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Programa de Gobierno
Michelle Bachelet
2014-2018

Programa de Gobierno
Michelle Bachelet
2014-2018
Octubre 2013

ÍNDICE
PRESENTACIÓN 4
CONSTRUYAMOS JUNTOS UNA
NUEVA MAYORÍA PARA
UN CHILE DE TODOS 8
LAS REFORMAS DE FONDO 12
Reforma Educacional 14
Reforma Tributaria 22
Nueva Constitución 28
PROGRAMA ECONÓMICO 36
Buena Economía y Responsabilidad Fiscal 40
Energía 44
Ciencia, Tecnología e Innovación 50
Modernización del Estado 54
Protección y Defensa de los Consumidores,
Competencia y Transparencia 58
Agricultura 62
Pesca y Turismo 66
Minería y Recursos Hídricos 70
Inversión Pública y Concesiones 74
Emprendimiento de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 78

PROTECCIÓN Y OPORTUNIDADES 82
Salud 84
Trabajo 90
Pensiones 96
Seguridad Ciudadana 100
Justicia 106
DESCENTRALIZACIÓN, TERRITORIO
Y DESARROLLO 110
Descentralización 112
Ciudad, Vivienda y Territorio 118
Medio Ambiente 124
Cultura 130
Deporte 136
Transporte y Telecomunicaciones 140
Municipios 144
Defensa 148
Relaciones Exteriores 152
DERECHOS CIUDADANOS 156
Superación de la Pobreza 158
Derechos Humanos 162
Equidad de Género 166
Pueblos Indígenas 170
Infancia y Jóvenes 176
Discapacidad 180
Igualdad y no Discriminación y Participación e Inclusión 184
Adultos Mayores 188
AVANCEMOS JUNTOS HACIA
UN CHILE DE TODOS 192

PRESENTACIÓN Octubre de 2013
Queridos amigos, queridas amigas,
Tengo una ilusión. Tengo una esperanza. Tengo un propósito. Y sé que son
la ilusión, la esperanza y el propósito de millones de chilenos y chilenas. Este
programarecogeesosanhelosyhanacidodemilesdeconversacionesenpequeños
pueblos, en ciudades, en caletas, al borde del Estrecho de Magallanes y en el
desierto, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Conversaciones con chilenos
y chilenas que en su vida diaria son trabajadores, empleados, emprendedores,
comerciantes, empresarios, científicos, profesores o artistas. Han sido diálogos
con la diversidad y riqueza de lo que hoy es nuestro país, que no sólo ayudaron
a construir este programa, sino que también han sido motivo de alegría, porque
me permitieron constatar que Chile está maduro para concretar sus propias
ilusiones, esperanzas y propósitos.
Soy testigo de que las personas anhelan un país de todos. Un Chile que no esté
condenado a la vulnerabilidad y a la inestabilidad que viven, día a día, tanto
las personas pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables como las de la
clase media.
Nuestra economía ha crecido sostenidamente y hemos construido un sistema
de protección social que ha permitido que más chilenos y chilenas accedan a
más servicios y bienes públicos. Y hemos incentivado el esfuerzo personal como
camino para acceder a una mejor calidad de vida.
Sin embargo, sabemos también que el siglo XXI nos exige aumentar nuestra
productividad y capacidad innovadora. Y ese salto sólo podremos darlo con
el talento y la creatividad de nuestros compatriotas. Pero hoy no estamos
aprovechando nuestros mejores recursos: estamos dejando rezagada a mucha
de nuestra gente y sectores amplios de la población viven bajo incertidumbre.
Estoy convencida de que abordar este reto es un imperativo para resolver los
problemas urgentes y estructurales que vive nuestro país.
La fortaleza del camino que propongo en este programa arranca del gran
acuerdo que hoy tenemos como sociedad: Chile está cruzado por numerosas
desigualdades que son una traba para que las personas crezcan y se desarrollen,
y también para que el país aproveche todo su potencial y talento.
Son las desigualdades que observamos cuando muchas familias ven que el
enorme esfuerzo por educar a sus hijos no es retribuido en el campo laboral.
O las desigualdades que vemos en el acceso a los bienes y servicios públicos de
calidad. Son también las desigualdades que impiden que las mujeres accedan a
los mismos sueldos que los hombres, aun cuando realicen las mismas labores.
O las que viven personas calificadas de clase media cuando son objeto de
arbitrariedades, y su esfuerzo no es reconocido en sus trabajos.

Desigualdades que, en definitiva, obstaculizan que hoy tengamos un mayor
bienestar y una calidad de vida sostenible, y que son un freno para que nuestra
economía dé el salto cualitativo que puede y está en condiciones de dar.
El Chile de todos, en el que todos crecen, no llegará si mantenemos esta fragilidad
e incertidumbre.
Soy una convencida de que nuestra tarea hoy es transformar estas limitaciones
en una oportunidad para dar el paso que el país necesita, porque así tendremos
un Chile en el que las personas pueden desplegar todas sus potencialidades,
talentos y capacidades para crecer junto a sus familias. Así tendremos un país
en el que los sectores más vulnerables tienen la certeza de que saldrán adelante
y en el que la clase media tiene la seguridad de que su esfuerzo y sus capacidades
serán reconocidas y tendrán una justa retribución. Un Chile con ciudadanos y
ciudadanas que viven con confianza su libertad, autonomía y derechos. Un
Chile que integra e incluye a sus habitantes, y que aprovecha el talento de todos
para crecer sostenidamente. Un país que se desarrolla sobre el más sólido de los
pilares: el que le otorgan sus personas.
Asípodremosencararconconfianzaelfuturo,orgullososdenuestrascapacidades
y de nuestros nuevos logros. ¿Acaso alguien podría estar en desacuerdo
con un país que aprovecha las capacidades y talentos de todos para crecer y
desarrollarse? ¿Acaso alguien podría negarse a ese Chile que quiere y puede ser?
Hoy queremos y podemos dar un gran salto con toda nuestra gente. Un salto que
nos permita acceder a una mejor calidad de vida, con mejores servicios y bienes
públicos, y con una economía que se distingue por mejorar permanentemente
su productividad, por su creatividad, por su capacidad de innovación y
emprendimiento. Y todo sustentado en chilenos y chilenas que han recibido del
país la oportunidad de desarrollarse de forma plena. Ese es el Chile moderno,
plenamente inserto en el mundo y con visión de futuro que podemos construir.
Ese es el Chile de todos, en el que todos crecemos.
Las ilusiones, las esperanzas y los propósitos de miles y miles de compatriotas
están en la base de la fuerza y convicción de mi candidatura y del programa de
gobierno que proponemos. Aquí está la visión sobre lo importante y urgente que
implementaremos en los próximos cuatro años. En este documento, se presentan
las líneas centrales de aquello que haremos en el gobierno de la Nueva Mayoría.
Algunas de ellas han sido recogidas también como parte de los 50 compromisos
que implementaremos en los primeros 100 días de gobierno.
Hacer realidad las ilusiones, las esperanzas, los propósitos de la gran mayoría,
requiere que llevemos a cabo transformaciones profundas en materia
educacional, constitucional y tributaria. Estos cambios sólo podremos realizarlos
si propiciamos y exigimos que los actores políticos estén a la altura del reto. No
podemos defraudar las ilusiones y las esperanzas de las personas. Chile necesita
de una buena política y de un buen gobierno que permitan el despliegue de una
buena economía.

En el nuevo ciclo histórico que vive el país, mi aporte será asegurar que
llevaremos adelante estos cambios, con confianza en nuestras instituciones y
con el imperativo de realizar un gobierno centrado en las personas. Haremos
las cosas como hay que hacerlas e incorporaremos las mejores prácticas, con
eficiencia, con transparencia, con agilidad, con responsabilidad. Otros tendrán
que asumir otros retos, pero todos tenemos la responsabilidad de implementar
las soluciones que la mayoría espera.
En esta nueva etapa, hacer un buen gobierno implica también que sepamos
gobernar los cambios, asegurar las transformaciones con gobernabilidad. Chile
requiere de una nueva generación de acuerdos de cara a la ciudadanía, en un
clima de tranquilidad social, con un sentido colectivo y con el compromiso de
hacernos cargo de que en Chile todos somos importantes. Ese es el propósito
de la Nueva Mayoría que me acompaña en esta tarea: incorporar y privilegiar
los intereses de todos por sobre los beneficios e intereses de unos pocos. Este
programa es de quienes compartimos la firme convicción de que el Chile de
todos sólo es posible si gozamos de más y mejores oportunidades para ser
protagonistas de nuestras vidas y nuestro futuro.
Esteprogramacomprometeamifuturogobiernoaungrandesafío,porelalcance
y profundidad de los cambios que llevaremos a cabo. Las transformaciones que
realizaremos son el inicio de un proyecto transformador de largo plazo que
apunta a hacer los cambios necesarios al modelo de desarrollo que ha tenido
nuestro país. Y nos compromete a tareas que hoy estamos en condiciones de
llevar a cabo. Por su amplitud, algunas quizás excedan el horizonte de mi
mandato presidencial. Pero nuestro compromiso es avanzar con paso firme en
su concreción. Y por cierto, habrá otras prioridades que surgirán en el camino
y que requerirán nuestra atención. Seguimos recibiendo nuevas propuestas que
son específicas o de carácter local, que serán analizadas para su incorporación
al Programa del futuro Gobierno. Tengan la certeza de que este es el momento
de abordarlas.
Los invito a leer nuestro programa, y a seguir construyéndolo en cada
conversación, en cada diálogo, en cada propuesta. El Chile de todos lo hacemos
entre todos. Y ahora es el momento de comenzar a vivirlo.

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Chilenos y chilenas que quieren ser
protagonistas de su futuro
El programa que usted tiene en sus manos es la constatación de
que el país está preparado para entrar a un nuevo ciclo político,
económico y social. Este programa tiene el propósito de dar
soluciones y gobernabilidad a estos nuevos tiempos.
Nuestra economía crece y hemos reducido de forma relevante la
pobreza. Ya nadie discute la importancia de la democracia como
principio central de nuestra vida en común. Los ciudadanos y
las ciudadanas hemos aprendido a vivir con grados crecientes
de libertad. Chile está plenamente inserto en la comunidad
internacional y nuestra voz es considerada y respetada.
Este nuevo ciclo que se abre surge de la gran energía y empuje
de una ciudadanía que ha decidido participar y ser protagonista
de la construcción de nuestro país. Chile ha madurado y sus
ciudadanos también. Por lo tanto este programa entrega los
cimientos para este nuevo ciclo, colocando a las personas en
el centro de las tareas que abordaremos en el gobierno de la
Nueva Mayoría.
Abordar la desigualdad para mirar al futuro
con confianza
Pero hoy no estamos aprovechando esta energía y empuje que
tienen nuestros ciudadanos. Hoy las desigualdades atraviesan
las más amplias esferas de la sociedad chilena e impiden que
todos los chilenos y chilenas se incorporen al desarrollo y
puedan llevar adelante sus propósitos y proyectos individuales
y familiares. Hoy nuestro país está cruzado por enormes
diferencias de oportunidades, con un inadecuado acceso a los
servicios públicos, con privilegios y abusos de unos pocos por
sobre el interés de la mayoría.
Este programa encara decididamente estas desigualdades que
CONSTRUYAMOS JUNTOS UNA NUEVA MAYORÍA PARA UN CHILE DE TODOS

Programa de Gobierno MICHELLE BACHELET 2014-2018
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persisten en el país, pues se funda en la convicción de que la
desigualdad es insostenible no sólo desde un punto de vista
económico y social, sino que también para una sana convivencia
entre los chilenos y chilenas y para asegurar la paz social que
requerimos para crecer y desarrollarnos de forma inclusiva.
La gobernabilidad se funda en un destino compartido. La
desigualdad es la negación de ese sentido común.
Al abordar este gran reto, este programa busca brindarles a
los ciudadanos la confianza necesaria y las oportunidades para
que se sumen a la construcción del país que queremos. Este
programa se basa en el convencimiento de que debemos incluir
para crecer, porque no se puede crecer sustentablemente
y en paz social cuando las mayorías se sienten excluidas,
discriminadas o abusadas.
Bases para una transformación social,
política y económica
La necesidad de resolver las brechas de desigualdad que hoy
tenemos nos exige realizar cambios profundos y estructurales.
La más importante de estas transformaciones nos permitirá
avanzar hacia una educación más equitativa y de calidad en
todos sus niveles. Esto no sólo producirá una mayor inclusión
social, beneficiando a los miles de niños y niñas, jóvenes y sus
familias que quieren mejorar su bienestar, también permitirá
que numerosos profesionales y técnicos con grados crecientes
de calificación den el impulso que necesita nuestra economía.
No podemos darnos el lujo de prescindir del talento, creatividad
y empuje de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas.
La envergadura de esta tarea, así como la implementación
de otros programas que apuntan a una mayor igualdad, nos
exigen reformar nuestro sistema tributario. Tenemos que
contar con los recursos necesarios para hacer realidad estas
transformaciones. Nadie puede restarse de este esfuerzo, en
especial quienes están en condiciones de hacer una mayor
contribución.
Debemos tener claro que estas transformaciones no llegarán a
buen puerto si no mejoramos sustancialmente nuestra política.
Ya que el desarrollo y el futuro del país lo construimos entre
todos, necesitamos una Nueva Constitución que nos represente.
Necesitamos prestigiar nuestra política y debemos contar
con un sistema electoral que permita representar la amplia
diversidad de visiones que tienen los chilenos y chilenas. Un
nuevo marco constitucional y político que garantice derechos,
defina obligaciones y que responda a las demandas de los
ciudadanos por mayor participación y representatividad.
Estos cambios estructurales unidos a algunas políticas
sectoriales, como el fortalecimiento de la salud, en el ámbito
público y privado, el establecimiento de nuevas condiciones
laborales para nuestros trabajadores, la consoludación
de un sistema integral de protección social, impulsar una
descentralización efectiva, implementar una agenda de género,
consolidar mejoras sustantivas en seguridad ciudadana,
garantizar el respeto a nuestra diversidad e identidad, cuidar
nuestro medio ambiente, avanzar en calidad de vida en el
territorio y abrir nuevos canales de participación ciudadana,
entre otras, son parte de los énfasis centrales del gobierno de
la Nueva Mayoría.
Un Chile que crece con todos
Enfrentar la desigualdad e implementar las reformas
estructurales que propone este programa, permitirán mayores
niveles de equidad, de igualdad de oportunidades y derechos
para los chilenos y chilenas. Esto no sólo es un imperativo ético.
En igual medida es una necesidad de nuestra economía, para
asegurar un desarrollo con un sentido moderno y competitivo.
Este programa, al abordar las desigualdades que hay en el

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país y al realizar una reforma estructural en la educación,
busca también generar las condiciones para mantener el
crecimiento económico. Este es el primer paso para asegurar
una economía más competitiva, con una mayor productividad
y más innovadora.
De manera complementaria este programa aborda las
dificultades actuales que impiden que la productividad de
nuestra economía supere su actual estancamiento, que en
buena parte se originan en nuestras carencias en desarrollo
de recursos humanos, innovación, ciencia y tecnología. Un
aspecto central y complementario para avanzar hacia una
economía más productiva es resolver sin demora los desafíos
que se imponen en materia energética.
Este programa considera a la innovación, la ciencia y la
tecnología como un aspecto determinante para el crecimiento
del país y la impulsará decididamente. De la misma forma,
contempla abordar la capacitación como un eje central, en
tanto ésta ha perdido fuerza como herramienta para mejorar
la empleabilidad, los ingresos y la productividad. Aborda,
adicionalmente, el fomento de la competitividad y diversidad
productiva, con cooperación y diálogo entre el ámbito público
y privado, traspasando a las regiones mayores grados de poder,
recursos y ámbitos de decisión.
Hoy lo moderno es una nueva forma de cooperación entre el
Estado,laciudadaníayelmercado.Esteprogramasehacecargode
este reto, promoviendo una sabia acción pública, para potenciar
la competitividad, la productividad y la innovación, al tiempo
que promueve el bienestar, los derechos y la participación de
todas las personas. Se funda en la convicción de que es necesario
aprovechar en plenitud la capacidad creativa, la disposición al
emprendimiento e impulsar la voluntad asociativa de cientos de
miles de emprendedores, grandes y chicos. En la convicción de
que no hay progreso individual si no hay cohesión en torno al
destino común de nuestra patria.

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financiamiento para este mayor gasto público serán principalmente
tres. En primer lugar, la Reforma Tributaria, que aportará con
$ 8.200 millones de dólares, contituyéndose en la fuente más
importante del esquema de financiamiento, sin la cual resulta
inviable plantearse el conjunto de transformaciones propuestas,
en particular la gran Reforma Educacional que emprenderemos. La
segunda fuente corresponde a las disponibilidades derivadas de la
proyeccción del Balance del Gobierno Central, que aporta $ 4.700
millones de dólares, y que, en lo sustancial, se constituye por las
holguras del crecimiento económico. Finalmente, realizaremos
reasignaciones presupuestarias que aportarán $ 2.200 millones de
dólares, lo que contempla el esquema de financiamiento.
Nuestra propuesta es ambiciosa, pero podemos llevarla a cabo. Este
programa asume las dificultades y responsabilidades que implica
abordar estas tareas. Su implementación no persigue satisfacer
intereses corporativos o de grupos de poder específicos. Este es un
programa pensado en el bien común de todos los chilenos y chilenas.
Ciertamente, los desafíos que busca abordar este programa no
se resolverán todos dentro de los cuatro años del gobierno de la
Nueva Mayoría. Hoy es el momento de empezar este recorrido, sin
vacilaciones ni demoras. Y esta es la convicción que transmite el
liderazgo de la candidatura de Michelle Bachelet.
Esta es la fuerza y empuje que ha animado a los numerosos diálogos
sostenidos con la amplia diversidad social, económica y cultural de
nuestro país, que fue la base para la construcción de este programa.
Es también la fuerza y empuje que estuvo detrás de los aportes del
mundo político y organizaciones sociales. Hoy es el momento de
producir el punto de inflexión que nos permita iniciar el camino
para derrotar la desigualdad. Y de la invaluable labor de las 33
comisiones integradas por más de 620 profesionales y técnicos en
diversas áreas de las políticas públicas.
Este programa busca capitalizar una oportunidad que pocas veces
se le presenta a un país. Hoy nos convoca el imperativo de hacer de
Chile un lugar que proteja y desarrolle a todos sus hijos e hijas. Un
Chile donde todos somos importantes. Este programa es un llamado
a que todos seamos sus constructores.
Un mejor Estado para el nuevo ciclo del
país
La concreción de las principales medidas de este programa
requiere de más y mejor Estado. Chile necesita de un Estado
moderno que impulse el desarrollo, que asegure condiciones de
competencia y vele por el acceso, la calidad y la satisfacción de
los servicios públicos que entrega a los ciudadanos. Un Estado
innovador, eficiente, que entrega soluciones oportunas y en el
que prevalezcan el buen trato y la transparencia.
Este programa se hace cargo de la necesidad de avanzar con
decisión en la modernización del Estado. Junto con responder
con más agilidad a los ciudadanos y a las nuevas exigencia
de emprendimiento económico y productividad, se requiere
incorporar a las y los mejores profesionales y técnicos al servicio
público, que crean y valoren la importancia de una atención de
calidad a los chilenos y chilenas.
El gobierno de la Nueva Mayoría tendrá una profunda vocación
de servicio público y será un gobierno que no olvidará nunca que
su centro son las personas y ellas su mandante. Será un gobierno
con una participación ciudadana efectiva.
Transformaciones con gobernabilidad
Concretar los propósitos y las soluciones que propone
este programa requiere que los cambios los hagamos con
responsabilidad y cuidando la gobernabilidad del crecimiento.
En este nuevo ciclo que se abre para Chile dar curso a las reformas
que el país requiere es el más cierto camino de la responsabilidad.
Las reformas profundas y duraderas incluidas en este programa,
que guiará el actuar de la Nueva Mayoría, se realizarán sobre
bases fiscales sólidas que les den sostenibilidad en el tiempo.
El conjunto de compromisos expresados en este programa
tendrá un costo de $ 15.100 millones de dólares. Las fuentes de

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La sociedad chilena enfrenta variados y significativos desafíos
para convertirse en una sociedad verdaderamente desarrollada,
que supere sus profundas desigualdades. El desafío primordial
es la Educación. Además de aquellos elementos asociados
directamente a ganancias en productividad y equidad, un acceso
igualitario a educación de calidad ayuda a configurar una sociedad
con más oportunidades, más justa, que empodera a la ciudadanía
en su quehacer cotidiano.
Chile ha conseguido importantes logros en materia educativa:
cobertura, alta inversión en infraestructura, equipamiento y
programas focalizados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la
desigualdad educacional y la segregación continúan en niveles
alarmantes y la Educación Pública se ha visto especialmente
reducida y fragilizada.
La educación chilena del siglo XXI debe estar al servicio de nobles
ideales, de una sociedad fuertemente cohesionada, que supere
la segregación social, que promueva la formación integral, la
inclusión, la solidaridad y la democracia como valores centrales
para el desarrollo nacional y de cada uno de los chilenos y chilenas.
El Estado asegurará que, independientemente del origen,
condición, historia o lugar donde se habite, toda niña y niño
tendrá el derecho de integrarse a un proceso educativo donde
será reconocido, y accederá a experiencias de aprendizaje que le
permita desplegar talentos y lograr las competencias requeridas
por la sociedad actual, promoviendo un desarrollo ciudadano a
escala humana y basado en el bien común.
La gran deuda hoy es mejorar transversalmente la calidad de la
educación, entendida integralmente y no sólo como el resultado
de pruebas estandarizadas y, también reposicionar a la Educación
Pública en todos los niveles. Para entregar una mejor educación
resulta imprescindible contar con un sistema más integrado
y equitativo, que no deje como hoy, rezagados y excluidos. Ello
significa también, que un diseño adecuado no puede implicar una
carga financiera insostenible ni para los estudiantes ni para sus
familias.
El Estado, a través de la educación pública, desarrollará un rol
fundamental en cada nivel educacional. El Estado debe garantizar
el ejercicio del derecho a una educación de calidad, fortaleciendo
la educación pública, entregando garantías explícitas y exigibles a
ciudadanos y ciudadanas.
La reforma educacional en su conjunto requerirá de un mayor
gasto público permanente entre 1,5 y 2 puntos del PIB.
Pilares de la Reforma Educacional
Calidad Educativa. A nivel escolar, debido al uso y
consecuencias de los resultados del SIMCE, hemos empobrecido
el concepto de calidad y educación y promovido prácticas
como la selección, la exclusión y el entrenamiento de pruebas.
Debemos superar esta definición e impulsar una comprensión
más compleja e integral de calidad para recuperar el sentido de
la labor educativa.
Todos los establecimientos educacionales deberán ser de
excelencia. Para esto debe entregarse las herramientas y
recursos necesarios para mejorar la calidad y asegurar una
efectiva fiscalización, como el debido apoyo y acompañamiento.
Esto requiere que la profesión docente esté dentro de las más
valoradas socialmente y de las más exigentes, así como también
entregar el espacio y las herramientas necesarias para que los
profesores, directivos y asistentes de la educación puedan
desarrollar su labor.
A nivel de educación superior, entre otras medidas, debe
aumentarse las exigencias hacia las instituciones, a través de
mecanismos potentes de acreditación, procesos más equitativos
de acceso y compromisos para reducir la deserción.
Segregación e Inclusión. Reducir la segregación y
contar con un país más integrado social y culturalmente, debe
ser un objetivo transversal en el diseño de políticas públicas, no
sólo la educativa. Chile es el segundo país con más segregación
social entre los países evaluados por PISA.
Otrarealidadpreocupanteesque,segúnUNICEF,existen300.000
niños y niñas que se encuentran fuera del sistema escolar y que en
educación superior la deserción puede superar el 40% en algunas
carreras, sobre todo en los sectores más vulnerables. Igualmente
grave es que tras cada uno de estos jóvenes, hay muchos otros
que también enfrentan dificultades pero que, a pesar de seguir
en el sistema, quedan excluidos de los aprendizajes.
Construir un sistema inclusivo es un desafío mayúsculo, en
REFORMA EDUCACIONAL

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donde uno de los objetivos principales será eliminar la selección
al ingreso de las escuelas. El gran propósito es lograr que el
proceso educativo llegue a todos los estudiantes, les haga sentido
y los motive en su propio desarrollo.
A nivel escolar, esto requiere una mirada sistémica y un trabajo
continuo de las escuelas para el que tienen pocas herramientas.
Los profesores en su mayoría no son preparados para manejar
esta diversidad y las escuelas no suelen desarrollar estrategias
para abordarla, ni cuentan con el tiempo y los recursos adecuados
para hacerlo.
Gratuidad Universal. Esta propuesta plantea un cambio
de paradigma. Ello implica pasar de la educación como un bien
que es posible transar en el mercado y la competencia como
mecanismo regulador de la calidad, a un sistema educacional
coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un
derecho social.
En Chile el nivel socioeconómico al nacer sigue determinando
el futuro de nuestras niñas y niños. El rol del Estado es lograr
que el derecho a una educación de calidad no dependa de la
capacidad de pago de las familias y que por lo tanto su nivel de
ingreso o endeudamiento no determine el acceso a la educación
y con ello su futuro. Disminuir la desigualdad supone que el nivel
socioeconómico y cultural de las y los estudiantes no sea una
barrera al acceso, por lo que avanzaremos decididamente hacia
la gratuidad universal.
Fin al lucro en todo el sistema educativo. En
Chile la educación ha estado dominada por la lógica de cuasi-
mercado, cuyo motor es la competencia por alumnos. Esto ha
reducido la participación del Estado en la provisión, limitado
las mejoras en calidad y dificultado el resguardo de la educación
como un derecho.
Poner fin al lucro no implica terminar con el sector particular
subvencionado. Garantizaremos que los padres puedan elegir el
modelo educativo que quieran para sus hijos. El Estado seguirá
respetando la existencia de un sistema mixto pero debe hacer
valer el derecho a una educación de calidad a cada niña y niño.
Por ello, todos los recursos que el Estado destine a la educación
deben traducirse en un mejoramiento de la calidad.
Se eliminará la existencia de lucro con recursos públicos, por
tanto, se dirigirá el financiamiento público únicamente a
instituciones sin fines de lucro, que tengan como único fin la
entrega de educación de calidad en el marco de un derecho social.
Principios de la Reforma Educacional
La educación se entiende como un derecho social. Todos los
ciudadanos tienen derecho a educarse para poder elegir con
libertad sus caminos en la vida. A continuación se presentan los
siguientes lineamientos que guían la reforma:
• La Educación es un derecho social fundamental. La Educación
tiene un valor público innegable y está a la base de una sociedad
más justa, democrática y participativa. Nuestra sociedad debe
abandonar las prácticas que han permitido tratar la educación
como un bien de consumo.
• El otorgamiento de garantías explícitas para los ciudadanos en
materiaeducativa,respectodeacceso,calidadyfinanciamiento.
• El fortalecimiento del rol del Estado, como actor activo tanto
en la entrega directa de servicios educativos, como en una
estricta fiscalización del sistema.
• El fortalecimiento de la Educación Pública como motor y sello
del proceso de la Reforma Estructural. La Educación Pública
debe fijar los estándares de calidad y tener presencia relevante
en todo el territorio. Esta es la base y herramienta más potente
sobre la que se construirá el proyecto educativo, la cohesión y
la integración social.
• Elsistemaeducativodebepromoverlaintegraciónylainclusión
social en todos los niveles. No podemos olvidar que las actuales
reglas y normas nos han conducido a ser uno de los países
cuyo sistema escolar es de los más segregados socialmente. El
Estado debe activamente abordar esta situación.
• Poner al centro de las políticas públicas el proceso educativo y
los aprendizajes. Es necesario alinear el proceso educativo con
los ciudadanos que deseamos formar, el país que soñamos y los
desafíos de la enseñanza en todos sus niveles y especialmente
la de los más vulnerables.

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• La generación de igualdad de oportunidades educativas
desde la cuna, con acciones compensatorias para estudiantes
que, producto de las desigualdades pasadas, hoy estén en
desventaja. Las brechas educativas se manifiestan desde
antes que las niñas y niños ingresen al colegio. Las políticas
públicas, tanto en magnitud de los recursos invertidos como
en el diseño de instrumentos, deben contribuir a reducir y
eliminar las brechas sociales.
• El carácter global de la Reforma Educacional, incluyendo a los
niveles Parvulario, General y Superior, de manera de integrar
y cubrir a todo el ciclo de la Educación.
En los primeros 100 días de Gobierno enviaremos al Congreso el
Proyecto de Ley de Reforma Educacional.
Reforma a la Educación Parvularia
El Sistema de Protección Integral de la Infancia “Chile Crece
Contigo” ya garantiza el acceso gratuito a sala cuna y jardín
infantil de jornada extendida, o modalidad equivalente, a los
niños y niñas de familias pertenecientes al 60% más vulnerable
de la población. Extenderemos estas garantías con nuevas
medidas que aseguren una mayor cobertura, especialmente para
los niños y niñas menores de 4 años, aumentando la calidad y
con un marco institucional consistente con esta tarea.
Aumentaremos la cobertura incorporando aproximadamente
90 mil niños y niñas en el tramo de 0 a 2 años, con la
construcción de 4.500 nuevas salas cuna. En el caso de la
población de 2 a 4 años incorporaremos aproximadamente 34
mil niños y niñas (lo que implica 1.200 nuevas salas en jardines
infantiles). En relación a la población de pre-kínder y kínder,
la cobertura actual es casi completa, por lo que la propuesta es
avanzar hacia la obligatoriedad de pre-kinder. En los primeros
100 días de Gobierno se entregará el detalle de las localidades en
que se implementarán 500 nuevas salas cuna en 2014.
Aseguraremos el acceso a sala cuna y jardín infantil de jornada
extendida a todo hijo e hija de madre trabajadora, junto con la
opción de jornada extendida en pre-kínder y kínder.
A diferencia de las políticas públicas actuales, en nuestro
Gobierno, estableceremos estándares más exigentes para
este nivel educacional, principalmente a través de mejorar el
coeficiente técnico, es decir, más profesionales y técnicos por
niño. Adicionalmente, instalaremos un sistema de acreditación
y de aseguramiento de la calidad educativa para todos los
establecimientos de educación parvularia.
Modernizaremos la institucionalidad de la educación
parvularia, separando el rol de diseño de política, creando
una Subsecretaría de Educación Parvularia en el Ministerio
de Educación (MINEDUC), del rol fiscalizador, ejercido por una
Intendencia de Educación Parvularia en la Superintendencia de
Educación, y del rol de provisión del servicio, a cargo de JUNJI,
Integra y otros prestadores debidamente acreditados.
Pondremos el acento en la formación y capacitación de
educadores y educadoras, pues el Estado debe velar por la calidad
en la formación de profesionales y técnicos que se desempeñan
en este nivel educacional. Para ello se implementará una
acreditación más exigente de las carreras respectivas y se
desarrollarán programas de apoyo para su fortalecimiento.
Complementariamente, se desarrollarán programas públicos
especialesparaavanzarenlacapacitaciónyelperfeccionamiento
de directoras, educadoras y técnicos de educación parvularia.
En particular, se fortalecerá el rol de las directoras y directores,
capacitándoles en materia de gestión y administración de los
Jardines Infantiles; y se fortalecerá y actualizará el conocimiento
de las educadoras y técnicas de educación parvularia, apuntando
a mejorar las intermediaciones y acompañamiento en el
desarrollo de niñas y niños, así como el trabajo con sus familias.
Implementaremos programas educativos complementarios,
que fortalezcan el rol de la familia como principal educadora de
sus hijos e hijas, desde una perspectiva de desarrollo integral.
Son programas para niños y niñas que viven en ruralidad o en
zonas de difícil acceso y, también para aquellas familias cuya
opción no es una sala cuna o jardín infantil convencional.
Ejemplo de esto, es la conformación de acciones educativas y
recreativas para fines de semana. Particularmente importante
será la atención integral en modalidades flexibles, para niños y
niñas de comunidades indígenas entre 0 a 4 años.
Finalmente, implementaremos una política para hacer efectivo
el derecho de las familias a participar y colaborar en el proceso
educativo y en la toma de decisiones que conciernen a sus
hijos, incorporando orientaciones, estrategias y acciones para
asegurar un contacto regular entre los centros educativos y las
familias.

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Reforma a la Educación General
Pondremos fin al lucro en la educación. No
se podrá lucrar con recursos públicos. Por lo que dirigiremos
el financiamiento público exclusivamente a instituciones
educacionales que sean sin fines de lucro, lo que se regulará
y fiscalizará debidamente. Para implementar esta medida
se considerarán los plazos y mecanismos que permitan a los
establecimientos particular subvencionados, que lo requieran,
realizar los ajustes necesarios y adaptarse a las nuevas normas.
Terminaremos gradualmente con el
financiamiento compartido. Para ello evaluaremos
de manera rigurosa y periódica, el monto real del costo de
una educación de calidad. Sobre el resultado de este análisis,
la subvención estatal irá gradualmente aumentando y el
pago por parte de los apoderados disminuyendo hasta ser
completamente eliminado. Mientras dure el proceso de
transición no se producirán nuevos incrementos a los límites de
financiamiento compartido y los establecimientos no podrán
elevar este cobro. El fin del financiamiento compartido, junto
con otros mecanismos de selección permitirán terminar con
la segregación social en la educación financiada con recursos
públicos.
Estableceremos una nueva institucionalidad
para la oferta pública de la educación general,
terminando con la administración municipal.
Esta nueva institucionalidad debe considerar los avances
alcanzados respecto de la participación y tuición del mundo
local en la educación.
Los municipios tienen diversas funciones a su cargo y
enfrentan complejidades que dificultan una adecuada y estable
gestión educacional, salvo excepciones. Adicionalmente, la
educación municipal está sujeta a un conjunto de regulaciones
y restricciones a su gestión que inciden en su desempeño y,
particularmente, en la gestión de los recursos humanos.
La administración de los establecimientos de educación
pública debe estar en manos de instituciones especializadas.
La administración de los establecimientos municipales será
reemplazada por una nueva institucionalidad pública, cuya
estructura contempla la creación de un Servicio Nacional
de Educación Pública descentralizado y Servicios Locales de
Educación Pública, que mantengan la cercanía con la comunidad
educativa. Ambas entidades se relacionan con el Presidente de
la República a través del Ministerio de Educación.
Los establecimientos educacionales pasarán a depender de
los Servicios Locales de Educación Pública. Éstos se definirán
geográficamente según distritos escolares. El Servicio
Nacional de Educación Pública tendrá por función principal el
apoyo técnico pedagógico, administrativo y financiero de los
establecimientos públicos, a través de los Servicios Locales.
Cada Servicio Local contará con personalidad jurídica y
patrimonio propio y tendrá un Consejo Consultivo integrado
por miembros de la comunidad educativa y representantes
de las facultades de Educación de instituciones públicas de la
región donde se sitúa el distrito escolar.
En lo inmediato, se formulará un plan de acción de corto
plazo orientado a recuperar los establecimientos con mayores
deficiencias en materias técnico-pedagógicas y a asumir el
desafío de recuperar matrícula en la educación pública.
Terminaremos con toda forma de selección a
nivel de la escuela, tanto económica, social, académica
y conductual. Adicionalmente, los establecimientos deberán
considerar en su proyecto educativo la inclusión de niños con
necesidades educativas especiales, y la habilitación para que
ello ocurra de manera adecuada.
La Reforma Educacional debe emprenderse con la participación
activa de todos los docentes, directivos y el personal asistente
de la educación.
Garantizaremos a todas y todos los docentes de la educación
pública la oportunidad de participar cada 4 años de manera
gratuita, en un programa de perfeccionamiento docente,
ampliando la oferta y mejora de la calidad de las acciones
de formación continua. Constituiremos en cada región
del país un Comité Regional de Desarrollo Profesional
Docente, cuya función sea planificar y coordinar acciones de
formación continua adecuadas a las necesidades regionales.
Desarrollaremos un programa de pos títulos por disciplinas
para profesores de segundo ciclo y de formación general para
el primer ciclo. Potenciaremos la Red de Maestros de Maestros
y retomaremos la formación de mentorías para el apoyo e
inducción a docentes principiantes.

20
Desarrollaremos una política de liderazgo directivo implementando
un programa de inducción para directores que asumen sus cargos
por primera vez, además de una Escuela de Directivos para realizar
capacitaciones periódicas, tendientes a fortalecer el liderazgo
directivo con énfasis en la gestión pedagógica y que promueva la
conformación de equipos de trabajo y de comunidades educativas.
Mejoraremos el conjunto de la formación inicial
por la vía de promover que las universidades impulsen programas
de reformulación curricular; promover el desarrollo de capacidades
de los equipos académicos de las instituciones formadoras
mediante programas de intercambio a nivel internacional y la
utilización de becas de postgrado; establecer mayores exigencias
para la acreditación de las carreras de pedagogía y establecer el
carácter obligatorio y habilitante de la evaluación de egreso y;
aumentar los recursos públicos para fomentar la investigación
en temas pedagógicos. Contaremos con Escuelas de Pedagogía de
Excelencia. Para esto se desarrollarán y fortalecerán convenios de
gestión.
Estableceremos una carrera docente que, entre otros aspectos,
defina mejores remuneraciones; introduzca incentivos y aumente
gradualmente el número de horas de la jornada laboral docente que
se destine a trabajo fuera del aula. La carrera docente debe instalar
el desarrollo profesional y el desempeño de calidad como elemento
central de la carrera y debe establecer la reducción gradual
del número máximo de estudiantes por curso en la educación
subvencionada.
En Educación Técnico Profesional deben enfrentarse al menos
dos problemas fundamentales: su actual desvinculación con una
trayectoria de formación profesional que incluya la educación
media, superior y procesos de capacitación, con su consiguiente
falta de pertinencia respecto de los requerimientos del mundo
laboral. A esto se suman los altos niveles de deserción y baja
titulación oportuna que presenta el sector. Consolidaremos un
sistema de formación diversificado que permita que todos los
y las jóvenes tengan un proyecto de vida y puedan seguir una
trayectoria educativa laboral de acuerdo a sus preferencias y
talentos, independientemente de su nivel socioeconómico. Es en
esta modalidad educativa donde se requieren mayores esfuerzos
para lograr la excelencia en todos los establecimientos.
Modernizaremos el currículum de la Educación Media Técnico
Profesional, de manera tal que exista la posibilidad real de hacer
una trayectoria conducente a títulos técnicos y profesionales
superiores. Crearemos en cada región del país un Centro de
Entrenamiento de alto nivel para ofrecer formación práctica a
los estudiantes, consistente con la vocación productiva de la
región respectiva. Cada región del país contará con un Consejo de
Formación Técnico Profesional, de carácter público-privado, que
velará por la articulación completa del sistema y dará lineamientos
para el desarrollo de especialidades en la región, tanto a nivel
medio como superior.
Reforma a la Educación Superior
En materia de educación superior, los y las jóvenes junto a sus
familias enfrentan dos tipos de problemas. En primer lugar de
acceso,porlaexistenciadebarrerasdefinanciamientoyacadémicas.
Estas son particularmente relevantes y discriminatorias en el caso
de estudiantes pertenecientes a grupos en situación de mayor
vulnerabilidad económica.
En segundo lugar, por la existencia de serias dificultades en el
control de la calidad de las instituciones de educación superior,
cuestión que se ve agudizada por la baja fiscalización de los
Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica.
Desarrollaremos una institucionalidad que permita recuperar la
confianza en el sistema y sus instituciones y que dé respuesta a los
desafíos del país en el desarrollo productivo, científico y cultural.
La educación superior debe ser un derecho social efectivo.
Se establecerán garantías explícitas para los ciudadanos en
materia de educación superior, tanto de acceso como de calidad y
financiamiento. Estas garantías darán un trato preferente a los y
las estudiantes de menores ingresos.
Para cumplir con dichas garantías se requiere de un Estado activo
tanto en la entrega directa de servicios educativos como en la
estricta fiscalización de los oferentes, tarea a la que nos abocaremos
con especial dedicación y premura.
Avanzaremos gradualmente en la gratuidad universal y
efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará
6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la
gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70%
más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase
media. Esta gratuidad podrá ser ejercida en toda institución de
educación superior que cumpla, entre otros aspectos, con: estar
acreditada; acatar estrictamente las normas que no permiten la
existencia de lucro; estar incorporada a las nuevas normas sobre

21
acceso de equidad; desarrollar programas de reforzamiento y
acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el
sistema de aranceles que determine el MINEDUC.
Para la fijación de aranceles se creará una nueva institucionalidad,
que considerará un grupo de expertos que determinarán y revisarán
periódicamente el monto de dichos aranceles.
Quienesseendeudaronparaestudiarhoyestánviviendosituaciones
complejas. Los instrumentos financieros que se utilizaron para
ampliar la cobertura en educación superior no siempre cumplieron
las expectativas. Avanzaremos a la gratuidad universal en
educación superior y al mismo tiempo estudiaremos mecanismos
para establecer un trato equitativo a los estudiantes endeudados.
Modernizaremos la institucionalidad pública de la educación
superior, creando la Subsecretaría de Educación Superior; la
Superintendencia de Educación Superior, con competencias claras
y recursos necesarios para cumplir sus funciones, en especial, la
fiscalización del uso de los recursos públicos, velar que se cumpla
la prohibición de lucro, y la Agencia de la Calidad de la Educación
Superior, responsable de la acreditación y de velar por la calidad de
la educación superior. Esta nueva institucionalidad permitirá una
relación más directa y productiva entre el mundo de la educación
superior y las autoridades del sector.
Frente a situaciones observadas de inviabilidad y cierre de
establecimientos de educación superior, el Ministerio de Educación
dispondrá de los instrumentos necesarios que permitan garantizar
la continuidad de estudios de todos los estudiantes involucrados.
Crearemos un nuevo Programa para Incrementar la Equidad
en el Acceso a la Educación Superior, que contrapese el sesgo
socioeconómico existente en los requisitos académicos. Para
ello, las instituciones de educación superior que opten por recibir
financiamiento público deberán suscribir un convenio de deberes
y derechos con el MINEDUC para aplicar este nuevo mecanismo
de acceso. Este mecanismo consistirá en establecer “cupos de
equidad”, adicionales al sistema regular, equivalente al menos a
un 20% de la matrícula de cada una de las carreras que ofrezca la
institución para estudiantes pertenecientes al 40% más vulnerable.
Como parte del Programa para Incrementar la Equidad en el
Acceso a la Educación Superior, implementaremos un programa
permanentedeaccionesdeapoyoalosylasestudiantesvulnerables,
con el propósito de evitar la deserción de los estudios superiores.
Esto incluye programas en los establecimientos de enseñanza
media para preparar a los y las jóvenes; involucrar a sus familias;
apoyar y desarrollar competencias en los establecimientos de
educación superior; y reformar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para
que incentive la matrícula y retención de estudiantes en situación
de vulnerabilidad. En los 100 primero días de Gobierno iniciaremos
la puesta en marcha del Programa, con la Preparación y Apoyo a
Jóvenes, que partirá con alumnos de 3º medio que ingresarán
a la universidad el 2016. Adicionalmente, implementaremos
un programa en los establecimientos públicos para apoyar la
preparación de la PSU.
Estableceremos un nuevo sistema de acreditación de instituciones
de educación superior. La acreditación, tanto institucional como por
carreras, será obligatoria para todas las instituciones de educación
superior (Universidades, IP y CFT).
Estableceremos un Nuevo Fondo de Apoyo a la Investigación
Universitaria, de una magnitud suficiente para que las instituciones
no busquen cargar en los aranceles la labor que realizan en
materia de investigación. Este fondo estará disponible para todas
las universidades públicas, y para todas aquellas que acrediten
capacidades de investigación y firmen convenios de desempeño
con el MINEDUC.
En este esfuerzo financiero, estableceremos un trato preferente
con las universidades de propiedad del Estado. Estas universidades
deberán introducir las modificaciones necesarias en su gestión,
para rendir cuentas respecto de sus planes de desarrollo y del
financiamiento obtenido. Este nuevo trato incluye un fondo de
aporte basal permanente exclusivo para las universidades estatales
y un fondo permanente de apoyo a las universidades estatales
regionales.
Adicionalmente, crearemos universidades estatales regionales
en donde actualmente no existen (Aysén y O´Higgins). En los
primeros 100 días de Gobierno se enviará al Congreso el proyecto
de ley de creación de estas nuevas universidades.
Crearemos Centros de Formación Técnica públicos, que tendrán
presencia en todas las regiones. Cada Centro de Formación Técnica
estará vinculado a una universidad pública. Aspiramos a que estas
institucionesmarquenlapautaencuantoalosestándaresesperados
de calidad en la educación técnica con una fuerte identificación y
vinculación con el desarrollo productivo regional. En los primeros
100 días de Gobierno se firmarán los cinco primeros convenios con
universidades para la creación de CFTs públicos en regiones.

24
REFORMA TRIBUTARIA
Para alcanzar el desarrollo, Chile necesita hacer importantes
transformaciones en algunas áreas. Una de las principales es
una profunda reforma educacional. Estas transformaciones
significarán un importante incremento del gasto público.
Evidentemente, esto implica la necesidad de realizar una
reforma tributaria para contar con ingresos permanentes que
permitan alcanzar una sustentabilidad fiscal.
La Reforma Tributaria tiene cuatro objetivos:
1. Aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos
permanentes, los gastos permanentes de la reforma educacional
que emprenderemos, otras políticas del ámbito de la protección
social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales.
2. Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del
ingreso. Los que ganan más aportarán más, y los ingresos del
trabajo y del capital deben tener tratamientos similares.
3. Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos
al ahorro e inversión.
4. Velar porque se pague lo que corresponda de acuerdo a las
leyes, avanzando en medidas que disminuyan la evasión y la
elusión.
La meta de recaudación del conjunto de las medidas de
la Reforma Tributaria será de 3% del PIB. Esta meta se
descompone en 2,5% del PIB provenientes de cambios a la
estructura tributaria y 0,5% del PIB de medidas que reducen
la evasión y la elusión.
Esto es hacer propuestas responsables frente al país, que
permitan avanzar sólidamente en las transformaciones que
Chile necesita.
Reforma Tributaria y Crecimiento
Económico
Los países que se han desarrollado, junto con el crecimiento
sostenido han aumentado continuamente los bienes y
servicios que ponen a disposición de sus ciudadanos, a
través de las políticas públicas. Esto es posible y sostenible
responsablemente, en la medida que han aumentado la carga
tributaria, que permite financiar la provisión de estos bienes.
Chile tiene una carga tributaria baja, aún si se la compara con
países desarrollados al momento de contar con un PIB per
cápita similar al que nuestro país tiene en la actualidad. Las
modificaciones que aquí anunciamos, con una elevación de la
carga tributaria de 3 puntos del PIB, comienzan a cerrar esta
brecha, quedando aún por debajo del promedio de los países de
la OECD, al momento en que contaban con nuestro actual PIB
per cápita.
Adicionalmente, existen estudios para Chile que establecen
que aumentos en la tasa de impuesto a la renta no afectan
significativamente las decisiones de inversión. A lo más, el
impacto se limita a las empresas más pequeñas, que ciertamente
tienen una mayor dificultad de acceso al financiamiento. Aún
así, el impacto estimado sobre estas empresas es muy acotado
y diseñaremos un conjunto de medidas para revertirlo.
Se ha intentado vincular la propuesta de reforma tributaria
con una disminución en el ritmo de crecimiento. Esto no es
efectivo. En primer lugar, la tributación es sólo uno de los
elementos que inciden sobre la inversión. La literatura sobre
el tema concluye que los atributos más relevantes que afectan
la inversión son: i) la cohesión social y la estabilidad política;
ii) la calidad y credibilidad de las instituciones públicas; iii) la
accesibilidad y competitividad de los mercados, entre otros los
financieros; iv) la infraestructura y, v) una adecuada legislación
económica.
En los primeros 100 días de Gobierno se enviará al Congreso el
Proyecto de Ley de Reforma Tributaria.
Reducción de la Evasión y Elusión
En los últimos años, el SII ha sufrido un estancamiento en su
proceso modernizador e incluso un retroceso en áreas claves,
como la fiscalización y la inversión tecnológica. El resultado
de esto ha sido un incremento de la tasa de evasión, a niveles
superiores al 20% en el caso del IVA. Esto, luego que en la
década pasada estuviera bajo el 10%, cifra comparable con la
de los países desarrollados con mejor cumplimiento tributario.

