El documento establece la aprobación de programas académicos de universidades e institutos profesionales que permitirán a funcionarios municipales acceder a formación mediante un fondo concursable. Dicho fondo financia becas para estudios relacionados con gestión municipal y se regula bajo la ley n° 20.742. La resolución también declara inadmisibles varios programas académicos por no cumplir requisitos específicos.