gestión del fenómeno migratorio.
-‐ Avanzaremos en el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, para
garantizar la libre circulación dentro del espacio europeo
-‐ Potenciaremos los compromisos Schengen en materia de control fronterizo común
externo. Es de especial relevancia lograr la coordinación de nuestras fuerzas de
seguridad destinadas en fronteras, con el cuerpo de asistencia europeo
FRONTEX.
-‐ Apostaremos por la cooperación al desarrollo, fomentando el codesarrollo junto
con los países emisores de inmigración.
-‐ Impulsaremos la gestión internacional que permita adecuar mejor los movimientos
migratorios a las distintas realidades de cada momento, incluyendo el retorno
voluntario o la inmigración a nuevos destinos. Una política de gestión de la
movilidad debe garantizar a los migrantes internacionales –extranjeros y
nacionales- la portabilidad de derechos sociales.
-‐ Mejoraremos y facilitaremos el acceso a la información sobre procedimientos,
derechos y deberes de los inmigrantes.
-‐ Prevendremos las situaciones de irregularidad sobrevenida por circunstancias no
imputables al trabajador o residente extranjero.

7.2.5 Acabando con la pobreza
Pese al desarrollo alcanzado por el Estado del Bienestar, sigue vivo el riesgo de que
algunas personas no logren salir de un entorno social de partida desfavorecido y
desfavorable, e incluso de que aquellas personas que se encuentren socialmente
integradas caigan en la pobreza y la exclusión por decisiones vitales equivocadas o
por circunstancias extraordinarias fuera de su control. Para todos ellos hay que
asegurar un mínimo suelo social, como fruto de la realización práctica del valor
solidaridad y como medio para posibilitar su inclusión social, laboral y económica.

-‐ Los socialistas somos conscientes de que las consecuencias de la crisis
económica repercuten especialmente en los grupos más vulnerables de la
sociedad. Por ello reafirmamos, finalmente, nuestro compromiso de adoptar
medidas específicas para erradicar la pobreza, luchar contra la exclusión social y
fortalecer la igualdad de oportunidades en particular en relación con los jóvenes,
las mujeres, las personas mayores, las familias monoparentales, las familias
numerosas, las personas con discapacidad, los inmigrantes y las minorías étnicas.
-‐ Promoveremos un marco de actuación que garantice la sostenibilidad, la equidad,
la suficiencia y la calidad del sistema público de servicios sociales, definiendo una
red de servicios y prestaciones comunes que tenga como objetivo la autonomía de
las personas con mayores dificultades personales y sociales, la inclusión social, y
la promoción de la ciudadanía activa. Para ello, implicaremos a las

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Administraciones Públicas, a las organizaciones del Tercer sector de acción social,
a los interlocutores sociales y a las organizaciones profesionales en un pacto
social que nos ayude a consensuar el alcance de ese marco legislativo.
-‐ Asimismo, impulsaremos que los servicios sociales pasen de enfocarse en paliar
la exclusión a incluir de manera efectiva la prevención de la vulnerabilidad como
objetivo central. En este sentido, impulsaremos servicios sociales de seguimiento y
atención personalizados de las personas en riesgo de exclusión, asegurando el
acompañamiento, la prevención y la atención integral, más allá de la prestación de
recursos económicos.
-‐ Igualmente impulsaremos un nuevo Plan Nacional de Inclusión Social,
estableciendo objetivos que nos permitan reducir la pobreza y la exclusión en el
horizonte del 2020.

7.2.6 Ciudadanos activos, juntos por la convivencia
Los socialistas consideramos imprescindible el concurso del Tercer Sector de Acción
Social para el desarrollo del modelo de bienestar que propugnamos, como elemento
esencial en la colaboración necesaria entre la acción política e institucional con la
sociedad civil organizada, activa, participativa y comprometida. El papel de estas
entidades, siempre importante, se ha visto reforzado en los últimos años, cuando han
tenido que servir de soporte y protección ante la crisis. Seguiremos trabajando junto al
Tercer Sector y la ciudadanía en su conjunto, como aliados imprescindibles para lograr
una sociedad mejor, más comprometida y más participativa.

-‐ Elaboraremos, en diálogo con los agentes sociales, las organizaciones del Tercer
Sector y las fuerzas políticas, un gran pacto del que nazca una Ley del Tercer
Sector de Acción Social. En este nuevo marco se regulará el régimen jurídico del
Tercer Sector, reconociéndolo como sujeto de derecho.
-‐ Se crearán instituciones públicas que canalicen dicho diálogo con el Tercer Sector,
mediante Consejos y Foros entre lo público y lo privado que logren coordinar las
políticas públicas. Se potenciará para ello el ya existente Consejo Estatal de ONG
de Acción Social como interlocutor del conjunto de Ministerios que tratan temática
social.
-‐ Modificaremos el actual sistema de financiación del Tercer Sector, apostando por
un modelo transparente. Asimismo, desarrollaremos los sistemas de concierto y
de convenio-programa en el campo de los servicios sociales; e implantaremos
programas marco tomando como modelo el procedimiento usado en la Unión
Europea para la gestión de los Fondos Estructurales. Generalizaremos el uso
adecuado de la fórmula del convenio.
-‐ La Ley de Mecenazgo incentivará adecuadamente las aportaciones a las
Organizaciones sin ánimo de lucro.
-‐ Se establecerá en el régimen jurídico del Tercer Sector un Plan de Contabilidad
Especial, donde se fiscalice de forma eficaz el gasto y la disposición de los fondos.
-‐ Se regulará una nueva normativa estatal de subvenciones adaptada a las
características del tercer sector de acción social.

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7.2.7. Los derechos del ciudadano como consumidor
Los socialistas concebimos las políticas de consumo como poderosos instrumentos de
participación democrática y apostamos por la ciudadanía del consumidor, es decir, por
su implicación directa en la construcción de un sistema económico más justo, más
solidario y más sostenible. La crisis económica debe servirnos para reforzar los
derechos de los consumidores, incrementar su participación en todas las decisiones
que les afectan, así como tomar conciencia de las consecuencias sociales que
conlleva el consumo.

-‐ Impulsaremos la aprobación de la Ley de Servicios de Atención al Cliente para
mejorar los derechos de los consumidores, estableciendo para las empresas de los
sectores de servicios de suministros de agua, gas y electricidad, servicios de
transporte de viajeros, servicios postales, medios audiovisuales de acceso
condicional y servicios de comunicaciones electrónicas, la obligación de disponer
de un sistema eficaz para facilitar información, atender y resolver las quejas y
reclamaciones ágilmente.
• Obligaremos a poner a disposición de los clientes un servicio de atención
telefónica personalizado y un número de teléfono, ambos gratuitos, para
atender sus quejas y reclamaciones, así como cualquier incidencia contractual.
• Prohibiremos la utilización de números de tarificación adicional como medio de
comunicación con los clientes, ya sea vía telefónica, mediante mensajes de
texto u otros análogos. En ningún caso el servicio de atención al cliente podrá
proporcionar ingresos adicionales a la empresa prestadora del servicio a costa
del cliente. Tampoco se podrá aprovechar la formulación de reclamaciones
para ofrecer otros productos al cliente.
• Las empresas tendrán un sistema de gestión unitario o centralizado, de modo
que se garantice la constancia de las quejas, reclamaciones e incidencias
presentadas y se facilite el seguimiento de su tramitación.
• Estableceremos un plazo máximo de un mes para resolver quejas,
reclamaciones y otras incidencias contractuales.
• Igualmente, obligaremos a las empresas a que el tiempo máximo de espera
para el usuario desde la recepción de la llamada en el servicio de atención al
cliente no supere un minuto para más del 90 por 100 de las llamadas
realizadas al servicio de atención al cliente.
• Estableceremos la obligación de que las empresas informen a los usuarios de
las incidencias contractuales que afecten gravemente a la prestación del
servicio o a su continuidad, una vez tengan conocimiento de la misma y sin
necesidad de que el usuario la requiera expresamente.
• Las empresas tendrán que establecer sistemas de medida del nivel de calidad
del servicio y superar auditorías externas anuales.
-‐ Mejoraremos la protección de los consumidores afectados por situaciones de
sobreendeudamiento mediante una regulación específica de un procedimiento
concursal para las familias.

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-‐ Regularemos las condiciones bancarias relativas a cuentas de crédito, créditos al
consumo y créditos hipotecarios, para evitar las cláusulas abusivas, revisando si
es necesario la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito.
-‐ Dotaremos de mayor transparencia al sector energético, especialmente el
eléctrico, en relación a la repercusión final para los consumidores de manera que
estos dispongan de información clara y precisa, tanto en los contratos como en los
recibos.
-‐ Pondremos en marcha un Plan Nacional de Apoyo al Sistema Arbitral que
potencie y fomente entre consumidores y empresas el recurso al arbitraje de
consumo como vía de resolución de reclamaciones.
-‐ Mejoraremos los mecanismos de control de publicidad para evitar el daño por
publicidad engañosa a los consumidores, reforzando la colaboración con la
Fiscalía General en las acciones de cesación de las campañas publicitarias que
induzcan a engaño.
-‐ Desarrollaremos una Estrategia Nacional de Atención a las Reclamaciones y
Quejas de los usuarios, que permitirá al ciudadano dirigirse telemáticamente a las
autoridades de consumo evitando molestias, desplazamientos y pérdida de tiempo.
-‐ Estableceremos la obligación de que todos los procedimientos de medida del
consumo faciliten la medición más eficiente de los consumos .
-‐ Implantaremos la realización de auditorías periódicas sobre los criterios utilizados
para la facturación entre todas las compañías suministradoras de servicios
públicos, para evitar la generalización de prácticas abusivas, en particular en lo
tocante al cobro “voluntario” de cantidades adicionales sobre las que los
consumidores carecen de información.
-‐ Estableceremos la deducción en el IRPF de las cuotas pagadas a organizaciones
de consumidores y usuarios.
-‐ Fomentaremos el consumo responsable desde la escuela en nuestros niños y
jóvenes, así como el conocimiento de sus derechos como consumidores. La
responsabilidad en el consumo para garantizar una sociedad sostenible será uno
de los pilares de la política de consumo de los próximos años.
-‐ Dotaremos de mayor transparencia el sistema de facturación por consumo
eléctrico, exigiendo que las facturas reflejen el consumo/gasto real, impidiendo la
facturación por estimación.