25
En primer lugar, desarrollaremos una mayor efectividad de la
fiscalización, mediante el fortalecimiento de: i) la detección
y persecución de delitos tributarios y facturas falsas; ii) las
actividades de control preventivo en terreno; iii) la fiscalización
de contribuyentes de altos ingresos y, iv) el análisis de riesgo e
inteligencia fiscal, que permita, sobre la base de la información
disponible de distintas fuentes de datos, identificar a los
contribuyentes de mayor riesgo.
En segundo lugar, proveeremos de más recursos y
fortaleceremos la administración tributaria: i) aumentando la
dotación de fiscalizadores y la inversión en capacitación; ii)
revisando y fortaleciendo las facultades de fiscalización y de
acceso a información con que cuenta el SII; iii) revisando el nivel
de las sanciones al fraude fiscal e incumplimiento tributario; iv)
uniformando y transparentando la política de condonaciones;
v) incrementando la inversión en tecnología para, entre otras
cosas, hacer viable la masificación de la factura electrónica; vi)
incorporando al Código Tributario una Norma General Anti-
elusión, que permita sancionar a aquellos que incurran en esta
práctica sólo por razones tributarias, y no por la naturaleza de
su actividad económica, así como también a aquellos asesores
tributarios que colaboren con el diseño de planificaciones
tributarias agresivas; y vii) mejorando la coordinación entre el
SII, el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería.
Por último, se realizará un decidido avance en mejorar
los servicios y la atención a los contribuyentes. En este
plano se contempla i) reducir los costos de cumplimiento
para contribuyentes medianos y pequeños, mediante la
simplificación de los trámites en oficina, lo que redundará
en mayores facilidades para el emprendimiento; ii) reforzar
el respeto a los derechos de los contribuyentes en todas las
actuaciones de la administración, propiciando un trato justo
en los procesos de cumplimiento; iii) establecer compromisos
de servicio en los trámites y requerimientos más frecuentes,
lo cual redundará en una mayor certeza acerca de los plazos
de respuesta a las solicitudes; y iv) desarrollar mejores
servicios de atención y asistencia a través de los distintos
canales, adaptando la comunicación a los medios actualmente
disponibles, lo que permitirá acercar la administración fiscal a
las necesidades de los contribuyentes.
La estimación de recaudación producto de estas medidas se
estima en 0,51% del PIB en régimen.
Cambios a la Estructura Tributaria
Impuesto a la Renta. El mecanismo del FUT con que
hoy cuenta Chile, no existe en ninguna parte del mundo. Se
trata de una fórmula surgida en los años 80, posterior a la crisis
vivida en esa década, que obedece a las condiciones económicas
específicas de ese momento en nuestro país, en especial, debido
a las restricciones financieras que enfrentaron las empresas en
dicha década en Chile.
El sistema de impuesto a la renta se caracteriza por tener
una tributación de las rentas del capital baja, con algunas
franquicias tributarias mal diseñadas, que se superponen entre
sí. Una parte dela estructura de incentivos, como es el caso del
FUT, algunos regímenes especiales o el tratamiento del ahorro,
se han desviado sustancialmente de sus objetivos iniciales y se
han convertido en fuentes de elusión e incluso de evasión de
impuestos.
Para corregir lo anterior, se implementarán las siguientes
modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta:
Elevaremos, en forma gradual, la tasa del impuesto a las
empresas de 20% a 25% en un plazo de 4 años. Ésta seguirá
operando como un anticipo de los impuestos personales,
manteniéndose así la integración de impuestos entre empresas
y personas.
Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de
las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que
retiran (el sistema operará en base devengada). Esta medida
será implementada a partir del cuarto año de la reforma. De
esta forma se termina con el actual mecanismo del Fondo de
Utilidades Tributables (FUT).
Reduciremos, en forma gradual, la tasa máxima de los impuestos
personales, del 40% actual a un 35%, en el plazo de cuatro años.
Respecto del FUT acumulado o histórico, se propone mantener
la regla impositiva vigente. Esto quiere decir que, a partir del
año en que comienza el nuevo régimen de tributación, al cuarto
año de la reforma, estas utilidades tributarán en la medida en
que sean retiradas.

26
La estimación de recaudación producto de estas medidas de
impuesto a la renta es de 1,92% del PIB en régimen.
Incentivos al Ahorro y la Inversión
Incentivo a la Inversión de las Empresas. Frente
a los cambios anunciados en el impuesto a la renta, debemos
tener un particular cuidado con la inversión, introduciendo
mecanismos modernos que superen la situación actual de
elusión.
Se implementará un mecanismo de depreciación instantánea,
que consiste en que las empresas puedan descontar de las
utilidades la inversión total del año en curso, y que beneficie
principalmente a la pequeña y mediana empresa y que considere
un mecanismo que controle las posibles distorsiones entre
sectores productivos con distinta intensidad en el uso de
inversión de capital. Este mecanismo se implementará a partir
del cuarto año de la reforma, coincidiendo con el cierre del FUT.
Esta es una medida que corresponde al Chile de hoy: i) es un
incentivo mayor a la inversión que el sistema de tributación
que actualmente nos rige y; ii) elimina muchas de las actuales
prácticas de evasión y elusión.
Incentivo al Ahorro de las Personas. Eximiremos
de impuestos a las personas por las ganancias percibidas con el
ahorro que realicen en instrumentos financieros, hasta un tope
correspondiente a la rentabilidad de instrumentos sin riesgo. De
esta forma, se premia el ahorro al que acceden normalmente las
personas de ingresos medios.
Se estima que estas medidas para incentivar ahorro e inversión
significarán una pérdida de recaudación de 0,21% del PIB en
régimen.
Medidas Orientadas a las PYMES
Incentivo a la Inversión de las PYMES.
Ampliaremos y potenciaremos el sistema simplificado bajo el
cual tributan las PYMES, establecido en el artículo 14 ter de la
Ley de la Renta. Actualmente, pueden acceder a este sistema
las empresas individuales, que pagan IVA y que tengan ventas
anuales inferiores a 5.000 UTM. Ampliaremos este beneficio a
todas las empresas con ventas anuales inferiores a 14.500 UTM,
seanempresasindividuales o personasjurídicas, e independiente
de sus obligaciones respecto del IVA.
Este sistema ofrece como beneficios para las PYMES: i) la
inversión se rebaja de las utilidades de una sola vez (depreciación
instantánea), cuestión importante dado que este beneficio
estará disponible para las PYMES en el primer año de la Reforma;
ii) se ahorran los costos de llevar contabilidad completa, que
para muchas empresas pequeñas pueden ser mayores que los
impuestos pagados; iii) el SII puede preparar y proponer la
declaración anual para cada empresa, facilitando más aún el
pago de impuestos.
Todas las modificaciones a este régimen comenzarán a regir
desde el primer año de aprobada la ley.
Paralelamente, derogaremos otros regímenes simplificados,
que han sido utilizados con objetivos de evasión y elusión del
impuesto a la renta de empresas de mayor tamaño y que no se
han traducido en beneficios significativos para las PYMES (renta
presunta, 14 bis y 14 quater).
Por esta medida y por la aplicación de los cambios en el impuesto
a la renta, los pagos finales de impuestos para los empresarios se
aplican de acuerdo a la tasa de las personas, por lo cual las Pyme
no van a desmejorar su situación impositiva.
Por el contrario, mejoran su situación impositiva final si
invierten, dada la aplicación del mecanismo de depreciación
instantánea. Por ejemplo, una panadería de barrio que vende en
total 55 millones de pesos al año (límite de la microempresa),
que tiene una utilidad de 5 millones al año, y que invierte un
millón de pesos en la compra de maquinarias como hornos o
refrigeradores, pagaría actualmente 340 mil pesos en impuestos
y en el sistema que proponemos pagaría sólo 140 mil acogiéndose
al 14 ter.
Trato Preferente para las PYMES. Por otra parte,
uno de los principales problemas que afecta a las PYMES es el
trato abusivo que reciben de las grandes empresas, las que les
pagan sus productos o servicios a 90 o más días de plazo, en
circunstancias que las PYMES deben pagar el IVA al mes siguiente
de emitidas sus facturas.

27
Con el fin de dar un trato equitativo y aliviar los problemas de
liquidez que esta situación genera a las PYMES, realizaremos un
cambio de sujeto en el pago del IVA. Esto significa que las grandes
empresas, que realicen compras a plazo a sus proveedores, serán
las responsables de pagar una proporción del IVA de dichas
operaciones.
Se estima que estas dos medidas de incentivo a las PYMES
significarán una pérdida de recaudación de 0,18% del PIB en
régimen.
Otras Medidas Impositivas
Medio Ambiente. Como una forma de desincentivar la
compra de vehículos particulares que utilizan petróleo diesel y
también aquéllos de alta cilindrada, estableceremos un impuesto
proporcional a la misma, que se pagaría anualmente junto con
el permiso de circulación, diferenciado según el combustible
utilizado.
En la actualidad, los impuestos específicos a los combustibles
sólo se aplican a su uso en el transporte. Sin embargo, el uso
de combustibles fósiles en la industria también genera efectos
negativos sobre el medioambiente y la salud de las personas.
Por ello, avanzaremos en la implementación de impuestos a la
emisión de contaminantes en la industria. Esta medida también
operará como una forma de estimular el cambio hacia tecnologías
limpias. Las PYMES no serán incluidas en esta modificación.
Impuestos Correctivos. En Chile, los impuestos a las
bebidas alcohólicas y a los cigarrillos se aplican principalmente
sobre el precio de venta. Para que este tipo de gravámenes
desincentiven el consumo, es importante que se apliquen por
cantidad, pues de otra manera terminan incentivando el desvío
hacia productos de menor precio y que normalmente son más
dañinos para la salud. Asimismo, el impuesto a las bebidas
alcohólicas es sumamente bajo, comparado con el que se aplica
en otros países y con el que grava a los cigarrillos, lo que no
guarda relación con los daños que produce su consumo excesivo.
Dado lo anterior, estableceremos un impuesto a las bebidas
alcohólicas específico, en proporción al volumen de alcohol
puro incluido en cada tipo de bebida, cuya tasa estará en torno al
promedio de las establecidas en los países de la OECD.
Además, en el caso de los cigarrillos, incrementaremos el
impuesto específico por cantidad y reduciremos el impuesto
ad-valorem, de manera tal que se mantenga la recaudación en
su nivel actual. La medida resulta ser un claro desincentivo al
consumo y es una forma de aportar a la salud pública desde los
impuestos.
Impuestos Indirectos. Terminaremos con la elusión
del pago del IVA en la venta de bienes inmuebles nuevos. Para
esto gravaremos todas las transacciones de inmuebles, entre
constructoras, inmobiliarias y otros agentes intermedios,
anteriores a la venta que se realice al consumidor final.
Asimismo, restringiremos el crédito especial de IVA para
empresas constructoras, limitándolo sólo a viviendas con
precios inferiores a las 2000 UF.
Aumentaremos en el plazo de dos años el impuesto de Timbres
y Estampillas, desde el actual 0,4% a 0,8%. Se mantiene la
situación actual para las PYMES, las que pueden recuperar el
impuesto descontándolo de su pago de IVA mensual.
Otras Propuestas. Derogaremos, para los nuevos
proyectos de inversión, el DL 600, Estatuto de la Inversión
Extranjera. Dicho estatuto en la actualidad no se usa. Eliminarlo
significa ratificar la estabilidad institucional de Chile para las
inversiones extranjeras.
El mercado de capitales en Chile se ha desarrollado y
profundizado. Una de las medidas de política pública que ha
contribuido a alcanzar este estado, fue la creación de los Fondos
de Inversión Privados (FIP), que tienen como objetivo desarrollar
el mercado de inversión de riesgo.
Sin embargo este mecanismo lamentablemente ha sido mal
empleado por algunos agentes en el mercado. Un ejemplo de
esta situación, es que algunas empresas venden su propiedad
con una ganancia de capital, traspasan las acciones de ésta a uno
de estos fondos y la ganancia queda en el FIP, de esta manera
eluden el impuesto a las empresas debido a las franquicias que
tienen los FIP. Por tanto, modificaremos la tributación de los
Fondos de Inversión Privados, asimilándola a la tributación de
las empresas para cerrar potenciales fuentes de elusión.
Se estima que el conjunto de estas Otras Medidas Impositivas
generan en régimen una recaudación de 0,97% del PIB.

30
NUEVA CONSTITUCIÓN
Chile merece que el texto constitucional vigente reconozca y se base
en un sistema plenamente democrático; y que recoja las normas y
principios de derechos humanos reconocidos en Chile y en el ámbito
internacional, en toda su extensión.
El Pueblo Chileno merece que la Constitución Política reconozca y
garantice sus derechos.
La idea que recorre el texto actual, aún con las modificaciones que se
le han efectuado, está sustentada en una desconfianza a la soberanía
popular;deallí lasdiversaslimitacionesalavoluntadpopularmediante
los mecanismos institucionales de contrapesos fuertes a dicha
voluntad, siendo el ejemplo más evidente el mecanismo de los quórum
contra mayoritarios para la aprobación y modificación de las leyes
importantes. Ello no es propio de un sistema democrático; contribuye
a la deslegitimación del sistema político; y actualmente constituye un
freno al desarrollo del país, y a su gobernabilidad.
Este déficit no ha sido superado no obstante haberse planteado por las
fuerzas políticas democráticas, desde los orígenes de la Carta Política;
y la permanencia de este déficit explica hoy, en parte, una crisis de
legitimidad y eficiencia de las instituciones y del sistema político.
Chile debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar
origen a la Nueva Constitución, en la que confluyan las tradiciones
constitucionales liberal, democrática y social y que sea fruto de un
auténtico consenso constitucional.
El reclamo por una nueva Carta Fundamental no es un prurito de
especialistas ni la obsesión de élites sobre ideologizadas. Es un objetivo
planteado desde larga data por sectores democráticos; y levantado
actualmenteporunagrancantidaddeorganizacionespolíticas,sociales,
juveniles, regionales, sindicales, de género y representativas de pueblos
indígenas; basada en los cuestionamientos antes referidos.
Deestamanera,basadaenunafuerteconviccióndemocrática,serecoge
la demanda nacional por una Nueva Constitución Política para Chile a
impulsar en un proceso democrático, institucional y participativo que
permita alcanzar este propósito.
La Nueva Constitución Política deberá sustentarse en nuestras mejores
tradiciones democráticas; en el desarrollo doctrinal y experiencias de
las democracias modernas del mundo occidental; y en el conjunto de
derechos, principios y normas plasmados en el derecho internacional
de derechos humanos.
Contenidos Básicos de una Nueva
Constitución Política
En lo que respecta a los contenidos que debieran considerarse en la
Nueva Constitución que Chile necesita y que chilenas y chilenos nos
merecemos, y entendiendo que esa definición le corresponderá al
Pueblo en su conjunto, quisiéramos, sin embargo, adelantar los que
consideramos los pilares fundamentales sobre los cuales debiera
edificarselaNuevaConstituciónyquedesdeelGobiernoimpulsaremos.
Derechos Humanos
La Nueva Constitución debe asumir un compromiso categórico con el
reconocimiento y la protección de los derechos humanos; mínimo ético
universalenquelospuebloscivilizadosbasansusformasdeconvivencia.
La Carta Fundamental debe reconocer el máximo valor a los principios
y convenciones internacionales que reconocen los derechos de la
personahumana.EsdeberdelosórganosdelEstadorespetar,promover
y asegurar, en todos sus niveles de protección, el pleno ejercicio de los
derechos humanos, propendiendo a su progresividad, expansividad y
óptima realización posible.
La Nueva Constitución, fruto de la confluencia de las tradiciones liberal,
democrática y social requiere de un completo y equilibrado catálogo de
derechos, deberes y garantías que plasme los derechos establecidos
en los principios, declaraciones y convenciones internacionales de
derechos humanos; reconociendo explícitamente que ellos constituyen
limitaciones a la soberanía.
La Nueva Constitución Política debiera basarse por consiguiente en
los valores de la dignidad de la persona; de la libertad, de la igualdad y
de la solidaridad; estableciendo en plenitud un sistema democrático
que reconozca el pluralismo propio de las sociedades democráticas
modernas y, con ello, la autonomía moral de las personas y su libre
desarrollo de la personalidad.
El catálogo de derechos que debe reconocer la nueva Constitución
Políticadeberá sustentarse básicamenteeneldesarrollodelasnormasy
principiosconsagradosenlasdeclaracionesyconvencionesdederechos

31
humanos establecidos en el ámbito internacional.
En particular, el desarrollo de este catálogo debiera contener,
básicamente, los siguientes aspectos:
Derecho a la vida, integridad física y psíquica. El
Estado debe reconocer el derecho a la vida y a la integridad física y moral
de todas las personas, sin que puedan ser sometidas a torturas o tratos
crueles, inhumanos y degradantes. Se requiere abolir efectivamente la
pena de muerte, prohibir el trabajo forzado y la trata de seres humanos.
Hombres y mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia física,
psicológica, moral y sexual tanto en el ámbito público como privado. Es
deber del Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar
y sancionar toda forma de violencia de género, en especial la ejercida
contra las mujeres y niñas.
Derecho a la igualdad y a la no discriminación. La
Nueva Constitución debe reconocer el derecho a la igualdad ante la ley
y el derecho a la no discriminación arbitraria, sea por razón de sexo,
origen étnico, origen social, opinión, orientación sexual o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
La mujer y el hombre gozan de los mismos derechos y el Estado debe
promover la realización efectiva y real de la igualdad de derechos. Se
debe promover la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres
y hombres dentro de la familia en relación con las tareas domésticas
y el cuidado de los hijos e hijas. La acción permanente del Estado debe
instar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta que
mantienen estereotipos, prejuicios y prácticas basadas en la idea de
inferioridad o superioridad de algunos de los sexos.
LecorrespondealEstadofavorecereligualaccesodemujeresyhombres
a cargos de elección popular, así como a puestos de responsabilidad
profesional y social. Para ello, la Ley debiera reglamentar medidas de
acciónpositivaquepermitanalcanzarlamayorigualdadposibleefectiva
considerando los estándares de temporalidad, proporcionalidad y
afectación.
Las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar
la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerarán
discriminación arbitraria.
Derechoalalibertadyseguridadpersonal.Todapersona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Se reconocerá este
derecho de acuerdo a los estándares de su establecimiento y protección
en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.
Derecho a la tutela judicial y garantía del debido
proceso. La Nueva Constitución debe reconocer un derecho general
a la tutela judicial efectiva, con todas las obligaciones que para el Estado
importa, y una garantía de debido proceso que comprenda tanto el
proceso civil como el proceso penal. La presunción de inocencia, no
ser juzgado por la misma causa y la prohibición de declarar contra uno
mismo son garantías básicas del imputado.
El legislador fijará las reglas del debido proceso en las leyes de
enjuiciamiento que se dicten, de todo tipo de orden jurisdiccional.
Derecho a la libertad de conciencia.UnaConstituciónlaica
y pluralista debe garantizar a todos el derecho a la libertad de conciencia
y a la libertad de cultos con igualdad de tratos para todas las iglesias.
Derecho a la libertad de expresión. Sobre la base de lo
dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
NuevaConstitucióndebieradarlasmásampliasgarantíasdelibertadde
pensamiento y de expresión asegurando a todas las personas la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
censura previa, así como el derecho de acceso a la información pública.
Unaleydeterminaráloslímitesalaconcentracióndelapropiedaddelos
mediosdecomunicaciónsocial,tantomono-medialcomomultimedial,
así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución
del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo informativo y el
libre acceso a la información.
Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se deben
reconocer los derechos de los niños y niñas, de acuerdo a lo establecido
en la Convención sobre Derechos del Niño.
La Nueva Constitución debiera resguardar el principio de que ambos
padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el
desarrollo del niño y niña.
El Estado procurará comprometerse a implementar todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño o niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación y
abuso sexual. Se requiere prohibir el trabajo infantil y cualquier tipo de
violencia contra los niños y niñas, sea física o psíquica.

32
Derecho a la identidad, a la intimidad, a la imagen,
al honor, y a los derechos sexuales y reproductivos.
La Nueva Constitución debe garantizar el derecho a la identidad, a la
intimidadpersonal,alapropiaimagen,alhonoryalnombre;declarando
inviolables el domicilio y las comunicaciones de todo tipo, salvo por
orden o resolución judicial.
Se deberá reconocer también el derecho a la identidad sexual, la
orientación sexual y los derechos sexuales y reproductivos de las
personas.
Derecho de propiedad. La Nueva Constitución junto con
reconocer el derecho a la propiedad privada, debiera contemplar la idea
de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al
bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del
derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitará su contenido,
de conformidad a la ley.
Se debe garantizar la libre iniciativa económica privada, con las
limitaciones establecidas en la ley.
La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno,
absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos
hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene
derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales,
especialmente minerales.
Se declara las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera
sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o
el curso que sigan, incluidos los glaciares.
Se delegará en el legislador la regulación del procedimiento de
constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos
que se reconozca a los particulares sobre las aguas, sin perjuicio de
reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la
disponibilidad, calidad, seguridad y continuidad del recurso hídrico para
todas las personas.
Derechos políticos. Se debe reconocer el derecho de participar
en la vida pública y política del país. El sufragio es un derecho esencial
de la ciudadanía. Por tanto debe ser fortalecido para asegurar la más
plena participación, fijando la Constitución y la ley los requisitos para
su ejercicio. Se reconocerá el derecho de asociación política, el derecho
de protección del Estado a los nacionales, el derecho a la nacionalidad,
el derecho a una buena administración, el derecho de acceso a los
documentos, el derecho de petición a la autoridad y el derecho de
reunión y manifestación.
Se debe garantizar el derecho a formar partidos políticos y el derecho
de asociación política a fin de que los ciudadanos puedan constituir
movimientos o asociaciones políticas.
El sufragio es universal, igualitario, secreto y debe poder ser ejercido por
todos los chilenos mayores de 18 años, en su dimensión pasiva y activa,
sin que su domicilio o lugar de residencia puedan limitar o condicionar
el derecho al sufragio.
El Estado debe favorecer el acceso y participación en condiciones
igualitarias entre mujeres y hombres a cargos de elección popular. Se
debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las
mujeres prestando especial atención al derecho a ser elegidas y a ocupar
cargos de elección popular, así como nominación en las instancias de
dirección y decisión de los poderes públicos. La ley deberá establecer
las medidas de acción positiva que permitan alcanzar la paridad en los
cargos de representación popular.
Derechoscolectivosyreconocimientodelospueblos
indígenas. Chile, en cuanto nación, es indivisible y pluricultural.
Chile incluye a los pueblos indígenas, quienes gozan de identidad y
cultura propia.
Los derechos colectivos se relacionan con el medio en que viven estos
pueblos y en el uso de sus recursos, y el derecho a conservar, desarrollar
y fortalecer su identidad, lengua, instituciones y tradiciones sociales y
culturales.
El Estado debe fomentar la valoración y difusión de las manifestaciones
culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una
educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y
bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y
tradiciones.
Derechos económicos, sociales y culturales. La Nueva
Constitución deberá consagrar un Estado social y democrático de
derecho,queasumelosderechoseconómicossocialesyculturalescomo
verdaderas obligaciones de la actividad estatal, para asegurar mínimos
de igualdad social para un disfrute efectivo de todos los derechos.
Derecho a la participación política y social. La Nueva
Constitución debe garantizar el derecho a la participación política y
social en las diferentes áreas de la vida nacional como garantía del
orden político e institucional y como derecho incluyente de los grupos
históricamenteexcluidosdelosespaciosdetomadedecisionespúblicas.
La Ley determinará las normas y requisitos para el registro legal y las

33
formas específicas de intervención de los partidos políticos, en tanto
instituciones de interés público, cuyo fin es promover la participación
de la ciudadanía en la vida democrática, asegurando la transparencia,
las prácticas democráticas y la representación equilibrada de mujeres y
hombres en su vida interna. El Estado procurará remover la desigualdad
de acceso a los recursos económicos, una de las principales barreras
de entrada que enfrentan las mujeres para ejercer su ciudadanía, en
particular el derecho a ser elegidas.
El Estado reconoce el derecho a la participación ciudadana en la
generación de políticas, definición de prioridades y gestión de las
mismas.Elejerciciodeestederechodeberácompatibilizarseconelbuen
serviciodelosórganosadministrativos.Laleyarbitrarálosmecanismos
e instrumentos para hacer efectivo el derecho.
Corresponde también al Estado garantizar el derecho a la educación, al
trabajo, a la vivienda, a la protección de la salud, a la seguridad social, el
derechodelaspersonascondiscapacidadydelaterceraedad,elderecho
al goce del medio ambiente libre de contaminación. Se reconoce el
derechoalacultura,entendidotantocomoelderechoabienesculturales
como al patrimonio cultural. El Estado deberá promover la ciencia y la
investigación científica y técnica en beneficio del interés nacional.
Garantías
La Nueva Constitución debe garantizar el desarrollo y la efectividad
del conjunto de derechos fundamentales. En esa dirección se deben
establecer las acciones y recursos que permitan su reclamo ante las
instancias judiciales, tales como el amparo, la protección y el acceso
a la información; también se debe establecer que las limitaciones a
estos derechos sólo puede hacerse por ley; y no afectar el derecho en
su esencia. Por otra parte, los estados de excepción constitucional sólo
puedenlimitarlosderechosenlossupuestosfácticosquelaConstitución
Política establezca; con estricta sujeción a estándares internacionales.
Deberes
En materia de deberes constitucionales, la Nueva Constitución debe
hacerse eco de la fórmula de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, que sitúa a las personas y sus grupos no sólo frente
al Estado, sino frente a la comunidad en que viven, de suerte que los
deberes superen concepciones individualistas que niegan la necesidad
de la cooperación y la solidaridad social.
Enconsecuencia,laConstitucióndeberáestablecerdeberesrelativosala
vida pacífica, el respeto de los derechos, la contribución a una sociedad
solidaria, el cumplimiento con las cargas reales y personales que
establezca la ley; los deberes para con el Estado nacional, sus valores e
interesespermanentesylosdeberesrelativosalrespetoycumplimiento
de la Constitución y la ley.
Sistema Político
La Nueva Constitución Política deberá establecer que Chile es un Estado
social ydemocrático de Derecho; siendo su forma política una República
Democrática.YquelasoberaníanacionalresideenelpueblodeChile,del
que emanan los poderes del Estado. Se deberá plasmar una democracia
representativa.
El Estado Social, y Democrático de Derecho. En la
Constitución Política se deberá reconocer bajo esta cláusula que el
Estadonosóloesunsistemadepotestades,sinounconjuntodedeberes
de “buen Gobierno” y de satisfacción de necesidades públicas que
son consustanciales a la legitimidad misma del Estado y del Poder. Se
funda en la dignidad, libertad e igualdad de las personas, así como los
principios participativo, pluralista y de solidaridad.
Setrata,antetodo,elEstadosocialdeunEstadodeDerecho,fundadoen
el principio de legalidad y en el respeto de derechos fundamentales, de
suertequelafuenteymedidadetodaautoridadseaelDerechomismo. El
Estado Social es un Estado democrático, en que el poder electoral reside
enelpuebloysuejercicioseverificaenelpoderatravésdeinstituciones,
procedimientos y técnicas representativas y participativas.
Finalmente, el Estado social es un Estado de garantías, que protege el
goce efectivo de derechos económicos, sociales y culturales.
La República Democrática. Las democracias pluralistas
combinan elementos de representación y participación en su versión
contemporánea.Susprincipiosbásicossonlarepresentaciónpolíticayla
participación,enunaecuacióndeequilibrio.Estadefiniciónrepublicana
es una opción histórica por la electividad de los cargos públicos, la
alternancia en el poder y la responsabilidad en el ejercicio del poder.
La República Democrática exige un sistema de rendición de cuentas y,
por tanto, de controles y responsabilidades sociales, políticas y jurídicas
en el ejercicio del poder.
La Nueva Constitución confiere derecho de sufragio activo y pasivo a

34
todos los ciudadanos, de suerte que la mayoría de edad política de 18
años es requisito suficiente para ser ciudadano y para optar a cualquier
cargo público de elección popular, sin perjuicio de los demás requisitos
que determine la ley.
Sistema Electoral. La Nueva Constitución debe consagrar los
principios que aseguren un sistema electoral que recoja los principios
básicos de una democracia representativa.
Enesteámbito,específicamente,impulsaremoslasustitucióndelactual
sistema electoral binominal para la elección parlamentaria por uno de
representación proporcional.
Quórum para aprobar leyes. De acuerdo a la esencia del
sistemademocrático,sedeberáconsagrarelprincipiodemayoría;siendo
la mayoría absoluta el máximo quórum de aprobación y modificación
de las leyes, recogiendo con ello nuestra propia historia constitucional
democrática, así como el derecho comparado y el desarrollo de las
doctrinas democráticas.
Igualdad entre mujeres y hombres.La Nueva Constitución
reconoce a la mujer iguales derechos que los hombres en materia civil,
familiar, cultural y económica. Se reconocen sus derechos sexuales y
reproductivos. La igualdad política también exige adoptar decisiones
constitucionales que pongan fin a las barreras que entraban la
participación paritaria de la mujer en la vida política del país.
Partidos Políticos. La Nueva Constitución reconoce y valora
la importancia de los partidos políticos. Junto con garantizarles los
recursos indispensables para el cumplimiento de sus múltiples e
importantes tareas, la Carta Fundamental define mecanismos eficaces
para velar por su transparencia y su democracia interna.
Estado Laico. La Nueva Constitución, junto con reafirmar la
separación entre el Estado y las Iglesias, y la neutralidad del Estado
frente a la religión, con el pleno respeto por las creencias religiosas y
éticas de las personas, y la práctica del culto; garantizará la igualdad
entre las distintas confesiones religiosas.
Asimismo, deberán suprimirse de la ley y de las reglamentaciones
relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o
símbolos de índole religiosa.
Pueblos indígenas. Pasado el bicentenario Chile debe saldar
la deuda histórica que tiene con sus pueblos indígenas, reconociendo
su identidad mestiza y sus raíces indígenas. Ello se verifica en el
reconocimientoconstitucionaldelospueblosindígenas,sustradiciones,
lenguas, costumbres, aporte a la cultura y derechos colectivos.
El conjunto de derechos colectivos exige reconocer que el Estado de
Chile es una Nación indivisible, plural y pluricultural. Asimismo obliga
a establecer que el Estado deberá proteger, promover y asegurar los
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y, además,
deberá desarrollar políticas inter-culturales, participativas, inclusivas y
de bienestar.
Participación Ciudadana. La Nueva Constitución incorporará
nuevos mecanismos de democracia directa o semi directa en distintos
niveles de decisión pública.
Hacia una efectiva descentralización y poder de las
Regiones. La Nueva Constitución romperá con el centralismo del
Estado chileno. Se establecerán gobiernos regionales que, liderados por
jefesejecutivoselegidosporvotacióndirecta,dispondrándeautonomía,
facultadesyrecursossuficientesparaconstituirseenverdaderosejesdel
desarrollo territorial.
PoderJudicial.ElPoderJudicialesclave,nosóloenlatutelajudicial
del derecho y la seguridad jurídica, sino en el Estado de Derecho mismo.
Porloanterior,juntoconasegurar suindependenciayautonomía,sehace
necesario fortalecer al Poder Judicial en sus funciones jurisdiccionales
asegurando la plenitud y unidad de la jurisdicción.
La Constitución asegurará la unidad de la jurisdicción, sometiendo a la
justicia militar y al Ministerio Público Militar a un régimen compatible
con la administración de justicia de un Estado de Derecho. En este
mismo sentido la justicia militar conforme su propia naturaleza y
origenhistóricosóloseráaplicablealosmilitaresybajoningúnpretexto
a los civiles en tiempos de paz, velándose por el respeto de la garantía
constitucional al debido proceso.
Tribunal Constitucional. La Nueva Constitución debe hacerse
cargo de que el Tribunal Constitucional es una institución contra
mayoritaria,puestieneelpoderdecontrarestardecisionesdemocráticas.
Para ello, se propone una nueva generación del Tribunal Constitucional
desde los poderes públicos democráticos, sin injerencia de la Corte
Suprema, en número impar, eliminando el voto dirimente o de calidad
de su Presidente.
Con la finalidad de racionalizar el rol contra mayoritario del Tribunal,
se requiere reordenar sus competencias, fortaleciendo su comprensión
como tribunal, resolviendo conflictos, por lo que se hace imperioso
suprimir las competencias de control preventivo de constitucionalidad

35
de normas, tanto del control preventivo obligatorio como facultativo.
Asimismo, el Tribunal Constitucional tendrá una nueva competencia
consultiva para, a petición de cualquiera de las cámaras, examinar
la necesidad de adecuación del derecho interno con motivo de la
aprobación parlamentaria de tratados internacionales de derechos
humanos.
Finalmente, la Constitución debe establecer mecanismos de
coordinación sistemática del Tribunal Constitucional con los tribunales
que integran el Poder Judicial y la Justicia Electoral, para asegurar el
debido cumplimiento de sus decisiones cuando corresponda.
Fuerzas Armadas. Para la Nueva Constitución las Fuerzas
Armadas, de Orden y Seguridad Pública serán instituciones
esencialmente obedientes al poder constitucional, no deliberantes,
disciplinadas y partícipes del desarrollo del país a nivel nacional y
regional. Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública tendrán
el monopolio instrumental de la fuerza coactiva. Tendrán como fines
la defensa nacional, la seguridad y el orden público, según sea el caso,
con pleno respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y los
recursos nacionales estratégicos de la nación.
Defensoría del Ciudadano. Las quejas de los administrados
en relación a la mala administración o deficiente funcionamiento de
los servicios públicos de la Administración del Estado o gestionados por
empresasprivadas,yqueimportenlalesióndederechosfundamentales
y de derechos humanos, pasan a ser campo de las tareas de una
Defensoría del Ciudadano que se propone crear. Esta Defensoría del
Ciudadano es una magistratura moral, revestida de auctoritas, pero no
deimperio,queformulaexhortacionesalaautoridad,recomendaciones,
informes, contribuyendo a activar el control político y el control social
de los gobernantes.
Banco Central, Consejo para la Transparencia y las
institucionesfiscalizadorassonsituadasenlaAdministración
institucional,selesreconocesuautonomíaylaleyestablecerálamedida
de la autonomía y de la configuración de sus competencias.
Reforma de la Constitución. La actual Constitución tiene
un déficit de legitimidad democrática que se proyecta a su capítulo
relativoalejerciciodepoderconstituyentederivado,sometidoaquórum
reforzados que aseguran el bloqueo de las minorías, la imposición de un
falso consenso constitucional y la nula participación de la ciudadanía.
La Nueva Constitución prevé para el ejercicio del poder constituyente
derivado las siguientes reglas básicas: i) La potestad constituyente
derivada reside esencialmente en el Congreso Nacional quedando
sometida al principio de doble lectura y de rol co-constituyente del
Gobierno;ii)LasdiferenciasentreelCongresoNacionalyelPresidentede
la República que se traduzcan en un desacuerdo sobre el contenido de la
reforma constitucional, en cualquiera de sus trámites constitucionales,
deberán ser sometidas a referéndum constituyente de forma que sea el
puebloelquearbitreantetalesdiferencias;iii)Lareformaconstitucional
despachada por las cámaras del Congreso Nacional, sancionada por
el Gobierno, deberá ser sometida a ratificación del pueblo mediante
referéndum, antes de su promulgación, y iv) El ejercicio del poder
constituyente derivado admite la reforma total o parcial, debiendo
someterse a las reglas procedimentales fijadas para su ejercicio en la
Constitución.
ConlafinalidaddegarantizarlaestabilidadnormativadelaConstitución
y su rigidez se establece como regla general el quórum reforzado de
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada cámara; sin
perjuiciodelosquórumespecialesprevistosparaelvetogubernamental.
Asimismo, supletoriamente se aplicará al procedimiento de reforma
constitucional las reglas acerca del procedimiento legislativo.
Sobre el proceso para la elaboración de una
Nueva Constitución Política
La Nueva Constitución Política deberá elaborarse en un proceso: i)
democrático; ii) institucional, y iii) participativo.
Proceso Democrático: La Nueva Constitución debe generarse
en un contexto en que se escuchen todos los puntos de vista, se hagan
presentes todos los intereses legítimos y se respeten los derechos de
todos los sectores.
Proceso Institucional: El logro de una Nueva Constitución
exigirá de todas las autoridades instituidas una disposición a escuchar
e interpretar la voluntad del pueblo. La Presidencia de la República y el
Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce
constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión
de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.
Proceso Participativo: La ciudadanía debe participar
activamente en la discusión y aprobación de la Nueva Constitución.
Para tal efecto, el proceso constituyente supone, de entrada, aprobar
en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, una
deliberación que satisfaga esta condición.

Junto con las políticas públicas, el crecimiento económico es
una vía fundamental para enfrentar la desigualdad, erradicar
la pobreza, elevar las condiciones de vida de las personas,
abrir más oportunidades al desarrollo y generar ingresos
que permitan sostener el esfuerzo público para implementar
políticas de protección social. Así ha ocurrido en Chile, donde
bajo los gobiernos de la Concertación se lograron importantes
avances sociales de manera fiscalmente sustentable, asociados
a una economía activa y bien manejada.
En el período 2008-2009 la economía chilena enfrentó la mayor
crisis económica mundial desde la Gran Depresión de los años
30. Chile logró enfrentar esta gran crisis como nunca antes
en su historia, gracias al buen manejo macroeconómico, con
políticas fiscal y monetaria contra-cíclicas, que hicieron que
ya en 2010 nuestra economía estuviese nuevamente creciendo.
Así, entre 2010 y 2012 el crecimiento promedio del PIB ha
sido de 5,7% y el desempleo se ha reducido. Estas son buenas
noticias para las chilenas y chilenos. Sin embargo, estas cifras
no reflejan cambios de fondo en nuestra estructura productiva
que permitan sostener este crecimiento en el mediano y largo
plazo, sino que son consecuencia de factores cíclicos.
El empuje que ha mostrado la economía proviene, por la
parte externa, de un positivo escenario global en materia de
condiciones financieras y de precios del cobre; y en el frente
interno, por el impulso monetario y fiscal que se implementó
como respuesta a la crisis global de 2008-2009. Todo esto
le permitió a nuestra economía sortear la crisis más grande
desde la Gran Depresión, con una velocidad y efectividad como
nunca antes lo habíamos hecho.
Como en el escenario más probable las condiciones financieras
internacionales no seguirán mejorando y el precio del cobre
no seguirá subiendo, los factores externos que ayudaron
al crecimiento dejarán de ser un motor relevante. Pero
además, por el lado de la actividad doméstica, la actividad
está retornando a su nivel potencial tras agotarse el impulso
macroeconómico del período 2008-2009 y sin que se realizaran
reformas relevantes para potenciar el crecimiento. Esto queda
demostrado en que el crecimiento tendencial para 2014 ha
sido estimado en 4,8%.
Hoy vemos que al comenzar a decaer el precio de cobre, se
evidencia una estrechez fiscal y más vulnerabilidad de la
PROGRAMA ECONÓMICO

39
política fiscal frente a potenciales vaivenes en el precio del
cobre. La economía no está creciendo como debería. Estas
son las condiciones de crecimiento que el próximo gobierno
heredará: estamos hablando de un crecimiento estimado
en torno al 4% el próximo año. Sin embargo, a partir del
2015 retomaremos la senda sostenida de crecimiento y en la
segunda mitad de la próxima administración, Chile crecerá en
torno al 5%, es decir, al nivel de su PIB potencial.
Y de acuerdo con estas estimaciones, nuestra economía estará
en condiciones de generar entre 600 y 650 mil nuevos empleos
en los próximos 4 años.
Aunque este crecimiento potencial no es despreciable,
hace varios años que como país no hemos sido capaces de
aumentarlo. Más aún, en años recientes se han incubado
desequilibrios, que de no revertirse a tiempo, significarán una
amenaza a las sólidas bases de nuestra economía. En efecto,
en 2014 este gobierno entregará las finanzas públicas con un
déficit estructural de 1% del PIB, a pesar de que dicho déficit
se alcanzó en 2011 y en 2012 fue de 0,4% del PIB. Además,
por cuarto año consecutivo seguirá ahondándose el déficit
en la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo que significa
que como país estamos gastando más de lo que producimos.
Como en cualquier hogar, esa diferencia la cubrimos con
financiamiento externo. Seguir ampliando esa brecha no
parece prudente.
Estas amenazas no logran ser compensadas por la fortaleza
de otros factores que inciden en el crecimiento. Por ejemplo,
la productividad total de factores creció sólo 0,4% en 2012 y
se proyecta que se expandirá 0,5% entre los años 2013 a 2017,
variación insuficiente para lograr el nivel de desarrollo al
que aspiramos. Esto se debe a carencias en la formación de
nuestros recursos humanos, el desarrollo de la innovación,
la ciencia y la tecnología, las inversiones en infraestructura,
especialmente en materia de generación y transmisión
eléctrica.
A pesar de la coincidencia en el diagnóstico de mejorar la
calidad de la educación y los esfuerzos que se han dedicado a
esta tarea, aún estamos lejos de los niveles que necesitamos.
El acceso a educación de calidad sigue concentrado en quien
puede pagarla. La capacitación ha perdido efectividad y la
evidencia muestra que, la mayor parte, no tiene efectos
relevantes sobre la empleabilidad ni los salarios. Más aún,
aquella financiada vía franquicia tributaria se concentra
mayoritariamente en los trabajadores que menos la necesitan,
que son los más educados, de mayores ingresos y que trabajan
en empresas de mayor tamaño.
Los indicadores internacionales revelan que el gasto total
en innovación en Chile es muy bajo comparado con el de los
países con los que aspiramos competir, brecha que incluso
es más amplia en el sector privado que en el público. Sin una
promoción más decidida de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación, no lograremos el salto
productivo que necesitamos para hacer la diferencia en una
economía como la nuestra, que depende fundamentalmente
de un recurso natural no renovable como el cobre.
En materia de inversión en generación y transmisión eléctrica
necesitamos de manera urgente recuperar el tiempo perdido.
El costo de la electricidad se ha encarecido, lo que afecta a toda
la cadena productiva y también a las familias. Considerando
la escasez de nuevos proyectos en construcción, el tiempo
que demoran para poder operar, y el crecimiento esperado
de la demanda, podría generarse una situación crítica. Este
complejo escenario responde a retrasos en la obtención de
autorizaciones y permisos, conflictos sociales mal resueltos
que entraban los proyectos y su creciente judicialización.
Es evidente que ha faltado liderazgo político para construir
soluciones que permitan asegurar el acceso a la energía que
Chile necesita. Más aún, esta falta de liderazgo ha producido
un deterioro en la institucionalidad del sector.
En otras palabras, en los últimos años el gobierno
desaprovechó las oportunidades de la bonanza económica para
generar mejores condiciones de fondo para sustentar nuestro
crecimiento futuro. Ello pasó desapercibido mientras las
fuentes de crecimiento cíclico estuvieron presentes, pero hoy
que ellas están en retirada, las falencias se hacen evidentes.
Creemos firmemente que los gobiernos deben trabajar para
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de manera
permanente, y no sólo por los años que dura su administración.
Por ello nuestro desafío es realizar las reformas necesarias para
aumentar nuestro crecimiento potencial de manera sostenida,
para crear empleo de calidad y construir una sociedad más
inclusiva.

BUENA
ECONOMÍA Y
RESPONSABILIDAD
FISCAL

42
BUENA ECONOMÍA
Nuestro principal objetivo es enfrentar la desigualdad para
que los beneficios del desarrollo sean percibidos por todos. No
es sostenible la situación actual, donde las oportunidades se
concentran en quienes tienen mayores recursos económicos
y capital social. Necesitamos crecimiento económico, pero
construido sobre bases sólidas, con una economía moderna.
Estas bases requieren inclusión, pues tenemos la convicción de
que debemos crecer para incluir, e incluir para crecer. Para ello
realizaremos un conjunto coherente de reformas de política
pública. Muchas de ellas rendirán frutos en el mediano plazo,
lo que representará un quiebre respecto del cortoplacismo de
las acciones que se han implementado en los años recientes.
Realizaremos una reforma estructural en educación en todos
sus niveles, con foco en calidad e inclusión, a la vez que
recuperaremos la capacitación laboral como una herramienta
para el desarrollo y mejoramiento de la productividad.
Estas reformas tienen que responder también a los desafíos
productivos que esperamos tenga Chile en el futuro, es decir,
están pensadas también desde la perspectiva de la productividad
y de las oportunidades de desarrollo en el mundo laboral.
Aumentaremos sostenida y fuertemente la productividad,
elevando la inversión en ciencia, tecnología e innovación y
generando estímulos para su aplicación en la solución de los
problemas del país.
Pondremos en marcha medidas para asegurar la provisión de la
energía que el país necesita para su crecimiento y recuperaremos
el normal funcionamiento de la institucionalidad del sector,
que ha perdido capacidad resolutiva, en especial, por la
intervención del Poder Ejecutivo.
Seguiremos fortaleciendo el Estado mediante modernizaciones
para que pueda responder con agilidad a los ciudadanos,
integrando a las y los mejores profesionales y técnicos al
servicio público, y asegurando un uso eficiente de los recursos
públicos y una atención de calidad para las personas. Esto
implica fortalecer la institucionalidad pública pro competencia
y de protección a los consumidores, para darle gobernabilidad
al crecimiento económico. También implica emplear con
mayor creatividad las tecnologías de la información, tanto para
atender a las personas como para incrementar el control de
calidad de las políticas públicas. Asimismo, desarrollaremos
una institucionalidad pública de estadísticas altamente
tecnificada, que genere confianza transversal, pues es un
insumo fundamental para poder diseñar e implementar buenas
políticas públicas.
Además, recuperaremos la senda de la responsabilidad fiscal en
la administración de las finanzas públicas, que es la base para
que el Estado pueda sostener sus compromisos en el mediano y
largo plazo. Para ello reforzaremos la ley sobre responsabilidad
fiscal que aprobamos en 2006 y realizaremos todos los esfuerzos
para retornar a una situación de balance estructural en 2018.
Complementariamente, impulsaremos un ambicioso plan de
inversión pública y concesiones, a la vez que implementaremos
un conjunto de medidas de apoyos sectoriales.
En los primeros 100 días de Gobierno realizaremos cuatro
acciones ligadas al programa económico. En primer lugar
lanzaremos la Agenda de Productividad, Innovación y
Crecimiento Económico, que contempla acciones en cuatro
áreas estratégicas: políticas de competencia, modernización del
Estado, desarrollo productivo, e innovación. Esta agenda busca
que Chile tenga una economía realmente moderna y dinámica
En segundo lugar, anunciaremos una detallada Agenda de
Energía que se pondrá en marcha el 2014. Ésta contemplará
propuestas de corto plazo, que permitan aminorar los efectos
de restricción y alzas de precio en el período 2014 – 2018.
Paralelamente, incluirá medidas de mediano plazo, dirigidas a
lograr un desarrollo equilibrado y sustentable del sector para
las próximas dos décadas.
En tercer lugar, enviaremos al Congreso el proyecto de ley
del fortalecimiento del SERNAC, que permitirá que tenga
atribuciones reales y efectivas para defender los derechos de
los consumidores.
A esto se sumará el proyecto de ley de Reforma Tributaria, con
el objeto de aumentar los ingresos permanentes del Fisco en 3%
del PIB en régimen.

