Copie de la Sentence de la 0168 13 - c (2) de la Cour Constitutionnelle de la Republique Dominicaine

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0168/13
Referencia: Expediente núm. TC05-2012-0077, relativo al recurso
de revisión constitucional en
materia de amparo incoado por la
señora Juliana Dequis (o Deguis)
Pierre, contra la Sentencia núm.
473/2012 dictada por la Cámara
Civil, Comercial y de Trabajo del
Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Monte Plata, en
fecha diez (10) de julio de dos mil
doce (2012).
En el municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil trece
(2013).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados
Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza
Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto;
Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo
Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury
David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez,
Katia Miguelina Jiménez Martínez, e Idelfonso Reyes, Jueces, en ejercicio
de sus competencias Constitucionales y Legales, y específicamente las
previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 64 de la Ley núm.
137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Sentencia TC/0168/13. Referencia: Expediente núm. TC-05-2012-0077, relativo al recurso de revisión constitucional
en materia de amparo incoado por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, contra la Sentencia núm. 473/2012 dictada
por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en
fecha diez (10) de julio de dos mil doce (2012).
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Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta
la siguiente sentencia:
I.
1.

ANTECEDENTES

Descripción de la sentencia recurrida

1.1. La Sentencia núm. 473/2012 fue dictada por la Cámara Civil,
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Monte Plata, en atribuciones de amparo, en fecha diez (10) de
julio de dos mil doce (2012). Dicho fallo pronunció el defecto en contra de
la accionada, Junta Central Electoral, por no haber comparecido a la
audiencia celebrada en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil doce (2012),
y rechazó el recurso de amparo interpuesto por la accionante, señora Juliana
Dequis (o Deguis) Pierre1.
1.2. En el ordinal cuarto del dispositivo de la sentencia previamente descrita,
fue comisionado el ministerial Dionis Fermín Tejeda Pimentel (alguacil de
estrados del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional) para la
notificación de la indicada decisión. Sin embargo, no consta en el expediente
prueba alguna de la notificación de dicho acto a la accionada Junta Central
Electoral.
2.

Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión

1

Dicha accionante figura en la instancia de amparo y en el recurso de revisión identificada como Juliana Deguis Pierre
y también como Juliana Diguis Pierre; en el certificado de declaración de nacimiento expedido por el Oficial del
Estado Civil de Yamasá, el 4 de octubre de 1993, para fines de obtención de su cédula de identidad y electoral (como
se verá más adelante), aparece como Juliana Deguis Pierre; mientras que en el acta de nacimiento para fines judiciales
expedida por el Director de la Oficina Central del Estado Civil, el 17 de mayo de 2013 (también como se verá más
adelante), figura como hija del señor Blanco Dequis y de la señora Marie Pierra, por lo que de acuerdo con este último
documento el nombre y apellidos de la accionante son Juliana Dequis Pierra. Respecto a sus padres, cabe observar,
además, que, probablemente debido a un error material, en la página 2 de la instancia de amparo se expresa que la
accionante es “hija de los señores NELO DISSEL Y LUCIA JEAN”. A fin de evitar las confusiones y conservar la
uniformidad entre la acción de amparo, el recurso de revisión y los indicados documentos citados, la accionante será
identificada en lo adelante como Juliana Dequis (o Deguis) Pierre.
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2.1. La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en atribuciones de amparo,
rechazó la acción interpuesta por Juliana Dequis (o Deguis) Pierre,
fundándose esencialmente en los siguientes razonamientos, textualmente
transcritos a continuación:
CONSIDERANDO, que la parte accionante JULIANA DEGUIS
PIERRE, fundamenta su acción en el alegato de que nació en el
Municipio de Yamasá, Provincia de Monte Plata, en fecha 1 de abril
del año 1984 hija de los Señores NELO DIESSEL Y LUCIA JEAN,
ambos braceros de nacionalidad haitiana según acta de nacimiento
de la oficialía del Estado Civil de Yamasá No. 246, Libro 496, Folio
108, del año 1984; que en el año 2008, la Señora JULIANA DEGUIS
PIERRE, compareció por ante el centro de cedulación del Municipio
de Yamasá a solicitar por primera vez su cédula de identidad y
electoral, y le quitaron su acta de nacimiento y le informaron que no
podían entregarle su cédula porque sus apellidos son haitianos.
CONSIDERANDO, que la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, no
vertió alegato en respaldo de sus medios de defensa.
CONSIDERANDO, (…), toca a la parte accionante demostrar al
tribunal la procedencia de sus pretensiones.
CONSIDERANDO, que la parte accionante Señor JULIANA
DEGUIS PIERRE, en respaldo de sus medios de defensa depositó los
siguientes documentos: 1- Fotocopia Acto No. 250/2012, de fecha 18
de mayo 2012, del ministerial Ramón Eduberto de la Cruz de la
Rosa, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional; 2- Fotocopia del Acta de
Nacimiento de la Oficialía del Estado Civil de Yamasá No. 496,
Libro 246, Folio 108, del año 1984.
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CONSIDERANDO, que la parte accionada JUNTA CENTRAL
ELECTORAL, no depositó ningún documento en respaldo de sus
medios de defensa.
CONSIDERANDO, que el tribunal observa que los documentos
depositados por la parte accionante se encuentran en fotocopias, y a
este tenor hemos señalado que las fotocopias no controvertidas
tienen valor probatorio, pero esto en los casos en los que la parte en
contra de quien se presentan éstas se encuentre presente, y para los
casos en que la parte en contra de quien se presentan las fotocopias
no se encuentre presente hemos señalado que compartimos, hacemos
nuestro y en consecuencia aplicamos el criterio nuestro y en
consecuencia aplicamos el criterio jurisprudencial manifestado por
nuestra Suprema Corte de Justicia en Sentencia de su Cámara Civil,
de fecha 14 de enero de 1998; B.J. 1046. Pág. 118-120 (…); a partir
de lo cual estimamos que la accionante no ha dado cumplimiento a
la regla “actor incumbit probatio”, razón por la cual estimamos
prudente, procedente y de justicia RECHAZAR el presente recurso
de amparo.
3.

Presentación del recurso de revisión

3.1. El recurso de revisión contra la Sentencia núm. 473/2012 fue
interpuesto por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, según instancia
depositada en la Secretaría de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, el treinta (30) de julio
de dos mil doce (2012). Mediante este recurso, la recurrente alega violación
a sus derechos fundamentales, porque la Sentencia núm. 473/2012 la dejó
“en un estado de indefinición” al no haber decidido sobre el fondo del asunto.

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3.2. El referido recurso de revisión fue notificado a la recurrida, Junta
Central Electoral, por la Secretaría del Tribunal Constitucional mediante la
Comunicación SGTC-0547-2013, de fecha ocho (8) de abril de dos mil trece
(2013).

4.

Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión

4.1. La recurrente en revisión pretende que se rechace la Sentencia núm.
473/2012, objeto del recurso y, para justificar dichas pretensiones, alega, en
síntesis:
a.
Que en virtud del principio de efectividad contenido en el artículo 7.4
de la Ley núm. 137-11, la juez no ha rendido una decisión efectiva […]”,
puesto que “la accionante se encuentra en un estado de indefinición, ya no
solo frente a las acciones cometidas por la Junta Central Electoral, sino que
ahora se suma la decisión del tribunal que debió de tutelar sus derechos
conculcados.
b. Que con la decisión evacuada por el Tribunal de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte
Plata, al no valorar las pruebas depositadas por la accionante y al no acoger
la solicitud formulada por las accionantes consistente en que las
documentaciones (acta de nacimiento) depositadas como prueba constituían
una referencia debido a que la propia Junta Central Electoral no le
entregaba el acta por lo que la presente acción de amparo tenía como objeto
la entrega del acta de nacimiento en principio y la entrega de la cédula de
identidad y electoral, cuyos documentos le había sido solicitados de forma
reiterada a la accionada y no había obtemperado.
c. Que la falta de tutela de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil, la Ley núm. 659
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sobre Actos del Estado Civil y la Ley núm. 6125, de Cédula de Identificación
Personal, modificada por la Ley núm. 8/92, sobre Cédula de Identidad y
Electoral, hacen persistir y continúan agravando las manifestadas
violaciones.
d. Que los derechos violentados a la accionante son derechos inherentes a
su persona, correspondiéndole, por tanto, a la jurisdicción competente
“tomar todas las medidas aun de oficio para comprobar la existencia de la
violación”; y,
e. Que con la decisión objeto del presente recurso la accionante continúa
en desamparo frente a los poderes de la Junta Central Electoral, y [que] las
violaciones a sus derechos fundamentales se han extendido y profundizado,
debido a que el alegato de la juez de que las documentaciones (acta de
nacimiento) depositadas bajo inventario constituyen copias, razón por la
cual para la juez no tienen ningún valor probatorio.
5.

Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión

5.1. La recurrida en revisión pretende que se rechace el recurso de revisión
constitucional y, en consecuencia, se confirme la Sentencia núm. 473/2012,
objeto del presente recurso, alegando, en síntesis, lo siguiente:
a. Que la recurrente Juliana Deguis Pierre fue inscrita de manera irregular
ante la Oficialía del Estado Civil de Yamasá “[…] figurando como hija de
NACIONALES HAITIANOS”.
b. Que los padres de la recurrente son extranjeros “que de manera ilícita e
irregular han inscrito a sus hijos en los libros de Registro del estado civil, en
franca violación del texto constitucional vigente al momento de la
declaración”.

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c. Que la nacionalidad es un aspecto de la soberanía nacional, discrecional
de los Estados, la cual es concebida como un atributo otorgado por estos a
sus nacionales y cuyo alcance, por tanto, no puede ser definido por la
voluntad de un juez ordinario.
d. Que la legislación dominicana es clara y precisa al establecer “QUE NO
TODOS LOS NACIDOS EN TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA NACEN DOMINICANOS.”, Puesto que, “[e]n tales casos,
si no son residentes permanentes, deberán hacer, en principio, su inscripción
por ante la delegación diplomática del país de origen”..
e. Que, desde el 1844, el constituyente ha establecido quienes eran
dominicanos, principio este que se ha mantenido desde la reforma de mil
novecientos noventa y nueve (1929) sin alteración alguna hasta el día de hoy.
f. Que “la determinación de la nacionalidad es un asunto de derecho
interno que corresponde a cada estado, como expresión de su soberanía
nacional […]”.
g. Que al accionar en amparo en contra de la recurrida, la accionante ha
pretendido dotarse de una sentencia con patente de corso para validar la
violación de la Ley y en tal virtud reclamar a punta de astreinte un supuesto
derecho cuya fuente de los mal llamados derechos adquiridos[…],
fundamentados en una inexistente atribución de que la violación a la ley es
una fuente de derecho absoluto e incuestionable, lo cual, mediante la
sentencia del tribunal, ha sido confirmado”.
h. Que, en el presente caso, el juez a-quo actuó apegado a lo establecido
en el artículo 6 de la Constitución; y que el acta de nacimiento de la inscrita
y accionante es clara y precisa al establecer la nacionalidad de los padres,
la cual es detallada sin la existencia de ningún habla en términos
peyorativos, discriminatorios ni vejatorios, sino que, si una persona no es
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nacional de la República Dominicana, no es gramaticalmente y legalmente
propio llamarlo extranjero […].
i. Que la Ley faculta a la Junta Central Electoral a tomar todas las
previsiones tendentes al control y depuración de las solicitudes de
documento de identidad, a los fines de fortalecer el proceso de depuración
del Registro Electoral y, si razonamos de acuerdo con la máxima lo
accesorio sigue la suerte de lo principal’, siendo el acta de nacimiento el
documento principal que da origen a la Cédula, y la Ley le permite a la Junta
Central Electoral investigar y tomar cuantas medidas entienda pertinente
para la depuración del Registro Electoral, habría que preguntarse cómo se
depura cualquier cosa sino radiando, alejando todo elemento que sea ajeno
al conjunto que se encuentra en depuración, lo que, en ningún caso, es
discriminación.
j. Que, respecto a los hijos de extranjeros ilegales, la Junta Central
Electoral ha aplicado el criterio jurídico establecido por la Constitución
desde mil novecientos noventa y nueve (1929) y ratificado por la Suprema
Corte de Justicia, mediante su sentencia del catorce (14) de diciembre de dos
mil cinco (2005), relativo al recurso de inconstitucionalidad interpuesto
contra la Ley General de migración núm. 285-04, consistente en que: (…)
NO NACE DOMINICANO; QUE, CON MAYOR RAZÓN, NO PUEDE
SERLO EL HIJO (A) DE LA MADRE EXTRANJERA QUE AL MOMENTO
DE DAR A LUZ SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN IRREGULAR Y,
POR TANTO, NO PUEDE JUSTIFICAR SU ENTRADA Y PERMANENCIA
en la República Dominicana […].
k. Que la jurisprudencia ha establecido que si bien se impone admitir el
principio de que las actas del estado civil se deben tener como fehacientes
hasta inscripción en falsedad, tal principio no se extiende a las
declaraciones que transcriben las oficialías del estado civil al momento de
instrumentar los actos propios de su ministerio, los cuales no hacen fe más
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que hasta prueba en contrario, por cuanto dichos oficiales no pueden
autenticar la veracidad intrínseca de tales declaraciones (Cas. Civ. Núm..
23, 22 de octubre 2003, B.J. 1115, págs. 340-347).
l. Que la recurrida reitera su compromiso de cumplir y hacer cumplir el
mandato de la Constitución y las leyes, a la vez de que da garantía de que la
identidad nacional será resguardada y preservada celosamente por esta
institución, y que estamos aplicando un programa de rescate y
adecentamiento del Registro del Estado Civil a fin de blindarlo de las
acciones fraudulentas y dolosas, falsificaciones y suplantaciones que por
tanto tiempo han afectado el sistema de Registro Civil dominicano, de tal
manera que podamos brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y seguro
respecto de los actos vitales que son el soporte y la base de la identidad
nacional.
m. Que dotar de documentación legal como ciudadano dominicano a una
persona, en violación a los artículos 31, 39 y 40 de la Ley núm. 659, los
artículos 11 y 47 de la constitución vigente a la fecha de la declaración, así
como los artículos 6 y 18 de la actual Constitución de dos mil diez (2010),
constituiría un elemento disociador del ordenamiento jurídico nacional, en
virtud de que los hechos ilícitos no pueden producir efectos jurídicos válidos
a favor del promotor ni del beneficiario de la violación.
n. Que, en virtud de las anteriores motivaciones, la Junta Central Electoral
“ha opuesto al derecho argüido por el amparista, el pronunciamiento, por
parte del Tribunal Apoderado, la nulidad del Acta de Nacimiento cuya
expedición persigue la acción, toda vez que la propia Ley sobre Actos del
estado Civil lo establece.
o. Que la entrega de la documentación requerida por la recurrida va en
contra de lo establecido por la Constitución y las leyes que rigen la materia;
y que la Junta Central Electoral no está despojando de nacionalidad ni
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dejando apátrida a persona alguna, ya que, tal y como establece la
Constitución de la República de Haití de manera clara y tajante:
ARTÍCULO 11. Posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de
padre haitiano o de madre haitiana, los cuales hayan nacido haitianos que
no hayan renunciado a su nacionalidad al momento de su nacimiento […].
p. Que la obtención fraudulenta y contraria a la Constitución de una
inscripción no le otorga derecho de nacionalidad ni de ninguna otra índole
ni a los amparistas ni a ninguna persona, pues no está sino haciendo un uso
indebido, ilícito e improcedente de dicha inscripción, cuya impugnación,
nulidad e inconformidad puede ser hecha por todas las vías de derecho (…).
q. Que mediante la Resolución núm. 12-2007, la Junta Central Electoral
procede a establecer controles mediante los cuales establece el
procedimiento para la suspensión provisional de la expedición de actas del
Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular, es decir, actas
que han sido inscritas de forma fraudulenta, ilegal y en violación de la
Constitución de la República, instruyendo en ese sentido a las Oficiales del
Estado Civil a examinar minuciosamente las Actas de Nacimiento o de
cualquier otros documentos relativos al Estado Civil de las personas.
r. Que la Junta Central Electoral instruyó a los Oficiales del Estado Civil
a examinar muy particularmente las Actas de nacimiento recibidas en
violación del artículo 11 de la Constitución de la República, en el sentido de
que se recibieron declaraciones (como en el caso de marras) de hijos de
extranjeros que se encontraban de tránsito en la República Dominicana, por
lo que, era necesario que las personas beneficiarias de tales irregularidades,
probaran la condición de residentes legales en la República Dominicana, y
que, de no aportar pruebas de estatus legal o residencia legal en el país
remitieran el caso a la Junta Central Electoral, para conocer del mismo y
determinar, de acuerdo con la Ley, por lo que los oficiales tienen que
abstenerse de expedir copias de actas irregulares.
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s. Que la Convención Internacional sobre Derechos Humanos, del
veintidós (22) de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)
establece, en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a una
nacionalidad, la cual pudiera ser la nacionalidad del Estado en cuyo territorio
nació, “si no tiene derecho a otra”; y que el derecho internacional establece
y reconoce que el Estado no está obligado a otorgar su nacionalidad a los
nacidos en su territorio, si estos tienen derecho a adquirir otra, según el
criterio recalcado históricamente por nuestra Constitución.
t. Que el sistema de adquisición de la nacionalidad de la República
Dominicana no se encuentra basado en el ius soli o en el ius sanguinis, sino
que se trata de un sistema mixto en el que se conjugan y complementan
ambos sistemas […], por lo que es más fácil aprovecharse de una debilidad
del sistema en un momento y obtener una inscripción fraudulenta que seguir
los pasos que establece la ley para que un extranjero obtenga su
nacionalidad, conforme al artículo 3, numerales 1 y 2, de la Ley núm. 1683
del veintiuno (21) de abril de mil novecientos cuarenta y ocho (1948).
u. Que el “sólo hecho de la inscripción –recibida a toda luces de manera
irregular por la Oficialía del Estado Civil de Yamasá, sin tomar en
consideración que la Constitución Política de la República Dominicana del
mil novecientos sesenta y seis (1966) vigente al momento de la declaración
de nacimiento establecía en su artículo 11”, de que todas las personas que
nacieren en el territorio de la República, con excepción de los que estén de
tránsito en él; disposición que ha sido ratificada por las reformas
constitucionales de los años 2002 y 2010; y que, en consecuencia, “siendo
violatoria a la constitución y las leyes la Declaración de Nacimiento del
impetrante, éste no puede aprovecharse de su propia falta y recibir la
nacionalidad dominicana por tal actuación ilícita.”;

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v. Que la [n]acionalidad es una cuestión de orden público que
corresponde al Registro Civil de cada país su conservación, corrección y
salvaguarda, otorgando la legislación de la República Dominicana dichas
funciones a la hoy recurrente, funciones estas cuya importancia
posteriormente adquirió rango constitucional con la inserción del artículo
212 de la Constitución Política de la República Dominicana proclamada el
veintiséis (26) del mes de Enero del año dos mil diez (2010) […].
w. Que las facultades reglamentarias que recaen sobre la recurrente
validan las actuaciones de este organismo en lo que respecta a la retención
de Actas de Nacimiento cuyas irregularidades sean notorias y exigir a los
beneficiarios de las mismas que demuestren tener la calidad que exige
nuestra legislación para poder comparecer ante los Oficiales del Estado
Civil.
x. Que la recurrida dictó la Resolución núm. 02-2007, sobre la “Puesta en
Vigencia del Libro de Registro de Nacimiento de Niño (a) de Madre
Extranjera NO RESIDENTE en República Dominicana” o “Libro de
Extranjería”, y que el artículo 1 de la Ley núm. 8-92 dispone que “las
Oficialías del Estado Civil dependen y están bajo las directrices del
Presidente de la Junta Central Electoral”.
y.
Que la recurrida es la institución pública encargada de supervisar y
dirigir todas las Oficialías del Estado Civil y, en consecuencia, es
responsable de velar por el buen manejo y diafanidad de los libros registros
para que estos se lleven acordes con los principios legalmente establecidos;
z. Que la jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo, ratificada
por la Suprema Corte de Justicia, ha sostenido que todas las actas emitidas
por oficiales del estado civil están bajo el escrutinio de los organismos
superiores o judiciales, y que ordenarles a estos abstenerse de expedir actas
a su cargo no viola disposiciones legales ni constitucionales.
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aa. Asimismo, que las actas de nacimiento instrumentadas sin el
procedimiento correspondiente pueden ser impugnadas por todas las vías de
derecho, por lo que “independientemente del valor de las fotocopias, la
acción en amparo resulta improcedente por la naturaleza inconstitucional
de la inscripción de un hijo de extranjeros en situación migratoria irregular
[…].
6.

Pruebas documentales depositadas

6.1. En el expediente relativo al presente recurso de revisión obran, entre
otros, los documentos siguientes:
1. Fotocopia del certificado de declaración de nacimiento (Form. O.C.
núm.8) de Juliana Dequis Pierre Libro-Registro de Nacimientos núm. 246,
folio 109, marcada con el núm. 496 del año mil novecientos ochenta y cuatro
(1984)-, emitida por la Oficialía del Estado Civil de Yamasá, en fecha cuatro
(4) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993).
2. Fotocopia de la instancia de amparo sometida por la señora Juliana
Dequis (o Deguis) Pierre contra la Junta Central Electoral ante la Cámara
Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata,
y recibida en fecha seis (6) de julio de dos mil doce (2012).
3. Acto núm. 250/2012, de fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil doce
(2012), instrumentado por el ministerial Ramón Eduberto de la Cruz de la
Rosa (alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional), que contiene la intimación y puesta en mora para entrega
voluntaria de acta de nacimiento y la cédula de identidad y electoral.
4. Fotocopia del original certificado y registrado de la Sentencia núm.
473/2012, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado
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de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez (10)
de julio de dos mil doce (2012).
5. Fotocopia del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo
interpuesto por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre ante el Tribunal
Constitucional, de fecha veintidós (22) de julio de dos mil doce (2012).
6. Original del escrito de defensa de la Junta Central Electoral, respecto
del indicado recurso de revisión, de fecha veintisiete (27) de mayo de dos
mil trece (2013).
7. Dos (2) originales del acta de nacimiento para fines judiciales
correspondientes a Juliana Dequis (o Deguis) Pierre -cuyo registro de
nacimiento fue realizado en la Oficialía del Estado Civil de la Primera
Circunscripción de Yamasá, en el Libro núm. 00246 de registros de
nacimientos, declaración oportuna, folio núm. 0109, acta núm. 00496, año
mil novecientos ochenta y cuatro (1984)-, emitida por el Director de la
Oficina Central del Estado Civil, en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil
trece (2013).
7.

Medidas de instrucción solicitadas por el Tribunal Constitucional

7.1. Mediante comunicación SGTC-0548-2013, de fecha ocho (8) de abril
de dos mil trece (2013), la Secretaría del Tribunal Constitucional solicitó a
la recurrida, Junta Central Electoral, el depósito de dos (2) copias certificadas
del acta de nacimiento correspondiente a la recurrente Juliana Dequis (o
Deguis) Pierre. En respuesta a este requerimiento, la Junta Central Electoral
del Distrito Nacional expidió los dos (2) originales de dicha acta de
nacimiento “para fines judiciales” más arriba descritas, que fueron recibidas
en la Secretaría del Tribunal Constitucional en esa misma fecha.
II.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

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DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8.

Síntesis del conflicto

8.1. El presente caso se contrae a que la señora Juliana Dequis (o Deguis)
Pierre depositó el original de su acta de nacimiento en el Centro de
Cedulación del Municipio de Yamasá, provincia de Monte Plata, y requirió
la expedición de su cédula de identidad y electoral. La Junta Central
Electoral rechazó esa petición bajo el fundamento de que la solicitante fue
inscrita de manera irregular en la Oficialía del Estado Civil de Yamasá,
siendo hija de nacionales haitianos.
8.2. Al estimar la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre que esa negativa
violaba sus derechos fundamentales, accionó en amparo contra la Junta
Central Electoral ante la Cámara Civil y Comercial del Jugado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, reclamando la expedición de
dicho documento. Esta jurisdicción desestimó su pretensión, alegando que
solo había depositado fotocopia de su acta de nacimiento en respaldo de su
pedimento, mediante la Sentencia núm. 473-2012, la cual ha sido recurrida
en revisión ante el Tribunal Constitucional.
9.

Competencia

9.1. El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente
recurso de revisión de sentencia de amparo, en virtud de lo que disponen los
artículos 185.4 de la Constitución dominicana, y 9 y 94 de la referida Ley
núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión

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10.1. El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión
de sentencia de amparo resulta admisible, en atención a las siguientes
razones jurídicas:
10.1.1. El artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece que:
La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia
o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se
apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación,
aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la
determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los
derechos fundamentales.
10.1.2. El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional
fue precisado por este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0007/12,
dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), expresando que:
[…] tal condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los
supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos
fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no
haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que
propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el
contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios
anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal
Constitucional
reorientar
o
redefinir
interpretaciones
jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren
derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos
un problema jurídico de trascendencia social, política o económica
cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía
constitucional.

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10.1.3. Este tribunal estima que la especie que nos ocupa reviste especial
trascendencia o relevancia constitucional, por lo que decide su admisión, al
plantear un conflicto sobre el derecho fundamental a la nacionalidad y la
ciudadanía, el derecho a tener empleo, el derecho al libre tránsito y el derecho
al sufragio, respecto a lo cual el Tribunal debe emitir criterios que permitan
su esclarecimiento, en vista de la trascendencia social y política del tema.
11. El fondo del recurso de revisión de sentencia de amparo
11.1. El Tribunal Constitucional abordará el estudio del fondo del recurso,
tomando en consideración, de manera sucesiva, los cuatro aspectos
fundamentales que suscita el expediente, a saber: el apoderamiento del
tribunal de amparo por la accionante y la sentencia de amparo rendida
(11.1.1.); la determinación de la competencia para la reglamentación del
régimen de la nacionalidad (11.1.2.); el incumplimiento de los requisitos
legales para obtener la cédula de identidad y electoral por la recurrente
(11.1.3.); y las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y
las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil (11.1.4.).
11.1.1. El apoderamiento del tribunal de amparo y la sentencia de
amparo
11.1.1.1. El veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012), la señora
Juliana Dequis (o Deguis) Pierre apoderó de una acción de amparo al
Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, que fue
rechazada mediante Sentencia núm. 473-2012, de fecha diez (10) de julio de
dos mil doce (2012).
11.1.1.2. En relación con los dos aspectos indicados en el epígrafe
precedente, el Tribunal Constitucional entiende que, en vista de los
elementos que configuran el caso, la competencia legal para conocerlo
correspondía al Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que procedería
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la revocación de la sentencia de amparo y la declinatoria del caso por ante
este último (§1); pero en vez de decantarse por esa solución este Tribunal
decide, con la finalidad de garantizar el principio de la economía procesal,
conocer el fondo de la acción de amparo (§2).
§1. La competencia legal para conocer de la acción de amparo
correspondía al Tribunal Contencioso Administrativo.
§1.1. En relación con la competencia para conocer de la acción de amparo
de la hoy recurrente, el Tribunal Constitucional estima lo siguiente:
§1.1.1. En la especie, la recurrente imputa la alegada violación o
arbitrariedad a una omisión de la Junta Central Electoral, institución que
pertenece a la Administración Pública. Respecto a tales casos, el artículo 75
de la Ley núm. 137-11 establece que: “La acción de amparo contra los actos
u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible,
será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”.
§1.1.2. Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, la acción de amparo
que nos ocupa debió conocerla el Tribunal Contencioso Administrativo. En
este sentido, procede anular la sentencia recurrida y devolver el expediente
a la secretaría del indicado tribunal. Sin embargo, en la especie el Tribunal
Constitucional no enviará el expediente ante la jurisdicción indicada y
decidirá la acción de amparo con la finalidad de garantizar el principio de
economía procesal.
§2. El Tribunal Constitucional decide conocer el fondo de la acción de
amparo
§2.1. El Tribunal Constitucional opta por conocer el fondo de la acción de
amparo incoada por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, por discrepar
del fundamento de la referida sentencia núm. 473/2012 dictada por la
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Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Monte Plata, basándose en los siguientes argumentos:
§2.1.1. La Ley núm. 137-11 establece en sus artículos 7.2, 7.4 y 7.11, de
manera expresa, los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, entre
otras normas rectoras del sistema de justicia constitucional, las que se
encuentran concebidas como sigue:
7.2. Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial
los de tutela de los derechos fundamentales (como es la acción de
amparo), deben resolverse dentro de los plazos constitucional y
legalmente previstos y sin demora innecesaria.
7.4. Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva
aplicación de las normas constitucionales y de los derechos
fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los
mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está
obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las
necesidades concretas de protección frente a cada cuestión
planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada
cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.
7.11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela
judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas
para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los
derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las
partes o las hayan utilizado erróneamente.
§2.1.2. En virtud de dichos principios, la acción de amparo procura cumplir
con su finalidad esencial, ofreciendo un “procedimiento preferente, sumario,
oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”, según dispone el artículo
72 de la Constitución; puesto que dicha acción consiste en un mecanismo de
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protección contra todo acto u omisión que, de forma actual o inminente y
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace
los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
§2.1.3. En la especie, se verifican con particular evidencia los requisitos de
preferencia, sumariedad y celeridad que caracterizan a la acción de amparo,
ante una aparente restricción a los derechos fundamentales de la recurrente,
que alega se encontrase desprovista de toda documentación de identificación
personal que la acredite como nacional o extranjera residente en el país.
§2.1.4. Respecto al fondo del caso, la Sentencia de amparo núm. 473-2012,
rendida por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Monte Plata, desestimó la solicitud de expedición de
cédula de identidad y electoral de la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre,
al estimar sin valor probatorio la fotocopia del acta de declaración de
nacimiento depositada como prueba esencial de su pretensión; pero la
accionante alega que solo pudo aportar esa simple copia fotostática porque
el original de dicha acta de nacimiento había sido retenida en el Centro de
Cedulación del Municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, donde ella lo
depositó “para solicitar por primera vez su cédula de identidad y electoral”,
en el año dos mil ocho (2008), según consta en su instancia de amparo.
§2.1.5. Cabe al efecto observar que la aportación de copias fotostáticas de
documentos sin el respaldo de sus originales no puede constituir un motivo
plausible para que se rechace una acción de amparo, ya que la naturaleza
misma de esta acción permite que los actos u omisiones que lesionen,
restrinjan o amenacen un derecho fundamental puedan ser acreditados por
cualquier medio de prueba, tal como prevé el artículo 80 de la Ley núm. 13711, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales:

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Artículo 80.- Libertad de Prueba. Los actos u omisiones que
constituyen una lesión, restricción o amenaza a un derecho
fundamental, pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba
permitido en la legislación nacional, siempre y cuando su admisión
no implique un atentado al derecho de defensa del presunto
agraviante.
§2.1.5. A esto se suma que el juez de amparo, en virtud del artículo 87 de
la indicada ley núm. 137-11, goza de los más amplios poderes para celebrar
medidas de instrucción y recabar motu proprio las pruebas de los hechos u
omisiones alegadas:
Artículo 87. Poderes del Juez. El juez de amparo gozará de los más
amplios poderes para celebrar medidas de instrucción, así como
para recabar por sí mismo los datos, informaciones y documentos
que sirvan de prueba a los hechos u omisiones alegados, aunque
deberá garantizar que las pruebas obtenidas sean comunicadas a los
litisconsortes para garantizar el contradictorio2.
§2.1.6. En consecuencia, el tribunal apoderado de la acción de amparo
debió haber solicitado de oficio a la accionada, Junta Central Electoral, la
expedición, para fines judiciales, de un original del acta de nacimiento de la
accionante, Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, con el propósito de conocer el
fondo del presente caso.
§2.1.7. En relación con la capacidad decisoria del Tribunal Constitucional
en el ámbito de las actuaciones que forman parte de su competencia
jurisdiccional, en cuanto la protección de los derechos fundamentales, este
último fijó su criterio respecto al significado y alcance del recurso de revisión
de sentencias de amparo mediante Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de
mayo de dos mil trece (2013). En esa decisión, este Tribunal expresó que
2

Resaltado del TC.