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democracia

programa electoral

democracia

V. DEMOCRACIA

1. Introducción
La crisis se ha producido por fallos de mercado y por fallos en la política. Otras
secciones de este programa electoral se han ocupado de abordar cómo solucionar los
primeros, sobre todo en el ámbito doméstico. En esta sección nos ocupamos de cómo
abordar los segundos. Hay que reforzar nuestra política y nuestras democracias. Pero
no bastará con que lo hagamos en el ámbito doméstico. También será necesario
hacerlo en el ámbito internacional, puesto que la crisis es global.
Las democracias modernas están basadas en dos tipos de legitimidades: en origen y
de ejercicio. En efecto, las democracias se legitiman cuando funcionan, y son capaces
de atender las necesidades y demandas de los ciudadanos. Pero para que las
democracias puedan ser eficaces, para que tengan legitimidad a través de su ejercicio,
tienen que estar, también, legitimadas en origen, a través de los procesos de
conformación de la voluntad popular. Ambas cuestiones están íntimamente
conectadas: una condición necesaria para la eficacia de una democracia es su
legitimación en origen. Pero por mucho que una democracia esté legitimada
procedimentalmente, si no es eficaz, perderá potencia y alcance.
Nuestra democracia ha funcionado bien, tanto desde un punto de vista de su eficacia
como desde la perspectiva de las reglas establecidas para su funcionamiento. A través
de nuestra democracia, hemos podido atender las demandas ciudadanas a favor de
un mayor bienestar, educación, sanidad, servicios sociales, etc. Ha sido eficaz,
también, para gestionar a los mercados. Sin embargo, la crisis económica ha
extendido la percepción de que nuestra democracia ha perdido en eficacia, de que, en
particular, la política no ha sido capaz de hacerse con el control de los mercados. En
gran medida esa percepción es cierta, puesto que los mercados son globales, pero la
política, y nuestras democracias, siguen siendo domésticas. Por eso hay que
perfeccionar nuestras democracias, y hacerlo tanto a nivel interno como internacional:
para que estén a la altura de lo que demandan los ciudadanos, para que puedan
combatir de manera más eficaz los desafíos que tenemos ante nosotros, para que
puedan gobernar mejor a los mercados.
En parte, conseguiremos que nuestras democracias sean más eficaces si reformamos
sus reglas y procedimientos. Ello es así en el interior de nuestro país, en donde existe
una demanda, que los socialistas entendemos justificada, por una mayor
representatividad en nuestro sistema electoral, por una mayor proporcionalidad, por
una mayor conexión entre representante y representado, por más transparencia y
rigor, por un Gobierno más abierto. Podemos hacer todas estas reformas y las
haremos. Pero no bastará si las hacemos en el ámbito estrictamente nacional, también
trabajaremos para que en el ámbito internacional se extienda y se refuerce la
democracia. Para que haya una más Europa y una mejor Europa, más democrática.
Para que haya más y mejores instituciones internacionales que gobiernen la
globalización, y para que éstas sean democráticas, transparentes y abiertas.
Tenemos un compromiso con los españoles primero, y segundo con el resto de los
ciudadanos, para acometer todas estas reformas. Si no lo hacemos, no podremos
ordenar mejor a los mercados. Si no lo hacemos, tendremos que seguir viviendo con la

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democracia

paradoja de que mientras que nuestro mundo es ya global, las democracias, y las
políticas, siguen siendo locales.
Nuestro compromiso es éste: mejoraremos la calidad de la democracia en España, y
contribuiremos a hacerlo en el ámbito internacional.

2. Mejorar la calidad de nuestra democracia
Los socialistas entendemos que tenemos que mejorar la calidad de nuestra
democracia doméstica en al menos tres niveles: necesitamos más transparencia y
más Gobierno abierto. Necesitamos mejorar la conexión entre electores y elegidos,
representantes y representados, en definitiva, entre políticos y ciudadanos.
Necesitamos, además, adoptar y modificar toda una serie de reglas en nuestros usos y
procedimientos parlamentarios, de tal manera que las instituciones más importantes
para nuestra democracia, el Congreso y el Senado, funcionen mejor y de manera más
transparente y abierta a la ciudadanía.

2.1 Más transparencia y más Gobierno abierto
Nuestra reciente democracia ha funcionado bien. Ha supuesto un buen compromiso
entre representatividad y gobernabilidad. Pero es cierto que ha llegado la hora de
mejorarla. Y para mejorarla, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el
escrutinio público de la acción política. Los ciudadanos tienen que poder controlar de
forma más directa, más cercana, más eficaz, lo que hacen sus representantes, para
luego poder tomar mejores decisiones sobre sus opciones políticas. Para conseguir
ese objetivo, es necesario que el sistema político sea más transparente. Y es
necesario, también, que los Gobiernos, las Administraciones, las Comunidades
Autónomas, los ayuntamientos, sean mucho más abiertos a los ciudadanos. En este
ámbito proponemos varias medidas:
Adoptaremos una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de tal
manera que los Gobiernos y sus Administraciones estén sometidas al escrutinio no
solamente de los partidos políticos de la oposición, sino también de los
ciudadanos. Para ello, adoptaremos las disposiciones de desarrollo de la ley, de tal
manera que:
• Regularemos el derecho de acceso a la información elaborada por los poderes
públicos.
• Más concretamente, ampliaremos el círculo de ciudadanos que puedan
acceder a la información que generen Gobiernos y Administraciones
• También ampliaremos el tipo de información en poder de Gobiernos y
Administraciones que pueda ser susceptible de hacerse pública, o al menos, de
transmitirse a aquellos que demuestren un interés legítimo en ello.
• En concreto, estableceremos la llamada “huella legislativa”, es decir,
obligaremos a publicar toda decisión o actuación que implique la adopción
de leyes u otras disposiciones que adopten los poderes públicos,
fundamentalmente si las decisiones comportan gasto.
• Ello afectará a los poderes legislativo, ejecutivo y a la Administración, y se
referirá particularmente a cuestiones de personal, remuneraciones, contratos

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democracia

públicos de las Administraciones, subvenciones, urbanismo y gestión
patrimonial.
• Concretando esto último, obligaremos a publicar las remuneraciones y el
patrimonio de Altos Cargos y en general de personal de confianza política.
• Además, adoptaremos las reformas legales necesarias para garantizar que los
cargos públicos no puedan cobrar más de un sueldo de las Administraciones
Públicas o de los partidos políticos.
• Para asegurar la máxima transparencia en la actuación de las Administraciones
Públicas y, en línea con la legislación aprobada en la Unión Europea sobre la
materia, se incorporará a la Ley de Transparencia la regulación sobre los
grupos de interés.
-‐ Aprobaremos, asimismo, una Estrategia de Gobierno Abierto, puesto que no basta
simplemente con que los ciudadanos puedan acceder a la información de los
Gobiernos y sus Administraciones; es, además, necesario facilitar los mecanismos
para que los ciudadanos puedan participar más activamente en la formulación de
las políticas. En ese sentido, la ley contemplará las siguientes medidas:
• Extenderemos y potenciaremos el Gobierno electrónico para que los
ciudadanos puedan canalizar su participación en la cosa pública por vía
electrónica, a través de Internet o de otras posibilidades que las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) vayan ofreciendo, como por
ejemplo, la telefonía móvil.
• La ley asegurará la posibilidad de participación ciudadana en los procesos
legislativos más importantes.

2.2 Un sector audiovisual saneado, independiente y plural
El sector audiovisual precisa urgentemente de una actuación global que garantice a
los ciudadanos el acceso a una información veraz, de una opinión contrastada con
voces representativas de todos los sectores ideológicos de la sociedad, y de una
oferta de ocio que estimule a los creadores y enriquezca culturalmente a los oyentes y
espectadores. Una misión deseable para los medios privados, pero exigible a los
públicos.
En la consecución de este objetivo, proponemos las siguientes medidas:
Medidas para la correcta ordenación del sector
-‐ De acuerdo con lo contemplado en la Ley General de la Comunicación Audiovisual
y los numerosos requerimientos que desde las instituciones comunitarias nos han
formulado desde hace tiempo, impulsaremos la creación efectiva del Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), institución reflejo de la madurez
democrática existente en la totalidad de países europeos que anteriormente lo
crearon.
-‐ Estamos comprometidos en ello, y queremos que tanto los operadores como los
ciudadanos tengan la certeza de que el CEMA velará por el cumplimiento de las
previsiones legales que afectan a este sector, que fomentará ámbitos de

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democracia

autorregulación y corregulación en determinadas materias vinculadas con los
contenidos. El CEMA atenderá las necesidades de los operadores y supervisará el
cumplimiento de las obligaciones vigentes en este sector, en especial la protección
de colectivos más vulnerables, como los menores o la discapacidad, en relación
con las medidas de accesibilidad que deben ser aplicadas a los contenidos. La
supervisión judicial de las decisiones de estos organismos reguladores constituye
la garantía última en nuestro Estado de Derecho.
- Las Comunidades Autónomas deberán contar con una Autoridad Audiovisual
independiente del Ejecutivo con funciones similares a las del CEMA.
Según contempla la ley de lo Audiovisual, consideramos que sería muy positiva, y
así propulsaremos, la constitución de unos Consejos representativos de todos los
sectores sociales activos en cada Comunidad, sin retribuciones para sus
miembros, que periódicamente, transmitirán sus observaciones y propuestas sobre
el funcionamiento de los medios públicos autonómicos.
-‐ Además, y dado el elevado número de televisiones en TDT fruto del reparto de
licencias en las distintas demarcaciones geográficas, en el ámbito autonómico y
local, estudiaremos la búsqueda de soluciones que permitan disminuir el volumen
total de licencias y títulos habilitantes previstos, facilitando la devolución de
licencias a aquellos que no puedan o no quieran explotarlas.
Medidas para garantizar el servicio público de televisión
Tenemos que revisar los mecanismos que sirven para financian a nuestras
televisiones públicas, porque hay que asegurar a futuro su adecuada financiación
en el futuro, evitando distorsiones en la competencia con el resto de operadores y
garantizando un dimensionamiento suficiente para ofrecer a los ciudadanos una
televisión y radio pública de calidad, moderna e independiente, acorde con la
sociedad actual.
También deberemos asegurar que si la UE entiende que los operadores de
telecomunicaciones no deben contribuir al sostenimiento financiero de RTVE,
puedan existir instrumentos alternativos de financiación de este servicio público.
Desde el respeto a su ámbito propio de decisión, propondremos que las
Comunidades Autónomas dónde aún no se ha implantado ese principio, regulen la
composición de los órganos de dirección de sus entes audiovisuales con arreglo al
criterio establecido para RTVE.
Medidas para apoyar el desarrollo del sector
- El actual proceso de convergencia tecnológica ha supuesto que los ciudadanos
puedan tener acceso a una multiplicidad de contenidos en varios soportes. Incluso
está variando la forma de consumir los contenidos audiovisuales y demás servicios
que los operadores ofrecen a los ciudadanos. Lógicamente, la regulación de estos
escenarios requiere de medidas o instrumentos suficientemente flexibles y
adaptados a la realidad del sector y a sus propias necesidades, requerimientos y
aspiraciones. En tal sentido, parece indudable que ante la próxima aparición de
nuevas posibilidades y tecnologías, como el 3D o la televisión conectada a
Internet, tenemos que permanecer atentos para proporcionar una regulación

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democracia

inmediata y eficiente de esos nuevos retos, tanto a favor de los operadores, como
en última instancia, de los ciudadanos.
- Adicionalmente, favoreceremos el desarrollo de un sector de los medios de
comunicación saneado, puesto que una sociedad democrática avanzada requiere
de unos medios independientes y solventes. En este sentido, otro de los hechos
que continuaremos apoyando y que incide directamente en la configuración del
nuevo panorama audiovisual, es la posibilidad de que las televisiones que así lo
estimen puedan concentrarse o integrarse, con objeto de incrementar su grado de
competitividad en un escenario audiovisual cada vez más global.
- Además, apoyaremos el desarrollo de la digitalización de la radio, impulsando un
estándar tecnológico que permita introducir nuevas mejoras y servicios de radio en
beneficio de los ciudadanos.

2.3 La reforma de nuestro sistema electoral
También es necesario reformar nuestra Ley Electoral, con dos objetivos: que la
relación entre representante y representado sea más directa, y mejorar la
representatividad de nuestro sistema político.
Específicamente, reformaremos la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen
Electoral General, que requiere, de acuerdo con el artículo 81.2º de la Constitución
Española, la mayoría absoluta del Congreso. Propondremos un acuerdo consensuado
en torno a un sistema que se aproxime al modelo alemán. Mientras ese consenso se
desarrolla, negociaremos con las restantes fuerzas políticas la inclusión de las
siguientes modificaciones:
-‐ Propondremos la posibilidad de aplicar listas electorales desbloqueadas con la
posibilidad de voto preferencial a un número determinado de candidatos según el
modelo vigente en algunos países europeos.
-‐ Estableceremos, para las elecciones municipales, y en consonancia con lo que
haremos para las elecciones nacionales, un sistema desbloqueado de listas que
permita al ciudadano dentro de la lista presentada por cada formación política,
preferir a uno o varios de sus integrantes.
-‐ Nos comprometemos a seguir avanzando para impulsar una reforma electoral que
garantice una presencia verdaderamente equilibrada entre hombres y mujeres en
las listas electorales.
-‐ Estudiaremos el voto por internet como sistema complementario al voto por correo
y el voto en consulado, tomando el ejemplo de países como Suiza.