43
La crisis económica de muchos países desarrollados, y las
crisis experimentadas en el pasado en Chile, son evidencia
de la necesidad de actuar con responsabilidad fiscal para
generar estabilidad macroeconómica y mejorar de manera
sustentable el bienestar de ciudadanos y ciudadanas.
Desde el primer día ha sido nuestro sello enfrentar las
necesidades sociales con un financiamiento estructural y
sustentable.
Para robustecer este compromiso, introdujimos una
regla fiscal para construir los presupuestos del sector
público aislándolos del ciclo económico y del precio del
cobre, mediante el establecimiento de metas explícitas
de balance estructural. Luego impulsamos una ley
sobre Responsabilidad Fiscal, que formalizó el enfoque
estructural para guiar la política fiscal y creó los fondos
de riqueza soberana para mantener e invertir el ahorro
público resultante.
Nuestra política fiscal seguirá guiándose por la
máxima de comprometer gastos permanentes siempre
asociados a ingresos permanentes, a diferencia del
actual gobierno. Por ello y atendiendo a la necesidad de
emprender una reforma estructural en educación, otros
requerimientos de la protección social (salud, pensiones)
y el déficit estructural de 1% del PIB que se heredará de
la actual administración, implementaremos una Reforma
Tributaria que permita al Estado contar con los ingresos
necesarios de manera sustentable.
Así, este mayor gasto proyectado en educación y en otras
áreas de la protección social, no implicará inestabilidad
en las finanzas públicas.
Al mismo tiempo, el presupuesto público debe tender a
equilibrarse en términos estructurales, convergiendo
gradualmente desde el déficit estructural de 1% del PIB
que dejará el actual gobierno a un balance estructural de
RESPONSABILIDAD FISCAL
0% del PIB en la formulación del presupuesto de 2018.
Además, desde la política fiscal velaremos por mantener
un tipo de cambio real competitivo para nuestras
exportaciones y también contribuiremos a conservar la
inflación controlada, apoyando así el esfuerzo que realiza
el Banco Central a través de la política monetaria.
Dado el nivel de desarrollo que han alcanzado las finanzas
públicas en Chile, el próximo paso que debemos dar es
perfeccionar la planificación presupuestaria de mediano
plazo. Ello permitirá aumentar la transparencia de la
política fiscal e incrementar la previsibilidad de los
flujos financieros, brindando una mejor herramienta de
planificación del financiamiento de las políticas públicas
y entregando al mercado mayor información respecto de
la posible evolución de la política fiscal.
Como un reforzamiento de la Ley sobre Responsabilidad
Fiscal que aprobamos en 2006, crearemos por ley
un Consejo Consultivo Fiscal. A este organismo le
corresponderá evaluar la metodología de cálculo del
balance estructural y proponer perfeccionamientos;
como también administrar los comités de expertos que
entregan los parámetros clave para el cálculo del balance
estructural de cada año, alertar sobre riesgos fiscales
emergentes y evaluar periódicamente la sostenibilidad
de la política fiscal. Si el gobierno se desvía de la meta
de balance estructural, el Consejo tendrá la obligación de
pronunciarse públicamente sobre las razones invocadas
para ello.
Con la responsabilidad fiscal en mente, procederemos
a capitalizar CODELCO. Esta capitalización es necesaria
para que la empresa lleve adelante sus proyectos
estructurales, para que su producción no disminuya y
para que retome su competitividad internacional. Sólo
de esta forma será posible mantener su contribución al
financiamiento de la política fiscal.

46
Debemos aspirar a un desarrollo energético seguro,
eficiente, con precios razonables, que aproveche
nuestros recursos renovables en forma sustentable
y no contaminante. En la percepción ciudadana el
desarrollo eléctrico ha sido crecientemente asociado
con deterioro ambiental y costos sociales para algunas
comunidades. Esta percepción es potenciada tanto por
errores en la gestión ambiental gubernamental, como
por la existencia de algunos episodios ambientales que
generan preocupación en la opinión pública, lo que
afecta la legitimidad de nuestro sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental. También influye en la oposición
a los proyectos el hecho de que en diversas ocasiones
estos generan costos económicos locales inevitables,
siendo los beneficios de carácter nacional. La falta
de una participación local adecuada en los beneficios
implica una falta de equidad geográfica, además de
generar oposiciones esperables al desarrollo de la
inversión. Lo anterior afecta tanto a las energías
convencionales como a las Energías Renovables no
Convencionales (ERNC).
Los análisis de los expertos indican que el sector
eléctrico se aproxima a una situación crítica, no
existiendo claridad sobre las fuentes de energía en que
se basará la oferta eléctrica en el mediano plazo, pues
no existen proyectos en construcción que permitan
asegurar los requerimientos energéticos.
La seria restricción de energía ha elevado los precios
significativamente en el Sistema Interconectado
Central (SIC) y ya está teniendo efectos adversos.
También existe un elevado riesgo de que se sigan
declarando sucesivamente desiertas las licitaciones
de energía de las distribuidoras que abastecen a los
hogares y las PYMES, debido a que en el corto plazo
no existen nuevos proyectos capaces de hacer frente
a la demanda. Si bien en el Sistema Interconectado
del Norte Grande (SING) existen precios inferiores y
ciertas holguras de capacidad, ellas actualmente no
pueden aprovecharse en el SIC por la inexistencia de
una conexión entre sistemas.
Esta situación, podría impactar los precios de los
ENERGÍA
clientes regulados en los próximos años. Frente a esta
disyuntiva actuaremos con decisión para enfrentar
los desafíos de corto plazo y con un rol más activo
del Estado para definir la estrategia de largo plazo,
de modo de generar las condiciones de un desarrollo
energético eficiente y sustentable. Para ello será
necesario fortalecer la institucionalidad para que
este a la altura de los desafíos que enfrenta el país en
energía. El respeto a la institucionalidad fortalecida
será el factor fundamental para generar la confianza
de los ciudadanos, las comunidades locales y los
inversionistas en el proceso de inversión y aprobación
ambiental de los desarrollos energéticos que requiere
el país.
Propuestas de corto plazo
En 2014, el Ministerio de Energía desarrollará una
Política Nacional de Energía, que estará en el marco
de la Agenda de Energía que se establecerá en los 100
primeros días de Gobierno.
Ante la situación descrita, entre 2014 y 2018 el principal
instrumento disponible será la buena gestión de la
autoridad política y regulatoria. Es imprescindible
establecer tempranamente un plan de acción dirigido
a concordar con todos los actores del sector medidas
inmediatas que reduzcan los efectos de las restricciones
de capacidad, así como identificar opciones para
acelerar la entrada en operación de proyectos en marcha
y/o proveer abastecimiento de gas a centrales de ciclo
combinado, que quedaron sin abastecimiento por la
crisis de abastecimiento de Argentina, incluyendo la
promoción de un sistema de compras coordinadas de
volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas
de precios de GNL, con el objeto de reducir la potencial
escasez de energía en el período 2016-2018.
Adicionalmente deben tomarse medidas para realizar
mejoras en eficiencia y ahorro energéticos, que
impliquen ahorros en el corto plazo, ya sea mediante
medidas ligadas al funcionamiento del sector público,
sistemas de reducción compensada de consumo,

47
campañas informativas sobre el uso energético
domiciliario, programas de eficiencia energética
industrial, entre otras.
Elplandecortoplazoincluyetambiénlaimplementación
de la Ley de Fomento de las ERNC y la de Fomento de
la Energía Distribuida y extender la de incentivo a la
instalación de paneles termo solares en vivienda.
Además, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los
proyectos de transmisión eléctrica implementaremos
a la brevedad la Ley de Concesiones y Servidumbres
Eléctricas, introduciendo mecanismos expeditos que
garanticen los derechos ciudadanos y el cumplimiento
de la normativa ambiental correspondiente.
Asimismo, impulsaremos la aprobación de una norma
que facilite la implementación de la interconexión de los
sistemas SIC y SING, como troncal de transmisión, en el
menor de los plazos, en tanto se cumplan los requisitos
técnicos, ambientales y económicos correspondientes.
Finalmente, identificaremos las posibilidades de
ampliación de la capacidad en el corto plazo, con
empresas nuevas y actuales con capacidad instalada y/o
proyectos de ejecución inmediata en el SING y el SIC, y
las medidas regulatorias y administrativas requeridas
para su materialización.
Propuestas de mediano y largo plazo
En el sector energía es fundamental una visión de largo
plazo, debido a los largos períodos de gestación de los
proyectos, no podemos repetir la falta de perspectiva
de los últimos años. Nuestro objetivo es lograr el
desarrollo equilibrado y sustentable del sector energía
para los próximos 15 a 20 años. Para ello, promoveremos
cambios institucionales respecto al rol del Estado en el
sector. Con este propósito los elementos esenciales a
trabajar son los siguientes:
Planificación participativa. Se plantea un proceso
participativo de estudio y discusión de la política
eléctrica, similar a lo aplicado en diversos países de
la OECD, en que sobre la base de los objetivos de las
estrategias nacionales y regionales de desarrollo,
se analice el desarrollo eléctric o. Se considerará el
crecimiento de la demanda futura, los requisitos
técnicos para la estabilidad de los sistemas, los efectos
ambientales, los costos actuales y previstos de las
diversas fuentes y tecnologías convencionales y no
convencionales, que están disponibles para el país
entre otros aspectos necesarios para una adecuada
comparación entre alternativas. Los planteamientos
tanto de las autoridades así como de los diversos
grupos deben estar a disposición de toda la ciudadanía,
en formas que faciliten su comprensión y participación
respecto de las opciones que el país tiene.
El gobierno deberá resolver considerando y dando
respuesta a todas las materias tratadas, planteadas y
consultadas en el proceso, y entregar al país el plan
estratégico de desarrollo de largo plazo, que aborde
muy especialmente los aspectos ambientales y sociales
ligadosaldesarrolloenergético.Esteejercicio,permitirá
dar orientaciones a los inversionistas, seguridades a
la ciudadanía que el Estado vela por el interés común,
orientar la planificación del troncal de transmisión
y las propias decisiones del Ejecutivo en materia
ambiental energética, a través de la institucionalidad
correspondiente.
Mejor Regulación de la Transmisión Eléctrica.
Realizaremos las modificaciones normativas necesarias
para no desincentivar a empresas generadoras
entrantes y promover la competencia que nos permita
reducir los precios de la energía.
Promoción de las ERNC. Para la promoción de las
ERNC se consideran diversas medidas de política:
i) Fortaleceremos y extenderemos el Troncal de
Transmisión Eléctrica y Sistemas Adicionales de Interés
Público: los proyectos de ERNC a menudo enfrentan
altos costos de transacción para desarrollar en
coordinación con otros proyectos líneas adicionales de
transmisión eficientes para su conexión con el troncal;
ii) Licitaremos energía de ERNC para el suministro de
las empresas distribuidoras: complementaremos la ley
de fomento a las ERNC con un esquema de licitaciones
de energía de las empresas distribuidoras para su

48
consumo regulado que faciliten la participación
de ERNC y se pueda cumplir con la meta de 20%
en el 2025 rebajando los costos marginales en el
corto plazo; iii) Promoveremos la Geotermia: es
una fuente de energía limpia no convencional
que puede proveer energía estable, a diferencia
de otros tipos de ERNC, por lo cual diseñaremos
esquemas de riesgo compartido para su fomento;
iv) Fomentaremos la distribución de ERNC generada
por pequeños consumidores, creando mecanismos
para resolver restricciones de liquidez que inhiben
la inversión inicial para su conexión a los sistemas,
e; v) incorporaremos en el subsidio habitacional
un componente para sistemas que aprovechen la
energía solar, ya sea para calentar agua o generación
distribuida.
Desde ya asumimos el compromiso de aumentar
la participación de energías renovables no
convencionales (ERNC), para que al año 2025 un
20% de las inyecciones de electricidad provengan de
fuentes limpias y propias. Realizaremos todos los
esfuerzos necesarios para sentar las bases para que
el 30% de la generación de electricidad provenga de
fuentes de ERNC.
Mayor Esfuerzo en Eficiencia Energética
En los últimos cuatro años se ha avanzado muy
poco en materia de Eficiencia Energética (EE). En
el próximo gobierno aspiramos a lograr cambios
más estructurales en este ámbito y entrar a una
fase de masificación de los proyectos de EE,
generando un mercado de EE. Algunos elementos
claves para hacer avances más significativos son los
siguientes: i) Implementar estándares mínimos de
desempeño energético para iluminación, motores
industriales y refrigeradores; ii) una campaña
revitalizada del etiquetado de eficiencia energética;
iii) fijar estándares y/o metas para toda nueva
construcción pública; iv) el desarrollo de políticas
para que las empresas grandes consumidores de
energía, incluyan sistemas de gestión de energía; v)
trabajar el tema de un transporte eficiente (público
y no motorizado), y; vi) fortalecer y profundizar el
programa de ahorro en edificios públicos. A nivel de
viviendatrabajaremosenestándaresdehabitabilidad
y eficiencia energética en vivienda, considerando
un subsidio a la incorporación de calentadores
solares en vivienda social. Avanzaremos, evaluando
alternativas de introducción de buses híbridos y a
gas natural en el transporte público para generar las
condiciones que las futuras renovaciones de flota se
puedan establecer premios por la introducción de
tecnologías más limpias.
Empresa Nacional de Petróleo (ENAP)
La Empresa Nacional del Petróleo, es un patrimonio
de Chile que debemos resguardar. Hoy enfrenta
una situación crítica que deberá ser solucionada
en los próximos cuatro años. Avanzaremos en una
estrategia que lleve a incorporar decididamente
a ENAP en la estrategia energética de Chile, la
que debe incluir la capitalización de la empresa,
la reforma al gobierno corporativo, la revisión del
modelo de negocio, y los cambios en la ley de ENAP
necesarios para permitir estas reformas. Todo esto,
con el objeto, entre otras materias, de que ENAP sea
un actor importante en el acceso y fomento de la
exploración de gas en nuestro país.
Innovación en Energía
Chile debe pasar a la etapa de desarrollo de
tecnologías en aquellas áreas en las que puede crear
ventajas competitivas, como en la energía solar,
geotérmica, mareomotriz e hidratos de metano.
Para ello se requiere de un esfuerzo a mediano y largo
plazo, focalizado en el desarrollo de tecnologías
sobre la base de construcción de prototipos,
con la participación coordinada del Estado, las
universidades y la industria. Impulsaremos
consorcios tecnológicos universidad-empresa
como herramienta para promover la investigación
aplicada en estos ámbitos.

49
Fortalecimiento de la capacidad de las
instituciones
Las instituciones del Estado de mayor incidencia en el
desarrollo energético presentan fuertes debilidades. En el
sector eléctrico la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha
ejercido un rol cada vez más débil en su papel de regulador.
Es urgente fortalecer a la CNE, en especial, fortaleciendo su
capacidad reguladora. También debe dotarse al Ministerio
de Energía de capacidades para el diseño de política y
la planificación energética, dentro de un marco en que el
Estado asume un rol proactivo de orientación del desarrollo
del sector.
Mayor competencia en generación
La generación eléctrica en Chile se encuentra concentrada.
Tres empresas generan el 90% de la energía del SIC. Una
estrategia clave para la entrada de nuevos actores al
mercado es facilitar la obtención de contratos de largo
plazo para el suministro de energía a clientes regulados, a
través de empresas distribuidoras de energía. Sin embargo,
el sistema actual de licitaciones no ha generado incentivos
para la entrada de nuevos actores. Revisaremos el sistema de
licitaciones a la luz de la experiencia desde su instauración,
considerando especialmente los plazos, la división en
bloques y la modificación de los mecanismos de integración
de la oferta y su adaptación al perfil de demanda.
El Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) es el
órgano que coordina la operación de los sistemas y debe
garantizar la operación segura y a mínimo costo y no
discriminatoria con potenciales operadores. La evolución
del sector eléctrico hacia una mayor complejidad implica
mayores exigencias para este órgano coordinador del
sistemarespectoalosestándaresdeseguridad,confiabilidad
y transparencia; por otra parte, la tensión entre la función
pública que cumple el CDEC y los intereses individuales
de las empresas es creciente, y hace conveniente que el
organismo tenga capacidades e independencia efectiva para
dictar instrucciones vinculantes para las empresas y para
cumplir adecuadamente con un rol de supervisión sobre la
forma en que éstas operan dentro de los sistemas. En este
ámbito, daremos seguimiento estrecho a la implementación
de las medidas de mayor autonomía y profesionalización de
los CDEC, e implementaremos aquellos cambios adicionales
que se requieran.
Planificación territorial
Como se indicará en el capítulo de Ciudad, Vivienda
y Territorio, impulsaremos un Plan de Ordenamiento
Territorial, con participación ciudadana, que permita
establecer un nuevo equilibro entre los requerimientos del
crecimiento económico, las necesidades de las comunidades
y el respeto y cuidado por el medio ambiente. Los proyectos
energéticos compiten por el uso territorial con variadas
otras actividades económicas y acciones de conservación
y desarrollo medioambiental y cultural. El Plan debe
identificar aquellos lugares en donde se permitirán
actividades productivas o de generación de energía sin
afectar negativamente a las personas, y donde se podrán
realizar los proyectos con la agilidad que Chile requiere.
El Plan deberá identificar las zonas donde estará permitida
la instalación de proyectos para cada tipo de tecnología,
bajo estrictas normas y estándares ambientales.
Como todo proyecto implica algún impacto económico
local y beneficios nacionales tomaremos medidas para que
las comunidades locales a través de sus municipalidades
participen en mayor grado de los beneficios de los proyectos.
La energía a leña y las zonas aisladas
Desarrollaremos una Política Nacional de la energía
obtenida a través de la leña, que mejore las condiciones
de vida de cientos de miles de familias que usan este
recurso, asegurando adecuados estándares de calefacción y
mejorando las condiciones ambientales de ciudades que hoy
se encuentran saturadas. Impulsaremos sistemas híbridos
solar-eólico diesel en las islas que en la actualidad sólo se
abastecen con generación diesel. También diseñaremos
mecanismos para incentivar el uso de energías renovables
de bajo costo en sistemas aislados, como los de la zona
austral.

CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

52
Chile presenta un déficit evidente y conocido en
materia de innovación. La ciencia, la tecnología y la
innovación son herramientas fundamentales para un
desarrollo inclusivo, sostenible y sustentable y, también
son fundamentales para hacerse cargo de las grandes
preocupaciones globales, como el cambio climático,
para diseñar soluciones novedosas a los problemas
nacionales, como el uso eficiente del agua y la energía
y para crear nuevos servicios, productos o prácticas
que aumenten el bienestar de todos los chilenos, como
es el caso de las tecnologías digitales o los alimentos
funcionales.
En los primeros 100 días de Gobierno anunciaremos la
Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento
Económico que contempla acciones en cuatro
áreas estratégicas: i) políticas de competencia; ii)
modernización del Estado; iii) desarrollo productivo, y;
iv) innovación.
Lograr que Chile se convierta en un país en que el
conocimiento y la innovación sean palancas reales de un
desarrollo dinámico, inclusivo y sustentable, requiere de
impulsos significativos y transformadores al menos en
tres frentes. En primer lugar, un fuerte incremento en el
fomento a la ciencia, la investigación y la formación de
recursos humanos avanzados. En segundo lugar, generar
incentivos para que los actores del sistema incrementen
sus esfuerzos en materia de innovación y los orienten
hacia objetivos relevantes de desarrollo nacional. Y
en tercer lugar, contar con una institucionalidad que
tenga la fortaleza y la estabilidad, pero también la
flexibilidad en la acción, para conducir este proceso en
un mundo de cambios profundos. Un aspecto específico
pero fundamental en materia de desarrollo científico y
tecnológico, consiste en retomar la política de clusters
que fue impulsada con fuerza en el período 2006-2010.
La creación del Consejo Nacional de Innovación para
la Competitividad (CNIC) permitió generar un espacio
público y privado para elaborar una mirada de largo
plazo sobre los retos que enfrenta el país en estos
temas, más allá del gobierno de turno. A su vez, el
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)
permite disponer de un flujo significativo de recursos
para financiar parte de la política pública en este
campo. Sin embargo, ambas son creaciones que no han
sido aún sancionadas legalmente, lo que las hace muy
frágiles. En la próxima administración, tanto el CNIC
como el FIC, contarán con un nuevo estatus legal, que
les permita estabilidad, junto con ampliar su ámbito
de preocupación desde la competitividad al desarrollo
nacional, manteniendo el énfasis en los temas de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la
innovación y el emprendimiento, tanto en su dimensión
productiva como social.
Un ejemplo en materia de desarrollo de capacidades,
es la baja disponibilidad de estudiantes de ingeniería,
siendo esta una de las principales dificultades que tienen
las empresas locales de alta tecnología y lo que además
limita la instalación de filiales extranjeras en Chile.
Para este desafío, crearemos un programa de incentivo
para universidades que tengan carreras de ingeniería
acreditadas y que firmen convenios con el Estado, para
que generen 1.000 cupos adicionales para postulantes
que cumplan requisitos básicos. También apoyaremos la
reinserción de los profesionales postgraduados de Becas
Chile que retornarán al país con maestrías o doctorados
en el exterior, cuyo aporte en empresas y universidades
es muy relevante.
Otro aspecto importante en el ámbito de la innovación
es que la población cuente con un amplio acceso a
servicios de internet de banda ancha, de alta calidad y
bajo costo, para no enfrentar restricciones en materia
de acceso a contenidos y servicios que se ofrecen en
los países desarrollados a través de la red. Licitaremos
concesiones de infraestructura de banda ancha de las
características descritas, de acceso abierto a todos los
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

53
proveedores de telecomunicaciones, en comunas de
menores ingresos de las áreas metropolitanas del país.
Estas redes permitirán a los proveedores de servicios
competir por ofrecer banda ancha de alta velocidad
telefonía y televisión a un precio menor al actual.
En materia de incentivos, crearemos programas de
innovación para el desarrollo que apunten a identificar
los retos o cuellos de botella que afectan a sectores con
ventajas competitivas evidentes y/o latentes. El objetivo
es desarrollar líneas de investigación aplicada orientada
a dominar tecnologías propias del sector, que puedan
darle sustentabilidad económica, social y ambiental
en el mediano plazo. También crearemos un programa
de fomento a innovaciones de alto impacto social, que
permita utilizar las mejores capacidades, con el objeto de
resolver dificultades específicas que enfrentan distintas
comunidades.
Repondremos la política y programas de desarrollo
de clusters regionales y de sectores de alto potencial.
Esto tiene una mirada consistente con las políticas de
descentralización, ya que existen regiones que por su
identidad y vocación pueden emprender iniciativas en
materia de innovación.
Crearemos el Fondo de Innovación Pública para bienes y
servicios. Reimpulsaremos los programas de promoción
a la innovación empresarial y el emprendimiento
innovador administrados por CORFO, retomando
los mecanismos de desarrollo del ecosistema de
emprendimiento dinámico, en particular mediante el
apoyo a los mecanismos de incubación, aceleración,
capital semilla, riesgo de fase temprana, formación de
redes y esquemas de mentores.
Mejoraremos las normas y estándares para impulsar
la innovación, proponiendo un programa que incluya:
i) mayores recursos para el SERNAC, para generar
información pública que permita evaluar la calidad de los
productos y servicios ofrecidos; ii) la revisión de normas y
estándares en sectores claves de la actividad económica,
de modo de llevarlos de manera progresiva a niveles
similares a los de los países de la OECD y iii) el apoyo a las
empresas, cuando corresponda, en la introducción de los
cambios requeridos para adoptar los nuevos niveles de
exigencia. Además estableceremos un programa para el
apoyo al extensionismo tecnológico para las PYMES del
país, creando alianzas entre oferentes de tecnologías y
las PYMES mediante acuerdos que mejoren su capacidad
de absorción y el desarrollo de competencias.
En el ámbito institucional, fortaleceremos al Ministro
de Economía en su rol de autoridad responsable en
el campo de la innovación y el desarrollo productivo,
creando la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Así, esta autoridad establecerá las políticas
y las orientaciones de los recursos públicos, incluyendo:
la formación de recursos humanos altamente avanzados;
la actividad de las agencias de financiamiento de
la ciencia, la tecnología y la innovación; el manejo
de la propiedad intelectual derivada de la actividad
científica y tecnológica; la promoción de una cultura
de la innovación y de valorización de la ciencia; y la
colaboración internacional.
Crearemos un Consejo para la Coordinación de las
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidido
por el Ministro de Economía e integrado por todas las
agencias ejecutoras de las políticas de ciencia, tecnología
e innovación tales como CONICYT, CORFO y otras.
Finalmente, realizaremos una simplificación,
reagrupamiento y rediseño de los procesos de ejecución
de los instrumentos de fomento a la ciencia, tecnología
e innovación, generando indicadores de gestión para
dar cuenta de las mejoras obtenidas. Estos indicadores
deberán ser seguidos y controlados por una institución
que busque un mayor nivel de eficiencia de los procesos.

56
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Aspiramos a un Estado moderno para Chile que promueva el
fortalecimiento de la democracia y facilite el diálogo y la participación; un
Estado que garantice el ejercicio de los derechos políticos, económicos,
sociales y culturales de la ciudadanía y que impulse políticas públicas
para disminuir las desigualdades, combatir los abusos y contribuir a una
distribución del ingreso más igualitaria.
Aspiramos a un Estado moderno que cumpla con fuerza su rol de
regulador y fiscalizador en la provisión de bienes y servicios, asegurando
condiciones de competencia y velando por el acceso, la calidad y la
satisfacción de los usuarios. Un Estado que asegure, entre otras materias,
las condiciones apropiadas para el emprendimiento y la inversión
privada, contribuyendo a la apertura de nuevos mercados y al desarrollo
de tecnologías innovadoras.
Aspiramos a un Estado innovador que garantice el acceso a servicios
públicos de calidad, donde prevalezca el buen trato, en condiciones
laborales dignas y que actúe con transparencia.
Estas propuestas son para un Estado al servicio de sus ciudadanos y para
actuar con eficiencia ante los desafíos del desarrollo.
Una nueva institucionalidad responsable de la
evaluación de las políticas públicas. El sistema de
evaluación de políticas públicas que ha desarrollado nuestro país ha
permitido que se disponga de más y mejor información para los procesos
de análisis y toma de decisiones, contribuyendo así a la transparencia de
la gestión pública. Sin embargo, si queremos evaluar para mejorar, los
resultados de las evaluaciones deben estar vinculados al proceso de toma
de decisiones de política pública. Para eso se hace necesaria una nueva
institucionalidad, que interactúe con los distintos organismos públicos
en el ciclo de definición de políticas.
Para ello crearemos la Dirección Nacional de Evaluación,
que tendrá la misión de contribuir al mejoramiento continuo de la
calidad de las políticas, programas y proyectos públicos, a través de
la incorporación de procesos de evaluación que asesoren la toma de
decisiones. La Dirección tendrá como objetivos: desarrollar evaluaciones
de alta calidad técnica que entregue recomendaciones para mejorar
la gestión, la eficacia, la eficiencia y la calidad de las políticas y
programas públicos; establecer estándares metodológicos para todas
las evaluaciones realizadas en el sector público; difundir la información
respecto de las evaluaciones realizadas en el sector público, favoreciendo
la transparencia, la rendición de cuentas; y realizar el seguimiento a la
puestaenmarchadelasrecomendacionesquesurjandelasevaluaciones.
Enviaremos al Congreso el proyecto de ley que creará este servicio público. El
director del Servicio será nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública.
La nueva institucionalidad tendrá como meta evaluar anualmente el 25% de los
programas del presupuesto, de modo que en una administración cubra el 100%
de los programas del presupuesto público.
Un Nuevo Trato para el empleo público. Aspiramos a un
sector público que se identifique con una gestión de calidad, que disponga
eficientemente de los recursos que se le asignan y en permanente proceso
de innovación, para lo que resulta fundamental que los funcionarios
públicos trabajen en condiciones de dignidad. Para ello, evaluaremos la
institucionalización de la negociación colectiva en el sector público, estudiando
mecanismos que se hagan cargo de sus especiales particularidades. En relación
al personal a contrata estudiaremos esquemas que ofrezcan mayor estabilidad
a estos trabajadores. También evaluaremos la situación de los trabajadores
con contratos a honorarios, revisando aquellas situaciones que puedan ser
consideradas funciones permanentes.
Un empleo decente debe permitir a los funcionarios de mayor edad, retirarse
dignamente de la función pública. Para ello impulsaremos planes especiales de
retiro que faciliten el cumplimiento del objetivo señalado.
En el ámbito de la capacitación, los Planes Anuales de Capacitación serán
indispensables para lograr mejores resultados en el desempeño de los
funcionarios, cuya pertinencia y vigencia serán evaluadas periódicamente por
los comités bipartitos de capacitación recibiendo más recursos cuando sea
necesario para su mayor eficacia.
Perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección
Pública. A 10 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública ha
confirmadosurelevanciaentrelas reformasdelEstadoquesehanimplementado
en nuestro país. Ha sido exitoso al implantar un exigente sistema de selección
de altos directivos. Sin embargo, al producirse el cambio de gobierno en 2010
mostró debilidad, convirtiendo la facultad para despedir a los altos directivos en
un mecanismo de remoción política. Por lo tanto, es indispensable incorporar
mejoras al sistema; hacer del convenio de desempeño del alto directivo un
instrumentoqueapoyeelmejoramientodelagestión;yavanzarenlaampliación
del sistema con carácter mixto, que contemple diferencias de régimen entre
el primer y segundo nivel jerárquico, con criterios explícitos de delimitación
técnico-política, aumentando la cobertura del sistema.
Adicionalmente,vamosarestringir,sóloacasosespeciales,elusodelafigurade
los cargos transitorios y provisorios. Estos nombramientos no podrán exceder
los 6 meses y se limitará el número de directivos que simultáneamente puedan
tener esa calidad en un mismo servicio.

57
Agenda Digital. LaglobalizaciónenelsigloXXInosobligaaenfrentar
institucionalmente el desarrollo digital de nuestro país. Este desafío digital
cubre tanto la promoción de la utilización de nuevas tecnologías por
parte de la ciudadanía, como el uso de tecnologías de la información para
profundizar la transparencia, elevar la eficiencia del Estado y promover una
mejor calidad de los servicios al ciudadano. Para lograr estos objetivos es
preciso que el Ministerio de Economía asuma en plenitud el rol conductor
de la política pública de desarrollo digital de nuestro país, contemplando
materias tales como: diseño de políticas del área, promoción de iniciativas
degobiernoelectrónico,desarrollodelaindustriadelasTICypromocióndel
acceso a las nuevas tecnologías.
Hoy resulta relevante que nos planteemos desarrollar una estrategia de
seguridad digital que proteja a los usuarios privados y públicos contra
posibles acciones de violación de fuentes de datos, junto con la protección
de la privacidad de nuestros ciudadanos.
En las propuestas del área de Transporte y Telecomunicaciones, se
establecen medidas para mejorar el acceso a la banda ancha de internet,
particularmente en el sistema educativo y las comunas más vulnerables de
las áreas metropolitanas. Adicionalmente a este esfuerzo, desarrollaremos
el concepto de gobierno digital en línea, que permita un mejor acceso a la
información y los servicios, especialmente en los campos de la salud, la
educación,laprevisiónyotrosserviciossociales,dandoespecialpreferencia
a regiones y municipios.
Probidad y Transparencia.Hoy la ciudadanía tiene una creciente
demanda por mayor transparencia en el accionar de las autoridades
públicas. Esto tiene que ver con el acceso a la información y la participación
en el debate, pero también, con los conflictos de intereses de las propias
autoridades. Implementaremos un sistema de fideicomiso ciego para las
nuevas autoridades, sin esperar la aprobación del proyecto de ley que se
discuteactualmenteenelCongreso,yelcualfortaleceremosyaceleraremos.
Al realizar nombramientos de autoridades públicas pondremos especial
atención en la revisión de eventuales conflictos de interés. Además
profundizaremos la normativa que regula el conflicto de interés en
las funciones posteriores al ejercicio de cargos públicos, así como
perfeccionaremos las declaraciones de patrimonio e intereses de las
autoridades públicas a fin de que constituyan efectivamente un mecanismo
de transparencia y fiscalización ciudadana.
Complementariamente fortaleceremos la función de auditoría interna
de gobierno, e impulsaremos acciones para contar con un mejor y mayor
control ciudadano sobre las actividades de lobby.
Perfeccionamiento de los Gobiernos Corporativos de
lasEmpresasPúblicas.Vamosaperfeccionarelmarcoinstitucional
de las empresas del Estado y de aquellas en que éste tenga participación,
fortaleciendo sus gobiernos corporativos, para que estas empresas logren
aumentar su transparencia y capacidad estratégica, mejorando la calidad de
la gestión y la supervisión de las mismas.
Crearemos el Consejo Superior de Empresas Públicas como un servicio
público descentralizado, encargado de representar los derechos y deberes
del Estado en su rol de propietario, modificando tanto su composición
y facultades como las normas referentes a los directores de las empresas
públicas, de forma de facilitar la separación de las diversas funciones del
Estado.
Desde el primer semestre de Gobierno se integrará al menos una mujer, a
cada uno los directorios de las empresas públicas. Y buscaremos durante
el Gobierno la forma de incentivar una mayor presencia de mujeres en los
directorios de las empresas públicas, poniéndonos como meta alcanzar un
40% en el período de Gobierno.
Modernizaremos los gobiernos corporativos de las empresas públicas, para
que adopten las mejores prácticas internacionales en la materia.
Institucionalidad de confianza y alto estándar
técnico para las estadísticas públicas. Si queremos políticas
públicas de país desarrollado, para diseñarlas y evaluarlas necesitamos generar
estadísticas con estándares de país desarrollado. Los lamentables episodios de
la CASEN 2011 y del Censo 2012 han dejado en evidencia que existe una brecha
entreeseanheloylacapacidadinstitucionalparaalcanzarlo.Invertirencerraresta
brecha es indispensable para lograr las dos características más importantes de la
institucionalidadestadística:confianzadelaciudadaníaycapacidadtécnica.
ParalograrloanteriorperfeccionaremoselproyectodeleyquemodernizaelINE,
haciendounverdaderoesfuerzoentérminosdesufortalecimientoinstitucional.
En el caso particular del Censo, la Comisión Externa Revisora convocada por el
actual gobierno recomendó realizar uno nuevo, posición que fue respaldada por
CELADE,lainstituciónexpertaencensosenAméricaLatina.Másaún,laComisión
recomendó no utilizar los datos recolectados para fines de políticas públicas. Por
lotanto,esimprescindiblerealizarunnuevoCenso.Paranorepetirloserroresdel
Censo 2012, debemos planificar su implementación con rigurosidad y el cuidado
que amerita. Por ello, realizaremos un nuevo Censo en el próximo período de
Gobierno.

PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
CONSUMIDORES,
COMPETENCIA Y
TRANSPARENCIA

60
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES,
COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA
En los últimos años, muchos ciudadanos, de sectores vulnerables y de capas
medias,hansufridoabusosalconsumirbienesoutilizarservicios,incluyendo
serviciosdeinteréspúblicoybienesquesatisfacennecesidadesbásicas.Dichos
abusosafectanlaconvivencianacional,producenenojoenlapoblación,minan
la confianza entre los chilenos y socavan la credibilidad en el funcionamiento
de las empresas y en las instituciones que regulan la economía. En buena
parte, estas situaciones se derivan de la concentración de poder de mercado,
de la presencia de barreras a la entrada y de prácticas que facilitan acuerdos
decolusiónasícomodeexclusióndecompetidores.Estaconcentraciónyfalta
decompetenciaafectaademáslaeficiencia,lainnovaciónenlosmercadosyel
emprendimiento, así como la posibilidad real de distribuir los beneficios que
segeneranenellos.Tambiénsonconsecuenciadeunainstitucionalidadque,a
pesardelosavances,siguesiendodébilenlaproteccióndelosconsumidores,
quienes tienen una posición de desventaja natural frente a intereses
económicosorganizadosyconobjetivosbiendefinidos.
Mecanismos para exigir el cumplimiento legal de
los derechos de los consumidores y para que existan
compensaciones e indemnizaciones adecuadas. Por lo
antesexpuesto,enlosprimeros100díasdeGobierno,enviaremosalCongreso
el proyecto de ley del fortalecimiento del SERNAC, que permitirá que tenga
atribucionesrealesyefectivasparadefenderlosderechosdelosconsumidores.
Dotaremos al SERNAC de facultades para fiscalizar, multar, interpretar la ley
ydictarnormativas,proveyendodecriteriosclarosdecumplimientolegalcon
efecto general. Junto a ello, fortaleceremos la institucionalidad y los recursos
humanosdestinadosalafiscalizaciónyladefensacontralosabusos.
Estableceremos un procedimiento administrativo ante el SERNAC, que
reemplacelacompetenciageneraldelosJuzgadosdePolicíaLocalparaconocer
materias de consumo individuales, y que podrá culminar con la aplicación de
multas,entreotrassanciones,ylaordendereintegros.
OtorgaremosunrolcentralalasAsociacionesdeConsumidores,flexibilizando
sus formas de financiamiento. Se avanzará en las siguientes materias: i)
eliminar las restricciones legales que establece que las Asociaciones sólo
pueden realizar actividades lucrativas para la recuperación de sus costos y
como contrapartida, incrementar las obligaciones de transparencia de su
financiamientoyexigirnormasdecontabilidadregulatoria;ii)elevarlosfondos
estatales para su financiamiento, por medio de convenios, con evaluaciones
de desempeño y modificar la reglamentación de los fondos concursables que
asigna el Estado para permitir que puedan financiar gastos operativos con
una parte de estos recursos. Se establecerán estándares de eficacia, gestión y
transparenciaparaaccederaestosfondos.
Reglamentaremos las mediaciones colectivas en la Ley de Protección al
Consumidor, señalando cuándo proceden, qué plazos tienen, ordenando
su publicidad para que los consumidores afectados o las Asociaciones de
Consumidores puedan efectuar observaciones y sugerir ajustes en las
solucionesidentificadas.
Revisaremos la regulación de los juicios colectivos, para asegurar un
procedimiento eficiente que procure soluciones adecuadas, en particular, la
revisión y clarificación de los plazos de prescripción para ejercer las acciones,
y la revisión de las multas, de manera que tengan relación con el daño
causado por la infracción cometida. También avanzaremos en establecer
compensaciones e indemnizaciones que aseguren una disuasión efectiva y
unareparaciónadecuada.
Para una mejor coordinación institucional, estableceremos en la Ley de
Protección de los Derechos de los Consumidores un Sistema Integrado cuya
coordinación técnica corresponderá al SERNAC, y que considerará la creación
de un Consejo en el que participarán representantes de agencias públicas
reguladoras y fiscalizadoras. Su fin será solucionar conflictos entre normas
sectoriales y de protección al consumidor, asegurando un reconocimiento
explícito de la relevancia que debe tener la tutela del consumidor en todos los
mercados.
Protección al consumidor financiero. Las asimetrías de
informaciónenelcasodelaindustriafinancieraadquierenunacomplejidad
y alcance tales que justifican la existencia de unidad especializada dentro
del SERNAC. Daremos al SERNAC facultades en materia de inspección,
sanciones y normativas respecto del mercado financiero.
Necesitamos dar mayor protección a los consumidores en materia de
sobre endeudamiento por consumo. La Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras estará a cargo de administrar el Sistema
de Obligaciones Económicas, que contempla la consolidación de la
información bancaria, del comercio y de cualquier otro agente crediticio
relevante; velar por el buen funcionamiento del sistema en todos sus
aspectos operacionales, de seguridad y resguardo de la información y
supervisarlo; y registrar y supervisar a las entidades distribuidoras de
información. Complementariamente, profundizaremos un modelo de
información de costos financieros para créditos de consumo. Sabemos
que el negocio crediticio es un negocio de riesgo, por lo cual no todos los
clientes califican a la misma tasa. En este sentido, lo que corresponde es
mejorar el sistema de información de costo del crédito. Adicionalmente,
profundizaremos la estandarización del producto crédito de consumo, a
efectos de facilitar la comparación a los clientes.

61
Defensa de la libre competencia en mercados
específicos. Encargaremos a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la
tarea de evaluar aquellos mercados que presentan fallas persistentes o que
sufren el impacto de regulaciones en la competencia, con el fin de dictar
normas especiales cuando las fallas de mercado lo justifiquen y modificar
aquellas normas que propician o permiten restricciones injustificadas
al correcto funcionamiento competitivo. Para esto aumentaremos las
capacidades de la FNE.
Fortalecimiento de la institucionalidad pro
competencia. Cambiaremos el régimen de los ministros del Tribunal
de la Libre Competencia (TDLC), hacia uno de dedicación preferente
o exclusiva, estableciendo remuneraciones acordes y fijando una
compensación para cuando los ministros cesen en el cargo. Con ello se
aumentan los incentivos para la postulación de profesionales de calidad y
experiencia.
Sanciones en temas contenciosos. Cambiaremos el
tope máximo de las sanciones por porcentaje de ventas obtenidas;
introduciremos una sanción adicional para personas involucradas de
inhabilitación para directorios, organismos públicos, asociaciones
gremiales y colegios profesionales y una sanción adicional para empresas
involucradas, excluyéndolas de participar en licitaciones del Estado.
Reforzamiento de normas contra colusión. Evaluaremos
la inclusión de un tipo penal explícito para carteles más gravosos para los
mercados, que sancione los acuerdos entre competidores que les confieran
poder de mercado.
Control de operaciones de concentración.Introduciremos
en la legislación normas sobre control de operaciones de concentración,
explicitando la figura de disminución sustancial de la libre competencia.
La FNE cuando identifique problemas de competencia tendrá la facultad de
negociar medidas de mitigación en un plazo breve.
Cambios referidos a los procedimientos ante la FNE.
Fortaleceremos las capacidades técnicas y profesionales de la FNE;
estableceremos plazos acotados para sus investigaciones; la facultad
para que emita fundadamente advertencias y para requerir información
estadística a otros organismos del Estado.
Regulación Financiera. La institucionalidad financiera
en Chile tuvo la última reforma importante en temas referidos a la
solvencia en el año 1997. Desde entonces el mundo experimentó
una crisis financiera muy significativa, que ha llevado a generar
importantes cambios en los estándares internacionales en materia de
adecuación de capital y en la manera como se entiende la supervisión.
Actualmente, los estándares internacionales apuntan a dotar a los
organismos supervisores de facultades para elevar las exigencias de
capital, utilizar el capital como herramienta contra cíclica, supervisar
a las entidades en base a riesgos y no por modelo institucional.
Ninguno de estos cambios ha operado en el caso chileno. Seguimos
con un modelo de supervisión de tipo institucional, existen
entidades financieras que potencialmente pueden representar
riesgos sistémicos que no están bajo el alero de la supervisión, no
existen facultades para regular conglomerados financieros, y existen
debilidades en las facultades institucionales para abordar riesgos
macro-prudenciales y problemas en los mecanismos de resolución
bancaria.
Para hacerse cargo de este diagnóstico, entregaremos facultades
a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
para supervisar por solvencia cualquier agente financiero y crediticio
relevante. Esto debe incluir a cajas de compensación, cooperativas
y empresas de comercio, entre otras. La SBIF estará facultada para
decidir las entidades específicas que serían supervisadas bajo su
alero, en base a criterios de ser entidad financiera, tener un tamaño
mínimo y un cierto apalancamiento relevante.
Complementariamente incorporaremos un capítulo de
conglomerados financieros en los cuerpos legales pertinentes, donde
se defina al conglomerado financiero como objeto de supervisión, se
determinen sus requerimientos de capital, liquidez y gobierno, se
defina al supervisor, y se separe la parte financiera del conglomerado
del resto del grupo económico.
También avanzaremos hacia la adopción de los estándares
internacionales de Basilea. Chile hoy no cumple con los estándares de
adecuación de capital de países desarrollados. Esto genera debilidades
en la capacidad que tiene la industria bancaria de absorber choques
sistémicos, debilidades en la gestión del riesgo de liquidez y daña la
competitividad internacional de la industria financiera al no cumplir
con los estándares exigidos por los inversionistas y reguladores de
otras plazas. Asimismo, genera una debilidad de los bancos locales
respecto de los bancos internacionales que operan en Chile, y que han
adoptado el nuevo estándar por requerimiento de las autoridades de
sus países de origen.

64
AGRICULTURA
Los sectores agropecuario, silvícola y pesca, representan un 4%
del PIB y en algunas regiones del país son la principal actividad.
En las últimas dos décadas su importancia se ha acrecentado
impulsado por los acuerdos comerciales.
Chile, gracias a su condición sanitaria cuenta con ventajas
comparativasycompetitivasque,conelliderazgoycompromiso
de la autoridad, pueden llevar a constituirnos en una potencia
alimentaria y, adicionalmente, en un líder mundial en oferta
de alimentos saludables. Para alcanzar este objetivo, es
necesario avanzar en un proyecto inclusivo, incorporando
a este esfuerzo a pequeños productores, jóvenes, mujeres e
indígenas, poniendo especial énfasis en la Agricultura Familiar
Campesina.
Requerimos potenciar nuestros recursos humanos, romper con
el crecimiento desigual y excluyente que se observa en algunos
sectores, y atacar los problemas que presentan los pequeños
productores en financiamiento, acceso a instrumentos de
cobertura de riesgo, a mejores tecnologías de producción, a
recursos hídricos y a los mercados en igualdad de condiciones.
En el ámbito de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)
crearemos, fortaleceremos e implementaremos un programa
de desarrollo competitivo para sus principales rubros, que
permita que los productores mejoren significativamente
su productividad, competitividad y acceso a mercados. Se
estableceránestrategiasparacadaunodelosrubrospriorizados,
diferenciadas por territorio, identificando los principales
puntos críticos para mejorar su inserción competitiva.
Existirán diferentes líneas de acción: inversión, capital
humano, investigación y transferencia de innovación,
calidad y diferenciación y acceso a mercados. Los programas
potenciarán la asociatividad campesina. Se potenciarán los
Grupos de Transferencia Tecnológica y las cooperativas, las
que tendrán un acceso privilegiado a las asesorías técnicas.
Para fomentar la formalización se ampliará la cobertura del
Plan de Regularización de Títulos de Dominio.
Especial importancia tendrá ampliar la formación y las
habilidades de los productores familiares y medianos. Esto
debe incluir aspectos de gestión, informática, comercialización
y gestión de capital social en territorios. Para esto, se
establecerá un nuevo convenio INDAP y SENCE, y se buscarán
alianzas con escuelas agrícolas, centros de formación técnica y
universidades de cada zona.
En Chile hay muchos deudores de INDAP que son pequeños
agricultores y que se han visto afectados producto de sequías,
inundaciones y heladas, situación que los ha hecho atrasarse
en el pago de sus deudas. Por ello, en los 100 primeros días
de Gobierno revisaremos la situación de los deudores de
INDAP y estudiaremos líneas de apoyo destinadas a quienes se
encuentren en situación de vulnerabilidad.
En materia laboral, diseñaremos e implementaremos un plan
de fiscalización permanente, coordinado entre los organismos
fiscalizadores en materias de higiene y seguridad, a efectos de
hacer cumplir las normas sanitarias en los lugares de trabajo y
aplicar las sanciones respectivas cuando corresponda. Durante
el próximo Gobierno, enviaremos al Congreso un proyecto
de ley que contenga el Estatuto del Temporero y la Actividad
Agrícola de Temporada, que consagre protección a estos
trabajadores y trabajadoras.
En el Gobierno anterior, enviamos el proyecto de Ley de
Obtentores Vegetales, conocida como “Ley Monsanto”. El
sentido original del proyecto era promover el desarrollo
tecnológico para aumentar la productividad y competitividad
del sector agrícola, con el debido resguardo del patrimonio
biológico y genético de Chile.
Hemos conocido nuevos antecedentes y presenciado un
debate sobre si esa ley es pertinente y cuáles pueden ser sus
riesgos. Vamos a revisar ese proyecto de ley, escuchando
todas las opiniones, salvaguardando y respetando la soberanía
alimentaria y las semillas tradicionales: vamos a resguardar
nuestros recursos y a nuestros pequeños y medianos
productores.
Fortaleceremos e incentivaremos el uso del Seguro Agrícola,
colocándonos como meta alcanzar un aumento de 50% en
su cobertura en el próximo Gobierno, poniendo un esfuerzo
especial en la incorporación de los pequeños y medianos
productores agrícolas.