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puede conocer el fondo de las acciones de amparo, en aplicación del
principio de la autonomía procesal y la necesaria sinergia operativa que
debe producirse entre la acción de amparo configurada en el artículo 72 de
la Constitución, los principios rectores de la justicia constitucional previstos
en el artículo 7 de Ley No. 137-11, y las normativas atinentes a la acción de
amparo y al recurso de revisión de amparo prescritas, de manera respectiva,
en los artículos 65 a 75 y 76 a 114 de dicha ley.
§2.1.8. Por tanto, en virtud de la argumentación expuesta, el Tribunal
Constitucional, en vista de que difiere del fundamento de la aludida sentencia
de amparo núm. 473-2012, objeto del presente recurso de revisión, decide
proceder al conocimiento del fondo de la acción de amparo mediante la cual
la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre requirió a la Junta Central Electoral
la expedición de su cédula de identidad y electoral.
11.1.2. La competencia para la reglamentación del régimen de la
nacionalidad
11.1.2.1. En relación con este aspecto, que ha suscitado intensas polémicas,
el Tribunal Constitucional tiene a bien considerar el problema en el ámbito
del Derecho Interno (§1), antes de considerar la solución que aporta el
Derecho Internacional Público (§2).
§1. La competencia para reglamentación de la nacionalidad en el
Derecho Interno
§1.1. En cuanto al derecho dominicano, el Tribunal Constitucional tiene a
bien exponer los siguientes razonamientos:
§1.1.1. En República Dominicana existe una gran cantidad de extranjeros
que aspiran a obtener la nacionalidad dominicana, cuya mayor parte son
indocumentados de nacionalidad haitiana. En efecto, la Unión Europea, el
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Fondo sobre Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE) realizaron en el país, en el año dos mil doce
(2012), la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República
Dominicana (ENI-2012), con el propósito de recopilar datos sobre los
inmigrantes y los hijos de inmigrantes nacidos en el territorio nacional.
§1.1.2. De acuerdo a los resultados de dicha investigación, el total de
inmigrantes alcanza quinientos veinticuatro mil seiscientas treinta y dos
(524,632) personas, es decir, el 5.4% del total de la población nacional, que
en el año dos mil doce (2012) se estimaba en nueve millones setecientos
dieciséis mil novecientos cuarenta (9, 716,940). De esos quinientos
veinticuatro mil seiscientos treinta y dos (524,632) extranjeros, la cantidad
de cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y tres (458,233)
nació en Haití y representan el 87.3% de la población total de inmigrantes,
mientras que sesenta y seis mil trescientas noventa y nueve (66,399) personas
provienen de otros países, es decir, el 12.7% del total. Estas cifras muestran
una abrumadora prevalencia de los inmigrantes haitianos en relación con la
totalidad de los inmigrantes establecidos en la República Dominicana.
§1.1.3. La suma de los inmigrantes y sus descendientes constituye la
población de origen de extranjero, y su magnitud, de acuerdo a dicha
encuesta, se sitúa en setecientas sesenta y ocho mil setecientas ochenta y tres
(768,783) personas, lo cual representa el 7.9% de la población total del país.
Los extranjeros originarios de otros países diferentes a Haití ascienden a cien
mil seiscientas treinta y ocho (100,638) personas, mientras que los de origen
haitiano suman seiscientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco
(668,1453). La recurrente Juliana Dequis (o Deguis) Pierre es solo una de
esas seiscientas sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco (668,145)
personas, por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella,
sino también a otra gran cantidad de inmigrantes haitianos y sus
3

Sobre los datos precedentes, véase la versión resumida ENI-2012, p. 17.

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descendientes, los cuales constituyen el 6.87% de la población que habita en
el territorio nacional. De acuerdo con informaciones publicadas en la prensa
dominicana, la Dirección General de Migración de la República Dominicana
solo tiene legalmente registrados la cantidad de once mil (11,000)
inmigrantes haitianos, lo cual representa un ínfimo 0.16% del total4.
§1.1.4. De manera general, la nacionalidad se considera como un lazo
jurídico y político que une a una persona a un Estado; pero, de manera más
técnica y precisa, no es solo un vínculo jurídico, sino también sociológico y
político, cuyas condiciones son definidas y establecidas por el propio Estado.
Se trata de un vínculo jurídico, porque de él se desprenden múltiples
derechos y obligaciones de naturaleza civil; sociológico, porque entraña la
existencia de un conjunto de rasgos históricos, lingüísticos, raciales y
geopolíticos, entre otros, que conforman y sustentan una idiosincrasia
particular y aspiraciones colectivas; y político, porque, esencialmente, da
acceso a las potestades inherentes a la ciudadanía, o sea, la posibilidad de
elegir y ser elegido para ejercer cargos públicos en el Gobierno del Estado.
§1.1.5. En la República Dominicana, todo cuanto concierne a la
determinación y reglamentación de cuestiones migratorias corresponde al
Congreso Nacional, en su función legislativa. En efecto, el artículo 37,
numeral 9, de la Constitución dominicana del veintiocho (28) de noviembre
de mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente a la fecha del nacimiento
de la recurrente Juliana Dequis (o Deguis) Pierre -que nació el uno (1) de
abril de mil novecientos ochenta y cuatro 1984, dispone lo siguiente: “Son
atribuciones del Congreso: […] 9) Disponer todo lo relativo a la
migración.” Esa potestad se mantuvo en las reformas constitucionales de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) y de dos mil dos (2002), al igual que en
la de dos mil diez (20105).
4

http://www.elcaribe.com.do/site/index.php?option=com_content&view=article&id=224748:migracion-haitiana-unconflicto-sin-final&catid=104:nacionales&itemid=115.
En esta última, el artículo 93, relativo a las atribuciones del Congreso Nacional, consagra (en su literal “g“) que
corresponde a este último: “Establecer las normas relativas a la migración y al régimen de extranjería”.
5

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§1.1.6. Adicionalmente, el artículo 2 de la derogada Ley núm. 95 de
Inmigración, de fecha catorce (14) de abril de mil novecientos treinta y nueve
(1939), vigente a la fecha de nacimiento de la recurrente, puso a cargo de la
Dirección General de Migración el control del flujo migratorio y la ejecución
de las leyes relativas a la migración en los siguientes términos:
Art. 2. Las leyes relativas a la entrada, la residencia y la deportación
de extranjeros serán ejecutadas en la República por la Dirección
General de Migración, dependiente de la Secretaría de Estado de
Interior y Policía. La ejecución de esas leyes estará sometida a la
vigilancia y dirección del Secretario de Estado de Interior y Policía,
y el jefe de la Dirección General de Migración será el Director
General de Migración6.
§2. La competencia para reglamentación de la nacionalidad en el
Derecho Internacional Público
§2.1. En cuanto a la solución aportada en este ámbito por el Derecho
Internacional Público, el Tribunal Constitucional expone los razonamientos
siguientes:
a. En el Derecho Internacional Público, desde hace casi un siglo, la
configuración de las condiciones para el otorgamiento de la nacionalidad ha
sido internacionalmente reconocida como parte del dominio reservado o
competencia nacional exclusiva del Estado. En ese orden de ideas, la Corte
Permanente de Justicia Internacional, en su Opinión Consultiva sobre los
Decretos de Nacionalidad en Túnez y Marruecos, afirmó lo siguiente:

6Actualmente,

bajo la Ley de Migración núm. 285-04, del 15 de agosto de 2004, la Dirección General de Migración
continúa controlando la permanencia de extranjeros con relación a su situación migratoria en el país (artículo 6.3).

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La determinación de si un asunto recae o no únicamente dentro de
la jurisdicción de un Estado es una cuestión relativa; esta depende
del desarrollo de las relaciones internacionales. Por tanto, en el
estado actual del derecho internacional, las cuestiones de
nacionalidad se encuentran, según la opinión de esta Corte, en
principio, dentro de dicho dominio reservado7.
b. En igual sentido, la Corte Internacional de Justicia (sucesora de la Corte
Permanente de Justicia Internacional), en su sentencia sobre el conocido caso
Nottebohm, no sólo manifestó que “la nacionalidad es un vínculo jurídico
que tiene por base el hecho social del arraigo, una solidaridad efectiva de
existencia, de intereses, de sentimientos, junto a una reciprocidad de
derechos y deberes”; sino que decidió, además, que la nacionalidad tiene
“[…] sus más inmediatos, de mayor alcance y, para la mayoría, sus únicos
efectos dentro del sistema legal del Estado que la confiere8.” En ese tenor,
dicha alta corte tuvo a bien precisar en el caso bajo su escrutinio que:
Le corresponde a Liechtenstein, como a todos los demás Estados
soberanos, resolver a través de su propia legislación las reglas
relativas a la adquisición de su nacionalidad, y de conferir dicha
nacionalidad por naturalización otorgada por sus órganos de
conformidad con esa legislación. No es necesario determinar si el
derecho internacional impone cualquier limitación sobre su libertad
de decidir en este dominio […] La nacionalidad sirve sobre todo
para determinar que la persona sobre la cual se confieren los
derechos y se encuentre obligada por las obligaciones que el
ordenamiento del Estado en cuestión otorga o impone a sus
nacionales. Esto se encuentra implícito en el concepto más amplio

7Opinión

Consultiva sobre los Decretos de Nacionalidad en Túnez y Marruecos. CPJI, Ser. B, No. 4, 1923,
párrafo 24.
8Liechtenstein

c. Guatemala, Reportes CIJ, 1955, párrafos 20-21.

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de que la nacionalidad está dentro de la jurisdicción doméstica del
Estado […]9.
c. En esta misma tesitura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha sostenido que las condiciones y procedimientos para la adquisición de una
nacionalidad son predominantemente del derecho interno de cada Estado. En
la sentencia del caso Castillo Petruzzi y otros c. Perú10, mantuvo la posición
previamente esbozada en su Opinión Consultiva sobre Propuesta de
modificación a la Constitución Política de Costa Rica, relacionada con la
obtención de la nacionalidad por naturalización, del 19 de enero de 1984 11,
al dictaminar que:
99. Este Tribunal ha definido el concepto de nacionalidad como “el
vínculo jurídico político que liga a una persona con un Estado
determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de
lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática”.
La adquisición de este vínculo por parte de un extranjero, supone
que éste cumpla las condiciones que el Estado ha establecido con
el propósito de asegurarse de que el aspirante esté efectivamente
vinculado con el sistema de valores e intereses de la sociedad a la
que pretende pertenecer; lo dicho supone que las condiciones y
procedimientos para esa adquisición [son] predominantemente del
derecho interno12.
d. Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
reiterado el mismo criterio de reconocer plena soberanía a los Estados para
9

Subrayado del TC.

10Castillo

Petruzzi y otros c. Perú, Ser. C, No. 52, 1999.

11Opinión

Consultiva sobre Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica, OC-4/84, Ser. A, No.
4, párrafos 35-36.
12

Subrayado del TC.

Página 27 de 147


determinar las reglas de adquisición y/o pérdida de la nacionalidad, dentro
de sus respectivos territorios, en varios casos13. En dichos fallos, la alta Corte
se ha fundado en que, “[s]egún el derecho internacional, corresponde a cada
Estado miembro, teniendo en cuenta el Derecho Comunitario, establecer las
condiciones para la adquisición y pérdida de la nacionalidad. […]”.
e. En igual sentido, instrumentos internacionales suscritos por la
República Dominicana contemplan la competencia exclusiva del Estado en
la materia. Por un lado, el Código de Derecho Internacional Privado (Código
Bustamante), aprobado en La Habana, el veinte (20) de febrero de mil
novecientos veintiocho (1928), y ratificado por el Congreso dominicano el
tres (3) de diciembre de mil novecientos veintinueve (1929), prescribe, en su
artículo 9, lo siguiente:
Artículo 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a
la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona
individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración
posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio,
cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de
dicho Estado. En los demás casos, regirán las disposiciones que
establecen los artículos restantes de este capítulo14.
f. Este convenio fue también suscrito y ratificado por la República de
Haití, por lo que sus disposiciones obligan, tanto al Estado dominicano como
al Estado haitiano.

13

Ver Mario Vicente Micheletti and Others v. Delegación del Gobierno en Cantabria (C-369/90, del 7 de julio de
1992, párrafo 10); Belgian State v. Fatna Mesbah (C-179/98, del 11 de noviembre de 1999, párrafo 29); The Queen v.
Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur,intervenir: Justice (C-192/99 del 20 de febrero de
2001, párrafo 19); Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department (C200/02, del 19 de octubre de 2004, párrafo 37); y, Janko Rottmann v. Freistaat Bayern (C-135/08, del 2 de marzo de
2010, párrafo 39).
14Subrayado

del TC.

Página 28 de 147


g. De igual manera, ambos países acordaron el convenio internacional
denominado “Modus Operandi de la República Dominicana con la
República de Haití”, para regular las relaciones migratorios entre los dos
Estados, suscrito en Puerto Príncipe, el veintiuno (21) de noviembre de mil
novecientos treinta y nueve (1939), que se encontraba vigente a la fecha del
nacimiento de la recurrente. En dicho tratado bilateral, su artículo 4 dispone
lo que sigue: “Las interpretaciones de la expresión inmigrante serán
determinadas exclusivamente por cada Estado y de conformidad con sus
leyes, decretos y reglamentos”.15
h. Habiendo establecido que la atribución de la nacionalidad constituye un
dominio reservado del Estado, corresponde ahora al Tribunal Constitucional
determinar si, en la especie, se configura una violación a los derechos
fundamentales de la recurrente, al ella satisfacer los requisitos legales para
la expedición de su cédula de identidad y electoral, conforme a lo que ella
invoca; y, por tanto, si procede obtemperar a su petición de que este tribunal
ordene a la recurrida Junta Central Electoral la expedición del aludido
documento.
11.1.3. El incumplimiento de los requisitos legales de parte de la
recurrente para la obtención de la cédula de identidad y electoral
11.1.3.1. El Tribunal Constitucional estima que la señora Juliana Dequis (o
Deguis) Pierre no cumple con las condiciones para la expedición en su favor
de la cédula de identidad y electoral, en vista de que su acta de declaración
de nacimiento está bajo investigación (§1); además, porque la recurrente no
satisface las condiciones excepcionalmente previstas en la Constitución para
la adquisición de la nacionalidad dominicana por los hijos nacidos en el país

15

Cabe indicar que también nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que, en vista de la Constitución reservar
a la ley todo lo relativo a la migración, la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país,
esa prerrogativa constituye un derecho inalienable y soberano del Estado dominicano (Sentencia No. 9 del 14 de
diciembre de 2005).

Página 29 de 147


de padres extranjeros en tránsito (§2); excepción esta que también figura en
otras Constituciones latinoamericanas (§3).
§1. El acta de declaración de nacimiento de la recurrente está
sometida a investigación
§1.1. En relación con el sometimiento a investigación del acta de nacimiento
de la recurrente, este tribunal tiene a bien exponer lo siguiente:
a. En su escrito de defensa correspondiente al recurso de revisión que nos
ocupa, la Junta Central Electoral funda su negativa a expedir la referida
cédula en que, siendo hija de nacionales haitianos, la señora Juliana Dequis
(o Deguis) Pierre fue irregularmente inscrita en la Oficialía del Estado Civil
de Yamasá16. Alega al respecto que los padres de la recurrente son
extranjeros y “de manera ilícita e irregular han inscrito a sus hijos en los
libros de Registro del estado civil, en franca violación del texto
constitucional vigente al momento de la declaración”17.
b. Actualmente, la expedición de la cédula de identidad y electoral es un
proceso esencialmente regulado por la Ley núm. 6125, de Cédula de
Identificación Personal, del siete (7) de diciembre de mil novecientos sesenta
y dos (1962), y por la Ley núm. 8-92, sobre Cédula de Identidad y Electoral,
del dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992). Esta
última modificó a la primera, en la medida en que facultó a la Junta Central
Electoral a fusionar los carnés de Cédula de Identidad Personal y de
Inscripción Electoral o Registro Electoral en un documento único
denominado “Cédula de Identidad y Electoral”. Todo ello, con el objetivo de
cumplir con los propósitos de identificación y empadronamiento electoral
requeridos por la modificada Ley núm. 6125, y el artículo 4 de la Ley núm.
16Página

2, in fine.

17Página

4, ab initio.

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55, de Registro Electoral, del diecisiete (17) de noviembre de mil
novecientos setenta (1970).
c. En el proceso de expedición de las cédulas de identidad personal y
electoral también incide, de manera destacada, la Ley núm. 659, sobre Actos
del Estado Civil, del diecisiete (17) de julio de mil novecientos cuarenta y
cuatro (1944). Esta ley establece el procedimiento y los requisitos legales
para la instrumentación de los registros de nacimientos de personas que
ocurren en todo el país, así como la confección de sus actas y la emisión de
extractos, actuaciones que sirven de base y condicionan la expedición de las
cédulas de identidad y electoral. Dicha ley también regula el matrimonio, la
declaración de las defunciones, los cambios de nombres y apellidos, las
rectificaciones de las actas del estado civil, al igual que el registro y
expedición de extractos, todo lo cual también incide en las cédulas de
identidad y electoral.
d. Tomando en consideración lo expuesto, en el presente caso, relativo a
la presunta violación de derechos fundamentales por la denegación de la
Junta Central Electoral de expedirle a la recurrente su cédula de identidad y
electoral, reviste particular importancia verificar la regularidad del registro
de su nacimiento y de la declaración del acta de nacimiento que sustenta su
petición. Al respecto, cabe destacar que el artículo 24 de la Ley núm. 659
dispone los requisitos legales que conciernen a las actas del estado civil, y
entre ellos figura la obligatoriedad de que en estas deberán constar, entre
otros datos, las cédulas personales de identidad de los declarantes y de los
testigos:
Las actas del Estado Civil indicarán el año, mes, día y hora en que
se instrumenten, los nombres y apellidos, domicilio y mención del
número y sellos de la Cédula Personal de Identidad, de los testigos
y de los declarantes18.
18

Subrayado del TC.

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m) En relación con las declaraciones de nacimientos, el artículo 46 de la
Ley núm. 659 también prescribe, de manera particular, la obligatoriedad de
incluir en las cédulas personales de identidad las informaciones que se
indican a continuación:
Art. 46. En el acta de nacimiento se expresarán el día, hora y lugar
en que hubiese ocurrido, el sexo del niño, los nombres que se le den,
los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio, y número y sello
de la Cédula Personal de Identidad del padre y de la madre, si fuere
legítimo, y si fuere natural los de la madre; y los del padre, si éste
se presentare personalmente a reconocerlo; los nombres, apellidos,
edad, profesión y domicilio del declarante si hubiere lugar19.
e.
Complementando los requerimientos de la Ley núm. 659, el artículo 7
de la Ley núm. 8-92 dispone que, para la obtención de la cédula de identidad
y electoral deberán presentarse, a través de una comparecencia personal del
ciudadano, los documentos requeridos a tales fines por la Ley núm. 6125, de
mil novecientos sesenta y dos (1962):
Art. 7. Para la obtención de la Cédula de Identidad y Electoral será
requisito indispensable la comparecencia personal del ciudadano.
Nadie podrá tener más de una inscripción vigente. Los documentos
necesarios para la inscripción, la forma de la solicitud, el tamaño de
la foto, los datos a consignarse en el carnet, su formato y
cualesquiera otros detalles que estime convenientes, serán
establecidos por la Junta Central Electoral, en consonancia con lo
dispuesto sobre el particular por las leyes números 6125 y 55 ya
citadas.

19

Subrayado del TC.

Página 32 de 147


f. La indicada ley núm. 6125 dispone, a su vez, en los artículos 1, y 2 y 8,
a cargo de toda persona nacional o extranjera residente en el país, las
siguientes obligaciones:
Artículo 1.Es obligatorio para toda persona de ambos sexos,
nacional o extranjera residente en la República, desde la edad de 16
años en adelante, proveerse y portar un certificado de identificación
que se denominará “Cédula de Identificación Personal.
Párrafo I.- Los extranjeros no residentes solo tendrán la obligación
de proveerse del certificado de identificación a que se refiere este
artículo cuando tengan en el país una permanencia mayor de 60
días.
Párrafo II.- Para obtener la Cédula de Identificación Personal los
extranjeros deberán presentar sus pasaportes correctamente visados
por funcionarios consulares o diplomáticos dominicanos, su permiso
de residencia original o renovado o el certificado de exoneración
correspondiente.”
Artículo 2. La Cédula de Identificación Personal, cuyo modelo, texto
y formato serán determinados por el Poder Ejecutivo deberá
contener adherido un retrato del interesado tomado de frente así
como todos 1os datos necesarios de acuerdo con las prescripciones
de la presente ley.
Artículo 8. Las oficinas expedidoras de la Cédula de Identificación
Personal llenarán éstas de acuerdo con el contenido de las
declaraciones juradas realizadas en el formulario de solicitud que
suministrará gratuitamente dicha oficina.

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Párrafo. Sin embargo dichas oficinas podrán cuando lo creyeren
conveniente exigir la presentación de las actas de nacimiento o de
reconocimiento de 1os contribuyentes20.
g. Obsérvese que, respecto a los extranjeros no residentes, los párrafos I y
II del artículo 1 de la aludida ley núm. 6125 prescriben que ellos debían
proveerse de una cédula de identificación personal21, cuando permanecieren
en el país por más de sesenta (60) días, y que dicho certificado se obtendría
previa presentación de “sus pasaportes correctamente visados por
funcionarios consulares o diplomáticos dominicanos, su permiso de
residencia original o renovado o el certificado de exoneración
correspondiente,” entre otros documentos.
h. Del mismo modo, el artículo 21 de la Ley núm. 6125, de mil
novecientos sesenta y dos (1962) también preceptúa la obligatoriedad de
presentación de la cédula de identificación personal respecto a algunos actos
determinados en la vida civil, particularmente para el otorgamiento de
instrumentos públicos, realización de declaraciones y sometimiento de
solicitudes ante autoridades y oficinas públicas, así como para acreditar
legalmente la identidad, actuaciones todas que conciernen a las declaraciones
de nacimientos:
Art. 21. La presentación de la Cédula de Identificación Personal
para fines de anotación y cita en los documentos es obligatoria:
2. Para el otorgamiento de instrumentos públicos (…).
4. Para hacer ante las autoridades, funcionarios y Oficinas
Públicas cualquiera clase de reclamaciones, solicitudes, peticiones,
denuncias o declaraciones (…).
20

Subrayados del TC.

21

Actualmente, denominada “cédula de identidad no electoral”.

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5. Para acreditar la personalidad cuando fuere necesario en todo
acto público o privado.22
i. Reiterando la necesidad de cumplimiento de esa formalidad, de manera
más específica respecto a los trabajadores extranjeros haitianos que vienen
al país, y con el propósito de garantizar una inmigración regulada, el artículo
40 de la referida ley núm. 6125 establece lo siguiente:
Art. 40. Los braceros y trabajadores importados por las
compañías industriales, o agrícolas, deberán solicitar y obtener
sus Cédulas de Identificación Personal en la población de su
entrada o desembarco en el país y los funcionarios de Migración
no podrán permitir su permanencia en la República, sino después
de que hubieren sido provistos de sus correspondientes Cédulas
de Identificación Personal23.
j. Ahora bien, según el acta de nacimiento de la señora Juliana Dequis (o
Deguis) Pierre, sus padres, Blanco Dequis (o Deguis) y Marie Pierre, son
nacionales haitianos; el primero, identificado mediante la “ficha” o
“documento” núm. 24253, y la segunda, mediante la “ficha” o “documento”
núm. 14828. De ello se infiere, en consecuencia, que el padre de la recurrente
y declarante de su nacimiento era un trabajador extranjero de nacionalidad
haitiana, cuya presencia en el país obedecía al propósito de realizar labores
industriales o agrícolas, y que no se había provisto de su cédula de
identificación personal cuando efectuó la indicada declaración del
nacimiento de su hija en la Oficialía del Estado Civil del Municipio de
Yamasá.

22

Subrayados del TC.

23

Subrayado del TC.

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k. La exposición normativa y fáctica que antecede muestra que el registro
de nacimiento de la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, hoy recurrente
en revisión constitucional, fue instrumentado sin que el padre declarante
presentare pruebas fehacientes respecto a su identidad ni tampoco respecto a
la madre ante el oficial del estado civil; es decir, que las personas que
manifestaron ser sus padres no estaban provistos de las cédulas de
identificación personal requeridas que probasen sus respectivas calidades
para instrumentar la declaración a que se refieren los precitados artículos 2,
24, 40 y 46 de la Ley núm. 659 de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944),
y los artículos 1, 2, 8 y 21 de la Ley núm. 6125 de mil novecientos sesenta y
dos (1962), ambas vigentes a la fecha de nacimiento de la recurrente, y que
todavía se mantienen en vigor (con modificaciones).
l. La frecuencia de las irregularidades que afectan los registros de
nacimiento instrumentados en las oficialías del país indujo a la Junta Central
Electoral a implementar un proceso de recuperación de la confiabilidad del
Registro Civil, a partir del año dos mil seis (2006), para lo cual dictó la
Circular núm. 17-2007, emitida por la Cámara Administrativa de la Junta
Central Electoral de la República Dominicana, el veintinueve (29) de marzo
de dos mil siete (2007), instruyendo a las oficialías del estado civil para que
examinaran con detenimiento las actas de nacimiento al expedir copias o
cualquier documento relativo al estado civil de las personas.
m. Luego, intervino la Resolución núm. 12-2007, el diez (10) de diciembre
de dos mil siete (2007), sobre el Procedimiento para la suspensión
provisional de expedición de actas del estado civil viciadas o instrumentadas
de manera irregular, que fue aprobada a unanimidad por el Pleno de la Junta
Central Electoral. La indicada Resolución, que se funda de manera principal
en diversas disposiciones de la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil,
dispone esencialmente lo siguiente:

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Considerando: Que la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, tiene a su
cargo los Servicios del Estado Civil, y por consiguiente a través de
su Dirección Nacional, se efectúan de manera permanente
verificaciones de Actas del Estado Civil, que reposan en los archivos
de las Oficialías del Estado Civil y de la Oficina Central del Estado
Civil.
Considerando: Que estas verificaciones generalmente se hacen a
requerimiento de partes interesadas, de los Consulados acreditados
en el país, de la Dirección del Registro Civil y de otros
departamentos de esta Junta Central Electoral.
Considerando: Que en el proceso de investigación se determina con
frecuencia, que las actas verificadas no fueron instrumentadas de
conformidad con la ley sobre la materia, y que en muchos casos se
encuentran afectadas de graves irregularidades que las hacen
susceptibles de anulación o radiación judicial.
Considerando: Que entre los casos de irregularidades más típicos se
cuentan los siguientes: actas contenidas en folios insertados, actas
con escrituras en tintas diferentes, actas inscritas después de la
clausura de los libros, actas modificadas de manera ilegal, con datos
suplantados tales como nombre del inscrito, fechas, nombre de los
padres o del declarante, etc. Duplicidades de declaración de
nacimiento, omisión de formalidades sustanciales, entre otros.
Considerando: Que las disposiciones legales precedentemente
señaladas no sancionan con la nulidad de las actas del estado civil,
pudiendo la misma ser pronunciada por un Tribunal Competente.
Considerando: Que cuando se presenten estos casos, como los
arriba mencionados, ha constituido una práctica constante, solicitar
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la nulidad de los registros afectados, por la vía judicial
correspondiente.
RESUELVE:
PRIMERO: Disponer que sea suspendida provisionalmente la
expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades
o vicios que imposibiliten legalmente su expedición, y que solamente
sean emitidas para fines estrictamente judiciales. El Pleno de la
Junta Central Electoral conocerá, a través de su Comisión de
Oficialías, de los casos de Actas que presenten vicios o
irregularidades graves; a partir de las investigaciones realizadas
por las instancias administrativas correspondientes (…).
SEGUNDO: Para estos fines el Director Nacional de Registro del
Estado Civil, será instruido mediante oficio firmado por el
Presidente de la Junta Central Electoral, y deberá procurar los
libros originales contentivos de tales actas en la Oficialía del Estado
Civil correspondiente y en la Oficina Central del Estado Civil, si
tienen duplicados, a los fines de ejecutar la medida dispuesta (…).
CUARTO: Luego de este procedimiento, el Director Nacional de
Registro Civil, devolverá los libros a la Oficialía del Estado Civil, o
a la Oficina Central según corresponda, y el Oficial del Estado Civil
y el Director de la Oficina Central del Estado Civil quedarán
impedidos de expedir copias o extractos, de los folios afectados,
salvo autorización de la Junta Central Electoral o para fines
estrictamente judiciales, indicándose de manera expresa, que se
suspende provisionalmente la expedición de dicha acta (…).
DÉCIMO: Cuando el Pleno de la Junta Central Electoral determine,
previa recomendación de la Comisión de Oficialías, que la
irregularidad de las Actas del Estado Civil justifica una anulación
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definitiva, ordenará inmediatamente a la Consultoría Jurídica
solicitar por ante los tribunales de la República la anulación judicial
de las actas del Estado Civil que hayan sido suspendidas
provisionalmente por la Junta Central Electoral.
n. La indicada frecuencia de irregularidades previo a la emisión de la
Resolución núm. 12-2007, y los resultados de la implementación de las
medidas propuestas por esta última, se muestran en los cuadros estadísticos
del Registro Civil suministrado por la Junta Central Electoral que figuran a
continuación:
Datos estadísticos del Registro Civil
Expedientes procesados por Resolución 12-2007

Expedientes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Remitidos a la
Dirección de
Inspectoría para
investigación

3,278 3,934 1,968 3,829 3,140 796

16,945

Investigados y
devueltos,
correspondientes a la
Resolución 12-2007

2,303 366

350

456

1,106 255

4,83628.54
%

567

23

52

261

142

43

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Expedientes
suspendidos
provisionalmente por
Resolución 12-2007

1,088
6.42%

* La JCE ha depositado 1,822 demandas de nulidad de actas de nacimiento
por duplicidad, suplantación y otras irregularidades.
Proporcionalidad de solicitudes de cédulas canceladas a personas que
quieren ser ciudadanos dominicanos
Año

2007
2008
2009
2010
2011
2013
2013
Total

Total de
solicitudes
canceladas
11,335
9,401
8,157
7,584
2,749
2,128
661
42,015

Canceladas por intentar
ser dominicano

Porcentaje

131
138
11
22
26
71
11
410

1.16%
1.47%
0.13%
0.29%
0.95%
3.34%
1.66%
0.98%

o. Respecto al registro de nacimiento de la recurrente, la recurrida Junta
Central Electoral, en su escrito de defensa, argumentó lo siguiente:
22. Sobre el particular, la Junta Central Electoral instruyó a los
Oficiales del Estado Civil a examinar muy particularmente las Actas
de nacimiento recibidas en violación del artículo 11 de la
Constitución de la República, en el sentido de que se recibieron
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declaraciones (como en el caso de marras) de hijos de extranjeros
que se encontraban en tránsito en la República Dominicana, por lo
que, era necesario que las personas beneficiarias de tales
irregularidades, debían probar la condición de residentes legales en
la República Dominicana, y que, de no aportar pruebas de estatus
legal o residencia legal en el país, remitir el caso a la Junta Central
Electoral, para conocer del mismo y determinar, de acuerdo a la Ley,
por lo que los oficiales civiles tienen que abstenerse de expedir
copias de actas irregulares24.
p. En consecuencia, con base en la indicada resolución núm. 12-2007, la
Junta Central Electoral decidió suspender provisionalmente el acta de
nacimiento de la recurrente, estimando que esta, al igual que muchas otras,
se encuentra afectada de irregularidades que la hacen susceptible de
anulación o radiación judicial25, como ocurre con las actas contenidas en
folios insertados, actas con escrituras en tintas diferentes, actas inscritas
después de la clausura de los libros, actas modificadas de manera ilegal,
con datos suplantados tales como nombre del inscrito, fechas, nombre de los
padres o del declarante, etc. Duplicidades de declaración de nacimiento,
omisión de formalidades sustanciales, entre otros26.
q. Asimismo, en relación con la misma problemática que nos ocupa, el
diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011), la Dirección Nacional de
Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral emitió la Circular
núm. 32, relativa a la decisión “sobre expedición de actas de nacimiento en
investigación, correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros”.
Mediante dicha circular se instruyó a los oficiales del estado civil de la

24

Página 12 del escrito de defensa de la recurrida.