2.4 Reformas para la mejora de la participación ciudadana en la política
Más de treinta años después de promulgada la Constitución Española, la ciudadanía
demanda nuevos esfuerzos para mejorar nuestro sistema democrático. En estos
últimos meses hemos podido escuchar en nuestras calles la reivindicación de un
Estado más abierto y de una práctica política más transparente, participativa e
incluyente.
Precisamente, la participación cívica como libre expresión del pluralismo y la
diversidad en la sociedad española forma parte de los valores más arraigados del

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democracia

PSOE. Los socialistas creemos firmemente en el diálogo y en la búsqueda de
acuerdos como fórmula para cualificar la actividad política y la responsabilidad de las
instituciones.
La ciudadanía española requiere más espacios para la participación política, más
cauces para la expresión de sus propuestas, e instrumentos más actualizados y
eficaces para cumplir con el contenido de los artículos de la Constitución que
reconocen nuestro derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones” (artículo 20) y a “participar en los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes” (artículo 23).
En el ánimo de aproximar de manera decidida las instituciones políticas a la
ciudadanía, los socialistas proponemos actualizar las leyes, normas, así como los
Reglamentos que rigen la participación ciudadana en las Cortes Generales, aportando
las siguientes propuestas:
-‐ Convocatoria de un amplio proceso de participación impulsado por los
ayuntamientos para articular propuestas con objeto de promulgar una nueva Ley
Básica de Participación Cívica e Institucional, en desarrollo del artículo 23 de la
Constitución Española.
-‐ Facilitar y mejorar los procedimientos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el
Congreso y el Senado, rebajando limitaciones y requisitos, y ofreciendo la
posibilidad de que un “diputado 351”, representante de los impulsores de la ILP,
intervenga a lo largo de todo el proceso legislativo –Pleno, Comisión, Ponencia-
con voz pero sin voto. Recibirá el apoyo técnico de los servicios de la Cámara al
igual que cualquier otro diputado o Grupo Parlamentario. Se establecerán unas
dietas para que pueda desarrollar su labor sin ningún tipo de perjuicio económico.
Finalmente, se estudiará la posibilidad de trasladar dicha experiencia al Senado.
-‐ Conversión de la Comisión de Peticiones en una verdadera Comisión de
Participación Ciudadana.
-‐ Establecer en los procesos legislativos la obligatoriedad de que las Mesas de las
Comisiones correspondientes organicen una sesión de comparecencias de los
representantes de los sectores afectados de la sociedad, a fin de que los diputados
escuchen sus criterios y propuestas antes de constituir las ponencias redactoras.
-‐ Regular la Administración abierta, para que todas las Administraciones Públicas
deban establecer cauces en las redes digitales para dar a conocer sus iniciativas y
para recibir las valoraciones y propuestas ciudadanas, a través de las webs
oficiales y favoreciendo la participación en las redes sociales más habituales.
-‐ Institucionalización de una verdadera “carta de servicios” de diputados y
senadores, regulando de manera exhaustiva sus obligaciones de contacto directo y
comunicación con sus representados.
-‐ El PSOE en su territorio garantizará la existencia de Oficinas Parlamentarias
abiertas a la ciudadanía.

2.5 La profundización de los derechos ciudadanos
Las dos últimas legislaturas han supuesto un gran avance en materia de extensión de
derechos sociales y civiles. Nos referimos a la atención a la dependencia, todavía en

- 119 -

democracia

su momento de instrumentación inicial, la mejora de las prestaciones sociales y
familiares, nuevas prestaciones sanitarias o las ayudas vinculadas al desempleo.
Asimismo, en el ámbito de los derechos civiles hemos aprobado la ley de igualdad
entre mujeres y hombres, nuevas reglas del derecho de familia en materia de
matrimonio, separación y divorcio, adopción o acceso al registro civil.
En esta nueva etapa, además de consolidar los avances, seguiremos ganando
espacios para la libertad y la igualdad de los ciudadanos en los siguientes ámbitos:
-‐ Retomando el proyecto presentado por el Gobierno en esta legislatura,
aprobaremos la ley de muerte digna, para regular los derechos de las personas
en el proceso del final de la vida. La regulación actual presenta vacíos y
lagunas que dan pie a que, en ocasiones, el respeto a la voluntad de cada uno
en todos los momentos de la vida, y también ante la muerte, no esté asegurado
plenamente frente a instituciones sanitarias o sociales, o los propios familiares.
Además, la inseguridad en que se mueven los profesionales sanitarios en este
ámbito reclama una regulación más precisa. Y, tan importante como todo ello,
el proceso del fin de la vida debe realizarse en un contexto de prestaciones y
de atención especialmente atento a las necesidades y al respeto de la
intimidad personal y familiar.
-‐ Retomando el proyecto enviado por el Gobierno a las Cortes, aprobaremos la
ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, para prohibir toda
forma de discriminación que, finalmente, lleva a la exclusión y la consiguiente
pérdida para todos los ciudadanos en ámbitos como el laboral, el educativo, la
deliberación pública, la atención social o, con carácter general, todos los de la
vida pública y la integración social.
-‐ En dicha ley consideramos necesario promover la sensibilización social
preventiva y la movilización ciudadana contra los delitos de odio y la
discriminación, la creación de una Fiscalía especializada en esta materia, e
impulsar la creación de servicios de orientación a las víctimas de discriminación
y de delitos de odio.
-‐ En este sentido, consideramos necesario velar por la aplicación de la ley de
partidos cuando dice que un partido político podrá ser declarado ilegal cuando
en el ejercicio de su actividad vulnere sistemáticamente las libertades y
derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados
contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de
personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza,
sexo u orientación sexual.

En otros ámbitos relacionados con la no discriminación:
- Impulsaremos una regulación que sirva de marco legal a las parejas que quieran
formalizar su convivencia por la vía del Registro de Parejas de Hecho, creando un
registro central y reconociendo el derecho a sucesión y adopción conjunta de las
parejas registradas, sean estas del mismo o de distinto sexo.
- En los últimos años nuestro país se ha convertido en un referente internacional
en el reconocimiento de los derechos civiles de lesbianas, gays, transexuales y

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democracia

bisexuales. Estos profundos cambios en el reconocimiento de la igualdad y la
diversidad han traído consigo otros aspectos que requieren de mejoras legislativas
e impulsos normativos en ámbitos como la filiación, la educación o la donación de
óvulos entre mujeres casadas.
- Impulsaremos medidas que garanticen la igualdad de oportunidades para las
personas transexuales.
-‐ Promoveremos el desarrollo en España del Programa europeo de acción
comunitaria Progress (2007-2013) y especialmente su sección 4, denominada
“Antidiscriminación y diversidad”, que busca apoyar la aplicación eficaz del
principio de no-discriminación y promover su incorporación en todas las
políticas de la UE.
Pueblo Gitano:
- Continuaremos impulsando el funcionamiento de los órganos de participación e
interlocución de las organizaciones sociales gitanas, a través del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano e impulsaremos la labor del Instituto de Cultura Gitana en su
tarea de difundir y promocionar la cultura gitana.
- Promoveremos acuerdos entre las Administraciones Públicas para la regulación
del ejercicio de la venta ambulante.
- Impulsaremos medidas que faciliten la accesibilidad de las personas gitanas a la
formación profesional y ocupacional, así como a la educación universitaria,
impulsando programas para reducir el analfabetismo y el absentismo escolar, así
como el apoyo y formación para el autoempleo de las personas emprendedoras.

2.6 Reformas para profundizar en la laicidad del Estado español
La laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad. La inmensa
mayoría de los ciudadanos ama la libertad personal frente a imposiciones religiosas.
Aprecian que la laicidad constitucional es una garantía para la libertad individual y un
principio que favorece la convivencia de ciudadanos iguales con creencias diversas.
Es una laicidad positiva.
En nuestro país junto a un proceso notable de secularización y disminución de la
práctica religiosa tradicional se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de
la diversidad religiosa, lo que implica cambios en la vida y en las tradiciones culturales
de nuestros pueblos y ciudades y también políticas públicas no exentas de
controversia y contradicciones.
Esta diversidad de identidades es un hecho característico de la mayor parte de los
países europeos en lo que constituye uno de sus desafíos mayores: cómo construir
cohesión social, cultural y política de país a partir de la diversidad, cómo construir una
idea de ciudadanía común en nuestras democracias y cómo evitar derivaciones hacia
el extremismo que constituyen una amenaza para la igualdad de género, los derechos
individuales y la democracia.
La separación entre Estado y confesiones religiosas, es una medida positiva de
fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna. En este
terreno proponemos las siguientes medidas:

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democracia

Aseguraremos la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos, puesto que
el Estado tiene el deber de garantizar que en los espacios tutelados por los
poderes públicos no exista confusión entre lo público y lo religioso.
Suprimiremos los privilegios que se conservan en la legislación hipotecaria en
beneficio de la Iglesia Católica. La Ley Hipotecaria arrastra un privilegio en favor de
la Iglesia Católica, tributario de épocas pasadas y carente de justificación, que
equipara la Iglesia Católica a las Administraciones territoriales y Corporaciones de
derecho público, facultándola para emitir sus propios certificados de dominio en
ausencia de título escrito de dominio, que resulta contrario a su naturaleza jurídica
y al principio de aconfesionalidad del Estado. En consecuencia se procederá a
modificar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento a fin
eliminar este injustificado privilegio.

2.7 La optimización de nuestro sistema de descentralización del poder
Nuestro Estado de las autonomías supone un éxito sin paliativos. Sin embargo, en un
período de crisis económica como el que estamos viviendo, existe la necesidad, más
aún si cabe, de que actúe de manera más coordinada. Por su parte, nuestra
organización territorial en el ámbito local necesita ser más eficaz.
La cultura federal es el sistema de gobernanza multinivel que mejor responde a los
desafíos en las sociedades complejas y democracias avanzadas, España no es una
excepción. Pero no es sólo una técnica de descentralización, se trata de una filosofía
política basada en el pacto y que supone un ejercicio de radicalidad democrática. Un
pacto de convivencia que permite combinar autonomía política de las partes y el
trabajo por un proyecto de unión donde todos ganan.
En estos ámbitos llevaremos a cabo las siguientes reformas:
Estableceremos las “Estrategias Nacionales”, en particular, en los ámbitos que
este Programa Electoral entiende que son estratégicos para España desde un
punto de vista económico y para la creación de empleo; nos referimos,
concretamente, a sectores como la formación profesional, la educación, la
inmigración, la sanidad, los emprendedores, y el I+D+i. Estas Estrategias serán
ejecutadas a través de lo que denominaremos Planes Federales. Las Estrategias
Nacionales se configurarán como auténticos planes de coordinación entre los
niveles territoriales central y autonómico. Serán adoptadas por el Gobierno de
España, en consulta y colaboración con los Gobiernos de las Comunidades
Autónomas. En ellos se establecerán grandes objetivos de país y la financiación
adecuada para acometerlos. Las Comunidades Autónomas que reciban la
financiación que las Estrategias Nacionales incluyan, se comprometerán a cumplir
los objetivos marcados por dichos planes, en las condiciones establecidas por las
Estrategias Nacionales. Serán las Conferencias Sectoriales las encargadas de
supervisar el cumplimiento de las Estrategias Nacionales.
Estas Estrategias Nacionales deberán tener un horizonte europeo.
Para conseguir estos objetivos es necesario promover el diálogo, la concertación, la
colaboración y la coordinación entre Administraciones que permitan la adopción de
decisiones conjuntas o coordinadas y su ejecución en un marco de lealtad mutua
conforme a las respectivas competencias. Esto implica la potenciación de la

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democracia

Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y todos los marcos y
mecanismos de colaboración institucional multilateral, sin perjuicio del reconocimiento
y actuación de los bilaterales en sus ámbitos propios, tal como están definidos en los
Estatutos de Autonomía y en la legislación.