65
Por otro lado, necesitamos recuperar el liderazgo perdido
en los últimos 4 años por el MINAGRI, reinstalando las
instancias de colaboración público privadas, con el conjunto
de actores de las cadenas alimentarias, desde productores
primarios hasta las organizaciones de consumidores. La
institucionalidad vigente no da cuenta de las necesidades
del paradigma de desarrollo del sector alimentario. Se debe
transitar desde una aproximación sectorial y desarticulada
y de rubros hacia una de clusters y cadenas (del campo a la
mesa).
Potenciaremos la Agencia Chilena para la Inocuidad
Alimentaría (ACHIPIA) como entidad responsable de la
gestión de las políticas de inocuidad alimentaria, incluyendo
la evaluación de riesgos de los asuntos más relevantes.
También deben potenciarse las capacidades técnicas y de
fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Para mejorar la calidad y lograr diferenciar nuestros productos
apoyaremos a productores o redes de productores, en sus
proyectos de mejoramiento de la calidad y diferenciación,
poniendo énfasis en el acceso a certificaciones especializadas.
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) deberá
orientar sus programas y proyectos de investigación hacia la
identificación, obtención y uso de ingredientes funcionales
para la producción de alimentos saludables. Estas medidas
requieren un reordenamiento y fortalecimiento del sistema
institucional de los servicios del agro que están dedicados a
la investigación y a la innovación.
Debemos mejorar la gestión del agua para riego eficiente.
Potenciaremos las políticas de mejoramientos de canales,
pozos profundos y de riego técnificado. Para esto se realizarán
los cambios legales y se destinarán los recursos necesarios.
Se implementará el plan nacional de construcción de
captadores de agua no aprovechada. En materia de nuevas
grandes obras para riego, avanzaremos en un programa de
construcción de embalses en distintas regiones, que forma
parte de un programa de largo plazo que permitirá un
aumento sustantivo de la superficie regada.
También se requiere mejorar la comercialización de los
productos, facilitando el acceso a mercados externos,
reduciendo los costos y riesgos financieros. Para esto
ampliaremos el Fondo de Promoción de Exportaciones. Se
crearán productos específicos de cobertura cambiaria o de
precios de productos básicos, para el agro. Se estudiarán
instrumentos financieros modernos para el sector ganadero
bovino y ovino, complementándolos con mejoras a los
instrumentos existentes.
Formaremos en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(ODEPA) un equipo de desarrollo de institucionalidad,
regulación y normas de libre competencia que permita
revisar las normativas de comercio de tal manera de impedir
la operación de formas de comercio en la agroindustria o en
el sector forestal que atentan contra los consumidores o los
productores.
Estableceremos un Fondo de Defensa de Mercados, que sirva
para defender a los productores y exportadores chilenos
frente a acusaciones de dumping y subvenciones.
En relación al medio ambiente y los recursos naturales,
en el corto plazo constituiremos las Mesas Territoriales
del Agua, en las principales regiones, que incorporen a los
actores relevantes –organizaciones de usuarios de aguas y
representantes de las instituciones públicas involucradas,
que puedan diagnosticar los problemas particulares de cada
territorio, particularmente en aquellas regiones en que los
acuíferos han sido declarados Áreas de Restricción y/o Zonas
de Prohibición para efecto del otorgamiento de nuevos
derechos de aprovechamiento en los respectivos acuíferos.
En materia forestal, enviaremos al Congreso un proyecto de
ley que prorrogue por dos años los incentivos a la forestación,
junto con legislar para eliminar las barreras de entrada que
han limitado la incorporación de pequeños y medianos
propietarios forestales a los beneficios de la actual legislación
sobre bosque nativo. Ejecutaremos un Programa Sectorial de
Investigación, Transferencia e Investigación Forestal para
la protección y conservación de los sistemas forestales.
Desarrollaremos una estrategia de fortalecimiento de las
PYMES forestales para facilitar su acceso a los recursos
productivos y diversificar y agregar valor a su producción.

68
PESCA
Uno de los temas que abordaremos con fuerza es
asegurar un tratamiento sustentable de los recursos
pesqueros, dado que pertenecen a todas las chilenas y
chilenos, presentes y futuros. Nuestra agenda en pesca
centrará sus esfuerzos en asegurar la sustentabilidad de
la biomasa, el fortalecimiento de la pesca artesanal y el
desarrollo productivo de pequeños emprendedores y la
industria nacional.
En materia de sustentabilidad, de 33 pesquerías (especies
explotadas) informadas por la Subsecretaría de Pesca
en marzo de 2013, tres están en estado de colapso,
diez sobre explotadas y respecto de cinco de ellas se
desconoce su estado por falta de información científica.
Esto demuestra que es fundamental que exista una
institucionalidad que garantice la sustentabilidad de
los recursos pesqueros. Garantizaremos que el Instituto
de Fomento Pesquero (IFOP) realice una labor con
independencia de los intereses sectoriales, en materia
científica, le garantizaremos su independencia científica,
con los más altos estándares internacionales en materia
de investigación, a semejanza de los institutos de las
principales potencias pesqueras en el mundo.
Complementariamente, es esencial modernizar el
Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). El sub-reporte,
la pesca ilegal, o simplemente la no fiscalización de
los desembarques, contribuyen a la sobreexplotación.
Contar con una institucionalidad fiscalizadora a
la altura de los desafíos es también fundamental.
Asimismo, consideraremos la veda biológica legal
de pesquerías declaradas colapsadas, junto con la
eliminación progresiva de la pesca de arrastre, mediante
una transición que genere los mínimos impactos en la
industria nacional.
En cuanto al sector artesanal, que representa a
más de 80.000 chilenas y chilenos, promoveremos
condiciones que les permitan mejores ingresos y
mayor valor agregado por la comercialización de sus
productos, evitando la destrucción del tejido social y
las características culturales propias de este sector.
Por ello, impulsaremos el Instituto de Desarrollo de
la Pesca Artesanal, con recursos y presencia regional,
para que sea un motor de desarrollo social y económico
de este sector. Mediante esta entidad mejoraremos
los canales de comercialización, para asegurar precios
justos. Crearemos, una “Bolsa de la Pesca Artesanal”,
a la que puedan acceder voluntariamente los pescadores
artesanales de todo Chile, para vender sus productos
al mercado mayorista con mecanismos transparentes,
abiertos y competitivos. Sumado a esto, en el primer
año de Gobierno duplicaremos los recursos del Fondo
de Fomento para la Pesca Artesanal, para darles soporte
en infraestructura, capacitación, repoblamiento de
recursos y comercialización.
Adicionalmente, asumimos el compromiso de concretar
durante el próximo período presidencial la extensión
de las 5 millas de protección artesanal desde Chiloé
hasta el extremo sur, para que en todo el país exista
una zona exclusiva para pescadores artesanales, y no
se discrimine a los pescadores australes. En cuanto al
consumo humano de recursos marinos, utilizaremos
el máximo que establece la ley como reserva, para que
sea procesada por PYMES pesqueras y sean destinadas
exclusivamente a la elaboración de productos en esa
línea.
En materia de seguridad social, realizaremos los
esfuerzos necesarios para incorporar a los pescadores
artesanales, tanto al sistema de pensiones, como a la
salud laboral, participando de la ley de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
En el ámbito de la pesca debemos velar por que los
instrumentos legales cautelen los intereses y demandas
de todos los sectores involucrados, con una preocupación
especial por aquellos más vulnerables. Por esto,
realizaremos una evaluación de la Ley de Pesca aprobada
durante la actual administración.

69
TURISMO
El turismo no es sólo una actividad económica cuya importancia ha
ido creciendo en el tiempo, sino que además tiene características
que hacen de su fomento un objetivo de alto interés público, pues
contribuye a construir identidad nacional y territorial, genera
desarrollo local incluso en las áreas más apartadas, crea actividad
económica relacionada, aporta a la protección de recursos naturales
y favorece el intercambio cultural.
Para fomentar esta actividad impulsaremos aquellas líneas
estratégicas que garanticen un crecimiento turístico basado en la
sustentabilidad, es decir, asegurando que el desarrollo económico
de la industria se traduzca en mejores condiciones de vida para las
chilenas y chilenos participantes, y protegiendo el medio ambiente,
principal activo turístico de Chile.
Potenciaremos el desarrollo turístico sustentable
en áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Considerando que los turistas visitan que Chile lo hacen en su mayor
parte atraídos por nuestra naturaleza, se hace necesario contar con
un sistema que incentive el desarrollo del turismo en esta área,
actuando en colaboración con los ministerios de Medio Ambiente,
Agricultura (CONAF) y Bienes Nacionales, generando mecanismos
para que operadores de turismo y los organismos del Estado
efectivamente realicen una labor de calidad, sustentable y atractiva
turísticamente.
Avanzaremos en el establecimiento de Zonas de
Interés Turístico (ZOIT). Convocaremos a todos los actores
involucrados en la identificación de las ZOIT –muy especialmente a
las municipalidades– para que en conjunto se avance en la definición
de nuevas zonas de interés turístico, lo que permitirá coordinar
programas e instrumentos públicos de fomento que aseguren
la valoración y conservación del patrimonio natural y/o cultural
presente y su posterior implementación con fines turísticos.
Impulsaremos la oferta y promoción de la oferta
turística con elementos culturales. En este ámbito se
encuentra el desarrollo de la oferta turística que contenga elementos
culturales tradicionales. Es una actividad para que las comunidades
locales ejerzan un rol más activo en la creación de una oferta turística
atractiva y, al mismo tiempo, para que los canales de distribución
y viajeros se interesen en conocerlas a través de rutas o programas
donde se mezclen los recursos turísticos más tradicionales y
conocidos con los nuevos elementos de la oferta cultural.
Facilitaremos el acceso expedito a
instrumentos de fomento a la inversión
turística. El turismo se compone principalmente por
micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la
industria turística nacional. Apoyaremos el emprendimiento
con instrumentos de fomento adecuados a los distintos ciclos
de la empresa pero principalmente para la micro y pequeña
empresa. En esta labor se hace fundamental la colaboración de
las autoridades regionales y locales para coordinar la entrega
de información a los distintos actores que la necesiten.
Para fomentar el turismo crearemos un Fondo Nacional para
el Fomento del Turismo, orientado a financiar actividades
que potencien su desarrollo, incluyendo la capacitación, la
promoción y la innovación. Realizaremos un programa de
liderazgo orientado a dar un salto significativo en la calidad de
los recursos humanos que trabajan en el sector. Incentivaremos
el turismo social y nacional, aumentando la cobertura de los
programas de giras de estudios, de vacaciones de la tercera
edad y de turismo mujer, especialmente en temporadas de
baja demanda. Crearemos un nuevo programa de vacaciones
familiares, enfocado especialmente en familias de menores
ingresos y en aquellas cuya jefatura de hogar es femenina,
que ofrecerá paquetes turísticos con actividades recreativas,
culturales y deportivas.
Impulsaremos un plan de desarrollo de destinos turísticos
distribuidos a lo largo de Chile, y coordinaremos esfuerzos con
los actores privados para potenciar sus atractivos. Ello incluye
inversión en infraestructura turística (paseos peatonales,
costaneras, pasarelas, luminarias, pavimentación, habilitación
de plazas, señales viales y miradores, entre otras), además de
plataformas de información presenciales y digitales para los
visitantes.
Adicionalmente potenciaremos la articulación turística
latinoamericana, aprovechando las sinergias y economías
de escala destinadas a atraer a turistas de otras regiones del
planeta. Fortaleceremos el marketing internacional a público
final, considerando las particularidades e intereses de los
visitantes internacionales y aprovechando las tecnologías
digitales que permiten organizar viajes sin intermediarios.

72
La minería sin duda tiene una enorme importancia en la
economía nacional y ha sido motor del crecimiento del
país en los últimos años. La minería representa el 13%
del PIB y hoy tanto las exportaciones como el aporte al
PIB son 10 veces superiores a los valores de principios
de la década pasada. Los aportes de la minería del cobre
a los ingresos del Estado también han crecido a la par.
La minería lidera el desarrollo de cinco regiones del
norte de Chile y constituye el 60% de las exportaciones.
Chile es el mayor productor de cobre del mundo con 33%
de la producción mundial y tiene un 28% de las reservas
mundiales de cobre. Actualmente, Chile produce cerca
de 5,4 millones de toneladas métricas de cobre al año.
Asimismo, Chile ocupa el tercer lugar en el ranking
mundial en la producción de molibdeno, con 13% de
la producción mundial; ocupa el sexto lugar como
productor de plata con una participación del 5% a
nivel mundial; y está en el lugar 16° como productor
de oro con una participación de 2,1% en la producción
mundial. Además es productor de sales mixtas, que
incluyen potasio y litio.
El peso de la minería en nuestra economía nos obliga
a mantenernos como el principal y más eficiente
productor de cobre a nivel mundial. Pero hay varios
factores que nos han hecho perder parte de estas
ventajas, reduciendo nuestra productividad. Hemos
sufrido una caída de las leyes de los minerales superior
a la registrada en el resto del mundo, la que además de
exigir más trabajo para producir lo mismo, se traduce
en mayor consumo de combustibles y de energía por
tonelada producida.
Los costos de energía en Chile se han disparado y
figuran en niveles muy superiores a los de otros países
mineros. Para varias de las empresas mineras locales
la energía representa alrededor del 20% de sus costos,
tres veces más que el sector minero en Perú y Estados
Unidos. Recuperar la competitividad minera, entre otras
materias, exige tener energía a precios competitivos.
También se requiere un mayor esfuerzo en tecnología
y recursos humanos calificados. El buen momento
MINERÍA
de la minería mundial ha generado una escasez de
trabajadores calificados. Focalizaremos esfuerzos en
la formación de recursos humanos especializados,
con énfasis en las propias regiones mineras, ante la
evidencia de que el aumento de los jóvenes que acceden
a formación superior en esta área es aún insuficiente
para cubrir la demanda. También estableceremos un
sistema de certificación de competencias para los
técnicos que se preparen para trabajar en la industria,
a través de una iniciativa conjunta entre las empresas,
las entidades de formación y el Estado.
Apoyaremos el desarrollo de las empresas que prestan
servicios para abastecer a la minería, las que muestran
un importante dinamismo. Los proveedores de la
minería ya llegan a más de 4.600 empresas que dan
empleo a 700 mil personas. Impulsaremos una política
de asociatividad y colaboración entre empresas mineras
y proveedoras, Estado e instituciones de investigación
para potenciar el desarrollo minero. Fortaleceremos
el cluster minero estimulando la colaboración entre
las instituciones de investigación para evitar la
fragmentación de los esfuerzos.
La institucionalidad del Estado en el sector minero
requiere una modernización para enfrentar el desarrollo
del sector. Fortaleceremos al Ministerio de Minería,
en especial en recursos humanos y personal técnico
calificado.
Los desafíos de la industria minera, también requieren
de una institucionalidad técnica especializada, que
desarrolle y monitoree permanentemente la aplicación
de las políticas públicas del sector, las condiciones del
mercado del cobre y otros minerales, y que identifique
los riesgos que pueden afectar a éste mercado. Ante
el incremento de la inversión estatal en proyectos
mineros, fortaleceremos a COCHILCO con mayores
atribuciones para cumplir a cabalidad su rol de
resguardo de los intereses del Estado en sus empresas
mineras, por medio de la fiscalización y evaluación de
inversiones y contratos.
El Estado a través del Servicio Nacional de Geología y

73
RECURSOS HÍDRICOS
El establecimiento de un mercado de derechos de
uso de agua ha contribuido al desarrollo agrícola.
Pero también ha traído aparejado una serie de
inconvenientes, como el insuficiente resguardo
del patrimonio ambiental, el deficitario acceso
del mundo rural al agua y los nulos incentivos
para gestionar la utilización de una fuente de agua
común a partir de derechos individuales, generando
la sobre explotación de múltiples acuíferos.
La transacción de derechos de agua ha venido
aumentando en la medida que se hace más escaso
el recurso. La institucionalidad pública en este
ámbito es insuficiente y no efectiva para cumplir los
roles fundamentales de planificación, normativo,
de fomento, diseño de política, regulación y
fiscalización.
Los nuevos desafíos en materia de recursos hídricos
demandan una especial atención del Estado. En los
primeros 100 días de Gobierno, nombraremos un
Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos,
con dedicación exclusiva, a fin de identificar y
avanzar en soluciones a la escasez de agua en el
país.
Avanzaremos en una normativa que haga posible
la existencia de la figura recursos hídricos con
fines sociales. Estos usos serán prioritarios y
establecerán restricciones al ejercicio de todos los
demás usos con fines competitivos.
También modificaremos la normativa para redefinir
la utilización de los acuíferos sobre-otorgados de
acuerdo al uso efectivo de los derechos.
Adicionalmente, estableceremos la normativa que
permita el intercambio de derechos provisionales
y eventuales por aquella proporción no utilizada
de los derechos. En el caso de acuíferos con baja
recarga pero con gran volumen almacenado,
definiremos volúmenes de agua que se pueden
extraer en plazos determinados sin generar efectos
ambientales adversos.
Minas (SERNAGEOMIN) cumple importantes funciones
para el desarrollo de la minería, para la inversión, el
monitoreo de la red volcánica, y para la fiscalización
de la seguridad minera. Una de las tareas en que
avanzaremos es completando la Cartografía Geológica,
ya que actualmente sólo tenemos cubierta la cuarta
parte del territorio. No tener información geológica
sobre todo el territorio implica no poder ejercer
plenamente los derechos que la Constitución otorga al
Estado sobre las minas. Adicionalmente, realizaremos
un fortalecimiento institucional del SERNAGEOMIN
para que desarrolle su labor de control de la seguridad
en las faenas mineras.
Además, revalorizaremos el rol de la Empresa Nacional
de Minería (ENAMI), referido a favorecer la movilidad
social, fomentar el poblamiento del interior de las
regiones del norte y, por tanto, la descentralización
de las mismas, entregando trabajo, desarrollo y
contribuyendo en forma sostenible a la disminución
de la pobreza. Para ello, se asignarán recursos para
fomentar la explotación y beneficio de toda clase de
minerales existentes en el país. Su actual estructura
corporativa le dificulta mostrar eficiencia en su función,
por lo que estableceremos un gobierno corporativo
moderno.
La creciente demanda mundial de litio y sus altos
precios en el mercado internacional otorgan a Chile
una importante oportunidad para diversificar su
producción con la explotación de este recurso natural.
Las reservas conocidas de este mineral a nivel mundial
se encuentran mayoritariamente en nuestro territorio,
en el Salar de Atacama. Constituiremos una comisión
técnica de alto nivel integrada por expertos, que
proponga una política nacional del litio que considere
éstos y otros factores para una eficiente y efectiva
explotación de este mineral, que permita una óptima
rentabilidad para el país.
Estudiaremos y aplicaremos nuevas normas para
el perfeccionamiento del sistema de concesiones
mineras, de forma que este fomente la exploración y no
se constituya en una potencial barrera a la entrada de
nuevos actores.

INVERSIÓN
PÚBLICA Y
CONCESIONES

76
INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCESIONES
La infraestructura juega un rol fundamental para el desarrollo de un
país. Disponer de infraestructura para el uso público y con estándares
de calidad es crucial para promover el crecimiento y la mejora en la
competitividad. Al mismo tiempo, la infraestructura impacta en la
calidaddevidadelaspersonasyesunaherramientadeinclusiónsocial.
A partir de 1990 Chile dio un paso gigantesco en materia de desarrollo
de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, generando con ello
las bases necesarias para reducir los costos logísticos y mejorar la
conectividad en el país y más allá de sus fronteras. Ello ha sido un pilar
fundamental para el desenvolvimiento del comercio exterior, y también
ha permitido que los chilenos y chilenas disfruten más de nuestro
territorio,alpoderdesplazarsedemodomásexpeditoyseguro.
Para mantener el crecimiento del país y de nuestro comercio exterior
necesitamos ser capaces de planificar, evaluar, programar, construir,
operar y mantener la inversión en el sector de infraestructura con
elevadosnivelesde eficiencia.
La planificación de la infraestructura, requiere fortalecer una visión
multimodal, incorporando el transporte terrestre, ferroviario, marítimo
yaéreo. Lafragmentacióninstitucionalesunadelasgrandesdebilidades
que se enfrenta en el transporte. Esta falta de visión integral reduce la
rentabilidad social de la inversión y aumenta los costos logísticos, de
contaminación, gases de efecto invernadero y de accidentes entre otros
problemas y deteriora la calidad de vida en las ciudades. No obstante,
las soluciones de Infraestructura en el territorio no son independientes
de las dimensiones ambientales y de la interacción entre actividades
económicas y las vocaciones productivas de los diferentes territorios.
Incorporar estas dimensiones en el desarrollo de la infraestructura
requiere establecer la capacidad de ordenamiento territorial a nivel
interurbano y en las regiones. Por ello, realizaremos un proceso de
evaluación de la institucionalidad del sector en los niveles de diseño de
política, evaluación de proyectos y planificación de las inversiones en
materia de transporte. Esta evaluación debe dar paso al diseño de los
mecanismos de coordinación y reordenamiento institucional, que se
implementaránenelpróximogobierno.
Obras de Reconstrucción. En materia de inversiones, la
primera prioridad la tiene la reconstrucción. El gobierno actual realizó
esfuerzos en la materia. Pero quedan tareas pendientes. Velaremos
especialmente para que las soluciones a las familias afectadas se
realicen y sean definitivas. Se trata de reconstruir vidas, de que las
personas damnificadas sientan que ha terminado una época de enorme
vulnerabilidad y que cuentan con un suelo y un techo donde volver a
instalarsuvidaysusesperanzas.Paraasegurarestaprioridad,dentrode
los100primerosdíasdegobiernoserealizaráundiagnósticodelestadode
lareconstrucciónenlasdiversaszonasquehansidoafectadas.Enfunción
de dicho diagnóstico se generará un plan de acción. Se designará en los
primeros días también un delegado presidencial para la reconstrucción,
con facultades de coordinación institucional y de recursos para realizar
estatarea.
Cartera de proyectos de concesiones. La modalidad de
concesiones de obra pública está bien asentada en el caso de autopistas
interurbanas y urbanas, con una visión de que la participación del sector
privado genera “valor” aumentando la eficiencia en la provisión de los
servicios de infraestructura de transportes. A futuro estos proyectos se
deben seguir realizando en esta modalidad. El principal desafío que se
enfrenta en el corto plazo es mejorar el estándar de varias concesiones
que se realizaron hace algunos años. A modo de ejemplo, los diversos
accesos a Santiago deben ser transformados en autopistas urbanas, con
similaresmodalidadesdecobroaestas.Elobjetivofundamentalesevitar
lainterferenciadelaciudadenejeslogísticosfundamentalesyaumentar
lacapacidaddeaccesoalaciudad,especialmente enlosfinesdesemana
largo. Las inversiones de cientos de millones de dólares requeridas para
avanzarenestamateria,depreferenciadeberíanserrealizadasmediante
nuevasconcesioneslicitadasy/oconlosconcesionariosactuales.
En Santiago se deberá concluir la integración de las autopistas
existentes incorporando Américo Vespucio Oriente. Existen otros
proyectosdeautopistasurbanasenSantiagoyencapitalesregionales.
Todos estos proyectos deberán ser evaluados para asegurar una
adecuada perspectiva multimodal de transporte en las ciudades,
evitando sesgar la partición modal en favor de un uso excesivo del
automóvil con las consecuencias de contaminación y congestión.
Cada ciudad cabecera de Región, área metropolitana o conurbación
deberá contar con planes de transporte.
En hospitales, cárceles, edificación pública y obras de riego, sobre
la base de la experiencia reciente, se evaluará si la modalidad de
concesiones es una modalidad de inversión que entregue valor,
aumentando la eficiencia en la provisión de los servicios.
Desarrollo del sector portuario. Incrementaremos la
capacidad de transferencia de los puertos estatales de la Región de
Valparaíso en un horizonte de 15 años. Ello implica la construcción
de un puerto a gran escala en la zona central. Parte de la inversión
será realizada por los privados que obtengan la concesión para
construir los nuevos terminales, pero otra parte, la infraestructura de

77
abrigo, debe ser financiada directamente por el Estado y recuperada
posteriormente mediante tarifas a la operación de naves.
Adicionalmente,elMinisteriodeTransporteestableceráunaautoridad
para cada puerto, la que tendrá competencia en aspectos operativos
navieros dentro de las áreas portuarias como de coordinación de
las agencias públicas que fiscalizan la actividad comercial (Aduanas
y SAG). Asimismo, realizaremos auditorías a los contratos de
concesiones portuarias, de modo de fiscalizar el cumplimiento de los
términos establecidos en los contratos de concesión.
Complementariamente, desarrollaremos planes de protección de
áreas costeras reservadas a puertos, que aseguren la expansión
de la capacidad portuaria en el territorio y en el borde costero,
compatibilizándoloconotrosusosysurelaciónconelterritorioenque
se emplazan. Esto posibilitaría la planificación de redes de transporte
y la consagración de la actividad portuaria en los instrumentos de
planificaciónterritorialcomolosPlanesIntercomunalesoComunales.
Plan de Protección de Zonas Aeroportuarias. El
crecimientourbanoimpactalasactividadespropiasdelosaeropuertos.
Seestimanecesarioprotegerlasáreasadyacentesalasbasesaéreas,de
modoquelaoperaciónaeroportuariaseacompatibleconelrestodelas
actividadesqueallíserealicen.Introduciremosenlosinstrumentosde
planificación territorial, como planes reguladores e intercomunales,
la consideración de usos urbanos que sean compatibles con la normal
operación y crecimiento de los aeropuertos.
Pasos Fronterizos.El Paso Los Libertadores, que es la principal
conexión de Chile con Argentina, se cierra un promedio de 25 días al
año, generando importantes costos y perturbaciones al normal flujo
de turistas y de carga entre los países. Para enfrentar esta situación,
desarrollaremos infraestructura para otorgar una mayor continuidad
de servicio. Adicionalmente, mejoraremos, entre otras, vías
alternativas como, por ejemplo, el paso Aguas Negras en la Región de
Coquimbo y el Paso Pehuenche en la Región del Maule.
Infraestructura Recreativa y Social. La Infraestructura
también aporta a la calidad de vida, a la cultura y a la recreación de los
ciudadanos.Porellocontinuaremosyprofundizaremoslosprogramas
destinados a dotar a las ciudades costeras de infraestructura que les
permita mejorar su relación con el mar, lagos o ríos.
Continuación del proyecto de cruce sobre Canal
Chacao. La primera acción del Gobierno será revisar los nuevos
antecedentes generados sobre la materia en los últimos cuatro años,
evaluar las diferentes y contratar el estudio de ingeniería básica del
nuevoproyectoyelestudiodeimpactoambientalasociado,licitándolo
como concesión de obra pública para asegurar la mantención y
operación al más alto estandar de servicio y con tarifas similares a las
que hoy se pagan a los transbordadores.
Continuación del Camino de la Fruta. Resolveremos
a la brevedad la concesión del Camino de la Fruta, proyecto
que fue abandonado por el concesionario por diferencias con
esta administración (MOP) y que ha enfrentado problemas
medioambientales.
Conectividad Marítima. Durante los primeros 3 meses de
gobierno, revisaremos los avances reales que se han realizado en
la infraestructura marítima, las naves y los servicios que se están
prestando en el marco del Plan de Conectividad Austral. A partir de
dicho diagnóstico propondremos un programa de proyectos que
mejoren la conectividad marítima entre los principales centros
poblados de la Zona Austral de Chile en las regiones de Los Lagos,
Aysén y Magallanes, prestando un servicio de primera calidad.
Infraestructura de Riego. Avanzaremos en el desarrollo
de grandes embalses en diferentes regiones del país. Iniciaremos la
construcción, entre otros, de los embalses en el río Aconcagua en la
regióndeValparaíso,enelLLutadelaregiónde AricayParinacotayen
Punilla en la región de Bio Bio. Perfeccionaremos el sistema de cobro
a los beneficiados, asegurando que se asignen los derechos de agua a
los propietarios agrícolas que carecen de ellos. También se avanzará
en el desarrolllo de un programa efectivo de apoyo a la ejecución por
partedeprivadosdemedianasypequeñasobrasderiego.Finalmente,
seincentivarálainfiltracióndenapas,demododegenerarverdaderos
embalses naturales en los acuíferos.
Drenaje de Aguas Lluvias. Desarrollaremos un plan
permanente de protección de riberas, con especial énfasis en zonas
urbanas. En materia de aguas lluvias, se continuará con el programa
elaborado por el MOP, que permite invertir en obras para enfrentar el
déficit de canalización y drenaje de aguas lluvias en las ciudades.
Agencia de Concesiones. Crearemos la Agencia de
Concesiones, con personalidad jurídica propia, competencias y
atribuciones. Esta agencia asesorará a los distintos ministerios,
servicios y municipalidades que requieran ejecutar proyectos
mediante el mecanismo de concesiones.

EMPRENDIMIENTO
DE MICRO,
PEQUEÑA Y
MEDIANA
EMPRESA

EMPRENDIMIENTO DE
MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
La participación de las empresas de menor tamaño en
las ventas totales ha ido declinando en el tiempo. Con
ello una porción importante de la población laboral
(más del 55%) ha visto disminuida su participación
relativa en la producción nacional. Un conjunto de
factores ayudan a explicar esta situación: un contexto
normativo y regulatorio que ha tendido a favorecer a
las firmas de mayor envergadura, la baja cobertura de
los programas destinados a apoyar a las empresas más
pequeñas, la inferior calidad de las intervenciones en
esos estratos, la concentración de algunos mercados
y las dificultades de acceso al financiamiento.
Para revertir esta situación desarrollaremos un
contundente programa de apoyo al mejoramiento de
la gestión y la productividad de la Micro y Pequeña
Empresa (MYPE), así como medidas que apuntan
a generarles un entorno más propicio. Para ello
abordaremos sus problemas relacionados con su
limitada capacidad de gestión y la dificultad para
acceder a servicios de apoyo. Crearemos una red de
Centros de Desarrollo Empresarial que ofrecerán un
diagnóstico de la situación de la empresa y asesoría
para desarrollar un plan de negocios, servicios que no
tendrán costo para empresas pequeñas y proyectos
de emprendimiento que buscan iniciar un negocio.
El sistema de Compras Públicas incorporará
activamente a las empresas de menor tamaño, la
participación de las PYMES productivas nacionales
en este mercado es limitada. Para corregir esta
situación: i) estableceremos un Registro Nacional
de Proveedores, que caractericen tamaño, giro,
dependencia, entre otras características, que servirá
de base para una política de incentivos a las PYMES
productoras; ii) los Centros de Desarrollo Empresarial
darán asistencia técnica a las empresas de menor
tamaño para participar adecuadamente en el sistema
de Compras Públicas, y; iii) evaluaremos mecanismos
que otorguen preferencias a las empresas de menor
tamaño.

81
Impulsaremos reformas para favorecer el
financiamiento de las MYPE. La actual legislación
bancaria plantea restricciones de capital demasiado
elevadas para que surjan bancos de nicho que puedan
focalizar su acción en las empresas más pequeñas.
Evaluaremos medidas para facilitar la creación
de vehículos financieros con foco en el sector y
promoveremos que CORFO canalice recursos más
significativoshaciaentidadesfinancierasquetrabajen
con ese segmento. Adicionalmente, haremos del
BancoEstadounactorefectivodeapoyofinancieroalas
empresas de menor tamaño, potenciando la actividad
de Banco Estado Microempresas hacia el segmento
de empresas de menor tamaño. Generaremos una
base de información de tasas de interés cobradas
a la MIPYME, a partir de la información de la SBIF,
la que permitirá obtener información semanal y
comparativa que ayudará tanto a diseñar políticas
públicas como a generar más competencia en este
segmento. También avanzaremos en un sistema
de garantías mobiliarias, soportado en un registro
informático sin participación de notarios, que
permita a estas empresas usar sus activos móviles
(vehículos, facturas, cuentas por cobrar, entre otros)
para mejorar las condiciones de plazo y tasa de las
operaciones de crédito.
Las empresas de menor tamaño sufren en muchas
ocasiones por la competencia desleal de grandes
empresas que actúan como cartel. Incrementaremos
los recursos de operación de la Fiscalía Nacional
Económica para que pueda promover investigaciones
sobre posibles colusiones que afecten tanto
a los consumidores como a estas compañías.
Adicionalmente, crearemos una unidad especializada
en la Subsecretaría de Economía, cuyo propósito será
la vigilancia de los abusos en contra de las empresas
de menor tamaño e impulsar, a través de un amplio
proceso participativo, un exhaustivo proceso de
revisión y ajuste de la normativa que afecta el
desempeño de las empresas de menor tamaño.
Eliminaremos las diversas formas de
discriminación que afectan la constitución y el
funcionamiento de las cooperativas, las cuales
hoy agrupan a más de un millón de chilenas y
chilenos. Entre los aspectos discriminatorios más
relevantes se cuentan: el pago de derechos para
financiar la labor fiscalizadora del departamento
de cooperativas; el establecimiento de
provisiones más elevadas a las cooperativas
de ahorro y crédito que a otras instituciones
financieras; y los mayores costos y plazos para
constituirse en comparación con otro tipo de
empresas. Estableceremos en CORFO programas
especiales de fomento para estos sectores, para
así apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las
cooperativas, del comercio justo, las empresas B
que solucionan problemas sociales y ambientales
desde los productos y servicios que comercializan,
el turismo comunitario y otras formas de
emprendimiento asociativos o que promueven la
inclusión social.
Fortaleceremos a las ferias libres e impulsaremos
su desarrollo y modernización, a través del apoyo
de organismos públicos como SERCOTEC. De esta
manera, duplicaremos los recursos asignados al
fondo de modernización de ferias libres, creado
en 2008, en beneficio directo de las ferias y los
feriantes a lo largo del país.
A las medidas descritas se deben sumar el conjunto
de incentivos para las empresas de menor tamaño,
que se establecen en la Reforma Tributaria,
particularmente, los nuevos incentivos para la
inversión, la aplicación de sistemas simplificados
de tributación y, el cambio de sujeto en el pago del
IVA, cuando la PYME como empresa proveedora
recibe pagos a plazo.

86
SALUD
La reforma que reconoció el acceso a salud como
un derecho y estableció garantías explícitas de
oportunidad de atención y protección financiera
para las personas, independientemente de sus
niveles de ingreso, fue un gran avance. Gracias al
Plan AUGE, que cubre hoy más del 60% de la carga
de enfermedades, las familias pueden enfrentar una
enfermedad crónica o catastrófica sin el temor a no
poder acceder a un tratamiento oportuno o a que sus
costos financieros sean devastadores.
Pese a los esfuerzos realizados, aún hay importantes
falencias en el sector público que afectan la atención
de salud de la población. Entre estas carencias
figura el déficit en especialidades médicas; la falta
de infraestructura, especialmente en hospitales; la
necesidad de una mejor gestión y mayor efectividad
de la Atención Primaria, para que las personas
puedan resolver sus problemas de salud cerca de sus
domicilios y en menor tiempo.
Para abordar estas necesidades es necesario destinar
mayores recursos públicos a salud. Hoy los recursos
destinados a salud equivalen a 8% del PIB, sumando
el esfuerzo público y privado. Sin embargo, en los
países de la OCDE el 72% del gasto total en salud
corresponde a gasto público, en Chile esta cifra está
en torno al 50%. Es imperioso un mayor compromiso
del Estado.
Avanzaremos en todas estas áreas, lo que permitirá
cubrir necesidades prioritarias para los sectores
medios y los grupos más vulnerables.
Ampliando la Red Pública de Salud
En los primeros 100 días de gobierno se hará el
lanzamiento del Plan Nacional de Inversión
Pública en Salud 2014 – 2018. Se destinarán
$4.000 millones de dólares en inversión pública
en el período, lo que significa más que duplicar
la inversión efectiva de los últimos 4 años. Dicho
plan representa un esfuerzo en inversión pública
en salud sin precedentes, indispensable para
elevar la capacidad diagnóstica y resolutiva, que
comprenderá la ampliación y fortalecimiento de la
red asistencial en todos sus niveles.
Este plan incluye la construcción de 20 nuevos
hospitales, dejar en construcción otros 20 y avanzar
tanto en los estudios técnicos de arquitectura e
ingeniería como en la licitación de obras civiles
de otros 20. También fortaleceremos la red de
Atención Primaria de Salud con 100 nuevos Centros
de Salud Familiar, 100 Centros Comunitarios de
Salud Familiar y 132 Servicios de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolución, SAR.
Impulsaremos un conjunto de iniciativas para
hacer más expedita la atención de urgencia en
casos complejos. En primer lugar, mejoraremos
los SAMU, dotando a los Centros Reguladores
Regionales de infraestructura y tecnología de
punta, sumado a recursos humanos especializados,
para una respuesta oportuna y más efectiva hacia o
desde los móviles adscritos.
Aseguraremos la expansión de 200 camas críticas,
con el fin de agilizar la hospitalización de quienes
esperan en los Servicios de Urgencia. También se
dispondrá de 100 camas socio sanitarias, como
forma de dar respuesta a aquellas personas que
siendo dadas de alta médica, no poseen una red de
apoyo, familiar o social que iremos incrementando
según sea el comportamiento de la demanda para
este tipo de solución.
También mejoraremos la disponibilidad de
recursos de apoyo diagnóstico y terapéutico para
los pacientes, como exámenes de laboratorio,
imagenología y procedimientos, para resolver con
más rapidez la atención de la población.
La Posta Central es el único Hospital de Urgencia
del país y dada su relevancia en el contexto de la Red
Asistencial Pública impulsaremos el proyecto de

87
“Reposición de la Posta Central”, porque nuestro
país requiere y se merece un Hospital de Urgencia
de clase mundial.
Desarrollaremos un plan de mantención del
parque tecnológico de las unidades críticas y de
los servicios generales de los principales centros
hospitalarios del país. Pondremos en marcha
un programa de adquisición y reposición de
ambulancias, que reemplazará todos los vehículos
en mal estado y duplicará el actual parque, de
modo que a fines del gobierno tendremos 1.900
ambulancias en estado óptimo de funcionamiento.
A este total sumaremos 132 nuevas ambulancias
destinadas a los Servicios de Atención Primaria de
Urgencia de Alta Resolución.
Atención y Prevención
Las personas necesitan tener atención de salud
oportuna y de calidad en los centros públicos de sus
comunas. La atención primaria debe ser la puerta
de entrada al sistema de salud y el primer paso
en una cadena de atención continua de creciente
complejidad.
Esto implica aumentar el gasto per cápita a nivel
comunal, destinando recursos e incentivos para
atraer y retener a profesionales de la salud,
especialmente a médicos, y contar con los medios
tecnológicos para hacer diagnósticos precoces.
Este mayor esfuerzo financiero debe orientarse a
acortar la brecha que hoy existe entre las comunas
ricas y pobres.
Vamos a crear 132 SAR, Servicios de Atención
Primaria de Urgencia de Alta Resolución,
beneficiando potencialmente a casi 10 millones de
personas que se atienden en el sistema público. La
mayor resolución se logrará con la incorporación de
tecnologíaapropiadaydotacióndelpersonalmédico
necesario, contando con camillas de observación
de pacientes para derivar sólo a quienes requieran
atención secundaria. Esta es una manera efectiva
de acercar la salud a la gente. En los primeros 100
días de Gobierno serán definidas las comunas y los
centros de salud donde se habilitarán los SAR.
Vamos a enfrentar la falta de médicos en la Atención
Primaria, para que la población tenga acceso a
prestaciones y atenciones de calidad y oportunas.
En los próximos 4 años vamos a incorporar a 1.000
nuevos médicos a la Atención Primaria. Para esto,
entregaremos incentivos económicos con el objeto
de mejorar los sueldos de ingreso y también para
retenerlos. Junto con esto, se creará un programa
para que los médicos recién egresados que así
lo estimen sean contratados por los Servicios
de Salud del país y destinados a trabajar por un
período asistencial obligatorio, que oscilará entre 3
y 6 años, en establecimientos de atención primaria
de salud municipal, al cabo de los cuales podrán
postular a becas de especialización, con devolución
en el sistema público.
Nos enfocaremos en la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles, que afectan la calidad
de vida de los adultos. Entre otras medidas,
desarrollaremos un programa de prevención
para adultos con riesgo de desarrollar diabetes o
hipertensión arterial, que buscará generar hábitos
de alimentación saludable, manejo de stress y
actividad física. Pondremos en marcha una red
de equipos profesionales dedicados a mantener
su autovalencia y evitar que el sedentarismo, los
estados depresivos y el aislamiento potencien
sus niveles de dependencia y postración de los
adultos mayores. Este programa beneficiará
potencialmente a más de 1.100.000 personas,
que representan al 50% de la población de adultos
mayores del país.
Desarrollaremos el plan “Más Sonrisas para Chile”
para ampliar la cobertura de atención odontológica
para mujeres de grupos socioeconómicos
vulnerables que buscan empleo, apoyándolas

en sus esfuerzos de integración laboral y en el
fortalecimiento de su autoestima. La meta es que
desde el primer año de gobierno dupliquemos las
altas odontológicas con este programa, llegando
a 400.000 mujeres en el período de Gobierno,
con más y mejores prestaciones que el programa
vigente gracias a la contratación de especialistas
endodoncistas y protesistas, con el propósito
de recuperar integralmente la salud bucal de las
mujeres.
El programa “Sembrando sonrisas” estará
destinado a todos los niños y niñas de 2 a 5 años, es
decira400.000,pertenecientesaJardinesinfantiles
de JUNJI, INTEGRA y de escuelas municipalizadas
y particulares subvencionadas del país. Consistirá
en la aplicación 2 veces al año de barniz de flúor
a preescolares de 2 a 4 años y entrega de pastas
y cepillos de dientes. A los niños de pre-kínder y
kínder de colegios municipales se les entregará
pasta y cepillo de dientes.
Brindaremos atención odontológica integral a los
jóvenes de 4° año de enseñanza media de colegios
municipales y particulares subvencionados,
beneficiando cada año a más de 180.000 jóvenes,
para que se incorporen a la vida adulta en excelentes
condiciones de higiene bucal.
Mejoraremos el acceso a atención odontológica para
la población adulta, hoy limitada a urgencias. La
demanda espontánea será resuelta en la Atención
Primaria en horarios ampliados y mediante un
programa que considerará las prestaciones más
necesarias. Si el paciente que accede a esta atención
requiere atención protésica y/o de endodoncias,
podrá ser derivado a estas especialidades.
Plan Nacional de Formación de Médicos
Especialistas
Es inaceptable que muchos enfermos deban
postergar sus tratamientos de salud o sufrir
extensas demoras en su atención debido a que
Chile no cuenta con un adecuado contingente
de especialistas, déficit que llega a ser crítico en

89
algunas áreas. Esta carencia reduce la oportunidad
en la atención y limita la capacidad resolutiva del
sistema público.
Vamos a desarrollar un Plan Nacional para la
formación y retención de especialidades médicas
para apoyar la formación de 4.000 nuevos
especialistas y que incentive el ingreso de más de
5.000 médicos a los programas de formación, junto
con articular una política moderna para el desarrollo
del recurso humano médico especializado. Esto
implicará un nuevo trato con las universidades,
que permita promover modificaciones y ajustes
en los programas de formación de especialidades
críticas y complementar mejor el término de los
estudios con el inicio de la especialización. En los
primeros 100 días pondremos a disposición los
recursos necesarios para que los Servicios de Salud
puedan contratar 33.000 horas médicas semanales
adicionales, equivalentes a la contratación de 750
médicos especialistas.
Más solidaridad para financiar la Salud y
terminar con los abusos de las Isapres
Las Isapres discriminan a las personas según el riesgo
que tienen de enfermarse y provocan segregación de
la población. Esto afecta especialmente a las mujeres,
personas mayores, personas con problemas de salud y
a quienes pertenecen a hogares de menores recursos.
Además, no existen mecanismos que regulen los
copagos de las prestaciones de salud, haciéndolos
iguales para todos y asociándolos al ingreso de las
familias. Tampoco existen regulaciones efectivas
respecto de los reajustes del precio base de la prima
de salud, ni sobre los pagos asociados a la prima por
las prestaciones AUGE. Respecto a este último punto,
no se observan las condiciones para que las personas
dispongan de información suficiente para acceder a
los beneficios del AUGE en las Isapres.
No es justo que a una persona mayor o que tiene
mayor probabilidad de enfermarse o aumentar sus
gastos de salud, las Isapres le cobren mucho más caro
o simplemente el sistema privado de salud lo expulse,
entreotrosdelosproblemasantespresentados.Poreso,
en los primeros 100 días de Gobierno, convocaremos a
un equipo de expertos con el mandato de redactar una
propuesta de Proyecto de Ley de Isapres, que esté en
el contexto del funcionamiento global del sistema de
seguridad social en el ámbito de la salud.
Una Política Nacional de Medicamentos
Los usuarios de la Atención Primaria de Salud, tanto
de grupos vulnerables como de sectores medios, que
se encuentran bajo tratamiento no debieran tener que
efectuar gastos en medicamentos. Escuchamos a diario
la demanda legítima de muchas chilenas y chilenos
que nos dicen que no reciben sus medicamentos y
deben cubrir con sus pocos ingresos los remedios que
necesitan.
Para la provisión adecuada de medicamentos para
nuestra población, se requiere una Política Nacional.
Desde el primer año de gobierno, vamos a crear un
Fondo Nacional de Medicamentos, que beneficiará
directamente a 5 millones de chilenos que se atienden
en la Salud Primaria. Comenzaremos asegurando que el
100% de las personas mayores de 15 años, con diabetes,
hipertensión, colesterol y trigliceridos altos, reciban
sus medicamentos oportunamente. Estos problemas
de salud son las más caros de tratar y los recursos que
se destinan hasta ahora desde el nivel central y los
que aportan los municipios son insuficientes. En los
primeros 100 días de Gobierno, se firmarán convenios
con las 345 municipalidades con el objeto de constituir
una red de entrega de medicamentos que resuelva los
problemas actuales de acceso a los medicamentos.
Haciéndonos eco de la demanda de la ciudadanía
por sentirse asegurados ante una patología de alta
complejidad, especialmente desde el ámbito de acceso a
fármacos de alto costo, generaremos un Fondo Especial
de Medicamentos de Alto Costo, que pueda responder a
la demanda de nuestros beneficiarios, bajo protocolos y
guías clínicas elaboradas por grupos de expertos. De esta
manera, si los médicos de la Red Asistencial respectiva
recetan, bajo protocolo, alguno de estos fármacos que
no esté cubierto por el seguro público, se recurrirá a
este fondo para financiarlo.