25

Resolución No.12-2007, página 3, tercer “considerando“.

26Ibid,

cuarto “considerando”.

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República a entregar las actas de nacimiento27 de todas aquellas personas
cuyos expedientes estén siendo investigados o en proceso de revisión, hasta
tanto el Pleno de la Junta Central Electoral se pronuncie sobre su suspensión
o irregularidad, de conformidad con lo establecido por la Resolución núm.
12-2007, sobre suspensión de actas instrumentadas de forma irregular:
De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión de
Oficialías de la Junta Central Electoral, en fecha 05 de octubre de
los corrientes, cortésmente, se les instruye en el sentido de que las
actas de nacimiento correspondientes a hijos (as) de ciudadanos
extranjeros que se encuentren en estado de investigación, sean
expedidas libremente hasta tanto el Pleno de la Junta Central
Electoral determine si las mismas son válidas o no, conforme a la
investigación correspondiente, y proceda a suspenderla
provisionalmente, a demandar su nulidad por ante un Tribunal, o a
reconocer su regularidad28.
r. Cabe observar que, a pesar del mandato contenido en la aludida
resolución núm.32-2011, no consta en el expediente de la especie prueba
alguna que establezca la devolución del original de su certificado de
declaración de nacimiento a la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre.
Aunque, en relación con esa retención por el Centro de Cedulación de
Yamasá en aquel momento, cabe señalar que cuando el solicitante facilita
dicho documento a cualquier centro de cedulación, este le entrega a cambio
una boleta de recepción donde consta que el solicitante tiene una petición de
inscripción de documentos en ese centro. De esta forma, si dicho solicitante
necesitare utilizar el indicado certificado de declaración de nacimiento
podrá demostrar su existencia con la aludida boleta de recepción emitida en
su favor por el Centro de Cedulación.

27

El texto se refiere solo a las actas de nacimiento, no a las cédulas de identidad.

28Dicha

circular consta de ese único párrafo.

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s. Una vez determinada la situación legal respecto al acta de nacimiento
de la recurrente, que se encuentra sometida a investigación y actualmente
retenida en la Junta Central Electoral, conviene dilucidar si ella reúne las
condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana, en virtud de dicho
documento, en su condición de hija de extranjeros en tránsito nacida en el
país.
§2. La recurrente no adquiere la nacionalidad dominicana por ser hija
de extranjeros en tránsito a menos que devenga apátrida
§2.1. En relación este aspecto, el Tribunal Constitucional expondrá una
breve reseña fáctica del caso, así como su base legal (1), antes de abordar los
principios y precedentes de adquisición de la nacionalidad dominicana (2),
así como la excepción prevista en la Constitución de 1966 respecto a los hijos
nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito (3); y luego considerará
la posibilidad de apátrida de la recurrente (4).
1.

Breve reseña fáctica y base legal del caso

1.1. Para fines de esclarecimiento del caso, a continuación presentamos una
relación fáctica del mismo, así como de la base constitucional y legal que
sustenta la argumentación del Tribunal Constitucional.
1.1.1. Tal como se ha indicado, el veintidós (22) de mayo de dos mil doce
(2012), la hoy recurrente en revisión accionó en amparo ante la Cámara Civil
y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte
Plata, ante la negativa de la Junta Central Electoral a expedirle su cédula de
identidad y electoral, fundándose, según la accionante, “en su origen,
nacimiento y apellido”. Alegó al respecto que esa actitud conculcó varios de
sus derechos fundamentales (portar cédula de identidad y electoral, tener
empleo digno, declarar sus dos hijos, transitar libremente y ejercer el
sufragio), por lo que reclamó que se ordenara al indicado órgano la emisión
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del indicado documento “de manera inmediata y sin demora”. Con esta
finalidad, la recurrente incluso notificó previamente a la entidad recurrida
sendas intimaciones, mediante actos de alguacil núm. 705/2009 y núm.
250/2012, de fechas dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009) y
dieciocho (18) de mayo de dos mil doce (2012), otorgándoles plazos de cinco
(5) y tres (3) días, respectivamente, para la entrega de dicho documento.
1.1.2. Respecto al requerimiento formulado por la recurrente a la Junta
Central Electoral, cabe indicar que la cédula de identidad y electoral
constituye un documento esencial en el ordenamiento jurídico nacional,
puesto que dentro del marco del estado civil de las personas acredita, entre
otros aspectos, la identidad (nombres y apellidos), el sexo, la situación
conyugal (casado o soltero), la nacionalidad (Estado al que se está
jurídicamente vinculado), la mayoría de edad (prescrita a los 18 años) y la
titularidad de la ciudadanía (los derechos y deberes que corresponden al
ciudadano dominicano), que comprende, especialmente, la facultad de elegir
y ser elegido en las funciones públicas del Gobierno nacional.
1.1.3. Como ha sido expuesto, mediante la Sentencia núm. 473/2012, del
diez (10) de julio de dos mil doce (2012), el tribunal de amparo rechazó la
acción por los motivos que figuran anteriormente transcritos. En
consecuencia, la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre recurrió en revisión
dicho fallo por ante este tribunal constitucional, el treinta (30) de julio de dos
mil doce (2012), solicitando la revocación de la indicada sentencia y el
acogimiento de las conclusiones que presentó ante el referido tribunal de
amparo. Al efecto, sostiene la recurrente que persiste y continúa agravándose
la conculcación de sus derechos fundamentales por la falta de tutelar los
derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados
internacionales, el Código Civil, la Ley núm. 659 sobre Actos del Estado
Civil y la Ley de Cédula núm. 6125, modificada por la Ley núm. 8/92 sobre
Cédula de Identidad y Electoral, del trece (13) de abril de mil novecientos
noventa y dos (1992).
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1.1.4. Según se ha indicado, la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre
nació el día uno (1) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984),
como figura en el original del acta de nacimiento para fines judiciales
expedida por el Director de la Oficina Central del Estado Civil, el diecisiete
(17) de mayo de dos mil trece (2013)29. Dejando constancia del absoluto
respeto al principio de irretroactividad de la ley consagrado por el artículo
47 de la Constitución dominicana de mil novecientos sesenta y seis (1966)
(vigente a la fecha de nacimiento de la recurrente)30, este tribunal ponderará
su solicitud de expedición de cédula de identidad y electoral, esencialmente,
a la luz de la normativa constitucional y legal que se enuncia a continuación:
a. Constituciones de la República Dominicana de los años 1844, 1854 (25
de febrero y 16 de diciembre), 1858, 1865, 1866, 1868, 1872, 1874, 1875,
1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1907, 1908, 1924, 1927, 1929 (9
de enero y 20 de junio), 1934, 1942, 1947, 1959, 1960 (28 de junio y 2 de
diciembre), 1962 (16 de septiembre y 29 de abril) y 1966.
b. Constituciones de la República de Haití de los años 1801, 1805, 1806,
1807, 1811, 1816, 1816, 1843, 1846, 1849, 1852, 1867, 1874, 1879, 1888,
1889, 1918, 1932, 1935, 1939, 1944, 1946, 1950, 1957, 1964, 1971, 1983.
c. Ley dominicana de Inmigración núm. 95, del catorce (14) de abril de
mil novecientos treinta y nueve (1939)31.
29

De acuerdo con su exposición en la instancia de amparo, la accionante solicitó por primera vez la cédula de identidad
y electoral en el año dos mil ocho (2008), o sea, cuando ya tenía la edad de veinticuatro años.
“Artículo 47. “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable
al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar
la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.” En las revisiones
constitucionales de 1994 y 2010 este artículo no fue modificado. Esta disposición también se encuentra en la actual
revisión vigente de 2010, en los siguientes términos: “Artículo 110.- Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y
se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando es favorable al que esté subjúdice o cumpliendo
condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de
situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
30

31

Gaceta Oficial No. 5299.

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d. Reglamento núm. 279, sobre Aplicación de la Ley de Inmigración núm.
95, del doce (12) de mayo de mil novecientos treinta y nueve (1939)32.
e. Convenio Modus Operandi suscrito por la República Dominicana y la
República de Haití, en fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos
treinta y nueve (1939)33.
f. Ley dominicana núm. 659, sobre Actos del Estado Civil, del diecisiete
(17) de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), y sus
modificaciones34.
g. Ley dominicana núm. 1683, sobre Naturalización, de fecha dieciséis
(16) de abril de mil novecientos cuarenta y ocho (1948)35.
h. Ley haitiana del 14 de septiembre de 1958, sobre Législation sur les
Attributions du Consul.36
i. Ley dominicana núm. 6125, de Cédula de Identificación Personal, del
dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y dos (1962)37.
j. Acuerdo sobre la Contratación en Haití y la Entrada en la República
Dominicana de Jornaleros Temporeros Haitianos (última revisión:

32


33


34


35Gaceta

Oficial No. 6782.

Publicada en “Le Moniteur” No. 78-141, del 29 de diciembre de 1958. Esta ley modificó la Ley del 23 de
septiembre de 1953
36

37Gaceta

Oficial No. 8726.16.

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Resolución núm. 83, del veintidós (22) de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis (1966)38.
k. Ley dominicana núm. 55, del Registro Electoral, del diecisiete (17) de
noviembre de mil novecientos setenta (1970)39.
l. Ley haitiana del veinte (20) de agosto de mil novecientos setenta y
cuatro (1974), sobre el Estado Civil, que crea un organismo denominado
“Servicio de Inspección y de control del Estado Civil”40.
m. Decreto del presidente de la República de Haití, sobre la nacionalidad
haitiana, del seis (6) de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro
(1984)41.
1.1.5. También se tomarán en consideración otras Constituciones, así como
otros estatutos, legales y reglamentarios, que si bien son posteriores a la
fecha de nacimiento de la recurrente (1 de abril de 1984), tienen incidencia
o resultan útiles en el conflicto que nos ocupa, aunque sin afectar el principio
de irretroactividad de la ley, a saber, entre otros:
a. Constituciones de República Dominicana de los años 1994, 2002 y
2010.
b.

Constituciones de República de Haití de 1987 y 2011.

38


39

Gaceta Oficinal No. 9206.

40

Publicada en “Le Moniteur” No. 78B, del 30 de septiembre de 1974.

41

Publicada en “Le Moniteur” No. 78, del 8 de noviembre de 1984.

Página 47 de 147


c. Ley Electoral dominicana núm. 275-97, del veintiuno (21) de diciembre
de mil novecientos noventa y siete (1997)42.
d. Circular núm. 17-2007, emitida por la Cámara Administrativa de la
Junta Central Electoral de la República Dominicana, el veintinueve (29) de
marzo de dos mil siete (2007).
e.
Resolución núm. 12, emitida por la Junta Central Electoral de la
República Dominicana, que establece el procedimiento para la suspensión
provisional de la expedición de actas del estado civil viciadas o
instrumentadas de manera irregular, de fecha diez (10) de diciembre de dos
mil siete (2007).
f. Circular núm. 32, emitida por la Dirección Nacional de Registro del
Estado Civil de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, el
diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011).
2. Principios generales y precedentes de la adquisición de la
nacionalidad dominicana
2.1. Por considerarlo de utilidad para una mejor comprensión de la
argumentación jurídica relativa a este aspecto del caso, este tribunal
expondrá brevemente los principios generales y precedentes constitucionales
de adquisición de la nacionalidad dominicana:
2.1.1. En República Dominicana, la nacionalidad de una persona puede
adquirirse a través de la de sus progenitores, es decir, mediante
consanguineidad o “el derecho de la sangre” (ius sanguinis)43; y, también por
42Gaceta

Oficial No. 9970.
Se entiende por jus sanguinis lo siguiente: “Sistema de asignación de la nacionalidad en virtud del derecho de
sangre, es decir, de la condición jurídica que el sujeto adquiere frente a la nación en virtud de su ascendencia. De este
modo el hijo de habitantes de un país puede adquirir la condición de nacional del mismo así haya nacido en otro
territorio.” Diccionario hispanoamericano de Derecho, tomo I (a/k), Grupo Latino Editores, Bogotá, 2008, p. 1209
(voz “jus sanguinis”).
43

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el lugar del nacimiento, o sea, por “el derecho del suelo” (ius soli)44. Aparte
de estas dos modalidades existe una tercera, denominada “naturalización”,
mediante la cual el Estado otorga soberanamente la nacionalidad a los
extranjeros que la solicitan y satisfacen las condiciones y formalidades que
correspondan en cada país.
2.1.2. El grado de incidencia de la admisión de la nacionalidad dominicana
por ascendencia o por nacimiento ha tenido fluctuaciones en nuestra historia
constitucional. La génesis del régimen parte del sistema de adquisición de la
nacionalidad por ius sanguinis, exclusivamente, establecido en el artículo 7.2
de la Constitución del seis (6) de noviembre de mil ochocientos cuarenta y
cuatro (1844). Dicha disposición prescribió, en efecto, que serían
dominicanos aquellos que “nacidos en el territorio de la República
Dominicana de padres dominicanos45y que habiendo emigrado vuelvan a
fijar su residencia en ella”46. Las revisiones constitucionales siguientes de
mil ochocientos cincuenta y cuatro (1854) a mil ochocientos cincuenta y
ocho (1858) mantuvieron el sistema de adquisición exclusiva de la
nacionalidad por jus sanguinis47.

Se entiende por jus soli lo siguiente: “Derecho del suelo. Sistema de asignación de la nacionalidad en el que el
criterio para concederla es el lugar donde se haya nacido, sin importar si los ascendientes son o no de tal sitio; se
contrapone a ius sanguini.” Diccionario hispanoamericano de Derecho, tomo I (a/k), precitado, p. 1210 (voz “jus
soli”).
44

45

Subrayado del TC.

46

Así como todos aquellos que al momento de la publicación de la Constitución gozarán de esa cualidad (7.1) y todos
los españoles dominicanos y sus descendientes que habiendo emigrado en 1844 no hayan tomado las armas contra la
nación y vuelvan a fijar su residencia en ella (7.3). Subrayado del TC.
47A

título ilustrativo, en el artículo 5 de la revisión constitucional de 1854 permaneció igual la precitada disposición
del artículo 7.2 e incluyó, además, que serían dominicanos “todos los nacidos en el territorio de la República de padres
dominicanos, y los hijos de éstos”. La segunda revisión constitucional de ese mismo año incluyó, en el artículo 5, a los
nacidos en el territorio de padres dominicanos, sino también los hispano-dominicanos y sus descendientes que habiendo
emigrado por cambios políticos vuelvan a fijar su residencia en ella. La Constitución de 1858 volvió a adoptar las
mismas disposiciones de la primera revisión constitucional de 1854.

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2.1.3. Sin embargo, la reforma constitucional de mil ochocientos cincuenta
y ocho (1858) cambió el régimen exclusivo del ius sanguinis y lo convirtió
en mixto, permitiendo también la adquisición de la nacionalidad por ius soli,
al disponer que serían dominicanos no solo los hijos de padres dominicanos,
sino también: 1) quienes hayan nacido en territorio dominicano, “sea cual
fuere la nacionalidad de sus padres”; 2) los nacidos en países extranjeros de
padres dominicanos ausentes en servicio o por causa de la República o que
vinieren a domiciliarse en el país y expresaren su voluntad de serlo; 3) los
extranjeros pertenecientes a naciones amigas que fijen su domicilio en el
territorio de la República y que después de un año de residencia en ella
declaren querer ejercer esa cualidad; y 4) los que durante la guerra de
independencia se hayan acogido a la nacionalidad dominicana.
2.1.4. En la reforma de 1866, se introdujeron otras modalidades
excepcionales de adquisición que no podían integrarse al régimen híbrido
anterior de jus sanguinis y ius soli; y la de 1872 consideró dominicanos a los
hijos de padres dominicanos, así como “todos los nacidos en el territorio, de
padres extranjeros”. El régimen exclusivo de adquisición por ius soli se
mantuvo con una interpretación aún más amplia en la reforma constitucional
de 1874, así como en las de 1875, 1877, 1878 y 187948. En la revisión de
1880, permanecieron las mismas disposiciones de las precitadas
Constituciones, pero se reconoció como dominicanos a “todos los hijos de
las Repúblicas hispano-americanas y los de las vecinas Antillas españolas
que vengan a residir en la República y quieran gozar de esa calidad.” Esta
misma disposición se incluyó en las reformas de 1881, 1887 y 1896, con la
salvedad de que los oriundos de repúblicas hispano-americanas y vecinas
Antillas españolas debían residir un año en territorio nacional antes de poder
gozar de la nacionalidad (1881), y prestar juramento de defender los intereses
de la República (1887, 1896).
48

En las constituciones de 1875 (artículo 5.4), 1877 (artículo 7.4), 1878 (artículo 7.4), y 1879 (artículo 7.4) se incluyó
la excepción de que no se considerarán nacidos en el territorio los hijos legítimos de extranjeros en representación o
servicio de su Patria.

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2.1.5. En la revisión constitucional de 1907 se retornó al sistema híbrido
del ius soli y del jus sanguinis, sin las modalidades excepcionales de
adquisición previstas en las tres Constituciones anteriores; en igual sentido,
se incluyeron disposiciones similares en la reforma de 190849. La reforma de
1924, sin embargo, estableció que serían dominicanos los nacidos en el
territorio de padres dominicanos o de extranjeros nacidos en la República y
los nacidos de padres extranjeros siempre que, a su mayor edad, estén
domiciliados en la República. Similares disposiciones constitucionales
figuran en la segunda reforma de 1924, en la de 1927 y en la primera de
1929.
2.1.6. Ahora bien, la más relevante modificación al régimen de adquisición
de la nacionalidad dominicana por ius soli fue introducida en la Constitución
del veinte (20) de junio de mil novecientos veintinueve (1929), la cual reviste
una particular importancia para el caso de la especie, en vista de que fue la
primera que sustrajo los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en
tránsito al principio general de adquisición de la nacionalidad por
nacimiento. En efecto, el artículo 8.2 del indicado texto constitucional
dispone lo siguiente: Son dominicanos: (…) 2° Todas las personas que
nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos
de los extranjeros residentes en la República en representación diplomática
o que estén de tránsito en ella50. Las causas de este cambio lo explica muy
claramente la asamblea revisora en su exposición de motivos:
Esta Comisión ha estimado más conveniente para este país la
adopción del sistema del jus soli en su Constitución, teniendo en
cuenta que nuestra República es pequeña y escasa de población y
por lo tanto un país de inmigración y no de emigración. El número
49

En las constituciones de 1908 (artículo 7) se incluyó la excepción de nacionalidad de aquellos que nacidos en el
territorio dominicano sean hijos de representantes diplomáticos.
50Subrayado

del TC.

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de dominicanos residentes o nacidos en el extranjero es escaso
comparado con el de extranjeros residentes o nacidos en este país, y
esto da por resultado que con la adopción del jus soli se aumenta
más el número de dominicanos que con la del jus sanguinis. En el
proyecto se adopta como regla general el sistema del jus soli, con
excepción de los hijos legítimos de extranjeros residentes en la
República en representación diplomática o que estén de tránsito en
ella.
2.1.7. Esta categoría de extranjeros en tránsito figura con su naturaleza de
excepción a la regla genérica de aplicación del ius soli en todas las
Constituciones dominicanas posteriores, a partir de la del 20 de junio de 1929
(o sea, desde hace casi un siglo), a saber: en el artículo 8.2 de las reformas
constitucionales de 1934, 1942 y 1947; en el artículo 12.2 de las
Constituciones de 1955, 1959, 1960 (junio y diciembre), 1961 y 1962; en el
artículo 89.2 de la Constitución de 1963; en el artículo 11.1 de las
Constituciones de 1966, 1994 y 2002; y, finalmente, en el artículo 18.3 de la
reforma constitucional del 26 de enero de 201051.
2.1.8. Por último, respecto a la naturalización, conviene señalar que el
Estado dominicano la admitió desde su nacimiento y la ha conservado hasta
la Carta Magna de 201052. Actualmente, se encuentra regida por la Ley núm.
1683, de fecha dieciséis (16) de abril de mil novecientos cuarenta y ocho
(1948).

51La

última reforma constitucional del 26 de enero de 2010 incluye una versión más amplia y explicativa a la excepción
de tránsito al prever que no serán dominicanos las personas nacidas en territorio nacional que “se hallen en tránsito o
residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido
como tal en las leyes dominicanas”.
52

Por primera vez fue admitida en 1844, y luego en las dos Constituciones de 1854, en 1058, 1865, 1866, 1868, 1872,
1874, 1877, 1878, 1879, 1881, 1887, 1896, 1924, 1927, 1929 (en las dos Constituciones), 1934, 1942, 1947, 1955,
1959, 1969, 1961, 1962, 1963, 1966 y 2010.

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3. La excepción de la Constitución de mil novecientos sesenta y seis
(1966) respecto a los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en
tránsito
3.1. Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional expondrá los principios
generales que conciernen el tema desde el punto de vista del Derecho
dominicano (1), antes de abordar la posición de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en relación con el tema (2).
1. Exposición de los principios generales de acuerdo con el Derecho
dominicano
1.1. En relación con el criterio del Derecho dominicano respecto al tema que
nos ocupa, este tribunal tiene a bien formular los argumentos siguientes:
1.1.1. Como hemos visto, la Constitución de mil novecientos sesenta y seis
(1966) estaba en vigor al día de nacimiento de la recurrente, o sea, el uno (1)
de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). Según el artículo 11.1
de dicha Carta Magna, la nacionalidad dominicana podía ser adquirida por
“(…) 1. Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con
excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en
representación diplomática o los que estén de tránsito en él”.
1.1.2. Este tribunal estima que el caso de la recurrente corresponde con
precisión al supuesto establecido por la indicada excepción constitucional,
ya que no solo nació en el territorio nacional, sino que, además, es hija de
ciudadanos extranjeros (haitianos) que, al momento del nacimiento, estaban
de tránsito en el país. Obsérvese, en efecto, que, tal como se demostró
previamente, su padre, el señor Blanco Dequis (o Deguis), declarante del
nacimiento, se identificó ante el Oficial del Estado Civil de Yamasá
mediante la “ficha” o “documento” núm. 24253; y la madre de la recurrente,
señora Marie Pierre, era titular de la “ficha” o “documento” núm. 14828.
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1.1.3. Estas circunstancias han quedado evidenciadas como se indica
inmediatamente a continuación:
1.1.3.1. En cuanto al padre de la recurrente, por el certificado de
declaración de nacimiento expedido por el Oficial del Estado Civil de
Yamasá, el cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993),
que dicha recurrente depositó en el Centro de Cedulación de Yamasá para
solicitar su cédula de identidad y electoral en el año dos mil ocho (2008); y
también por el acta de nacimiento para fines judiciales expedida por el
Director de la Oficina Central del Estado Civil, el diecisiete (17) de mayo de
dos mil trece (2013), depositada en esa fecha por la Junta Central en el
Tribunal Constitucional; y
1.1.3.2. En cuanto a la madre de la recurrente, por el acta de nacimiento
para fines judiciales expedida por el Director de la Oficina Central del
Estado Civil, el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013), y depositada
en esa misma fecha por la Junta Central en el Tribunal Constitucional.
1.1.4. Ambas “fichas” o “documentos” resultan ajenas a los procesos de
cedulación de la República Dominicana, por lo que se advierte que el padre
y la madre de la recurrente no eran titulares de cédulas de identificación
personal al momento de la declaración del nacimiento, puesto que en el
registro del nacimiento de esta última no se dejó ninguna constancia de ello.
Además, la naturaleza del documento de identificación del padre declarante
muestra que era trabajador de nacionalidad haitiana que carecía de cédula de
identificación personal, de lo cual adolecía igualmente su madre, puesto que
tampoco existe en el expediente ninguna prueba de que ellos hayan
regularizado legalmente su estancia en el país, obteniendo cédulas de
identidad.

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1.1.5. Con base en lo anterior se infiere, en consecuencia, que los padres
de la recurrente deben ser considerados como parte de los “jornaleros
temporeros y sus familias” que integran el cuarto grupo de trabajadores
extranjeros no inmigrantes, que, junto a los trabajadores extranjeros
inmigrantes, prevén la Ley de Inmigración núm. 95, del catorce (14) de abril
de mil novecientos treinta y nueve (1939), el Reglamento de Inmigración
núm. 279, del doce (12) de mayo de mil novecientos treinta y nueve (1939),
y el convenio Modus Operandi con la República de Haití, del dieciséis (16)
de diciembre de mil novecientos treinta y nueve (1939); estatutos que se
encontraban todos en vigor a la fecha de nacimiento de la recurrente.
1.1.6. En efecto, de una parte, la Ley de Inmigración núm. 95, con relación
a los trabajadores extranjeros, prevé lo siguiente:
Art. 3.- Los extranjeros que deseen ser admitidos en el territorio
dominicano serán considerados como inmigrantes o como no
inmigrantes53.
Los extranjeros que deseen ser admitidos serán inmigrantes, a
menos que se encuentren dentro de una de las siguientes clases de
no inmigrantes:
1° Visitantes en viaje de negocio, estudio, recreo o curiosidad;
2° Personas que transiten a través del territorio de la República en
viaje al extranjero;
3° Personas que estén sirviendo algún empleo en naves marítimas o
aéreas;

53

Subrayado del TC.

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4° Jornaleros temporeros y sus familias.
Los extranjeros admitidos como inmigrantes pueden residir
indefinidamente en la República. A los no inmigrantes les será
concedida solamente una admisión temporal y ésta se regulará por
las condiciones prescritas en el Reglamento de Migración núm. 279,
de 12 de mayo de 1939, a menos que un extranjero admitido como
no inmigrante pueda ser considerado después como inmigrante
mediante el cumplimiento cabal de los requisitos relativos a los
inmigrantes.
Los jornaleros temporeros serán admitidos en el territorio
dominicano únicamente cuando soliciten su introducción las
empresas agrícolas y esto en la cantidad y bajo las condiciones que
prescriba la Secretaría de Estado de Interior y Policía, para llenar
las necesidades de tales empresas y para vigilar su admisión, estadía
temporal y regreso al país de donde procedieron54.”
1.1.7. De igual manera, el Reglamento de Inmigración núm. 279,
retomando los términos de la Ley núm. 95, dispone lo siguiente, en sus
Secciones 2da. y décima:
Sección 2da. Clasificación de extranjeros.
a) Las siguientes clases de extranjeros, que traten de ser admitidos
en la República, son no inmigrantes55:
54

Subrayados del TC. Conviene indicar, asimismo, que, de acuerdo al citado artículo 3 de la Ley de Inmigración núm. 95,
los extranjeros inmigrantes “pueden residir indefinidamente en la República.”, y, que conforme al artículo 5, “le [s]
será expedido permiso de residencia, conforme a las regulaciones existentes.”; mientras que, por el contrario, respecto
a los extranjeros no inmigrantes, al tenor del primer artículo citado, “les será concedida solamente una admisión
temporal y ésta se regulará por las condiciones prescritas en el Reglamento de Migración núm. 279, de 12 de mayo de
1939.”
55

Subrayado del TC.

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1.

Visitantes en viaje de negocios, estudio, recreo o curiosidad;

2. Personas que transiten a través del territorio de la República
en viaje al extranjero;
3.
Personas que estén sirviendo algún empleo en naves marítimas
o áreas;
4.