Impulsaremos la reorganización de los gobiernos locales y la modernización profunda
de las Diputaciones Provinciales. La nueva configuración de la administración local de
carácter supramunicipal debe tener presente la existencia de una administración
autonómica con servicios de carácter provincial, el reforzamiento tanto político como
técnico de los ayuntamientos, y el papel de supletoriedad que la Constitución y sus
leyes de desarrollo le asigna respecto a los municipios. En este sentido, Andalucía,
con sus leyes municipales, es una referencia para conseguir una administración local
más simplificada, eficiente y eficaz. La transformación de las Diputaciones Provinciales
en Consejos de Alcaldes permitirá la delimitación de sus competencias, la
simplificación de su estructura y la reducción significativa de la representación política,
garantizando los puestos de trabajo de los funcionarios y el personal de las actuales
Diputaciones. Debe otorgarse tratamiento diferenciado para los Consejos Insulares o
Cabildos que son instituciones locales y, en consecuencia, abogamos por mantenerlos
y afianzarlos.
Desarrollaremos las disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, relativas a las relaciones entre los niveles estatal,
autonómico y local. Específicamente, el Gobierno de la nación fomentará la realización
de convenios y consorcios administrativos, y propiciará la creación de órganos de
colaboración y de coordinación entre las Administraciones, sobre todo en el ámbito de
la prestación de servicios sociales.
Las modificaciones legislativas que afectan al mundo local habrán de tener en cuenta
la realidad de nuestra estructura municipal, que tiene 5.791 municipios de menos de
2.000 habitantes. Las leyes y reglamentos habrán de adecuarse a las posibilidades de
gestión de dichos municipios. Igualmente las modificaciones legislativas contemplaran
que los servicios no obligatorios para municipios de menos de 5.000
habitantes puedan ser prestados mediante mancomunidades, comarcas, consorcios u
otros regímenes asociativos.
La financiación local ha sido objeto de actuaciones extraordinarias a lo largo de la
legislatura que han proporcionado a los municipios fondos adicionales de inversión por
valor de 13.000 millones de euros. Además, se han afrontado otra serie de
actuaciones excepcionales para proporcionar a las Entidades locales líneas de crédito
que les han permitido atender a sus necesidades, a pesar de las dificultades
financieras por las que atraviesan el conjunto de Administraciones públicas.
Sin embargo, la situación económica ha hecho imposible debatir e impulsar un nuevo
marco de financiación local. El reto de sacar adelante ese nuevo modelo de
financiación se debe retomar con la recuperación económica y del crecimiento. Una
financiación local, estable y cierta, es garantía de la autonomía de las entidades
locales para gestionar sus intereses y para prestar servicios de calidad a la
ciudadanía.
El nuevo modelo de financiación debe proporcionar suficiencia financiera a los
municipios para atender a sus competencias. La financiación local tiene que provenir

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democracia

de las aportaciones del Estado, de la participación de los municipios en los ingresos de
las Comunidades Autónomas y de la corresponsabilidad fiscal de los Entes locales,
sobre la base de un sistema de tributos municipales adaptado a la nueva situación y
evolución de la realidad local. Por eso, los socialistas nos comprometes con el impulso
y aprobación de una ley de financiación local que cuente con un amplio respaldo
parlamentario.
El papel que los municipios deben ejercer en el siglo XXI exige que cuenten con un
marco legislativo y competencial adecuado. Por eso, en la próxima legislatura
afrontaremos la redefinición, actualización y modernización del marco de
competencias y funciones de las Entidades Locales a través de una nueva Ley de
Gobierno y Administración Local. La nueva Ley tendrá en cuenta el desarrollo
autonómico y estatuario en materia de gobierno y administración local, la necesidad de
garantizar un funcionamiento transparente y plenamente democrático de los gobiernos
locales, y de proporcionar las bases para que los mismos desarrollen una gestión
eficaz, eficiente y austera de sus intereses y servicios.
Además para mejorar los mecanismos de control democrático a nivel local
proponemos implantar el Estatuto de la Oposición, a fin de que los grupos políticos
que no estén en el Gobierno vean garantizado el derecho a ejercer dignamente su
trabajo de fiscalización.
Los socialistas mantenemos nuestro firme compromiso con la reforma constitucional
del Senado, sin renunciar al resto de reformas constitucionales propuestas en
anteriores programas electorales, como la mención de las Comunidades Autónomas
en la Constitución, la referencia al proceso de integración europea o la garantía de la
igualdad de género en el acceso a la Corona.
Con independencia de la reforma constitucional del Senado, es posible y necesario
avanzar en la acción concertada de las Administraciones Públicas, aprovechando al
máximo los recursos de todas ellas para aumentar la competitividad de España en el
mundo y para garantizar el mantenimiento y desarrollo de los servicios públicos a los
ciudadanos. En ese sentido, nos comprometemos a mejorar el funcionamiento y
coordinación de la Conferencia de Presidentes y de las Conferencias Sectoriales.
Además, propondremos un gran Acuerdo entre todas las fuerzas políticas para
reducir la estructura política de ayuntamientos, CCAA y del Estado. La reducción de
cargos públicos representativos garantizará, en todo caso, que se respete la
proporcionalidad.

2.8 Por una política limpia
La buena gestión y la eliminación de cualquier práctica corrupta son elementos
centrales para los intereses de la comunidad y para la propia legitimidad de las
instituciones, por lo que estamos dispuestos a ejercer plenamente todas las
posibilidades de control administrativo y judicial y a reforzar la posición pública de
los cuerpos de asesoría y vigilancia técnica en relación con las actuaciones de los
responsables políticos de cualquier nivel territorial.
-‐ La exigencia ética en el comportamiento de los cargos públicos debe ser
absoluta, y para ello estableceremos referencias normativas de obligado
cumplimiento para las retribuciones públicas, penalizaremos la práctica del

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democracia

transfuguismo y mantendremos la "tolerancia cero" para la corrupción y los
corruptos.
-‐ Crearemos una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo, conjunta de
Estado, Comunidades Autónomas y una representación municipal, que tendrá
independencia funcional en sus actuaciones, que asumirá la evaluación y el
control de los instrumentos de ordenación urbanística en relación con el
respeto de la legalidad urbanística, ambiental y de ordenación del territorio y
con atención especial a los intereses supralocales afectados. La oposición de
la Agencia impedirá el desarrollo de las actuaciones urbanísticas controvertidas
hasta la decisión de los tribunales.

2.9 Una Administración Pública más eficaz
España ha realizado grandes avances en la modernización de su Administración
Pública. En su mayor parte, los funcionarios que sirven en las Administraciones
Públicas lo hacen con dedicación, lealtad y eficiencia. Sin embargo, en un contexto de
crisis económica es necesario seguir modernizando la Administración Pública, para
que esta sea cada día más eficaz y presente un mejor servicio a los intereses
generales. En este sentido, las medidas que adoptaremos serán las siguientes:
- Con carácter general, abordaremos la revisión de todos los procedimientos
administrativos, con el objetivo de simplificarlos.
Seguiremos desarrollando la e-Administración, la Administración electrónica, de tal
manera que en 2020 todos los procesos ante la Administración se realicen por vía
telemática, siempre que la comunicación por vías tradicionales no sea necesaria.
Se obligará a que todos los funcionarios, pero especialmente a los del ámbito de la
sanidad, educación y servicios sociales, se comuniquen por vía electrónica con los
ciudadanos, siempre que la comunicación por vías tradicionales no sea necesaria.
Estableceremos un nuevo sistema de acceso a la función pública que sea más
compatible con el mandato constitucional de acuerdo con los principios de mérito y
capacidad, disminuyendo la necesidad de conocimientos memorísticos e
incluyendo periodos de prácticas, para evaluar preferentemente los valores de
servicio público, el uso de las nuevas tecnologías y la capacidad de adaptación a
los cambios. En particular, para el acceso a los cuerpos superiores de la
Administración se hace necesario promover la igualdad de oportunidades mediante
la implantación de un sistema que facilite la preparación de las pruebas selectivas
por los aspirantes con independencia de su capacidad económica.
Fomentaremos que las Administraciones Públicas sean más productivas. Para ello,
los complementos de productividad de los empleados públicos se concederán de
manera objetiva, transparente, y ateniendo a criterios pre-establecidos de
rendimiento profesional.
Con objeto de mejorar la organización, la productividad y el ahorro en
instalaciones, servicios y energía, de forma progresiva a lo largo de la legislatura,
debe generalizarse una organización y un horario de trabajo racionalizado y
flexibilizado, que, incluyendo el recurso a medios electrónicos, permita una mayor
eficiencia en la asignación de recursos humanos, así como el aumento de las
posibilidades de conciliación entre la vida familiar y laboral. Además resulta

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democracia

necesario avanzar hacia la mejora de la descripción de los puestos de trabajo y de
los marcos retributivos de los empleados públicos que ocupen los mismos perfiles
en cualquier Administración.

2.10 Reformar la Justicia en España
La reforma de la justicia en España ha sido, durante demasiado tiempo, una de
nuestras grandes asignaturas pendientes. Los avances realizados en estos últimos
cuatro años han sido muy importantes. Pero, sin duda, necesitamos una Justicia más
ágil, más eficaz. Una Justicia más pegada a la realidad social y económica española.
Necesitamos, en un momento de crisis económica como el actual, que la Justicia sea
un motor de crecimiento económico, antes que un freno. Para ello desarrollaremos las
siguientes medidas:
-‐ Daremos continuidad al esfuerzo para incrementar el número de jueces y
fiscales, así como promoveremos una reforma de la Planta judicial y de la
Demarcación, elaborándose un nuevo Mapa territorial de la justicia, en
consonancia con las necesidades actuales de la sociedad española,
desarrollando las directrices señaladas por la Comisión nombrada al efecto en
el año 2009.
-‐ Reformaremos el actual sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal.
-‐ Adoptaremos un sistema de acceso que se fundamente más que en pruebas
memorísticas, en la obtención de aprendizaje más contextual y analítico en el
seno de la escuela judicial, a través del cual los futuros jueces y fiscales
puedan abordar los problemas jurídicos que tienen que resolver de forma más
actual. Un sistema engarzado por una parte con los estudios de postgrado y,
por otra, con la realización de pruebas en los juzgados y con un período de
prácticas de al menos un año bajo la supervisión de un juez titular. Ello
permitirá al juez orientar su perfil profesional y solicitar, previa habilitación por
una comisión plural nombrada al efecto, su incorporación como especialista a
un determinado orden jurisdiccional.
-‐ Queremos asegurar, además, que todos aquellos que, por mérito y capacidad
estén en condiciones de acceder a la carrera judicial puedan hacerlo sin que el
factor económico sea un elemento excluyente. Para ello, el sistema de acceso
requiere una nueva regulación que garantice el principio de igualdad de
oportunidades a través de becas y ayudas.
-‐ Revisaremos el sistema de promoción en la carrera judicial y fiscal, fomentando
la productividad de jueces y fiscales a partir de criterios objetivos,
transparentes, y evaluables de manera independiente; y desarrollaremos los
instrumentos necesarios para garantizar la responsabilidad de jueces y
magistrados en el ejercicio de sus funciones.
-‐ Se establecerá una lista de espera judicial de asuntos, que será pública. La ley
determinará qué se considerará como lista de espera judicial excesiva. En esos
casos, el titular del juzgado, o tribunal, elaborará un Plan para la reducción de
su lista de espera judicial, y la Ley determinará los efectos que el eventual
incumplimiento del Plan tendrá en el desarrollo de la carrera del juez y, en su
caso, en términos de eventuales sanciones.

