Haiti - Republique Dominicaine: Sentencia TC 0275 13 C

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0275/13
Referencia: Expediente núm. TC-052013-0036, relativo al recurso de
revisión constitucional en materia de
amparo interpuesto por la Junta
Central Electoral, contra la Sentencia
núm. 708-2012, dictada por la
Cámara Civil y Comercial del
Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de San Pedro de
Macorís, en fecha treinta (30) de
noviembre de dos mil doce (2012).
En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo,
República Dominicana; a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos
mil trece (2013).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los Magistrados
Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza
Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto;
Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro
Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David,
Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia
Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha
trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
Sentencia TC/0275/13. Expediente núm. TC-05-2013-0036, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de
amparo interpuesto por la Junta Central Electoral, contra la Sentencia núm. 708-2012, dictada por la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha treinta (30) de
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I.
1.

ANTECEDENTES

Descripción de la sentencia recurrida

La Sentencia núm. 708-2012, objeto del presente recurso de revisión
constitucional en materia de amparo, fue dictada por la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro
de Macorís, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012). Dicho
fallo acogió la acción de amparo incoada por la señora Yanelis Sego Basil, en
fecha tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012), contra la Junta Central
Electoral.
2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo
En el presente caso, la recurrente, Junta Central Electoral, apoderó a este
tribunal constitucional del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado,
en fecha uno (1) de febrero de dos mil trece (2013), por ante la Secretaría de la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de San Pedro de Macorís y remitido a este tribunal constitucional el
veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013). El referido recurso se
fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante.
El recurso anteriormente descrito fue notificado por la Junta Central Electoral
a la recurrida Yanelis Sego Basil mediante el Acto núm. 66/2013, de fecha
cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013), instrumentado por el ministerial
Ángel Luis Rivera Acosta, alguacil de estrados de la Suprema Corte de
Justicia.
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3.