Jornaleros temporeros y sus familias.

b) Todos los demás extranjeros serán considerados inmigrantes56,
excepto las personas que tengan investidura diplomática o consular,
según determina el artículo 16 de la Ley de Inmigración.”
Sección décima.- Extranjeros sin residencia legal al 1ro. de Junio
de 1939. Permisos de residencia.
a) Todo extranjero cuya última entrada a la República fuera
anterior al 1ro. de junio de 1939 y que no estuviere en su poder
cualquier permiso de inmigración en esa fecha, deberá solicitar,
antes del 1ro. de septiembre de 1939, un permiso de residencia. La
solicitud será hecha personalmente en cualquier oficina de
inmigración, en formulario C-1, bajo juramento.
b) Las fotografías para la solicitud serán hechas de acuerdo con
los requisitos prescritos por los inmigrantes, según se indica en la §
Séptima, e) de este Reglamento.
(…)
56

Subrayado del TC.

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e) La falta de solicitud de un permiso de residencia dentro del
tiempo indicado por la ley o la falta de renovación anual pueden dar
lugar a la deportación57.”
1.1.8. Resulta útil expresar, por otra parte, que la obligación de regularizar
la permanencia en territorio dominicano de los trabajadores haitianos, so
pena de caer en condición de ilegalidad, se encuentra vigente en el
ordenamiento jurídico nacional a partir de la firma del referido Modus
Operandi con la República de Haití, firmado el veintiuno (21) de noviembre
de mil novecientos treinta y nueve (1939) y publicado en la Gaceta Oficial
núm. 5395 del veinte (20) de diciembre del mismo año; o sea, ocho (8) meses
antes de la promulgación de la referida Ley de Inmigración núm. 95 (del 14
de abril de 1939) y siete (7) meses antes del aludido Reglamento de
Inmigración núm. 279 (del 12 de mayo de 1939).
1.1.9. En efecto, el Modus Operandi con la República de Haití confirma la
aplicación de las leyes dominicanas a los obreros haitianos que vinieron al
país al amparo de dicho convenio. En este sentido, sus artículos 10 y 11
prescriben, expresamente, que los nacionales de cualquiera de los dos
Estados que se encuentren en el territorio del otro, al momento de la firma
del convenio, podrán continuar su permanencia en dichos Estados, siempre
que esta se encuentre ajustada a las disposiciones de las leyes de inmigración
correspondientes. Se hace la salvedad, sin embargo, que aquellos que se
encuentren en contravención de las respectivas leyes, tendrán un plazo de
tres meses, a partir de la firma del convenio, para regularizar su situación.
Art. 10. Los nacionales de alguno de los dos Estados que a la fecha
de la firma del presente instrumento, se encuentren en el territorio
del otro podrán continuar su permanencia, si la misma se encuentra
ajustada a las disposiciones de las leyes de inmigración o de
57

Subrayados del TC.

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cualquiera otra naturaleza, de los respectivos Estados, debiendo la
continuación de esa permanencia someterse, en cuanto a su
duración, pago de impuestos, medios de identificación etc. a las
disposiciones que sobre esos particulares establezcan las leyes de
cada Estado.
En cuanto a aquellos que a la fecha de la firma del presente
instrumento se encuentren en el territorio de un Estado o del otro, en
contravención de sus respectivas leyes, disfrutarán de un plazo de
tres meses a partir de la fecha de la citada firma, para regularizar
de acuerdo con las leyes de cada Estado sus correspondientes
permanencias. Para este fin las Legaciones y los Consulados de
cada país, harán las publicaciones necesarias, para que los
nacionales de sus respectivos Estados procedan a regularizar,
dentro del plazo referido, su permanencia ilegal en el otro Estado.
Después de vencido este plazo los nacionales de cualquiera de los
dos Estados que se encuentren en el territorio del otro en una
persistente condición de irregularidad, podrán ser considerados
por este último Estado como violadores de sus leyes y tratados en la
forma prevista por el artículo 7 para los culpables del delito de
penetración irregular58.
Art. 11. La entrada de jornaleros temporeros a cualquiera de los dos
países se hará de acuerdo con las disposiciones que establezcan
sobre el particular las leyes del país que reciba temporalmente
dichos jornaleros59.

58Subrayado
59

del TC.

Subrayado del TC.

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1.1.10. Debe observarse que los extranjeros en tránsito que figuran en
todas las Constituciones dominicanas a partir de la del veinte (20) de junio
de mil novecientos veintinueve (1929) corresponden al conjunto de los
cuatro grupos60 que posteriormente fue globalmente designado como
trabajadores extranjeros no inmigrantes en el mencionado artículo 3 de la
Ley de Inmigración núm. 95 de 193961 y en la indicada Sección 2da. del
Reglamento de Inmigración núm. 279 del mismo año62. En ese sentido, los
extranjeros en tránsito no deben ser confundidos con los extranjeros
transeúntes63 previstos también en los dos estatutos precitados, y que a la
luz de estos últimos no son más que el segundo de los aludidos cuatro grupos
de personas que integran la categoría de los indicados trabajadores
extranjeros no inmigrantes que acabamos de mencionar, o sea, de los
extranjeros en tránsito. En efecto, el vocablo transeúnte alude a la persona
“[q]ue transita o pasa por algún lugar64”; o que “está de paso en un lugar y
no reside habitualmente en él”65. Por tanto, se trata, genéricamente, de un
“visitante, pasajero, viajero, turista”66. Es ese el sentido con el cual aparece
definido en el aludido artículo 3, ordinal 2° de la Ley de Inmigración núm.
95 (cuando cataloga como una de las cuatro clases de extranjeros no
inmigrantes a las “personas que transiten a través del territorio de la
República en viaje al extranjero”), al igual que en el aludido Reglamento de
Inmigración núm. 279, según consta en la 5ta. Sección de ese estatuto:
De estos cuatro grupos, el último corresponde a los “jornaleros temporeros y sus familias” (véase supra acápite
1.1.5).
60

61

Véase supra acápite 1.1.6.

62

Véase supra acápite 1.1.7.

63

Contrario a lo afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que confundió ambas nociones
en la sentencia del ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005), correspondiente al caso de las niñas Yean
y Bosico c. República Dominicana (Ser. C, No. 130, párrafo 157), según se verá más adelante.
64Diccionario

de la lengua española, Real Academia Española, tomo II tomo II (h/z), vigésima segunda
edición, 2001, Madrid, 2001, p. 2210.
65Nuevo

diccionario esencial de la lengua española, Santillana, 2004, Madrid, pág. 1288.

66Ibidem.

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5ta. Sección.- Transeúnte:
a) A los extranjeros que traten de entrar en la República con el
propósito principal de proseguir a través del país con destino al
exterior67, se les concederán privilegios de transeúntes. Estos
privilegios serán concedidos aunque el extranjero sea inadmisible
como inmigrante, si su entrada no fuere contraria a la salud y al
orden público al extranjero se le requerirá declarar su destino, los
medios que haya escogido para su transporte y la fecha y lugar de
salida de la República. Un período de 10 días se considerará
ordinariamente suficiente para poder pasar a través de la
República68.
1.1.11. Obviamente, el extranjero transeúnte de los dos estatutos
migratorios indicados, que es un pasajero que se dirige a otro país y se
encuentra brevemente de paso por el nuestro69, carece de domicilio o residencia
legal en la República, al igual que el extranjero transeúnte del artículo 16 del
Código Civil70, que prevé una garantía denominada fianza judicatum solvi,
legalmente exigida a los extranjeros sin domicilio o residencia legal en el país
para figurar como demandantes o intervinientes voluntarios en procesos
judiciales71; pero, diferenciándose del primero72, el extranjero transeúnte del
67

Subrayado del TC.

68

Subrayados del TC.

69

Obsérvese que la disposición citada del Reglamento de Inmigración núm. 279 le concede una estancia máxima de
diez días en el país, y aun en caso de que “sea inadmisible como inmigrante”.
“Art. 16.- En todas las materias y todas las jurisdicciones, el extranjero transeúnte que sea demandante principal o
interviniente voluntario estará obligado a dar fianza para el pago de las costas y de los daños y perjuicios resultantes
de la litis, a menos que posea en la República inmuebles de un valor suficiente para asegurar el pago.”. Dicha fianza
se encuentra también prevista en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil dominicano: “El extranjero
transeúnte que actúe como demandante principal o interviniente ante cualquier tribunal o juzgado de la República que
no sea juez de paz, si el demandado lo propone antes de otra excepción, deberá afianzar previamente el pago de las
costas y de los daños y perjuicios a que pudiere ser condenado.”
70

71

Salvo en materia laboral, donde ha sido descartada.

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último73 implica la idea de admisión temporal en el territorio nacional; o sea,
que se trata de una “[p]ersona que está en un lugar o localidad que no es su
domicilio o residencia, en el que no se asienta de modo fijo con intención de
permanencia sino solo temporalmente”74. En esta acepción, el vocablo
implica, por tanto, una vocación de permanencia más o menos extensa, que,
aunque transitoria (o sea, sin carácter definitivo) 75, no se encuentra sujeta
en modo alguno al citado y breve plazo de diez días que prevé el Reglamento
.núm 279 para el extranjero transeúnte, que corresponde al que está
simplemente de paso por el país en dirección hacia otro destino.
1.1.12. Debe dejarse constancia, asimismo, de que nuestra Suprema Corte de
Justicia también ha definido y reiterado el concepto de extranjero en tránsito,
en el sentido de admisión temporal más o menos extensa76 anteriormente
expuesto, desde hace más de treinta años, en el contexto de litigios que
conciernen la aludida fianza judicatum solvi, tanto respecto a las personas
jurídicas como a las personas físicas; y, en todos esos fallos ha siempre
vinculado la transitoriedad de la estancia del extranjero en el territorio
nacional a la inexistencia de fijación legal de su domicilio en el país o a la falta
de titularidad de un permiso de residencia otorgado por las autoridades
dominicanas; o sea, que la jurisprudencia tradicional dominicana reconoce
como extranjeros en tránsito a los que no tienen domicilio legal en la

72

O sea, el “transeúnte“ previsto por el artículo 3 de la Ley de Inmigración No. 95 y del Reglamento No. 279.

Es decir, el “transeúnte” de los precitados artículos 16 del Código Civil y 166 del Código de Procedimiento Civil
dominicanos.
73

74

Diccionario hispanoamericano de Derecho, tomo II (l/z), Grupo Latino Editores, Bogotá, 2008, p. 2340
(voz “transeúnte”).
Según el precitado Diccionario de la lengua española (tomo II, p. 2212), el adjetivo “transitorio”, en su primera
acepción, significa “[p]asajero, temporal.” En el mismo sentido, de acuerdo con Diccionario del español actual
(Manuel SECO et al., tomo II, Aguilar, Madrid, 1999, p. 4381), significa: “Temporal (que dura solo cierto tiempo)”.
Como dato ilustrativo, esta última obra aporta el siguiente ejemplo: “Esta situación poco humana, que pudiera y
debiera ser transitoria, se transforma en definitiva”.
75

76

O sea, no a la momentánea o breve estancia del pasajero de paso por el país, sujeta al plazo máximo de diez días,
prevista en el Reglamento de Inmigración No. 279.

Página 62 de 147


República (personas jurídicas) o a los que carecen de permiso legal de
residencia (personas físicas):
(…) que habiendo solicitado la recurrente tanto en primer grado como
en apelación que la recurrida en su condición de extranjera prestara
la fianza que establece la ley y no habiendo Lanman and Kemp.
Barclay Co., hecho la prueba de que haya sido autorizada a
establecer domicilio o que posea inmuebles en la República de un
valor suficiente que asegure el pago de las costas, daños y perjuicios
a que pudiere ser condenada en caso de que sucumbiere; que al
rechazar la Corte a-qua ese pedimento hecho por la hoy recurrente y
fallar como lo hizo, incurrió en la violación de la Ley antes citada,
razón por la cual procede la casación de la sentencia impugnada
(…)77;
(…) que contrariamente a lo decidido por la Corte a-qua, las
Compañías de Comercio constituidas con arreglo a una ley extranjera,
[…] se presume que tienen su domicilio en el país de su constitución,
salvo prueba de que han sido autorizado por el Poder Ejecutivo para
establecer su domicilio en la República Dominicana, en los términos
del artículo 1378 del Código Civil79;
(…) que, por tanto al ser de una nacionalidad extranjera, domiciliada
en el extranjero, sin residencia permanente en el territorio de la
República Dominicana, y no habiendo justificado poseer en el país
bienes inmuebles distintos a los litigios, la recurrente, demandante
originaria en el presente litigio, se encuentra sometida a las
77Sentencia

del 1 de diciembre de 1982, BJ 865, 2379 (subrayado del TC).

78“Art.

13.- El extranjero, a quien el Gobierno hubiere concedido fijar en la República su domicilio gozará de todos
los derechos civiles mientras resida en el país“.
79Sentencia

del 16 de marzo de 1983, BJ 867, 704 (subrayado del TC).

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prescripciones legales aludidas80;
(…) Considerando, que de acuerdo con el artículo 16 del Código Civil
(…): En todas las materias y todas las jurisdicciones, el extranjero
transeúnte81 que sea demandado principal o interviniente voluntario
estará obligado a dar fianza para el pago de las costas y los daños y
perjuicios resultantes de la litis (…); Considerando, que en el acta de
la notificación del recurso de casación y del emplazamiento, (…) se
expresa que la recurrente, María Antonia Blanco Vda. Vilomar, es
de nacionalidad norteamericana y que ella tiene su domicilio en
Santurce, Puerto Rico […]; que, por tanto, al ser de nacionalidad
extranjera, domiciliada en el extranjero, sin residencia permanente
en el territorio de la República Dominicana […], la recurrente,
demandante en el presente litigio, se encuentra sometida a las
prescripciones legales aludidas82;
(…) que el recurrido Bernard Malin, intimado en la apelación
interpuesta por la ahora recurrente, aunque es un extranjero, no cae
dentro de las previsiones del texto legal citado [artículo 16 del Código
Civil, reformado por la Ley 845 del 15 de julio de 1978], y en
consecuencia no puede exigírsele la prestación de la fianza a que el
mismo se refiere en vista de que la ley solo la exige para los extranjeros
transeúntes, lo que no ocurre en la especie, dado que el recurrido tiene
un permiso de residencia en el país (…)83.

80Sentencia

del 11 de abril de 1983, BJ 868, 882 (subrayado del TC).

81 En el ámbito del Derecho Civil, la noción de extranjero transeúnte equivale a la de extranjero en tránsito

en Derecho

Migratorio.
82Sentencia

núm. 3, del 16 de marzo de 1983, págs. 888-889 (subrayado del TC).

83Sentencia

del 4 de febrero de 1998 (núm. 4), BJ 1047, 267-275 (subrayado del TC).

Página 64 de 147


1.1.13. Manteniendo la misma concepción jurisprudencial, la máxima
jurisdicción del Poder Judicial dominicano especificó más recientemente,
con palmaria claridad, mediante la mencionada sentencia núm. 9, de fecha
catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005), qué debe entenderse por
extranjeros en tránsito, y cuáles son las consecuencias jurídicas que genera
esta condición respecto de sus hijos nacidos en el país, de acuerdo con el
artículo 11, numeral 1, de la Constitución dominicana de mil novecientos
sesenta y seis (1966)84:
(…) cuando la Constitución en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye
a los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en
representación diplomática o los que están en tránsito en él para
adquirir la nacionalidad dominicana por jus soli, esto supone que
estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo autorizadas
a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que
si en esta circunstancia, evidentemente legitimada, una extranjera
alumbra en el territorio nacional, su hijo (a), por mandato de la
misma Constitución, no nace dominicano.85
1.1.14. Por tanto, de acuerdo con las normativas y decisiones judiciales
precitadas, así como las ponderaciones efectuadas,
el Tribunal
Constitucional estima lo siguiente:
1.1.14.1. Los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la Constitución
de 196686 corresponden a la mencionada categoría de extranjeros no
inmigrantes prevista en el artículo 3 de la mencionada ley núm. 95, de mil
novecientos treinta y nueve (1939) y en el Reglamento núm. 279 del mismo
84“Artículo

11- Son dominicanos: 1) Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción
de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén de tránsito
en él.”
85

Subrayado del TC.
como se dijo, figura en las Constituciones dominicanas desde la del 20 de junio de 1929 hasta la actual
Constitución de 2010.
86Que,

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año; o sea, los siguientes cuatro grupos de personas: los visitantes
(“negocios, estudio, recreo o curiosidad”), los transeúntes, los empleados de
naves aéreas o marítimas, y los jornaleros temporeros y sus familias. En
consecuencia, los hijos nacidos en el país de progenitores que provengan de
estos cuatro grupos de personas quedan excluidos, como excepción, de la
norma constitucional precitada para la adquisición de la nacionalidad
dominicana por aplicación del criterio de ius soli.
1.1.14.2. Los extranjeros en tránsito que modifiquen su situación
migratoria y obtengan un permiso legal de residencia en el país pasan a
integrar la categoría de extranjeros inmigrantes, según las indicadas
normativas, por lo que sus hijos nacidos en el territorio nacional sí adquieren
la nacionalidad dominicana por aplicación del principio de ius soli.
1.1.14.3. En otros supuestos distintos a los anteriores, los extranjeros que
permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal o que hayan
penetrado ilegalmente en el mismo, se encuentran en situación migratoria
irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales y los tratados
internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el
Congreso Nacional en esa materia. En ese sentido, estas personas no podrían
invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la
nacionalidad dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la
Constitución de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible
fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de
hecho87.

87

Tal como lo expresa la precitada sentencia rendida por la Suprema Corte de Justicia el 14 de diciembre de 2005
(véase supra acápite 1.1.12): “[…] cuando la Constitución en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye a los hijos legítimos
de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están en tránsito en él para adquirir
la nacionalidad dominicana por jus soli, esto supone que estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo
autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que si en esta circunstancia, evidentemente
legitimada, una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo (a), por mandato de la misma Constitución, no
nace dominicano; que, con mayor razón, no puede serlo el hijo (a) de la madre extranjera que al momento de dar a
luz se encuentra en una situación irregular y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la República
Dominicana […];”
Página 66 de 147


1.1.14.4. Incumbe al Estado dominicano la obligación ineludible de
garantizar el otorgamiento de la nacionalidad a las personas que nazcan en
el territorio nacional, pero a condición de que satisfagan los presupuestos
previstos en la Constitución y en las leyes nacionales, a los cuales se
encuentran sujetos los nacionales y los extranjeros, no solo para el ejercicio
de los derechos que dichas normativas garantizan, sino también para los
deberes que ellas consagran.
1.1.14.5. Reafirmando ese principio de obligatoriedad de acatamiento de
nacionales y extranjeros a la Constitución y las leyes del país, el artículo 9
de nuestra Ley Fundamental del veintinueve (29) de noviembre de mil
novecientos sesenta y seis (1966), vigente a la fecha de nacimiento de la
recurrente (el 1 de abril de 1984), prescribe lo siguiente:
Atendiendo a que las prerrogativas reconocidas y garantizadas en el
artículo precedente de esta Constitución suponen la existencia de un
orden correlativo de responsabilidad jurídica y moral que obliga la
conducta del hombre en sociedad, se declaran como deberes
fundamentales los siguientes: a) Acatar y cumplir la Constitución y
las leyes, y respetar y obedecer las autoridades establecidas por
ellas88.”
1.1.14.6. En la especie, la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre no ha
probado en modo alguno que por lo menos uno de sus padres tuviera
residencia legal en la República Dominicana al momento del nacimiento de
su hija (hoy recurrente en revisión constitucional) ni con posterioridad al
mismo. Por el contrario, del acta de declaración de nacimiento de esta
última89 se evidencia que su padre señor Blanco Dequis (o Deguis),
declarante del nacimiento, era un jornalero temporero de nacionalidad
88

Subrayado del TC.

89

Así como de su acta de nacimiento para fines judiciales expedida por el Director de la Oficina Central del Estado
Civil, el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013).

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haitiana, o sea, un ciudadano extranjero en tránsito, al igual que su señora
madre Marie Pierre90. Por tanto, a juicio de este Tribunal Constitucional, la
recurrente no ha cumplido con el presupuesto establecido en el precitado
artículo 11.1 de la Constitución de 1966, como se ha previamente
demostrado.
2. La posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)
2.1. En la exposición que sigue, expondremos el tema que nos ocupa a través
del análisis del caso de las niñas Yean y Bosico c. República Dominicana91,
en vista de que en el mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos
establece importantes elementos definitorios e interpretativos de la noción
de extranjero en tránsito, de acuerdo con la opinión de esa alta corte
internacional; a saber:
2.1.1. El once (11) de julio de dos mil tres (2003), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos92 sometió ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos93 una demanda contra la República
Dominicana. Con la referida demanda la Comisión pretendía que la Corte
declarara la responsabilidad internacional de la República Dominicana por
presunta violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en

90

Tal como muestral su acta de nacimiento para fines judiciales expedida por el Director de la Oficina Central del
Estado Civil, el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013).
91

Caso Yean y Bosico c. República Dominicana, Sentencia del 8 de septiembre de 2005, párrafo 3, Corte
IDH 8.09.05.
92

En lo adelante, “la Comisión”.

93

En lo adelante, “ la Corte”.

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particular, sus artículos 394, 895, 1996, 2097, 2498, y 2599, en conexión con los
artículos 1.1100 y 2101 del mismo instrumento convencional.
2.1.2. La Comisión alegó ante la Corte que el Estado dominicano le negó a
las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico la emisión de sus actas de nacimiento,
a pesar de que ellas nacieron en el territorio de la República Dominicana y
de que la Constitución de nuestro país establece el principio del jus solis para
determinar quiénes son ciudadanos dominicanos. La Comisión no solo hizo
las anteriores imputaciones sino que, además, atribuyó al país haber obligado
“(…) a las presuntas víctimas a permanecer en una situación de continua
ilegalidad y vulnerabilidad social, violación que adquiere una dimensión
más grave cuando se trata de menores, toda vez que la República
Dominicana negó a las niñas Yean y Bosico su derecho a la nacionalidad
dominicana y las mantuvo como apátridas hasta el 25 de septiembre de
2001”102.
2.1.3. En base a los alegatos e imputaciones formuladas por la Comisión,
la Corte llegó a la conclusión de que la República Dominicana había violado,
en perjuicio de las demandantes, el derecho a la nacionalidad y a la igualdad
ante la ley, consagrados, respectivamente, en los artículos 20 y 24 de la
Convención Americana.

94

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

95

Garantías judiciales.

96

Derechos del Niño.

97

Derecho a la Nacionalidad.

98

99

Derecho a la igualdad ante la Ley.
Protección Judicial.

100

Obligación de Respetar los Derechos.

101

Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.

102

Sentencia del 8 de septiembre de 2005, párrafo 3.

Página 69 de 147


2.1.4. De las violaciones indicadas, nos detendremos en la que concierne a
la nacionalidad, ya que las demás derivan de esta última. En este orden, en
los Nos. 151 a 158 de la referida sentencia, la Corte analiza el artículo 11 de
la Constitución vigente en el momento que se conoció la demanda, en
particular la excepción relativa al principio del jus solis consistente en que
no son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito.
2.2. Respecto de la noción de extranjeros en tránsito, la Corte estableció lo
que se transcribe a continuación:
Además de lo anterior, el Tribunal considera oportuno remitirse a
la Sección V del Reglamento de Migración de la República
Dominicana No. 279 de 12 de mayo de 1939, vigente […], la cual
es clara al establecer que el transeúnte tiene solamente la finalidad
de pasar por el territorio, para lo cual se fija un límite temporal de
diez días. La Corte observa que, para considerar a una persona
como transeúnte o en tránsito, independientemente de la
clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite
temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un
extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser
equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito103.
2.3. Obsérvese que, en la primera parte del párrafo transcrito, la Corte
induce a confusión al considerar el plazo de diez días otorgado al extranjero
transeúnte como si también correspondiera al extranjero en tránsito, lo que
resulta un flagrante error interpretativo, dada la distinción que existe entre
ambas categorías de extranjeros, según se ha explicado anteriormente. Y, en
cuanto a la última parte, para la Corte, el Estado dominicano está obligado a
tomar en cuenta dos elementos para determinar cuándo un extranjero se
encuentra en tránsito en el país, a saber: el tiempo que haya permanecido en
el país, de una parte; y el desarrollo de vínculos en el Estado, por la otra
103

Ibid., párr. 157.

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parte. En lo que respecta al primer elemento, la Corte exige que el plazo que
se establezca sea razonable; mientras que en relación con el segundo, se
limita a mencionarlo.
2.4. En torno a las exigencia hechas por la Corte en relación con la
interpretación de la noción extranjeros en tránsito, este tribunal
constitucional considera importante destacar que cada Estado tiene la
potestad para determinar cuáles personas reúnen las condiciones para
adquirir la nacionalidad, tal y como lo ha reconocido la propia Corte, cuando
establece que:
La determinación de quienes son nacionales sigue siendo
competencia interna de los Estados. Sin embargo, su
discrecionalidad en esa materia sufre un constante proceso de
restricción conforme a la evolución del derecho internacional, con
vistas a una mayor protección de la persona frente a la arbitrariedad
de los Estados. Así que en la actual etapa de desarrollo del derecho
internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los
Estados está limitada, por un lado, por su deber de brindar a los
individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin
discriminación y, por otro lado, por su deber de prevenir, evitar y
reducir la apatridia. (94)104.
2.5. Corresponde, pues, a cada Estado establecer, definir e interpretar los
requisitos para la adquisición de la nacionalidad. De ello resulta que, en
materia de nacionalidad, los Estados deben contar con un nivel de
discrecionalidad importante, pero que tiene sus límites y, sobre todo, debe
utilizarse con racionalidad para evitar que los intereses de un Estado den al
traste con los comunitarios.

104

Ibid., párr. 140.

Página 71 de 147


2.6. La cuestión del reconocimiento de la discrecionalidad de que disponen
los Estados en determinados temas, y en particular el que nos ocupa, amerita
una atención especial por parte de la Corte, ya que, en gran medida, se trata
de un elemento que puede incidir en la efectividad del sistema
interamericano de protección de los derechos fundamentales que se organiza
en la Convención; en el entendido de que, si bien es cierto que los pueblos
de los Estados signatarios de la Convención viven las mismas realidades, en
sentido general, no menos cierto es que existen particularidades que en lugar
de ser ignoradas, más bien deben ser tomadas en cuenta a propósito de cada
caso investigado por la Comisión y conocido y decidido por la Corte.
2.7. A propósito de este tema, la Corte Europea de los Derechos Humanos
ha venido desarrollando una importante jurisprudencia a la que nos
referiremos en los párrafos siguientes por considerarla de gran utilidad en
nuestro contexto. Ciertamente, en el sistema europeo de protección de los
derechos humanos, se ha expuesto el criterio de interpretación conocido
como “el margen de apreciación”. Se trata de un criterio jurisprudencial que
la Corte Europea de los Derechos Humanos utilizó por primera vez en el caso
Handyside contra el Reino Unido, que fue decidido el 7 de diciembre de
1976105. En el referido caso se dirimió una demanda incoada contra el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el ciudadano británico
Richard Handyside, que alegaba haber sufrido conculcación a su derecho a
la libertad de expresión y difusión del pensamiento al impedirle la
divulgación de un libro de su autoría por considerarlo contrario a la moral.
2.8. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos invoca la tesis del
“margen de apreciación” para responder el alegato del demandante de que
la prohibición de circulación del libro ordenada por los tribunales de Gran
Bretaña carecía de fundamento, puesto que dicha obra circuló libremente en

105

Pastor Ridruejo, José Antonio, ex magistrado de la Corte Europea de los Derechos Humanos. La Reciente
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Temas Escogidos. (Madrid, 2007), pág. 257 (Material
utilizado en “Cursos de Derecho internacional y Relaciones internacionales de Vitoria-Gazteiz, 2007”).
Página 72 de 147


Irlanda del Norte, en la isla Man, así como en las islas anglonormandas. La
respuesta del tribunal fue la siguiente:
El Tribunal recuerda que las leyes de 1959 y 1964, en los términos
de su artículo 5.3, no se aplican ni en Escocia ni en Irlanda del Norte
(apartado 25 in fine). Especialmente no se debe olvidar que el
Convenio, y en particular su artículo 60, jamás obliga a los órganos
de los Estados contratantes a limitar los derechos y libertades
garantizados por él. Especialmente, el artículo 10.2 no les obliga en
ningún caso a imponer restricciones o sanciones en materia de
libertad de expresión; tampoco les impide no hacerlos valer (…). A
la vista de la situación local, las autoridades competentes de Irlanda
del Norte, de la isla de Man y de las islas anglonormandas han
podido tener motivaciones razonables para no actuar contra el libro
y su editor, y el fiscal (Procurador Fiscal) de Escocia para no citar
al señor Handyside en persona a Edimburgo después de rechazar la
demanda formulada, conforme al Derecho escocés, (…). Su
abstención, sobre cuyas razones no entra el Tribunal y que no ha
impedido las medidas tomadas en Inglaterra para proceder a una
revisión del schoolbook, no prueba que la sentencia de 29 de octubre
de 1971, habida cuenta del margen de apreciación que corresponde
a las autoridades nacionales, no haya respondido a una necesidad
real106.
2.9. La lógica que se desprende de la tesis desarrollada en la sentencia
objeto de análisis es que un país de la comunidad puede tener razones
particulares para establecer restricciones a determinados derechos y no
necesariamente incurre en violaciones a las normas comunitarias, aunque los
demás países no contemplen dichas restricciones. De lo que se trata es de
reconocer la existencia de situaciones y realidades particulares y especiales
106

Caso Handyside Vs. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sentencia del 29 de abril de 1976. Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
Página 73 de 147


que requieren de una atemperación de la interpretación y aplicación de la
norma comunitaria.
2.10. La tesis del “margen de apreciación” fue también invocada con
ocasión de otros temas, como el relativo a la derogación parcial o la
suspensión de determinados derechos en situación de guerra o de otros
peligros que amenacen la vida de la nación107, así como respecto a la
prohibición que pesa sobre los homosexuales para adoptar a menores108.
2.11. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos llegó a la conclusión
de que en los indicados casos se discutían materias sensibles y delicadas, y
que convenía concederles un alto margen de apreciación a las autoridades
nacionales, en la medida en que estas últimas se encontraban en mejores
condiciones para decidirlas de la manera más adecuada, por encontrarse en
contacto con las fuerzas vitales del país109. De lo expuesto anteriormente se
advierte que la tesis del “margen de apreciación” se aplica en el ámbito de
casos particulares. En este orden se afirma “(…) que el Tribunal nunca ha
aplicado el principio en el marco del artículo 20 de la Convención (derecho
a la vida) ni en el del artículo 3° (prohibición de la tortura y tratos crueles
inhumanos o degradantes ni el párrafo 1 del artículo 4 (prohibición de los
trabajos forzados)”110.
2.12. El Tribunal Constitucional considera que en el caso que nos ocupa es
viable aplicar la tesis del “margen de apreciación”, en lo que respecta a la
determinación del significado y alcance de la noción de extranjeros en
tránsito, ya que la cuestión de la nacionalidad resulta un tema
particularmente sensible para todos los sectores de la sociedad dominicana.
107

Caso Irlanda contra Reino Unido, del 18 de enero de 1978 (véase PASTOR RIDRUELO, José Antonio, op. cit.,
pág. 257).
108

Caso Fretté contra Francia (ibidem).