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democracia

-‐ Aseguraremos que los jueces puedan dedicarse a la resolución de los
procedimientos y a la garantía de los derechos de los ciudadanos,
encomendando la instrucción penal al Ministerio Fiscal. Los jueces se
convertirán así en los auténticos garantes de la investigación y de todo el
proceso penal. Se creará la figura del “investigado”, que será diferente de la del
imputado y del procesado. Ningún ciudadano podrá ser imputado en una causa
si no ha existido un proceso previo de investigación.
-‐ Concluiremos la reforma de la legislación procesal española con el objetivo de
simplificar los procedimientos judiciales y des-formalizarlos lo máximo posible.
Específicamente, procederemos a adoptar las siguientes medidas:
• Culminaremos el despliegue de la nueva oficina judicial (NOJ), que comporta
una organización mucho más eficiente de los recursos al servicio de la justicia.
• Procederemos a una reforma en profundidad del sistema de seguridad jurídica
preventiva (Notarios y Registrados), para evitar duplicidades, ahorrar costes a
los ciudadanos, suprimir cargas burocráticas y sustituir el sistema de arancel
por otro más acorde con el servicio público que se presta a los ciudadanos.
• Aprobaremos un nuevo Código de Comercio (el actual es de 1885) y la reforma
del libro IV del Código Civil “De las obligaciones y contratos” (1889), con el fin
de potenciar la unidad de mercado y favorecer y actualizar las reglas que
ordenan el tráfico jurídico y mercantil.
• Aseguraremos que el proceso de implantación de las TIC en los Juzgados y
Tribunales se completará en 2020, con el fin de que todos ellos estén
interconectados por vía telemática. Como regla general, todas las
comunicaciones entre juzgados y tribunales serán electrónicas. También como
regla general, todas las comunicaciones entre juzgados y tribunales y
ciudadanos serán por vía electrónica. Los ciudadanos conocerán el estado de
su expediente judicial por vía telemática. Asimismo, en 2020 se producirá la
interconexión completa por vía telemática entre los registros dependientes de
los poderes públicos con competencias en materia de justicia con los de otros
organismos y administraciones.
• Aplicaremos la reciente reforma del Registro Civil, que permitirá agilizar los
trámites en relación con documentos esenciales para la vida de los
ciudadanos.
-‐ Nos comprometemos a impulsar el acuerdo necesario para restaurar el respeto
de los plazos y condiciones que la Constitución fija para la renovación de todos
los órganos constitucionales.
-‐ Abordaremos, asimismo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para
adaptar la administración de justicia al Estado autonómico de acuerdo con las
reformas de los Estatutos de Autonomía aprobados durante estas dos últimas
legislaturas.

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democracia

2.11 Seguridad Ciudadana
Para el PSOE la seguridad es un derecho social básico, imprescindible para el
ejercicio en libertad de los derechos de los ciudadanos. No hay democracia sin
libertad, y es imposible la libertad sin seguridad. Por eso, garantizar la seguridad es un
deber esencial, prioritario e indelegable para el Estado. Y también por eso, la
seguridad constituye una prioridad en la agenda de las políticas del Gobierno del
PSOE.
Durante las dos últimas legislaturas, los socialistas hemos puesto en marcha desde el
Gobierno de España un amplio abanico de medidas, de calado estratégico, dirigidas a
mejorar la seguridad de los españoles, y para hacer efectivo nuestro compromiso para
que ningún ciudadano, sea cual sea su situación social o económica o el territorio en el
que viva, quede privado del derecho a estar y sentirse seguro; y, por tanto, quede
privado o excluido del derecho a ser y sentirse efectivamente libre. En este sector,
proponemos las siguientes medidas:
Mantendremos y profundizaremos el desarrollo de nuestra estrategia contra el
terrorismo, ya sea el de ETA ya el de carácter internacional; potenciaremos las
capacidades y los medios de inteligencia y operativos de nuestros cuerpos de
seguridad frente a esta amenaza; reforzaremos la cooperación internacional; y
fortaleceremos el consenso entre todas las formaciones políticas para hacer frente
a esta amenaza. Además, seguiremos prestando a las víctimas del terrorismo el
apoyo y solidaridad que merecen.
La lucha contra el crimen organizado es nuestra segunda prioridad en materia
de seguridad interior. La amenaza del crimen organizado se caracteriza por su
gran capacidad de adaptación y flexibilidad y por su resistencia y capacidad de
recuperación frente a la acción de los instrumentos del Estado. Por ello, vamos a
poner en marcha una nueva estrategia en esta materia, que comprenderá seis ejes
prioritarios de actuación:
• Potenciaremos aún más nuestras capacidades de Inteligencia para conocer,
evaluar, seguir, anticiparse y responder al crimen organizado.
• Fijaremos como objetivos prioritarios descubrir y atacar la economía del crimen
organizado, incautándose y decomisando sus bienes, fondos y beneficios.
• Fijaremos prioridades operativas contra las actividades del crimen organizado:
el narcotráfico, la corrupción, blanqueo de capitales, cibercrimen, tráfico y trata
de seres humanos, etc.
• Potenciaremos nuestras capacidades operativas y la formación y la
especialización de los policías y guardias civiles de las unidades contra el
crimen organizado.
• Impulsaremos decididamente la coordinación y cooperación internacional.
España –como consecuencia de su específico sistema de competencias en
materia de seguridad– cuenta hoy con una de las mayores tasas de policías por
habitante de la Unión. Esta situación, que supone una fortaleza de nuestro
sistema, debe ser mejorada en términos de eficiencia de costes y de
racionalización de los servicios, impulsando la cooperación y la coordinación en

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democracia

aras de una mejora efectiva de la prestación de los servicios de seguridad a los
ciudadanos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Para ello, nos
comprometemos a:
• Impulsar la cooperación y la coordinación, en todos los ámbitos y funciones,
con las policías autonómicas, según los criterios establecidos en las
respectivas Juntas Autonómicas de Seguridad.
• Seguiremos celebrando convenios de colaboración con los Ayuntamientos
para, por un lado, facilitar la participación de sus policías locales en las
funciones de seguridad y de policía judicial, así como de seguridad vial, y por
otro, para constituir las juntas locales de seguridad.
• Elaboraremos planes y protocolos de colaboración para favorecer la
contribución y la asistencia de la seguridad privada en la preservación de
nuestra seguridad interior.
• Reforzaremos la formación integral de nuestros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en materia de valores constitucionales, y más
específicamente, en materia de derechos humanos
En materia de política penitenciaria, las dos últimas legislaturas han supuesto ya
un cambio radical en los ámbitos de ejecución y entrada en servicio de nuevos de
equipamientos, así como en materia de tratamiento de la población reclusa en
nuestro sistema penitenciario. Para la próxima legislatura, los socialistas nos
comprometemos a:
• Culminar el Plan de Equipamientos, centrado en la renovación, mejora y
modernización de los centros penitenciarios anteriores a 1995; y crearemos
nuevos equipamientos en régimen abierto en aquellas provincias en las que no
se disponga aún de ellos.
• Y vamos a desarrollar el cumplimiento de las condenas de corta duración
mediante su ejecución en la comunidad y en el medio abierto. Para ello,
incrementaremos –en colaboración con las Comunidades Autónomas, la
Administración local y con organizaciones de la sociedad civil– el desarrollo de
estas medidas, en especial la de trabajos en beneficio de la comunidad, con la
finalidad de evitar la consolidación de carreras delictivas y el ingreso en prisión
por delitos de poca gravedad.
-‐ En materia de seguridad privada, modificaremos la Ley 23/1992, de 30 de julio,
de Seguridad Privada, para adaptarla a los cambios que se han producido en los
últimos 20 años en este ámbito. A este fin, elaboraremos planes y protocolos de
colaboración para favorecer la efectiva contribución y la participación del sector de
la seguridad privada en la preservación de nuestra seguridad interior. En este
ámbito de actividad, pondremos en marcha medidas para garantizar y mejorar las
condiciones profesionales de los trabajadores del sector, al tiempo que
reforzaremos la actividad inspectora y de control para evitar el intrusismo laboral.
-‐ Para mejorar la seguridad al circular por nuestras carreteras y en nuestras calles,
el PSOE ha convertido la seguridad vial en un objetivo nacional prioritario, con
importantísimos resultados y logros alcanzados durante las dos últimas legislaturas
que avalan la eficacia de la estrategia y los planes llevados a cabo por el Gobierno.

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democracia

La eficacia alcanzada nos indica que debemos seguir profundizando en los
objetivos marcados. Y de manera específica, y para la próxima legislatura, nos
comprometemos a:
• Elaboraremos una Ley de Ordenación de la Seguridad Vial, en la que se
recojan y determinen los principios, los objetivos, las herramientas de
planificación y las estructuras de coordinación entre los diversos ámbitos de la
Administración.
• Y nos fijaremos como objetivos estratégicos de nuestra acción durante la
próxima legislatura: a)la mejora de la formación y educación en seguridad vial;
b) continuar con las actuaciones para reforzar el cumplimiento de las normas,
en especial en lo que se refiere a la incompatibilidad entre al alcohol y la
conducción y la velocidad; c) seguir avanzando en la mejora de la seguridad de
las infraestructuras viarias, en especial en lo que se refiere a las carreteras
secundarias; d) incrementar la protección de los usuarios más vulnerables:
peatones, ciclistas, motoristas y personas mayores.
-‐ La protección civil de los ciudadanos y sus bienes frente a los riesgos por
catástrofes o desastres naturales, o por accidentes debidos a la acción humana,
constituye uno de los ejes de nuestra política de seguridad, entendida y articulada
en un sentido integral.
-‐ En el marco de lo que se establece en la Estrategia Española de Seguridad nos
marcamos para la próxima legislatura los siguientes objetivos:
• Crearemos el Sistema nacional de Información sobre Riesgos y Medios de
intervención, que permita integrar todos los datos e informaciones necesarias
para prevenir las catástrofes y garantizar respuestas eficaces ante las
situaciones de emergencia.
• Constituiremos, mediante la celebración de convenios o acuerdos entre la
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y otra
entidades públicas y privadas, el Fondo Nacional de Prevención de Riesgos
Catastróficos, que permita la realización de actividades preventivas como el
análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo; mapas de riesgos, etc.
• Reforzaremos la colaboración y cooperación interadministrativas mediante la
creación del Consejo Interterritorial de Protección Civil.
• Consolidaremos y potenciaremos la Unidad Militar de Emergencias, como
instrumento fundamental del Sistema de protección Civil, desarrollando y
ampliando su capacidades en la actuación ante riesgos químicos y nucleares
NRBQ, y facilitando también su participación en catástrofes internacionales.
• Y para atender la reparación, el auxilio y la rehabilitación de los daños y
contribuir a la vuelta a la normalidad en la vida de los ciudadanos, se creará en
los PGE un Fondo Nacional de Catástrofes, de carácter contingente y
ampliable.
Estableceremos unos trámites políticos y burocráticos simplificados en casos de
catástrofe natural, para aprobar las ayudas y hacerlas efectivas en unos plazos mucho
más acordes con las imperiosas necesidades de los ciudadanos afectados por la

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democracia

misma. Convirtiendo a la Administración Pública en un arma eficaz contra estas
desgracias.

2.12 Memoria y moral
La memoria de las víctimas es un avance moral en la vida política de un pueblo y un
signo de calidad de su democracia. Con Gobierno socialista hemos aprobado la Ley
52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil
y la dictadura. Una ley que ha gozado un alto grado de cumplimiento.

Sin embargo, es una tarea inacabada. Nos comprometemos a promover el
reconocimiento y la reparación por haber padecido violencia ilegítima y a hacer
efectiva la garantía en el acceso a archivos y fondos documentales de memoria
histórica.