Fundamentos de la sentencia recurrida

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:
PRIMERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la acción
en amparo incoada por la señora YANELIS SEGO BASIL, en contra
de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, mediante instancia de fecha 3
de Septiembre de 2012, suscrita por los Dres. GENARO RINCÓN
MIESES, GREGORIA CORPORÁN RODRÍGUEZ, ROBERTO
ANTUAN JOSÉ, MANUEL JESÚS DANDRE MARÍA MARTÍNEZ,
BIENVENIDO DOTEL PÉREZ y KENIA CHAMPANTIER.
SEGUNDO: En cuanto al fondo de la indicada acción de amparo,
ACOGE, las pretensiones del demandante y, en consecuencia: A)
Declara que la JUNTA CENTRAL ELECTORAL ha violado derechos
fundamentales del impetrante, tales como el derecho a la dignidad
humana, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la
nacionalidad, a la identidad, al desarrollo de su personalidad,
derechos de ciudadanía, al trabajo y a la educación; B) ORDENA a la
JUNTA CENTRAL ELECTORAL autorizar al Director General de
Cedulación y a las Juntas Electorales del municipio de San José de
Los Llanos a entregar la cédula de identidad y electoral
correspondiente al demandante; y C) Condena a la JUNTA CENTRAL
ELECTORAL a pagar a favor de cada uno de los demandantes una
astreinte provisional, por la suma de Un Mil Pesos Dominicanos Con
00/100 (RD$1,000.00), por cada día de retardo en cumplir con la
obligación que se le impone mediante esta sentencia, a partir de los
diez días siguientes a su notificación. TERCERO: Declara libre de
costas la acción en amparo en cuestión. CUARTO: Declara que la
presente sentencia es ejecutoria provisionalmente y sin necesidad de
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prestación de fianza, no obstante la interposición de cualquier recurso
en su contra. (sic)
Los fundamentos dados por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís son los
siguientes:
8. Que en tales condiciones, hemos arribado a las conclusiones
siguientes: A) Que el acta de nacimiento Registrada con el No. 00372,
Folio No. 0172, Año 1995, Libro No. 00084, constituyen el requisito
indispensable para que la JUNTA CENTRAL ELECTORAL le expida
su acta de Nacimiento, dicha inscripción de nacimiento fue hecha por
un funcionario competente, sin que exista ninguna evidencia de que
haya sido anulada judicialmente; B) Que la solicitud No. 2011-0240014528, en el Centro de Cedulación de San José de Los Llanos,
también constituye un requisito indispensable para que la Dirección
Nacional de Cedulación expida la cédula de identidad y electoral al
ciudadano en cuestión; C) Que aunque ciertamente la ley faculta a la
Junta Central Electoral a disponer todo lo concerniente a la
formación, depuración y conservación del Registro Electoral,
incluyendo hasta facultades reglamentarias, como atinadamente alega
la parte demandada en su escrito justificativo de conclusiones,
conviene precisar que el uso de tales facultades no escapa al control
de legalidad y constitucionalidad a que está sometida toda actuación
de la administración, lo que permite determinar su validez tanto
formal como material; D) Que la parte demandada alega también en
su escrito justificativo de conclusiones, que “los padres son
extranjeros que ingresaron al país para trabajar por un tiempo
determinado lo cual lo convierte en un extranjero en tránsito”; E) Que
este tribunal entiende que la controversia planteada en el sentido
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antes indicado debe resolverse a la luz de la Constitución y de la
legislación vigentes al momento del nacimiento de los impetrantes y
no de ninguna otra Constitución ni legislación posterior, por
aplicación del principio de validez universal de irretroactividad de la
ley, consagrado en la Constitución dominicana desde el nacimiento
mismo de la República; F) Que en consecuencia, cabe precisar que la
Constitución vigente para el periodo en que nació el impetrante, era la
Constitución proclamada por la Asamblea Nacional en fecha 28 de
Noviembre de 1966, la cual, en el aspecto comentado, establecía lo
siguiente: “Artículo 11.- Son dominicanos: 1.- Todas las personas que
nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos
legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación
diplomática o los que estén de tránsito en él. . ./”; G) Que cabe
resaltar que la Constitución antes citada no contempla la noción de
“extranjeros transeúntes”, sino que era la Sección V del Reglamento
No. 279/39, del 12 de Mayo de 1939, para la Aplicación de la Ley de
Inmigración No. 95/39, que establecía dicha noción diciendo que “son
las personas que transitan a través del territorio de la República en
viaje al extranjero”, para lo cual se fijaba un límite temporal de no
más de diez días; y H) Que en el sentido comentado, conviene citar el
criterio externado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
al observar que “(. . .), para considerar a una persona como
transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se
utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser
coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos
en un Estado (en la especie, trabaja, estudia, vive, etc.) no puede ser
equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito” (Ver
Sentencia de fecha 8 de Septiembre de 2005; Caso de la Niñas Yean y
Bosico Vs. República Dominicana). (sic)
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9.- Que la nacionalidad es definida como “la pertenencia jurídica y
política de una persona a la población que constituye un Estado”
(DALLOZ, Encyclopédie; Civil; L-PAI; nationalité, pág. 6; 1998). Que
este tribunal comparte el criterio externado por el Magistrado Samuel
A. Arias Arzeno, quien, refiriéndose a la nacionalidad, expresa que
“Se trata pues, de un vínculo efectivo y real entre la persona y el
Estado, que queda caracterizada por el vínculo de la persona con los
demás nacionales del Estado, su pertenencia, desarrollo de vida
común, incluyendo la educación en territorio dominicano” (“La
Constitución de la República Dominicana Comentada por los Jueces
del Poder Judicial”, Octubre 2006, Paginas 196-209). Por lo general,
existen dos sistemas fundamentales para determinar la nacionalidad
de una persona, a saber: 1) El que toma en consideración el territorio
de Estado en el que se produce el nacimiento (ius solis); y 2) El que
toma como referencia la nacionalidad de los padres,
independientemente del lugar donde nacen (ius sanguinis). Que como
sigue expresando el autor citado, este tribunal entiende que del
primero de dichos sistemas (ius solis) se beneficia toda criatura que
nace en el territorio de la República y no sus padres, puesto que se
trata de una persona que es “sujeto de derecho”, en algunos casos
hasta antes de su nacimiento (Artículo 725 del Código Civil, que
permite al concebido beneficiarse de una sucesión, a condición de que
nazca viable), y no un simple “objeto de derecho”. Que ante el
manoseado argumento (esgrimido también por la parte demandada de
que los hijos de inmigrantes ilegales no pueden ser considerados
dominicanos, “porque una ilegalidad no pueda dar lugar a una
legalidad”, cabe preguntarnos, con el mismo autor, “si el hijo de una
reclusa nace recluso; o si el hijo fugitivo nace evasor de la ley y la
justicia”. La respuesta, por obvia, la omitimos. (sic)
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12. Que así las cosas, este tribunal entiende que la actitud de la
JUNTA CENTRAL ELECTORAL en el caso que nos ocupa,
ciertamente constituye una violación a derechos fundamentales del
accionante en amparo, tales como el derecho a la dignidad humana, a
la igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la nacionalidad, a
la identidad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, al
desarrollo de su personalidad, derechos de ciudadanía, al trabajo y a
la educación; que en consecuencia, procede acoger la acción de
amparo de que se trata y ordenar a la parte demandada, JUNTA
CENTRAL ELECTORAL, autorizar al Director General de
Cedulación y a la Junta Central Electoral del municipio de San José
de Los Llanos entregarles su acta de nacimiento y su cédula de
identidad y electoral correspondiente al impetrante, ya que se
encuentra inscrito con el No. 2011-024-0014528, en la Junta Central
Electoral para fines de cedulación. (sic)
13.- Que los demandantes solicitan, además, que se condene a los
demandados a pagarles una astreinte por la suma de RD$100,000.00,
por cada día de retardo en cumplir con la sentencia que intervenga.
Que en este sentido, cabe señalas que la astreinte constituye un
procedimiento indirecto de coacción de origen jurisprudencial, hoy
consagrado por la ley, consistente en una condenación pecuniaria,
conminatoria y accesoria, dirigida a asegurar la ejecución principal
contenida en una sentencia (Ver Suprema Corte de Justicia, Casación
Civil de fecha 16 de Enero de 2002, Boletín Judicial 1094, Páginas
18-30, citada por Napoleón R. Estévez Lavandier en su obra “Ley No.
834 de 1978, Santo Domingo, R. D., 2004, Pág. 235”); que en la
especie, entendemos que procede acoger las pretensiones de los
demandantes en el sentido comentado y condenar a la parte
demandada a pagarles una astreinte provisional, pero no por la suma
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solicitada, por considerarla exorbitante, sino por la que se indicará en
el dispositivo de esta sentencia. (sic)
4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión
constitucional en materia de amparo
La recurrente en revisión, Junta Central Electoral, pretende que se retracte la
sentencia objeto del recurso y que se declare no conforme con la Constitución
el acta de nacimiento de la señora Yanelis Sego Basil, alegando, entre otros
motivos, los siguientes:
a) Que la entonces impetrante, YANELIS SEGO BASIL, fue inscrito de
manera irregular ante la Oficialía del Estado Civil de la Oficialía del Estado
Civil de San José de Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís en el
registro marcado con el número 00372, libro 00084, folio 0172 del año 1995,
hija de los señores Alisten Segó y Estilin Basil, ambos de nacionalidad
haitiana. (sic)
b) Que a pesar de no tener una cédula de residentes permanentes ni
pasaporte, ni ningún otro documento válido que conste en el expediente, el
tribunal a quo le “otorga la presunción de legalidad y residencia, “POR
USUCAPIÓN”, ya que sus padres, sin que tampoco conste prueba alguna
están en el país desde el 1974. (sic)
c) Que el acta de Nacimiento con la cual se pretende lograr la Cédula de
Identidad y Electoral objeto de la acción de amparo, los padres de los
inscritos son extranjeros que de manera ilícita e irregular han inscrito a sus
hijos en los libros de Registro del estado civil, en franca violación del texto
constitucional vigente al momento de la declaración, lo cual ha sido obviado
por la sentencia atacada por el presente recurso. (sic)
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d) Que nuestra legislación es clara y precisa al establecer QUE NO
TODOS LOS NACIDOS EN TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA NACEN DOMINICANOS. En tales casos, si no son residentes
permanentes, deberán hacer, en principio, su inscripción por ante la
delegación diplomática del país de origen. (sic)
e) Que la determinación de la nacionalidad es un asunto de derecho interno
que corresponde a cada estado, como expresión de su soberanía nacional, de
manera que, los patrocinadores internacionales de esta acción, fundaciones
cuyas casas matrices se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica,
Canadá y Reino Unido no pretenden otra cosa sino cometer flagrantes actos
de injerencia que menoscaban nuestra soberanía y nuestra Constitución,
debilitando las facultades de las Instituciones que como la Junta Central
Electoral solo están cumpliendo la Ley, acciones estas que encuentran a veces
la connivencia de abogados y jueces que por convicciones personales, obvian
el hecho de que su primera obligación está en cumplir y hacer cumplir la
constitución y las leyes. (sic)
f) Que al accionar en amparo en contra del a Junta Central Electoral, el
accionante ha sido justificados mediante sentencia con patente de corso para
validar la violación de la Ley y en tal virtud reclamar a “punta de astreinte”
un supuesto derecho cuya fuente de los mal llamados “derechos adquiridos”,
ya que esta figura es inherente al derecho laboral, relativo a los derechos
expresamente atribuidos por la ley a los trabajadores como consecuencia de
su relación jurídica con su empleador y que son irrenunciables, los cuales,
paradójicamente están reglamentados, en oposición a los “derechos
adquiridos” que argumentaron los amparistas que están fundamentados en
una inexistente atribución de que la violación a la ley es una fuente de
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derecho absoluto e incuestionable, lo cual, mediante la sentencia del tribunal,
ha sido confirmado. (sic)
g) Que “la determinación de la nacionalidad e inmigración es tan
claramente un asunto de derecho interno de las naciones que NADIE ha
atacado el “Principio de los Pies Secos” aplicado en su política migratoria por
los Estados Unidos de Norteamérica” (sic).
h) Que la Junta Central Electoral es consciente de que ha habido un grave
error por parte del juzgador, quien ha desnaturalizado los hechos y
documentos puestos a su cargo y que conforman el proceso atacado, ya que,
incluso, la base principal para la emisión del fallo atacado, como ha sido
detallado anteriormente, no menos cierto es que la misma va en contra de lo
establecido por nuestra norma suprema, que es la Constitución, la cual
otorga facultades reglamentarias a la Junta Central Electoral en los asuntos
de su competencia y es en base a las mismas que la hoy impetrante ha
resuelto, durante el último quinquenio que, en todo caso, sea establecido un
procedimiento de depuración del Registro Civil Dominicano, afectado por la
constante vulneración del mismo por diferentes motivos, cuando el mismo
debía ser fortalecido por ser éste el fundamento de la identidad de los
ciudadanos y ciudadanas dominicanos (as) por lo que, esta institución asumió
la responsabilidad legal e histórica de iniciar de manera decidida y continua
el saneamiento del mismo. (sic)
i) Que la Ley faculta a la Junta Central Electoral a tomar todas las
previsiones tendentes al control y depuración de las solicitudes de documento
de identidad, a los fines de fortalecer el proceso de depuración del Registro
Electoral y, si razonamos de acuerdo con la máxima “lo accesorio sigue la
suerte de lo principal”, siendo el acta de nacimiento el documento principal
que da origen a la Cédula, y la Ley le permite a la Junta Central Electoral
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investigar y tomar cuentas medidas entienda pertinente para la depuración
del Registro Electoral, habría que preguntarse cómo depura cualquier cosa
sino radiando, alejando todo elemento que sea ajeno al conjunto que se
encuentra en depuración, lo que, en ningún caso es discriminatorio. (sic)
j) Que esta actuación no viola el principio de irretroactividad de la Ley,
sino que la Junta Central Electoral, dentro de sus facultades, ha sometido la
solicitud a investigación y los amparitas tienen la oportunidad de aportar
todos los documentos que avalen la licitud y procedencia de las solicitudes de
cédula. (sic)
k) Que hay que recalcar que obtener de manera fraudulenta y contraria a
la constitución una inscripción, no le otorga derecho de nacionalidad ni de
ninguna otra índole ni a los amparitas ni a ninguna persona, pues no está
sino haciendo un uso indebido, ilícito e improcedente de dicha inscripción,
cuya impugnación, nulidad e inconformidad puede ser hecha por todas las
vías de derecho, tal como concluyó la Junta Central Electoral al solicitar que,
haciendo control difuso de la Constitución, la declarara no conforme con la
Constitución y en consecuencia, de pleno derecho, nulo. (sic)
l) Que mediante Resolución 12-2007, la Junta Central Electoral, en
procura del saneamiento del Registro Civil procede a establecer controles
mediante los cuales establece el procedimiento para la suspensión provisional
de la expedición de actas de Estado Civil viciadas o instrumentadas de
manera irregular, es decir, actas que han sido inscritas de forma fraudulenta,
ilegal y en violación de la Constitución de la República, instruyendo en ese
sentido a los Oficiales del Estado Civil a examinar minuciosamente las Actas
de Nacimiento o de cualquier otros documentos relativos al Estado Civil de la
personas. (sic)
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m) Que la Junta Central Electoral instruyó a los Oficiales del Estado Civil a
examinar muy particularmente las Actas de nacimiento recibidas en violación
del artículo 11 de la Constitución de la República, en el sentido de que se
recibieron declaraciones (como en el caso de marras) declaraciones de hijos
de extranjeros que se encontraban de tránsito en la República Dominicana,
por lo que, era necesario que las personas beneficiarias de tales
irregularidades, debían probar la condición de residentes legales en la
República Dominicana, y que, de no aportar pruebas de estatus legal o
residencia legal en el país, remitir el caso a la Junta Central Electoral, para
conocer del mismo y determinar, de acuerdo a la Ley, por lo que los oficiales
civiles tienen que abstenerse de expedir copias de actas irregulares. (sic)
n) Que el propio derecho internacional establece y reconoce que el estado
no está obligado a otorgar la nacionalidad de los nacidos en su territorio si el
interesado tiene el derecho a adquirir otra, criterio éste que es recalcado
históricamente por nuestra Constitución, como hemos visto anteriormente en
este criterio. (sic)
o) Que el propio derecho internacional establece y reconoce que el estado
no está obligado a otorgar la nacionalidad de los nacidos en su territorio si el
interesado tiene el derecho a adquirir otra, criterio éste que es recalcado
históricamente por nuestra Constitución, como hemos visto anteriormente en
este escrito. (sic)
p) Que cabe considerar que si los padres de los impetrantes, son
extranjeros y no pueden demostrar que han adquirido por las vías
correspondientes la nacionalidad Dominicana por vías legales, no podrían
transferir tal derecho de nacionalidad a sus hijos e hijas, puesto que la
legislación no establece tal procedimiento, sino que se debe cumplir con los
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requisitos de nuestra constitución política y de la Ley General de Migración.
(sic)
q) Que es preciso recalcar que las facultades reglamentarias que recaen
sobre la Junta Central Electoral validan las actuaciones de este organismo en
lo que respecta a la retención de Actas de Nacimiento cuyas irregularidades
sean notorias y exigir a los beneficiarios de las mismas que demuestren tener
la calidad que exige nuestra legislación para poder comparecer ante los
Oficiales del Estado Civil. (sic)
r) Que “tanto la ley como la jurisprudencia han establecido que las actas de
nacimiento para cuya instrumentación no se ha usado el procedimiento
correspondiente (como en los casos de la especie), pueden ser impugnadas por
todas las vías de derecho” (sic).
5. Hechos y argumentos de la recurrida en revisión constitucional en
materia de amparo
La recurrida en revisión, Yanelis Sego Basil, pretende que se confirme la
sentencia objeto del recurso, alegando, entre otros motivos:
a) Que en la acción de amparo no se hicieron peticiones en relación a la
facultad administrativa de la Junta Central Electoral, ni tampoco de si el
recurrido cumplió con los requisitos y procedimientos en la declaración; pues
esas son cosas que tampoco, al no estar apoderado la jurisdicción que evacuo
la sentencia recurrida, tampoco puede ser planteada en la acción en revisión.
(sic)
b) Que no ha establecido de forma alguna la recurrente los agravios
causado a la constitución, tratado internacionales de derechos humanos y a la
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ley la sentencia recurrida, por tanto, carece en consecuencia de relevancia y
trascendencia dicho recurso, porque de lo que se trata es de un derecho
fundamental muy vinculado los atributos de la persona, cuya protección
prevalece por encima de cualquier situación legal. (sic)
c) Que la recurrida pretende aplicar a los hechos la constitución política
del año 2010, a personas que nacieron con anterioridad a esta, todo lo cual
incurre en violación del principio universal de la irretroactividad de la ley;
pero su terquedad, expuesta con base racista o xenofóbica, queda establecido
cuando ignora el numeral 2 del artículo 18 de dicha constitución que
reconoce como nacional a todas personas que gozaban de ella antes de su
promulgación y entrada en vigencia; por lo que, los recurridos todos ya
tenían la nacionalidad previo a su promulgación. (sic)
6.