92
El trabajo no puede ser visto sólo como un factor de producción,
ni el trabajador como un mero consumidor. Un trabajo de calidad,
un trabajo decente, es mucho más que eso: es fuente de dignidad
personal; de desarrollo y estabilidad de las familias chilenas; de
paz en la comunidad; de credibilidad de las políticas públicas y
privadas y en definitiva de la gobernanza nacional.
En este contexto, debemos realizar cambios a nuestra
institucionalidad laboral. Muchos aspectos se han modificado,
pero aún persisten disposiciones que no ayudan o niegan a los
trabajadores sus derechos. El respeto a los derechos en el trabajo
y la dignidad del trabajador, son parte integral de la identidad
social y política de la Nueva Mayoría.
También entendemos que la persistente desigualdad se debe,
junto a la educación, a la desigual distribución del ingreso y
las oportunidades en el mercado del trabajo. En el mercado
laboral ésta se expresa en bajas tasas de participación laboral
en determinados grupos (especialmente en mujeres y jóvenes)
y en empleos precarios e informales, sin derechos individuales
ni colectivos. Tenemos 600.000 jóvenes que no trabajan ni
estudian, y el nivel de negociación colectiva alcanza sólo al 12%
de los trabajadores.
Hay que nivelar la cancha entre empleadores y trabajadores.
Debemos promover la capacidad y autonomía de las partes
para negociar en igualdad de condiciones y al mismo tiempo
la cultura de cooperación y colaboración. Debemos avanzar en
modernizaciones que permitan compatibilizar demandas que
derivan del dinamismo, la competitividad y productividad con
relaciones laborales que dignifiquen el trabajo, que fortalezcan la
sindicalización, la negociación colectiva y una justa distribución
de las ganancias.
Fortalecer la actividad sindical y la negociación colectiva son
materias que apuntan a enfrentar la desigualdad en el mundo
laboral. Sólo de esta forma podremos tener relaciones laborales
equilibradas, acuerdos entre trabajadores y empleadores que
favorezcan el real desarrollo de nuestro país. Al equilibrar la
cancha en el ámbito laboral, las organizaciones de empleadores y
trabajadores podrán formular acuerdos que orienten las políticas
públicas, generando un verdadero diálogo social.
Implementaremospolíticasendiversasáreas,dentrodelascuales
destacaremos tres. Un primer grupo de políticas se orientan
TRABAJO
a emparejar la cancha entre los actores sociales, ampliando la
sindicalización y la negociación colectiva. Un segundo grupo
busca aumentar la participación laboral, la calidad del empleo,
los salarios (salario mínimo y pago de gratificaciones) y
aumentar la productividad. Un tercer grupo tiene la finalidad de
fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral, avanzando hacia
un cumplimiento efectivo de la ley laboral, y hacia políticas que
lleguen efectivamente a todas y todos los trabajadores.
Negociación Colectiva y Fortalecimiento de
la Actividad Sindical
Para reducir la desigualdad es necesario superar las diferencias
que existen en las relaciones entre trabajadores y empresarios.
Para aumentar los ingresos de los trabajadores es necesario
aumentar la productividad, para lo cual el presente programa
considera un conjunto amplio de materias y medidas, entre
las que destaca la reforma educacional y las transformaciones
al sistema de capacitación y formación para el trabajo. Sin
embargo, para aumentar los ingresos de los trabajadores también
es necesario aumentar su poder de negociación al interior de la
empresa.
Debemos fortalecer los sindicatos y realizar un conjunto de
modificaciones a la negociación colectiva que permita ampliar la
cobertura de trabajadores que pueden ejercer este derecho.
Como primer paso terminaremos a la brevedad con el uso
artificioso del multirut o razones sociales para efectos laborales,
lo que se ha traducido en limitaciones al ejercicio de derechos
laborales básicos de los trabajadores como los de sindicalización
y de negociación colectiva. Enviaremos una indicación al actual
proyecto que se encuentra en el Congreso. A pesar de tener RUTs
distintos, debe considerarse como una empresa a las firmas
cuando tengan un mismo controlador, se presten los mismos
servicios o se hagan productos similares y se tenga una dirección
laboral común.
Es necesario fortalecer el sindicato como sujeto de la negociación
colectiva. Vamos a impulsar una negociación colectiva con
titularidad sindical. Adicionalmente, se extenderán los
beneficios, de manera automática, al trabajador que se afilie al
sindicato que negoció el contrato colectivo.

93
Para impulsar y fortalecer los procesos de negociación
colectiva debemos antes informar a las trabajadoras y
trabajadores cuáles son sus derechos y deberes. Por este
motivo implementaremos acciones de formación ciudadana
sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en
el ámbito laboral, así como de los deberes, en particular el de
exigir un contrato formal.
Adicionalmente, para contar con una negociación colectiva
más técnica e informada es necesario establecer la normativa
que permita que el sindicato cuente con información
oportuna sobre la situación económica de la empresa, en
particular la información sobre el Estado de Resultados
y Balance General, que el empleador deberá entregar de
manera obligatoria.
También entendemos que para fomentar la negociación
colectiva debemos impulsar las organizaciones de
trabajadoras y trabajadores potenciando el programa de
formación sindical que existe en el Ministerio del Trabajo.
Estableceremos mecanismos de promoción sindical con
financiamiento público permanente y fondos concursables,
que permitan a las organizaciones y líderes sindicales tener
acceso a fondos de desarrollo y gestión sindical. Se debiera
poner especial énfasis en la sindicalización femenina,
los sindicalistas noveles o jóvenes, como asimismo en
programas de acercamiento de sindicatos a organizaciones
de la sociedad civil.
El actual Código del Trabajo establece un proceso de
negociación colectiva engorroso y complejo, que no favorece
ni facilita el acuerdo entre las partes. Modificaremos
estas normativas para introducir mejoramientos y
simplificaciones al proceso de negociación colectiva reglada,
otorgando capacidad y autonomía a las partes durante el
proceso de negociación.
El año 2000, entró en vigencia el Convenio OIT N° 87
sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicalización, ratificado por el Congreso Nacional. El país
ha sido notificado en distintas oportunidades tanto por
la OIT (2008 y 2012) como por Naciones Unidas (2004) en
cuanto a que la norma laboral de los reemplazos durante la
huelga constituyen un incumplimiento de este convenio y de
la libertad sindical. Avanzaremos en el respeto a la libertad
sindical conforme a las normas y convenios que Chile ha
ratificado en materia laboral.
Otra de las materias debatidas en el proceso de negociación
colectiva tiene relación con los beneficios obtenidos en
negociaciones anteriores. Avanzaremos para regular
que, considerando la situación económica de la empresa,
la negociación tenga como base las condiciones de la
negociación colectiva anterior.
No podremos potenciar las organizaciones sindicales si no
somos capaces de hacerlas más atractivas. Más participación
en los sindicatos debe ser sinónimo de mejores condiciones
para los trabajadores y mayores niveles de productividad.
Modernizaremos nuestra ley laboral para permitir la
ampliación de las materias que se puedan acordar en una
negociación colectiva con el empleador, cuando esto sea por
acuerdo de las partes, teniendo los resguardos para asegurar
la representatividad de los sindicatos.
Adicionalmente, avanzaremos en un nuevo marco legal que
contenga el Estatuto del Temporero y la Actividad Agrícola
de Temporada, que consagre la protección a los trabajadores
y trabajadoras del mundo rural.
Respecto de la protección a la libertad sindical, debemos
fomentar y facilitar la actividad de estas organizaciones,
para lo cual una de las áreas a estudiar es que los permisos
sindicales deberían ser ampliados y de cargo de la empresa,
en particular, los que se utilizan para labores de educación y
capacitación sindical y otras actividades propias de la labor
sindical.
Tenemos que ser conscientes que, aunque tengamos
implementadas las medidas anteriores, todavía existirá un
grupo importante de trabajadores, en particular los menos
calificados que laboran en empresas más precarias, que
no accederán a negociaciones en igualdad de condiciones.
Por ello los ingresos del trabajo, salario más políticas pro
empleo deben converger a un monto que permita superar
la pobreza. Impulsaremos consultas a las organizacionales
nacionales de empleadores y trabajadores, junto con la
creación de una instancia técnica de carácter tripartita e
integrada además por especialistas, que asesore al Gobierno

en el reajuste del salario mínimo. Esta comisión deberá presentar
un informe público que analice el mercado del trabajo. Durante
la transición, dentro de los márgenes del crecimiento previsto, el
reajuste al ingreso mínimo debe alcanzar los $250.000 a mediados
del próximo período presidencial.
Respecto a las condiciones laborales de los trabajadores de casa
particular, que es un grupo especialmente desprotegido y de bajos
ingresos, avanzaremos en la ratificación de los compromisos
internacionales sobre trabajo decente para trabajadores y
trabajadoras domésticas y así otorgar valor y dignidad a la
importante función que cumplen estas personas en nuestra
sociedad.
Para lograr la plena efectividad de las medidas propuestas,
debemos fortalecer las instituciones de fiscalización y control de la
aplicación de la legislación laboral y de la protección de los derechos
individuales y colectivos de los trabajadores y de los empleadores.
Impulsaremos el rediseño institucional y modernización de
la Dirección del Trabajo, dotándola de mayores atribuciones,
mejorando sus capacidades técnicas e identificando funciones
claves en su organización interna, potenciando la especialización
en temas de género. Adicionalmente, estableceremos un
Sistema de Certificación de Buenas Prácticas Laborales que
considere incentivos, reconocimientos, distinciones, asistencia al
cumplimiento normativo, entre otros mecanismos promocionales,
que se establezca sobre la base de un modelo objetivo y consensuado
en que se evalúen los niveles de calidad del trabajo y de prácticas
empresariales.
Además, debemos avanzar hacia una cultura que previene, controla
y reduce los riesgos laborales, implementando una Política Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo que incorpora activamente a los
actores y moderniza la institucionalidad.
Fomento a la Participación Laboral
Debemos aumentar el número de chilenas con empleo. Sólo 5 de 10
chilenas tiene trabajo, este número cae a 3 de cada 10 mujeres en
el 60% de los hogares más pobres. Queremos llegar a los niveles de
los países desarrollados donde 6 de cada 10 mujeres tiene empleo.
Estos empleos deben ser formales, con todos sus beneficios, y
con salarios justos que no presenten una brecha entre hombres y
mujeres.

95
Para aumentar la ocupación femenina en empleos formales
elevaremos la cobertura del subsidio al empleo femenino llegando
al 60% de hogares de menores ingresos. Esto implicará aumentar
sustantivamente las beneficiarias. Hoy el universo potencial de
mujeres que puede beneficiarse, que están trabajando asalariadas
y pertenecen al 40% más desvalido son del orden de 350 mil, al 60%
pasaríamos a cerca de 550 mil.
En nuestro país el peso del cuidado de los hijos cuyos padres
trabajan recae sólo en las mujeres. Para evitar esta discriminación
negativa eliminaremos el artículo 203 del Código del Trabajo que
impone tener una sala cuna en las empresas con 20 ó más mujeres.
Para cubrir los costos de las salas cunas, crearemos un fondo
solidario - constituido con aportes de trabajadores, empleadores y
del Estado- que financiará un sistema universal de cuidado infantil
y estimulación temprana para todos los hijos e hijas de trabajadores
y trabajadoras. De este modo, eliminaremos el mayor costo de
contratación que pesa hoy sobre las mujeres por este concepto y
aseguraremos igual bienestar para todos los niños y niñas.
El Estado no puede quedar atrás en el objetivo de aumentar la
participación laboral femenina, para esto incorporaremos acciones
afirmativas para la contratación femenina dentro de las políticas de
selección del Sistema de Alta Dirección Pública. Una mayor equidad
en el sector público, se espera que induzca al sector privado en la
misma dirección.
Capacitación para el Desarrollo y Seguro de
Cesantía
El sistema de capacitación vigente, regresivo respecto de la
asignación de recursos e ineficiente en el logro de sus objetivos,
enfrenta una crisis que hace patente la necesidad de una reforma.
No resulta razonable que gracias a una franquicia tributaria especial,
lasempresasfinancienlacapacitacióndesustrabajadores,mientras
que quienes están cesantes, enfrentan procesos de reconversión o
buscan trabajo por primera vez no tengan esa misma oportunidad.
Sabemos que conseguir trabajo no es fácil, muchas veces sólo se
logra a través de un “contacto”. Chile necesita un nuevo sistema
de intermediación y capacitación laboral, que apoye a todos
quienes tengan problemas de inserción en el mercado de trabajo
en el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad, con
particular foco en aquellos que presentan una situación de mayor
vulnerabilidad. El nuevo sistema integrará servicios de información
y orientación, diagnóstico de empleabilidad, apresto laboral,
certificación de competencias laborales y capacitación.
Complementariamente, se desarrollarán programas de
capacitación especializados para aquellos segmentos de población
con dificultades particulares para acceder al empleo. Uno de los
focos prioritarios serán los jóvenes de 15 a 19 años que no estudian
ni trabajan, que junto con quienes desertarán de la educación media
en los próximos años pertenecen mayoritariamente a los primeros
dos quintiles de ingreso. El programa de capacitación de jóvenes
buscará entregar capacitación y prácticas laborales a 150.000
jóvenes en el período 2014-2018, junto con nivelación escolar y
vinculación a la educación superior.
Las mujeres también serán un grupo prioritario para las políticas
de capacitación. Desarrollaremos un programa destinado a mujeres
que no están insertas en el mercado laboral, a quienes se les
ofrecerá acompañamiento y recursos para optar por una formación
que las habilite para ingresar al mercado de trabajo o por acciones
de apoyo al microemprendimiento. Este esfuerzo beneficiará a
300.000 mujeres en el período 2014-2018, de las cuales 40.000
recibirán capacitación para que desarrollen sus propios proyectos
productivos.
Para enfrentar el conjunto de programas y desafíos descritos se
requiere implementar un importante proceso de modernización
y fortalecimiento del SENCE. Separaremos las funciones de
fiscalización, de administración y de los recursos asignados a
la capacitación laboral. Incorporaremos a los actores sociales
en la formulación y evaluación de las políticas de formación,
fortaleciendo el sistema de acreditación de los centros que
optan a recursos públicos para proveer servicios de capacitación.
Adicionalmente, eliminaremos los programas que no muestran
impacto en materia de empleabilidad, remuneraciones y tienen
problemas de focalización, y reorientaremos sus recursos hacia
trabajadores con mayores dificultades de inserción laboral.
Impulsaremos un conjunto de perfeccionamientos al Seguro de
Cesantía. Evaluaremos ajustes en el esquema de financiamiento
del seguro, generando incentivos para los empleadores que
registran menores niveles de rotación laboral de sus trabajadores.
Potenciaremos el rol contra cíclico del seguro (otorgando mayor
protección a los trabajadores cesantes, especialmente cuando
se hace más difícil encontrar empleo). Además, estudiaremos el
aumento del uso del componente solidario del seguro, favoreciendo
conello,enespecial,alostrabajadoresdeclasemedia.Realizaremos
un esfuerzo importante de difusión de los beneficios del seguro.

PENSIONES
En el ámbito del Sistema de Pensiones, gracias a la
Reforma Previsional de 2008, hoy 450.000 hombres
y 750.000 mujeres son beneficiarias del Sistema de
Pensiones Solidarias. En total cerca de 1.200.000
personas han accedido a este sistema que devolvió
al Estado su rol de garante de la Seguridad Social,
entregando a todas y todos la seguridad de envejecer
sin temor a quedar desamparados frente a la invalidez.
Si a la pensión contributiva, se suman los beneficios
del sistema de pensiones solidarias, se aumenta
sustantivamente la denominada tasa de reemplazo,
en especial, de los beneficiarios pertenecientes a los
primeros quintiles de ingreso.
Asimismo, se aumentó la cobertura previsional
de grupos vulnerables como jóvenes, mujeres y
trabajadores independientes, y se implementaron
numerosos perfeccionamientos al Sistema de
Capitalización para aumentar su competencia,
disminuir sus costos y fortalecer el Ahorro Previsional
Voluntario.
Sin embargo, tenemos importantes desafíos. Existe
un importante descontento respecto de la calidad
de las pensiones, ya que luego de años de esfuerzo
en el mercado laboral, los trabajadores ven como el
nivel de la pensión que reciben, no se condice con
sus expectativas, es decir, es muy bajo el monto de su
pensión.
Dar una solución satisfactoria a estos temas requiere
un análisis riguroso, responsable con los ciudadanos
y profundizar en su diagnóstico. Adicionalmente, la
credibilidad del sistema de capitalización individual
se ve aminorada por la existencia de ganancias extra-
normales de las AFPs.
Otra materia corresponde a las altas tasas de evasión
y elusión de las cotizaciones entre los asalariados, las
que varían según sector económico, región geográfica,
género y oficio del afiliado.
En Chile existe un amplio consenso de que es necesario
revisar el sistema de pensiones. Por ello en los primeros

99
100 días de Gobierno, encargaremos un estudio sobre
el Sistema de Pensiones a un equipo de expertos
nacionales e internacionales, para que propongan
alternativas de solución frente a estos problemas.
Sin perjuicio de lo anterior, respecto del Sistema de
Pensiones Solidarias, avanzaremos en las siguientes
medidas:i)lascuentasdeafiliadosquenohanalcanzado
niveles de ahorro para autofinanciar una pensión sin
apoyo solidario deberán ser administradas en un fondo
de bajo riesgo; ii) asociaremos al pilar solidario con
programas de Protección Integral del Adulto Mayor,
que incluya protección y envejecimiento activo, como
medidas destinadas a generar seguridades en los
ingresos de los adultos mayores; iii) una vez otorgada
la Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez este será un
beneficio que no esté sujeto a cambios coyunturales de
la situación socioeconómica del pensionado; iv) que los
pensionados con PBS de invalidez automáticamente
pase a contar con la PBS de vejez a partir de los 65
años; v) hacer extensiva la asignación por muerte a
la totalidad de los adultos mayores que tienen PBS y
a los beneficiarios de APS con saldo cero en su cuenta
individual en su totalidad.
Adicionalmente, una vez aprobada la reforma
tributaria la que permitirá contar con nuevos recursos
permanentes equivalentes a 3% del PIB en régimen,
se avanzará en cambios paramétricos que aumenten
los beneficios y la cobertura del Sistema de Pensiones
Solidarias.
Respecto del funcionamiento del Sistema de
Capitalización Individual: i) en los primeros 100 días de
Gobierno se enviará al Congreso un proyecto de ley que
crea una AFP estatal, que permita mayor competencia
de precios, la atención preferente de grupos de la
población de menor interés para las AFP existentes,
como los trabajadores independientes, de menores
rentas y quienes laboran en zonas apartadas de los
grandes centros urbanos; ii) fortaleceremos el Fondo
de Educación Previsional para la difusión y educación
sobre las tasas de reemplazo que potencialmente
obtendrán del sistema distintos grupos de la población,
abriendo un debate sobre cuál es la meta factible
y razonable para el sistema de pensiones chileno,
atendiendo, entre otras materias, la realidad de los
países con nuestro nivel de desarrollo; iii) estudiar la
introducción de tecnologías informáticas de uso público
que reduzcan los costos de tránsito de los afiliados
cuando optan por cambiarse de AFPs, y; iv) promover
en diferentes instancias de participación ciudadana, el
fortalecimiento de la educación e información sobre
los derechos y deberes de la seguridad social, y en
particular sobre materias previsionales.
También se continuará mejorando la cobertura
(afiliación, cotización) y ahorro en el sistema
contributivo. La Reforma Previsional de 2008 generó
la obligatoriedad de cotización para los trabajadores
independientes remunerados por medio del pago de
honorarios. Lamentablemente, en los últimos años no
se avanzó adecuadamente en esta materia, en especial,
en lo relativo a la educación previsional de este grupo
de trabajadores. Por esto, revisaremos la gradualidad
de incorporación de los trabajadores independientes
y de los instrumentos de recaudación que tomen en
cuenta la precariedad de sus rentas.
Fortaleceremos la Dirección del Trabajo en materia de
fiscalización del pago de las cotizaciones previsionales,
mejorando la coordinación interinstitucional de esta
tarea, que involucra a reparticiones con diferentes
dependencias, ampliando el monitoreo de metas y
revisando el sistema de multas y fortaleciendo la
justicia especializada en la cobranza previsional
Fortaleceremos los mecanismos de ahorro previsional
voluntario para generar una cobertura más amplia de
la clase media y de menores ingresos.
Adicionalmente,seaumentaránlosrecursosdestinados
a la educación previsional, fundamental para dar a
conocer a la ciudadanía sus derechos y deberes en
materia de ahorro para vejez y pensiones, así como la
comprensión de las instituciones que se ocupan de una
sociedad de rápido envejecimiento.

102
En toda sociedad democrática es necesario contar con un ambiente
seguro, entendido éste como el respeto colectivo entre los ciudadanos
en su convivencia.
La seguridad es una de las principales necesidades que demanda
la población, ya que afecta directamente su calidad de vida.
Dichas necesidades son diversas en la medida que corresponden
a dinámicas locales por lo que requieren de respuestas territoriales
descentralizadas y adaptadas a cada una de las particularidades de
los entornos específicos en que se producen. Debemos plantearnos
nuevas reformas que nos permitan ponernos al nivel de países
desarrollados en reducción del delito.
La experiencia que hemos acumulado como país, nos muestra que la
prevención es mucho más eficiente en la lucha contra la delincuencia
que la disuasión mediante penas u otros mecanismos afines.
Prevención
Elaboraremos un Plan de Gobierno para el período 2014- 2018
denominado “Seguridad para Todos”. Revisaremos el marco
institucional existente que permita facilitar el rol municipal en
materia de seguridad ciudadana y de cooperación con la policía y la
justicia.
Crearemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito una Unidad
Técnica de apoyo a los municipios. Impulsaremos el Programa “Juntos
más seguros” de apoyo a comunas vulnerables y barrios críticos. Este
programa deberá ejecutarse de manera conjunta por policía, gobierno
central, municipio y mesas comunales de participación ciudadana.
Extenderemos el programa 24 Horas a 25 comunas del país que dan
origen a cerca de 50% de los ingresos de niños, niñas y adolescentes
a unidades policiales por razones de infracción y vulneración. En los
primeros 100 días de Gobierno anunciaremos las 11 nuevas comunas
que se sumarán al programa 24 horas.
Fortaleceremos la atención de salud mental a través de los centros
comunitariosdesaludmental(COSAM)creandoequiposespecialmente
destinados a estos fines, en las comunas más vulnerables del país, en
conjunto con el Ministerio de Salud.
SEGURIDAD CIUDADANA
Violencia de Género
Duplicaremos el número de las Casas de Acogida para proteger a las
víctimas de violencia grave y a sus hijos(as), llegando a 48 en todo
el país y aumentaremos los Centros de la Mujer en las comunas con
mayores índices de violencia.
Reforzaremos el programa de atención inmediata del Ministerio
Público para víctimas de violencia intrafamiliar que implica contactar
a la víctima en 24 horas y adoptar medidas protección dentro de las
primeras 48 horas como máximo, y así cubrir el 100% de casos de
denuncias de violencia intrafamiliar.
Crearemos al interior de 150 comisarías del país las denominadas
salas de familia, que serán atendidas por funcionarios llamados al
servicio, de modo de no afectar el desvío de personal activo policial
destinadas a la atención de casos de violencia intrafamiliar y temas de
niños niñas y adolescentes como programa 24 horas.
Capacitaremos a policías, Poder Judicial y al sector salud en la
sensibilización de la problemática de la violencia de género para
mejorar la eficiencia, eficacia y acogida de las familias.
Desarrollaremos un programa nacional de formación de monitoras
comunitarias –dirigentas sociales- en materias de violencia de
género. Incluiremos el tema de la violencia de género y la resolución
no violenta de conflictos, en los textos y programas de educación pre
básica y escolar, en la malla curricular de las carreras de educación, y
de la escuela de formación de carabineros y policías.
Drogas
Respecto del Consumo, adicionaremos a las campañas
de prevención de consumo abusivo de drogas y alcohol, aquellas
orientadas al consumo abusivo de psicofármacos, para que manejen
claramente los riesgos del consumo no supervisado por un médico.
Aumentaremos la cobertura de la prevención selectiva escolar en
1.000 establecimientos de educación básica y media bajo el programa
denominado “Liceo Libre de Droga”.

103
Crearemos el Programa Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad
quepermitaatenderlasnecesidadesdeniñosyadolescentesquehayan
desertado del sistema escolar en estas comunas más vulnerables del
país, que los habilite a una reinserción plena al sistema tradicional.
Revisaremos la ley 20.000, entregando el conocimiento de las faltas
consideradas en esta norma, ya no a la justicia penal, sino a los
Juzgados de Policía Local. Entregaremos a la potestad reglamentaria
de ejecución, la determinación de los niveles o cuantía de droga que
debe considerarse constitutiva de micro tráfico y, consecuentemente,
aquella que le está permitido portar a una persona para su consumo
personal inmediato en el tiempo. Revisaremos el Reglamento que
considera a la marihuana en la lista 1) entre las drogas más peligrosas.
Respecto de la Prevención, aumentaremos la cobertura de la
prevención selectiva escolar en 1.000 establecimientos de educación
básica y media bajo el programa denominado “Colegio Libre de
Droga”, con una cobertura de 15.000 niños y adolescentes de alto
riesgo, incluyendo a su familia si así se pudiese.
Concentraremos la prevención en la alta vulneración social (comunas
vulnerables y barrios críticos); es decir, en quienes tienen alta
probabilidaddeconsumodedrogas.Setratadeprogramaspreventivos
selectivos en estas poblaciones (5.000 cupos, que hoy no existen).
Respecto del Tratamiento, duplicaremos la cobertura de
tratamiento de drogas, ambulatorio y residencial, para población
adulta masculina y femenina mayor de 20 años. Triplicaremos la
cobertura de tratamiento de población adulta masculina y femenina
mayor de 20 años con programa de detección temprana de consumo
de riesgo y problemático e intervención breve. Reforzaremos los
tratamientos para población adolescente menor de 20 años, que AUGE
no cubre (casos más complejos).
Adicionalmente, mejoraremos la gestión de los programas dirigidos
a adolescentes menores de 20 años con consumo problemático de
drogas y alcohol. Focalizaremos y ampliaremos la oferta y cobertura
para mujeres , para lo que se propone aumentar la cobertura para
aquellas que tienen hijos menores de 5 años y que puedan permanecer
con ellos durante el tratamiento.
También impulsaremos un Plan Nacional contra el Narcotráfico que
incorpore fortalecimiento de vigilancia en fronteras, en aduanas, en
puertos; trabajo conjunto de especialización de los Fiscales y Policías;
fortalecer las capacidades operativas de fiscales y policías en la lucha
contra el narcotráfico; incrementar el uso de la inteligencia financiera
en temas de lavado de activos, así como la cooperación internacional.
Dotaremos de adecuado sustento institucional a los Tribunales de
Tratamiento de Drogas, y extenderemos su competencia a diversos
casos.
Persecución Penal
Revisaremos y mejoraremos los mecanismos legales de rendición de
cuentas públicas previstos en las leyes orgánicas respectivas tanto de
la gestión administrativa, presupuestaria y sustantiva del Ministerio
Público y las policías.
Promoveremos la creación de una Comisión Nacional de Política
Criminal y Persecución Penal, convocada por el Ministerio Público,
e integrando también a las policías, Gendarmería y Ministerios de
Justicia e Interior, destinada a apoyar la elaboración de una política de
persecución penal de carácter bi-anual.
El Ministerio Público está enfrentando una delicada situación
institucional que impide desarrollar al máximo su potencialidad en la
persecución de los delitos, tanto por la carga de trabajo que enfrenta
como por los nuevos desafíos que surgen de formas más complejas
y sofisticadas de delincuencia que enfrenta nuestro país. Dotaremos
al Ministerio Público de los recursos necesarios para fortalecer la
persecuciónpenaldedelitoscomplejosenespecialaquellosqueafectan
a grupos extensos de la población, vinculados a crimen organizado y
los que dañan la estabilidad y credibilidad del sistema económico.
Mejoraremos la tramitación de causas masivas de menor complejidad
(baja y mediana), por medio de la instalación a nivel regional de
Unidades de Análisis Delictual. Fortaleceremos los controles internos
sobre la calidad de las investigaciones, la estandarización de criterios
y procedimientos; y el cumplimiento de las políticas generales de
persecución penal.
Adicionalmente, revisaremos la Ley Orgánica del Ministerio Público y
enviaremosunproyectodeleyalCongresoconelobjetivodeflexibilizar
su diseño, de manera de permitir un funcionamiento más eficaz de
la institución en materia de persecución de los delitos, coordinación
interinstitucional y estructura organizacional. Fortaleceremos los
procesos de capacitación de fiscales y funcionarios del organismo.

El Ministerio Público personifica el interés estatal, y por ende
público, en la persecución oficial de los hechos constitutivos
de delito, lo que resulta de la mayor importancia tratándose
de fenómenos criminales que se caracterizan por la afectación
masiva (delincuencia de “cuello blanco”). También tratándose de
fenómenos de criminalidad más tradicionales, es imprescindible
que el ejercicio de la acción penal se encuentre radicado en un
órgano que personifique el interés público. Por ello, fortaleceremos
la capacidad de las agencias vinculadas al proceso penal (Ministerio
Público, y policías) para dar atención oportuna, tratar de manera
digna, entregar información de calidad y proteger a las víctimas.
Adicionalmente, crearemos un Servicio Público Descentralizado de
Apoyo a Víctimas -radicado en el Ministerio de Interior y Seguridad
Pública- que asuma la dirección de los Centros de Atención de
Víctimas, y lidere de Red de Atención a Víctimas. Aumentaremos
la oferta programática estatal de la red de atención a víctimas,
respecto de la atención médica, psicológica y de apoyo a víctimas
de delitos violentos y de otra naturaleza que generen consecuencias
graves.
Desde el inicio del nuevo sistema procesal penal, un cuello de botella
para su funcionamiento ha sido la capacidad de los organismos
auxiliares (Servicio Médico Legal, Instituto de Salud Pública,
Laboratorios Policiales, etc.). Realizaremos una modernización y
fortalecimiento de los servicios auxiliares que tienen por función
producir evidencia científica para el sistema.
Policía
Hoy se requiere de estrategias policiales diversificadas,
especializadas y focalizadas, adaptadas a las necesidades locales,
en las cuales la mirada local y situacional, deben ser el eje del
trabajo. Enviaremos al Congreso dentro de los primeros 100 días
de Gobierno el proyecto de ley para aumentar la dotación a 6.000
de nuevos carabineros a razón de 1.500 por año, y aumentar los
denominados llamados al servicio. Aumentaremos la dotación de la
Policía de Investigaciones en 1.200 nuevos funcionarios.
Incrementaremos la descentralización del trabajo policial en
el territorio, creando un protocolo de coordinación policía –
municipio. Lograremos una mayor permanencia de los comisarios
en sus cargos a fin de que puedan realizar un trabajo más efectivo y
de largo plazo.

105
Impulsaremos fuerzas de tareas policiales abocadas principalmente
al desbaratamiento de redes de narcotráfico, y presencia de armas
en los barrios críticos y poblaciones vulnerables. Consolidaremos
el acercamiento a la comunidad organizada potenciando el Plan
Cuadrante 2.0, que implique no sólo un reforzamiento logístico de
los planes en actual ejecución (150 municipios), sino un proceso
de reingeniería que asegure resultados demostrables y duraderos,
entregando mayor protección a amplios sectores de la población,
particularmente pertenecientes a sectores medios y vulnerables.
Revisaremos y reforzaremos los programas de entrenamiento
y formación policial, los programas de especialización y de
formación continua del personal de ambas policías. Reforzaremos
los Departamentos o Unidades de Análisis Criminal, tanto en
Comisarias como en Brigadas de Investigación Criminal, con
personal civil y profesional.
Sistema Penitenciario
Debe promoverse una política penitenciaria integral, cuyo eje sea
la rehabilitación y reinserción social. Crearemos una Comisión
Biministerial (integrada por Ministerio de Interior y Seguridad
Pública y Justicia) de modo de evaluar funcionamiento de las
cárceles concesionadas. Avanzaremos en la construcción de nuevos
recintos penitenciarios, de manera de disminuir el porcentaje
de hacinamiento que actualmente asciende a 38% (19.000 plazas
faltantes).
Estableceremos el carácter público del provisionamiento de
programas de reinserción y rehabilitación en las cárceles, ya sea
que se trata de un establecimiento de administración directa
(pública) o concesionado. Aumentaremos la oferta programática
de reinserción que incluyan los ámbitos tradicionales (educación,
laboral, salud física y mental), y programas específicos (conductas
violentas, adicciones, grupos y pandillas, entre otros).
Mejoraremos la cantidad y proporción de técnicos y profesionales
que trabajan directamente con la población penal.
Implementaremos un sistema nacional de clasificación y
segmentación de la población penitenciaria. Impulsaremos
un programa nacional de profesionalización y capacitación del
personal de Gendarmería, que incorpore materias de diversidad y la
no discriminación.
Justicia Penal de Adolescentes
Definiremos una Política Nacional de Reinserción Social de Adolescentes
y crearemos el Primer Sistema Estadístico y de Indicadores deI Sistema
Penal de Adolescentes. A partir de la división del actual Servicio Nacional
de Menores (SENAME), crearemos el Servicio Nacional de Reinserción
Social de Adolescentes, entidad pública especializada y altamente
calificado que asuma responsabilidad directa, en coordinación con las
demás agencias del Estado, por el proceso de reinserción social de cada
adolescente infractor. Respecto la otra función de SENAME, la protección
de menores en situación irregular, quedará radicada en el Servicio
Nacional de Protección de Menores, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.
Especializaremos todos los órganos de la justicia penal de adolescentes
(policía, jueces, fiscales y defensores), mediante su capacitación y
formación profesional, la creación por ley de incentivos de carrera para la
dedicación exclusiva o preferente, y la orientación de metas e indicadores
hacia el favorecimiento del proceso de reinserción y el respeto de los
derechos y garantías de los adolescentes.
Revisaremos el modelo de atención y la oferta de centros privativos de
libertad de adolescentes, mejorando su impacto en reinserción social.
Reformaremos las sanciones alternativas a la cárcel y las medidas
alternativas al proceso, asegurando su cumplimiento efectivo e idoneidad.
Gestión e Información
La Subsecretaría de Prevención del Delito deberá generar un sistema
de evaluación y auditorías. Se creará además un consejo de expertos
independientes y representativos de todos los sectores que orienten el
accionar de la Unidad.
Desarrollaremos un Banco Nacional de Proyectos en materia de
prevención y control de la violencia y la criminalidad. Pondremos en
marcha el sistema unificado de indicadores de seguridad.
Crearemos indicadores transversales de seguridad y convivencia en las
políticas públicas, por ejemplo, a nivel de diseño de espacios públicos y
vivienda. Desarrollaremos encuestas de “violencia y convivencia”, para
registrar otras realidades delictivas, más allá del delito de oportunidad
más común (delitos contra propiedad principalmente).

JUSTICIA
En un Estado democrático de derecho, el sistema de
administración de justicia tiene como una de sus misiones
fundamentales constituirse en un mecanismo de garantía
y protección frente a las situaciones de abuso e injusticias a
las cuales puede verse enfrentada gran parte de la ciudadanía.
En el actual momento de nuestro país esto conlleva dos
preocupaciones fundamentales: la primera, consiste en
asegurar la independencia de los jueces; la segunda, consiste
en garantizar un genuino acceso a la administración de
justicia, de la que hoy se encuentran, en los hechos, privados
importantes sectores sociales.
Durantelosprimerosveinteañosdelosgobiernosdemocráticos,
se desarrolló en Chile un vigoroso proceso de reforma judicial,
que incidió ante todo en los ámbitos procesal penal, laboral
y de familia. Sin embargo, el sistema judicial y los múltiples
servicios vinculados al sector justicia, pueden hacer un mayor
esfuerzo para la atención de grupos vulnerables, así como
de la clase media. Lamentablemente, para la mayor parte
de la población, los servicios y las posibilidades de defensa
de derechos que el sistema judicial ofrece son percibidos
todavía lejanos, quedando en muchos casos sin la posibilidad
de ejercerlos, situación que dificulta la cohesión social que
nuestro país requiere, y que estimula el ambiente de desapego
de la población respecto de las instituciones, escenario que es
nuestra obligación revertir.
Todo lo anterior nos insta a redefinir una nueva y consistente
agenda de modificaciones en el ámbito de justicia que se
constituya en una guía para los años que vienen, sobre la base
de un gran objetivo: un real acceso a justicia para todos.
En este contexto, impulsaremos un Nuevo Sistema de
Asistencia Jurídica para Chile. El objetivo de un nuevo
sistema de asistencia jurídica debe ser asegurar servicios
jurídicos preventivos, de asesoría en asuntos jurídicos y
de representación en juicio, para personas que no pueden
financiarlos total o parcialmente, de una calidad equivalente
a los que se pueden procurar las personas que cuentan con los
recursos para ello.
Trabajaremos conjuntamente con el Poder Judicial en el
desarrollo de una Justicia de Calidad, como una política
de Estado, de desarrollo gradual, evaluando las mejoras a
introducir en los ámbitos del sistema judicial que ya han sido

109
objeto de reformas y continuando con aquellas que demanda
el Chile de hoy. Al respecto, impulsaremos la discución en
torno al gobierno judicial, con una amplia participación de
este poder. También sobre una carrera judicial alineada con
nuevos incentivos, de modo que responda a la diversidad y
complejidad de los cambios que Chile demanda en acceso a la
justicia, transparencia, rendición de cuentas y equidad.
Continuaremos adelante con el proceso de Reforma a la Justicia
Civil, con un horizonte de mediano plazo, promoviendo, un
reordenamiento de competencias, tanto a nivel local como
de jueces de letras; propiciando una revisión del sistema de
ejecución, particularmente en áreas tan sensibles como el
cobro de pensiones alimenticias y de cotizaciones previsionales
impagas; propiciando la revisión del sistema de ejecución y;
revisando el proyecto de ley propuesto para el nuevo Código
Procesal Civil. Como resultado de un nuevo mapa de las
competencias de la Justicia Civil debemos hacernos cargo del
diseño de una nueva judicatura, priorizando la creación de
una nueva justicia local verdaderamente independiente de los
gobiernos comunales.
En otra área, nos haremos cargo de implementar una reforma
al Sistema de Notarios, Conservadores de Bienes Raíces y
Archiveros, cuya institucionalidad es anacrónica, y se organiza
como una fuente de excesivo lucro personal, no asignado en
razón de mérito, que además provee servicios muchas veces
ineficientes y de alto costo para la ciudadanía. Debemos
organizarlos verdaderamente como un servicio público para
las personas, sujeto a estándares de transparencia y calidad,
que resguarden la fe pública en forma eficiente, accesible y
responsable.
Particular atención nos merece la revisión de la normativa
referida a la protección de personas en situación de
vulnerabilidad o discriminadas. Al respecto, un ámbito
prioritario lo constituye la promoción del derecho de cada niño
y niña a crecer en el seno de un hogar familiar que resguarde
adecuadamente sus derechos y asegure su bienestar, y sólo
transitoriamente bajo la protección del Estado, impulsando
una profunda reforma en materia de adopción, que racionalice
sus etapas y plazos. Otra iniciativa relevante será eliminar
discriminaciones contra la mujer, sustituyendo la sociedad
conyugal por una comunidad de bienes, fundada en la igualdad
y en la protección del patrimonio familiar; consagrando en
todo matrimonio una responsabilidad común y efectiva frente
a las deudas familiares; y, modificando la regulación de la
compensación económica.
Dentrodelámbitodelaproteccióndelasfamiliasylaeliminación
de discriminaciones propiciaremos una regulación legal que
permita, sin discriminación, proteger patrimonialmente a los
convivientes que no opten por el matrimonio u otra forma de
regulación civil, en particular al menos favorecido en términos
patrimoniales o previsionales, en caso de ruptura o muerte.
El Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), propuesto por el actual
gobierno, es insuficiente y no constituye un mecanismo
de solución “integral” a los problemas de las uniones
heterosexuales y homosexuales. Por ello, para las parejas que
no optan por el matrimonio propiciaremos una regulación
alternativa, que otorgue derechos y protección integral a
los convivientes en sus relaciones mutuas personales y
patrimoniales. Sin perjuicio de esto, como lo establecemos en
el capítulo de Igualdad y no Discriminación, convocaremos a un
debate abierto, con participación amplia para la elaboración y
posterior envío de un proyecto de ley de matrimonio igualitario.
Otra área que merece nuestra atención se refiere a prevenir y
sancionar todo abuso y violencias en las relaciones familiares.
Dentro de ella, buscaremos se sancione directamente
el incumplimiento de medidas de protección en caso de
violencia intrafamiliar y que el delito de maltrato habitual
sea debidamente juzgado, y apoyaremos la capacitación de
funcionarios judiciales y de la policía en derechos humanos de
la mujer, así como la generación de protocolos de entrevista que
eviten la reiteración injustificada de los hechos de violencia.
En el ámbito del Derecho Penal, impulsaremos una revisión
integral de la legislación penal vigente, sin perjuicio de lo cual
nos haremos cargo de reformas urgentes, especialmente en
el ámbito de los delitos económicos, frente a la premisa de
superar el paradigma de una legislación anclada en una visión
clasista y estereotipada de la delincuencia. La sanción penal de
la colusión constituye un claro ejemplo en esa línea.
Por último, dentro de la agenda de Justicia para los próximos
años, debemos considerar los temas de Derechos Humanos,
impulsando la creación de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y del Ombudsman o Defensor del Pueblo.