109

Ibidem.

110

Ob. Cit. Pastor Ridruejo, José Antonio, pág. 259

Página 74 de 147


En este orden, entiende, tal y como se ha expuesto en páginas anteriores, que
los extranjeros carentes de una autorización de residencia en el país deben
ser asimilados a la categoría de extranjeros en tránsito, que, como se ha
explicado anteriormente, es una noción propia del Derecho constitucional y
del Derecho migratorio dominicanos, en cuya virtud los hijos de esa
categoría de personas no adquieren la nacionalidad dominicana, aunque
hayan nacido en el territorio nacional.
2.13. Considerar en tránsito a aquellos extranjeros que carecen de
autorización para fijar residencia en el país no resulta una tesis nueva ni
exclusiva de la República Dominicana, en la medida en que, como se expuso
en otra parte de esta sentencia, el Consejo de Estado colombiano y la Corte
Constitucional de ese país la han aplicado en casos similares al que nos
ocupa. Es importante resaltar que asimilar a los extranjeros que carecen de
autorización de residencia a los extranjeros en tránsito, no implica, en modo
alguno, transmitir o transferir una situación migratoria de los padres a sus
hijos, ya que estos últimos no son considerados en situación de ilegalidad,
sino solo carentes del derecho a la nacionalidad dominicana; y también
conviene destacar que la circunstancia de que la demandante señora Juliana
Dequis (o Deguis) no tenga el derecho a la nacionalidad dominicana por jus
soli no la coloca en situación de apátrida, ya que tal como se expone a
continuación, ella tiene derecho a la nacionalidad haitiana.
3.

La recurrente no corre el riesgo de devenir apátrida

3.1. En relación con este aspecto, el Tribunal Constitucional tiene a bien
formular las siguientes observaciones:
3.1.1. A la luz de lo expuesto en relación con la condición de extranjeros
en tránsito en Derecho dominicano, las personas nacidas en la República
Dominicana, cuyos padres tengan ese estatus solo adquirirán la nacionalidad
dominicana cuando no tengan derecho a otra nacionalidad, es decir, cuando
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devengan apátridas. Esta regla se funda en las normativas previstas en el
artículo 1 de la Convención para reducir los casos de apatridia111; en el
artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño112, ratificada por la
República Dominicana. en fecha once (11) de junio de mil novecientos
noventa y uno (1991), y en el artículo 24 del Pacto internacional sobre
derechos civiles y políticos113, que prescriben respectivamente lo siguiente:
Artículo 1 de la Convención para reducir los casos de apatridia: Todo
Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida
en su territorio que de otro modo sería apátrida. (…)
Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño: El niño
será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado
por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos
derechos de conformidad con su legislación nacional y las
obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño
resultara de otro modo apátrida114.
Artículo 24. 1 del Pacto internacional sobre derechos civiles y
políticos: Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o
social, posición económica o nacimiento, a las medidas de
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de
su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será
111

Firmada (más no ratificada) por la República Dominicana el 5 de diciembre de 1961.

112Ratificada

por la República Dominicana el 11 de junio de 1991.

113

Ratificado por la República Dominicana el 4 de enero de 1978.

114

Subrayados del TC.

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inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener
un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una
nacionalidad115.
3.1.2. Sin embargo, ninguno de los citados mandatos internacionales aplica
al caso que nos atañe, ni a ningún otro caso de similar o de igual naturaleza.
En efecto, la negativa por parte del Estado dominicano de otorgar su
nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito bajo ninguna
circunstancia genera una situación de apatridia. En el caso particular de los
hijos de padres haitianos en tránsito, cabe resaltar que el artículo 11.2 de la
Constitución haitiana de 1983, aplicable en la especie, estipula expresamente
que obtendrán nacionalidad haitiana originaria todos aquellos individuos
nacidos en el extranjero de padre y madre haitianos:” “Son haitianos de
origen (…) 2.- Todo individuo nacido en el extranjero de padre o madre
haitianos. 116.
3.1.3. Obsérvese, por tanto, que dicho texto constitucional prevé el
principio de sujeción perpetua a la nacionalidad haitiana respecto a los hijos
de nacionales haitianos, en razón de lo cual se imposibilita la pérdida de
dicha nacionalidad una vez adquirida por nacimiento o posteriormente117,
salvo por el proceso de naturalización en un país extranjero. La nacionalidad
115

Subrayado del TC.

116

“Art. 11.– Sont Haïtiens d’origine: […] 2.- Tout individu né à l’étranger de père et de mère haïtien.”

117La

nacionalidad haitiana originaria por ius sanguinis se incluyó también en el artículo 2.2 del Decreto sobre
Nacionalidad Haitiana del 6 de noviembre de 1984; en el artículo 11 de la Constitución de Haití de 1987, y en el artículo
11 de la reforma constitucional haitiana de 2011, a saber:


Artículo 2 del Decreto sobre Nacionalidad Haitiana del 6 de noviembre de 1984: “Son haitianos de origen
[…] 2. Todo individuo nacido en el extranjero de padre y de madre haitiana;”



Artículo 11 de la Constitución haitiana de 1987: “Posee la nacionalidad haitiana de origen, todo individuo
nacido de padre haitiano o de madre haitiana quienes, a su vez, hayan nacido haitianos y nunca hubieran
renunciado a su nacionalidad desde el momento del nacimiento.”; y



Artículo 11 de la Constitución haitiana de 2011: “Posee la nacionalidad haitiana de origen, todo individuo
nacido de padre haitiano o de madre haitiana quienes, a su vez, hayan nacido haitianos y nunca hubieran
renunciado a su nacionalidad desde el momento del nacimiento.”.

Página 77 de 147


haitiana originaria por ius sanguinis ha sido tradicionalmente reconocida en
la mayor parte de las Constituciones de la República de Haití, desde hace
casi un siglo118, comenzando por la Constitución de 1843119, y luego las
demás Constituciones de 1846120, 1849121, 1867122, 1874123, 1879124, 1888125,
1889126, 1946127, 1957128, 1964129, 1971130, 1983131, 1987132y 2011133.
3.1.4. En consecuencia, el hecho de que la recurrente señora Juliana Dequis
(o Deguis) Pierre tenga pleno derecho a la nacionalidad haitiana, por ser hija
de padres haitianos, no contraviene en modo alguno el alcance del artículo
20.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Especialmente,
cuando esta establece que: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad
118

Salvo las Constituciones de 1859, 1918, 1932, 1935 y 1957, que no tienen ninguna previsión al respecto.

6.- “Son haitianos todos los individuos nacidos en Haití o descendientes de africanos o de indio, y todos
aquellos nacidos en países extranjeros de un haitiano o de una haitiana [...]”.
119Artículo

120

Artículo 5.

121

Artículo 5.

122“Artículo

3.- Son haitianos todos los individuos nacidos en Haití o en país extranjero de un haitiano o de una
haitiana [...].”
123

Artículo 4.

124

Artículo 3.

125“Artículo

7.- Son haitianos: [...]“ 2° El hijo legítimo o natural nacido en Haití o en país extranjero de un padre
haitiano; 3° El hijo nacido por matrimonio, aun en el extranjero, reconocido solo por su madre haitiana.“
126

Artículo 3, párrafos 1° y 2°.

127Artículo

4 de ambas reformas constitucionales de 1946 (12 de agosto y 23 de octubre).

128Artículo

4.

129Artículo

4.

130Artículo

4.

11.- “Son haitianos de origen: 1) Todo individuo nacido en Haití de padre haitiano o de madre haitiana;
2) Todo individuo nacido en el extranjero de padre o madre haitianos;”.
131Artículo

11.- “Posee la nacionalidad haitiana de origen, todo individuo nacido de padre haitiano o de madre
haitiana quienes, a su vez, hayan nacido haitianos y nunca hubieran renunciado a su nacionalidad desde el momento
del nacimiento.”
132Artículo

11.- “Posee la nacionalidad haitiana de origen, todo individuo nacido de padre haitiano o de madre
haitiana quienes, a su vez, hayan nacido haitianos y nunca hubieran renunciado a su nacionalidad desde el momento
del nacimiento.”
133Artículo

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del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”134. Todo ello
resulta cónsono, con la posición de la Corte Permanente de Justicia
Internacional en su Opinión consultiva sobre la adquisición de la
nacionalidad polaca135, cuando sostuvo que:
Aunque, en términos generales, es cierto que un Estado soberano
tiene el derecho de decidir cuales personas serán consideradas como
sus nacionales, no es menos cierto que este principio es aplicable
sólo sujeto a las obligaciones de los tratados -suscritos por dicho
Estado-136.
3.1.5. Similar es la lógica implementada por las autoridades migratorias
españolas, cuando se encuentran imposibilitadas de atribuir la nacionalidad
española a los hijos nacidos en España de progenitores dominicanos, sin
provocar apatridia originaria, al afirmar que:
En cuanto al fondo del asunto, no hay duda de que no les
corresponde a los nacidos la nacionalidad española, porque, de
acuerdo con el conocimiento adquirido por este Centro Directivo
de la legislación constitucional dominicana, el nacido en el
extranjero de padres dominicanos es dominicano iure sanguinis
salvo que haya adquirido iure soli una nacionalidad distinta (cfr.
Art.11 n°3 de la Constitución de la República Dominicana). Por
lo tanto, dado el carácter subsidiario de la atribución iure soli de
la nacionalidad española y la preferencia para el legislador
español del ius sanguinis sobre el iure soli, hay que concluir que
los nacidos son dominicanos y que no entra en juego el citado
134

Subrayado del TC.

135Adquisición

de la nacionalidad polaca (Interpretación del Tratado de minorías de 1919 entre Polonia y
las potencias aliadas), CPJI, Ser. B, No. 7, 15 de septiembre de 1923, párrafo 27.
136

Subrayado del TC.

Página 79 de 147


precepto del Código Civil, pues no se produce una situación de
apatridia originaria que justificaría la atribución de la
nacionalidad española137.
3.1.6. En el caso de la República Dominicana, las normativas precitadas
ponen de manifiesto que los límites a la discrecionalidad impuestos a los
Estados por el derecho internacional sobre la reglamentación de la
nacionalidad reafirman las competencias de los primeros en relación con la
última; y muestran, asimismo, que en la especie no se vulneran las exigencias
a la protección integral de los derechos humanos reconocida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la previamente citada Opinión
Consultiva sobre Propuesta de modificación a la Constitución Política de
Costa Rica, relacionada con la naturalización de ciudadanos138, así como en
el aludido caso Petruzzi y otros c. Perú:
101. La Corte ha manifestado que el derecho internacional impone
ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su
estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad no sólo
concurren competencias de los Estados sino también las exigencias
de la protección integral de los derechos humanos, pues la
nacionalidad reviste el carácter de un derecho de la persona
humana”, sentido que no sólo ha quedado plasmado a nivel regional,
sino también en el artículo 15 de la Declaración Universal.
3.1.7. Cabe señalar, por otra parte, que el mencionado derecho a la
nacionalidad de origen se encuentra también garantizado a través de
mecanismos consulares de registro de nacimientos disponibles en territorio
137Subrayados

del TC. Ver decisiones emitidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del
Ministerio de Justicia de España: Res. DGRN. 4.a de 13 de diciembre de 2004 (BOE, 3-11-2008, págs. 3878-3879;
BIMJ núm. 1985, 2005, págs. 1308-1310 (Anexo III.3.II)); posteriormente, Res. DGRN 1.a de 3 de enero de 2005
(BIMJ, núm. 1986, 2005, págs. 1553-1556).
138

Párrafos 32-33.

Página 80 de 147


dominicano, que se encuentran a disposición de la población extranjera en
sus respectivos consulados para el registro de los nacimientos de sus
nacionales que ocurran en el territorio del país. En el caso de los nacionales
haitianos en general, y de la recurrente en revisión, en particular, sus padres
debieron haber registrado su nacimiento en un consulado haitiano de la
República Dominicana, de acuerdo con las previsiones de la Ley haitiana del
catorce (14) de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), sobre
Législation sur les Attributions du Consul139, vigente a la fecha del
nacimiento de la recurrente (y aún en la actualidad140), que dispone lo
siguiente:
B. Atribuciones Civiles [de los cónsules]
En la ejecución de su rol de Oficial del Estado Civil incumbe al
Cónsul:
1) Levantar, conforme a las disposiciones previstas en el Código
Civil para todas las condiciones de forma y de fondo, los actos del
Estado Civil relativos al nacimiento141, al matrimonio y al deceso de
los nacionales haitianos establecidos en su jurisdicción y de
Publicada en “Le Moniteur” No. 78-141, del 29 de diciembre de 1958. Esta ley modificó la Ley del 23 de septiembre
de 1953.
139

140

Los servicios consulares de Haití informan actualmente, vía internet, a sus nacionales interesados en Atlanta,
Georgia, Estados Unidos de América, lo siguiente: “Conforme a la ley del 17 de septiembre de 1958, que modifica la
del 14 de septiembre de 1953 sobre el Servicio Consular, los funcionarios consulares levantan, conforme a las
disposiciones prescritas por el Código Civil, para todas las condiciones de forma y de fondo, los actos del estado civil
relativos al nacimiento, al matrimonio y al deceso de los nacionales haitianos que residen dentro de su jurisdicción.
Ellos celebran los matrimonios entre haitianos y expiden, cuando se les requiere, extractos o certificados de actas del
Estado Civil recibidos en el Consulado. Ellos proceden a la inmatriculación consular de los nacionales haitianos en
Georgia y los otros Estados de su jurisdicción. Esta operación da lugar al establecimiento de una ficha que contiene
informaciones personales de los interesados: identidad, estado civil, situación familiar, residencia, profesión [...]. Los
funcionarios consulares están habilitados para expedir pasaportes a los nacionales haitianos que residen en Georgia
y los otros Estados de su jurisdicción cuya nacionalidad ha sido netamente establecida. Los funcionarios consulares
ejercen las atribuciones judiciales que corresponden a las autoridades haitianas competentes, proceden a la
legalización de firmas y expiden certificaciones a los nacionales haitianos y los otros Estados de su jurisdicción.
Pueden igualmente prestarles, en caso de necesidad, una asistencia jurídica.”
141

Subrayado del TC.

Página 81 de 147


transmitir la expedición de esas actas, al final de cada mes, a la
Secretaría de Estado.
2) Gestionar el levantamiento por otro funcionario consular
haitiano de las actas del Estado Civil que le conciernen
personalmente o que conciernen a su cónyuge, a sus ascendientes o
descendientes, bajo pena de nulidad.
§3. La excepción de hijos de padres extranjeros en tránsito también
existe en otras Constituciones latinoamericanas
§3.1. En efecto, respecto a esta salvedad en la aplicación de obtención de la
nacionalidad por el ius soli, el Tribunal Constitucional tiene a bien expresar
las observaciones de Derecho Comparado que siguen:
§3.1.1. Respecto a la adquisición de la nacionalidad por nacimiento, la
Constitución de la República de Colombia, proclamada en 1991, en su
artículo 96,142 dispone:
Artículo 96. Son nacionales colombianos:
1.

Por nacimiento:

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones:
que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales
colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus
padres estuviere domiciliado en la República en el momento del
nacimiento143y;

142Este

artículo se mantiene vigente, puesto que no ha sido objeto de modificación en ninguna de las reformas
constitucionales colombianas hasta la fecha.
143Subrayado

del TC.

Página 82 de 147


b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido
en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano
o registraren en una oficina consular de la República. (…).
§3.1.2. Obsérvese, por tanto, que la Constitución colombiana (al igual que la
Constitución dominicana de 1966144), vincula el otorgamiento de la
nacionalidad a la circunstancia de nacer en Colombia, siendo hijo de padre o
madre colombiano; y, para los hijos de ciudadanos extranjeros, que uno de
sus padres “estuviere domiciliado en la República en el momento del
nacimiento”.
§3.1.3. La definición del concepto de domicilio y la incidencia legal de la
indicada norma figura explicada en el dictamen emitido por el Consejo de
Estado de Colombia, el treinta (30) de junio de dos mil cinco (2005)145,
respecto a una consulta sometida por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia146 en relación con los menores nacidos en territorio
colombiano, hijos de extranjeros que se encuentran en el país con visa
temporal o en situación irregular147:

144

Y, como se ha visto, todas las constituciones dominicanas desde la del 20 de junio de 1929 hasta la de 2010.

145

Corresponde a la radicación No. 1653.

146El

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en su página Web (Sección: Inicio > Servicios al ciudadano >
Preguntas frecuentes. Disponible en:
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/preguntas-frecuentes/ministerio-derelaciones-exteriores.html, última consulta: 09/07/2013), presenta la siguiente información: “¿Cuándo se entiende que
un extranjero está domiciliado en Colombia para efectos de adquirir la nacionalidad Colombiana? Se entiende que
un extranjero está domiciliado en Colombia, cuando tiene visa de residente, por lo que el período de domicilio se
cuenta a partir de la fecha en que se concedió dicha visa.
Para extranjeros no hispanos, debe estar domiciliado en Colombia durante cinco (5) años continuos inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud con visa de residente.
Para extranjeros latinoamericanos y del Caribe estar domiciliado en Colombia durante un (1) año continuo,
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud con visa de residente.
Para los extranjeros (no hispanos) casados con colombiano (a) o en unión marital de hecho o con hijos colombianos
estar domiciliados en Colombia durante dos (2) años continuos, inmediatamente anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud con visa de residente.
Para los españoles, estar domiciliados en Colombia durante dos (2) años continuos.”
147

Subrayado del TC.

Página 83 de 147


De lo hasta aquí dicho ha de resaltarse que el concepto de domicilio
es, en la Constitución y en la ley, una condición determinante de la
nacionalidad y de los efectos que de ella se derivan; (…) A lo cual se
agrega que, siendo deber de los extranjeros sujetarse a la ley
colombiana para ingresar y permanecer en el país, sólo pueden
reconocerse y ser reconocidos como domiciliados cuando les ha
sido otorgada una visa de residentes, habida cuenta de la relación
directa que tiene esta clase de visa con el domicilio, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 13 y 48 del Decreto 4000 del 2004.
Hace notar la Sala que sólo para la visa de residente se exige la
declaración de la intención de permanecer en el territorio nacional;
para las demás visas, la razón que aduce el extranjero para ingresar
al país, permite colegir que carece de ánimo de radicarse en él y, por
lo mismo, se le otorga otro tipo de visa. Por lo tanto, los extranjeros
titulares de cualquier visa diferente a la de residente son
transeúntes en los términos del artículo 75 del Código Civil148. (…)
Puede suceder que un extranjero que ingresó en un primer momento
como transeúnte decida residir en el país, para lo cual deberá
solicitar el correspondiente cambio de visa y la regularización de su
situación, pues no puede, sin violar las normas de migración, hacer
caso omiso de las mismas y oponerle al Estado su situación de
hecho, buscando fincar en ésta un derecho149.
§3.1.3.1. De la opinión del Consejo de Estado de Colombia se derivan, por
tanto, cuatro importantes consecuencias:

148

El artículo 73 del Código Civil de Colombia indica que las personas son naturales y jurídicas, mientras que el artículo
75 dispone: “Las personas se dividen, además, en domiciliadas y transeúntes“.
149

Acápite 2.4 de la consulta (subrayados del TC).

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a. Que, de acuerdo con la Constitución y la ley colombianas, los hijos de
extranjeros solo tienen derecho a la nacionalidad por ius soli cuando por lo
menos uno de sus padres tiene visa de residente en Colombia.
b. Que la visa de residente es el único mecanismo legal que puede
atribuirle domicilio a un extranjero en dicho país.
c. Que los extranjeros que no son titulares de una visa de residente se
reputan transeúntes, lo cual resulta equivalente al concepto constitucional
dominicano de extranjero en tránsito.
d. Que un extranjero transeúnte no puede legalmente invocar esa
circunstancia migratoria temporal para reclamar la nacionalidad colombiana
a sus hijos nacidos en Colombia, puesto que esa situación de hecho irregular
(carencia de visa de residencia) no puede originar derechos150.
§3.1.3.2. Los principios contenidos en la opinión consultiva del Consejo de
Estado de Colombia fueron ratificados por la Corte Constitucional de dicho
país mediante Sentencia T-1060/10, rendida el dieciséis (16) de diciembre
de dos mil diez (2010)151; decisión relativa al caso de la señora Frida Victoria
Pucce Marapara, a quien la Registraduría Especial del Estado de Leticia le
negó la expedición de la cédula de ciudadanía por no haber suministrado la
150

Salvo posibilidad de apatridia, como veremos más adelante.

151

Se citan los hechos del caso, al considerarlo de interés por su Registraduría Especial del Estado de Leticia la tarjeta
de identidad que le fue otorgada el 29 de diciembre de 2006, a pesar de que no probó que sus padres hubieran legalizado
su domicilio en Colombia al momento de su nacimiento; c) al cumplir 18 años, la reclamante solicitó la cédula de
ciudadanía (equivalente a la cédula de identidad y electoral dominicana), a la Registraduría Especial del Estado de
Leticia, para lo cual suministró la documentación legal pertinente; d) dicha Registraduría rechazó la solicitud,
fundándose en que los padres de la amparista no suministraron la prueba de que habían legalizado su domicilio en
Colombia al momento del nacimiento de la reclamante; e) el representante legal de la señora Pucce Marapara interpuso
una acción de amparo alegando que la Registraduría “cometió un error pues le expidió el registro de nacimiento de la
señora Victoria Pucce Marapara y la respectiva tarjeta de identidad, sin que ella hubiera acreditado que sus padres
de nacionalidad peruana se encontraran domiciliados en Colombia al momento de su nacimiento, sin embargo dicho
error no puede ser endilgado a estas alturas a la señora Pucce” (subrayado del TC) (Frida Victoria Pucce Marapara
c. Registraduría Especial del Estado Civil de Leticia-Amazonas, Sentencia T-1060/10 del 16 de diciembre de 2010,
acápite No. 2.6). Véase, en el mismo sentido, la Sentencia T-965 rendida por dicha Corte Constitucional el 7 de octubre
de 2008, que fue tomada en consideración como precedente por la precitada T-1060/10.

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prueba del domicilio en Colombia de sus padres, que eran de nacionalidad
peruana, al momento del nacimiento de su hija. En dicha sentencia, la Corte
dictaminó lo siguiente:
En el caso de la señora Victoria Pucce Marapara, esta Sala
encuentra, de las pruebas recaudadas, que no cumple con los
requisitos para ser nacional colombiana de nacimiento, pues según
informe de la Subdirección de Extranjería del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Coordinación de visas e
inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Colombia, los señores […], padres de la actora, nunca han
estado domiciliados en territorio nacional, presupuesto
indispensable para ser beneficiaria de este derecho.
Como consecuencia de ello y, teniendo en cuenta que no existe
alguna prueba en contrario, no es viable que la señora Victoria
Pucce Marapara adquiera la cédula de ciudadanía sin antes haber
obtenido la nacionalidad colombiana.
(…)
En lo referente a la expedición de la tarjeta de identidad de la señora
Victoria Pucce Marapara por parte de la Registraduría Especial del
Estado Civil de Leticia, sin haberle exigido el pleno de los requisitos,
siendo de padres extranjeros, esta Corporación ha señalado152‘que
dicho error no es una razón constitucionalmente admisible para
ordenar la expedición de la cédula de ciudadanía reclamada, y de
paso, conceder la nacionalidad colombiana.
§3.1.4. Por otra parte, cabe mencionar que la Constitución de la República
de Chile, en su artículo 10, también prescribe una excepción respecto al
derecho de adquisición de la nacionalidad por ius soli, de parte de los hijos
de extranjeros transeúntes, análoga a las establecidas en las precitadas
152

La Corte alude al precedente establecido por la Sentencia T-965, rendida en 2008.

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disposiciones de la s Constitución de Colombia y de República
Dominicana153.
§3.1.5. En conclusión, al tenor de la exposición que precede, el Tribunal
Constitucional reitera que la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, en su
comprobada condición de hija de nacionales haitianos que al momento de
nacer dicha recurrente se encontraban en tránsito en nuestro país, no tiene
derecho a la nacionalidad dominicana, de acuerdo con el artículo 11.1 de la
Constitución de 1966, vigente a la fecha de su nacimiento.
§3.1.6. Por tanto, la denegación de la Junta Central Electoral de expedirle a
la recurrente una cédula de identidad y electoral, basada en que era hija de
ciudadanos extranjeros en tránsito al momento de su nacimiento,
constituye una decisión correcta y jurídicamente bien fundada a la luz de la
normativa constitucional y legal de la República Dominicana. En ese sentido,
dicha denegación no constituye violación alguna a los derechos
fundamentales de dicha recurrente, salvo que ella corriera el riesgo de
devenir apátrida, lo que no ocurre en el caso de la especie.
11.1.4. Las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana
y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil
11.1.4.1. El Tribunal Constitucional aludirá brevemente a las
imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y a las
deficiencias institucionales y burocráticas del servicio de Registro Civil del
país, evidenciadas en casos como el de la especie (§1), antes de emitir las
consideraciones de lugar respecto a las soluciones que deben ser adoptadas
(§2).

“Artículo 10.- Son chilenos: 1. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que
se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes […]”. (Subrayado del
TC).
153

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§1.

Las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil

§1.1. Se trata de deficiencias que no son imputables a las actuales autoridades
migratorias ni de la Junta Central Electoral, sino que vienen lastrando al
Registro Civil desde hace mucho tiempo, como se explicará a continuación:
§1.1.1 La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples
(ENHOGAR-2011), desarrollada por la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONE) en el año 2011, investigación especializada que busca recopilar
periódicamente datos sobre temas sociales, económicos y ambientales en la
República Dominicana, determinó que:
(…) el 95.6% de la población dominicana tiene acta de nacimiento
(ver Cuadro 5.11). Esta proporción de personas es más alta en la
zona urbana (96.6%) que en la rural (93.7%). Los estratos
geográficos que presentan la mayor proporción de personas con
acta de nacimiento son las Grandes Ciudades y el Resto Urbano
(97.5% y 97.2%, respectivamente). Por otro lado, la región de
Enriquillo es la que presenta la proporción menor de personas que
posee este documento, con un 91.1%. Por grupos de edad, se
observa que a medida que aumenta la edad aumenta la proporción
de personas con acta de nacimiento, lo que sugiere la existencia de
inscripción tardía154.
§1.1.2. La lectura de esas cifras infunde la impresión de que el Registro
Civil dominicano se encuentra en mejor situación que el de una gran cantidad
de países en vías de desarrollo, lo cual resulta indudablemente cierto. Pero
tras ese logro subyace una realidad que muestra un sistema que ha sido
154

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Informe General de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos
Múltiples (ENHOGAR 2011) sobre “Acceso de los hogares a la Tecnología de la Información y Comunicación,
seguridad ciudadana, producción agropecuaria, migración y remesas.” República Dominicana. Octubre 2012.

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afectado por las instrumentaciones irregulares, falsificaciones,
suplantaciones y adulteraciones de actas del estado civil; también por las
deficiencias en la conservación de los libros-registros (aunque actualmente
se encuentran en un avanzado proceso de digitalización), y el creciente
aumento del sub-registro de nacimientos y defunciones.
§1.1.3. En el caso concreto que nos ocupa, la denegación de otorgar la
nacionalidad dominicana a hijos de padres extranjeros en tránsito o a sus
propios padres no constituye una privación arbitraria del derecho a la
nacionalidad, sino, por el contrario, un legítimo acto de soberanía fundado
en la normativa constitucional atinente a la materia. Resulta preocupante, sin
embargo, por ser potencialmente atentatorio a los derechos fundamentales
de los extranjeros, aunque estén ilegalmente radicados en el país, la tardanza
de largos años en solucionar legalmente las irregularidades de las que pueden
adolecer sus documentos de identidad. Cabe señalar, no obstante, que esa
tardanza afecta por igual a muchos procesos legales de dominicanos, en las
mismas circunstancias, por lo que no se trata de una política de
discriminación, sino, simplemente, de deficiencias del sistema.
§1.1.4. De acuerdo con lo que se ha visto, el sistema de registro de
identificación de personas y otros actos legalmente vitales (matrimonio,
divorcio, cambios de nombres y apellidos, defunciones, expedición de actas
y extractos, etc.) se realiza en la República Dominicana mediante el Registro
del Estado Civil. A través de este, se obtiene el acta de nacimiento, que es el
primer documento de identificación, y, luego, la cédula de identidad y
electoral (supeditada a la existencia y regularidad de este último), que
acredita la nacionalidad, tanto para los nacionales como los extranjeros155.
El artículo 5 de la mencionada Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil
prevé que la Dirección General de la Oficina Central del Estado Civil
dependerá de la Junta Central Electoral. Asimismo, el artículo 1 de la Ley
155

Para estos últimos existe, como sabemos, la cédula de identidad (no electoral).

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núm. 8-92, sobre Cédula de Identidad y Electoral, dispone que la Dirección
General de la Cédula de Identidad Personal y las oficinas y agencias
expedidoras de cédulas, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías
del Estado Civil dependerán también de la Junta Central Electoral.
Igualmente, el artículo 9 de la referida Ley núm. 659 establece que los
oficiales del Estado Civil deberán conformarse a las instrucciones que
reciban de la Junta Central Electoral y de la Oficina Central del Estado Civil.
§1.1.5. En el mismo orden de ideas, tal como se indicó anteriormente, entre
las instrucciones impartidas por la Junta Central Electoral a los oficiales del
estado civil se encuentran las contenidas en la Circular núm. 17-2007,
emitida por la Cámara Administrativa de dicho órgano, el veintinueve (29)
de marzo de dos mil siete (2007). Mediante dicho documento se instruyó a
las oficialías a que examinaran minuciosamente las actas de nacimientos al
expedir copias o cualquier documento relativo al estado civil de las personas,
debido a denuncias que se habían recibido en el sentido de que, con
anterioridad, en algunas oficialías fueron expedidas actas de nacimiento de
forma irregular, con padres extranjeros que no habían probado su residencia
o estatus legal en la República Dominicana156.
§1.1.6. La Circular núm. 17 fue sustituida en diciembre del mismo año por
la Resolución núm. 12-2007 que, como hemos visto, prescribe la suspensión
provisional de la expedición de actas del estado civil viciadas o
irregularmente instrumentadas hasta tanto el Pleno de la Junta Central
Electoral determine si las mismas son válidas o no, conforme a la
investigación correspondiente, y proceda a suspenderlas provisionalmente,
a demandar su nulidad por ante un Tribunal, o a reconocer su regularidad.
§1.1.7. Posteriormente, también ha sido referido que, en atención a las
dificultades causadas por la aplicación de la indicada Resolución núm. 122007, la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central
156

Ver Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2 de noviembre de 2011, BJ No. 1212.