Pruebas documentales

En la especie, los documentos más relevantes son los que se describen a
continuación:
a) Sentencia núm. 708-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís,
en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012).
b) Copia de extracto de acta de nacimiento, de fecha veinticuatro (24) de
noviembre de dos mil once (2011), correspondiente a la señora Yanelis Sego
Basil (Libro núm. 00084, Folio núm. 0172. Acta núm. 00372, año 1995).
c) Copia de constancia de solicitud de nuevo inscrito, emitida por el Centro
de Cedulación de la Junta Central Electoral, de fecha veinticuatro (24) de
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noviembre de dos mil once (2011), correspondiente a la señora Yanelis Sego
Basil.
II.

7.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Síntesis del conflicto

En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente, y a
los hechos y alegatos de las partes, se trata de que la Junta Central Electoral se
ha negado a expedir la cédula de identidad y electoral solicitada por la señora
Yanelis Sego Basil, fundamentada en el hecho de que la solicitante fue inscrita
de manera irregular en la Oficialía del Estado Civil de San José de Los Llanos,
provincia San Pedro de Macorís, debido a que la madre figura con dos
nacionalidades, dominicana y haitiana, cuestión que está en proceso de
investigación.
La señora Yanelis Sego Basil considera que dicha negativa es violatoria de
varios derechos fundamentales, tales como: el derecho a portar la cédula de
identidad y electoral, derecho a la ciudadanía, el derecho a una identidad, el
derecho a un empleo digno, el derecho al matrimonio, el derecho a la
educación, el derecho al sufragio, el derecho al libre tránsito, el derecho a la
salud y a la seguridad social, razón por la cual interpuso una acción de
amparo, la cual fue rechazada mediante la sentencia recurrida.
8.

Competencia

Este tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de
revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen
los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm.137-11, Orgánica
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del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de
fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en
materia de amparo
Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si
el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de
la Ley núm. 137-11. En este sentido:
a)

El indicado artículo establece:
Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a
la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión
planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o
para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección
de los derechos fundamentales.

b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una
noción abierta e indeterminada. Por esta razón, este tribunal la definió en la
Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce
(2012), en el sentido de que la misma se configuraba en aquellos casos en que,
entre otros:
1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a
los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que
permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o
normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,
modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que
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permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir
interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que
vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos
últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o
económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la
supremacía constitucional.
c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del
expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso
existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta
admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo
del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que
el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el
desarrollo sobre el derecho fundamental a la nacionalidad, el derecho de portar
cédula de identidad, derecho a ciudadanía e, igualmente, el debido proceso en
el ámbito administrativo, respecto a lo cual el tribunal debe emitir criterios
que permitan su esclarecimiento, en vista de la trascendencia social y política
del tema.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo
a) En la especie, se trata de que la Junta Central Electoral se ha negado a
expedir la cédula de identidad y electoral solicitada por la señora Yanelis Sego
Basil, a pesar de que ya tiene constancia de nuevo inscrito, fundamentado en
el hecho de que la solicitante fue inscrito de manera irregular ante la
Oficialía del Estado Civil de la Oficialía del Estado Civil de San José de Los
Llanos, Provincia San Pedro de Macorís en el registro marcado con el
número 00372, libro 00084, folio 0172 del año 1995, hija de los señores
Alisten Segó y Estilin Basil, ambos de nacionalidad haitiana (sic).
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b) Ante tal negativa, la señora Yanelis Sego Basil accionó en amparo por
entender que le habían violados sus derechos fundamentales, especialmente el
derecho a portar la cédula de identidad y electoral, derecho a la ciudadanía,
el derecho a una identidad, el derecho a un empleo digno, el derecho al
matrimonio, el derecho a la educación, el derecho al sufragio, el derecho al
libre tránsito, el derecho a la salud y a la seguridad social. El tribunal
apoderado de la acción la acogió, bajo el entendido de que el acta de
nacimiento Registrada con el No. 00372, Folio No. 0172, Año 1995, Libro
No. 00084, constituyen el requisito indispensable para que la Junta Central
Electoral le expida su acta de Nacimiento, dicha inscripción de nacimiento
fue hecha por un funcionario competente, sin que exista ninguna evidencia de
que haya sido anulada judicialmente (sic).
c) Como se observa, en el presente caso, la acción de amparo tiene como
finalidad cuestionar una actuación de la Junta Central Electoral, que es un
órgano administrativo. En este sentido, en el artículo 75 de la Ley núm. 13711 se establece que: “la acción de amparo contra los actos u omisiones de la
administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia
de la jurisdicción contencioso administrativa”. Igualmente, en el artículo 117
de la misma ley se consagra lo siguiente:
Se disponen las siguientes disposiciones transitorias en materia de
amparo: DISPOSICIONES TRANSITORIA. Primera: Hasta tanto se
establezca la jurisdicción contenciosa administrativa de primer
grado, cuando el acto u omisión emane de una autoridad municipal
distinta a la del Distrito Nacional y los Municipios y distritos
municipales de la provincia Santo Domingo, será competente para
conocer de la acción de amparo el juzgado de primera instancia que
corresponda a ese municipio. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
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Segunda: Asimismo, será competente para conocer de la acciones de
amparo interpuesta contra los actos u omisiones de una autoridad
administrativa nacional que tenga su sede en un municipio, el juzgado
de primera instancia que corresponda a dicho municipio.
d) En aplicación de la disposición transitoria segunda, transcrita en el
párrafo anterior, y en razón de que la acción de amparo fue interpuesta contra
la Junta Central Electoral, institución que cuenta con sedes en las provincias
del país, correspondía conocer de la misma al tribunal que dictó la sentencia
recurrida, es decir, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Sin embargo, dicho
tribunal debió conocer de la acción como jurisdicción contenciosoadministrativa y no como una jurisdicción civil. En tal sentido, procede
revocar la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional en materia
de amparo.
e) No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional no declinará el
expediente, sino que procederá a conocer la acción, siguiendo el criterio
jurisprudencial establecido en la Sentencia TC/0168/13, del 23 de septiembre
de 2013. Las razones por las cuales el Tribunal Constitucional no declinó el
expediente fueron las siguientes:
§2.1. El Tribunal Constitucional opta por conocer el fondo de la
acción de amparo incoada por la señora Juliana Dequis (o Deguis)
Pierre, por discrepar del fundamento de la referida sentencia núm.
473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata,
basándose en los siguientes argumentos:

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§2.1.1. La Ley núm. 137-11 establece en sus artículos 7.2, 7.4 y 7.11,
de manera expresa, los principios de celeridad, efectividad y
oficiosidad, entre otras normas rectoras del sistema de justicia
constitucional, las que se encuentran concebidas como sigue:
7.2. Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los
de tutela de los derechos fundamentales (como es la acción de
amparo), deben resolverse dentro de los plazos constitucional y
legalmente previstos y sin demora innecesaria.
7.4. Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva
aplicación de las normas constitucionales y de los derechos
fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los
mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está
obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las
necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada,
pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite
el caso en razón de sus peculiaridades.
7.11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela
judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para
garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los
derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las
partes o las hayan utilizado erróneamente.
§2.1.2. En virtud de dichos principios, la acción de amparo procura
cumplir con su finalidad esencial, ofreciendo un “procedimiento
preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a
formalidades”, según dispone el artículo 72 de la Constitución;
puesto que dicha acción consiste en un mecanismo de protección
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contra todo acto u omisión que, de forma actual o inminente y con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o
amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
§2.1.3. En la especie, se verifican con particular evidencia los
requisitos de preferencia, sumariedad y celeridad que caracterizan a
la acción de amparo, ante una aparente restricción a los derechos
fundamentales de la recurrente, que alega se encontrase desprovista
de toda documentación de identificación personal que la acredite
como nacional o extranjera residente en el país.
f) En el presente caso, procede reiterar el referido criterio, el cual debe
mantenerse no solo en este caso, sino en todos los casos en los cuales se
reclame ante la Junta Central Electoral la expedición de uno de los actos del
estado civil o el documento de identidad, en razón de que la carencia de
dichos documentos genera graves dificultades, a condición de que se trate de
asuntos que hayan ingresado al Tribunal Constitucional antes del veintitrés
(23) de septiembre de dos mil trece (2013), fecha en que fue dictada la
referida sentencia TC/0168/13.
g) En la especie, se investigan dos cuestiones, la nacionalidad y el estatus
migratorios de los padres de la señora Yanelis Sego Basil. En cuanto a esta
cuestión, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia TC/0168/13, del
23 de septiembre de 2013, estableció que:
1.1.14.1 Los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la
Constitución de 19661 corresponden a la mencionada categoría de
extranjeros no inmigrantes prevista en el artículo 3 de la mencionada
1

Que, como se dijo, figura en las Constituciones dominicanas desde la del 20 de junio de 1929 hasta la actual
Constitución de 2010.
Página 21 de 53

ley núm. 95, de mil novecientos treinta y nueve (1939) y en el
Reglamento núm. 279 del mismo año; o sea, los siguientes cuatro
grupos de personas: los visitantes (“negocios, estudio, recreo o
curiosidad”), los transeúntes, los empleados de naves aéreas o
marítimas, y los jornaleros temporeros y sus familias. En
consecuencia, los hijos nacidos en el país de progenitores que
provengan de estos cuatro grupos de personas quedan excluidos,
como excepción, de la norma constitucional precitada para la
adquisición de la nacionalidad dominicana por aplicación del criterio
de ius soli. 1.1.14.2 Los extranjeros en tránsito que modifiquen su
situación migratoria y obtengan un permiso legal de residencia en el
país pasan a integrar la categoría de extranjeros inmigrantes, según
las indicadas normativas, por lo que sus hijos nacidos en el territorio
nacional sí adquieren la nacionalidad dominicana por aplicación del
principio de ius soli. 1.1.14.3 En otros supuestos distintos a los
anteriores, los extranjeros que permanecen en el país careciendo de
permiso de residencia legal o que hayan penetrado ilegalmente en el
mismo, se encuentran en situación migratoria irregular y, por tanto,
violan las leyes nacionales y los tratados internacionales suscritos por
el Estado dominicano y ratificados por el Congreso Nacional en esa
materia. En ese sentido, estas personas no podrían invocar que sus
hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad
dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la Constitución
de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el
nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho2.
(sic)
2

Tal como lo expresa la precitada sentencia rendida por la Suprema Corte de Justicia el 14 de diciembre de 2005 (véase
supra acápite 1.1.12): “[…] cuando la Constitución en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye a los hijos legítimos de los
extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están en tránsito en él para adquirir la
nacionalidad dominicana por jus soli, esto supone que estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo
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h) En este sentido, la procedencia de la solicitud hecha por la recurrida,
Yanelis Sego Basil, a la Junta Central Electoral, la entrega de la cédula de
identidad y electoral, dependerá de los resultados de la investigación en curso.
En lo que concierne a la nacionalidad de sus padres, y en caso de que ambos
fueran de nacionalidad haitiana, se procedería a verificar su estatus
migratorio, es decir, si se encontraban en la condición de extranjeros
transeúntes.
i) En este orden, corresponde a la Junta Central Electoral, en cumplimiento
del precedente establecido por este tribunal en la Sentencia TC/0168/13,
apoderar al tribunal competente para que decida las cuestiones objeto de las
investigaciones que lleva a cabo el referido organismo, en lo que concierne a
la validez o nulidad de la expedición del acta de nacimiento. Sin embargo, en
la especie, el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo decidido en el caso
resuelto mediante la referida sentencia, otorgará a la Junta Central Electoral
un plazo de cuarenta y cinco (45) días para que proceda a formalizar el
apoderamiento, con la finalidad de no dejar a la discrecionalidad de esta
institución la fecha de cumplimiento del indicado mandato.
j) En virtud de lo expuesto anteriormente, procede rechazar la acción de
amparo.
Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. Figuran incorporados los votos disidentes de las Magistradas Ana
Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez.
autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que si en esta circunstancia, evidentemente
legitimada, una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo (a), por mandato de la misma Constitución, no nace
dominicano; que, con mayor razón, no puede serlo el hijo (a) de la madre extranjera que al momento de dar a luz se
encuentra en una situación irregular y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la República
Dominicana […];”
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Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal
Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión
constitucional en materia de amparo interpuesto por la Junta Central Electoral,
contra la Sentencia núm. 708-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de
Macorís, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión
constitucional en materia de amparo anteriormente descrito y, en
consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 708-2012, dictada por la Cámara
Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
San Pedro de Macorís, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil doce
(2012).
TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por la señora
Yanelis Sego Basil contra la Junta Central Electoral, en fecha tres (3) de
septiembre de dos mil doce (2012).
CUARTO: DISPONER que la Junta Central Electoral proceda a someter el
original del certificado de declaración de nacimiento al tribunal competente en
un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días, para que este determine su
validez o nulidad.

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QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría,
para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Junta Central Electoral,
y a la recurrida, señora Yanelis Sego Basil.
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y
66 de la Ley núm. 137-11.
Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña
Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo
Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla
Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín
Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez;
Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia
Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas
Báez, Secretario.
VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA
ANA ISABEL BONILLA HERNÁNDEZ
En ejercicio de la facultad prevista en los artículos 186 de la Constitución
dominicana y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales, y con el debido respeto al criterio
mayoritario expresado en la sentencia, en virtud de la posición adoptada en la
deliberación de la misma, procedemos a emitir un voto disidente, sustentando
la discrepancia en la reiteración del precedente establecido en la Sentencia
TC/0168/13, de fecha 23 de septiembre de 2013, que interpretó
restrictivamente el artículo 11.1 de la Constitución de 1966, al considerar en
tránsito a los extranjeros residentes ilegales en el territorio de la República
Dominicana por muchos años, y desconoció lo establecido en el artículo 18.2
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de la Constitución de la República de 2010, que establece que son
dominicanos “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la
entrada en vigencia de esta Constitución”, por lo que esa decisión y su
reiteración constituyen una desconocimiento de derechos constitucionalmente
adquiridos.
1.

ANTECEDENTES

Esta decisión trata del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo, interpuesto por la Junta Central Electoral contra Yanelis Sego Basil,
cuya decisión recurrida es la Sentencia núm. 708-2012, dictada por la Cámara
Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
San Pedro de Macorís, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil doce
(2012), en reclamo de que se retracte dicha sentencia objeto del presente
recurso y se declare no conforme con la Constitución el acta de nacimiento de
la señora Yanelis Sego Basil, bajo el argumento de que la recurrida fue
inscrita de manera irregular ante el oficial del estado civil, porque sus padres
eran de nacionalidad haitiana.
2.

FUNDAMENTOS DEL VOTO DISIDENTE EN EL CASO
DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL CONTRA
YANELIS SEGO BASIL