DESCENTRALIZACIÓN,
TERRITORIO Y
DESARROLLO

114
DESCENTRALIZACIÓN
Una de las mayores desigualdades que
enfrentamos en el país es de carácter territorial.
Son demasiadas las decisiones sobre aspectos
importantes para el desarrollo de las regiones que
se toman en Santiago. También son demasiado
distintas las oportunidades que enfrentan las
personas dependiendo del lugar donde nacen
y residen. Debemos incorporar a todos los
ciudadanos y ciudadanas por igual, tanto a la
construcción como a los beneficios del desarrollo,
independientemente del lugar donde vivan. Esto
exige una efectiva descentralización. Necesitamos
los aportes de las regiones al país. Necesitamos
cerrar las grandes diferencias de bienestar y de
oportunidades entre regiones y comunas de Chile.
Si no lo hacemos, no alcanzaremos un desarrollo
inclusivo.
En la década pasada Chile desarrolló una política
de fomento de cadenas productivas o clusters
sobre la base de cinco sectores (acuícola, minería,
sector alimentario, servicios globales y turismo
de intereses nacionales). En todos ellos tenemos
ventajas comparativas y buenas perspectivas de
crecimiento. Necesitamos retomar este camino,
fomentar más competitividad y diversidad
productiva. Por ello debemos restablecer y
potenciar la política de clusters, basada en una
fuerte cooperación y diálogo entre el ámbito
público y el privado. Dichos clusters deben ser
definidos en función de la vocación productiva
de cada región. Impulsaremos una Agenda
de Descentralización con un cronograma de
iniciativas coherentes, integradas y viables,
que sin alterar la organización político-
administrativa del país, transfiera a las regiones
mayores grados de poder. Se trata de avanzar
en una descentralización efectiva que incluya la
representación política, planes de desarrollo e
inversiones, fortalecimiento del capital humano
y mayor respaldo a las zonas extremas y los
territorios con estatutos especiales.
Vamos a potenciar las oportunidades económicas
de las regiones de Chile y lo haremos con: más
descentralización; mayores competencias
regionales para la gestión financiera; más
recursos de inversión, y con un fuerte acento en
los recursos humanos y el aliento a los talentos
en las regiones.
Institucionalidad: Representación y
Gestión de los Gobiernos Regionales
En el plano político, nuestra convicción es que
cada región debe elegir a las autoridades que
representan mejor los anhelos, sueños y proyectos
de la comunidad. Si hoy se eligen alcaldes,
parlamentarios y Consejeros Regionales, ese
mecanismo debe extenderse a la máxima autoridad
regional, hoy su intendente o intendenta.
Nuestro compromiso es dotar al gobierno
regional de autonomía política y administrativa
especialmente en las materias relacionadas con el
desarrollo y competitividad del territorio.
En los primeros 100 días de Gobierno crearemos
una Comisión Asesora Presidencial para el
Desarrollo Regional que propondrá un cronograma
de traspaso de atribuciones y competencias y los
contenidos específicos de las actividades a ser
traspasadas, las materias de financiamiento,
la gradualidad de la implementación y la
identificación precisa de los cambios normativos
que se requerirán a partir de las medidas descritas.
La Comisión estará compuesta por un grupo
de expertos en materia de descentralización
y desarrollo territorial, representativos de
distintas sensibilidades políticas, que reciba en
audiencia a todas las entidades de la sociedad
civil, académicas, gremiales, internacionales y los
expertos, que deseen entregar propuestas sobre
estas materias.
El desarrollo económico regional contará con
los mecanismos, atribuciones y recursos para

115
desplegarse, buscando una eficaz cooperación
público privada para fortalecer la competitividad
del territorio y la inclusión social y económica de
sus habitantes. Por ello, un foco central del proceso
estará puesto en el traspaso de competencias en
materia de desarrollo productivo e innovación, el
que deberá estar acompañado por recursos para
su fortalecimiento. A nivel regional se crearán
Programas Tecnológicos de Inversión, con la
participación de las universidades regionales
que superen la segmentación de la oferta pública
existente y sean coherentes con la recuperación de
la política de clusters. La institucionalidad regional
en esta materia será un reflejo de la nacional,
para lo cual crearemos los Consejos Regionales
de Innovación y Competitividad, herederos de las
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. De
manera conjunta, se fortalecerán los Comités de
Innovación de las regiones. Adicionalmente, para
las regiones será relevante la existencia de los
Centros de Desarrollo Empresarial que ofrecerán
acciones de formación y fortalecimiento en
materia de gestión a las empresas de menor
tamaño.
Para apoyar este proceso, la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (SUBDERE) contará con
mandato especial. Estableceremos en la SUBDERE
una unidad especializada de descentralización, la
que impulsará, coordinará y evaluará el proceso de
descentralización y transferencia de facultades y
competencias a regiones, así como el traspaso de
Servicios Públicos, proceso que será paulatino y por
grupos de regiones. Ello se desarrollará mediante
el fortalecimiento y entrega de atribuciones a la
actual SUBDERE. Al mismo tiempo, se establecerá
un organismo destinado a coordinar y apoyar
la planificación y decisiones de los gobiernos
regionales, que incluya el monitoreo de planes
regionales plurianuales de desarrollo económico,
social y productivo generados en acuerdo con
los ministerios sectoriales involucrados. Los
planes regionales tendrán un carácter obligatorio
y constituirán el marco bajo el cual los recursos
públicos apoyarán, a través de inversiones y gasto
corriente, la materialización de una visión de
desarrollo territorial integrada y de largo plazo.
Para dar curso al fortalecimiento de la
descentralización y el desarrollo de las regiones
se incrementará el gasto público regional y se
generará información presupuestaria regional
que incluya una desagregación regional de
los presupuestos ministeriales, en aquellas
asignaciones que sean efectivamente de este
carácter. De esta forma, las regiones y el país
sabrán exactamente los recursos con que van a
contar, y ciudadanos y ciudadanas podrán exigir
a sus gobiernos regionales si estos fondos no son
utilizados en forma eficiente. Adicionalmente, es
necesario traspasar al Gobierno Regional aquellos
bienes necesarios para su funcionamiento.
En el plano de la inversión, en todas las regiones
del país se crearán mecanismos de incentivos
destinados a estimular la concreción de
inversiones relacionadas con el asociativismo
regional o comunal, de manera de incentivar esta
práctica en materias de interés común. Además,
crearemos un Fondo de Convergencia Regional
para disminuir brechas y apoyar el desarrollo de los
territorios más rezagados en materia de desarrollo
socioeconómico. Al mismo tiempo, mejoraremos
los criterios de composición y asignación del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
y disminuiremos las provisiones para traspasar
estos recursos al presupuesto de inversiones. El
FNDR se enmarcará en la estrategia de desarrollo
regional con un sentido estratégico y de futuro.
Se deberán realizar los cambios normativos
necesarios para establecer las condiciones
que permitan que los Gobiernos Regionales
tengan relaciones más estrechas de cooperación
con las Municipalidades de la Región para
el cumplimiento de objetivos comunes o
complementarios, incluyendo presupuestos de
inversión. La participación de las Municipalidades

en la Elaboración de las Estrategias de
Desarrollo Regional (EDR) y en el Plan Regional
de Ordenamiento Territorial (PROT) debe ser
obligatorio, e igualmente la asesoría del GORE
en la Elaboración de los Planes de Desarrollo
Comunal (Pladecos) para asegurar la coherencia
de las inversiones locales y regionales.
Adicionalmente, realizaremos las modificaciones
tendientes a mejorar los mecanismos de
participación, transparencia y control ciudadano
regional. Al mismo tiempo, contaremos con un
sistema adecuado de incentivos, transparencia y
rendición de cuentas que brinde seguridad jurídica
a los agentes públicos en las regiones y al nivel
central del Estado responsable de la disciplina
fiscal. El Ministerio del Interior (SUBDERE)
y los gobiernos regionales establecerán los
mecanismos de consulta, planificación y
rendición de cuentas a la comunidad, así como
las reglas de transparencia de la gestión regional.
Por otra parte, resulta fundamental que cada
región cuente con un sistema de estadísticas que
permita registrar el comportamiento en todos
los ámbitos de intervención de los gobiernos
regionales y posibilite el establecimiento de líneas
base, información para el diseño, seguimiento
y evaluación de políticas y programas, y para
establecer los indicadores que permitan
objetividad en las rendiciones de cuentas.
Recursos Humanos
Crearemos estímulos para atraer y retener
personas calificadas, como también para

117
incentivar la migración a regiones desde Santiago
e incluso desde el extranjero, tanto en el ámbito
laboral como académico. En la misma línea,
extenderemos el Sistema de Alta Dirección Pública
a cargos regionales, con el consecuente atractivo
de remuneraciones.
Las universidades regionales deben ser las mejores
socias del Gobierno Regional para impulsar el
desarrollo del territorio. La Reforma Educacional
promoverá que en cada región exista una oferta
de educación superior y técnico profesional de
calidad. Generaremos incentivos y oportunidades
para que los jóvenes de esas regiones que salen a
estudiar afuera, regresen a trabajar a sus lugares
de origen, igual como buscamos que quienes salen
a estudiar sus postgrados fuera del país regresen a
Chile a trabajar.
Como se indicó, crearemos don nuevas
universidades Públicas Estatales Regionales, en las
regiones de O´Higgins y Aysén. Adicionalmente,
crearemos Centros de Formación Técnica públicos
en cada región, ligados a una Universidad Pública.
Se instalarán incentivos, a través de la Reforma
Educacional, para que las universidades regionales
cuenten con un elenco académico de excelencia
y se establecerán y apoyarán procesos para
garantizar mínimos de acreditación por carreras
de universidades públicas regionales, de tal suerte
que el Estado garantice la generación de capital
humano para el desarrollo de las regiones.
Impulsaremos una nueva relación entre las
universidades públicas y los gobiernos regionales
que asegurará que las políticas de investigación,
docencia y extensión colaboren con los planes
de desarrollo productivo, sociales y culturales
de las regiones y sirvan a los propósitos que la
ciudadanía y su gobierno regional han definido.
Para ello, a través de la Reforma Educacional,
incorporaremos el mecanismo de Fondos Basales
para las universidades públicas en función del
fomento de la producción de bienes públicos en
espacios regionales y macro regionales.
Zonas Extremas y Territorios con
estatutos especiales
Las chilenas y chilenos que viven en territorios
apartados tienen derecho a contar con estándares
de vida similares al resto de la población, para lo
cual es necesario enfrentar las diferencias en el
costo de vida, las dificultades en conectividad, el
acceso a los servicios de educación y salud, entre
otros factores.
Por ello, en los primeros 100 días de Gobierno
presentaremos el Plan Especial de Desarrollo de
Zonas Extremas para las regiones de Magallanes,
Aysén y Arica y Parinacota, que les dará un impulso
potente de crecimiento y desarrollo. Además,
hay zonas del país que se encuentran rezagadas
respecto del desarrollo del resto y que requieren
apoyo para surgir. Un ejemplo de estos casos es
la zona de Arauco. Para eso, presentaremos un
Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados,
que requieran impulso en materia de pobreza,
desempleo, infraestructura pública, conectividad
y capacidades productivas de esas zonas.

120
CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO
Nuestras ciudades son la expresión construida
de nuestras desigualdades. Viviendo en un
lugar u otro de nuestras ciudades, se abren muy
diferentes oportunidades. Si asumimos que la
buena ciudad es un derecho de todos, no podemos
seguir construyéndola con las mismas diferencias
que hay en los ingresos. El Estado debe ordenar el
acceso a los bienes urbanos para todos.
Las ciudades deben ser equitativas y justas. No
importa en el barrio donde alguien viva, todas las
personas, en todos los barrios, deben tener calles
en buen estado, viviendas decentes, transporte
público adecuado, ciclovías y espacios peatonales,
plazas y parques.
Las ciudades deben estar integradas socialmente.
Hay espacios de nuestras ciudades que son
testimonio de un notable progreso y parecen
barrios de países desarrollados. Queremos que
ese atractivo y a veces deslumbrante progreso, lo
disfrute todo nuestro país y no unos pocos.
La construcción de la ciudad debe considerar la
democracia y la participación. En todo nuestro
territorio hay personas y grupos que se sienten
atropellados por lo que para otros es el progreso.
En la ciudad se expresan intereses económicos,
materias del bien común frente a aspiraciones
individuales o de grupos, lo que exige democracia
y participación.
Calidad del Espacio Público
No queremos más desigualdad en los bienes
públicos. Queremos que las personas
pertenecientes a grupos vulnerables y de sectores
medios puedan disfrutar de un espacio público de
calidad. Crearemos en el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo el Plan “Chile Área Verde”, que
incorpora un Programa de Parques y Áreas
Verdes. Este incluirá como una de sus principales
iniciativas, la priorización de 30 comunas de
intervención a lo largo de todo el país, el que
representa un aporte significativo a la calidad de
vida de las familias. En los primeros 100 días de
Gobierno anunciaremos estas 30 comunas. En este
desafío avanzaremos reactivando el programa de
parques urbanos y modificándolo normativamente
para facilitar su administración, tanto en la etapa
de construcción como de mantención de los nuevos
parques.
Desarrollaremos un Programa de Mejoramiento
de Plazas, en el marco del Plan “Chile Área
Verde”, que permita generar un alto estándar de
calidad material de estos espacios, respecto de:
juegos infantiles, mobiliario, diseño paisajístico,
iluminación, rejas de protección, entre otros
aspectos.
Implementaremos el Plan Chile Accesible el
que consistirá en intervenciones en centros
cívicos que realmente permitan a las personas
discapacitadas desplazarse y acceder a estos
espacios, incorporando la mejora de rebajes, guías
de avance seguro, despeje de aceras y mejoras
de cruces. Consolidaremos centros cívicos en
comunas vulnerables, con espacios peatonales, un
centro cultural y la mejora del edificio consistorial,
con diseños de primer nivel, acordes a la geografía,
clima e identidad de la región.
Para proyectos inmobiliarios y de infraestructura
de escala mayor estableceremos las normas
y procedimientos para que estén obligados a
resolver su impacto urbano y no solo su impacto
vial, como hoy. Para esto, se guiarán por una
metodología de “impacto urbano” del MINVU a fin
que sus construcciones influyan positivamente en
la calidad de vida de las ciudades en los aspectos
patrimoniales, viales, culturales, económicos
y ambientales, lo cual también contempla la
definición de nuevos estándares de calidad
en la ejecución de áreas verdes, luminaria y
equipamiento.

121
Crearemos un programa especial de conservación
de la vialidad urbana para zonas metropolitanas y
fomentaremos el uso de modos no motorizados de
transporte, por sus positivos impactos en la salud,
la descongestión y descontaminación de nuestras
urbes. Estableceremos una política y programas
que mejore la accesibilidad en las ciudades para
los peatones. Además, como lo establecemos en
el capítulo de Transportes y Telecomunicaciones
implementaremos un Plan Maestro de inversiones
en Ciclovías y otros modos de transporte no
motorizado, a nivel nacional, tanto para las
ciudades como en zonas rurales.
Para materializar una redistribución de la vialidad
urbana, que incorpore a ciclistas y peatones,
reformularemos los manuales de diseño vial y de
tránsito existentes.
Crearemos programas de Escuelas Abiertas, para
que estas se abran a la comunidad en actividades
deportivas, recreativas y culturales, y programas
focalizados de prevención de drogas.
Barrios y Vivienda
Hoy resulta necesario restablecer una política
urbano habitacional que garantice equidad e
integración social, continuando con lo realizado
en el período 2006-2010. El haber implementado
una exitosa política habitacional, nos permite
hoy tener una mirada objetiva pero crítica, lo que
nos motiva no sólo a realizar las correcciones
en los programas de subsidios que se estiman
indispensables, sino que además a enriquecerlos,
siempre orientados a satisfacer las necesidades de
vivienda, pero poniendo acento en la calidad de ésta
y la de los barrios en los que se sitúan. Junto con
lo anterior, cabe también plantearnos el desafío
de generar nuevos programas habitacionales y de
subsidios destinados a atender requerimientos
de la ciudadanía que hoy no tienen respuesta o
ayuda del Estado, en especial, para aquellos que
ya tienen casa, pero que sus condiciones de vida
están afectadas gravemente por el deterioro de
sus viviendas y barrios y, para los que están en
condiciones de ruralidad, revisando la normativa
sanitaria, que impide su materialización.
Podemos señalar que el restablecimiento,
ampliación y mejora de algunos programas y la
creación de otros nuevos, vendrán acompañados
de un gran desafío de gestión, entregando un rol
muy importante al Estado en la búsqueda de los
objetivos de equidad e integración, permitiendo
mejorar las condiciones de vida de miles de
chilenas y chilenos, pertenecientes a sectores
vulnerables y sectores medios.
Hoy existen muchos chilenos que viven en extensos
barrios con un nivel de deterioro que no les permite
tener una vida digna para ellos y sus familias, por
ello llevaremos adelante planes de regeneración
urbana integral en territorios deteriorados, donde
no sea posible recuperarlos urbana y/o socialmente
con obras de mejoramiento.
En los primeros 100 días de Gobierno, definiremos
y anunciaremos los 200 barrios en donde
concretaremos la segunda parte del programa
Quiero Mi Barrio, integrando también el Fondo
Solidario Elección de Vivienda, que busca recuperar
espacios públicos en zonas marcadas por el
deterioro urbano y la vulnerabilidad social desde
un enfoque integral, que articule a los diversos
órganos públicos y privados que deben trabajar en
conjunto para ello. Pondremos énfasis en el trabajo
con las organizaciones locales incorporando desde
su inicio a las Juntas de Vecinos y estableciendo
metas conjuntas con los Centros de Desarrollo
Vecinal.
Ligado a la iniciativa anterior, aplicaremos el
Programa de Protección al Patrimonio Familiar
(PPPF), que financia la reparación y mejoramiento
de las viviendas, al menos a los 200 barrios

identificados. De esta manera la recuperación de
barrios y comunidades se realizará de manera
integral, actuando “de la puerta hacia adentro”,
como “de la puerta hacia afuera”.
Haremos una revisión y cambios en los programas
de subsidios que hoy existen para la clase media,
a efectos de extender su uso, ya que una parte
importante de la integración de la ciudad tiene
que ver con que los sectores medios puedan
ser destinatarios de las políticas urbano-
habitacionales. Además, crearemos un nuevo
subsidio destinado a mejorar espacios comunes
o hacer reparaciones en viviendas de sectores
medios.
En la actualidad se ha perdido una línea de
atención especial para campamentos, que
debe ser restablecida, para realmente terminar
con los que viven en esta indigna condición, por
ello elaboraremos un Plan de vivienda para los
campamentos que hoy aún existen en Chile.
Vamos a financiar desde el Estado un programa
masivo de esterilización para mascotas y nos
comprometeremos con la labor de educar a nuestra
ciudadanía en la tenencia responsable de animales
de compañía. Para esto, dictaremos el reglamento
correspondiente a la ley 20.380, sobre protección
de animales. Creemos que el Estado debe ser parte
del compromiso con el cuidado y protección de
los animales, poniendo los recursos para resolver
un tema que tiene que ver con su bienestar, pero
también con la salud pública.
Como una medida de protección a la clase media
y sectores vulnerables, estableceremos una
normativa que obligue a las empresas
constructoras, a entregar a cada condominio el
conjunto de especificaciones técnicas, los planos,
el listado de proveedores y los subcontratistas de
especialidades del inmueble vendido. Esto debe
realizarse, junto al contrato de compraventa y
al momento de solicitar a la dirección de obras
del municipio el certificado de recepción final.

123
El incumplimiento de esta disposición será
penalizada con sanciones severas.
Institucionalidad
Con el propósito de velar por la política de
infraestructura urbana y la coordinación en su
ejecución, dotaremos de una institucionalidad
permanente a la Comisión Interministerial
de Ciudad, Vivienda y Territorio. Estará
integrada por los ministros de Vivienda, quién
la presidirá, de Obras Públicas, de Transporte y
Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales y el
Subsecretario de Desarrollo Regional.
Avanzaremosdecididamenteenlaimplementación
de la agenda institucional, surgida de la Política
Nacional de Desarrollo Urbano, importante
esfuerzo técnico alcanzado por el Estado de
Chile. Entre otras materias esta Política señala
un conjunto de iniciativas que vincula el trabajo
del Gobierno Central con los niveles regionales
y comunales, transfiriéndoles a estos últimos
competencias, recursos y responsabilidades.
Política de Suelos
La Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda
y Territorio elaborará una política de suelo con
medidas legales, reglamentarias y de gestión
que permitan garantizar que el Estado acceda a
suelos públicos y privados de calidad, integrados
socialmente con la ciudad y que permitan
desarrollar en ellos distintas intervenciones
urbanas y habitacionales.
El Ministerio de Bienes Nacionales contará con
nuevas competencias, recursos e instrumentos
legales que le permitirán proveer de terrenos para
proyectos de los distintos ministerios. La gestión
pública del suelo estará al servicio de la gestión
urbana y habitacional.
Garantías Territoriales
Definiremos los estándares de equidad urbana
aplicables a la evaluación de políticas, planes
y programas, que permitirá contar con mapas
regionales de línea base, que ilustrarán la situación
actual de las déficit existentes en las comunas
vulnerables del país en materia de calidad de vida.
Sobre la base de los déficits de calidad de vida se
elaborarán planes de inversión multisectorial, en
que distintas carteras se responsabilizarán del
diseño y la ejecución de la inversión para reducir
las brechas.
Participación Ciudadana
Impulsaremos un Plan de Ordenamiento
Territorial, que permita establecer un nuevo
equilibro entre los requerimientos del
crecimiento económico, las necesidades de
las comunidades y el respeto y cuidado por el
medio ambiente. Equilibrio que debe nacer de la
participación y voluntad de los ciudadanos, de
manera descentralizada en el territorio, frente a
la localización de infraestructuras energéticas,
plantas agrícolas contaminantes, carreteras o
la extensión desmedida de bosques productivos
sobre suelo agrícola y comunidades indígenas.
Ampliaremos la participación ciudadana en la
planificación territorial y local. Se requiere pasar de
una participación informativa, a una participación
dialogante y protagonista, en donde la voz de de los
representantes locales realmente sea escuchada e
integrada a las decisiones de políticas públicas.

126
MEDIO AMBIENTE
La desigualdad también se expresa en el medioambiente.
El deterioro ambiental y la contaminación afectan con
mayor severidad la calidad de vida de la población más
vulnerable. Tenemos el deber de cambiar esta realidad.
La sustentabilidad exige no sólo equilibrar crecimiento
económico y protección ambiental, sino también, hacerlo
con equidad social. Este será el eje de nuestra gestión:
lograr mayor equidad ambiental.
Enmateriaambientalhemosavanzado.Enelperíodo2006-
2010, cuando estaba presente con fuerza la demanda de
mejores fórmulas de protección ambiental, las respuestas
buscadas se orientaron a aquello que se estimó era el paso
inicial de un “nuevo trato ambiental”: crear una nueva
institucionalidad y regulación ambiental que entregara
mayor jerarquía política al tema medioambiental.
Resultado de ello fue la creación del Ministerio del
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental
y la Superintendencia del Medio Ambiente. Asimismo,
se sentaron las bases para la creación de una judicatura
especializada que tuvo como resultado la creación de los
Tribunales Ambientales.
Hoy el desarrollo sustentable que nuestra ciudadanía
reclama, implica un actuar decidido del Estado para
conservar el patrimonio natural y cultural, hacer un uso
racional de los recursos, impulsar una mejor calidad
de vida y generar una visión y ocupación equilibrada y
equitativa de los territorios, atendiendo la voz de nuestra
gente que legítimamente exige mayor participación en las
definiciones sobre los proyectos que inciden en su calidad
de vida o que alteran zonas de gran valor ecológico.
Un nuevo y activo rol del Estado inspirado
en la equidad ambiental y el bien común
El desarrollo sustentable al que aspiramos requiere un
nuevo y activo rol del Estado. El Estado no puede renunciar
a su obligación de propiciar un desarrollo sustentable
y por ello debemos entregarle las herramientas
necesarias para adoptar decisiones en beneficio de la
sustentabilidad y del bien común, en forma preventiva
y correctiva. Reconocemos el aporte a la sustentabilidad
que crecientemente realiza el sector privado, pero no es
suficiente. El Estado está llamado a ser el protagonista en
la solución a la desigualdad y ello requiere mucho más que
generar marcos regulatorios. El Estado requiere facultades
respecto de la propiedad y gestión de los recursos naturales
estratégicos y no renovables.
El Estado debe abordar el ordenamiento territorial, en
un proceso amplio y convocante, donde como sociedad
definamos aquello que estamos disponibles a incentivar
en nuestros territorios, con una mirada integral que
contemple lo ambiental, social y económico.
En materia de fortalecimiento institucional, es necesario
evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron
a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental
en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los
cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos,
organizaciones y empresarios, una institucionalidad
validada desde el punto de vista técnico. Asimismo,
reforzaremos la Superintendencia del Medio Ambiente
dándole presencia organizada en cada región del país.
También es clave enfrentar las consecuencias del cambio
climático que, como sabemos, implica impactos para
nuestro país. Debemos generar políticas consistentes y por
ello fortaleceremos el rol del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad que impulsará políticas y regulaciones con
eje en la sustentabilidad y en concordancia con medidas
para hacerse cargo de los efectos del cambio climático.
Participación Ciudadana, Descentralización
y Ordenamiento Territorial
ComoseindicóenelcapítulodeCuidad,ViviendayTerritorio
impulsaremos un Plan de Ordenamiento Territorial,
con participación ciudadana, que permita establecer un
nuevo equilibro entre los requerimientos del crecimiento
económico, las necesidades de las comunidades y el
respeto y cuidado por el medio ambiente. Adicionalmente,

127
la experiencia nos ha demostrado lo fundamental que
resulta integrar la dimensión socio-ambiental en el
proceso de toma de decisiones. Las comunidades no
cuentan con información y recursos suficientes para hacer
frente a las situaciones ambientales de sus territorios.
Por ello, estableceremos los mecanismos institucionales
y recursos para la entrega efectiva de orientación,
mediación y defensa ambiental ciudadana, que facilite la
solución de problemas ambientales locales. Para aquellas
comunidades potencialmente afectadas por un proyecto
sometido a evaluación ambiental, diseñaremos una
instancia de apoyo técnico para analizar y entender las
implicancias de la eventual instalación de esa actividad, y
para facilitar una participación informada en la evaluación
ambiental. Asimismo, avanzaremos en el diseño de
nuevos mecanismos de participación, garantizando
una mayor descentralización pues las realidades de los
distintos territorios requieren respuestas acordes con sus
particularidades.
Sabemos que parte importante de los conflictos socio-
ambientales que existen en nuestro país tienen su origen
en la ausencia de definiciones respecto del territorio
y sus destinos, y donde las visiones de sus habitantes
han sido escasamente consideradas. Debemos abordar
el ordenamiento territorial en un proceso amplio y
convocante. Aquello que estamos disponibles a incentivar
en nuestro territorio, con una mirada integral que
contemple lo ambiental, social y económico, esto es una
mirada de sustentabilidad.
Recursos Naturales y Agua
Estamos llamados a establecer una nueva relación con
nuestros recursos naturales, fuente de nuestra riqueza,
donde el eje esté en aprovecharlos adecuadamente y
no en agotarlos. El Estado, sobre la base de criterios
de sustentabilidad, jugará un rol decisivo respecto de
nuestros recursos naturales y su relación con actores
privados y públicos.
El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las
aguas como bien nacional de uso público.
La actividad minera debe ajustarse a las nuevas exigencias
socio-ambientales y debemos mostrar al mundo que
nuestra vocación por la sustentabilidad nos impulsa a
establecer los mejores estándares. El Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad deberá establecer los lineamientos
de política para hacerse cargo de este objetivo.
Cambio Climático
Debemos configurar nuestra gestión ambiental en forma
coherente con la importancia del desafío que implica el
fenómeno del cambio climático. El Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad debe pasar a denominarse
“Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el
Cambio Climático”. Este órgano debe elaborar, con la
máxima celeridad posible, un nuevo plan nacional de
cambio climático con una visión transversal e integrada,
en adaptación, mitigación de impactos y creación de
capacidades, orientando las medidas adoptadas hacia una
economía baja en carbono que beneficiarán doblemente
a Chile: aportarán tanto a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero como a la calidad del aire que
respiramos en Chile y a la calidad de vida de los chilenos.
Nuestra meta, como mínimo, es cumplir el compromiso
de emisiones de gases de efecto invernadero, asumido por
Chile el 2009 en la XV Conferencia de las Partes de Cambio
Climático.
Biodiversidad,ÁreasProtegidasyPatrimonio
Naciones Unidas y la OCDE tienen en el centro de
sus preocupaciones y acciones la protección de la
biodiversidad pues su pérdida es alarmante y constituye
una amenaza para el desarrollo. Chile no puede estar
ajeno a esta tarea siendo un país con una gran riqueza de
biodiversidad que está amenazada. Debemos ser capaces
de integrar el enfoque de protección de biodiversidad en
forma transversal y para ello es indispensable fortalecer
la investigación científica sobre ella, en alianza con
nuestras universidades, centros de investigación, el
Estado, el sector privado y las redes internacionales.

Completaremos la reforma ambiental iniciada en el
período 2006-2010, dando cumplimiento a la ley que
creó el el Ministerio del Medio Ambiente, tramitando el
proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas, que definirá las categorías de protección
y establecerá los rangos de prohibiciones y limitaciones
de actividades para cada una de ellas, fortaleciendo la
protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe
a las áreas protegidas. Evaluaremos la aplicación de la
Ley de Bosque Nativo y estudiaremos una solución al
estatuto jurídico que debe tener CONAF. En materia de
transgénicos, abordaremos de modo participativo una
política nacional de bioseguridad cumpliendo nuestros
compromisos internacionales y elevando al Congreso su
discusión.
Ciudad y Territorios Sustentables con Buena
Salud y Calidad de Vida
Tenemos la obligación de avanzar en mecanismos para
mitigar los efectos crónicos de la contaminación en la
salud. Aceleraremos la elaboración y revisión de normas
de emisión de aire así como de normas de calidad. Nuestros
planes y medidas de prevención y descontaminación, que
hoy pueden ser fiscalizados por la Superintendencia del
Medio Ambiente, requieren inventarios de emisiones que
debemos afinar y actualizar.
En materia de ruidos aplicaremos y perfeccionaremos
la normativa que se vulnera con mucha frecuencia, y
exigiremos su cumplimiento con firmeza.
En materia de olores tenemos herramientas que

129
nos permiten actuar desde ya, pero iniciaremos
aceleradamente el proceso de elaboración de la normativa
pendiente.
Sobre residuos, daremos prioridad a proponer y tramitar
una ley general de residuos. No soluciona el tema la
normativaparcialydispersaquetenemoshoy.Requerimos
una ley integral. Buscaremos eliminar las barreras que hoy
existen para que se puedan aplicar las mejores tecnologías
disponibles y ya probadas en el mundo.
La participación de la sociedad civil y representantes
de diversas áreas tanto académicas como técnicas,
participarán en la elaboración de una Política de
Calefacción Sustentable, que entre otras materias, aborde
el uso residencial de la leña en Chile.
Una Sociedad Responsable
Impulsaremos un plan nacional de gestión de situaciones
graves de contaminación existente, con la más amplia
participación. Propondremos un plan integral para
disminuir, hasta erradicar, la grave exposición a sustancias
y pesticidas tóxicos que existan en aquellos territorios de
grave exposición o con graves efectos heredados.
Asimismo, se elaborarán planes especiales y
comprometerán recursos para comunidades que han sido
profundamente afectadas por los costos ambientales,
para mejorar la situación sanitaria de estas zonas, junto
con un programa prioritario especial de fiscalización de
la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), para los
proyectos emplazados en las zonas más afectadas por
cargas ambientales.
Producción limpia, cuentas ambientales,
educación ambiental, ciencia y tecnología
Promoveremos la inversión y la operación de un
observatorio de mejores tecnologías disponibles y las
mejores prácticas ambientales para generar las bases de
una producción limpia y sustentable, profundizando los
incentivos al cumplimiento, reconociendo a las empresas
responsables y apoyando especialmente a la pequeña y
mediana empresa en el cumplimiento ambiental.
El sector público exigirá buenas prácticas ambientales, y
preferirá productos amigables con el medio ambiente.
AvanzaremosenunPlanNacionaldeCuentasAmbientales,
para que ejerciendo las facultades que entregamos
al Ministerio del Medio Ambiente, éste coordine la
elaboración y construcción progresiva de las cuentas
ambientales, incluidos los activos y pasivos ambientales, y
la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales
del país.
Reforzaremos los contenidos de educación ambiental
tanto en los programas de educación formal en los
distintos niveles, como en la capacitación y sensibilización
para distintos estamentos y grupos. Realizaremos
decididos esfuerzos de investigación para enfrentar los
desafíos de la sustentabilidad. Generaremos consorcios
multi-institucionales (gobierno-academia-sectores
productivos-ciudadanía) para abordar los problemas
ambientales más relevantes.

132
Resultan indudables los avances alcanzados en
materia cultural a partir del retorno de la democracia.
En una primera etapa, los esfuerzos se orientaron a
reparar a nuestros creadores y artistas. Avanzamos
paulatinamente en darle forma a la institucionalización
del sector, pasando desde la División de Cultura
del Ministerio de Educación hasta la creación del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Asimismo,
reestablecimos y aumentamos, año a año, los recursos
públicos destinados a cultura.
En el período 2006 - 2010, se concretó el mayor
crecimiento presupuestario de la historia en el sector,
con un incremento de más del 100%. Lamentablemente,
en los últimos cuatro años esta tendencia se detuvo con
un exiguo crecimiento de sólo 4%, lo que ha implicado
en la práctica el congelamiento del presupuesto
sectorial. Hoy para el Estado chileno, la cultura tiene
menor importancia que hace cuatro años.
A pesar de los avances, persisten importantes déficits,
en particular respecto de la desigualdad en el acceso
de la población a las obras y servicios culturales y
patrimoniales y el desigual reconocimiento de las
culturas y creaciones locales, además de la desigualdad
en el acceso a la formación y educación en las artes y
la necesidad de perfeccionar nuestra institucionalidad
cultural, para hacernos cargo de los nuevos desafíos.
Los chilenos en democracia han relevado a la cultura
comounfactorfundamentaldesuexistenciaydesarrollo
social. Las comunidades culturales demandan así un
incremento sustantivo de la acción del Estado para
fortalecer y profundizar un Chile de personas libres,
pluralista, tolerante y capaz de terminar con las
desigualdades y las discriminaciones, donde se viva la
diversidad cultural, las relaciones pluriculturales y el
cultivo de la memoria.
Garantizar el acceso al arte y la cultura
Fortaleceremos el acceso a la cultura y las artes,
especialmenteencomunasconmenoresoportunidades.
Para esto, implementaremos un sistema que facilite y
financie a la red pública de infraestructura cultural, así
como a entidades privadas, planificar e implementar
una adecuada programación de obras y Servicios
Culturales y patrimoniales, en barrios y comunas del
país, facilitando el encuentro con la oferta cultural de
calidad.
Apoyaremos el funcionamiento de aquella
infraestructura cultural que desarrolle una función
pública en los niveles nacional, regional o comunal,
estableciendo condiciones para su viabilidad. Para
alcanzar este objetivo, estableceremos convenios de
colaboración entre el Ministerio de la Cultura y los
administradores de esta infraestructura. Además,
promoveremos la difusión y el conocimiento de la
cultura y tradición de norte a sur y la de nuestros
pueblos originarios, para que esa tradición viva en
cada rincón de nuestro territorio.
Crearemos un Fondo que permita acceder a los
recursos básicos para el fomento de la participación
y organización de las personas en torno a iniciativas
culturales comunitarias que contribuyan a la
integración social y al fortalecimiento de la identidad y
diversidad cultural.
Para las comunas y localidades más pequeñas y
retiradas, que presentan mayores problemas de acceso
a los bienes culturales, crearemos un programa de
pasantías, residencias y voluntariado para que artistas,
cultores y gestores culturales de todas las disciplinas
se instalen al menos durante 3 meses a desarrollar
programas y actividades culturales en diálogo y
coordinación con sus habitantes.
CULTURA

133
Crearemos un Programa de fomento y difusión del arte
y las culturas de los pueblos indígenas, con el objeto
de rescatar, promover y difundir el arte de nuestros
pueblos originarios mediante diversas iniciativas
vinculadas a las diversas disciplinas y tradiciones.
Crearemos bibliotecas regionales en aquellas regiones
en que no existen y fortaleceremos la red de bibliotecas
públicas escolares, preescolares, y de la educación
superior como también de sus colecciones con una
presencia destacada de la producción local.
Pondremos en marcha una nueva política nacional
de museos, que les permita financiarse y mejorar su
gestión y contenidos que ofrecen a la ciudadanía.
Adicionalmente, desarrollaremos una política sobre
cultura digital, que nos permita aprovechar de mejor
manera el desarrollo tecnológico, para, por una parte,
ampliar las posibilidades para las políticas públicas
de fomento a la creación cultural y, por la otra,
democratizar, promover y facilitar, de mejor manera,
el acceso a bienes culturales por parte de la ciudadanía.
Cultura y Formación
Implementaremos como política nacional el desarrollo
de talentos artísticos juveniles, para lo cual crearemos
15 nuevos centros juveniles de cultura, con ello
generaremos una red de 20 centros. Estos centros
culturales buscarán brindar a los jóvenes con talento en
las artes, especialmente los de menos oportunidades,
un espacio de excelencia para su perfeccionamiento.
Con esta red funcionando en régimen, más de 25.000
jóvenes accederán anualmente a una experiencia
formativa. En los primeros 100 días de Gobierno, se
identificarán las ciudades en las cuales se instalarán
los nuevos centros, junto con la elaboración del plan
anual de implementación.
Adicionalmente, se creará un programa para niños de
enseñanza básica pertenecientes a establecimiento
subvencionados, con talento sobresaliente en
disciplinas artísticas.
Crearemos el Programa Nacional de Desarrollo
Artístico dirigido a niños de pertenecientes a
establecimientos de educación básica subvencionada,
orientado a la creación de una red nacional de coros,
cuerpos de baile. Adicionalmente, aumentará la
cobertura cobertura de las orquestas juveniles a nivel
de enseñanza básica.
Fortaleceremos el subsistema de escuelas artísticas de
Educación General, propendiendo a su mejoramiento
académico, de infraestructura y equipamiento; y a
asegurar su sustentabilidad en el tiempo. Junto con
esto, estableceremos una comisión de expertos para el
análisis de curriculum, metodologías de aprendizaje
y evaluación docente, para proponer los cambios
necesarios de la actual enseñanza formal del arte
en el nivel de educación general. Adicionalmente,
perfeccionaremos e implementaremos el plan
nacional de la lectura, para estudiantes de Educación
General.
Crearemos un nuevo programa para el Arte y la
Cultura, al interior de la jornada escolar completa,
para el desarrollo artístico y creativo, de carácter
masivo, que a partir de las experiencias del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, ofrezca formación
en los diversos lenguajes artísticos desde la primera
infancia.
Crearemos el Plan Nacional de Lectura y una Política
Nacional del Libro que haga de Chile un país de
lectores y lectoras desde la primera infancia.

Financiamiento y Fomento del Arte y la
Cultura
En cuatro años duplicaremos los recursos destinados a
cultura en el Presupuesto de la Nación.
Aumentaremos el financiamiento de los programas de
fomento del arte y la cultura, para dar un impulso a las
industrias culturales y a lo que hoy se llama “economía
creativa”. Generaremos un Plan Nacional de Fomento de
la industria y Economía Creativa chilena. Como sustento
institucional crearemos el Comité de Coordinación de
Fomento de la Economía Creativa, presidido por el Ministro
de la Cultura, y representantes de ministerios de Agricultura
y Relaciones Exteriores, CORFO, SERCOTEC y SERNATUR.
Modificaremos y perfeccionaremos los Fondos de
Cultura y programas sectoriales. Entre otros aspectos,
implementaremos programas de financiamiento no
sujetos a concursabilidad en las distintas áreas creativas,
destinados al financiamiento de proyectos cuyas
importancia, envergadura, tiempos de ejecución u otras lo
ameriten.
Crearemos un programa de internacionalización en el
Ministerio de la Cultura “Chile país de Artistas”, con el
objeto de fortalecer y ampliar actuales esfuerzos, estimular
y apoyar la circulación internacional de las obras artísticas
de creadores nacionales, el conocimiento y valoración
internacional de nuestros artistas y cultores.
Estableceremos convenios de colaboración entre el
Ministerio de la Cultura y aquella infraestructura cultural
que desarrolle una función pública en los niveles nacional,
regional o comunal, destinado a dar sustentabilidad en el
largo plazo a dichas instituciones.
Institucionalidad
En los primeros 100 días de Gobierno enviaremos al
Congreso un proyecto de ley que crea el Ministerio de
Cultura y Patrimonio, que será una institución con
énfasis locales, que promueva la cultura, las artes y la

135
interculturalidad, para lo cual, presentaremos un proyecto
de ley al Congreso. Este Ministerio debe ser capaz de una
acción de dinámica, moderna y eficiente, manteniendo
y profundizando las estructuras participativas actuales y
generando nuevos espacios y metodologías de participación
de la sociedad civil; avanzando cualitativamente en
fórmulas de descentralización efectiva; incrementando las
responsabilidades en la incorporación de la cultura y las
artes en la educación.
Implementaremos políticas públicas que permitan asegurar
una adecuada protección y circulación de la producción
audiovisual, musical, así como del libro.
Introduciremos modificaciones al Consejo Nacional de
Televisión, incorporándolo al Ministerio de Cultura y
Patrimonio, ampliando sus atribuciones, manteniendo su
rol de regulador de la TV, enfatizando su rol de fomento
de la calidad de la industria televisiva, tanto a nivel de TV
abierta, pago, regional y comunitaria.
Enviaremos un proyecto de ley al Congreso para realizar
un conjunto de modificaciones en materia de televisión
pública. Se deben ampliar las facultades de TVN para un
cumplimiento efectivo de los objetivos asociados con la
misión pública que la ley le entrega. Al directorio se le
aplicarán los deberes y régimen de responsabilidades de los
directores de las Sociedades Anónimas y se debe imponer la
obligación al Directorio del canal público de dar cuenta de su
gestión una vez al año. TVN, debe incorporar financiamiento
público de manera sistemática, con el objeto de que pueda
producir bienes públicos socialmente valorados que los
privados no tienen obligación de producir.
En el nuevo escenario de TV Digital, el canal público debiera
desarrollar a lo menos dos frecuencias abiertas y gratuitas
adicionales. Una, la del canal 24 horas, actualmente sólo
en plataformas de pago, y otra para un canal educativo -
cultural. Son justamente estas iniciativas las que requieren
de un decidido apoyo del Estado.
Incorporaremos las políticas culturales regionales a las
estrategias de desarrollo regional y diseño de planes
comunales de cultura como parte de los PLADECOS, de
manera de generar coherencia y sinergia en el conjunto de
las políticas públicas territoriales.
Perfeccionaremos la legislación y fiscalización del
cumplimiento de los derechos laborales aplicables a los
distintos sectores de la cultura. Además, crearemos
un programa de “Buenas Prácticas Culturales”, con
sistematización de experiencias exitosas e intercambio de
estas experiencias.
Patrimonio
Crearemos un Programa de Recuperación Regional de
Infraestructura Patrimonial Emblemática. El programa
contempla como parte sustancial para las decisiones de
intervención la participación ciudadana en las comunas
en donde se realicen intervenciones. En los 100 primeros
días de Gobierno, comenzaremos la puesta en marcha de
un programa de recuperación regional de infraestructura
patrimonial emblemática en 4 regiones.
Diseñaremos e implementaremos un Programa Nacional de
Sitios, Zonas y Bienes chilenos declarados Patrimonio de
la Humanidad, el que deberá coordinar las acciones de los
MinisteriosdelaCultura,ObrasPúblicas,ViviendayUrbanismo,
Bienes Nacionales, Transportes y Telecomunicaciones, los
Intendentes y autoridades comunales, con el propósito de
contribuir eficazmente en la recuperación, preservación y
divulgación de esos patrimonios.
Crearemos un Fondo del Patrimonio cultural material e
inmaterial, con el objeto de financiar programas, iniciativas
y proyectos de investigación, identificación, registros, puesta
en valor, restauración, conservación, divulgación, y otras
medidas de salvaguardia, y educación en todos los ámbitos
del patrimonio cultural, material e inmaterial.
Crearemos un programa de Gestión Local del Patrimonio,
que ponga a disposición recursos económicos y profesionales
competentes a comunidades de nuestro país, poseedoras
de expresiones del patrimonio cultural inmaterial y/o
que se encuentran emplazadas en entornos geográficos y
arquitectónicos de relevancia patrimonial.
Ratificaremos y aplicaremos las Convenciones de la Unesco,
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e
impedir la importación, la exportación y la transferencia de
propiedad ilícitas de bienes culturales.

El deporte y la actividad física son esenciales para
el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, además de
contribuir a estilos de vida saludables y al bienestar
en las siguientes etapas de la vida. Sin embargo,
chilenos y chilenas en su mayoría seguimos siendo
sedentarios, con una alta prevalencia de la obesidad.
La práctica continua de algún deporte es más bien
la excepción que la regla y necesitamos que la
población, en todos los sectores socioeconómicos,
particularmente de sectores medios y vulnerables,
se incorporen a esta actividad. Implementaremos
politicas deportivas y recreativas que consideren
nuestra realidad desarrollando programas para
llevar el deporte a las comunidades, utilizando los
espacios públicos, las plazas y los parques, realizando
esfuerzos multisectoriales (Salud, Educación, Obras
Públicas, Vivienda y municipios).
Lo anterior, nos exige fortalecer la institucionalidad
deportiva e impulsar políticas que permitan
masificar la actividad física, junto con reinstalar
programas que impulsen el deporte competitivo y de
alto rendimiento.
Tras la creación del Ministerio del Deporte,
existe consenso sobre las ventajas que esa nueva
institucionalidad traerá al país. Una de las tareas
prioritarias del nuevo Ministerio será abrir más
oportunidades para que las personas realicen
actividad física.
En materia de Infraestructura, se construirán 30
nuevos Centros Integrales de Deporte, instalaciones
especializadas con un nuevo modelo de gestión,
equipamiento y monitores capaces de apoyar la
práctica deportiva de la comunidad e integrarla
a actividades recreativas, particularmente al
servicio de los liceos públicos de las comunas en
que se ubiquen. Respecto de la administración de
estos recintos (los nuevos y los ya existentes), el
Ministerio de Deporte examinará caso a caso la
DEPORTE

139
institucionalidad que permita asegurar los recursos
que se requieran para su funcionamiento, pudiendo
recaer esta responsabilidad en el nivel comunal,
regional o central. En los primeros 100 días de
Gobierno estableceremos la ubicación de los 30
nuevos centros.
Para el alto rendimiento, se implementará un
Laboratorio de Dopaje, un Centro de Recuperación
Deportivo y se estudiarán e implementarán los
requerimientos de los Centros de Entrenamiento
Regional.
Crearemos el Comité Paraolímpico Chileno
independiente del Comité Olímpico. Esto es reconocer
el deporte como una expresión más de este grupo
social. Estableceremos una línea de financiamiento
para el desarrollo deportivo, competencia y alto
rendimiento que permita el apoyo al desarrollo
del deporte adaptado. Además, reconoceremos
como equipamiento deportivo sillas de ruedas y
otras ayudas técnicas del deporte adaptado para el
financiamiento en los proyectos. En el deporte para
personas con discapacidad se construirá y equipará
el primer Centro de Actividad Física y Deportivo
para población con discapacidades, dotándolo de
profesionales especializados.
Crearemos el programa “Deporte en tu Comuna”, en
que cada municipio puede diseñar un Plan Deportivo
o incorporar en su Plan de Desarrollo Comunal
el deporte (incorporando los planes deportivos
barriales), con el objeto que éste considere las
necesidades de la comunidad organizada.
En general los niños tienen pocas instancias en
que puedan desarrollar diversos deportes además
del fútbol. Por eso, en los primeros 100 días de
Gobierno, definiremos el plan de implementación
para la reposición del programa de las escuelas
deportivas, que en esta oportunidad contemplará
varias disciplinas (fútbol, voleibol, basquetbol, etc.)
y en las que participarán sólo en el primer año 30.000
niños y niñas.
Desarrollaremos Olimpiadas Escolares y de Educación
Superior para incentivar la práctica deportiva y
descubrir nuevos talentos. También desarrollaremos
olimpiadas de deporte para personas discapacitadas.
Avanzaremos en la profesionalización de las
dirigencias deportivas, con mayores exigencias de
control y transparencia en el manejo de recursos.
Enfrentaremos el desperfilamiento de funciones y
roles de las instituciones ligadas al Alto Rendimiento y
restableceremos el trabajo directo con los deportistas
de élite, mediante una planificación de mediano y
largo plazo que defina objetivos, costos, proyección
a futuro y resultados, reponiendo el Programa
Bicentenario. El financiamiento tendrá una mirada
integral, incorporando el equipo técnico requerido y
las necesidades propias de los deportistas: viáticos
que aseguren su mantención, seguros adecuados,
cotizaciones en previsión y salud, y aseguramiento
de estudios.
Trabajaremos para lograr que Chile esté bien
representado en el deporte de alta competitividad
a nivel mundial. Lo que han logrado destacados
deportistas que han conseguido importantes triunfos
muestra que es posible y que debe ser respaldado con
una política eficiente desde el Estado.
Aumentaremos y perfeccionaremos los incentivos
para deportistas de élite. Generaremos programas
de Atención Integral a Deportistas, que no sólo
considere el aporte financiero para su preparación,
entrenamiento y competencia, sino un conjunto
de beneficios complementarios que permitan su
mantención en el circuito durante y con posterioridad
a su carrera deportiva.