3. Gobernar la globalización y liderar los cambios
Corrientes de cambio muy poderosas están transformando el mundo a gran velocidad.
Es la hora de una nueva ambición, la hora de la acción y no de la parálisis. Los
socialistas queremos hacer de este cambio un aliado, una oportunidad para instaurar
de forma global un nuevo paradigma político, económico y medioambiental, que
restablezca la prevalencia del interés general y retorne la política al primer plano.
No queremos ser meros espectadores. Afirmamos nuestra ambición de liderar y
gobernar estos cambios de acuerdo con nuestros ideales y valores –libertad, justicia,
solidaridad, igualdad, sostenibilidad, tolerancia y progreso– porque sólo así
conseguiremos que el nuevo tiempo que inauguramos sea más justo, equilibrado y
seguro que el que ahora termina. Sólo así evitaremos una deriva hacia una mayor
desigualdad en el mundo, hacia un empobrecimiento global de derechos y libertades.
Nuestra política exterior se presenta como una herramienta potente, fundamental e
imprescindible en nuestro proyecto político para sacar a España de la crisis, para
restañar los daños que ésta ha causado entre la ciudadanía y para contribuir
activamente a un nuevo modelo de crecimiento, desarrollo y gobernanza mundial.
Si hoy en día ningún país puede afrontar por sí solo los grandes retos globales y todo
lo que ocurre fuera de nuestras fronteras tiene una repercusión en su interior, el diseño
de la política exterior y la visión del mundo que queremos cobran más importancia que
nunca. Los socialistas impulsaremos una política exterior integral, que maximice las
sinergias con otras políticas nacionales y aglutine toda la capacidad de los distintos
actores de la sociedad civil implicados, para multiplicar así nuestra proyección en el
mundo.
Una política exterior que hace compatible la firme defensa de nuestros legítimos
intereses con la de los valores que impulsamos para la construcción de un mundo
mejor: la democracia, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre
ciudadanos, regiones y países, la solidaridad, la paz y la sostenibilidad. Valores que
importan hoy más que nunca, porque son la única vía posible para la supervivencia y
expansión de nuestro modelo de bienestar y libertades.

- 131 -

democracia

3.1 Una política exterior eficaz para salir de la crisis

Más y mejor Europa

Los socialistas consideramos que la solución pasa por más y mejor Europa, por
progresar decididamente en la integración política, económica y social de la Unión
Europea.
-‐ Para resolver los retos económicos que ahora enfrentamos es imprescindible
reforzar las instituciones de gobierno económico de la Unión Europea, una mejor
coordinación de las políticas económicas de la Unión, mayor integración fiscal y
una fiscalidad europea propia, elaborada con criterios progresistas. En definitiva, la
construcción de una auténtica unión económica al lado de la unión monetaria
-‐ Asimismo, los socialistas defenderemos la puesta en marcha una verdadera
Europa social cuyas normas tengan la misma fuerza que las del mercado único, a
través del impulso de un Pacto Social Europeo y la salvaguarda de un estado del
bienestar sostenible.
-‐ El presupuesto de la Unión Europea es un instrumento de fundamental importancia
para mejorar el gobierno de la UE. Debe ser suficiente para que la Unión pueda
actuar de manera eficaz. Actualmente, el presupuesto comunitario equivale
aproximadamente al 1% de la RNB. Por ello, no aceptaremos una reducción del
presupuesto sino que defenderemos su ampliación, de acuerdo con el resto de
nuestros socios europeos. Asimismo, los socialistas vamos a trabajar
intensamente en reformar la actual orientación del presupuesto de la UE para
dirigirlo, en mayor medida, al cumplimiento de los objetivos marcados por la
Estrategia 2020, y situando las políticas activas de creación de empleo y de
formación en el centro de las próximas perspectivas financieras.
-‐ Además, vamos a proponer nuevas fuentes de financiación europeas. En
particular, trabajaremos con nuestros socios comunitarios para que la UE adopte
una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, orientada a reducir la
especulación en los mercados financieros. Parte de los fondos recaudados se
destinarán a políticas de cooperación al desarrollo y a la lucha contra el cambio
climático. También se propondrá una imposición armonizada sobre las emisiones
de CO2, facilitando la transición a una Europa libre de CO2.
-‐ Trabajaremos por el establecimiento de un Tesoro Europeo, un Ministerio de
Hacienda comunitario que, entre otras funciones, se ocupará de administrar los
fondos obtenidos a través de los impuestos europeos y de emitir deuda pública
europea. Reafirmamos nuestro compromiso por conseguir que la Unión Europea
cuente con Eurobonos, es decir, que pueda emitir deuda pública que esté
respaldada por todos los países de la Eurozona. Con ello, la UE conseguiría al
menos tres objetivos: reducir la especulación en los mercados financieros, obtener
más financiación y rebajar los precios a los que la UE se financia.
-‐ El Banco Central Europeo –como también el Banco Europeo de Inversiones– debe
asumir un papel activo con el crecimiento económico y social de la UE. El BCE
debe sumar nuevas competencias a su misión actual, limitada a controlar la
inflación en la zona euro y actuar decididamente para favorecer el crecimiento de

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democracia

la UE y luchar contra el desempleo. Vamos a pedir que se amplíe su mandato y, si
fuera preciso, la modificación de los Tratados europeos y su legislación.
-‐ Los socialistas propondremos la flexibilización del Mecanismo Europeo de
Estabilidad Financiera (MEDE). Con un capital total que asciende a 700.000
millones de euros, se trata de una herramienta muy poderosa para articular ayudas
a países de la UE con dificultades financieras. Pensamos que hay que enunciar
también planes de inversión y estímulo a las economías que más lo necesiten,
para dar solución, no sólo al problema del endeudamiento, sino también a la falta
de crecimiento económico necesario para la creación de empleo.
-‐ Trabajaremos por la armonización fiscal en Europa. La Unión Europea necesita
tener más capacidad para armonizar los impuestos de los Estados Miembros, de
tal manera que se evite la competencia en materia fiscal entre los Estados
europeos.
-‐ Plantearemos el establecimiento de una Agencia Europea de Calificación de
Riesgos, que evalúe de forma independiente el estado real de las finanzas de los
Estados Miembros. Además, propondremos mejoras en la regulación de las
agencias privadas de evaluación de riesgos, encaminadas, en particular, a
aumentar la competencia europea en este sector.
Abogamos por ampliar las competencias legislativas del Parlamento Europeo en el
terreno económico. El Parlamento Europeo decide ya sobre cuestiones tan
importantes como nuestro mercado interior, el medio ambiente, nuestra libertad,
seguridad y justicia o nuestra legislación sobre consumidores. También debería
poder decidir sobre las cuestiones financieras más importantes que afectan a toda
la Unión Europea, con lo que ganaríamos en eficacia, rapidez y margen de
maniobra, además de en legitimidad democrática.
Los socialistas seguimos manteniendo nuestro compromiso para acercar las
instituciones de gobierno europeo a la ciudadanía. Proponemos la adopción de
mecanismos más democráticos y transparentes en la elección de las autoridades
al frente de las instituciones europeas, en particular, del Presidente de la Comisión
y del Presidente del Consejo Europeo. Participaremos activamente, junto con las
fuerzas que componen el Partido Socialista Europeo, en la elección y presentación
ante la ciudadanía europea de un candidato o candidata común a Presidente de la
Comisión Europea, en el marco de las próximas elecciones al Parlamento
Europeo. En lo que se refiere al Presidente del Consejo Europeo, proponemos que
sea el propio Parlamento Europeo el que dé su aprobación definitiva al candidato
propuesto por los Estados Miembros.
Europa debe reforzar su política exterior para conseguir más influencia política y
un mayor liderazgo dentro y fuera de la UE. Europa debe hablar con una voz única
en la escena internacional para fortalecer su papel como actor global. Para ello,
proponemos una presencia unitaria de la UE en las organizaciones internacionales
más relevantes.
Además, necesitamos que las instituciones surgidas con en el Tratado de Lisboa –
el Presidente del Consejo y la Alta Representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad–, ejerzan su función asumiendo más
responsabilidad, visibilidad y dimensión política.

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democracia

Debemos seguir avanzando en el despliegue y capacitación del Servicio Europeo
de Acción Exterior para una efectiva promoción y defensa de los intereses
comunes de la Unión y de sus ciudadanos, y para extender nuestra influencia
económica y comercial en el mundo. En este ámbito, nos comprometemos a
maximizar las sinergias entre el SEAE y nuestro cuerpo diplomático, aprovechando
la oportunidad para el rediseño de este último, y convertirlo en un instrumento más
flexible, robusto y ágil.
Además, los socialistas recordamos nuestro compromiso con la adhesión de
Turquía a la Unión Europea. Entendemos que la adhesión de este país es una
apuesta estratégica de primer nivel que debería producirse en los más breves
plazos, tan pronto como Turquía cumpla completamente los requisitos establecidos
para la adhesión a la UE.

Fortalecer la gobernanza internacional

Para reorientar la globalización es imprescindible establecer una verdadera
gobernanza política a nivel mundial. Los socialistas impulsaremos una renovada
arquitectura internacional, capaz de gobernar dimensiones de la globalización
íntimamente ligadas entre sí: mercados financieros, comercio internacional, solidaridad
mundial y sostenibilidad ambiental. En definitiva, más y mejor gobernanza
internacional por medio de la reforma en profundidad de sus instituciones. Más y
mejores reglas para los mercados internacionales, estableciendo sistemas de
supervisión, control y evaluación.
-‐ Reformas institucionales
• Es preciso avanzar en la reforma estratégica del sistema de Naciones Unidas –
incluido el Consejo de Seguridad– para hacerlo más eficaz, representativo y
democrático e introducir la máxima coherencia, complementariedad y rendición
de cuentas en la actuación de todas las actuales Agencias y Programas. En
este ámbito, promoveremos la creación, de acuerdo con las recomendaciones
actuales de la ONU, de un Consejo Global de Sostenibilidad, que coordine los
esfuerzos de las instituciones internacionales en el ámbito comercial y
financiero con aquellas agencias de la ONU dedicadas a la sostenibilidad y la
solidaridad internacional.
• Propondremos la reforma del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Mundial y de la Organización Mundial del Comercio, con una revisión en
profundidad del proceso de toma de decisiones y funcionamiento, para que
dichas instituciones contribuyan más claramente al crecimiento y al empleo,
estén más legitimadas –acogiendo una representación más plural en su
dirección y gestión–, atiendan la perspectiva del desarrollo sostenible, y
asocien su estrategia a la de la Organización Internacional del Trabajo.
• Nos comprometemos a seguir impulsando que las recomendaciones surgidas
del G-20 sean aplicadas de forma efectiva por los países y las organizaciones
regionales, e impulsaremos la institucionalización de dicho foro como un
Consejo Económico Mundial, abierto a otros países.