Con el más absoluto respeto a la posición mayoritaria de esta decisión, nos
permitimos expresar las siguientes consideraciones:
a) El Tribunal Constitucional ratificó el precedente de la Sentencia
TC/0168/13 y lo aplicó al caso de la recurrida, argumentando en el literal f)
del numeral 10, referido a las motivaciones del recurso de revisión
constitucional en materia de amparo, lo siguiente:
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En el presente caso, procede reiterar el referido criterio, el cual debe
mantenerse no solo en este caso, sino en todos los casos en los cuales
se reclame ante la Junta Central Electoral la expedición de uno de los
actos del estado civil o el documento de identidad, en razón de que la
carencia de dichos documentos genera graves dificultades, a
condición de que se trate de asuntos que hayan ingresado al Tribunal
Constitucional antes del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece
(2013), fecha en que fue dictada la referida sentencia TC/0168/13.
El literal h) de esta decisión expresa que: en este sentido, la procedencia de la
solicitud hecha por la recurrida, Yanelis Sego Basil, a la Junta Central
Electoral, la entrega de la cédula de identidad y electoral, dependerá de los
resultados de la investigación en curso. En lo que concierne a la
nacionalidad de sus padres, y en caso de que ambos fueran de nacionalidad
haitiana, se procedería a verificar su estatus migratorio, es decir, si se
encontraban en la condición de extranjero transeúntes, con lo que supedita la
nacionalidad de la recurrida a la condición migratoria de sus padres y
desconoce su derecho fundamental a la nacionalidad, en razón de esta haber
nacido en el país bajo el sistema del jus solis.
b) El Tribunal Constitucional, en el ordinal segundo de esta decisión,
acogió el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por
la Junta Central Electoral y, por vía de consecuencia, anuló la Sentencia núm.
708-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, de fecha treinta (30)
de noviembre de dos mil doce (2012), que acogió la acción de amparo
interpuesta por la señora Yanelis Sego Basil, en reclamo de sus derechos
fundamentales: “derecho a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley y a la
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no discriminación, a la nacionalidad, a la identidad, al desarrollo de su
personalidad, derechos de ciudadanía, al trabajo y a la educación”.
c) La decisión del juez de amparo que acogió la acción ordenó a la Junta
Central Electoral entregar la cédula de identidad y electoral a la accionante y
la condenó al pago de un astreinte por la suma de mil pesos (RD$1,000.00)
por cada día de retardo, a partir de los diez días siguientes a la notificación de
la sentencia.
d) La solución dada por el Tribunal Constitucional a este caso nos hace
discrepar de la misma, por entender que correspondía confirmar la sentencia
del juez de amparo, en virtud de que este hizo una correcta aplicación de la
ley e interpretó la Constitución en el sentido más favorable para la protección
de los derechos fundamentales de la accionante.
2.1 Fundamentos de la sentencia del juez de amparo:
1)
Que el acta de nacimiento constituye el requisito indispensable para que
la Junta Central Electoral le expida su cédula de identidad y electoral; que su
inscripción de nacimiento fue hecha por un funcionario competente y que no
existe ninguna evidencia de que haya sido anulada judicialmente;
2)
Que aunque la ley faculta a la Junta Central Electoral a disponer todo lo
concerniente a la formación, depuración y conservación del Registro
Electoral, incluyendo hasta facultades reglamentarias, conviene precisar que el
uso de tales facultades no escapa al control de legalidad y constitucionalidad a
que está sometida toda actuación de la Administración;
3)
Que la Junta Central Electoral alega que “los padres son extranjeros que
ingresaron al país para trabajar por un tiempo determinado lo cual lo convierte
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en un extranjero en tránsito” (sic); que la controversia planteada, en el sentido
antes indicado, debe resolverse a la luz de la Constitución y de la legislación
vigentes al momento del nacimiento de la accionante y no de ninguna otra
Constitución ni legislación posterior, por aplicación del principio de validez
universal de irretroactividad de la ley, consagrado en la Constitución
dominicana desde el nacimiento mismo de la República;
4)
Que, en consecuencia, cabe precisar que la Constitución vigente para el
período en que nació la accionante era la Constitución de 1966, la cual, en su
artículo 11, establecía: “son dominicanos: 1.- Todas las personas que nacieren
en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los
extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén
de tránsito en él”;
5)
Que la Constitución de 1966 no contempla la noción de “extranjeros
transeúntes”, sino la Sección V del Reglamento núm. 279/39, del doce (12) de
mayo de mil novecientos treinta y nueve (1939), para la Aplicación de la Ley
de Inmigración núm. 95/39, que establecía que los extranjeros transeúntes son
las personas que transitan a través del territorio de la República en viaje al
extranjero, para lo cual se fijaba un límite temporal de no más de diez días;
6)
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su
sentencia de fecha ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005) (caso de la
niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana), observó que (. . .) para
considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente
de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal
razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla
vínculos en un Estado no puede ser equipado a un transeúnte o a una persona
en tránsito;
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7)
Que la negativa de la Junta Central Electoral a expedir la cédula
constituye una violación a derechos fundamentales de la accionante en
amparo, tales como el derecho a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley
y a la no discriminación, a la nacionalidad, a la identidad, al reconocimiento
de su personalidad jurídica, al desarrollo de su personalidad, derechos de
ciudadanía, al trabajo y a la educación; que, en consecuencia, procede acoger
la acción de amparo.
3.

Conclusión

Al ponderar la decisión del juez de amparo, consideramos que la misma se
corresponde con el sentido de justicia que hemos reiterado respecto al derecho
a la nacionalidad de las personas nacidas en territorio dominicano, hijos e
hijas de extranjeros residentes ilegales en el país, razón por la cual concluimos
que el Tribunal Constitucional debió:
1.
Rechazar, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en
materia de amparo contra la Sentencia núm. 708-2012, interpuesto por la Junta
Central Electoral.
2.
Confirmar la Sentencia de amparo núm. 708-2012, dictada por la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de San Pedro de Macorís, de fecha treinta (30) de noviembre de dos
mil doce (2012), porque la condición de extranjeros en tránsito no aplica en
este caso ni en los de su especie, ya que la prolongada permanencia de los
padres de la recurrida no configura la condición de extranjeros en tránsito.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional pierde la oportunidad de corregir
su precedente respecto a este tema expresado en la Sentencia TC/0168/13 y
reencontrarse con el sentido universal de la justicia constitucional, que
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reconoce como eje central al ser humano y el respeto a la dignidad de su
persona.
Firmado: Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza.
VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA
KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y
de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en
la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la
Constitución, a fin de ser coherentes con la posición mantenida.
I.

Breve preámbulo del caso

1.1. En la especie, se trata de que la Junta Central Electoral se ha negado a
expedir la cédula de identidad y electoral solicitada por la señora Yanelis Sego
Basil, a pesar de que aportó su partida de nacimiento y de tener constancia de
nuevo inscrito, fundamentado su negativa en lo siguiente: que la solicitante
“fue inscrita de manera irregular ante la Oficialía del Estado Civil de San José
de Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís en el registro marcado con el
número 00372, libro 00084, folio 0172 del año 1995, hija de los señores
Alisten Segó y Estilin Basil, ambos de nacionalidad haitiana”, lo cual se
constituye en una premisa falsa, a la que este tribunal le concede crédito como
se expondrá más adelante.
1.2. Ante tal negativa, la señora Yanelis Sego Basil accionó en amparo, por
entender que el referido organismo le había violado sus derechos
fundamentales, especialmente, “el derecho a portar la cédula de identidad y
electoral, derecho a la ciudadanía, el derecho a una identidad, el derecho a un
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empleo digno, el derecho al matrimonio, el derecho a la educación, el derecho
al sufragio, el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud y a la seguridad
social”.
1.3. El tribunal apoderado de la acción la amparó, bajo el entendido de que el
acta de nacimiento, registrada con el núm. 00372, folio núm. 0172, año 1995,
libro núm. 00084, constituye el requisito indispensable para que la Junta
Central Electoral le expida su cédula y que dicha inscripción de nacimiento
fue hecha por un funcionario competente, sin que exista ninguna evidencia de
que haya sido anulada judicialmente. En este sentido, le “ordena a la Junta
Central Electoral del Municipio de San José de los Llanos entregarle su acta
de nacimiento y su cédula de identidad y electoral correspondiente a la
impetrante, ya que se encuentra inscrita con el núm. 2011-024-0014528 en la
Junta Central Electoral para fines de cedulación”3.
1.4. Este caso, de características muy similares al proceso de Juliana Deguis
(o Deguis) Pierre, sobre el cual se evacuó la sentencia de este tribunal
constitucional núm. TC/0168/13, del 23 de septiembre de 2013, se enmarca en
la práctica que, desde el año dos mil siete (2007), la Junta Central Electoral ha
instaurado en el país, de disponer e instruir mediante ordenanzas
administrativas a los oficiales del estado civil, primeramente a través de la
Circular 017, de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil siete (2007),
firmada por el entonces presidente de la Cámara Contenciosa, “examinar
minuciosamente” las solicitudes de certificados de ciudadanía, aduciendo en
su contenido que “fueron expedidas en tiempo pasado actas de nacimiento de
forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o
estatus legal en la República Dominicana”, siendo la misma avalada
3