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Electoral dictó la referida Circular núm. 32-2011, mediante la cual se
instruyó a los oficiales del estado civil que expidieran libremente las actas
de nacimiento sometidas a investigación de los hijos de ciudadanos
extranjeros hasta que los tribunales competentes dictaminaran sobre su
validez o su nulidad . Se logró así enmarcar las actuaciones de las oficialías
del estado civil dentro del régimen legal más conveniente y respetuoso de
los derechos fundamentales de la población; pero no por ello se ha resuelto
la compleja problemática que pende como una grave amenaza sobre el futuro
del país.
a. Pero, si bien estas y otras reglamentaciones emitidas por la Junta
Central Electoral han desempeñado un rol positivo en el saneamiento del
Registro Civil Dominicano, no por ello han dejado de ser tardías, puesto que
fueron emitidas con muchas décadas de dilación, lo cual ha propiciado la
vulnerabilidad del sistema para la comisión de irregularidades. En efecto, las
imprevisiones de la política legal migratoria del Estado dominicano se
remontan a la época inmediatamente posterior a la proclamación de la
Constitución del veinte (20) de junio de mil novecientos veintinueve (1929),
ya que si bien se introdujo entonces un mecanismo de excepción para
controlar el otorgamiento indiscriminado de la nacionalidad dominicana a
los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito, no se aprobaron,
sin embargo, las leyes y reglamentos necesarios para registrar debidamente
esos nacimientos; ni tampoco se introdujeron posteriormente, de manera
oportuna, efectivos mecanismos de control para prevenir las múltiples y
variadas anomalías que venían afectando el Registro Civil del país, de forma
constante y creciente.
§2. Consideraciones de lugar respecto a las soluciones que deben ser
adoptadas
§2.1. Respecto a las medidas que deben ser adoptadas, el Tribunal
Constitucional estima lo siguiente:
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§2.1. Casi a mediados de la pasada década, fue promulgada la Ley de
Migración núm. 285, en fecha quince (15) de agosto de dos mil cuatro
(2004); y al inicio de la presente, el Reglamento de Migración núm. 631, del
diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011). Ambos estatutos
reemplazaron la Ley núm. 95, de mil novecientos treinta y nueve (1939), y
su Reglamento núm. 279, del mismo año, que tuvieron vigencia durante un
lapso próximo a setenta años; período demasiado largo en que la imprevisión
legislativa propició la creación de las condiciones que han incidido
negativamente en el Registro Civil Dominicano. No obstante, felizmente, el
país dispone hoy de esos dos importantes instrumentos legales, cuyas
normativas albergan las soluciones para la problemática migratoria actual y
la recuperación, de la confiabilidad de nuestro sistema registral. Al respecto,
la motivación de la Ley núm. 285-04 resulta muy reveladora:
CONSIDERANDO: Que las migraciones internacionales
constituyen uno de los procesos sociales más importantes de la
nación dominicana a1 inicio del Siglo XXI, cuyas consecuencias
condicionan significativamente la vida económica, política y cultural
del país.
CONSIDERANDO: Que el país debe dar una respuesta funcional y
moderna a los retos de un mundo en cambio, interdependiente y
global, una de cuyas principales expresiones es el fenómeno
migratorio internacional;
CONSIDERANDO: Que la migración como fenómeno poblacional,
económico y social, por sus determinaciones y consecuencias exige
de un significativo nivel de planteamiento que contribuya a su
regulación, control y orientación hacia las demandas de recursos
humanos calificados, fuerza laboral y en general requisitos del
desarrollo;
Página 92 de 147


CONSIDERANDO: Que la regulación y control del movimiento de
personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y
soberano del Estado Dominicano;
CONSIDERANDO: Que el Estado dominicano concede alta
prioridad a los problemas migratorios, en reconocimiento de la
Constitución, las leyes y acuerdos internacionales que en esta
materia haya contraído;
CONSIDERANDO: La necesidad de que el movimiento migratorio
debe armonizarse con las necesidades del desarrollo nacional.
§2.2. El alcance de dicha ley figura claramente expresada en su artículo 1,
al disponer que ella “ordena y regula los flujos migratorios en el territorio
nacional, tanto en lo referente a la entrada, a permanencia y la salida, como
a la inmigración, la emigración y el retorno de los nacionales.” A su vez, su
finalidad se manifiesta en su artículo 2, que dispone lo que sigue:
Art. 2: La presencia de los extranjeros en territorio nacional se
regula con la finalidad de que todos tengan que estar bajo condición
de legalidad en el país siempre que califiquen para ingresar o
permanecer en el mismo, para quienes la autoridad competente
expedirá un documento le acredite tal condición bajo una categoría
migratoria definida en esta Ley, cuyo porte será obligatorio. Los
extranjeros ilegales serán excluidos del territorio nacional bajo la
normativa de esta Ley.
§2.3. La indicada ley núm. 285-04 instituye el Consejo Nacional de
Migración, en su artículo 7, con el propósito de que actúe “como órgano
coordinador de las instituciones responsables de la aplicación de la política
nacional de migración y servirá de entidad asesora del Estado.” La función
de asesoría se encuentra reforzada por el acápite 9.1 de dicha ley, que viene
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aparejada con la de recomendar al Estado “medidas especiales en materia
migratoria, cuando se presenten situaciones excepcionales que así lo
ameriten” (artículo 9.4).
§2.4. Cabe mencionar, asimismo, la norma del artículo 28, concebida
respecto a las extranjeras no residentes que den a luz en el país:
Art. 28: Las extranjeras No Residentes que durante sus estancia en
el país den a luz a un niño (a), deben conducirse al Consulado de su
nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo (a). En los casos
en que el padre de la criatura sea dominicano, podrán registrar la
misma ante la correspondiente oficialía del estado civil dominicana
conforme disponen las Leyes de la materia. 1. Todo centro de salud
que al momento de ofrecer su asistencia de parto a un mujer
extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como
residente legal, expedirá una constancia de Nacimiento de color
rosado diferente a la constancia del nacimiento de niño (a) de toda
madre extranjera, la que se registrará en un libro para extranjeros,
si no le corresponde la nacionalidad dominicana. La Secretaría de
Relaciones Exteriores notificará el hecho a la embajada del país que
corresponde a la madre extranjera para los fines de lugar. 3. Toda
Delegación de Oficialías tiene la obligación de notificar a la
Dirección General de Migración, el nacimiento de niño o niña, cuya
madre extranjera no posea la documentación requerida.
§2.5. Por otro lado, mediante Resolución núm. 02-2007 de la Junta Central
Electoral, de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007), se pone
en vigencia el Libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre
Extranjera No Residente en la República Dominicana157. Dicha Resolución
157

La norma prescrita por dicha Resolución corresponde a la obligación puesta a cargo de los extranjeros por el artículo
25 de la Constitución de 2010, que en el régimen relativo a la extranjería dispone lo que sigue: “Art. 25.- Régimen de
extranjería. Extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los
nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes; en consecuencia: [...] 2)
Tienen la obligación de registrarse en el Libro de Extranjería, de acuerdo con la ley;”.
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faculta a los oficiales del estado civil a inscribir, en el referido LibroRegistro, todos los hijos e hijas de madres extranjeras no residentes en el país
que nazcan en el territorio nacional; también los instruye a expedir dos (2)
certificaciones de nacimiento, la primera para los padres y la segunda para
ser enviada a la embajada correspondiente a la nacionalidad de los padres a
través de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores:
TERCERO. Facultar a los Oficiales del Estado Civil la inscripción
en el “Libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre
Extranjera No Residente en la República Dominicana”, de todos los
hijos e hijas de madre extranjera no residente en el país, que nazcan
en el territorio nacional a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la presente Resolución, previa presentación de la Constancia de
Nacimiento expedida por el centro de salud.
CUARTO. Instruir a los Oficiales del Estado Civil de la jurisdicción
del lugar del nacimiento que previa recepción de la Constancia de
Nacimiento de Color Rosado prevista en la Ley General de
Migración núm. 285-04 instrumentar el Acto en el Libro Registro del
Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera No Residente en la
República Dominicana y su posterior expedición inmediata de dos
(2) Certificaciones de Nacimiento, una (1) de las cuales se entregará
a los padres y la otra será enviada a la embajada pertinente a través
de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.
§2.6. En consecuencia, aún en el caso de que el niño nacido en territorio
dominicano, de padres extranjeros, sea registrado e inscrito en una de las
oficialías del estado civil de la República Dominicana, su acta de nacimiento
puede ser transcrita y legalizada en un consulado del país de nacionalidad de
los padres, siguiendo el procedimiento que para el registro de la misma

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establezca el consulado en cuestión. Mediante la puesta en funcionamiento
del referido Libro-Registro, la República Dominicana da cumplimiento a su
obligación de inscribir el nacimiento de todo niño que haya nacido en
territorio dominicano, de acuerdo con las disposiciones de los precitados
artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículo 24 del
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
§2.7. De tanta o mayor relevancia aún resulta el artículo 151 de la referida
Ley núm. 285-04, que pone a cargo del gobierno dominicano la preparación
de un Plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados
en el país, sujeto a la previa elaboración de dicho plan por el Consejo
Nacional de Migración. El hecho de haber transcurrido casi diez años desde
la promulgación de la Ley núm. 285-04, sin que ningún gobierno haya
asumido implementar un nuevo modelo de gestión y regularización de los
extranjeros ilegales, ha constituido esta imprevisión cuya enmienda resulta
actualmente impostergable. El mencionado artículo 151 se encuentra así
concebido:
Art. 151. El Gobierno dominicano, preparará un Plan Nacional de
Regularización de 1os extranjeros ilegales radicados en el país: 1.
Para tal propósito, el Consejo Nacional de Migración debe preparar
el Plan Nacional de Regularización. Dicho Plan Nacional de
Regularización deberá contemplar al menos 1os siguientes criterios:
tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculos con la
sociedad, condiciones laborales y socioeconómicas, regularización
de dichas personas de manera individual o por familia no en forma
masiva. Asimismo, deberá establecer un registro de estos
extranjeros, 1os procedimientos de implementación del plan y las
condiciones de apoyo institucional y logística. El Consejo Nacional
de Migración deberá rendir un informe al Poder Ejecutivo en un
plazo de 90 días a partir de su designación. A partir del informe del
Consejo Nacional de Migración, el Gobierno dominicano, mediante
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decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los
extranjeros señalados en este artículo. El Consejo Nacional de
Migración apoyará a1 Poder Ejecutivo en todo el proceso de
regularización, teniendo en el mismo una función de seguimiento.
§2.8. Conviene destacar que la implementación del indicado Plan nacional
de regularización de 1os extranjeros ilegales radicados en el país repercutirá
muy positivamente en la vida de cientos de miles de extranjeros, puesto que
propiciará la regularización de su estatus migratorio, contribuyendo así, de
manera efectiva, a promover y fomentar el respeto a su dignidad y a la
protección de los derechos fundamentales inherentes al Estado social y
democrático de derecho. El indicado plan de regularización incidirá, por
tanto, en un importante sector poblacional de la República Dominicana,
respecto a la preservación del derecho a la igualdad, el derecho al desarrollo
de la personalidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la salud, el
derecho a la familia, el derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo y el
derecho a la educación, entre otros.
§2.9. En ese orden de ideas, conviene señalar que los elementos que
configuran la especie obligan al Tribunal Constitucional a adoptar medidas
que trascienden la situación particular de la señora Juliana Dequis ( o Deguis)
Pierre, otorgando a esta sentencia efectos inter comunia, puesto que tiende a
proteger los derechos fundamentales de un amplísimo grupo de personas
inmersas en situaciones que desde el punto de vista fáctico y jurídico
coinciden o resultan similares a la de la recurrente. En ese sentido, este
Tribunal estima que, en casos como el que ocupa nuestra atención, la acción
de amparo rebasa el ámbito de la vulneración particular que reclama la
accionante, y que su mecanismo de tutela debe gozar del poder expansivo y
vinculante que permita extender la protección de los derechos fundamentales
a otras personas ajenas al proceso que se encuentren en situaciones
análogas158.
158

En el mismo sentido, véase la Sentencia A 207, de la Corte Constitucional de Colombia, del 30 de junio 2010.

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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la
mayoría requerida. Figuran incorporados los votos disidentes de las
magistradas Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez
Martínez, Juezas.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el tribunal
Constitucional.
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de
amparo interpuesto por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre contra la
Sentencia núm. 473/2012, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de
Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte
Plata, en atribuciones de amparo, en fecha diez (10) de julio de dos mil doce
(2012).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de
revisión, y, en consecuencia, REVOCAR la referida Sentencia núm.
473/2012, ya que la recurrente señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, si
bien nació en el territorio nacional, es hija de ciudadanos extranjeros en
tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad
dominicana, de acuerdo con la norma prescrita por el artículo 11.1 de la
Constitución de la República promulgada el veintinueve (29) de noviembre
de mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente a la fecha de su nacimiento.
TERCERO: DISPONER que la Junta Central Electoral, en aplicación de
la Circular núm. 32 emitida por la Dirección del Registro del Estado Civil el
diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011), adopte las siguientes
medidas: (i) restituya en un plazo de diez (10) días laborables, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, el original de su certificado de
declaración de nacimiento a la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre; (ii)
proceda a someter dicho documento al tribunal competente, tan pronto como
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sea posible, para que este determine su validez o nulidad; y (iii) proceda de
la misma manera respecto a todos los casos similares al de la especie, con el
debido respeto a las particularidades de cada uno de ellos, ampliando el
aludido plazo de diez (10) días cuando las circunstancias así lo requieran.
CUARTO: DISPONER, asimismo, que la Dirección General de Migración,
dentro del indicado plazo de diez (10) días, otorgue un permiso especial de
estadía temporal en el país a la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, hasta
que el Plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados
en el país previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración núm. 285-04
determine las condiciones de regularización de este género de casos.
QUINTO: DISPONER, además, que la Junta Central Electoral ejecute las
medidas que se indican a continuación: (i) Efectuar una auditoría minuciosa
de los libros-registros de nacimientos del Registro Civil de la República
Dominicana desde el veintiuno (21) de junio de mil novecientos veintinueve
(1929) hasta la fecha, dentro del plazo de un año contado a partir de la
notificación de esta sentencia (y renovable hasta un año más al criterio de la
Junta Central Electoral) para identificar e integrar en una lista documental
y/o digital a todos los extranjeros inscritos en los libros-registros de
nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana; (ii) Consignar
en una segunda lista los extranjeros que se encuentran irregularmente
inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la
República para la atribución de la nacionalidad dominicana por ius soli, la
cual se denominará Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el
Registro Civil de la República Dominicana. (iii) Crear libros-registro
especial anuales de nacimientos de extranjeros desde el veintiuno (21) de
junio de mil novecientos veintinueve (1929) hasta el dieciocho (18) de abril
de dos mil siete (2007), fecha en que la Junta Central Electoral puso en
vigencia el Libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera
No Residente en la República Dominicana mediante Resolución . 02-2007;
y, luego, ttransferir administrativamente los nacimientos que figuran en la
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Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la
República Dominicana a los nuevos libros-registros de nacimientos de
extranjeros, según el año que corresponda a cada uno de ellos. (iv) Notificar
todos los nacimientos transferidos de conformidad con el párrafo anterior al
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que este, a su vez, realice las
notificaciones que correspondan, tanto a las personas que conciernan dichos
nacimientos, como a los consulados y/o embajadas o legaciones
diplomáticas, según el caso, para los fines legales pertinentes.
SEXTO: DISPONER, asimismo, que la Junta Central Electoral remita la
Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la
República Dominicana al Ministro de Estado de Interior y Policía, que
preside el Consejo Nacional de Migración, para que esta última entidad, de
acuerdo con el mandato que le otorga el artículo 151 de la Ley de Migración
núm. 285-04, efectúe lo siguiente: (i) Elabore, de acuerdo con el primer
párrafo del indicado artículo 151, dentro de los noventa (90) días posteriores
a la notificación de la presente sentencia, el Plan nacional de regularización
de extranjeros ilegales radicados en el país; (ii) Rinda al Poder Ejecutivo,
conforme a lo que dispone el segundo párrafo del referido artículo 151, un
informe general sobre el indicado Plan nacional de regularización de
extranjeros ilegales radicados en el país, con sus recomendaciones, dentro
del mismo plazo enunciado en el precedente literal a).
SÉPTIMO: EXHORTAR al Poder Ejecutivo a proceder a implementar el
Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el
país.
OCTAVO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría,
para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente señora Juliana Dequis
(o Deguis) Pierre, a la parte recurrida, Junta Central Electoral, así como al
Poder Ejecutivo, al Ministerio de Interior y Policía, al Ministerio de

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Relaciones Exteriores, al Consejo Nacional de Migración y a la Dirección
General de Migración.
NOVENO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de
la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los
Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil
once (2011).
DÉCIMO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín
del Tribunal Constitucional.
Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Leyda Margarita Piña
Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo
Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla
Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín
Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez;
Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia
Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas
Báez, Secretario.
VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA ISABEL BONILLA,
HERNÁNDEZ.
En ejercicio de la facultad prevista en los artículos 186 de la Constitución
Dominicana, y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Con el debido respeto al criterio mayoritario expresado en esta decisión, y
en virtud de la posición asumida en la deliberación de la misma, procedemos
a emitir un voto disidente sustentado en la discrepancia con la ratio decidendi

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de la misma (interpretación restrictiva y de carácter retroactivo del artículo
11 de la Constitución de 1966).
1.

Antecedentes

1.1. Esta decisión trata del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo, interpuesto por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, contra la
Sentencia núm. 473-2012, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de
Trabajo del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez (10) de julio de
dos mil doce (2012), invocando la violación a derechos fundamentales, tales
como: el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, derecho al trabajo, y
sus derechos de familia, ya que la referida sentencia, la dejó “en un estado
de indefinición” porque el juez de amparo no se pronunció sobre el fondo del
asunto por ella planteado: el reclamo a que la Junta Central Electoral le
hiciera entrega de su Cédula de Identidad y Electoral.
1.2. Al iniciar la contestación de la decisión mayoritaria de este honorable
tribunal constitucional, consideramos pertinente referirnos a los siguientes
aspectos:

1.2.1. Estado Social y Democrático de Derecho
1.2.1.1. El artículo 7 de la Constitución establece que: La República
Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en
forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana,
los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación
e independencia de los poderes públicos.
1.2.1.2. En este ámbito, el centro del Estado es la persona humana y el
respeto a su dignidad, en el que el Estado se obliga a garantizar el pleno
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ejercicio de los derechos fundamentales de los que habitan en su territorio,
sean nacionales o extranjeros, en un plano de igualdad. Es decir, la función
esencial del Estado es procurar los medios que les permitan a las personas
perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, en un marco de
libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el
bienestar general y los derechos de todos (as), tutelados por la justicia. El
paradigma Estado Social y Democrático de Derecho, supone que
gobernantes y gobernados están sometidos al imperio de la ley, única vía
para evitar el ejercicio arbitrario del poder.
1.2.2. Dignidad Humana.
1.2.2.1. Este concepto se encuentra definido en la Declaración Universal
sobre Derechos Humanos, que en su artículo 1 dispone:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos (…)”.
En su artículo 2 dispone lo siguiente: Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición (…)”.
El artículo 5 de la Constitución Dominicana establece: La
Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en
la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los
dominicanos y dominicanas.”, en el mismo sentido el artículo 38
consigna que: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad
de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los
derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser
humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección
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constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos; y
especialmente del Tribunal Constitucional por mandato expreso del
artículo 184 de la Constitución.
1.2.3. Soberanía, Derecho Internacional y Bloque de Constitucionalidad
1.2.3.1. La Constitución Dominicana en sus artículos 2 y 3 establece:
Artículo 2: La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de
quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus
representantes o en forma directa, en los términos que establecen
esta Constitución y las leyes.
Artículo 3: La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e
independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de
los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede
realizar o permitir la realización de actos que constituyan una
intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de
la República Dominicana o una injerencia que atente contra la
personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le
reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no
intervención constituye una norma invariable de la política
internacional dominicana.
1.2.3.2. En ejercicio de su soberanía, el Estado Dominicano en su fuero
interno determina por medio de la Constitución y las leyes, a cuales personas
otorga su nacionalidad y la forma en que la revoca.
1.2.3.3. Cuando el Estado participa como ente de la comunidad
internacional, asume los compromisos de proteger los derechos humanos.
Los acuerdos, convenios y tratados, que son ratificados por el Estado
Dominicano, se convierten en parte de su sistema jurídico interno, tal y como
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lo establece el artículo 74, numeral 3 de la Constitución: Los tratados, pactos
y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el
Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación
directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
1.2.3.4. El conjunto de los instrumentos internacionales de derechos
humanos, es lo que se denomina Bloque de Constitucionalidad, tal y como
lo establece la Honorable Suprema Corte de Justicia, en función de Sala
Constitucional, en la Resolución No. 1920, de fecha 13 de noviembre de
2003, cuando fija su criterio en relación al principio de constitucionalidad:
La República Dominicana, tiene un sistema constitucional integrado por
disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas
esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia
constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el
concentrado, y b) la internacional compuesta por los pactos y convenciones
internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su
conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado
bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material
de toda la legislación adjetiva o secundaria.
1.2.3.5. Sobre el carácter vinculante de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el control de
convencionalidad
1.2.3.5.1. Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) tienen carácter vinculante para todos los Estados que han
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que además
hayan reconocido la competencia de la Corte. El Estado Dominicano, en
fecha veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999),
reconoció la competencia de la Corte, en virtud del artículo 62 de la citada
Convención.
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1.2.3.5.2. En el marco del derecho internacional, es un principio
fundamental que los Estados que han suscrito tratados, se comprometen a
cumplir las obligaciones contraídas de buena fe, de conformidad con la
jurisprudencia internacional “pacta sunt servanda”, las obligaciones
convencionales de los Estados Partes, vinculan a todos los poderes y órganos
del Estado, es decir, vinculan no sólo al Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, sino a otras ramas del poder público y sus autoridades a cumplirlas
de buena fe.
1.2.3.5.3. De conformidad con los artículos 67 y 68.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los estados partes reconocen que los
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e
inapelables y no pueden ser impugnados o revisados en el ámbito interno. En
ese sentido, la CIDH ha establecido que: todas las autoridades estatales están
en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las
normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes159.
1.2.3.5.4. De su lado, la Ley núm. 137-11, en el Título I, de la Justicia
Constitucional y sus Principios, contempla en su artículo 7 numeral 5, “El
Principio de Favorabilidad”, el cual establece que: La Constitución y los
derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se
optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho
fundamental. Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque
de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del
derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para
el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de
constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de
manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna
159

Resolucion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 20 de marzo de 2013, Caso Gelman Vs. Uruguay,
Supervision de Cumplimiento de Sentencia.

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disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar
o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales; es
decir la jurisdicción Constitucional no puede agravar la situación jurídica de
la persona que alega vulneración a sus derechos fundamentales, el objetivo
es procurar que el titular del derecho, pueda ejercerlo de manera óptima y
eficaz. Este tribunal en vez de subsanar el estado de indefinición en que se
encontraba la recurrente al momento de su recurso, ha agravado su situación,
mediante esta sentencia que la declarara extranjera y desconoce su
nacionalidad, lo que constituye una franca inobservancia al principio de
favorabilidad.
1.2.3.5.5. El Tribunal Constitucional en sus decisiones está comprometido
a observar un estricto apego a las normas internacionales de derechos
humanos, tales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos
o Pacto de San José, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, las
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de cualquier
otra instancia supranacional, a la cual le haya reconocido su competencia,
para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas
que se encuentren en su territorio; en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 3, de la referida ley núm. 137-11, que señala expresamente: En el
cumplimiento de sus funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal
Constitucional sólo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas
que integran el bloque de constitucionalidad, a esta Ley Orgánica y a sus
reglamentos.
2.

Fundamentos del voto disidente

2.1. Considerando que el Tribunal Constitucional ha entendido que en el
presente recurso de revisión subyace un interés de reconocimiento de la
nacionalidad dominicana de parte de la señora Juliana Dequis (o Deguis)
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Pierre. Sin que la recurrente lo haya planteado en sus pretensiones, el
Tribunal procedió a analizar si le reconocía o no la calidad de nacional
dominicana.
2.2. En su análisis, el Tribunal Constitucional al interpretar el artículo 11 de
la Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente al momento
del nacimiento y declaración de la recurrente, concluyó que ella no es
dominicana, en virtud de la segunda excepción contenida en el numeral 1 de
dicho artículo referida a la condición de extranjeros en tránsito, que
consideró aplicable a sus padres.
Artículo 11. Son dominicanos:
Numeral 1. Todas las personas que nacieren en el territorio de la
República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros
residentes en el país en representación diplomática o los que estén
de tránsito en él.
2.3. El Diccionario Manual de la Lengua Española define “en tránsito”
como la persona que viaja de un punto a otro, que se encuentra esperando
un trasbordo en un aeropuerto intermedio entre la ciudad de salida y la de
llegada. Es decir, se trata de pasajeros que hacen estadías por corto tiempo,
antes de llegar a su destino final, de esta definición se infiere, que transeúnte
es aquel que está de tránsito en el país, por un período corto de tiempo.
2.4. Discrepamos de la decisión mayoritaria expresada en este caso, porque
entendemos que la disposición que debe ser aplicable a la recurrente, es la
parte capital del referido artículo 11 de la Constitución de 1966: “todas las
personas que nacieren en el territorio de la República” que es el fundamento
del Jus Soli y no la segunda excepción del numeral 1, en razón de que la
prolongada permanencia de sus padres en el país, aunque de manera ilegal,
no configura la condición de extranjeros en tránsito. El hecho de que la
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recurrente naciera en territorio dominicano, ya le otorgaba el derecho a la
nacionalidad dominicana.
2.5. El Reglamento núm. 279, del doce (12) de mayo de mil novecientos
treinta y nueve (1939), para la aplicación de la Ley de Inmigración núm. 95,
de mil novecientos treinta y nueve (1939), en su sección V, titulada
Transeúntes, en su literal a, define extranjeros en tránsito como: “aquellos
que entran a la República con el propósito principal de proseguir al través
del país con destino al exterior (…)”.
2.6. La Ley núm. 95/39, conforme con la Constitución de mil novecientos
sesenta y seis (1966), y el sistema del Jus Soli, establece en su artículo 10
numeral 10, párrafo segundo que: Las personas nacidas en la República
Dominicana, son consideradas nacionales de la República Dominicana,
sean nacionales o no de otros países, consecuentemente deberán usar
documentos requeridos a los nacionales de la República Dominicana. Es por
esto, que cuando los padres de la recurrente acuden por ante el Oficial del
Estado Civil del Municipio de Yamasá, a declarar el nacimiento de su hija,
lo hacen en razón del vínculo que esta tiene con el suelo en el que ha nacido.
La presentación de sus documentos, (fichas que lo identifican como
braceros) es fundamentalmente como prueba de la filiación con ella, ya que
como extranjeros no tienen que probar su vínculo con el país, pues lo
relevante en el sistema de Jus Soli, es que un niño o niña haya nacido en el
territorio del Estado.
2.7. A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
estableció que: (…) la Sección V del Reglamento de Migración de la
República Dominicana núm. 279 de 12 de mayo de 1939, vigente al momento
de la solicitud de inscripción tardía de nacimiento en el presente caso, la
cual es clara al establecer que el transeúnte tiene solamente la finalidad de
pasar por el territorio, para lo cual se fija un límite temporal de no más de
diez días. La Corte observa que, para considerar a una persona como
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transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se
utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente
con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no
puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito.
2.8. Que el Tribunal Constitucional haya calificado como extranjeros en
tránsito a los padres de la recurrente a la luz de la Constitución de mil
novecientos sesenta y seis (1966), y de la Ley núm. 95, de mil novecientos
treinta y nueve (1939), tiene como consecuencia desconocer su calidad de
nacional dominicana. Los honorables magistrados no tomaron en
consideración que el nacimiento en el país de personas de descendencia
haitiana, tiene su origen en el ingreso a República Dominicana de sus
ascendientes, como trabajadores temporeros para el corte de la caña o como
trabajadores agrícolas, contratados, unas veces por el Estado y otras veces
por empresas privadas; se trata pues, de personas que una vez vencidos sus
contratos de trabajo, no regresaron a Haití, se asentaron en suelo dominicano
y han permanecido en el país de manera ilegal durante muchos años, por lo
que no pueden ser considerados extranjeros en tránsito.
2.9. Las personas nacidas en territorio de la República Dominicana, durante
la vigencia de la Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), hijas
e hijos de padres haitianos residentes ilegales en el país, como en el caso de
la recurrente, están protegidos por el Jus Soli, por el hecho de su nacimiento,
y por generar en el país, vínculos de diversas índole. En este sentido, en la
sentencia Yean y Bosico, de fecha ocho (8) de septiembre de dos mil cinco
(2005), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró
que: En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que un niño (a)
haya nacido en el territorio del Estado y que la condición migratoria de sus
padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad,
exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación.