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democracia

• No cejaremos en nuestros esfuerzos para conseguir la prohibición de los
paraísos fiscales, y en la lucha contra el fraude fiscal internacional por medio
de una mayor coordinación internacional.
-‐ Sistemas de supervisión, control y evaluación
• Apostaremos por la vinculación orgánica de los organismos supervisores
nacionales a colegios de supervisión regionales, quedando todos ellos
reunidos en un organismo de supervisión internacional.
• Este organismo internacional ha de tener potestad para vigilar el buen hacer de
los colegios y para imponer sanciones a países y/o entidades. El organismo de
supervisión internacional tendrá capacidad para examinar las actuaciones de
cualquier entidad, con el fin de determinar si su gestión se ajusta a las reglas
nacionales y a los estándares internacionales aprobados por los organismos
reguladores.
• El organismo internacional también habrá de asumir la tarea de supervisar la
labor de las agencias de evaluación de riesgos, cuyo funcionamiento deberá
reordenarse de acuerdo con nuevos métodos y criterios. La supervisión de los
métodos de calificación de estas agencias deberá ser tan exigente como el que
se aplique a los modelos internos de los que se sirven las entidades bancarias.
-‐ Más regulación bancaria:
• Trabajaremos para que los bancos adopten en el plazo más breve posible los
nuevos requerimientos de capital aprobados en el G-20 y en el proceso Basilea
III; propondremos la revisión a fondo de los modelos internos de riesgo y
auditoría de los bancos; y trabajaremos para la fijación de límites de
apalancamiento a las entidades bancarias en el ámbito internacional
-‐ Mercados de capital y entidades no bancarias
• La regulación prudencial de capital y liquidez sobre las entidades no bancarias
no debe limitarse a las que sean consideradas como ‘demasiado grandes para
caer’, sino que habrá de extenderse a todas las entidades que establezcan
vínculos con los bancos y a todas aquellas que puedan poner en peligro la
estabilidad financiera.
• Los mercados de derivados deben ordenarse en torno a las cámaras de
compensación. Se prohibirán expresamente las operaciones desnudas over
the counter, es decir, aquellas que se hacen entre dos partes fuera de los
mercados formalizados.
-‐ Políticas macroeconómicas
• Proponemos la adopción de un acuerdo multilateral para institucionalizar un
nuevo sistema internacional de coordinación monetaria y estabilidad cambiaria,
que incluya la introducción de gravámenes y restricciones a ciertos
movimientos internacionales de capital.
• Proponemos la apertura de una mesa de negociación en el seno del FMI para
la creación de una moneda internacional de reserva.

- 135 -

democracia

Una política exterior con intereses en todo el mundo

Conscientes del potencial emprendedor de nuestra sociedad y nuestros jóvenes, la
política exterior española continuará dando máxima prioridad a la internacionalización
de las grandes y pequeñas empresas españolas, incrementando nuestras
oportunidades comerciales y empresariales, y apoyando la Responsabilidad Social
Corporativa y el respeto por el medio ambiente con el fin de promover un desarrollo
sostenible y la creación de valor añadido en el exterior. Redoblaremos los esfuerzos
para ampliar la proyección de nuestra imagen en el exterior, para seguir mejorando la
marca-país “España” y para atraer inversión extranjera que contribuya a revitalizar
nuestro crecimiento.
-‐ Intensificaremos aun más nuestras relaciones con América Latina, reforzando la
cooperación política, social, cultural y económica con y entre los países de la
región. Reforzaremos el papel de las Cumbres Iberoamericanas y de la SEGIB, y
continuaremos desarrollando un papel activo para un mayor acercamiento entre la
UE y América Latina, desde nuestra posición de socio estratégico. Seguiremos
promoviendo, y en su caso profundizando, los acuerdos comerciales de la UE con
MERCOSUR, la Comunidad Andina y Centroamérica. Asimismo, continuaremos
apostando y alentando los distintos procesos de integración regional en el
continente.
-‐ Potenciaremos el valor económico de la lengua española, la lengua que
compartimos con casi toda América. En relación con la Comunidad Latina en
Estados Unidos, seguiremos promoviendo el refuerzo de nuestros lazos de
colaboración y cooperación con dicha comunidad, en los ámbitos culturales,
económicos y comerciales.
-‐ Desarrollaremos acciones específicas para seguir fortaleciendo la difusión del
español y de la cultura española e iberoamericana en el mundo, con especial
atención a nuevos mercados emergentes con gran potencial para nuestra lengua.
En particular, consolidaremos la presencia de los Institutos Cervantes y
reforzaremos nuestra apuesta por el desarrollo de las industrias culturales,
principalmente la editorial y la audiovisual. Elaboraremos un plan estratégico sobre
la internacionalización de la cultura.
-‐ Seguiremos estrechando nuestras excelentes relaciones de cooperación e
intercambio en los ámbitos económico, comercial y cultural con Brasil, uno de
nuestros socios más importantes en la región y una de las economías emergentes
más potentes del planeta. Seguiremos desplegando estrategias de triangulación en
la zona, entre España, Brasil y otros países del continente latinoamericano.
-‐ Apoyamos la creación de un Área Trasatlántica de Integración entre la UE y los
Estados Unidos, en dos ámbitos: en el área económica, y en el área de la libertad,
seguridad y justicia. En relación con la primera, las mercancías circularán
libremente entre los dos polos e impulsaremos la cooperación en energía limpia;
en relación con la segunda, serán las personas las que podrán circular libremente
entre la UE y Estados Unidos. También reforzaremos, en relación con este
segundo espacio, nuestras políticas de seguridad y cooperación judicial.

- 136 -

democracia

-‐ Alentaremos las estrategias conducentes a un desarrollo socio-económico y
medioambiental sostenible en el continente africano que lleven a cabo los países
de la región, la comunidad internacional y la sociedad civil. Seguiremos
promoviendo unas inversiones y relaciones comerciales justas y equilibradas con
África. Seguiremos apostando por el refuerzo de la relación multilateral España-
África y con la Unión Europea, la consolidación de la presencia política e institu-
cional y el crecimiento de nuestra diplomacia pública a través de Casa África, entre
otras instituciones. Apostamos por mantener el Plan África como instrumento
político y estratégico hacia la región que incluya, en adelante, objetivos
cuantificables y medidores, a la vez que seguiremos involucrando a la sociedad
civil en su desarrollo.
-‐ Reafirmamos nuestro compromiso a favor de seguir aumentando nuestra
presencia en Asia-Pacífico, sobre todo en los terrenos económico, comercial y
cultural. En el caso concreto de China, que es ya la segunda potencia mundial en
términos de PIB, trabajaremos para seguir aumentando la presencia empresarial
española y el acceso de nuestros productos, así como el desarrollo del gran
potencial que el país -y el conjunto de la región- representa para nuestra industria
turística, en línea con los esfuerzos en marcha para equilibrar la balanza
comercial.
-‐ Fomentaremos el refuerzo de los intercambios entre académicos e investigadores
de Universidades y centros de investigación españoles con sus homólogos en
otros países. Seguiremos trabajando para que los investigadores españoles que
desarrollan su trabajo en el exterior puedan volver a nuestro país, si así lo desean,
a través del establecimiento de incentivos para su retorno.

3.2. Una acción exterior solidaria para un mundo más justo

Avanzar hacia un desarrollo global sostenible

En un mundo interdependiente y globalizado, nuestro bienestar y seguridad están
crecientemente ligados a los de países y regiones menos favorecidas. A lo largo de las
últimas dos legislaturas, nuestra apuesta, tanto política como económica, por la
cooperación al desarrollo la ha convertido en una política de Estado, que ya no está
supeditada a otras políticas, siendo un elemento central e irrenunciable de nuestra
visión de la acción exterior española. Como el resto de políticas públicas, la
cooperación al desarrollo requiere una reflexión en profundidad para adaptarse a un
paradigma en proceso de cambio, debido a un contexto de grave crisis económica y
financiera a nivel global. Dicha reflexión debe contar con el máximo consenso social y
parlamentario, para lo cual se actualizarán los mecanismos de consulta, participación
social y rendición de cuentas.
• Los socialistas queremos avanzar desde una política de cooperación
consolidada a una política para el desarrollo global sostenible. Esta política se
establecerá de forma coherente y coordinada para articular activamente la
contribución del conjunto de políticas del Estado y su acción exterior, y de
todos los actores públicos y privados, a los objetivos globales de desarrollo
sostenible, y a la erradicación de la pobreza.

- 137 -

democracia

• Seguiremos trabajando por una cooperación al desarrollo que tenga como
objetivo la promoción y protección de los bienes públicos globales, como la
paz, la calidad medioambiental, el desarrollo con equidad, la justicia
internacional, los derechos humanos, la salud, la seguridad alimentaria, el
acceso al agua potable, la energía, la educación, y el desarrollo económico y
financiero.
• Además, los principios rectores de la cooperación española serán: la
coordinación y complementariedad entre actores nacionales e internacionales;
la coherencia de las distintas acciones en materia de cooperación al desarrollo;
y la mejora en la coordinación entre el sector público y privado en el ámbito de
esta política. En este sentido es importante que las nuevas políticas de
cooperación al desarrollo confieran especial atención a la investigación
científica y la transferencia del conocimiento, avanzando así hacia una
“cooperación del conocimiento”.
• Mantendremos nuestro compromiso político de que la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) avance hacia el 0,7% de la RNB en la próxima legislatura, a
medida que se recupere la economía, así como nuestra participación activa en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Además,
seguiremos trabajando con la comunidad internacional en la búsqueda de
mecanismos innovadores de financiación para el desarrollo que permitan cubrir
la brecha de financiación, estimada en más de 300.000 millones de euros
anuales, buscando fuentes de recursos adicionales estables y previsibles.
Mecanismos como la tasa sobre transacciones financieras internacionales, la
lucha contra la evasión fiscal y el tráfico ilícito de capitales, así como la mejora
de los sistemas impositivos de países de renta media para fortalecer su
capacidad de recaudación y financiar políticas públicas en ámbitos como la
salud o la educación.
• Nos esforzaremos en lograr una mayor calidad y eficacia de la ayuda al
desarrollo española, promoviendo una reorientación estratégica de la misma,
buscando un mayor impacto en nuestras acciones y mejorando la evaluación
de los proyectos y programas. Asimismo, seguiremos trabajando en la mejora
de las estructuras de gestión de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID) y en mejorar sus capacidades humanas.
• Continuaremos trabajando para alcanzar al menos el 25 por ciento de la AOD
destinada a la cobertura de los servicios sociales básicos, como la educación y
la salud, a la vez que se refuerza el compromiso con los Países Menos
Adelantados, destinando un mínimo del 25 por ciento de la AOD, sin olvidar la
meta del 15% de la AOD española en género y salud sexual y reproductiva.
• África seguirá siendo una prioridad en materia de desarrollo. Nos
comprometemos a que el continente africano, y sobre todo el África
subsahariana, siga siendo la región del mundo que más ayuda oficial al
desarrollo reciba de nuestro país, y que ésta sea mayoritariamente destinada a
servicios sociales básicos y al refuerzo del Estado de Derecho.
• Seguiremos liderando las actuaciones internacionales en cuanto a seguridad
alimentaria y la lucha contra el hambre, consolidando y reforzando la Red

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democracia

Internacional de coordinación de los sistemas de alerta temprana para crisis
alimentarias, así como las reservas estratégicas de alimentos, y defendiendo
una reforma de los mercados de futuros internacionales para evitar las
operaciones especulativas que provocan una gran volatilidad de los precios
agrarios y han sido una de las causas principales de las últimas crisis
alimentarias. Es necesario reforzar la transparencia, los mecanismos de
información y los sistemas de detección de cambio en las previsiones de las
cosechas y en la evolución esperada de la demanda, para contar con datos
objetivos que permitan responder con rapidez y contundencia a operaciones
especulativas.
• América Latina y el Mediterráneo seguirán siendo un ámbito de atención
principal para nuestra política de cooperación al desarrollo. La AOD en
América Latina se destinará fundamentalmente a proyectos de gobernabilidad,
fortalecimiento del estado de derecho, de las instituciones y partidos políticos,
así como a favor de la igualdad de género y del reconocimiento de los pueblos
indígenas. Además, en relación con Haití, seguiremos contribuyendo a la
reconstrucción del país, en colaboración con su Gobierno y la comunidad
internacional. En el Mediterráneo seguiremos trabajando para crear un
verdadero espacio común de intercambio entre ambas orillas, en un plano de
igualdad y basado en los valores democráticos, que permita consolidar los
procesos iniciados en los países de la orilla Sur.
• La cooperación internacional es un sector con extraordinario potencial en
términos de formación y un motor de empleo para las generaciones de jóvenes
españoles, cada vez más preparadas. En la próxima legislatura el Partido
Socialista incrementará el presupuesto destinado a Programas de jóvenes
profesionales españoles en Organismos Internacionales, así como las becas
vinculadas a la cooperación y a la cultura en Universidades y Centros de
Investigación internacionales.