Ver párrafo 12 de la pág. 11 de la Sentencia núm. 708-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
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posteriormente por el pleno de la Junta Central Electoral, mediante su
Resolución núm. 12-07, de fecha diez (10) de diciembre de ese mismo año.
1.5. Cabe resaltar los fundamentos dados por la Cámara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de
Macorís en su Sentencia núm. 708-2012, la cual amparó a la ciudadana
Yanelis Sego Basil ante la vulneración que las ordenanzas emitidas por la
Junta Central Electoral han provocado en el ejercicio de sus derechos
fundamentales, y que este tribunal procedió a revisar y por mayoría de votos la
ha desamparado, al anular la indicada decisión. Los motivos contenidos en la
referida sentencia núm. 708-2012, los cuales compartimos, son, entre otros,
los siguientes:
8.- Que en tales condiciones, hemos arribado a las conclusiones
siguientes: A) Que el acta de nacimiento Registrada con el No. 00372,
Folio No. 0172, Año 1995, Libro No. 00084, constituyen el requisito
indispensable para que la Junta Central Electoral le expida su acta de
nacimiento, dicha inscripción de nacimiento fue hecha por un
funcionario competente, sin que exista ninguna evidencia de que haya
sido anulada judicialmente; B) Que la solicitud No. 2011-0240014528, en el Centro de Cedulación de San José de Los Llanos,
también constituye un requisito indispensable para que la Dirección
Nacional de Cedulación expida la cédula de identidad y electoral al
ciudadano en cuestión; C) Que aunque ciertamente la ley faculta a la
JUNTA CENTRAL ELECTORAL a disponer todo lo concerniente a la
formación, depuración y conservación del Registro Electoral,
incluyendo hasta facultades reglamentaras, como atinadamente alega
la parte demandada en su escrito justificativo de conclusiones,
conviene precisar que el uso de tales facultades no escapa al control
de legalidad y constitucionalidad a que está sometida toda actuación
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de la administración, lo que permite determinar su validez tanto
formal como material; D) Que la parte demandada alega también en
su escrito justificativo de conclusiones, que “los padres son
extranjeros que ingresaron al país para trabajar por un tiempo
determinado lo cual lo convierte en un extranjero en tránsito” E) Que
este tribunal entiende que la controversia planteada en el sentido
antes indicado debe resolverse a la luz de la Constitución y de la
legislación vigentes al momento del nacimiento de los impetrantes y
no de ninguna otra Constitución ni legislación posterior, por
aplicación del principio de validez universal de irretroactividad de la
ley, consagrado en la Constitución Dominicana desde el nacimiento
del mismo de la Republica; F) Que en consecuencia, cabe precisar
que la Constitución proclamada por la Asamblea Nacional en fecha
28 de Noviembre de 1966, la cual, en el aspecto comentado establecía
lo siguiente: “Articulo 11.- Son Dominicanos: 1. Todas las personas
que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los
hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en
representación diplomática o los que estén de tránsito en el…/”; G)
Que cabe resaltar que la Constitución antes citada no contemplaba la
noción de “extranjeros transeúntes”, sino que era la Sección V del
Reglamento No. 279/39, del 12 de Mayo de 1939, para la Aplicación
de la Ley de Inmigración No. 95/39, que establecía dicha noción
diciendo que: “son las personas que transitan a través del territorio
de la República en viaje al extranjero”, para lo cual fijaba un límite
temporal de no más de diez días; y H) Que en el sentido comentado,
conviene citar el criterio externado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al observar que “(…), para considerar a una
persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la
clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal
razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que
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desarrolla vínculos en un Estado (en la especie, trabaja, estudia, vive,
etc.) no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en
tránsito” (Ver Sentencia de fecha 8 de Septiembre de 2005; Caso de
las Niñas Yean y Bosico Vs República Dominicana). (sic)
9.- Que la nacionalidad es definida como “la pertenencia jurídica y
política de una persona a la población que constituye un Estado”
(DALLOZ, Encyclopedie; Civil; VII; L-PAL; Nationalité, Pág. 6;
1998). Que este tribunal comparte el criterio externado por el
Magistrado Samuel A. Arias Arzeno, quien, refiriéndose a la
nacionalidad, expresa que “Se trata pues, de un vínculo efectivo y
real entre la persona y el Estado, que queda caracterizada por el
vínculo de la persona con los demás nacionales del Estado, su
pertenencia, desarrollo de vida en común, incluyendo la educación en
territorio dominicano” (“La Constitución de la República
Dominicana Comentada por los Jueces del Poder Judicial” Octubre
2006, páginas 196-209). Por lo general, existen dos sistemas
fundamentales para determinar la nacionalidad de una persona, a
saber: 1) El que toma en consideración el territorio de Estado en el
que se produce el nacimiento (ius solis); y 2) El que toma como
referencia la nacionalidad de los padres, independientemente del
lugar donde nacen (ius sanguinis). Que como sigue expresando el
autor citado, este tribunal entiende que del primero de dichos
sistemas (ius solis) se beneficia toda criatura que nace en el territorio
de la República y no sus padres, puesto que se trata de una persona
que es “sujeto de derecho”, en algunos casos hasta antes de
nacimiento (Artículo 725 del Código Civil, que permite al concebido
beneficiarse de una sucesión, a condición de que nazca viable), y no
un simple “objeto de derecho”. Que ante el manoseado argumento
(esgrimido también por la parte demandada de que los hijos de
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inmigrantes ilegales no pueden ser considerados dominicanos,
“porque una ilegalidad no pueda dar lugar a una legalidad”, cabe
preguntarnos, con el mismo autor, “si el hijo de una reclusa nace
recluso; o si el hijo de un fugitivo nace ya evasor de la ley y la
justicia”. La respuesta, por obvia, la omitimos. (sic)
12.-Que así las cosas, este tribunal entiende que la actitud de la
JUNTA CENTRAL ELECTORAL en el caso que nos ocupa,
ciertamente constituye una violación de derechos fundamentales del
accionante en amparo, tales como el derecho a la dignidad humana, a
la igualdad ante la ley y la no discriminación, a la nacionalidad, a la
identidad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, al
desarrollo de su personalidad, derechos de ciudadanía, al trabajo y a
la educación; que en consecuencia, procede a acoger la acción de
amparo de que se trata y ordenar a la parte demandada, JUNTA
CENTRAL ELECTORAL, autorizar al Director General de
Cedulación y la Junta Electoral del municipio de San José de Los
Llanos entregarles su acta de nacimiento y su cedula de identidad y
electoral correspondiente al impetrante, ya que se encuentra inscrito
con el No. 2011-024-0014528, en la Junta Central Electoral para
fines de cedulación. (sic)
1.6. Debemos indicar que el motivo que ha invocado el consenso para anular
la sentencia de que se trata ha consistido, básicamente, en que la Cámara Civil
y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San
Pedro de Macorís, si bien era competente para conocer de la acción de amparo
por aplicación de la Disposición Transitoria Segunda, contenida en el art. 117
de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, “dicho tribunal debió conocer de la acción
como una jurisdicción contencioso-administrativa y no como una jurisdicción
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civil. Continúo expresando que, “en tal sentido, procede revocar la sentencia
objeto del recurso de revisión constitucional en materia de amparo4”, lo que
entendemos constituye una falacia argumentativa, cuya comprobación será
explicada más adelante en el punto 2 del título II de este documento.
1.7. Este tribunal, no obstante indicar que “procede revocar la sentencia
objeto del recurso de revisión constitucional en materia de amparo” en el
dispositivo no la revoca, sino que la anula5. Al erigirse en tribunal de amparo,
rechaza la acción incoada por la señora Yanelis Sego Basil contra la Junta
Central Electoral, en fecha tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012), bajo
el argumento de que:
La procedencia de la solicitud hecha por la recurrida, Yanelis Sego
Basil, a la Junta Central Electoral, la entrega de la cédula de
identidad y electoral, dependerá de los resultados de la investigación
en curso. En lo que concierne a la nacionalidad de sus padres6, y en
caso de que ambos fueran de nacionalidad haitiana, se procedería a
verificar su estatus migratorio, es decir, si se encontraban en la
condición de extranjeros transeúntes7.
II. Motivos de este voto disidente
A continuación invocaremos los motivos que nos llevan a apartarnos del
criterio de la mayoría. Para ello, y en procura de una mejor comprensión de
4

Ver literal d) del título 10 de la sentencia que en ocasión de este caso ha dictado este tribunal constitucional
con 11 votos a favor.
5
Debe precisarse que el alcance de revocar y el de anular un acto jurídico es distinto. Así, revocar es un acto
en virtud del cual, un tribunal superior del que dictó la sentencia modifica el acto de una autoridad inferior. En
cambio, anular, es el acto en virtud del cual una autoridad competente, declara la invalidez, o niega eficacia
jurídica a un acto por no cumplir con las formas establecidas por la ley.
6
Subrayado es nuestro.
7
Ver literal h) del título 10 de la sentencia que ha sido alcanzada por mayoría de votos.
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esta discrepancia, hemos optado por dividir nuestros motivos en los siguientes
títulos: 2. Sobre la competencia; 3. La razón que invoca este tribunal para no
declinar. Efectos de la Sentencia núm. TC/0168/13, del 23 de septiembre de
2013. 4. Desnaturalización de procedimientos. Violación del artículo 74.4 de
la Constitución. 5. El Tribunal Constitucional reitera su desvinculación a los
criterios contenidos en la sentencia Yean y Bosico, dictada contra el Estado
dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2.

Sobre la competencia

2.1 En la ocasión, el consenso de este tribunal, distinto a como lo hiciera en
la Sentencia núm. TC/0168/13, del 23 de septiembre de 2013, invoca la
disposición del artículo 117 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, para referirse a la
competencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís para conocer, como en efecto
hizo, de la acción de amparo incoada por la ciudadana Yanelis Sego Basil
contra la Junta Central Electoral.
2.2 En virtud de la Disposición Transitoria Segunda, del referido artículo 117
de la Ley núm. 137-11, “será competente para conocer de las acciones de
amparo interpuestas contra los actos u omisiones de una autoridad
administrativa nacional que tenga su sede en un municipio, el juzgado de
primera instancia que corresponda a dicho municipio”.
2.3 Sin embargo, esta disposición ha debido ser observada y aplicada
conjuntamente con lo establecido en el artículo 74 de la indicada ley núm.
137-11, por cuanto la jurisdicción contencioso-administrativa es especializada,
conforme lo dispone la propia Constitución de la República en el Capítulo IV.
De ahí que se trate de un amparo correspondiente a una jurisdicción
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especializada, por lo que resultaba imperativo aplicar el mandato contenido en
el referido art. 74 que dispone lo siguiente:
Amparo en Jurisdicciones Especializadas. Los tribunales o
jurisdicciones especializadas existentes o los que pudieran ser
posteriormente establecidos, deberán conocer también acciones de
amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o
relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que
corresponda a ese tribunal especializado, debiendo seguirse, en todo
caso, el procedimiento previsto por esta ley8.
2.4 El consenso de este tribunal incurre en una falacia argumentativa cuando
expresa que “dicho tribunal debió conocer de la acción como una jurisdicción
contencioso-administrativa y no como una jurisdicción civil (...)”, pues la
acción de amparo no es un procedimiento administrativo ni civil. Se trata de
una acción autónoma, de carácter constitucional, cuyo procedimiento está
regulado en el capítulo VI de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales9.
2.5 El tribunal que amparó a la ciudadana Yanelis Sego Basil establece
claramente que en el conocimiento de la referida acción de amparo aplica la
Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, y que actúa en atribuciones especiales de
tribunal de amparo10.