TRANSPORTE Y
TELECOMUNICACIONES

142
TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
La movilidad a la que aspiramos requiere garantizar un transporte digno,
de calidad y accesible para todos los chilenos, pero en particular para los
menos privilegiados. Ello implica potenciar el transporte público urbano
e interurbano. La movilidad de los bienes y servicios también es de suma
importancia por su impacto en la competencia en los mercados, así como el
acceso de las empresas y hogares a bienes de alta calidad y bajos precios, en
definitiva,esunfactordeterminantedelcrecimientoeconómico.
En términos institucionales, la infraestructura de transporte requiere de una
planificación de largo plazo que considere todos los modos de transporte y la
dimensiónurbanaenelcasodelasciudades.Enloinmediato,lacoordinación
delasinversioneseninfraestructuradetransporte,serealizaráenlaComisión
InterministerialdeCiudad,ViviendayTerritorio,queestaráintegradaporlos
ministros de Vivienda, quién la presidirá, de Obras Públicas, de Transporte y
Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales y el Subsecretario de Desarrollo
Regional.
Por otro lado, en cuanto a la gestión de los sistemas de transporte en las
ciudades, crearemos la Autoridad Metropolitana de Transportes para cada
áreametropolitana.
Procuraremos que las personas y también los bienes se transporten de la
forma más eficiente posible desde una perspectiva social, fomentando el
empleo de aquellos medios que generen menores tasas de contaminación,
congestión y accidentes. Invertiremos la totalidad de los recursos para
subsidiar el transporte público aprobados por ley, tanto para las comunas
donde opera el Transantiago como para el resto del país. De este modo
financiaremosprogramasderenovacióndeflota,transporteescolarysubsidio
paratransporteenzonasaisladas,ademásdeincrementarlasinversionesen
infraestructuravial.
Aceleraremos las inversiones de superficie del Transantiago, tanto en
corredores o vías exclusivas como de infraestructura operacional, avanzando
en el desarrollo de infraestructura vial y tecnologías de control de flota
en Santiago, permitiendo así aumentar la velocidad de estos servicios,
disminuyendolostiemposdeesperaydeviajedelosusuarios.Sepriorizarán
medidasdegestióndetráfico,asícomoinversionesenparaderosyestaciones
deintercambio.
Mejoraremos la gestión del sistema mediante un control acucioso de la
operaciónydelasresponsabilidadescontractualesdelosoperadores.Hayque
trabajarenconjuntoconlosoperadoresparamejorarrecorridosylacalidadde
servicioademásdereducirlosnivelesdeevasión.
Mejoraremoslacalidaddeservicio,entendidanosólocomoladisminuciónde
los tiempos de viaje, sino que también con aspectos de seguridad, limpieza y
conunsistemadeinformaciónajustadoalarealidaddequieneslousan.
Agilizaremos el desarrollo de los proyectos de trenes suburbanos de
acercamiento, Melipilla-Alameda y analizaremos otros que puedan ser
socialmente rentables, y los asociaremos al mismo medio de pago de
los servicios del Transantiago. Junto con acelerar la construcción de las
líneas 6 y 3 del Metro, se iniciarán los Estudios de Factibilidad, que
consideren la ampliación de la línea 3 hacia Quilicura y la línea 2 hacia
El Bosque y San Bernardo.
Iniciaremos los estudios económicos, de ingeniería y rentabilidad
social de proyectos regionales para definir su implementación: una
estación intermodal en Valparaíso que conecte Merval con los servicios
de Trolebuses en Estación Barón; medio de pago único y electrónico en
Gran Valparaíso-Viña y Concepción; la introducción de una solución de
transportemasivomodernodebusesotranvíaenAntofagasta; introducir
una solución de alto nivel, tranvía u otro, en Concepción, en conexión
con el servicio de trenes, potenciando el uso actualmente deprimido de
este servicio más la ampliación del ferrocarril suburbano Biotrén; planes
de reordenamiento vial en las capitales de cada región; habilitación de
programas de gestión de tránsito que prioricen al transporte público,
en ciudades como Temuco, Valdivia, Puerto Montt, La Serena y otras;
potenciar los actuales programas de transporte escolar y subsidios para
transporte en zonas aisladas, ambos programas financiados con la ley
de subsidio nacional al transporte público; mejoramiento al sistema de
transporte público de buses en ciudades regionales mediante reformas
que disminuyan la antigüedad promedio de la flota, regulen la frecuencia
yhorariosdelosservicios,pormediodesistemasbasadosenlocalización
automática de vehículos, y que reduzcan la tarifa pagada por los adultos
mayores. Al igual que en Santiago, introduciremos en los proyectos
viales del programa de concesiones del MOP la dimensión de transporte
público. Adicionalmente, potenciaremos los actuales programas de
transporte escolar y subsidios para transporte en zonas aisladas.
En materia de combate a la congestión formaremos un panel de
expertos, con participación de organizaciones ciudadanas, políticas, y
empresariales, que prepare un paquete de medidas “pro-movilidad” en
el año 2014.
Fomentaremos el uso de modos no motorizados de transporte, por sus
positivos impactos en la salud, la descongestión y descontaminación de
nuestras urbes. Estableceremos una política y programas que mejoren la
accesibilidad en las ciudades para los peatones. Estableceremos un Plan
Maestro de inversiones en Ciclovías y otros modos de transporte no
motorizado, a nivel nacional, tanto para las ciudades como en zonas
rurales. Se construirán 100 kilómetros de ciclovías de alto estándar
en todo el país y triplicaremos la capacidad de estacionamientos en
las estaciones del MERVAL, Biotrén y Metro de Santiago, entre otras
medidas.

143
Es necesario avanzar en una modernización del transporte de carga. Ello
implica promover una consolidación de un sector que se caracteriza
por su atomización, alta informalidad y baja capacidad utilizada.
Sería beneficioso avanzar a un modelo de empresas de logística que
ofrezcan servicios integrados, respaldando una mayor asociatividad y
tecnologización de los microempresarios existentes. Para aumentar
la eficiencia logística del traslado de la carga en la macro zona central
y abaratar los costos de transporte de mercaderías, evaluaremos el
proyecto de construir un centro de distribución de carga al sur de
Santiago conectado con los puertos mediante trenes, junto con estudiar
su financiamiento y dependencia institucional. De este modo también se
reducirá la congestión vial y los costos de mantención de carreteras en la
zona.
En materia de telecomunicaciones reduciremos la brecha digital y
aumentaremos la conectividad, para que los beneficios de la sociedad
de la información estén disponibles para todos los chilenos. Así, los ejes
centrales en esta materia estarán en proteger al consumidor, generar
mayorinclusiónenelaccesoaserviciosdetelecomunicacioneseimpulsar
la competencia en esta industria.
Seguiremos del lado de los consumidores. Reforzaremos las facultades de
los organismos fiscalizadores, aumentando el personal destinado a estas
labores y estudiaremos modificaciones de ley para endurecer las multas y
simplificarelprocesodecargosanteundeficienteservicio.Impondremos
estándares internacionales que permitan implementar normativas
técnicas a los servicios de telecomunicaciones, acordes con nuestro
grado de desarrollo. Incluiremos nuevos controles en los contratos de
servicios: impedir la inclusión de cláusulas abusivas, aprobación previa
de la autoridad para todo contrato de los servicios que se comercialicen en
el mercado, obligación de incorporar estándares de calidad de servicios y
fórmulas de compensaciones en los contratos de los servicios, junto con
mejorar la transparencia en el contenido de cada contrato.
Para el acceso a Internet y a banda ancha estableceremos una normativa
que permita un amplio acceso de la población, con obligaciones expresas
para las empresas, entre otras, de servicio en su zona de concesión,
atención de usuarios y cumplimiento de normativas técnicas.
Es sabido que la televisión digital terrestre ha sido materia de una ardua
discusión por casi 5 años en el Congreso, pero aún resta el desafío mayor
que es la digitalización total del servicio en un plazo de 5 años. Esta tarea
se ha ejecutado en todos los países desarrollados, demandando grandes
esfuerzos del sector privado como estatal, destinados al cumplimiento de
los plazos de digitalización, como también de la adopción de la tecnología
por parte de los ciudadanos.
Por tanto, velaremos por el cumplimiento de las normas que se han
impuesto al mundo privado en esta materia y haremos que TVN se
transforme en un actor relevante en el empuje de la digitalización
y en la apertura de nuevos actores, por la vía de prestar servicios de
infraestructura a terceros, mejorando con ello el pluralismo y calidad del
derecho a la libertad de expresión, al posibilitar que existan más actores
que puedan acceder a informar y entretener a las personas.
Licitaremos concesiones de infraestructura de fibra óptica –de acceso
abierto a todos los proveedores de telecomunicaciones- en comunas de
menoresingresosdelasáreasmetropolitanasdelpaís(GranSantiago,Gran
Concepción y Gran Valparaíso). Estas redes permitirán a los proveedores
de servicios competir por ofrecer banda ancha de alta velocidad telefonía
y televisión a un precio menor al actual. En los establecimientos públicos,
estableceremos acceso a Internet de alta velocidad, para todos los y las
estudiantes en sus aulas, como también la posibilidad de contar con WiFi
gratuitoenelmismorecinto.Sepondráespecialénfasiseneldesarrollode
lainfraestructuranecesariaparalaconectividad,nacionaleinternacional,
vía fibra óptica para zonas extremas del país y reforzamiento de enlaces
satelitales de los territorios insulares.
La Ley que creó la nueva figura de las radios comunitarias ciudadanas,
enviada al Congreso en 2007, ha sido un avance importante para estos
medios. Sin embargo y en la práctica, esta disposición todavía no es una
realidad, ya que el proceso de transformación de las antiguas radios de
mínima cobertura, como la disposición de una franja del dial destinado
a las radios comunitarias se ha ejecutado con lentitud. Con el objeto de
acelerar este proceso, estudiaremos la ampliación del fondo de desarrollo
de telecomunicaciones a las radios comunitarias.
En materia de competencia en la industria de las telecomunicaciones,
modificaremos el régimen tarifario vigente, concentrado exclusivamente
enlosserviciospúblicosdetelefoníaparaque,conpreviopronunciamiento
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se puedan fijar
otras tarifas destinadas a público final o a otros proveedores de
telecomunicaciones, entre ellas las de acceso a internet. Estableceremos
unorganismoindependienteycolegiadoqueresuelvadivergenciasquese
presenten entre las partes en el proceso de fijación de tarifas.
Adicionalmente, modificaremos el régimen de concesiones para
que se pueda prestar múltiples servicios a través de una misma red.
Promoveremoselusocompartidodeinfraestructura,loqueayudaráabajar
el impacto en nuestras ciudades, como también mejorar la competencia
en este mercado, siendo necesario incentivar la desintegración vertical
en el mercado, separando el rol de proveedor de infraestructura de la de
servicios.

Los desafíos que enfrentamos en la actualidad a nivel local
nos exigen interpretar adecuadamente el momento político
y los cambios que la sociedad ha experimentado, más aún
cuando son los municipios, en cuanto instituciones con
mayor cercanía a los ciudadanos, los que están llamados a
ser el primer enlace en este esfuerzo.
En materia Institucional, el objetivo estratégico es que
los municipios pasen de cumplir una función exclusivamente
de administración, a la constitución de verdaderos Gobiernos
Locales, ampliando las actuales funciones que desarrollan y
entregándoles un mayor grado de autonomía en la gestión.
Esto es posible, mediante el traspaso de competencias,
recursos propios, autonomía administrativa y facultades.
En primer lugar, estudiaremos la constitución de un
conjunto básico de servicios municipales garantizados
con un determinado nivel de calidad, sujeto a indicadores
objetivos auditables, que permitan romper las inequidades
territoriales y sociales que afectan a los habitantes de las
distintas comunas. Para hacer esto posible se requerirá una
progresiva transferencia de competencias y recursos desde
programas y servicios nacionales al nivel local.
Una de las demandas más importante de los ciudadanos,
las organizaciones sociales en los territorios, las regiones
y también los municipios, es participar en la toma de
decisiones sobre los temas que les afectan o incumben
directamente.
Avanzar en esta dirección no es tarea fácil. Para ello
se requiere impulsar cambios culturales profundos y
conformar nuevas conductas y/o prácticas políticas, tanto
en la dirigencia político-social, como en los ciudadanos,
promoviendo una cultura de derechos y deberes.
Adicionalmente, debemos perfeccionar y ampliar los
mecanismos de participación comunal, mejorando la
legislación que establece los Consejos Comunales de
Organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo como
política pública los Fondos Concursables y presupuestos
participativos, ampliando el ámbito de acción de las Oficinas
de Información y Reclamos, mejorando la regulación sobre
consultas ciudadanas y plebiscitos.
MUNICIPIOS

147
Debemos fortalecer el Concejo Municipal, entregándole
mayoresfacultades,atribucionesytambiénresponsabilidades
y otorgarles a los concejales la responsabilidad de acompañar
y monitorear una o más áreas del quehacer municipal con la
obligación de rendir cuentas.
Sobre la dotación y el estatuto jurídico de los funcionarios
municipales se propone retomar el debate sobre el Art. 121
de la constitución que permite a los alcaldes descentralizar la
gestión de personal de acuerdo a las particularidades de cada
municipio, impulsando la norma legal que otorgue la facultad
de revisar la estructura de plantas. La discusión sobre el Art.
121, debe incorporar la revisión de las normas laborales de
los funcionarios municipales, con el debido resguardo de la
carrera funcionaria y participación de todos los estamentos,
permitiendo que éstos trabajen en condiciones de dignidad y
de resguardo de sus derechos como trabajadores.
En el ámbito de la modernización promoveremos el
asociativismo a nivel provincial y regional para la solución
de problemas comunes y para abordar las cuestiones propias
del gobierno de áreas metropolitanas. Debemos impulsar
una agenda digital local, que avance en lograr una conexión
de banda ancha en las comunas e incorpore plenamente las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) a
la gestión municipal.
Respecto de la institucionalidad, debemos implementar una
nueva estrategia con los municipios rurales que permita
desarrollar los instrumentos necesarios para superar las
dificultades y necesidades especiales que presentan los
ciudadanos del mundo rural.
En materia de Financiamiento, los municipios
requieren de más recursos. Para ello se impulsará un
conjunto de medidas entre las que destacamos: aumentar
los recursos del Fondo Común Municipal (FCM), estudiando
el fortalecimiento del aporte público y avanzando
sustantivamente en la descentralización de decisiones de
inversión; estudiar compensaciones, con cargo al presupuesto
nacional, por las exenciones de diversos tributos de beneficio
municipal, por ejemplo, por exención del pago de los derechos
de aseo, del pago de contribuciones, o por la construcción de
viviendas sociales, materias que gravan en mayor medida
a los municipios más pobres del país; corregir, mediante
una modificación a la Ley de Rentas Municipales, las
discriminaciones e injusticias que existen, en particular para
que los grandes contribuyentes financien adecuadamente
las prestaciones y servicios que reciben de los municipios,
y; asegurar normativamente que cualquier nueva función o
tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el
financiamiento respectivo.
En materia de Ciudad y Territorio, el municipio
como gobierno local debe velar por garantizar la calidad
del conjunto de servicios que entrega a la ciudadanía. Para
ello, será fundamental la participación de los ciudadanos.
La ciudadanía demanda una Comuna Limpia y verde.
Trabajaremos una política pública para la gestión de residuos
sólidos domiciliarios y basuras sobre la base de mantención
de la limpieza de calles y espacios públicos, incorporando un
concepto integral de manejo de residuos, incentivando formas
de recuperación, reutilización, reciclaje y gestión integral de
residuos voluminosos, eliminando los botaderos ilegales.
Además, crearemos un nuevo programa especial local con
nuevos recursos, donde las comunas con mayor presencia
rural indígena, que además sean rezagadas y vulnerables,
podrán financiar apoyos de profesionales y técnicos para
llevar adelante los proyectos locales de desarrollo.
Los chilenos quieren vivir en una Comuna
Amable. Impulsaremos la recuperación y conservación
adecuada de espacios públicos y áreas verdes desde el MINVU
en coordinación con los municipios.
Impulsaremos el desarrollo de una comuna
ambientalmente sustentable por lo que trabajaremos
en la instalación de una cultura de sustentabilidad ambiental
con los ciudadanos, para que sean conscientes de los valores y
oportunidades dados por su medio ambiente, y de los derechos
y responsabilidades.
Promoveremoselderechodelosciudadanosavivir
en ciudades o localidades más seguras. Esto implica
fortalecer el rol de prevención social y situacional que los
municipios ejercen, para lo que incorporaremos la seguridad
ciudadana como un eje transversal y con preponderancia en el
organigrama municipal.

La Defensa Nacional transita por una etapa nueva de su
historia, y puede y debe realizar un aporte sustantivo
al país. Lo anterior es posible porque entre 1990 y el
año 2010, ésta experimentó un proceso de reforma y
modernización institucional importante, en el contexto
de la expansión de las libertades y profundización de
la democracia en Chile mediante políticas públicas que
aspiraban a un amplio respaldo político y ciudadano
en un contexto democrático. La consolidación de la
gobernabilidad democrática sobre la defensa, sumado
a su control por parte de la sociedad, mediante el
fortalecimiento de las instituciones democráticas, son
los ejes sobre los que se avanzó durante dicho período.
La normalidad democrática no sólo ha reimpulsado y
reforzado la relación entre FFAA y sociedad chilena,
sino que ha estimulado la modernización de las
instituciones militares, de su equipamiento, sistemas
y contenidos de enseñanza, fortaleciendo su aporte
sustantivo a la política exterior.
Sin embargo, el proceso de reformas democratizadoras
y modernizadoras está incompleto y, se podría señalar,
ha experimentado un retroceso. A partir del 2010,
año que entró en vigencia la Ley N° 20.424, Estatuto
Orgánico de la Defensa Nacional, algunas reformas
continuaron, pero la mayor parte de éstas se estancaron
y, en algunos aspectos, hubo retrocesos como resultado
de la gestión de la autoridad política realizada entre el
2010 y el 2013.
Durante el período 2014-2018, la política de Defensa
Nacional tendrá como objetivo principal de mediano
y largo plazo, generar una Comunidad de Seguridad
en América del Sur que garantice la paz y elimine
definitivamente la amenaza de la guerra, siendo el
Consejo de Defensa de UNASUR la institución para
avanzar en esta materia. En el mismo sentido, se
fomentará la cooperación y extensión de medidas de
confianza mutua y de prevención de crisis con nuestros
vecinos y en la región, así como también el compromiso
colectivo y verificable de una política de plena
transparencia de los presupuestos y las adquisiciones
militares entre los países de la región. Por otra parte, se
profundizará con fuerza el proceso ya tan avanzado de
diálogo, cooperación e integración con Argentina y se
DEFENSA

151
extenderá a Perú; y en la medida en que los objetivos de
tal política se materialicen, se podrá revisar el concepto
de disuasión, y avanzar hacia un nuevo concepto de
política de defensa centrado en la cooperación mutua,
la integración y el diálogo.
Con Bolivia lo fundamental será retomar el camino
del diálogo, iniciado en 1999, y el clima de confianza
mutua conseguido durante el período 2006-2010. La
plena normalización de las relaciones con Bolivia es un
objetivo al que aspiramos. Asimismo, buscaremos dar
pasos significativos para la proyección de las relaciones
entre América del Sur y el Asia Pacífico.
En el ámbito doméstico nuestro objetivo fundamental
será retomar con ímpetu las reformas institucionales
para el desarrollo de una Defensa Nacional mejor
preparada para las tareas que le entregue la autoridad
civil, logrando ser más transparente, y más eficiente
y eficaz. En este sentido, se considera necesario el
fortalecimiento del mando del Jefe del Estado Mayor
Conjunto en lo relativo a su empleo en tiempos de
paz incluso en instancias tales como la preparación,
prevención y reacción ante emergencias, así como de
su responsabilidad social.
Asimismo, el financiamiento de la Defensa Nacional
debe ser consistente con el funcionamiento del sistema
democrático en plenitud. De esta forma se enviará una
indicación sustitutiva al Congreso Nacional respecto
del proyecto de ley que deroga la ley reservada del
cobre en la que se establezca que la asignación de
los recursos para el financiamiento de la Defensa
Nacional se realizará mediante la formulación de una
planificación presupuestaria cuatrienal, que contemple
el financiamiento de los programas y proyectos de
inversión y los gastos de operación y mantenimiento
de equipamiento. El proyecto de Ley de Presupuestos
de cada año incorporará la anualidad correspondiente
de la planificación presupuestaria cuatrienal. Además,
y como un reforzamiento del control democrático sobre
las instituciones de la Defensa Nacional, el Congreso
Nacional deberá ser informado respecto de cómo se
ejecuta el gasto en defensa y de cómo se desarrollan e
implementan los programas y proyectos a los cuales se
les asignaron partidas presupuestarias, así como todo
lo relativo al proceso de adquisiciones en sus aspectos
reservados y secretos.
De la misma forma, la indicación sustitutiva contendrá
la eliminación de los denominados “pisos” de
financiamiento, cuya existencia es injustificada,
especialmente a la luz de las asignaciones que la defensa
ha obtenido, las que superan con creces a aquellos
“pisos”. Por otra parte, se eliminarán los excedentes
de uso exclusivo de la Defensa y la inflexibilidad en su
administración, con lo que se optimizará la eficiencia
financiera y presupuestaria.
Chile debe cumplir a cabalidad las obligaciones
internacionales de derechos humanos. Para ello, tal
como lo señalamos en el capítulo de derechos humanos,
reformaremos la competencia de la Justicia Militar, de
manera tal que las causas con civiles víctimas de delitos
cometidos por militares y carabineros sean conocidas
por tribunales ordinarios. Se avanzará desde el actual
modelo de fuero militar hacia uno nuevo caracterizado
por la igualdad de las garantías procesales entre
ciudadanos civiles y uniformados, con una judicatura
letrada y plenamente independiente de la estructura de
mando militar.
Concluiremos la modernización de la carrera militar,
terminando con las distorsiones previsionales.
Consolidaremos la inclusión de género y de la
diversidad sexual. También reforzaremos el rol de la
auditoría ministerial y fortaleceremos el control de
gestión y la transparencia, eliminando conflictos de
interés y asegurando el cumplimiento normativo en
adquisiciones y relaciones con proveedores.
Las FFAA son parte fundamental de la República y, como
tal, de la estructura de la comunidad nacional y de sus
instituciones,mereciendonuestroapoyoypreocupación
por su desarrollo institucional permanente, respeto y
colaboración con sus mandos, convencidos que éstas, a
su vez, harán de mejor manera su importante aporte a
la vida nacional, según lo instruya la autoridad política
de la Nación.

154
El escenario económico internacional ha sido, en la última década
muy favorable para América Latina y en particular para Chile,
aunque es probable que sea un poco menos auspicioso en los
años que vienen. El fracaso de la Ronda de Doha de la OMC, así
como las dinámicas propias de la globalización, está llevando a
la conformación y ampliación de grandes bloques económicos
regionales.
La negociación iniciada entre EE.UU y la Unión Europea, la
creciente articulación de ASEAN con China, Japón y Corea, y en
nuestra región la mayor integración entre América del Norte
y Centro América son manifestaciones de dicha tendencia. Ello
hace más evidente el déficit de integración entre los países
sudamericanos y la dispersión de iniciativas que no logran
construir un horizonte común de convergencia.
El cambio de estrategia internacional de los EEUU para privilegiar
la relación con Asia del Pacífico, ha puesto fin a décadas de
prioridad de la Alianza Atlántica, no obstante de la negociación
comercial y de inversiones iniciada con la Unión Europea.
El eje de la política internacional del siglo XXI está en el Pacífico. La
política exterior de Chile en el próximo gobierno debe contribuir
a lograr una mayor unidad regional. Debemos fortalecer nuestra
participación en los distintos mecanismos de integración
actualmente existentes en América Latina y, en especial en
América del Sur, así como constituir a este bloque de países
como una región. Hay que impulsar puentes de entendimiento
por sobre diferencias ideológicas y subregionales. UNASUR debe
constituirse en un punto de confluencia de las iniciativas de
integración de América del Sur, mientras CELAC debe ser una
instancia de coordinación política en la región.
Enestemarco,valoramoslosesfuerzosdeintegraciónenlaAlianza
del Pacífico, pero nos abocaremos a orientar nuestra participación
en esta iniciativa en una perspectiva no excluyente o antagónica
con otros proyectos de integración existentes en la región en
los que Chile también participa. Asimismo, recuperaremos el
impulso inicial de la Alianza, como una plataforma comercial para
proyectarse colectivamente en la región asiática.
Chile ha perdido presencia en la región, sus relaciones vecinales
son problemáticas, se ha impuesto una visión mercantil de
nuestros vínculos latinoamericanos y se han ideologizado las
opciones de inserción externa. Nuestro país debe recuperar su
papeldepromotoractivodelaconvergenciaregional,confirmando
su compromiso con una política de integración regional activa
y vinculante. Chile debe valorizar positivamente la diversidad
que caracteriza a América Latina y enfrentar efectivamente los
desafíos que plantean nuestras relaciones vecinales.
La articulación de relaciones más estrechas, pero flexibles
en intensidad, con la región del Asia Pacífico, debe ser un
objetivo prioritario de la política exterior de Chile. Más aún si se
constata que la importancia de esta región se ve reforzada por la
contribución estratégica que ésta podría aportar a las proyecciones
de nuestro país en América Latina y el Caribe, en general, y con
América del Sur, en particular. Para ello, Chile debe consolidar
su condición de “país puerto” y “país puente” entre las naciones
latinoamericanas del Atlántico Sur y el Asia Pacífico, lo que
requiere mejorar la interconectividad, aumentar la capacidad de
nuestros puertos y perfeccionar nuestros servicios. Chile está en
condiciones de desempeñar un rol de vínculo entre las economías
de ambas orillas del Pacífico, aprovechando las fuertes relaciones
comerciales que tenemos en la región, así como nuestra extensa
red de tratados de libre comercio. Por ello, favoreceremos vínculos
colectivos latinoamericanos con ASEAN.
Tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el acuerdo
Transpacific Partnership (TPP). Para velar por el interés de
Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e
implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos
cuestionables que pudieran surgir en este acuerdo, pues, mal
manejado, se transformaría en una renegociación indirecta de
nuestro TLC con EEUU, debilitando acuerdos ya establecidos
en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras
públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de
nuevas normas en el sector financiero.
Nuestras relaciones con la Unión Europea y con EEUU han ido
madurando en todas sus expresiones, en base a los diversos
Tratados y Acuerdos, entre los que se destacan el de Asociación y el
TLC, respectivamente. Reimpulsaremos nuestro diálogo político,
económico y de cooperación con la UE, con una nueva agenda
centrada en la ciencia, tecnología, investigación e innovación,
para el desarrollo de nuestra competitividad internacional, con
participación de las pymes, las universidades, Conicyt y Agci. Con
los Estados y el gobierno central de los EEUU buscaremos una
ampliación de la calidad de la cooperación en áreas similares a las
señaladas.
RELACIONES EXTERIORES

155
Chile requiere de instituciones internacionales fuertes y
respetadas por la comunidad internacional, por lo que deberemos
incrementar nuestro rol y actividad en esos organismos. El país
será miembro del Consejo de Seguridad de la ONU por dos años, lo
que nos plantea una oportunidad para expresar nuestra opinión
y nuestra acción en pro de la Paz y Seguridad, así como de los
Derechos Humanos y la Equidad a nivel internacional.
Una concepción moderna e incluyente de nuestra acción
internacional requiere de un Sistema Integrado de Política
Exterior, y nos muestra que ésta ha dejado de ser un ámbito
exclusivo de las cancillerías. En el caso de las regiones del país, la
actividadinternacionalhaidoadquiriendolegitimidadyuntrabajo
bastante generalizado en el exterior por parte de sus autoridades.
En paralelo, existen iniciativas de vinculación regional público-
privadas, que realizan universidades, organizaciones sociales
y asociaciones de gremios productivos, que buscan promover
sus propios intereses en el exterior de modo independiente y
autónomo.
Se repondrán mecanismos de consulta y coordinación con
el sector productivo, las organizaciones de trabajadores, el
Congreso y la sociedad civil en general, de manera que las
definiciones y líneas de trabajo llevadas a cabo en el ámbito de las
relaciones económicas internacionales, recuperen su condición
de Política de Estado con una legitimidad fundada en una amplia
participación.
Para el cumplimiento de los objetivos señalados, se debe instaurar
una nueva diplomacia que exige una Cancillería moderna, con
flexibilidad y capacidad de respuesta a los desafíos del siglo XXI,
contando con un personal especializado y una carrera funcionaria
basada en capacidades y mérito, acompañada de un diseño y
visión estratégica que genere el ya mencionado Sistema Nacional
de Política Exterior.
Las migraciones internacionales han adquirido una importancia
creciente en Chile. Según estimaciones del Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, la población
inmigrante en Chile se sitúa en torno a las 400 mil personas,
mientras la población chilena residente en el extranjero, se
estima en 860 mil.
Desarrollaremos una política y cultura migratoria basada en la
promoción y aplicación de los instrumentos internacionales
ratificados por Chile sobre Derechos Humanos y de las Personas
Migrantes, lo mismo que en los principios de Política Migratoria
acordados en el marco de la Conferencia Sudamericana de
Migraciones, asumiendo el Estado de Chile un rol activo en
acciones de asentamiento humanitario, residencia regular,
protección de las victimas de Trata de Personas y desarrollo de
las personas migrantes.
Enrelaciónaloschilenosenelexterior,dotaremosalosorganismos
del Estado de un rol activo en materia de reconocimiento efectivo
de los derechos ciudadanos de los chilenos y chilenas residentes
en el exterior, así como el aumento del vínculo permanente con
nuestro país de las comunidades chilenas de todo el mundo.
Por lo anterior, evaluaremos modificaciones la legislación
migratoriaquecambieelenfoqueactual,basadoenunaperspectiva
de seguridad y de gestión de mano de obra inmigrante, por una
perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de
derechos que aseguren la inserción efectiva de esta población
al país y que permita una coordinación dinámica, cooperadora y
eficiente de todos los entes públicos relacionados con la política
migratoria.
Fortaleceremos la estructura pública de extranjería y migraciones
en las regiones y comunas de mayor presencia migratoria con
el fin de diseñar e implementar políticas públicas tendientes a
lograr una mayor y más rápida inclusión de los inmigrantes.
Acercaremos los servicios del Estado a los chilenos en el exterior,
a través de la red consular, buscando su representación en las
instancias de participación ciudadana y asegurar el pleno ejercicio
de sus derechos ciudadanos en su país de residencia.
Nos comprometemos a impulsar la tramitación, hasta su
aprobación, de un proyecto de ley que otorgue el derecho a voto
de chilenos en el extranjero.
Mediante estas propuestas queremos definir el contenido del
interés de Chile en la esfera internacional como una política
de Estado, que tenga consenso y continuidad. Por lo mismo,
convocaremosaunampliodiálogoqueincluyaalosdemáspoderes
públicos, a los gobiernos regionales y a todas las instancias de la
sociedad civil para la construcción de estos acuerdos.

160
Chile exhibe positivos resultados en materia de reducción
de pobreza. Al margen de la polémica con el Gobierno por
la metodología de estimación de las cifras y del debate más
sustantivo acerca de la vigencia y representatividad de esta
forma de medición, el problema de la pobreza es más complejo
y no se agota en las cifras de pobreza absoluta. La pobreza es
un fenómeno dinámico, puesto que las familias transitan por
episodios de pobreza más de alguna vez a lo largo de su ciclo
vital.
La desigualdad es especialmente crítica e intolerable para
los más pobres, que se ven cotidianamente expuestos a las
dificultades que trae consigo contar con escasos recursos
económicos para satisfacer las necesidades básicas de sus
familias. Pero, es también crítica para muchos compatriotas
que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad
ante la eventual pérdida de su empleo, la enfermedad de un
familiar o cualquier otro gasto no planificado que se convierte
en un temor permanente a lo que pueda deparar el futuro.
Si bien la pobreza sigue siendo una urgencia a resolver, la
vulnerabilidad o la fragilidad de los sectores no pobres de la
sociedad, incluyendo la inmensa mayoría de las capas medias,
se ha transformado en el desafío a superar. El sujeto de
una nueva política social debe ser la sociedad chilena en su
conjunto.
Las políticas y programas públicos orientados a reducir
la pobreza deben apuntar simultáneamente a garantizar
umbrales mínimos, a ampliar oportunidades, y mejorar
el dominio de personas y comunidades sobre sus propios
proyectos de desarrollo. Las iniciativas a desarrollar deben
reconocer e incorporar en sus lineamientos no sólo los déficits,
sino también, y con particular fuerza, los recursos disponibles
en las personas, co-responsabilizando a los ciudadanos
mediante un estilo de participación renovado, propio de este
nuevo ciclo político.
Fortalecer la protección social es la respuesta que Chile
necesita para hacer frente a su reto permanente de reducir la
pobreza y abatir su expresión más extrema, pero sobre todo,
para abordar con decisión el fenómeno más estructural de las
distintas formas de desigualdad que segregan a la sociedad
chilena.
En los primeros 100 días de Gobierno,
enviaremos al Congreso, con discusión
inmediata, el proyecto de ley del Aporte
Familiar Permanente Marzo. Este Aporte Familiar
se entregará en el mes de marzo de cada año, tendrá un monto
de $40.000 por causante, siendo estos: i) los beneficiarios de
subsidio familiar; ii) los beneficiarios de asignación familiar
y de asignación maternal, y iii) las familias que perciben
transferencias monetarias asociadas al Ingreso Ético Familiar
y aquellas que sin recibirlas sean usuarias del Subsistema
Seguridades y Oportunidades. El aporte cubrirá a cerca de dos
millones de familias, lo que representa cerca de 7 millones de
personas.
Crearemos el Fondo para el Fortalecimiento de Comunidades
en Situación de Pobreza. Este Fondo permitirá, entre otras
materias, financiar el diseño y la ejecución de Planes Locales
de Desarrollo Social. La asignación de recursos específicos para
el diseño y ejecución de cada plan deberá priorizar aquellos
territorios donde la pobreza en sus múltiples dimensiones
tiene mayor incidencia, concentración y profundidad. Lo
importante es otorgar a las regiones amplios márgenes
de libertad para priorizar recursos y proponer criterios de
inversión a partir de los particulares perfiles de carencias
que enfrentan los distintos territorios del país y sin perder
de vista la estructura de oportunidades socioeconómicas que
ofrece cada territorio.
Para la puesta en marcha de este Fondo reasignaremos
los recursos que actualmente destina el FOSIS, a tareas de
apoyo psicosocial y sociolaboral, a financiar iniciativas de
apoyo al emprendimiento y la empleabilidad de las familias
beneficiarias del Ingreso Ético Familiar. En una segunda
fase avanzaremos incorporando a este Fondo otros recursos
provenientes de programas que ejecutan otros ministerios y
servicios públicos con finalidades similares, de manera tal de
simplificar la oferta pública de programas sociales que ponen
SUPERACIÓN DE LA POBREZA

161
múltiples exigencias y requisitos a miles de chilenos para
acceder a beneficios que en ocasiones se duplican y otras veces
no llegan.
Los Planes Locales de Desarrollo Social financiarán tres
tipos de actividades: expansión de capacidades, bienestar
comunitario e inversión para las oportunidades.
Por otra parte, dado que la participación laboral es fundamental
para enfrentar la pobreza, ampliaremos la cobertura de los
subsidios al trabajo de la mujer y de formación para el trabajo
para mujeres y jóvenes.
Debemos mejorar y hacer más exigentes
nuestros instrumentos de medición y
caracterización de la pobreza. Debemos establecer
instrumentos de medición más precisos y adecuados a
la multiplicidad de situaciones de pobreza. Proponemos
medir la pobreza de diversas formas: pobreza absoluta,
hogares de menores ingresos, vulnerabilidad y privaciones
multidimensionales del bienestar. Actualizaremos nuestra
línea de pobreza, de manera tal de visibilizar la situación
de carencias en que viven miles de familias chilenas,
incorporando una dimensión multidimensional del bienestar.
Aplicaremos la Encuesta CASEN cada dos años, intercalando
mediciones con representatividad nacional/regional (cada dos
años) con otras representativas de la situación de bienestar de
todas las comunas del país (cada 4 años).
Iniciaremos un proceso para superar en forma gradual la
Ficha de Protección Social (FPS) en tanto instrumento de
focalización, de manera tal de transitar hacia la asignación de
transferencias monetarias por el mecanismo de la exclusión de
los sectores de mayores ingresos. De esta forma, es el Estado
quien asume la responsabilidad de identificar y seleccionar,
no el ciudadano.
En el intertanto, la FPS debe permitir de la forma más
fidedigna posible identificar a los hogares, asegurándoles
un acceso justo y equitativo a los ingresos que les permitan
una sustentabilidad digna. Para esto debemos establecer una
administración transparente y justa de la Ficha, ajustando los
procedimientos operativos; identificar a personas y familias y
ordenarlas por estratos sociales; establecer un nuevo modelo
de cálculo del puntaje que recoja los recursos provenientes
de los ingresos y el consumo familias en función de las
necesidades del hogar, corrigiendo la fórmula de la Capacidad
Generadora de Ingresos.
En lo inmediato, en los primeros 100 días de Gobierno
implementaremos cambios a la Ficha de Protección Social
buscando restablecer dichos beneficios.
Respecto de la Institucionalidad, el Ministerio
de Desarrollo Social estará al servicio de la Protección Social
Universal. Trabajaremos en generar un Sistema Integrado
de Información Social con desagregación territorial, que
articule toda la información de que dispone el Ministerio, que
permita realizar adecuadas caracterizaciones de las personas
y familias, pero también de las condiciones del entorno donde
las personas realizan su vida cotidiana, trabajan o estudian
que, como sabemos, son muy desiguales a lo largo y ancho del
país.
Para apoyar y hacer posible la puesta en marcha del Fondo
Regional de fortalecimiento de capacidades y de los Planes
Locales de Desarrollo Social, haremos una importante
reestructuración del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,
recuperando el espíritu para el que fue creado el FOSIS: el
apoyo a iniciativas locales de innovación social.
Crearemos una nueva institucionalidad para la medición de
la pobreza. Reconstruiremos la credibilidad del proceso de
medición, análisis y entrega de las cifras en sus cuatro etapas:
elaboración del cuestionario, medición de ingreso per cápita
vía CASEN, construcción de la variable de ingresos y entrega
de cifras y datos de pobreza, distinguiendo roles precisos
de distintas instituciones, incluyendo un ente autónomo
encargado de la supervisión y validación del proceso.

164
Los Derechos Humanos deben ser el fundamento principal y eje
articulador del accionar del Estado, tanto del Gobierno, de los
poderes e instituciones del Estado y en especial de la actividad
legislativa y las políticas públicas que se adopten. A su vez, los
derechos humanos deben ser la base normativa mínima de una
sociedad democrática, que permita la convivencia nacional en
torno a principios de dignidad, igualdad, justicia, diversidad y
tolerancia.
Adoptaremos todas las medidas necesarias para la plena
vigencia y eficacia de los derechos humanos resguardando y
mejorando la institucionalidad ya alcanzada. Impulsaremos
una nueva normativa que aplique los principios y tratados
internacionales.
Asimismo se debe continuar con la exigencia de verdad, justicia
y reparación en relación a los crímenes de lesa humanidad
ocurridos en dictadura, adecuando la normativa y los medios
necesarios para tal objetivo. Al mismo tiempo, se deben
desarrollar planes de educación y memoria histórica tendientes
a desterrar definitivamente la posibilidad de que tan graves
atentados a la vida y dignidad humana se repitan y a fomentar
una cultura de la paz y la tolerancia.
El avance de la sociedad democrática y el empoderamiento de
los ciudadanos y ciudadanas presentan nuevos desafíos para
la plena vigencia de los derechos humanos. La ciudadanía
exige el término de los abusos y la satisfacción de necesidades
individuales y sociales, reclamando equidad, calidad y derechos
en materia de salud, vivienda digna, empleo, seguridad
pública, educación, medio ambiente sano, el derecho al trabajo,
a negociación colectiva, entre otros.
El Gobierno, en lo que le corresponde, debiera hacerse cargo de
estas expresiones y exigencias, las que se deben abordar con
una genuina visión de derechos humanos, con los deberes y
obligacionescorrespondientes,promoviendoelreconocimiento
legal o constitucional en su caso.
Por tanto, enfrentamos desafíos no sólo en cuanto a las
violaciones que se cometieron bajo la dictadura, sino también
en cuanto a garantías para aquellos derechos surgidos en
democracia.
Durante el Gobierno, adoptaremos una Política de Estado
Explícita e Integral en Derechos Humanos, que contemple,
a lo menos, los siguientes cuatro ejes: promoción y garantía
de la vigencia integral de todos los derechos humanos; una
institucionalidad adecuada para el diseño y monitoreo de esa
Política de Estado; políticas públicas concebidas con “enfoque
de derechos”; verdad, justicia y reparación a las víctimas de los
crímenes de lesa humanidad de la Dictadura, a sus familiares y
a la sociedad toda.
Reconoceremos con el máximo valor en la Constitución,
los tratados y convenciones internacionales sobre derechos
humanos y, en especial, incorporaremos una norma que
establezca que, en toda interpretación constitucional o legal,
deben primar dichos tratados o convenciones. Estableceremos
en forma expresa en la carta fundamental que los Crímenes de
Lesa Humanidad cometidos, tanto en tiempo de guerra como
en tiempo de paz, son delitos imprescriptibles cualquiera sea la
fecha en que se hayan cometido y no susceptibles de amnistía,
ni indulto general o particular.
Impulsaremos medidas legislativas y administrativas que
impidan la impunidad en materia de DDHH, tales como impedir
toda aplicación en los juicios sobre Crímenes de Lesa Humanidad
del D.L. N°2.191, de Amnistía de 1978, y de las normas que
regulan la prescripción en materia de delitos comunes o de la
prescripción en materia de responsabilidades civiles.
Crearemos un sistema único de información relativa al estado
y resultados de los procesos judiciales sobre Crímenes de Lesa
Humanidad. Apoyaremos el mantenimiento de las instituciones
de la sociedad civil de defensa y promoción de los derechos de las
víctimas de los Crímenes de la Dictadura, especialmente de las
que poseen una trayectoria histórica y simbólica en la materia.
Solicitaremos la designación de Jueces de dedicación exclusiva
para los juicios por las graves violaciones a los derechos
humanos y asignaremos recursos especiales al Poder Judicial
para estos efectos. Fortaleceremos el Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior, los departamentos de
derechos humanos del Servicio Médico legal y la Policía de
Investigaciones, a través de la designación de recursos humanos,
tecnológicos y materiales.
DERECHOS HUMANOS

165
Debemos fortalecer la institucionalidad existente. Esta hoy
considera al Instituto Nacional de Derechos Humanos y el
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Pero no resulta
suficiente. Crearemos la Subsecretaría de Derechos Humanos
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con dotación
de recursos humanos y presupuestarios que permitan el trabajo
de coordinación y ejecución en materia de derechos humanos.
Ampliaremos la presencia del INDH a nivel de regiones en
forma gradual. Impulsaremos la creación de la Defensoría del
Pueblo u Ombudsman.
Reformaremoslajusticiamilitar,limitándolaasujetosmilitares,
bienes jurídicos militares y en recintos militares. Reformaremos
la Ley 18.314 para adecuarla a estándares internacionales en
relación al derecho a un juicio justo.
Diseñaremos un Plan Nacional de Educación en Derechos
Humanos, para todos los niveles educacionales, que sea
participativo y de formación integral.
Incentivaremos la investigación académica en temas de
derechos humanos y memoria histórica. Promoveremos el
desarrollo de materiales y estrategias didácticas en la enseñanza
de los derechos humanos e incorporación de las Tecnologías
de la Información y Comunicaciones como herramienta de
formación en los temas de los derechos humanos.
Fortaleceremos la educación de derechos humanos en todas
las escuelas matrices y/o academias de las FF.AA., Carabineros
y Policía de Investigaciones, elaborando una propuesta de
actualización curricular que incorpore la formación en temas
de derechos humanos desde su aspecto teórico y normativo, así
como formación en los protocolos de actuación.
Promoveremos la ratificación de la Convención sobre
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes
de Lesa Humanidad, de 1968 y ratificaremos el conjunto de
tratados de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas
y OEA pendientes.
Adicionalmente, estableceremos legalmente las medidas
destinadas a asegurar el cumplimiento y respeto en el país de
las decisiones jurisdiccionales internacionales en materia de
Derechos Humanos.
Adoptaremos medidas, legislativas si fueren necesarias, para
reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a
los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones
civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos
las actuales leyes reparatorias. Asignaremos a una entidad
estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento,
acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para las
víctimas de Crímenes de la Dictadura.
Desarrollaremos un programa sistemático y nacional de
recuperación y conservación de testimonios de la memoria
histórica de violación masiva y sistemática de los derechos
humanos.Desarrollaremosunapolíticaderecuperacióndetodos
los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos
humanos, velando por su mantención básica y permanente.
Desarrollaremos una estrategia específica para vincular a los
sitios de memoria histórica con las nuevas generaciones.
Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las
violaciones a los Derechos Humanos que tienen un periodo de
50 años para poder ser conocidos y revisados.
Adicionalmente, desarrollaremos una iniciativa legal para
regular el derecho a reunión y revisaremos los reglamentos,
protocolos y práctica de las Fuerzas Policiales para su adecuación
a estándares internacionales.
La complejidad del mundo actual se plasma en el avance,
reconocimiento y protección de nuevos derechos humanos. Los
derechos de niños/as y adolescentes, sexuales y reproductivos,
los derechos de los pueblos indígenas y los de la tercera edad,
entre otros, constituyen un desafío y una prioridad para nuestro
país en tanto buscan asegurar que aquellas personas que se
encuentran en desventaja social en el acceso y goce de derechos,
lo hagan en condiciones de igualdad y no discriminación.
En definitiva, adoptaremos un sistema integral de promoción
y protección de los derechos humanos, que junto con hacerse
cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas de las
graves violaciones a los derechos humanos del pasado, también
fortalezca la garantía y respeto de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales.

El esfuerzo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres se ha
debilitado desde 2010. El año pasado Chile retrocedió del lugar 46 al
87 en el índice de igualdad de género que elabora el Foro Económico
Mundial. Si bien la participación laboral femenina se acerca al 50%,
esta cifra se concentra en la población de mayores recursos, y no
ha traído aparejada una redistribución de las responsabilidades
domésticas y familiares, por lo que la carga global de trabajo de las
mujeres sigue siendo superior a la de los hombres.
Lossalariosdelasmujeres sonmenoresenpromedioalosquereciben
los hombres por el mismo tipo de trabajo. En la política la situación
no es mejor: hay menos mujeres en cargos de poder en el gobierno y
en cargos de representación popular. En las elecciones municipales
de 2012 se presentaron menos candidatas que en los comicios de
2008 y el promedio de parlamentarias llega al 13%, contra el 21% de
los Congresos de América Latina.
La expresión más cruda de la discriminación es la violencia de
género, una de cada tres mujeres ha vivido violencia física, sexual o
psicológica por parte de sus parejas o ex parejas.
Esta realidad impone la necesidad de una Nueva Agenda de Género
basada en los derechos, igualdad y autonomía de las mujeres,
impulsada por una institucionalidad renovada y de mayor rango.
Dentro de los primeros 100 días de Gobierno enviaremos al Congreso
el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer, buscando situar
la igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel en la agenda
política. Junto con ello, reinstalaremos el Consejo de Ministros para
la Igualdad de Oportunidades y fortaleceremos su funcionamiento,
generando una instancia permanente de asesoría técnica.
El despliegue de esta agenda será transversal, se vinculará
estrechamente con las principales políticas públicas que se
impulsarán. Así, el enfoque de género estará presente, entre otras
áreas, en el diseño en las reformas educacional, el sistema electoral,
las políticas laborales y la Nueva Constitución Política. Similar visión
existirá en el Sistema Nacional de Inversiones, en el diseño del
sistema nacional de cuidado y en la reforma al régimen de salas cunas
para hijos e hijas de trabajadores, que asegurará la no discriminación
de las trabajadoras e incluirá la corresponsabilidad en la crianza.
En el plano local, impulsaremos el fortalecimiento y ampliación de
las Oficinas Municipales de la Mujer y la Equidad de Género, con el
objetivo de promover la participación igualitaria en las políticas de
desarrollo local.
EQUIDAD DE GÉNERO

169
Impulsaremos el diseño e implementación del Sistema Nacional de
Cuidado, que se hará cargo de dos problemas centrales. Por un lado,
de la concentración tradicional de las múltiples tareas de cuidado en
las mujeres, situación incompatible con su creciente participación
en el trabajo remunerado. Por el otro, de una oferta insuficiente y
dispersa de servicios de cuidado públicos, subsidiados o privados
con grandes diferencias de calidad según la capacidad económica de
las familias. En un país que envejece, el cuidado, tanto de personas
mayores como de enfermos postrados, discapacitados y de niñas y
niños, pasa a ser un tema prioritario para el Estado y la sociedad.
Promoveremos políticas destinadas a reforzar la autonomía de las
mujeres. Esto incluye una ley de derechos sexuales y reproductivos
acorde a las realidades y opciones de las personas; educación sexual
laica y humanista en los colegios; acceso a servicios de salud sexual
y reproductiva; disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos,
incluyendo la anticoncepción de emergencia; y despenalización de
la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida
de la madre, violación o inviabilidad del feto.
Reforzaremos las políticas de prevención de la violencia de género,
duplicando las actuales Casas de Acogida y aumentando los centros
de la mujer en las comunas con mayores índices de violencia.
Dentro de los primeros 100 días de Gobierno detallaremos dónde
se implementarán estas 24 nuevas Casas de Acogida. Crearemos un
registro único de casos de violencia contra las mujeres y de femicidio
y avanzaremos en la especialización de fiscales y jueces. También
ampliaremos el concepto de acoso sexual al ámbito educacional.
Modificaremos la actual Ley de Violencia Intrafamiliar incorporando
todo tipo de violencia de género, no sólo aquella que se vive dentro
de las familias o entre cónyuges.
Fortaleceremos la fiscalización de las normas existentes contra la
discriminación de género en materia laboral, modificaremos la ley
de igualdad de remuneraciones para hacerla efectiva, suprimiremos
las normas que impidan autonomía real de las mujeres en relación
a sus derechos patrimoniales y promoveremos la ley de reforma
a la sociedad conyugal, actualmente aprobada en la Cámara de
Diputados.
Como se indicó en el capítulo de Trabajo impulsaremos una reforma
al régimen de salas cuna para hijos e hijas de trabajadores, que
asegurará la no discriminación de las trabajadoras e incluirá la
corresponsabilidad en la crianza, eliminando el sesgo tradicional de
género de la actual legislación laboral. Esta política complementará
el significativo aumento de salas cuna y jardines infantiles, que
garanticen la provisión de educación parvularia de calidad para
niños y niñas.
Dispondremos medidas de participación equilibrada de mujeres
y hombres en el Congreso, las directivas de los partidos políticos,
las instituciones públicas, en cargos directivos y directorios de
empresas con participación del Estado, en el gabinete ministerial
y gobiernos regionales; desarrollaremos programas de difusión de
derechosyunFondoNacionalparaapoyariniciativasquefortalezcan
la asociatividad y liderazgo de las mujeres. Adicionalmente,
incorporaremos acciones afirmativas para la contratación femenina
dentro de las políticas de selección del Sistema de Alta Dirección
Pública.
Enfrentaremos las principales barreras que limitan el acceso de
las mujeres al mundo del trabajo, desarrollando programas de
formación y capacitación laboral, de apoyo al emprendimiento, de
salud odontológica y extensión horaria en salas cunas, jardines y
colegios.
Respecto de la vinculación con el sistema educativo, reinstalaremos
en la formación docente, los programas de estudio y textos
escolares, ejes y lineamientos educativos que permitan modificar
prácticas y estereotipos de género y que promuevan el respeto por
la diversidad sexual. Adicionalmente, evaluaremos, diseñaremos e
implementaremos programas de derechos humanos con enfoque
de igualdad de género en todo el ciclo escolar, junto con establecer
la institucionalidad más apropiada dentro del Ministerio de
Educación, para proteger y asistir, dentro de otros temas, a alumnos
y alumnas afectados por prácticas discriminatorias. Fiscalizaremos
el cumplimiento y apoyaremos la continuidad de la educación
de las adolescentes embarazadas o madres y se implementarán
programas para la prevención de abuso infantil en jardines públicos
y privados.
Crearemos un programa integral de Calidad de Vida y Autocuidado
de las mujeres que considere mayor prontitud en el acceso y mejor
accesibilidad a la atención preventiva en salud física y mental,
programas recreativos, de autocuidado, cultura y deportes en las
comunas.Tambiénenelámbitodelacalidaddevida,promoveremos
en la actual normativa de vivienda mecanismos que faciliten el
acceso igualitario de hombres y mujeres a los subsidios públicos.