Nuestra seña de identidad: los derechos humanos

Uno de los pilares básicos en los que se sustenta nuestra política exterior es nuestro
compromiso inequívoco con la defensa y promoción de los derechos humanos y la
legalidad internacional en todo el mundo. Así, los socialistas:
-‐ Adoptaremos un nuevo Plan de Derechos Humanos que avance en el compromiso
con las víctimas de violaciones de derechos humanos y dé apoyo e instrumentos a
la labor realizada por los defensores de los Derechos Humanos en el mundo.
-‐ Seguiremos promoviendo acciones dirigidas a alcanzar la abolición de la pena de
muerte y continuaremos apoyando los trabajos de la Comisión Internacional contra
la Pena de Muerte, impulsada por España en 2010.
-‐ Seguiremos apostando por el avance de la Alianza de Civilizaciones, como seña
de identidad fundamental de nuestra política exterior basada en los valores de la
paz, el respeto y la promoción de los derechos humanos, y subrayando la
importancia que tiene nuestra relación de cooperación estratégica con Turquía, la
co-patrocinadora junto con nuestro país, de esta iniciativa.

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democracia

-‐ Incluiremos en el Plan Director de la Cooperación Española medidas concretas
que garanticen el enfoque de derechos humanos en las actuaciones de la
cooperación al desarrollo española, en línea con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
-‐ Promoveremos, en nuestras relaciones bilaterales y, especialmente en el marco de
la cooperación internacional al desarrollo, el respeto de los derechos a la salud
sexual y reproductiva de las mujeres y niñas, así como medidas que persigan la
igualdad de género.
-‐ Contribuiremos a que la Unión Europea refuerce las actuaciones y mecanismos
para la protección eficaz de los derechos humanos mediante la aplicación rigurosa
de las Directrices de Derechos Humanos de la UE por parte del Servicio Europeo
de Acción Exterior.
-‐ Garantizaremos el pleno respeto de los derechos humanos en el marco de los
acuerdos con terceros países así como el establecimiento de mecanismos para
garantizar este compromiso de forma real y efectiva.
-‐ Seguiremos garantizando el estricto cumplimiento del principio de no devolución en
las extradiciones y expulsiones de personas a países donde exista riesgo de
tortura y malos tratos.

Democracia: un valor y un interés

Por valores y por intereses, España tiene una responsabilidad especial en la
consolidación de los procesos de transición a la democracia que se llevan a cabo en
todo el mundo pero, actualmente, urge de manera especial la democratización de los
países de la ribera sur del Mediterráneo, que protagonizan las llamadas “primaveras
árabes”. Apoyamos el surgimiento de una comunidad de democracias más amplia en
la región y ofrecemos nuestra solidaridad sin injerencias. Nos jugamos mucho en la
consolidación de las transiciones del norte de África, y somos conscientes de que la
fuerza de esos movimientos, su componente democrático y la estructuración de sus
instituciones varía según cada caso. Somos el país objetivamente más interesado en
su evolución positiva y ello nos exige jugar un papel destacado, coherente con
nuestras propias convicciones.
-‐ Los socialistas queremos que España siga jugando un papel clave en el norte de
África en el marco de la Unión Europea, defendiendo un cambio profundo en la
Política Europea de Vecindad para el Mediterráneo, que pase de primar la
seguridad a primar la democracia y los derechos humanos de forma efectiva. Para
ello, en esta etapa de transición:
• Trabajaremos a favor del fortalecimiento de sus capacidades locales
• Desplegaremos planes específicamente orientados hacia el empoderamiento
de la ciudadanía.
• Impulsaremos el diálogo político entre las distintas fuerzas democráticas, la
apertura económica, y el desarrollo institucional.
-‐ Apoyamos firmemente el relanzamiento de la Unión por el Mediterráneo,
subsanando carencias y defectos, para convertirla en una herramienta eficaz para

- 140 -

democracia

la consolidación de los procesos de transición democrática, así como la promoción
del desarrollo sostenible, la superación de la pobreza y la reducción de la
desigualdad económica entre las dos orillas.
-‐ Reivindicaremos las relaciones bilaterales con los países árabes basadas en
nuestro compromiso con la legalidad internacional y el pleno respeto de los
derechos humanos. Asimismo, trazaremos con nuestros vecinos del sur nuevos
acuerdos de cooperación en el marco de las políticas de inmigración y cooperación
judicial.
-‐ Portugal y Francia, Marruecos y Argelia, no son sólo vecinos, son aliados
estratégicos imprescindibles para construir un espacio estable de confianza y
seguiremos trabajando con ellos para gestionar cuestiones tan fundamentales
como la lucha contra el terrorismo, una inmigración gestionada con
responsabilidad y la creación de nuevas oportunidades energéticas.
-‐ Creemos que es necesario seguir involucrando a Marruecos en una relación más
estrecha porque ésa es la vía para favorecer las reformas internas que pretende
acometer. Un Marruecos más cercano a España y a la UE tendrá también su
repercusión en el proceso de integración del Magreb y la democratización de una
región clave para el futuro de España.
-‐ Mantendremos una postura constructiva para la solución definitiva del conflicto del
Sáhara Occidental apoyada en dos principios: un acuerdo entre todas las partes, y
el respeto a la legalidad internacional y a la doctrina de las Naciones Unidas. Por
ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva,
mutuamente aceptable y respetuosa del principio de autodeterminación del pueblo
saharaui.
-‐ En lo que se refiere al conflicto de Oriente Medio, los socialistas reafirmamos
nuestro empeño por contribuir a la paz, y seguiremos actuando como facilitador en
virtud de nuestra capacidad de interlocución con todas las partes, dirigiendo
nuestros esfuerzos a la consecución de un arreglo regional duradero. Abogamos
por el reconocimiento definitivo del Estado Palestino en el marco de Naciones
Unidas, como elemento que impulse la solución de dos Estados que vivan en paz y
seguridad.
-‐ Nuestra política exterior está basada en relaciones diplomáticas respetuosas y
fructíferas que incluyen una apuesta decidida por la democracia y un firme
compromiso de respeto a los derechos humanos, sin renunciar al diálogo crítico
cuando resulte necesario. Esto es especialmente relevante en el caso de países
con un creciente peso en la comunidad internacional, como los denominados
BRICs (Brasil, Rusia, China e India) que son ya una pieza clave en la gestión de
los retos globales.

Derechos de la ciudadanía en el exterior

La defensa de los derechos de la ciudadanía española en el exterior ha sido siempre
una prioridad para los socialistas. Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de su
representación política en nuestro país, así como para facilitar las relaciones con las
instituciones españolas desde el extranjero.

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democracia

-‐ Nos comprometemos a mejorar el procedimiento del voto rogado, así como facilitar
el voto directo en urna en sus países de residencia, para incentivar una mayor
participación de los españoles que vivan en el exterior. Sólo será necesario
solicitar el voto rogado una vez, quedando inscrito el solicitante en el censo de
votantes del CERA para sucesivas elecciones.
-‐ Así mismo, propondremos que los españoles residentes en el exterior puedan
elegir en circunscripción única una representación parlamentaria en el Senado.
-‐ Facilitaremos la participación institucional de los ciudadanos españoles en el
exterior en los Consejos de Residentes Españoles como cauce para la
transmisión de las reivindicaciones de las comunidades españolas asentadas fuera
de nuestras fronteras.
-‐ Introduciremos mejoras en el funcionamiento de la Oficina Española de Retorno en
su misión de asesorar e informar al emigrante de todos aquellos trámites para su
regreso.
-‐ Proseguiremos la firma de nuevos acuerdos bilaterales para evitar la doble
imposición en aquellos países en los que ello aún no esté regulado.
-‐ Continuaremos con medidas para facilitar a los españoles residentes en el exterior
su formación académica y profesional en España.
-‐ Seguiremos patrocinando una TVE Internacional de mayor calidad y variedad de
programas culturales que permita a las y los españoles en el exterior información
específica sobre los asuntos nacionales y que sirva de instrumento de transmisión
de nuestra lengua y cultura.
-‐ Seguiremos trabajando para mejorar la coordinación de las Academias de Lengua
Española y continuaremos con el programa de “lectorados” de español en
universidades extranjeras. Asimismo, también continuaremos con la expansión del
Liceo Español en ciudades con importante presencia española.

3.3. Una nueva visión de la seguridad
Los socialistas defendemos una visión amplia, moderna e integradora del concepto de
seguridad. En el s. XXI la seguridad no entiende de fronteras nacionales, no es tarea
exclusiva de Gobiernos y trasciende en mucho lo militar para abarcar respuestas a un
nutrido repertorio de amenazas: a las libertades fundamentales, a la alimentación y el
agua, al medio ambiente, a la salud pública, o al suministro energético. Un enfoque
que prima la prevención sobre la intervención y la concertación multilateral sobre la
confrontación; que coloca en el centro de la cuestión, no la seguridad del Estado, sino
la de las personas, la seguridad humana; que impulsa como mejor estrategia la
ausencia de conflictos, el desarrollo económico y la lucha contra la desigualdad, por
medio de respuestas más coordinadas, multidisciplinares y globales.
-‐ Impulsaremos un cambio en la cultura de seguridad en España, implantando la
recientemente aprobada Estrategia de Seguridad Española que promueve un
enfoque integral de las diversas dimensiones de la seguridad –militar, policial,
económico-financiera, alimentaria, energética, o medioambiental–, la coordinación
entre las Administraciones Públicas y con la sociedad en su conjunto, la eficiencia

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democracia

en el uso de los recursos, la anticipación y prevención de las amenazas y riesgos,
y la interdependencia responsable con nuestros socios y aliados en un contexto
nacional, europeo, transatlántico y global.
-‐ Continuaremos la labor de modernización de nuestra Defensa potenciando los
programas de formación, desarrollando programas de armamento que permitan
ajustar nuestras capacidades defensivas al nuevo contexto de seguridad, y
destinando los recursos necesarios a la tecnología en el ámbito de la Defensa.
-‐ En el marco de la Unión Europea, debemos profundizar en la política de seguridad
y defensa, avanzando hacia una Europa de la Defensa, en coordinación con la
OTAN, integrando los nuevos retos estratégicos para las políticas de paz y
seguridad, incluidos los asociados al medio ambiente y el cambio climático.
-‐ Nuestra seguridad se defiende también mediante nuestra participación en misiones
internacionales de paz, de las que seguiremos siendo un contribuyente leal y
responsable. Nuestro compromiso seguirá estando fundamentado en el pleno
respeto de la legalidad internacional que emana de las resoluciones de las
Naciones Unidas, y acorde con la búsqueda de la consolidación de la paz, el
desarrollo, la justicia internacional y los derechos humanos.
-‐ Los socialistas hemos sido y seguimos siendo firmes defensores del principio de la
responsabilidad de proteger, por lo que seguiremos apoyando activamente las
misiones internacionales con mandato de protección de civiles amparadas por la
Naciones Unidas.
-‐ Continuaremos los esfuerzos en el ámbito de la no proliferación, el desarme y el
control de armamento como pilar fundamental en la arquitectura multilateral para la
seguridad mundial. Trabajaremos para la adopción de un Tratado Internacional
sobre Comercio de Armas ambicioso y eficaz en la lucha del tráfico ilícito o
irresponsable de armas y los vínculos de la delincuencia organizada y la violencia
armada, con el fin de asegurar un comercio internacional de armas transparente,
respetuoso con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y el
derecho de los pueblos a la paz, la seguridad y el desarrollo.

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