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2.10. Los asuntos relacionados con la nacionalidad han sido competencia de
la jurisdicción interna, no obstante y en consonancia con principios de
derecho internacional, esta competencia se ha visto sometida a limitaciones
en interés de evitar la conculcación de derechos relativos a la personalidad
jurídica, condición esencial para el disfrute y ejercicio de otros derechos
fundamentales.
2.11. En relación con este tema, la Corte Internacional de Justicia, ha
considerado la nacionalidad como un vínculo jurídico que posee en su base
un hecho social de cohesión, de adhesión, es decir, una unión efectiva de
existencia, intereses y sentimientos, en donde los factores tales como la
historia, la lengua, y la cultura juegan un papel preponderante. Este vínculo
se prueba a través de cualquier hecho o acción por parte del individuo o el
Estado que demuestre una relación entre ambos.
2.12. La importancia de la nacionalidad reside en que ella, como vínculo
jurídico y político que liga una persona con un Estado determinado, permite
que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias
de la pertenencia a una comunidad política. De esta manera, la nacionalidad
se convierte en un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos.
2.13. En conclusión, en cuanto al aspecto de la nacionalidad, consideramos
que el criterio mayoritario ha interpretado de forma errónea el artículo 11 de
la Constitución dominicana de mil novecientos sesenta y seis (1966) y ha
centrado la controversia en el estatus migratorio de los padres de la
recurrente y no en la demanda de entrega por parte de la Junta Central
Electoral de sus documentos de identidad y electoral, ni en el estado de
indefinición que le ha provocado la privación del ejercicio de sus derechos
civiles y políticos, en violación a lo dispuesto por el artículo 3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece “Toda
persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

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2.14. La Convención establece en su artículo 18 que los Estados tienen la
obligación, no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también la de
brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona,
inmediatamente después de su nacimiento. Es decir, los Estados deben
garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por sus
padres. El nombre y los apellidos son esenciales para establecer formalmente
el vínculo entre la persona, la sociedad y el Estado.
2.15. Restringir el derecho al nombre y al registro de la persona, es lesionar
la dignidad humana, tal es el caso de la recurrente, que luego de haber sido
inscrita en el Registro Civil, ha sido despojada de sus documentos de
identidad, por una autoridad administrativa, sin que un Tribunal competente
haya pronunciado su validez o nulidad de los mismos, mediante una
sentencia con autoridad de cosa juzgada, lo que constituye una vulneración
a las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, consignadas
en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
2.16. Estas garantías fundamentales han sido refrendadas por el Tribunal
Constitucional en su sentencia TC-0010-12, cuando expresa que un
funcionario en sus actuaciones, aun en ejercicio de aquellas facultades
discrecionales, debe dar motivos razonables y por escrito. Con esta sentencia
el Tribunal procuró cerrar las posibilidades del ejercicio arbitrario de la
administración pública, incompatible en un estado de derecho.
3.

Sobre el carácter retroactivo de la decisión adoptada

3.1. El principio de irretroactividad de la ley significa que ésta opera hacia
el porvenir y no puede afectar las consecuencias jurídicas anteriores a su
puesta en vigencia. Es decir, la ley se aplica en forma inmediata y hacia el
futuro, no puede afectar la existencia de hechos, actos o efectos jurídicos
derivados de una ley anterior, salvo que la nueva ley resulte más favorable
para el que este subjudice o cumpliendo condena.
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3.2. El objetivo principal de la irretroactividad de la ley es proteger la
seguridad jurídica al mantener situaciones consolidadas con anterioridad,
fortaleciendo la confianza del ciudadano en el ordenamiento jurídico,
evitando el temor al cambio súbito de la legislación; lo que generaría
incertidumbre e inestabilidad, razón por la que la irretroactividad impide que
la nueva ley valore hechos anteriores a su existencia, modifique los efectos
resultantes de la ley anterior y anule derechos reconocidos por esta.
3.3. La Corte Constitucional de Colombia en su sentencia C-549/93, al
valorar el principio de irretroactividad de la ley y su importancia para la
seguridad jurídica, afirma lo siguiente: “La naturaleza jurídica del principio
de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las
circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y
con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas, que una ley
tenga efectos con anterioridad a su vigencia”.
3.4. En el recurso de revisión, la recurrida, invoca el principio de
irretroactividad para justificar su negativa de entregar a la recurrente su
cédula de identidad y electoral, en que si lo hiciera violaría los artículos 11
y 47 de la Constitución de 1966, vigente al momento de la declaración de la
recurrente, y los artículos 6 y 18 de la Constitución de 2010.
3.5. El artículo 47 de la Constitución de 1966, (artículo 110 de la del 2010),
establecía: La Ley solo dispone y se aplica para lo por venir. No tiene efecto
retroactivo sino cuando sea favorable al que este sub-judice o cumpliendo
condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o
alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme
a una legislación anterior.
3.6. En sentido contrario, somos de opinión que como se violaría el
principio de irretroactividad de la ley consignado en el artículo 47 de la
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Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966) y 110 de la
Constitución de dos mil diez (2010), sería si en este caso se aplicara el
criterio establecido por la honorable Suprema Corte de Justicia en la
sentencia del catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005), -al decidir
el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley núm. 285-04-, y que sirve de
sustento a la tesis que iguala a los extranjeros en tránsito con los extranjeros
residentes ilegales.
3.7. En este contexto, igualar la condición de extranjero en tránsito con la
de extranjero residente ilegal, es violatorio al principio de irretroactividad de
la ley, porque la Constitución dominicana, hasta la reforma del dos mil diez
(2010), guardó silencio en lo relativo a los extranjeros residentes ilegales
para los fines de nacionalidad; Es en su artículo 18, numeral 2, que se
establece que son dominicanas y dominicanos, “quienes gocen de la
nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta
constitución”, razón por la cual el derecho a la nacionalidad de la recurrente
otorgado por la Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), está
reconocido en la Constitución de dos mil diez (2010).
3.8. El numeral 3, del referido artículo 18 de la Constitución expresa, que
son dominicanos y dominicanas: Las personas nacidas en territorio
nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de
legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en
tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera
persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las
leyes dominicanas. En ese tenor, la Ley General de Migración núm. 285, de
fecha veintiuno (21) de Julio de dos mil cuatro (2004), en su artículo 36
numeral 10 expresa: “Los no residentes son considerados como personas en
tránsito para los fines de aplicación del artículo 11 de la constitución” (el
artículo 11, de la Constitución de 1966, es sustituido por el artículo 18 en la
Constitución del 2010).

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3.9. El criterio mayoritario aplica estas disposiciones al caso de la
recurrente, retrotrayendo sus efectos al 1 de abril de 1984, fecha de su
nacimiento, lo que equivale a vulnerar el principio de irretroactividad de la
ley consagrado en el Articulo 2 del Código Civil Dominicano que expresa:
“La ley no dispone sino para el porvenir: no tiene efecto retroactivo”.
4.

Consideraciones finales

4.1. Con el más absoluto respeto a la posición mayoritaria de esta decisión,
nos permitimos expresar las siguientes consideraciones:
4.1.1. La razón fundamental de esta decisión (ratio decidendi) de considerar
que personas extranjeras que han residido en el país de manera ilegal por
varios años son extranjeros en tránsito o transeúntes, constituye una
interpretación errónea, pues en nuestro criterio, las personas en tránsito o
transeúntes son aquellas que permanecen por corto tiempo en un país que no
es su destino final, que no es el caso de los padres de la recurrente, pues su
larga permanencia en el país, aunque de manera ilegal, no permite la
calificación de transeúntes o extranjeros en tránsito.
4.1.2. Como consecuencia de esta interpretación restrictiva y con carácter
retroactivo, esta sentencia declara a la recurrente como extranjera en el país
en el que ha nacido, apartándose del precedente vinculante ya establecido
por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Bloque de
constitucionalidad.
4.1.3. La decisión objeto de este voto disidente, en su Ordinal Cuarto
ordena a la Dirección General de Migración otorgar a la recurrente un
permiso especial de estadía temporal en el país, hasta tanto se determine su
regularización, desconociendo el derecho de esta a residir en su país de
origen, con el que ha creado vínculos sociales y culturales de permanencia,

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esta medida se traduce en una penalidad por el estatus migratorio de sus
padres.
4.1.4. Desde nuestra óptica, esta decisión contradice la misión de este
Tribunal Constitucional, de preservar la supremacía de la Constitución, el
respeto a la dignidad humana y el pleno goce de los derechos fundamentales,
en un plano de igualdad y de conformidad con el Bloque de
Constitucionalidad.
5. Propuesta de solución de la magistrada que presenta el voto
disidente
5.1. Consideramos, contrario a lo decidido, que el Tribunal Constitucional
debió decidir:
5.1.1. Ordenar a la Junta Central Electoral, la entrega pura y simple, sin
ninguna condición, de los documentos solicitados por la señora Juliana
Dequis (o Deguis) Pierre. (Centro de la controversia y fundamento de su
recurso).
5.1.2. Amparar y reconocer el derecho a la nacionalidad dominicana de la
recurrente, por haber nacido en territorio dominicano. En razón de que el
Tribunal decidió abordar una “pretensión subyacente” a la demanda de la
recurrente.
Firmado: Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza.
VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA KATIA MIGUELINA
JIMÉNEZ MARTÍNEZ.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia
y de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos
Página 116 de 147


en la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la
Constitución, a fin de ser coherentes con la posición mantenida.
I.

Breve preámbulo del caso

1.1. El presente recurso de revisión de sentencia de amparo se contrae al
hecho de que la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre depositó el original
de su acta de nacimiento en el Centro de Cedulación del Municipio de
Yamasá, provincia de Monte Plata, y requirió la expedición de su cédula de
identidad y electoral. Ante la negativa de la Junta Central Electoral de
entregar dicho documento, la recurrente notificó a la entidad recurrida
sendas intimaciones, mediante actos de alguacil números 705/2009 y
250/2012, de fechas dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009) y
dieciocho (18) de mayo de dos mil doce (2012), otorgándoles plazos de
cinco (5) y tres (3) días francos, respectivamente, para la entrega de dicho
documento.
1.2. Desde el año dos mil siete (2007), la Junta Central Electoral, mediante
disposiciones administrativas, dio instrucciones a los oficiales del estado
civil, primeramente a través de la Circular núm. 017, del veintinueve (29)
de marzo de dos mil siete (2007), firmada por el entonces presidente de la
Cámara Contenciosa, para “examinar minuciosamente” las solicitudes de
certificados de ciudadanía, aduciendo en su contenido que “fueron
expedidas en tiempo pasado actas de nacimiento de forma irregular con
padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la
República Dominicana”. El pleno de la Junta Central Electoral, la avaló
mediante su Resolución núm. 12-07, del diez (10) de diciembre del mismo
año.
1.3. A Juliana Deguis se le ha informado que la Junta Central Electoral
rechazó su petición bajo el fundamento de que ella fue inscrita de manera
irregular en la Oficialía del Estado Civil de Yamasá, invocando para ello que
es hija de nacionales haitianos en situación migratoria ilegal.
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1.4. De inicio, es determinante acotar, que hasta el año dos mil diez (2010)
la Constitución dominicana en base al principio del jus-soli reconocía como
ciudadanos dominicanos a los nacidos en territorio nacional, con excepción
de los hijos de los diplomáticos y los extranjeros en tránsito160, y la Ley de
Inmigración núm. 95, del año mil novecientos treinta y nueve (1939),
limitaba a diez (10) días el período que definía el tránsito. Los padres de la
accionante eran trabajadores extranjeros que arribaron a nuestro país al
amparo del convenio Modus Operandi con la República de Haití, del
dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos treinta y nueve (1939) y de
la Resolución núm. 3200, del Congreso Nacional, que aprueba el Acuerdo
Suscrito entre la República Dominicana y la República de Haití, sobre
Jornaleros Temporeros Haitianos, Gaceta Oficial NQ 7391 del 23 de febrero
de 1952.
1.5. En el año dos mil cuatro (2004) se aprobó la Ley General de Migración
núm. 285-04, que niega la nacionalidad a los residentes ilegales, lo que
obtuvo carácter constitucional en la Carta Magna del 26 de enero del 2010.
La recurrente Juliana Dequis (o Deguis) Pierre nació el primero (1) de abril
de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), es decir con anterioridad a la
vigente ley de migración del dos mil cuatro (2004) y a la nueva Constitución
del dos mil diez (2010).
1.6. El veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012), la hoy recurrente en
revisión accionó en amparo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata ante la negativa de
expedición de su cédula de identidad y electoral, situación que esta alega
conculca varios de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a
portar cédula de identidad y electoral, tener empleo digno, declarar sus dos
hijos, transitar libremente y ejercer el sufragio, por lo que reclamó que se
ordenara a la Junta Central Electoral emitir el indicado documento, pero esta
160

Constitución de la República Dominicana del 1966.

Página 118 de 147


jurisdicción desestimó su pretensión, alegando que solo había depositado
fotocopia de su acta de nacimiento en respaldo de su pedimento, emitiendo
la Sentencia núm. 473-2012, la cual ha sido recurrida en revisión ante el
Tribunal Constitucional.
1.7. En consecuencia, la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre recurrió
en revisión dicho fallo por ante este Tribunal Constitucional, el treinta (30)
de julio de dos mil doce (2012), solicitando la revocación de la indicada
sentencia y el acogimiento de las conclusiones que presentó ante el referido
tribunal de amparo, argumentado que persisten y continúa agravándose la
conculcación de sus derechos fundamentales.
II. Cuestiones de índole procesal
Nuestra discrepancia la hemos dividido en dos partes. Primero nos
referiremos a los aspectos de índole procesal que no han sido observados
por el consenso. Luego invocaremos los motivos que nos llevan a apartarnos
del criterio de la mayoría también en términos del derecho sustantivo.
2. El Tribunal Constitucional no se declara incompetente, pero
tampoco explica qué circunstancia especial o particular tiene este caso
que justifique un cambio de jurisprudencia
2.1. La sentencia del consenso de este tribunal constitucional se aparta de
precedentes anteriores en lo relativo a la competencia del Tribunal Superior
Administrativo para conocer de los casos de acción de amparo contra los
actos u omisiones de la Administración Pública.
2.2. En lo que respecta al punto en discusión, ha tenido la oportunidad de
pronunciarse este Tribunal Constitucional, fijando su precedente a partir de
la sentencia número TC 0085-12, del año 2012 y las sentencias números TC
0004-12, TC 0036-13 y No. TC 0082-13 del año 2013, en cada una de las
cuales se ha pronunciado la incompetencia de este Tribunal para conocer de
Página 119 de 147


estas acciones, en aplicación del artículo 75 de la Ley núm. 137-11, de modo
que se ha procedido a declinar por ante la jurisdicción contencioso
administrativo. Al no hacerlo, en la especie, se están derogando las reglas de
competencia, lo cual es una materia de orden público.
2.3. En efecto, en la especie, de lo que se trata es de la negativa por parte de
la Junta Central Electoral de expedir a la amparista la cédula de identidad y
electoral, de modo que sobre este aspecto de la admisibilidad el tribunal
debió declinar el caso a la jurisdicción administrativa, por ser esta la
jurisdicción que guarda mayor afinidad con la cuestión planteada. Así lo
reconoce el propio consenso al señalar en la sentencia de la cual discrepamos
que “en vista de los elementos que configuran el caso, la competencia legal
para conocerlo correspondía al Tribunal Contencioso Administrativo, por lo
que procedería la revocación de la sentencia de amparo y la declinatoria de
este caso por ante este último161”.
2.4. De manera que, tal como claramente indica la Sentencia núm.
TC/0004/13 “si se trata de una acción de amparo contra los actos u omisiones
de la administración pública, el artículo 75 de la referida ley nos indica que
será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa162”.
2.5. Sin embargo, en la sentencia del consenso se invoca el principio de
economía procesal para que el Tribunal se avoque a conocer el fondo del
asunto, por lo que cabe preguntar por qué en este caso debe aplicarse dicho
principio y no en los casos que fijaron el precedente aludido por la juez que
discrepa.
2.6. De ahí que al no indicarse la particularidad que tiene este caso, que
justifique razonablemente el cambio de precedente, el Tribunal
Constitucional varía el precedente sentado en la Sentencia núm. 0094/13 que
161
162

Página 17 de la presente Sentencia.
Literal d de la página 5 de la Sentencia No. TC/0004/12.

Página 120 de 147

establece que “el valor de la continuidad del criterio jurisprudencial radica
en que la variación del mismo, sin una debida justificación, constituye una
violación a los principios de igualdad y de seguridad jurídica163”. Sin
embargo, y tal como indica la referida sentencia, “lo anterior no implica que
el criterio jurisprudencial no pueda ser variado, sino que cuando se produzca
dicho cambio el mismo debe ser motivado de manera adecuada, lo cual
implica exponer las razones que justifican el nuevo criterio164”. En tal virtud,
resultaba imperativo para el Tribunal Constitucional señalar las razones que
en esta ocasión han provocado el cambio de precedente.
2.7. Cabe destacar que, como consecuencia de esto, el principio de
economía procesal en lo adelante podrá ser invocado por cualquier
ciudadano para que su caso se conozca ante el Tribunal Constitucional, aun
cuando por mandato legal se trata de un asunto que es competencia del
Tribunal Superior Administrativo o de cualquier otro tribunal.

3. En amparo no se dilucidan los hechos, y en la especie, el consenso
de este Tribunal ha procedido a examinar cuestiones de legalidad
ordinaria
3.1. El consenso dedica las 50 páginas del Título III, relativo al
incumplimiento de los requisitos legales de parte de la recurrente para la
obtención de la cédula de identidad y electoral, a abordar un asunto que, en
primer lugar, no debió conocer, pues era competencia del Tribunal Superior
Administrativo, y en segundo lugar se involucra, estando apoderado en
materia de un amparo, en situaciones en que tanto la Ley núm. 659 sobre
Actos del Estado Civil165 como el Código de Procedimiento Civil166 indican

163

Literal l de la página 12 de la Sentencia No. TC/0094/13
Literal q de la página 14 de la Sentencia No. TC/0094/13 (Subrayado es nuestro).
165 Art. 31 de la Ley 659 del 1944 sobre Actos del Estado Civil.
166 Art. 214-251 del Código de Procedimiento Civil.
164

Página 121 de 147


el procedimiento a seguir para denunciar la regularidad de las actas que han
sido levantadas, máxime cuando se trata de un asunto de legalidad ordinaria.
3.2. En efecto, el propio fallo recoge que la Junta Central Electoral ha
depositado mil ochocientas veintidós (1822) demandas de nulidad de actas
de nacimiento y por duplicidad167, que al momento de fallarse el presente
caso este Tribunal no ha recibido noticias de que tales actas, incluyendo la
de Juliana Deguis, hayan sido conocidas por el juez competente para
determinar su nulidad. En tal virtud, este tribunal constitucional se adelanta
en determinar la irregularidad del acta, cuando es una materia ajena a su
competencia.
3.3. A modo de ejemplo, vale citar la Sentencia núm. TC 0016-13 en la cual
este Tribunal Constitucional establece que tanto la doctrina como la propia
jurisprudencia constitucional comparada han manifestado que la
determinación del hecho, la interpretación y la aplicación del derecho, son
competencias que corresponden al juez ordinario, por lo que el juez
constitucional limita el ámbito de su actuación a la comprobación de si en
la aplicación del derecho se ha producido una vulneración a un derecho
constitucional. Este Tribunal es de criterio que la naturaleza del recurso de
amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de
legalidad ordinaria, cuya interpretación no es función de este Tribunal168.
En sentido similar también podemos mencionar los precedentes sentados en
las Sentencias números TC/0017/13 y TC/0086/13 del año 2013.
3.4. De modo que al pronunciarse sobre los requisitos legales para la
obtención del acta de nacimiento, el consenso inobserva precedentes
anteriores, en materia de competencia, pues tanto el artículo 31 de la Ley
núm. 659 del mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), como el Código de
Procedimiento Civil en sus artículos del 214 al 251 otorgan competencia al
167
168

Página 39 de la presente sentencia.
Página 14 y 15 de la Sentencia TC/0017/13. (Subrayado es nuestro).

Página 122 de 147


Juez de Primera Instancia para conocer de las falsedades de las actas de
nacimiento. Esto, junto a otros motivos, nos coloca en la firme determinación
de emitir el presente voto disidente.
III.

Cuestiones de índole sustancial

A pesar de que no renunciamos a la posición que exponemos en los títulos 2
y 3 de este voto, nos referiremos a los aspectos de índole sustantivo que ha
tocado el consenso, pues al ser definitivas e irrevocables, y tener carácter
vinculante las decisiones de este tribunal constitucional, mal haríamos si no
exponemos los criterios jurídicos que también en el orden sustantivo nos
separan de la decisión, sobre todo en cuestiones tan fundamentales como el
concepto de nacionalidad, la adquisición de la nacionalidad dominicana, la
vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la noción de tránsito, la figura del “margen de apreciación”, el
estado o condición de apátrida, entre otros.
El desarrollo de esta segunda parte del presente voto disidente contiene los
siguientes títulos: 4.- Un caso de desnacionalización; 5.- Sobre la adquisición
de la nacionalidad dominicana; 6.- Sobre el control de convencionalidad que
ha debido ejercer el Tribunal Constitucional. Efectos en nuestro derecho
interno de la sentencia relativa al Caso Yean y Bosico vs. República
Dominicana, del 8 de septiembre de 2005, dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; 7.- Sobre la aplicación del margen
nacional de apreciación; 8.- La recurrente Juliana Deguis al ser desprovista
de la nacionalidad dominicana queda apátrida; 9.- La sentencia contiene
medidas contradictorias con sus fundamentos y su parte resolutiva y 10.Sobre la aplicación del efecto inter comunis en la sentencia.
4.

Un caso de desnacionalización

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4.1. Es de resaltar que en la sentencia del consenso es ostensible la
confusión de cuestiones migratorias cuando se está ante un caso de
desnacionalización, que por demás se ha expresado que es un asunto de la
competencia del Tribunal Superior Administrativo, por cuanto ha obedecido
a una omisión de la autoridad administrativa.
4.2. La suscrita siempre ha sostenido que en la presente revisión de
sentencia de amparo no están envueltas cuestiones meramente migratorias,
por cuanto no se trata de los derechos de una indocumentada, sino del
despojo de la nacionalidad a quien un oficial del Estado Civil inscribió como
dominicana, amparado en la Constitución que regía al momento de su
nacimiento y en una normativa legal que rigió hasta el dos mil cuatro (2004).
4.3. La sentencia, a partir del párrafo 11.1.2, desarrolla la competencia para
la reglamentación del régimen de la nacionalidad tanto en el ámbito interno
como en el internacional. Sin embargo, la jueza que discrepa entiende que
esto resultaba innecesario porque en la especie no estaba en discusión si le
corresponde al Estado dominicano o no establecer las reglas para obtener la
nacionalidad dominicana, sino si los procedimientos utilizados para retenerle
el original de su acta de nacimiento y negarle la expedición de su cédula de
identidad y electoral han violentado los derechos fundamentales de la
recurrente.
4.4. En efecto, el hecho de que la determinación de cómo se obtiene la
nacionalidad, es en principio, una cuestión facultativa de cada Estado, ha
debido considerarse que el Derecho Internacional constitucionalizado vía los
artículos 26 y 74 de la Constitución, en atención a las exigencias de
protección integral de los derechos fundamentales, impone ciertas
limitaciones a la discrecionalidad del Estado. Además, la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado
dominicano por el caso de las niñas domínico-haitianas Yean y Bosico, al
cual nos referiremos más adelante, confirmó que la nacionalidad ha dejado
Página 124 de 147


de ser un simple atributo otorgado por el Estado a sus súbditos sino que es
un derecho fundamental en sí mismo169. Lo preponderante es que una vez
han sido creadas estas reglas, deben ser aplicadas a todos en condiciones de
igualdad y sin discriminación, para lo cual habrá que situarse en el tiempo
de vigencia de la ley, incluyendo a la Constitución.
4.5. En tal sentido, y sin renunciar a la posición que exponemos en los títulos
2 y 3 del presente voto, como ya expresamos, en la especie, contrario a lo
afirmado en la sentencia que suscribe la mayoría de los jueces el análisis no
ha debido ser si a la recurrente le corresponde la nacionalidad dominicana,
pues ya la tiene, sino, insisto, si los mecanismos empleados por la Junta
Central Electoral en la especie violentan sus derechos fundamentales. La
sentencia del consenso afirma que el acta de nacimiento de la recurrente está
en investigación por ante la Junta Central Electoral, y en relación a ello
expresa que “una vez determinada la situación legal respecto al acta de
nacimiento de la recurrente, que se encuentra sometida a investigación y
actualmente retenida en la Junta Central Electoral, conviene dilucidar si ella
reúne las condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana, en virtud de
dicho documento, en su condición de hija de extranjeros en tránsito nacida
en el país170”.
4.6. A modo de ilustración transcribimos lo dispuesto por el Art. 31 de la
Ley núm. 659, del diecisiete (17) de julio de mil novecientos cuarenta y
cuatro (1944), sobre Actos del Estado Civil:
Art. 31.- Cualquiera persona podrá pedir copia de las actas
asentadas en los registros del Estado Civil. Estas copias libradas
conforme a los registros legalizados por el Presidente del Tribunal
de Primera Instancia de la jurisdicción o por el que haga sus veces,
se tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada la falsedad de
dichas actas, siempre que sus originales hayan sido redactados en
169
170

Véase Eduardo Jorge Prats. El Derecho a la nacionalidad. Periódico Hoy. 14 de octubre de 2005.
Página 41, literal s. de la presente sentencia.

Página 125 de 147


los plazos legales. Las actas sobre declaraciones tardías para las
cuales no se hubiese usado el procedimiento correspondiente,
podrán ser impugnadas por todos los medios de derecho, y su
sinceridad será apreciada por los jueces171.
4.7. Acerca de la validez de estas actas y del procedimiento que debe
implementarse para perseguir su anulación ha sido juzgado por la Suprema
Corte de Justicia lo siguiente: Considerando , que, en consecuencia, resulta
imperativo inferir que las declaraciones de nacimiento realizadas por el
padre del hijo declarado dentro de los plazos legales, debidamente
asentadas en los registros correspondientes por los oficiales del estado civil
competentes, y las copias libradas conforme a esos registros legalizados,
como ocurre en el presente caso, constituyen documentos con enunciaciones
de carácter irrefragable, hasta inscripción en falsedad, como se desprende
de las disposiciones legales que rigen su validez, según se ha visto172.
5.

Sobre la adquisición de la nacionalidad dominicana

5.1. En cuanto a la adquisición de la nacionalidad dominicana, la sentencia
de este tribunal constitucional, de cuyo contenido nos apartamos totalmente,
expresa lo siguiente: a) En la República Dominicana, la nacionalidad de una
persona puede adquirirse a través de la de sus progenitores, es decir,
mediante consanguinidad o “el derecho de la sangre” (ius sanguinis); y,
también por el lugar del nacimiento, o sea, por “el derecho del suelo” (ius
soli). Aparte de estas dos modalidades existe una tercera, denominada
“naturalización”, mediante la cual el Estado otorga soberanamente la
nacionalidad a los extranjeros que la solicitan y satisfacen las condiciones
y formalidades que correspondan en cada país…173.

171

Cfr. Art. 45 Código Civil de la República Dominicana. Véase también el Art.6.c) de la Ley No.659 del 17 de julio
de 1944 sobre Actos del Estado Civil que dicta disposiciones sobre los registros y las actas de defunción.
172 Sentencia Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia del 10 de julio del 2002, no. 7.
173 Párrafo 2.1.1. de la pág. 47 de la presente sentencia.
Página 126 de 147


5.2. En tal virtud, el propio consenso del Tribunal Constitucional en la
página 41, ofrece un concepto de jus soli expresando: “Se entiende por jus
soli lo siguiente: “Derecho del suelo. Sistema de asignación de la
nacionalidad en el que el criterio para concederla es el lugar donde se haya
nacido, sin importar si los ascendientes son o no de tal sitio; se contrapone a
ius sanguini.” Diccionario hispanoamericano de Derecho, tomo I (a/k),
precitado, p. 1210 (voz “jus soli”)174”.
5.3. Precisamente, la anterior noción de jus soli del consenso está a tono con
varias disposiciones normativas vigentes en ese entonces, tales como el
Código Civil, el cual en su artículo 9 dispone que Son dominicanos: Primero
– Todas las personas que hayan nacido o nacieren en el territorio de la
República, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres. Para los
efectos de esta disposición no se considerarán como nacidos en el territorio
de la República los hijos legítimos de los extranjeros que residan en ella en
representación o servicio de su Patria.
5.4. Asimismo, la Ley de Inmigración núm. 95, del catorce (14) de abril de
mil novecientos treinta y nueve (1939), en el párrafo del Art. 10 disponía que
“Las personas nacidas en la República Dominicana son consideradas
nacionales de la República Dominicana, sean o no nacionales de otros países.
Consecuentemente, deberán usar documentos requeridos a los nacionales de
República Dominicana”.
5.5. En esa misma línea, la Constitución del mil novecientos sesenta y seis
(1966), vigente al día de nacimiento de la recurrente, o sea, el primero (1) de
abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) establece en su artículo 11.1
de dicha Carta Magna que la nacionalidad dominicana podía ser adquirida
por “[…] 1. Todas las personas que nacieren en el territorio de la República,
con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país
en representación diplomática o los que estén de tránsito en él.”
174

Nota al Pie No. 44 de la Página 47 de la presente Sentencia. (Subrayado es nuestro).