8

10
Ver Ordenanza núm. 102-12, del 6 de septiembre de 2012 y Sentencia núm. 708-12, del 30 de noviembre
de 2012, ambas dictadas por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de San Pedro de Macorís.
9

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2.6 En efecto, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís expresa, entre otras cosas, lo
siguiente:
3.- Que la Ley No. 137-11, en sus Artículos 77 y 78, reza de la manera
siguiente: “Una vez recibida la acción de amparo, el juez apoderado
dictará auto, en un plazo no mayor de tres (3) días, autorizando al
reclamante a citar al presunto agraviante a comparecer a la
audiencia que tendrá lugar para conocer de los méritos de la
reclamación. Párrafo: La fecha de dicha audiencia deberá señalarse
expresamente en el auto a ser dictado por el juez y deberá celebrarse
en un plazo no mayor de cinco (05) días, resultando indispensable que
se comunique al presunto agraviante, copia íntegra de dicho auto, del
escrito contentivo de la acción de amparo, de los documentos y piezas
que fueron depositados junto al escrito, así como la indicación de las
demás pruebas que pretenden hacerse valer, con mención de su
finalidad probatoria, por lo menos con un día franco antes de la fecha
en que se celebre la audiencia. (sic)
2.7 La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís también expresa que actúa “en
atribuciones especiales de juez de amparo” y en su Sentencia núm. 708-12
indica claramente que en la especie se trata de una acción de amparo de la cual
es competente en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de
fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011)11.

11

Ver párrafo 1 de la Sentencia núm. 708-12, del 30 de noviembre de 2012, dictada por la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
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2.8 A pesar de estas consideraciones, el Tribunal Constitucional opta por
anular la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo, bajo el pretexto de que “dicho tribunal debió conocer de la acción
como una jurisdicción contencioso-administrativa y no como una jurisdicción
civil (...)”. Con ello se desconoce que la acción de amparo es una vía
autónoma e independiente que puede surgir concomitantemente a una acción
judicial o bien desprovista de toda vinculación jurisdiccional, pues el amparo
nace con el acto o la omisión que lesione derechos fundamentales y está
regido por su propio procedimiento.
2.9 Al igual que lo hiciera con el Caso de Juliana Deguis, el consenso del
tribunal expresa que no declinará el proceso tras anular la decisión de amparo
de cuya revisión fue apoderado, sino que “procederá a conocer la acción,
siguiendo el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia núm.
TC/0168/13, del 23 de septiembre de 2013”, pero con la particularidad de que
la excepcionalidad invocada en la mencionada decisión pasa a ser la regla a
partir de este caso, al determinarse en el literal f del título 10 de la sentencia
de la cual discrepamos lo siguiente:
En el presente caso, procede reiterar el referido criterio, el cual debe
mantenerse no solo en este caso, sino en todos los casos en los cuales
se reclame ante la Junta Central Electoral la expedición de uno de los
actos del estado civil o el documento de identidad, en razón de que la
carencia de dichos documentos genera graves dificultades, a
condición de que se trate de asuntos que ingresado al Tribunal
Constitucional antes del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece
(2013), fecha en que fue dictada la referida sentencia TC/0168/1312.
(sic)
12

Ver literal f de la página 16 de la presente sentencia.

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2.10 Con la creación jurisprudencial de tal regla de procedimiento, resulta
fácil predecir cuál será la suerte que correrán los casos de revisión
constitucional en materia de amparo de descendientes de haitianos en los que
participe la Junta Central Electoral y que cursan o cursarían por ante este
órgano, cuya misión no es otra que la de garantizar la supremacía de la
Constitución, la defensa el orden constitucional y la protección de los
derechos fundamentales.
3. La razón que invoca este tribunal para no declinar. Efectos de la
Sentencia núm. TC/0168/13, del 23 de septiembre de 2013
3.1 Como indicamos en el párrafo 2.9 del presente voto disidente, el
consenso afirma que no declinará el expediente, sino que procederá a conocer
de la acción siguiendo el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia
núm. TC/0168/13, del 23 de septiembre de 2013, “en razón de que la carencia
de dichos documentos genera graves dificultades”.
3.2 En este sentido, tras invocar, entre otros, el principio de economía
procesal para conocer el fondo del asunto, este tribunal retoma algunos
párrafos de la indicada sentencia núm. TC/0168/13; entre los cuales,
destacamos el siguiente:
(…) la acción de amparo procura cumplir con su finalidad esencial,
ofreciendo un procedimiento preferente, sumario, oral, público,
gratuito y no sujeto a formalidades, según dispone el artículo 72 de la
Constitución; puesto que dicha acción consiste en un mecanismo de
protección contra todo acto u omisión que, de forma actual o
inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione,
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restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados
en la Constitución. (sic)
De ahí que cabría preguntar si, al conocer de la acción de amparo, este tribunal
constitucional ha protegido a la amparista. La respuesta es obvia, razón por la
cual la omitimos.
3.3 El argumento que invoca el consenso para apresurar el conocimiento de
la acción de amparo, o sea, “que la carencia de dichos documentos genera
graves dificultades”, no es más que un sofisma, por cuanto este órgano no
favorece que a la amparista se le provea, precisamente, del documento de
identidad que le ha sido negado por la Junta Central Electoral, sino que, muy
por el contrario, se la coloca en una situación más perjudicial a la que se
encontraba antes de incoar la acción de amparo: su acta de nacimiento será
examinada por un tribunal en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días,
a instancia de su adversario en el presente proceso de amparo, o sea, la Junta
Central Electoral.
3.4 A lo anterior debe agregarse, que tal y como expresamos en el voto
disidente que elevamos en la Sentencia núm. TC/0168/13, del 23 de
septiembre de 2013, ya este órgano especializado de justicia constitucional, a
pesar de que juzgó cuestiones de legalidad ordinaria en sede de amparo,
estableció su criterio jurídico respecto de la “irregularidad” de las actas de
nacimiento cuando los padres declarantes no estuviesen provistos de cédulas
de identificación personal al momento de declarar el nacimiento 13: que los
progenitores que no han regularizado legalmente su estancia en el país son
13

Ver Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de
fecha 8 de septiembre de 2005, párr. 240: “…Al respecto, la identificación del padre o de la madre del niño
no puede estar limitada a la presentación de la cédula de identidad y electoral, sino que el Estado debe
aceptar, para tal fin, otro documento público apropiado, ya que la referida cédula es exclusiva de los
ciudadanos dominicanos”.
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“extranjeros en tránsito” y los hijos nacidos en el país de los padres que caen
en tal categoría quedan excluidos para la adquisición de la nacionalidad. Es
decir que “extranjeros en tránsito” hace referencia a aquellas personas que no
tienen domicilio legal en la República Dominicana, por carecer de permiso de
residencia, y su condición de ilegal la transmite a sus hijos. Sobre esta
cuestión reitero lo expresado en nuestro voto disidente a la Sentencia núm.
TC/0168/1314 y lo establecido en el artículo en el artículo 18.2 de la
Constitución.
3.5 De lo anterior se desprende, que al ser los precedentes del Tribunal
Constitucional vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos
del Estado, resulta predecible cuál sería la decisión que estaría obligado a
adoptar el tribunal que resulte apoderado para determinar la regularidad del
acta de nacimiento de la hoy recurrida en revisión.
4. Desnaturalización de procedimientos. Violación del artículo 74.4 de
la Constitución
4.1 Por lo precedentemente expuesto, la jueza que discrepa sostiene que, con
su proceder, este tribunal constitucional desnaturaliza no sólo la revisión
constitucional en materia de amparo, sino también el propio instituto del
amparo, pues en vez de reconocerlos como mecanismos para la tutela de
derechos fundamentales los ha reducido a un mero procedimiento en el que
este órgano se pronuncia sobre la improcedencia de la protección de un
14