172
Queremos un Chile de todos con los Pueblos Indígenas
incluidos plenamente. Miramos nuestra historia, lo que
hemos hecho bien, lo que está pendiente y lo que hay que
corregir. Una nueva relación deberá estar basada no sólo
en los derechos individuales sino también en los derechos
colectivos de los Pueblos Indígenas, con una propuesta
real de participación y superación de toda forma de
marginación, racismo y discriminación. Reconocemos así
que el Estado y la sociedad chilena mantienen una deuda
histórica. No hemos logrado su pleno reconocimiento y
por ello tenemos grandes desafíos por delante.
Al inicio del Gobierno, anunciaremos una detallada
Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, que
incorporará, entre otras, las áreas de educación, salud,
tierras y desarrollo productivo.
Los cuatro ejes sobre los cuales se fundamentará la
Política Indígena del próximo Gobierno son:
El Estado de Chile tiene obligaciones que debe
cumplir. Es un deber del Estado de Chile implementar
los tratados que ha ratificado en materia de derechos de
los Pueblos Indígenas y adecuar su legislación para que
sea acorde con dichos estándares y elaborar una nueva
política indígena con enfoque de derechos.
La nueva política indígena se fundamentará en el marco
internacional de derechos que garantizan a los Pueblos
Indígenas que ellos pueden proveer, su mejor forma de
desarrollo político, económico, social y con pertinencia
cultural. En dicho sentido implementaremos en
plenitud el Convenio 169 de la OIT y asumiremos las
tareas inconclusas y los nuevos desafíos, entre otros:
asumir la defensa de la lengua de los Pueblos Indígenas
y del reconocimiento de sus autoridades; mejorar sus
condiciones de vida, apoyar su economía y productividad;
proteger sus prácticas culturales y su medicina ancestral;
consolidar la libre manifestación de sus creencias y de su
espiritualidad; promover mejores y más amplios espacios
de participación política, social y cultural, respetando
su autonomía y autodeterminación y extendiendo sus
derechos políticos. El sello de la próxima década debe ser
el del reconocimiento e implementación efectiva de los
derechos de los Pueblos Indígenas en Chile. Tenemos
por delante el desafío impostergable de reconocer
constitucionalmente a los Pueblos Indígenas en el
marco de la discusión de una Nueva Constitución para
Chile, y debatir ahí un nuevo modo de convivencia como
sociedad pluricultural. Esta idea alude a la existencia
en un territorio con diversas culturas. Lo fundamental
es que estas culturas se relacionan, vale decir no sólo
comparten un espacio común, sino que desarrollan un
intercambio y una influencia mutua.
Los Pueblos Indígenas y la sociedad en general serán
actores fundamentales en este debate. Debemos analizar
en conjunto la mejor forma de participación de los
Pueblos Indígenas en su propio destino y en los del país.
PoruncaminodePaz,DiálogoyEntendimiento.
La falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha
llevado a una profunda crisis en la relación de los Pueblos
con nuestra sociedad y el Estado, que todos lamentamos
profundamente. Corregiremos esta situación y los errores
cometidos en el pasado y reemprenderemos la tarea de
reconstruir confianzas, alejándonos de la represión y la
violencia. Buscaremos una forma de entendernos con
voluntad de diálogo y de justicia. Consideramos muy
importantes las recomendaciones de los Relatores de
Naciones Unidas y de otros organismos internacionales
que han examinado la realidad de los Pueblos Indígenas en
nuestro país y han formulado importantes indicaciones,
especialmente en relación con situaciones de tensión y
conflicto.
Construir juntos una nueva relación para
mejorar la calidad de vida, tanto de las
comunidades indígenas rurales como para
la población indígena urbana. Respetar los
derechos de los Pueblos Indígenas y sus
Recursos Naturales. Los Pueblos Indígenas tienen
derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y lugares
donde habitan. Impulsaremos una política efectiva
respecto de los indígenas urbanos. Buscaremos en
conjunto la mejor forma de emplear los recursos naturales
PUEBLOS INDÍGENAS

173
en beneficio del país y con respecto de los derechos de
los pueblos indígenas. Esto es apuntar nuestra mirada
hacia un modelo de vida que integre distintas visiones
sobre el desarrollo, sobre el medio ambiente y sobre la
economía. Sin duda que un tema fundamental en esta
materia es el derecho a la participación y consulta de los
Pueblos Indígenas. Para tal efecto, debemos replantear
y revisar el tema de la consulta y consensuar, en un
proceso participativo con los Pueblos y sus autoridades,
los mecanismos que mejor representen sus derechos a
partir de procesos ya encaminados.
Las propuestas se ordenan en cuatro áreas, que se
exponen a continuación.
Reformas políticas, legislativas e
institucionales
Garantizaremos la participación plena de los Pueblos
Indígenas en todo el proceso de debate y decisión sobre
una Nueva Constitución, teniendo presente la idea
de un Estado pluricultural que garantice sus derechos
colectivos.
Realizaremos un proceso de consulta con los Pueblos
Indígenas para garantizar la participación política de
éstos en los distintos niveles de toma de decisiones.
Desarrollaremos un proceso de consulta con los Pueblos
Indígenas para establecer reformas que generen espacios
de autonomía y autodeterminación a nivel territorial
mediante la generación de Estatutos Especiales de
Autonomía.
Impulsaremos una nueva institucionalidad indígena que
recoja la experiencia histórica de entidades como Conadi
y de la Ley Indígena y que eleve el estándar de la relación
de los Pueblos Indígenas con el Estado. En efecto, los
asuntos indígenas han estado a cargo de la Conadi, una
institución que es una corporación dependiente de un
Ministerio, lo que resta fuerza a su accionar. Necesitamos
darle un estatus diferente a un tema tan importante para
Chile. Por esto, en los primeros 100 días de Gobierno
enviaremos un proyecto de ley con discusión inmediata,
que confiere rango de Ministro de Asuntos Indígenas
al Director de la Conadi. Pero este es el primer paso.
Para que tenga más fuerza esta institución se enviará
al Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio
de Asuntos Indígenas, que será además el encargado
de colaborar con el Presidente de la República en la
definición de una política indígena para Chile. Junto a
este, enviaremos el proyecto de ley que crea el Consejo
de Pueblos Indígenas, autónomo y representativo de los
diversos pueblos que existen en Chile. El Consejo deberá
tener funciones consultivas y resolutivas y garantizar la
debida representación por Pueblos, entre otras materias.
Esta iniciativa será con consulta de los Pueblos Indígenas.
Adecuaremos los marcos regulatorios actualmente
vigentesalasnormasdelConvenio169,demaneradevelar
por su adecuada implementación y respeto. Esto incluye
la revisión y eventual modificación -con consulta- del
reglamento general de consulta en proceso de aprobación
como también respecto del nuevo reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental recientemente en
vigencia, a objeto de que ambos instrumentos cumplan
efectivamente con los estándares del Convenio 169.
Además, se evaluará un mecanismo de financiamiento a
estos procesos de consulta.
Estudiaremos e implementaremos, en consulta con
los pueblos indígenas, procedimientos e iniciativas
para proteger efectivamente los recursos naturales y
económicos de los Pueblos Indígenas.
Política de Tierras y Aguas Indígenas
Además de la generación de Estatutos Especiales de
Autonomía a nivel territorial y local, se otorgará mayor
jerarquía a las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) a
través de una nueva y mejor ordenación territorial.
Estudiaremos mecanismos alternativos a la compra de

tierras para poder satisfacer las demandas pendientes.
Se dará cumplimiento al proceso de restitución de tierras
indígenas y se proporcionarán los recursos para proteger
los derechos de los Pueblos sobre sus tierras y recursos
ancestrales. Se respetarán todos los compromisos
asumidos de compras de tierras, con un acompañamiento
técnico y productivo a las comunidades.
Se estudiará especialmente la situación de las tierras
fiscales que actualmente ocupan los Pueblos Indígenas
y cuyo traspaso está aún pendiente. Se estudiarán las
denuncias sobre contaminación y los problemas de
impacto ambiental que actualmente afectan a muchas
tierras indígenas a objeto de adoptar las medidas de
mitigación que correspondan.
Reformas en materia de orden público y
defensa de los derechos humanos de los
Pueblos Indígenas
Nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la
Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas
por actos de demanda social. La Ley Antiterrorista
será modificada para adecuarla a los estándares
internacionales, tal como le han recomendado al Estado
de Chile los órganos internacionales de protección de
derechos humanos.
Una comisión de personalidades representativas de la
sociedad chilena e indígena estudiará los casos judiciales

175
que se han producido como resultado de la aplicación de
ésta ley, investigará las denuncias de violencia y abuso
policial contra comunidades indígenas, particularmente
mapuche y rapa nui y sobre todo respecto de los niños y
niñas mapuches; y dará especial atención a las familias
indígenas y a los pequeños parceleros afectados por
las situaciones de tensión vividas en la Región de la
Araucanía. Esta Comisión propondrá, en el plazo de 6
meses desde constituido el nuevo Gobierno, las medidas
y recomendaciones necesarias para atender todas estas
situaciones de manera adecuada y con respeto a los
estándares internacionales de derechos humanos.
El Defensor del Pueblo tendrá entre sus competencias
la defensa de los derechos indígenas. Se fortalecerán y
extenderán los esfuerzos de capacitación y educación en
derechos humanos de los encargados del orden público y
del Poder Judicial para el cumplimiento adecuado de sus
funciones.
Políticas sectoriales
Segarantizarálaintroduccióntransversaldeladimensión
indígena en las políticas públicas, para que se estudiarán
e implementarán las metodologías y las modificaciones
institucionales que hagan posible cumplir con este
objetivo. Esto es fundamental para otorgar pertinencia
indígena a los planes y programas ministeriales,
adecuándolos y flexibilizándolos de acuerdo a las
características de cada región y Pueblo Indígena.
En el marco de la Reforma a la Educación, se impulsará
la implementación de una educación intercultural para
todos los chilenos y chilenas que garantice la integración
de contenidos sobre historia y cosmovisión indígena en
toda la enseñanza de manera de que nuestros estudiantes
tengan conciencia y respeto por el valor que tiene la
cultura de los Pueblos Indígenas para el desarrollo de
Chile. Particularmente importante será la ampliación de
jardines infantiles indígenas. Se impulsará la creación
de Institutos Culturales Indígenas y reforzaremos el
programa de Beca Indígena para la educación superior.
Implementaremos un Programa de Desarrollo Rural
Indígena, que considera las áreas de desarrollo integral
de comunidades indígenas y el desarrollo de la oferta
pública sectorial culturalmente pertinente.
Se dará especial impulso a políticas relacionadas con
programas de Salud intercultural, mediante iniciativas
de reconocimiento y fomento de acuerdo a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Retomaremos la Consulta Nacional Indígena Urbana,
desarrollada durante el 2007, e impulsaremos, en un
proceso plenamente participativo, una política efectiva
respecto de los indígenas urbanos, orientada a reforzar
sus prácticas culturales e identitarias, los espacios
ceremoniales, la salud intercultural y el emprendimiento
indígena. Asimismo, desarrollaremos programas que
tiendan al mejoramiento y fortalecimiento de sus
capacidades productivas y artísticas. La política pública
indígena urbana tendrá un carácter nacional.

178
El próximo Gobierno volverá a situar al centro de sus políticas
públicas a la Infancia, creando un sistema de protección integral
que beneficiará en la vida de cerca de 4 millones de personas
menores de 18 años.
La protección integral de los derechos de los niños y niñas es una
base fundamental para superar la desigualdad. Debemos situar
al centro de nuestras políticas públicas la Infancia. Crearemos
el Consejo Nacional de la Infancia que se encargará de la
coordinación de los organismos con competencia en materias
relacionadas y asumirá la responsabilidad de impulsar la reforma
normativa e institucional, que plasmará una nueva relación
del Estado con los niños y niñas, fundada en el respeto de sus
derechos.
Enviaremos un proyecto de Ley de Protección Integral a los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, marco jurídico
de reconocimiento de todos los derechos consagrados en la
Convención de derechos del Niño y establecimiento de garantías
a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación
alguna. Se establecerán los mecanismos de exigibilidad de los
derechos. Esta Ley derogará la actual Ley de Menores, N° 16.628.
Este nuevo marco jurídico implicará reformar los siguientes
instrumentos: la Ley N°20.032, fortaleciendo las competencias
del Estado para una actuación efectiva y eficaz en materia de
protección especial y; transformado al SENAME en el Servicio
Nacional de Protección de Menores, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, y la Ley N° 19.620 que dicta normas sobre
adopción de menores. La actual ley de Adopción presenta
vacíos que ponen en disputa el interés superior del niño y otros
intereses.
De esta manera, crearemos el Código de Infancia. Instrumento
Jurídico que integrará todo el cúmulo de leyes dispersas en
materias referidas a los niños y adolescentes, armonizándolas
con la Ley de Protección Integral de derechos y los convenios
internacionales de infancia.
Se abordarán con sentido de urgencia las vulneraciones de
derechos de los niños provenientes de prácticas institucionales.
Para disminuir la victimización secundaria que sufren los niños
víctimas de delitos sexuales, se constituirá una comisión con
todas las instituciones concurrentes en materia de delitos
sexuales cometidos contra niños y adolescentes, con el propósito
de conciliar un procedimiento, que regido por el interés superior
del niño, permita a su vez a todos los organismos cumplir con lo
que la ley les mandata.
Además, dotaremos al Servicio Médico Legal de una Unidad
Forense Móvil para cada Región y Unidades Forense Hospitalarias
en las Capitales Regionales, con el propósito de mejorar la
oportunidad y la calidad de la pericia, factores que inciden en
la victimización secundaria que sufren los niños víctimas de
delitos sexuales.
Eliminaremos la lista de espera del SENAME de niños con medida
judicial para mejorar la ejecución de las medidas de protección
emanadas por los Tribunales de Familia.
El Programa de Defensa del Niño se encargará de representar
debidamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en los procesos judiciales, para lo cual revisará la situación
judicial de miles de niños internados en residencias. Por otra
parte, en el ámbito penal, podrá hacerse parte como querellante
en la persecución de los delitos que afectan a los niños de los
sistemas residenciales, contribuyendo a reducir la victimización
secundaria en el sistema penal, evitando salidas judiciales
insatisfactorias para los niños.
Fortaleceremos también ámbitos de la vida cotidiana de
los niños. Esto es relevante para la población, marcando el
carácter universal de la preocupación del Estado por la infancia
y adolescencia, reconociendo la responsabilidad de apoyar a la
familia en su rol principal de agente del bienestar y desarrollo
de los niños y niñas. Las medidas que se proponen en este
ámbito son: definiremos una Política de Fortalecimiento de la
Capacidad Parental de la familia; fortaleceremos el Subsistema
de Protección de Infancia Chile Crece Contigo; fortaleceremos la
participación social y la capacidad de incidencia de los niños y
adolescentes en el ámbito comunal, barrial u otros contextos,
y; crearemos un programa de generación de espacios urbanos
para la infancia: ludoteca, biblioteca, mediateca, espacios para
actividades escolares y espacios de recreación en el exterior.
INFANCIA

179
Abrir más oportunidades a la población juvenil será uno de los ejes del
desarrollo del próximo gobierno. Ser joven muchas veces significa carecer
de algo: capacidad para hacerse oír por autoridades y dirigentes; experiencia
para encontrar un empleo; redes de apoyo para concretar un proyecto o una
idea; asertividad para convencer a los demás que las cosas se pueden hacer
de un modo diferente. Un país que no confía en sus jóvenes está condenado a
anquilosarse en sus prácticas y visiones.
Reforzaremos la institucionalidad pública, de manera que el Instituto de la
Juventud (INJUV) pueda realizar una efectiva coordinación de las políticas
multisectoriales, y crearemos en el Ministerio de Desarrollo Social una
Subsecretaría de la Juventud. Al mismo tiempo, el INJUV debe ser el encargado
de la ejecución de las políticas públicas, programas, planes y proyectos
diseñados para la juventud.
Los jóvenes serán objetivos prioritarios de las políticas de educación, salud,
cultura, deporte y capacitación. En efecto, la reforma educacional, constituye
una de las tres reformas estructurales del presente programa, con un especial
énfasis en educación general y educación superior. En salud, se establecen
programas especiales para jóvenes en materia odontológica. En cultura se
pondrá especial dedicación al acceso a la formación de jóvenes en las distintas
expresiones artísticas, así como el acceso al disfrute de la cultura. En deporte
se implementarán múltiples medidas que benefician fundamentalmente
a la población joven, como la construcción y orientación de la actividad de
centros polideportivos hacia los establecimientos educacionales. En materia
de capacitación, los jóvenes serán un grupo prioritario, implementándose
programas masivos de formación.
Complementariamente a estas políticas, desarrollaremos un programa
que brinde asistencia específica a jóvenes vulnerables que ni trabajan ni
estudian y que están al margen de cualquier sistema de protección o política
pública. Además, en el ámbito laboral, fomentaremos las prácticas laborales
profesionales y técnicas en el servicio público de regiones, con posibilidades
de carrera en el servicio público y continuidad de estudios.
También promoveremos la participación ciudadana de los jóvenes,
incentivándolos a integrarse en las organizaciones de su comuna y estimulando
la creación de centros de alumnos e introduciendo la temática de participación
y cultura cívica en los establecimientos educacionales.
Crearemos un Programa de Voluntariado Nacional de carácter permanente,
de vinculación con la sociedad, desarrollado por jóvenes, estudiantes y
profesionales, abordando temáticas multisectoriales. Este tipo de programa
genera empatía positiva entre organismos del Estado y los jóvenes
organizados, y los vincula de manera concreta a las necesidades del país. Para
los estudiantes de educación superior, implementaremos la realización de
trabajos voluntarios en todas las regiones del país, en temporada de verano e
invierno. Para el éxito de la iniciativa se requiere un trabajo coordinado entre
las instituciones educativas, las organizaciones estudiantiles y los municipios
y otras organizaciones locales que ayuden a identificar las necesidades de las
localidades de destino.
Como se indicó en el capítulo de Seguridad Pública, revisaremos la ley 20.000
entregando el conocimiento de las faltas consideradas en esta norma a los
Juzgados de Policía Local. Estableceremos por reglamento la determinación
de los niveles de droga que debe considerarse constitutiva de micro tráfico
y, consecuencialmente, aquella que le está permitido portar a una persona
para su consumo personal. Adicionalmente, el reglamento que considera a la
marihuana en la lista 1) entre las drogas más peligrosas.
El INJUV fomentará la creación de estructuras juveniles en todos los municipios
y suscribirá convenios de desempeño, dispondrá de fondos participativos
e implementará programas con las estructuras juveniles de las distintas
municipalidades, con el objetivo de desarrollar temáticas locales y desafíos
nacionales en materia de juventud.
En una alianza con Sernatur, se ampliará significativamente la cobertura del
programa de giras de estudio en enseñanza media para colegios municipales.
Con esto se estimula el turismo en fechas de baja temporada, a la vez que se
brinda una oportunidad a jóvenes vulnerables de acceder a conocer su país.
Crearemos un Fondo que dará financiamiento a 1.000 proyectos anuales de y
para jóvenes, a lo largo del país. Se debe tener especial cuidado en los sistemas
de postulación, de manera tal que no se generen sesgos en contra de los jóvenes
más vulnerables, quienes pueden tener mayores dificultades para plantear sus
proyectos. Se motivará a postular a este Fondo a la red de centro de alumnos de
todo el país, a clubes juveniles, ONGs de jóvenes y otras organizaciones en las
cuales participan jóvenes.
Se implementará el uso de una nueva tarjeta joven con un fuerte incremento
de las actividades y beneficios asociados, otorgándole valor y sentido de
pertenencia a este grupo. Buscaremos alcanzar una cobertura de 4 millones
de jóvenes, independiente de su condición económica, haciendo un esfuerzo
focalizado en su distribución a los jóvenes más vulnerables.
Para hacer más atractiva la tarjeta, se coordinará con los oferentes un programa
de fomento a los usos de butacas vacías de diversas expresiones artísticas,
culturales y deportivas. La meta es entregar en todo el país en los meses de
enero, febrero y julio (vacaciones de verano e invierno) un total de 500.000
entradas gratuitas. Para ello se realizarán licitaciones públicas de entradas de
bajo costo y se realizarán convenios con entidades culturales y deportivas.
JÓVENES

182
La construcción del sistema de protección social en Chile
se ha fundamentado en asegurar derechos a todos los
chilenos y chilenas que frente a vulnerabilidades ven
mermadas sus posibilidades de desarrollo e inclusión
social. Hasta ahora, las acciones se han dirigido a las
familias en situación de mayor vulnerabilidad a través
de programas como Chile Solidario, Chile Crece Contigo,
el reciente Ingreso Ético así como la propia Reforma
Previsional.
Avanzar en materia de protección social desde un enfoque
de derechos es un compromiso ineludible en el marco de
nuevas realidades que configuran nuevas situaciones de
vulnerabilidad.
En Chile, más de 2 millones de personas tienen algún tipo
de discapacidad, de las cuales más de un millón tienen
discapacidad física. En uno de cada tres hogares chilenos
vive una persona con discapacidad, asociada a situaciones
de dependencia y pobreza. Sólo la mitad de las personas
con discapacidad ha completado la educación básica y el
71% de las personas con discapacidad no realiza ningún
tipo de trabajo remunerado. Por otra parte, en los últimos
años ha existido una gran brecha de acceso a servicios de
rehabilitación por parte de las personas con discapacidad.
Como país estamos al debe con el cumplimiento de los
compromisos enelmarcodela “ConvenciónInternacional
para los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su
Protocolo Facultativo, ratificado en 2008 por nuestro país.
Para avanzar de verdad en una mayor inclusión, debemos
asumir ésta como una tarea colectiva y llevarla adelante
desde una mirada integral.
ElEstado,nocuentaconlainstitucionalidadnecesariapara
enfrentar este tema, quedando en manos principalmente
de instituciones sin fines de lucro, sin un enfoque
DISCAPACIDAD
común. Se agrega el hecho de que el Servicio Nacional
de la Discapacidad (SENADIS) carece de las atribuciones
suficientes para coordinar, promover y fiscalizar la
inclusión de las personas en situación de discapacidad y el
respeto a sus derechos.
Establecer la institucionalidad pública será una prioridad.
Crearemos la Subsecretaría de la Discapacidad, que
impulsará de manera transversal el tema, teniendo como
eje la integración y necesidades de las personas con
discapacidad y sus familias.
Crearemos una Comisión Asesora Presidencial que
elaborará participativamente, un plan nacional para
abordar la Discapacidad, la Salud Mental y el Cuidado.
Esta comisión de carácter transversal tendrá un enfoque
de inclusión, contemplando también aspectos de
infraestructura urbana y políticas de inclusión laboral,
entre otras. Llevaremos adelante un segundo estudio
nacional de discapacidad que permita tener a fines de
2014, una estrategia integral para los próximos 10 años en
el tema de discapacidad y salud mental. Ella deberá contar
con los diagnósticos y propuestas de los Ministerios de
Salud, Educación, Transportes y Telecomunicaciones, de
Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, Vivienda
y Urbanismo y del Servicio Nacional de Discapacidad.
En el ámbito laboral, incorporaremos un enfoque
de inclusión a programas regulares de SENCE, FOSIS,
SERCOTEC y otros, considerando que las personas con
discapacidad son el colectivo vulnerable más significativo
actualmente. Fortaleceremos el trabajo del sistema de
Intermediación Laboral asignando los recursos necesarios
que permitan abordar de manera pertinente los procesos
de intermediación laboral para personas en situación de
discapacidad y sus programas municipales de fomento
productivo.

183
Adecuaremos los procesos de selección y normativa de
contratación en el sector público para que los servicios
cumplan con la disposición de acceso preferente a las
personas en situación de discapacidad a la administración
pública, terminando con situaciones de discriminación y
exclusión.
En materia educativa, abordaremos las necesidades
de la educación parvularia para asegurar el acceso de
niños y niñas con discapacidad a este nivel de enseñanza
fortaleciendo capacidades del sistema público de salas
cuna y jardines infantiles. Revisaremos y mejoraremos
el funcionamiento de proyectos de integración escolar en
niveles básicos y medio a fin de reorientar las acciones de
los equipos multiprofesionales e interdisciplinarios hacia
requerimientos más pertinentes de los estudiantes con
necesidades diferentes.
Velaremos por la eliminación de las barreras de acceso
a la educación superior de estudiantes con discapacidad
e incrementaremos el número de ayudas técnicas para
estudiantes universitarios.
En el área de la salud, potenciaremos la Red de Salud
Mental Comunitaria, basada en una red de dispositivos de
carácter territoriales como parte de la red de salud general
a partir de los Centros de Salud Mental Comunitarios
(COSAM).
Incorporaremoslacoberturadeórtesisyprótesisen
los seguros de salud, mediante modalidad de Garantía
Explícita de Salud (GES), logrando el traspaso desde el
SENADIS al MINSAL de las ayudas técnicas, eliminando
los actuales procesos de postulación.
Estableceremos un plazo máximo, para la evaluación
de discapacidad por parte de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN), de los Servicios de Salud.
Generaremos un plan nacional de Demencias (Alzheimer)
y la creación gradual de 15 centros pilotos de atención
(centros diurnos, uno por región), como dispositivos
especializados, con dependencia técnica de los COSAM de
las comunas, que trabaje en red con la atención primaria.
Fortaleceremos los servicios de rehabilitación de 4
hospitales regionales, de acuerdo a las macrozonas, que
permitan avanzar en el acceso equitativo a ellos de la
población a lo largo del país, en especial, de la población
adulta.
Incorporaremos al arancel de FONASA y a la cobertura
de seguros privados, las prestaciones de Terapeutas
Ocupacionales. Incrementaremos el número de becas en
los programas de formación de especialistas para Medicina
Física y Rehabilitación y para Técnicos Ortoprotesistas.
Evaluaremos la incorporación del GES de la rehabilitación
post accidente vascular encefálico (AVE) como principal
causa de discapacidad adquirida en los adultos.
Además, estudiaremos la regulación de la condición de
preexistencia en los seguros de salud cuando las personas
con discapacidad dejan de ser carga o son contratadas y
deben cotizar directamente, a fin de evitar la pérdida de
beneficios de su programa de salud previo.
Evaluaremos la incorporación universal del examen
denominado “screening de hipoacusia neonatal”, que
incluya a los recién nacidos del país. La evaluación debe
considerar la etapa diagnóstica, la amplificación y la
terapia de seguimiento posterior.

IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN
Y PARTICIPACIÓN
E INCLUSIÓN

186
Un país más inclusivo y menos desigual es un país que
valora la diversidad, promoviendo y garantizando la
igualdad de derechos de todos y todas. Construir el Chile
de Todos es impensable sin un compromiso irrestricto
con la erradicación de toda forma de discriminación ya
sea por motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación
socioeconómica, lengua, ideología u opinión política,
religión o creencia, sindicación o participación en
organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual,
identidad de género, discapacidad, enfermedad, estado
civil, edad, filiación o apariencia personal.
La igualdad y no discriminación no es sino el respeto a los
Derechos Humanos en todas sus dimensiones y erradicar
las vulneraciones requiere de cambios culturales que sin
duda trascienden un gobierno. Esta es una tarea país, que
debe comprometernos a todos y todas. El compromiso de
la Nueva Mayoría aspira a sentar las bases de una sociedad
que respeta la diferencia justamente garantizando
igualdad de derechos a todos y todas.
En ese contexto, la elaboración de una Nueva Constitución
Políticaofrece una oportunidad inmejorable para impulsar
el cambio cultural que implica la erradicación de la
discriminación desde una perspectiva normativa, al ser
esta la base sobre la que se estructura nuestro sistema
político, convivencia social y legitimidad de las leyes.
De manera inmediata haremos cumplir la legislación
vigente que obliga a cada uno de los órganos de la
administración del Estado, dentro de las áreas de su
competencia, a elaborar e implementar las políticas
destinadas a garantizar a toda persona, el goce y
ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por
la Constitución, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile. Lo anterior deberá manifestarse en
medidas concretas que avancen en esta dirección y que se
reflejen a nivel simbólico, institucional, legal y de política
pública.
Desarrollaremosyharemosseguimientoalosmecanismos
para que el enfoque de inclusión esté apropiadamente
incorporado en el diseño, implementación y evaluación
de políticas y programas públicos.
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
DotaremosalInstitutoNacionaldeDerechosHumanoscon
las capacidades para promover y coordinar la aplicación
del principio de igualdad ante la ley y no discriminación, de
modo que los esfuerzos que el Estado haga en este sentido
sean coordinados y eficientes, maximizando los recursos
públicos y exaltando, en definitiva, a la diversidad como
una virtud social.
Garantizaremos y entregaremos los apoyos para que
funcionen de manera adecuada programas obligatorios
de prevención de la discriminación en todo el sistema
escolar, incluyendo la capacitación a docentes y asistentes
de la educación.
En materia legislativa, promoveremos una reforma a la Ley
20.609, de no discriminación, respondiendo a la demanda
transversal de las organizaciones de la sociedad civil que
intervinieron en su tramitación, de tal modo que no quede
reducida simplemente a la consagración de una acción
judicial, sino que se establezca el deber para el Estado
de elaborar políticas públicas contra la discriminación,
acciones afirmativas a favor de los grupos históricamente
discriminados y medidas de reparación.
Junto a ello, evaluaremos una iniciativa en contra de la
incitación al odio, que contemple todas las categorías
establecidas en la actual ley de no discriminación.
Impulsaremos las reformas legislativas que garanticen el
respeto pleno de los derechos de las personas que forman
parte de la Diversidad Sexual y de Género, en el marco de
los tratados internacionales suscritos por nuestro país,
incluyendo:
Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate
abierto, con participación amplia para la elaboración y
posterior envío de un proyecto de ley en esta materia.
Ley de identidad de género: las personas transgénero
son probablemente uno de los grupos que se encuentran en
mayor situación de vulnerabilidad en nuestra sociedad. A
raíz de la discordancia entre su nombre legal y su identidad
de género, tienen barreras de acceso básicas al mundo
laboral, siendo víctimas de situaciones de discriminación
y vulneración de derechos fundamentales. Promoveremos

187
La invitación del proyecto de la Nueva Mayoría es a
participar para transformar y llevar adelante reformas
profundas que permitan derrotar la enorme desigualdad
existente en nuestro país. En ese sentido, uno de los
ámbitos en que hoy chilenos y chilenas viven esta
desigualdad es también a la hora de participar en la toma
de decisiones.
Llevaremos adelante medidas que fortalezcan y den
institucionalidad tanto a la participación política como
a la participación ciudadana en la gestión pública,
garantizandoquetodosytodastengamoselmismoderecho
a influir en las decisiones que nos afectan y sin ningún tipo
de discriminación arbitraria. Nuestro Gobierno integrará
transversalmente el enfoque de participación ciudadana
a toda política pública sectorial. Para ello, comenzaremos
por revisar y fortalecer la institucionalidad y mecanismos
de participación ciudadana ya existentes (Ley 20.500),
sobre asociaciones y participación ciudadana en la
gestión pública, Ley de Municipios y Juntas de Vecinos,
mejorando los estándares y desarrollando programas que
fortalezcan una ciudadanía corresponsable y que ejerza
adecuadamente el control social.
Revisaremos y perfeccionaremos el diseño, ejecución y
evaluación de los mecanismos de participación ciudadana
hoy existentes en los programas y políticas públicas
sectoriales en todas sus etapas, como por ejemplo los que
lleva adelante el Servicio de Evaluación Ambiental.
Apuntando a que la participación se lleve adelante
con un enfoque de derechos y de manera transversal,
crearemos un Consejo de Participación Ciudadana y
FortalecimientodelaSociedadCivil,que se relaciona
con el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Este
PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
tendrá como tarea la difusión y promoción del derecho
a la Participación Ciudadana y la fiscalización para que
los órganos públicos cumplan adecuadamente con sus
obligacionesenestamateria.ElConsejoestaráconformado
por representantes de la Ciudadanía y el poder Ejecutivo, y
coordinará un sistema Integral de Participación Ciudadana
del que formarán parte todos los Consejos de Sociedad
Civil creados al alero de la ley 20.500. Tendrá presencia
regional en el territorio para garantizar, entre otras cosas,
procesos de Participación Ciudadana descentralizados.
El Consejo tendrá como una de sus funciones el diseño
y aplicación, conjuntamente con organizaciones
territoriales, funcionales y de la sociedad civil en general,
de un informe periódico anual que tenga como resultado
un Índice de Participación Ciudadana que de cuenta de los
avances y dificultades en la materia, así como la difusión
de buenas prácticas.
Diseñaremos e implementaremos de manera participativa
una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, lo que implica la redefinición de los objetivos,
los montos y formas de asignación del Fondo de
Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
Crearemos una División de Participación Ciudadana en
la SEGEGOB, de tal manera de dar adecuado seguimiento
y control del cumplimiento de metas ministeriales en
materias de participación.
Las y los dirigentes sociales y vecinales son actores
fundamentales en nuestra democracia y en general en
la vida comunitaria. Promoveremos programas que
fortalezcan su liderazgo, y reconozcan su labor.
la tramitación de la ley de identidad de género, que se
encuentra en trámite, respondiendo a la necesidad de
consagrar legalmente el derecho a la identidad de género,
y estableciendo un procedimiento judicial, de acuerdo a
normas internacionales suscritas por nuestro país, que
permita a las personas trans adecuar su nombre y sexo
registral de acuerdo a su propia identidad de género.
Por vía administrativa garantizaremos el acceso a
los programas sociales de todos los tipos de familia.
Desarrollaremosunprogramaeducativoanivelnacionalde
formación y prevención de toda forma de discriminación,
elaborado e implementado de manera participativa
con representantes de la sociedad civil, conteniendo
estrategias de prevención, promoción y protección de los
derechos humanos en su conjunto.

El envejecimiento de la población chilena es acelerado y
adicionalmente han crecido fuertemente los segmentos
de adultos mayores de mayor edad. Cada vez más chilenos
sobrepasan la barrera de los 80 años.
El grupo de los 75 años y más, es el que más crece de manera
proporcional y se ve más afectado por enfermedades
crónicas que tienen como consecuencia la pérdida
de funcionalidad, autonomía y situación que deriva
finalmente en dependencia.
En Chile hay apróximadamente 400.000 personas mayores
con algún grado de dependencia leve, moderada o severa,
es decir, que requieren de otra persona para realizar una o
más actividades básicas de la vida diaria, la mayoría tiene
más de 75 años y predominantemente son mujeres.
Este importante y creciente grupo etario tiene hoy
demandas sentidas en materia de pensiones, salud,
políticas de cuidado a las personas con problemas
de dependencia, recreación y cultura, así como otros
beneficios sociales.
El presente programa incluye importantes anuncios hacia
los adultos mayores en materia de salud, particularmente
en la prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles, que afectan la calidad de vida de este
grupo de edad. Entre otras medidas, implementaremos
un programa de prevención para adultos con riesgo de
presentar diabetes o hipertensión arterial, que generará
hábitos de alimentación saludable, actividad física y
manejo de stress. Estableceremos programas orientados a
mantener la autovalencia y evitar que el sedentarismo, los
estados depresivos y el aislamiento potencien sus niveles
de dependencia y postración.
En materia de pensiones se estableció que en la medida
que se apruebe la reforma al sistema tributario, será
posible avanzar en modificaciones tanto en el monto de las
pensiones como en la cobertura del Sistema de Pensiones
Solidarias, creado en 2008.
Sin perjuicio de lo anterior, sabemos que muchos adultos
mayores han perdido el beneficio del bono de invierno,
ADULTOS MAYORES

191
producto de cambios mínimos en sus ingresos. Por ello, en
los primeros 100 días de Gobierno restituiremos el Bono de
Invierno a aquellos adultos mayores que lo hayan perdido,
sin haber experimentado modificaciones relevantes a
sus condiciones socioeconómicas. Adicionalmente, hay
pensionados que perdieron el beneficio de la Pensión
Básica Solidaria (PBS) sin que exista una razón aparente.
A ellos les restituiremos el pago de la PBS si su situación
socioeconómica no ha experimentado cambios.
Adicionalmente, evaluaremos e implementaremos una
normativa que permita hacer extensiva la asignación por
muerte a la totalidad de los adultos mayores que tienen
PBS y a los beneficiarios de APS con saldo cero en su cuenta
individual.
En materia de recreación, extenderemos el programa
de vacaciones tercera edad a un mayor número de
beneficiarios y combinaremos destinos consolidados con
destinos emergentes en todas las regiones del país. Esta
expansión permitirá que más de 220.000 adultos mayores
participen de esta significativa política pública.
En transporte, evaluaremos la implementación de
subsidios a los adultos mayores en los sistemas de las
distintas regiones.
Ahora bien, las personas en situación de dependencia total
o parcial seguirán incrementándose a un fuerte ritmo en las
próximas décadas, como consecuencia de una combinación
de factores demográficos, médicos y sociales. Hasta ahora,
los cuidados que requieren las personas mayores han sido
provistos por sus familiares, principalmente mujeres,
como parte de un rol tradicional. Pero la incorporación de
éstas al mundo laboral, el cuestionamiento y modificación
de los roles tradicionales de hombres y mujeres, junto con
cambiosenlosmodelosdefamiliatradicional,hangenerado
la necesidad de buscar una forma en que esta necesaria
función social sea asumida de manera corresponsable, y
que no descanse de manera discriminatoria sólo en ellas.
La situación se vuelve más aguda cuando las necesidades
de una persona mayor obligan a quien le cuida a dejar de
trabajar, reduciendo el ingreso familiar y muchas veces
condenando a la familia a la marginalidad y pobreza.
Necesitamos agregar un nuevo componente al sistema
de protección social, el Sistema Nacional de Cuidado,
enfocado en servicios sociales en materia de cuidados. Ello
incluye tanto la promoción de la autonomía de las personas
mayores, así como el apoyo sistemático y continuo a
quienes están en situación de dependencia.
Se brindarán servicios de tele asistencia y de ayuda
domiciliaria a personas autovalentes, además de apoyo
para adecuar sus viviendas a las necesidades especiales de
seguridad y desplazamiento.
Para los adultos mayores de alta dependencia en
situación de abandono, se establecerá una red pública de
establecimientos con un sistema de atención que integre
las prestaciones del sistema de pensiones y del sistema de
salud público, junto con los demás cuidados necesarios. Se
pondrán en funcionamiento 15 establecimientos, uno en
cada región, con el objeto de contar con una oferta pública
asegurada y establecer el estándar de atención para esta
población. Durante los 100 primeros días de Gobierno, se
identificará la ubicación geográfica de los establecimientos
y el plan anual de implementación.
También se regularizará el régimen vigente de residencias
de larga estadía para adultos mayores y se constituirá un
registro obligatorio de estos centros y de quienes brindan
servicios de cuidados domiciliarios. Quienes provean este
tipo de servicios deberán cumplir con una nueva normativa
que establecerá estándares de calidad y atención, para
garantizar que las personas bajo su responsabilidad estén
adecuadamente protegidas y seguras.
Avanzaremos en el reconocimiento de los derechos del
Adulto Mayor. En cada región habrá un centro que ofrecerá
atención pública, gratuita, de calidad para personas
mayores que están abandonadas, que no tienen familia,
evitándose que caigan en situación de indigencia. Además,
dispondremos del Fondo Nacional de Medicamentos,
de una red pública de centros de atención para adultos
mayores, de una política general de respeto a sus derechos
y promoción de una vida activa, saludable, con espacios de
recreación, acceso a la cultura e integrada a la sociedad.

192
Este programa de Gobierno es más que una suma de
medidas ordenadas por áreas. Es una mirada sobre el
momento que está viviendo Chile, sobre los grandes
desafíos que enfrentamos para hacer de nuestro país una
nación con prosperidad, con crecimiento, con progreso,
con emprendimiento y con oportunidades para todos y
todas. Un país sin desigualdad. Un país con participación
ciudadana, con viviendas dignas, barrios integrados,
ciudades amables. Un país sin abusos ni letra chica. Un
país con regiones más autónomas y poderosas. Un país
que respeta a sus habitantes en toda su diversidad. Un
país donde todos sabemos que somos importantes. Un
país que se debe a su gente y que le ofrece una mejor vida.
Esa es la apuesta que queremos hacer junto a todos
ustedes. Ese es el horizonte que nos alienta. Ese es el país
que queremos y que estamos llamados a construir. Juntos.
Para que este sueño colectivo sea una realidad, no sólo
necesitamos un programa de Gobierno. Debemos ir más
allá de este programa; debemos comprender que, tan
esencial como tener una carta de navegación, es tener la
voluntad conjunta de que esta nave que nos importa y nos
compromete a todos llegue a buen puerto. Y voluntad no
es voluntarismo. Voluntad es la disposición permanente a
construir, a escuchar a los diferentes actores. Es también
la apertura para que muchos y muchas se sumen y se
hagan parte de las decisiones que deberemos tomar y de
las soluciones. Es cooperar, en la certeza de que nuestras
diferencias nos hacen más diversos, nos fortalecen.Que
tenemos un destino común que nos convoca y nos invita
a pasar por sobre las ventajas individuales, para edificar
una sociedad de todos. Es confiar los unos en los otros y
cuidar esa confianza entre todos, desde la fiscalización, el
control ciudadano, el diálogo y la transparencia.
Este es un momento en nuestra historia que reclama
lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es
un momento determinante, en el que podemos elegir
AVANCEMOS JUNTOS HACIA UN CHILE DE TODOS

193
como país dar el gran salto que necesitamos para crecer
incluyendo, para incluir creciendo. Porque no podemos
desperdiciarestaoportunidad.Ytambiénporqueestatarea
no es fácil. Porque hay quienes no tienen interés en que
la situación actual cambie, quienes no quieren renunciar
a los privilegios de la desigualdad que obstaculizan el
desarrollo de nuestra sociedad. Porque hay quienes ven
ventajas inmediatas en esta desigualdad, en el abuso y
en la falta de oportunidades de millones de chilenos y
chilenas.
Nada de eso debe hacernos dudar. El futuro es bueno.
Un país con más educación, con más conocimiento, con
empleo decente, con más integración con equidad de
género, con más dignidad, con más salud y más protección
social es también un país donde se puede emprender, un
país confiable. Es un país que sabe dialogar, es un país
que entrega herramientas a todos sus habitantes y que
también promueve la competitividad, la innovación, la
productividad, el crecimiento sustentable. Es un país que
crece y se engrandece en todo sentido.
Es una tarea importante, que nos pide que estemos a la
altura.
Nuestro compromiso ante los ciudadanos y las ciudadanas
es hacer de este objetivo que hemos construido entre
todas y todos, el primer mandato del Gobierno de la
Nueva Mayoría. Y lo haremos responsablemente, con
gobernabilidad.
Cuatro años es poco tiempo para la magnitud del desafío.
Algunos cambios debemos implementarlos de inmediato,
otros quedarán en marcha. Este es el comienzo de un
proyecto transformador de largo plazo. Estamos hablando
de hacer los cambios necesarios en el modelo de desarrollo
que ha tenido Chile y que debieran orientar nuestros
esfuerzos como país por las próximas décadas.
Este programa asegura que los cambios que el país
requiere ocurrirán. No hay más tiempo que perder. La
implementación de las medidas que contempla este
programa requiere que las personas estén en el centro del
quehacer del gobierno.
Este programa nos obliga a enaltecer el valor del servicio
público y comprometer a los mejores en las tareas que
llevaremos adelante. Ese es el buen gobierno que los
chilenos y chilenas esperan. Es el buen gobierno que
nuestra economía necesita para dar el salto que nos lleve
a un desarrollo inclusivo.
Las transformaciones incluidas en este programa
necesitan estar acompañadas de otros cambios. Cambios
en las relaciones entre gobernantes y ciudadanos.
Cambios en las relaciones entre hombres y mujeres, entre
empresarios y trabajadores, entre vecinos y vecinas. Son
los espacios de confianza que necesitamos para hacer las
cosas bien, lo correcto y con sentido de futuro.
Este es el inicio de un nuevo ciclo político y social.
No pertenece a una candidata, ni a un grupo político
determinado: pertenece a una patria entera y sobre todo
a su gente, que es la que la hace andar. Y es justamente
porque el tiempo nos apremia, que debemos comenzar
este camino cuanto antes.
Sabemos cuáles son las tareas. Hemos propuesto un
modo de abordarlas que constan en este programa. Pero
los más grandes logros de un país se construyen junto a
los ciudadanos y ciudadanas.
Esta es la invitación. Este es el compromiso.
Sólo la certeza y la confianza de un destino en común,
de un anhelo en común y de un esfuerzo en común serán
capaces de hacer realidad el Chile de Todos que merecemos
y queremos.

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