Página 127 de 147


5.6. Sin embargo, la sucesión de argumentos que expone la sentencia arriba
a la determinación de que la recurrente corresponde con precisión al
supuesto establecido por la indicada excepción constitucional, ya que no
solo nació en el territorio nacional, sino que, además, es hija de ciudadanos
extranjeros (haitianos) que, al momento del nacimiento, estaban de tránsito
en el país. Obsérvese, en efecto, que, tal como se demostró previamente, su
padre, el señor Blanco Dequis (o Deguis), declarante del nacimiento, se
identificó ante el Oficial del Estado Civil de Yamasá mediante la “ficha” o
“documento” 24253; y la madre de la recurrente, señora Marie Pierre, era
titular de la “ficha” o “documento” 14828175”. De ello se infiere, en
consecuencia, que el padre de la recurrente y declarante de su nacimiento
era un trabajador extranjero de nacionalidad haitiana cuya presencia en el
país obedecía al propósito de realizar labores industriales o agrícolas, y que
no se había provisto de su cédula de identificación personal cuando efectuó
la indicada declaración del nacimiento de su hija en la Oficialía del Estado
Civil del Municipio de Yamasá176.
5.7. En cuanto al alegato de que sus padres no tenían cédula dominicana, es
preciso acotar que ya la corte en el caso Yean y Bosico resolvió:“este
Tribunal considera que el Estado, al fijar los requisitos para la inscripción
tardía de nacimiento, deberá tomar en cuenta la situación especialmente
vulnerable de los niños dominicanos de ascendencia haitiana. Los requisitos
exigidos no deben constituir un obstáculo para obtener la nacionalidad
dominicana y deben ser solamente los indispensables para establecer que el
nacimiento ocurrió en la República Dominicana. Al respecto, la
identificación del padre o de la madre del niño no puede estar limitada a la
presentación de la cédula de identidad y electoral, sino que el Estado debe
aceptar, para tal fin, otro documento público apropiado, ya que la referida
175

A partir del 17 de septiembre del año 2003 deben considerarse en condición de trabajadores migrantes documentados
o en situación regular de conformidad con el concepto que figura en la Opinión Consultiva OC-10/03, sobre Condición
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. O.N.U., Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 18 de diciembre de 1990, artículo 5.a
176 Subrayado es nuestro.
Página 128 de 147


cédula es exclusiva de los ciudadanos dominicanos. Asimismo, los requisitos
deben estar claramente determinados, ser uniformes y no dejar su aplicación
sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios del Estado, garantizándose
así la seguridad jurídica de las personas que recurran a este procedimiento,
y para una efectiva garantía de los derechos consagrados en la Convención
Americana, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención177.
5.8. En efecto, al amparo de la normativa que regía entonces, los padres de
Juliana Deguis eran o son extranjeros, específicamente haitianos, a quienes
se les permitió la entrada al país para trabajar en el marco de un acuerdo
bilateral entre ambas naciones, de manera que cae en el absurdo si se
afirmase que eran extranjeros en tránsito, más aún cuando portaban un
documento que los acreditaba como trabajadores temporeros. Recuérdese,
además, que la Ley de Inmigración núm. 95, de mil novecientos treinta y
nueve (1939) limitaba a tan sólo diez (10) días la condición de extranjero “en
tránsito178”.
5.9. Además, la suscrita no comulga con la tesis de que tal situación de
ilegalidad se transfiera a sus descendientes, y tal cosa no estaba prevista sino
hasta la Constitución del dos mil diez (2010), en la cual el constituyente
amplió el espectro de la excepción al principio del jus soli, incluyendo a los
extranjeros que residan ilegalmente en territorio dominicano. Esta
ampliación revela que la noción de “tránsito” de la Constitución de mil
novecientos sesenta y seis (1966), no comprendía a los extranjeros ilegales
como ha pretendido sostener la sentencia del consenso de este Tribunal,
argumento que filtra la aplicación retroactiva de la Constitución del dos mil

177

Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de septiembre
del 2005. párr. 240. (Subrayado es nuestro).
178 Véase caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de
septiembre del 2005. párr. 157: “La Corte observa que, para considerar a una persona como transeúnte
o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal
razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser
equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito”.
Página 129 de 147


diez (2010), a una ciudadana nacida el uno (1) de abril de mil novecientos
ochenta y cuatro (1984).
5.10. En el presente caso se despoja a la recurrente de la nacionalidad
dominicana que adquirió en base al principio del jus soli, sustentándose para
ello en la condición migratoria de sus padres, dedicando este tribunal
extensas páginas de su sentencia para explicar la condición migratoria de
estos, lo cual resultaba innecesario, pues Juliana Deguis según la partida de
nacimiento que le fue retenida “para fines de investigación”, nació en suelo
dominicano y conforme lo disponía la Constitución que regía para entonces,
le correspondía la nacionalidad dominicana por el jus soli.
5.11. Así concluye al respecto que: 17) En la especie, la señora Juliana
Dequis (o Deguis) Pierre no ha probado en modo alguno que por lo menos
uno de sus padres tuviera residencia legal en la República Dominicana al
momento del nacimiento de su hija (hoy recurrente en revisión
constitucional) ni con posterioridad al mismo. Por el contrario, del acta de
declaración de nacimiento de esta última se evidencia que su padre señor
Blanco Dequis (o Deguis), declarante del nacimiento, era un jornalero
temporero de nacionalidad haitiana, o sea, un ciudadano extranjero en
tránsito, al igual que su señora madre Marie Pierre. Por tanto, a juicio de
este Tribunal Constitucional, la recurrente no ha cumplido con el
presupuesto establecido en el precitado artículo 11.1 de la Constitución de
1966, como se ha previamente demostrado179.
5.12. Lo anterior evidencia que este tribunal se desvincula de la sentencia
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 8 de
septiembre de 2005, en la que se estableció, entre otras cosas lo siguiente:
La Corte considera necesario señalar que el deber de respetar y garantizar
el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación es independiente
del estatus migratorio de una persona en un Estado. Es decir, los Estados
179

Párrafo 1.1.14.6. de la Página No. 66 de la presente sentencia.

Página 130 de 147


tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus
ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio,
sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su
nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa180.
5.13. De manera que, es por todos conocido que el tema del derecho a la
nacionalidad de los hijos de personas migrantes en la República Dominicana
fue juzgado por el referido órgano interamericano de derechos humanos,
cuya competencia contenciosa reconoció la República Dominicana el
veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). Y
sobre el particular dejó sentado, entre otras cosas, lo siguiente:
De acuerdo con lo señalado, y en consideración del derecho a la
nacionalidad de los hijos de personas migrantes en la República
Dominicana en relación con la norma constitucional pertinente y los
principios internacionales de protección de los migrantes, la Corte
considera que:
a) el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para
el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad
migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación
para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio
de sus derechos;
b) el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y
c) la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única
a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que
se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad,
si no adquieren la del Estado en donde nacieron181.

180

Párrafo 155 de del caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
del 8 de septiembre del 2005. párr. 157
181 Ibídem. Párr. 157. El subrayado es de la autora del presente voto .
Página 131 de 147


5.14. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales núm. 137-11 establece como uno de los principios rectores
del sistema de justicia constitucional, precisamente, el de vinculatoriedad.
De ahí que “las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales
internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes
vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”, de lo
cual no escapa el Tribunal Constitucional. Muy por el contrario, es el más
llamado a sujetarse a la “cosa juzgada internacional”, ante su rol de máximo
y último intérprete de la Constitución, de defensa del orden constitucional,
su adecuada interpretación y de protección efectiva de los derechos
fundamentales.
6. Sobre el control de convencionalidad que ha debido ejercer el
Tribunal Constitucional. Efectos en nuestro derecho interno de la
sentencia relativa al Caso Yean y Bosico vs. República Dominicana, del
8 de septiembre de 2005, dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
6.1. Ya indicamos que la sentencia del consenso ha desconocido el carácter
de vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sobre todo ante un caso, que como el que nos ocupa, trata de la
misma cuestión por la cual fue condenada la República Dominicana con
anterioridad, al sostener la Corte que se había violado, en perjuicio de las
demandantes (niñas Yean y Bosico) el derecho a la nacionalidad y a la
igualdad ante la ley, consagrados, respectivamente, en los artículos 20 y 24
de la Convención Americana.
6.2. De tal suerte que todas la autoridades estatales, están en la obligación
de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas
internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta
tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la
Página 132 de 147


interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete
última de la Convención Americana182.
6.3. En la jurisprudencia interamericana se ha concebido el control de
convencionalidad como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho
Internacional, o sea, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y
específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la
jurisprudencia de dicho Tribunal.
6.4. La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos obedece a un principio básico del
derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la
jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar el tratado
internacional de buena fe (pacta sunt servanda) y de conformidad con el
artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
mil novecientos sesenta y nueve (1969), aquellos no pueden, por razones de
orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya
establecida183. Las obligaciones convencionales de los Estados Parte
vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que todos los
poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras ramas del poder
público) y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel,
incluyendo a los más altos tribunales de justicia de los mismos, tienen el
deber de cumplir de buena fe con el derecho internacional, incluido el
Tribunal Constitucional de la República Dominicana184.

182Cfr.

Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 124; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs.
Brasil, párr. 176, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 225. Véase asimismo Caso Gelman Vs. Uruguay,
párr. 193, y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, párr. 303.
183 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 12 julio de 2007, Considerando sexto; Caso Molina Theissen. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de julio de 2007.
Considerando tercero; Caso Bámaca Velásquez. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de derechos Humanos de 10 de julio de 2007 Considerando tercero.
184 Véase párrafo 59 Caso Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de
2013.
Página 133 de 147


6.5. Decididamente, así adquiere sentido el mecanismo convencional, que
obliga a todos los jueces y órganos judiciales a prevenir potenciales
violaciones a derechos humanos, las cuales deben solucionarse a nivel
interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y,
solo en caso contrario, pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto
ejercerá un control complementario de convencionalidad.
6.6. Además, en materia de control de convencionalidad es posible
distinguir dos expresiones diferentes de esa obligación de los Estados de
ejercer tal control, dependiendo de si la sentencia ha sido dictada en un caso
en el cual el Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que a que la
norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación
dependiendo si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional.
Obsérvese, que en este voto hemos hecho énfasis en una sentencia de la
referida Corte de la cual la República Dominicana había sido parte y se
decidió sobre el derecho fundamental a la nacionalidad, que ocupa nuestra
atención.
6.7. Respecto de la primera expresión, o sea, cuando existe una sentencia
internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado
que ha sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte
Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos
vinculados a la administración de justicia, también están sometidos al
tratado y a la sentencia de la Corte, lo cual les obliga a velar para que los
efectos de las disposiciones de la Convención y, consecuentemente, las
decisiones de la Corte Interamericana, no se vean mermados por la
aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o por decisiones judiciales
o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la
sentencia. Es decir, en este supuesto, se está en presencia de cosa juzgada
internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar

Página 134 de 147

la sentencia185. De lo cual se advierte que la jurisdicción interamericana será
competente, en determinados casos, para revisar las actuaciones de los jueces
nacionales, incluido el correcto ejercicio del “control de convencionalidad”,
por cuanto dicho Tribunal Interamericano tiene potestad para analizar si es
compatible la actuación de este órgano a la luz de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, de sus Protocolos adicionales y de la propia
jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues con ello determinaría si se
ha cumplido o no con los compromisos asumidos por el Estado de que se
trate.
6.8. De manera que: “60. La obligación del cumplimiento del derecho
convencional obliga a todas las autoridades y órganos nacionales, con
independencia de su pertenencia a los poderes legislativo, ejecutivo o
judicial, toda vez que el Estado responde en su conjunto y adquiere
responsabilidad internacional ante el incumplimiento de los instrumentos
internacionales que ha asumido…”186. Con ello se persigue evitar que el
Estado al que pertenecen, sea responsable internacionalmente por violar
compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos.
7.

Sobre la aplicación del margen nacional de apreciación

7.1. Se entiende por margen de apreciación un criterio hermenéutico que
permite entregar deferencia a los Estados Partes de un tratado internacional
para decidir algunos asuntos de difícil consenso, especialmente en materias
morales controvertidas. Se trata de una doctrina creada por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y que es frecuentemente empleada por tal
magistratura. No sucede lo mismo en el sistema interamericano de derechos
humanos. Muy por el contrario, la jurisprudencia de la Corte Interamericana
185

Véase párrafo 68 Caso Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de marzo de 2013. Caso Gelman vs. Uruguay. (Subrayado es
nuestro).
186 Voto razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación con la sentencia de la Corte
Interamericana de derechos Humanos en el Caso Cabrera García y Montiel flores vs. México, de 26 de noviembre de
2010.
Página 135 de 147


sugiere una creciente distancia a cualquier aplicación del margen de
apreciación187.
7.2. Para desconocer ese carácter de vinculatoriedad al que nos hemos
referido, el Tribunal Constitucional acude a la tesis del “margen nacional de
apreciación”. En efecto, el consenso señala que El Tribunal Constitucional
considera que en el caso que nos ocupa es viable aplicar la tesis del “margen
de apreciación”, en lo que respecta a la determinación del significado y
alcance de la noción de extranjeros en tránsito, ya que la cuestión de la
nacionalidad resulta un tema particularmente sensible para todos los
sectores de la sociedad dominicana. En este orden, entiende, tal y como se
ha expuesto en páginas anteriores, que los extranjeros carentes de una
autorización de residencia en el país deben ser asimilados a la categoría de
extranjeros en tránsito, que, como se ha explicado anteriormente, es una
noción propia del Derecho constitucional y del Derecho migratorio
dominicanos, en cuya virtud los hijos de esa categoría de personas no
adquieren la nacionalidad dominicana aunque hayan nacido en el territorio
nacional188.
7.3. Ahora bien, ¿cabe hablar de margen de apreciación cuando la materia y
el punto de derecho (noción de tránsito, ) ya fue determinado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos? En ese sentido, se han pronunciado
algunos doctrinarios cuando afirman que cuando la Corte exige que el
control de convencionalidad se haga no solo en relación con la norma
interna vs la norma del tratado, cuestión que se corresponde a una actividad
propiamente legislativa, sino que además, en relación con la propia
interpretación que la propia corte da de dicha norma, cuestión que ya se
sitúa en la esfera jurisdiccional, el margen de apreciación que puedan tener

Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) v. Costa Riva, Sentencia de excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas, del 28 de noviembre del 2012.
188 Párrafo 2.12 de las páginas 72 y 73 de la presente sentencia.
187

Página 136 de 147

los órganos internos pasa a ser mínimo189. A lo cual agregamos que no cabe
hablar de margen de apreciación cuando ya ha habido un pronunciamiento
de la Corte Interamericana respecto de un asunto que ha decidido este
tribunal en la sentencia de la cual discrepamos.
7.4. Asimismo, la doctrina es conteste en el sentido de que permitir un
margen de apreciación de los Estados al aplicar y por tanto interpretar los
derechos, es incompatible con la efectiva protección de los derechos
humanos, toda vez que el tribunal que lo ha aplicado es un órgano del sistema
que se tiene actualmente como uno de los más efectivos en la protección de
tales derechos190, por lo que en la especie no hay posibilidad alguna de
sustentarse en el estándar del margen nacional de apreciación, contrario a lo
que invoca el consenso.
8. La recurrente Juliana Deguis al ser desprovista de la nacionalidad
dominicana queda apátrida
8.1.
Tal como el consenso de este tribunal señala, en virtud del artículo 1
de la Convención para reducir los casos de apatridia, “todo Estado
contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que
de otro modo sería apátrida”.
8.2.
Asimismo, el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del
Niño dispone que El niño será inscripto inmediatamente después de su
nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser
cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos
derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que

Delpiano Lira, Cristián y Quindimil López, Jorge Antonio. “La Protección de los Derechos Humanos en Chile y
el margen de apreciación nacional: fundamentos jurídicos desde la consolidación democrática”. Biblioteca
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. P. 21.
190 Benavides Casals, María Angélica. “El consenso y el margen de apreciación en la protección de los derechos
humanos”. Revista Ius et Praxis, 15 (1): 295-310, 2009.
189

Página 137 de 147


hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en
esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
8.3.
En ese mismo sentido, la Declaración Universal de derechos del
Hombre de 1948, en su Art. 15, reza que "toda persona tiene derecho a una
nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del
derecho a cambiar de nacionalidad".
8.4.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional alega que ninguno de los
citados mandatos internacionales aplica al caso que nos atañe, ni a ningún
otro caso de similar o de igual naturaleza. En efecto, tal negativa por parte
del Estado dominicano de otorgar su nacionalidad a los hijos de extranjeros
en tránsito bajo ninguna circunstancia genera una situación de apatridia.
En el caso particular de los hijos de padres haitianos en tránsito, cabe
resaltar que el artículo 11.2 de la Constitución haitiana de 1983, aplicable
en la especie, estipula expresamente que obtendrán nacionalidad haitiana
originaria todos aquellos individuos nacidos en el extranjero de padre y
madre haitianos191
8.5.
De manera que, con respecto al derecho a la nacionalidad para los
hijos de haitianos en República Dominicana, se sustenta una inaplicabilidad
del jus soli de la Constitución Dominicana debido al jus sanguini’ previsto
en la Constitución Haitiana, en virtud de que esta última “prevé el principio
de sujeción perpetua a la nacionalidad haitiana respecto a los hijos de
nacionales haitianos, en razón de lo cual se imposibilita la pérdida de dicha
nacionalidad una vez adquirida por nacimiento o posteriormente”.
8.6.
Conviene superar la creencia errónea de que el Jus Sanguinis excluye
al Jus Soli, es decir que si la Constitución del país de los ascendientes del
hijo nacido en territorio distinto al de estos últimos prevé la posibilidad de
adquirir la nacionalidad de estos, se pierde la reconocida por el hecho del
191

Párrafo 3.1.2. de la página 75 de la presente sentencia.

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lugar del nacimiento. Por lo general, ambos criterios (jus soli y jus sanguinis)
no se excluyen, sino que son combinados por las legislaciones de la mayoría
de los países. Ahora bien, cuando de lo que se trata es de adquirir una
nacionalidad que no se posee por nacimiento, normalmente los caminos para
obtenerla son el matrimonio, la naturalización o la elección. En ninguno de
estos casos se confiere la nacionalidad automáticamente. Sin embargo, la
posición que externa el consenso es: exclusión de la nacionalidad
dominicana por el jus sanguinis de la Constitución haitiana, lo cual configura
una excepción que no está contenida en la Constitución dominicana, ni del
1966 ni en la actual del 2010192.
8.7.
Además, cabe precisar, como lo ha hecho un doctrinario del derecho
constitucional dominicano que la nacionalidad natural (sea por jus soli o
por jus sanguini) nace directa y operativamente de la Constitución a favor
de los nacidos en territorio dominicano, de donde se infiere que la ley que
reglamente esta nacionalidad tiene el deber de atribuir tal nacionalidad y
no puede regularla para suprimirla a una categoría de individuos. La
nacionalidad territorial (jus soli) depende de un hecho involuntario que
afecta a un ser que hasta el momento de nacer no tiene en principio otra
nacionalidad que la que le da la Constitución. Esta se otorga por mandato
constitucional a quienes no se encuentran en una de las situaciones que
limitativamente señala la Constitución, situaciones excepcionales que deben
ser interpretadas en sentido restrictivo193.
8.8.
Asimismo, ni el artículo 11 de la Constitución de mil novecientos
sesenta y seis (1966), tampoco el artículo 18 de la Constitución del 2010
excluyen la nacionalidad dominicana si por filiación (ius sanguinis) se
obtiene la nacionalidad de sus progenitores. Las excepciones han sido los
hijos de los diplomáticos y los que estuvieran en tránsito, a lo cual se agregó
en el dos mil diez (2010) los residentes ilegales en el territorio dominicano,
192
193

Ver párrafo 8.8 del presente voto disidente.
Eduardo Jorge Prats. El Derecho a la nacionalidad. Periódico Hoy. 14 de octubre de 2005.

Página 139 de 147


por lo que resulta plenamente aplicable el principio de interpretación jurídico
según el cual “donde la norma no distingue no le corresponde distinguir al
intérprete, no resultando jurídicamente viable deducir por esta vía, reglas
constitucionales implícitas que contraríen el texto mismo de la
Constitución”194.
8.9.
En adición a lo anterior valdría recordar lo dispuesto en el artículo 19
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que
establece que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente
le corresponde, y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro
país que esté dispuesto a otorgársela”.
8.10. De manera que, al sustentarse en el ius sanguinis de la Constitución
haitiana para inaplicar el ius soli de la Constitución dominicana se promueve
la condición de apátrida de la recurrente Juliana Deguis, por cuanto ésta
tendría que someterse a un procedimiento cuya duración la dejaría
desprovista de personalidad jurídica y vulnerable, situación que se agrava
pues la recurrente no tiene ningún vínculo con Haití, y está siendo no sólo
desnacionalizada, sino forzada a ser haitiana.
8.11. La suscrita entiende que las medidas de la Junta Central Electoral que
dieron al traste con la situación que padece Juliana Deguis, y las que también
está dictando este tribunal en la presente sentencia, al extenderse de manera
indeterminada en el tiempo, dejan a la recurrente y a miles de personas que
serán afectadas por los efectos de este fallo, en un estado de inseguridad
jurídica mientras tanto se resuelvan sus casos, permaneciendo como
apátridas, pues de nada le valdrá que le devuelvan un certificado de
declaración de nacimiento que el propio fallo afirma es irregular, pues es
criterio del consenso que la recurrente señora Juliana Dequis (o Deguis)
Pierre, si bien nació en el territorio nacional, es hija de ciudadanos
extranjeros en tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la
194

Sentencia 317/12 de la Corte Constitucional de Colombia.

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nacionalidad dominicana, de acuerdo con la norma prescrita por el artículo
11.1 de la Constitución de la República promulgada el veintinueve (29) de
noviembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente a la fecha de su
nacimiento 195.
8.12. En definitiva, al ser desnacionalizada deviene en apátrida.
Consciente de ello, el consenso plantea alternativas efímeras que tendrán
efectos inútiles, al ordenar que la Dirección General de Migración, otorgue
un permiso especial de estadía temporal en el país a la señora Juliana Dequis
(o Deguis) Pierre, hasta que el Plan nacional de regularización de los
extranjeros ilegales radicados en el país previsto en el artículo 151 de la Ley
General de Migración núm. 285-04 determine las condiciones de
regularización de este género de casos.
8.13. Así, la jurisprudencia de esta Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la citada sentencia de las niñas Yean y Bosico ha establecido
que “la persona apátrida no tiene personalidad jurídica reconocida, ya que
no ha establecido un vínculo jurídico-político con ningún Estado, por lo que
la identidad y en consecuencia la nacionalidad, son prerrequisitos del
reconocimiento de la personalidad jurídica196”.
8.14. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha
manifestado indicando que “la falta del reconocimiento de la personalidad
jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su
condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no
observancia de sus derechos por el Estado o por particulares” 197.
8.15. En tal virtud, la Corte ordenó al Estado dominicano a tomar medidas
legislativas, administrativas y recursos para la emisión de las actas de
nacimiento, especialmente a personas nacidas en territorio dominicano de
195

Ordinal Segundo de la parte resolutiva de la presente sentencia. Pág. 96.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana.
197 Párrafo 179. Ídem.
196 Párr. 178.

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origen haitiano, pues de lo contrario quedarían apátridas198, por lo que
nuestro país se encuentra en violación de su obligación internacional de
cumplir, luego de nueve años de haber sido dictada, la sentencia de la referida
Corte supranacional.
8.16. Y más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
sentencia del 23 de noviembre del 2006, desestimó la demanda de
interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas interpuesta por el Estado dominicano respecto del Caso
de las Niñas Yean y Bosico. En este sentido expresó:
21. En su demanda de interpretación el Estado dividió sus
alegaciones en cuatro acápites… En el apartado c) sobre la
apatricidad199, señaló que las niñas nunca fueron apátridas, ya que
podrían haber adquirido la nacionalidad haitiana200, la que tienen
sus abuelos… 22. De lo anterior, la Corte observa que en los
referidos literales el Estado busca controvertir lo establecido en la
Sentencia respecto de que, en primer lugar, Dilcia Yean y Violeta
Bosico nacieron en la República Dominicana, y que por ello son de
nacionalidad dominicana, en virtud del principio del ius soli,
conforme a lo señalado en los párrafos 109.6, 109.7, 109.12, 144 y
158 de la mencionada Sentencia. En segundo lugar, el Estado
rechazó lo establecido en los párrafos 173 y 174 de la Sentencia, que
disponen que el Estado tiene responsabilidad internacional porque
“incumplió con su obligación de garantizar los derechos
consagrados en la Convención Americana”, ya que incurrió, en
perjuicio de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, en una
“privación arbitraria de su nacionalidad, y las dejó apátridas por
más de cuatro años y cuatro meses, en violación de los artículos 20

198

Párrafo 239. Ídem.
Subrayado es nuestro.
200 Subrayado es nuestro.
199

Página 142 de 147


y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de
la misma”.
8.17. De lo anterior se advierte que, en primer lugar, este tribunal
constitucional en base a criterios exactamente iguales a los invocados por el
Estado dominicano en aquella demanda que le fue desestimada ha decidido
el caso de Juliana Deguis, con la agravante de que también se ordena la
adopción de medidas con carácter retroactivo, que tendrán por efecto
desnacionalizar a personas dominicanas de origen haitiano que no son partes
en el presente recurso de revisión. En segundo lugar, la presente sentencia
pone en riesgo de otra condena internacional al Estado dominicano.
9. La sentencia contiene medidas
fundamentos y su parte resolutiva

contradictorias

con

sus

9.1.
El fallo respecto del cual discrepamos adolece de un verificable
contrasentido, pues no obstante a que en todo su desarrollo se sustenta en la
tesis de que la declaración del nacimiento de la señora Deguis se realizó de
manera irregular, en su parte resolutiva se adopta la medida siguiente:
TERCERO: DISPONER, en contrapartida, que la Junta Central Electoral,
en aplicación de la Circular No. 32 emitida por la Dirección del Registro
del Estado Civil el diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011), adopte
las siguientes medidas: a) restituya en un plazo de diez (10) días laborables,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, el original de su
certificado de declaración de nacimiento a la señora Juliana Dequis (o
Deguis) Pierre. De ahí que cabría preguntar de qué le servirá a la recurrente
un certificado de acta de nacimiento que el Tribunal Constitucional ha
afirmado no sólo que es irregular, sino que a esta no le corresponde la
nacionalidad dominicana201.
201

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión, y, en consecuencia, REVOCAR la
referida Sentencia No. 473/2012, ya que la recurrente señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, si bien nació en el
territorio nacional, es hija de ciudadanos extranjeros en tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la
nacionalidad dominicana, de acuerdo con la norma prescrita por el artículo 11.1 de la Constitución de la República
Página 143 de 147


9.2.
Además, es ostensible que el fallo incurre en manifiesta
contradicción cuando al afirmar que el acta de nacimiento de la recurrente es
irregular y que no le corresponde la nacionalidad dominicana, se “proceda a
someter dicho documento al tribunal competente, tan pronto como sea
posible, para que este determine su validez o nulidad”. Entre las causas que
originan tales contradicciones está el hecho de que este tribunal
constitucional, tal y como indicamos en el desarrollo del título 3 del presente
voto disidente, ha resuelto cuestiones de legalidad ordinaria estando
apoderado de un recurso de revisión de sentencia amparo.
10. Sobre la aplicación del efecto inter comunis en la sentencia
10.1. En primer lugar es preciso destacar que cuando el literal c) del ordinal
3ro del fallo ordena que se, “proceda de la misma manera respecto a todos
los casos similares al de la especie, con el debido respeto a las
particularidades de cada uno de ellos, ampliando del aludido plazo de diez
(10) días cuando las circunstancias así lo requieran”, se viola el principio de
relatividad de las sentencias de amparo, según el cual los efectos son inter
partes, por lo que sólo benefician o perjudican a quienes han sido partes.
Adviértase que este Tribunal está apoderado de un recurso de revisión de
sentencia de amparo, en el cual la recurrente es Juliana Deguis y la Junta
Central Electoral es la entidad del Estado que figura como recurrida.
10.2. De lo anterior se deriva que la acción de amparo se traba entre una
persona o personas que denuncian la vulneración de sus derechos
fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa dicha violación.
Sin embargo, en esta sentencia se adoptan medidas cuyos efectos rebasan el
ámbito de quienes han sido partes del proceso, utilizando como justificación

promulgada el veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente a la fecha de su
nacimiento. Pág. 96 de la presente sentencia.
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para tal actuación la aplicación del efecto inter comunis, el cual ha sido
empleado antes por la Corte Constitucional de Colombia.
10.3. En la especie, el consenso indica que conviene señalar que los
elementos que configuran la especie obligan al Tribunal Constitucional a
adoptar medidas que trascienden la situación particular de la señora
Juliana Dequis ( o Deguis) Pierre, otorgando a esta sentencia efectos inter
comunis, puesto que tiende a proteger los derechos fundamentales de un
amplísimo grupo de personas inmersas en situaciones que desde el punto de
vista fáctico y jurídico coinciden o resultan similares a la de la recurrente.
En ese sentido, este Tribunal estima que, en casos como el que ocupa nuestra
atención, la acción de amparo rebasa el ámbito de la vulneración particular
que reclama el accionante, y que su mecanismo de tutela debe gozar del
poder expansivo y vinculante que permita extender la protección de los
derechos fundamentales a otras personas ajenas al proceso que se
encuentren en situaciones análogas.
10.4. En efecto, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que
en casos excepcionales, cuando la protección de derechos fundamentales de
los peticionarios atenta contra derechos fundamentales de los no tutelantes,
la Corte Constitucional ha admitido que los efectos de las sentencias de
tutela proferidas en el trámite de revisión de los fallos de instancia, se
extiendan a personas que no han instaurado la acción respectiva, por
considerar que al conceder el amparo exclusivamente en beneficio de los
tutelantes, sin considerar los efectos que tal decisión tendría frente a quienes
no interpusieron la acción de tutela, podría implicar la vulneración de otros
derechos fundamentales. 202
10.5. La Corte Constitucional colombiana mediante el auto 244 del
veintitrés (23) de julio de dos mil nueve (2009) justifica la aplicación del

202

Cfr. Sentencia No. 698/10 del 6 de septiembre del año 2010 de la Corte Constitucional de Colombia.

Página 145 de 147


efecto inter comunis en la existencia de un estado de cosas inconstitucional,
el cual se ha definido a través de los siguientes criterios:
(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos
constitucionales que afectan a un número significativo de personas.
(ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de
sus obligaciones para garantizar derechos; (iii) la adopción de
prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de
tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho
conculcado; (iv) la existencia de un problema social cuya solución
compromete la intervención de varias autoridades y la adopción de
un conjunto complejo y coordinado de medidas; (v) la congestión
judicial que genera y generaría que todas las personas afectadas
acudieran a la acción de tutela para la protección de sus derechos
por idéntica causa.
10.6. Ahora bien, en el presente caso no procedía otorgar efecto inter
comunis a la sentencia, puesto que tal como claramente se expone, el objetivo
de esta figura es proteger en debida forma los derechos fundamentales,
garantizando la integridad y supremacía de la Constitución, situación que tal
como hemos abordado en el desarrollo del presente voto disidente no se
configura en la especie, en razón de que las medidas tomadas por este
consenso no tutelan efectivamente los derechos fundamentales de la
recurrente, al dejarla desprovista de la nacionalidad dominicana, deviniendo
en apátrida.
10.7. Por tanto, no existe justificación ni legitimación que permita alterar
la regla según la cual las sentencias de amparo tienen un efecto inter partes,
ya que en este caso no existe razón alguna para que los efectos del fallo sean
inter comunis, pues este se limita a ordenar medidas de carácter provisional
que no benefician a la accionante ni a otros en situación similar a la de esta,
en la protección efectiva de sus derechos fundamentales. Muy por el
Página 146 de 147


contrario. El consenso ha determinado que la señora Juliana Dequis (o
Deguis) Pierre, si bien nació en el territorio nacional, es hija de ciudadanos
extranjeros en tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la
nacionalidad dominicana, de acuerdo con la norma prescrita por el artículo
11.1 de la Constitución de la República promulgada el veintinueve (29) de
noviembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente a la fecha de su
nacimiento, por lo que se ha agravado su situación, al despojarla de la
nacionalidad dominicana, dejarla en estado de apátrida y constreñirla a
solicitar la nacionalidad haitiana. De ahí que en atención al efecto inter
comunis que ha abrazado el consenso, miles de personas que nacieron en
suelo dominicano y sus padres sean de origen haitiano, aun cuando hayan
sido declarados en el registro civil, como lo fue Juliana Deguis, serán
también desnacionalizados, máxime cuando las medidas que contiene la
presente sentencia se retrotraen al veintiuno (21) de junio de mil novecientos
veintinueve (1929).
Finalmente, y dado los motivos expuestos en el contenido de este voto,
reiteramos nuestro desacuerdo rotundo con la sentencia alcanzada con los
votos favorables de la mayoría de jueces de este tribunal constitucional.
Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y
año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez
Secretario

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