5.9.- Además, la suscrita no comulga con la tesis de que tal situación de ilegalidad se transfiera a sus
descendientes, y tal cosa no estaba prevista sino hasta la Constitución del 2010, en la cual el constituyente
amplió el espectro de la excepción al principio del jus solis, incluyendo a los extranjeros que residan
ilegalmente en territorio dominicano. Esta ampliación revela que la noción de “tránsito” de la Constitución de
1966 no comprendía a los extranjeros ilegales como ha pretendido sostener la sentencia del consenso de este
Tribunal, argumento que filtra la aplicación retroactiva de la Constitución del 2010 a una ciudadana nacida el
1ro. de abril del 1984.
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derecho fundamental acordada por la jurisdicción ordinaria y le ordena al
adversario del desamparado que someta el acta de nacimiento atributiva de
nacionalidad dominicana por ante el tribunal competente en un plazo de
cuarenta y cinco (45) días para que se determine su regularidad.
4.2 Con tal proceder, este tribunal constitucional extralimita sus facultades
en esta materia, dado que “el juez constitucional limita su actuación a la
comprobación de si en la aplicación del derecho se ha producido una
vulneración a un derecho constitucional (…)15”. El papel del juez
constitucional en esta materia es reestablecer la lesión a derechos
fundamentales o impedir que la conculcación se produzca, función que no se
extiende a la de crear procedimientos ni juzgar cuestiones de legalidad
ordinaria. Reiteramos lo expresado en nuestro voto disidente a la Sentencia
núm. TC/0168/13: lo que debió determinarse era si los procedimientos
utilizados para negarle la expedición de su cédula de identidad y electoral han
violentado los derechos fundamentales de la reclamante.
4.3 En igual sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su opinión consultiva OC-8/87, del treinta (30) de enero de mil
novecientos ochenta y siete (1987), cuando establece que el texto citado (art.
25.1) es una disposición de carácter general que recoge la institución
procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y
breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las
constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Más
recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita
in loco a la República Dominicana, destacó en su informe preliminar: “la
Comisión destaca que toda persona tiene el derecho de contar con la
protección y las garantías judiciales, en forma accesible y eficaz, para
15

Ver Sentencia TC/0017/13, del 20 de febrero de 2013. Literal m, titulo 10, páginas 14 y 15.

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salvaguardar los derechos a la nacionalidad, identidad, igualdad y no
discriminación”16.
4.4 Cabe destacar que ciertamente el juez de amparo puede ordenar en su
sentencia medidas, pero las necesarias para la pronta y completa restauración
del derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la
amenaza a su pleno goce y ejercicio. Ordenarle a la Junta Central Electoral
someter el acta de nacimiento de la peticionaria ante un tribunal para que
juzgue su regularidad no cumple con ese ideal de justicia.
4.5 Previamente adelantamos que este tribunal le ha concedido crédito a una
premisa falsa que ha invocado el recurrente y al hacerlo ha incurrido en una
falacia argumentativa. En efecto, la Junta Central Electoral invoca, como
argumento justificativo de su negativa a expedir la cédula de identidad y
electoral a la señora Yanelis Sego Basil, que la solicitante fue inscrita de
manera irregular ante la Oficialía del Estado Civil de San José de Los Llanos,
Provincia San Pedro de Macorís en el registro marcado con el número 00372,
libro 00084, folio 0172 del año 1995, hija de los señores Alisten Segó y Estilin
Basil, ambos de nacionalidad haitiana. Sin embargo, la realidad es que ningún
tribunal se ha pronunciado sobre la alegada irregularidad. Muy por el
contrario, mediante la sentencia de que se trata, el consenso le ordena a la
Junta Central Electoral que someta dicha acta al examen de un juez en un
plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días.
4.6 En este mismo sentido, sostenemos que el Tribunal Constitucional, por
mandato del artículo 74.4, está obligado a dar una interpretación más
favorable de quien pretende hacer valer su derecho a la identidad, a la
nacionalidad, entre otros. Lo acorde con el principio pro homine hubiera sido
16

Comunicado de prensa núm. 97A/13, contentivo de Observaciones preliminares de la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a República Dominicana, de fecha 6 de diciembre de 2013.
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dar por fehaciente la partida de nacimiento que presentó la amparista, por
aplicación del art. 31 de la Ley núm. 659, que establece que las copias de actas
libradas, conforme a los registros legalizados por el presidente del tribunal de
primera instancia de la jurisdicción o por el que haga sus veces, se tendrán por
fehacientes, mientras no sea declarada la falsedad de las mismas. También
debió ordenarle a la Junta Central Electoral la expedición de la cédula de
identidad y electoral de la señora Yanelis Sego Basil, pues ella sí demostró
que es dominicana a través de su acta de nacimiento y, por tanto, le asiste el
derecho a estar identificada y a ejercer todos los derechos que se deriven de
ello. Sin embargo, este tribunal constitucional se avoca a conocer el fondo de
la acción y no tutela los derechos fundamentales de la accionante.
4.7 Además, acerca de la validez de estas actas y del procedimiento que debe
implementarse para perseguir su anulación, ha sido juzgado por la Suprema
Corte de Justicia lo siguiente:
Considerando , que, en consecuencia, resulta imperativo inferir que
las declaraciones de nacimiento realizadas por el padre del hijo
declarado dentro de los plazos legales, debidamente asentadas en los
registros correspondientes por los oficiales del estado civil
competentes, y las copias libradas conforme a esos registros
legalizados, como ocurre en el presente caso, constituyen documentos
con enunciaciones de carácter irrefragable, hasta inscripción en
falsedad, como se desprende de las disposiciones legales que rigen su
validez, según se ha visto. (sic) (Sentencia Cámara Civil de la
Suprema Corte de Justicia núm. 7, del 10 de julio de 2002).

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5. El Tribunal Constitucional reitera su desvinculación a los criterios
contenidos en la sentencia Yean y Bosico, dictada contra el Estado
dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
5.1 En el presente caso, el Tribunal Constitucional reitera el precedente
establecido en la Sentencia núm. TC/0168/2013 al determinar, entre otras
cosas, lo siguiente:
1.1.14.1. Los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la
Constitución de 196686 corresponden a la mencionada categoría de
extranjeros no inmigrantes prevista en el artículo 3 de la mencionada
ley núm. 95, de mil novecientos treinta y nueve (1939) y en el
Reglamento núm. 279 del mismo año; o sea, los siguientes cuatro
grupos de personas: los visitantes (“negocios, estudio, recreo o
curiosidad”), los transeúntes, los empleados de naves aéreas o
marítimas, y los jornaleros temporeros y sus familias. En
consecuencia, los hijos nacidos en el país de progenitores que
provengan de estos cuatro grupos de personas quedan excluidos,
como excepción, de la norma constitucional precitada para la
adquisición de la nacionalidad dominicana por aplicación del criterio
de ius soli….1.1.14.3. En otros supuestos distintos a los anteriores, los
extranjeros que permanecen en el país careciendo de permiso de
residencia legal o que hayan penetrado ilegalmente en el mismo, se
encuentran en situación migratoria irregular y, por tanto, violan las
leyes nacionales y los tratados internacionales suscritos por el Estado
dominicano y ratificados por el Congreso Nacional en esa materia.
En ese sentido, estas personas no podrían invocar que sus hijos
nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad
dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la Constitución
de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el
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nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho.
(sic)
5.2 Sustentado en tal interpretación el consenso sujeta la suerte de la hoy
recurrida, cuando expresa que:
La procedencia de la solicitud hecha por la recurrida, Yanelis Sego
Basil, a la Junta Central Electoral, la entrega de la cédula de
identidad y electoral, dependerá de los resultados de la investigación
en curso. En lo que concierne a la nacionalidad de sus padres, y en
caso de que ambos fueran de nacionalidad haitiana, se procedería a
verificar su estatus migratorio, es decir, si se encontraban en la
condición de extranjeros transeúntes. (sic)
5.3 Importante es recordar que en el caso de las niñas Yean y Bosico,
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha ocho (8)
de septiembre de dos mil cinco (2005), párr. 157, se determinó:
La Corte observa que, para considerar a una persona como
transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se
utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser
coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos
en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una
persona en tránsito. (sic)
5.4 También estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que:
De acuerdo con lo señalado, y en consideración del derecho a la
nacionalidad de los hijos de personas migrantes en la República
Dominicana en relación con la norma constitucional pertinente y los
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principios internacionales de protección de los migrantes, la Corte
considera que:
a) el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para
el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad
migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación
para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de
sus derechos;
b) el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y
c) la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a
ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se
refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no
adquieren la del Estado en donde nacieron17. (sic)
5.5 Pero este tribunal constitucional vuelve a hacer caso omiso de ello.
5.6 Sobre esta cuestión, reiteramos lo expresado en nuestro voto disidente en
el Caso Juliana Deguis, pues en este caso también se desconoce el carácter de
vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sobre todo ante un asunto como el que nos ocupa, que trata de la
misma cuestión por la cual fue condenada la República Dominicana con
anterioridad, al sostener la corte que se había violado, en perjuicio de las
demandantes (niñas Yean y Bosico), el derecho a la nacionalidad y a la
igualdad ante la ley, consagrados, respectivamente, en los artículos 20 y 24 de
la Convención Americana.
17

Párrafo 157. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 8 de septiembre de
2005.
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5.7 La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos obedece a un principio básico del
derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la
jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar el tratado
internacional de buena fe (pacta sunt servanda) y, de conformidad con el
artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, sobre el derecho de los
tratados, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la
responsabilidad internacional ya establecida . Las obligaciones convencionales
de los Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es
decir, que todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u
otras ramas del poder público) y otras autoridades públicas o estatales, de
cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia de los
mismos, tienen el deber de cumplir de buena fe con el derecho internacional,
incluido el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
5.7 Así quedó expresado en el reciente informe de la visita in loco de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de fecha seis (6) de
diciembre de dos mil trece (2013), al consignar lo siguiente:
En este orden de ideas, las obligaciones derivadas del derecho
internacional de los derechos humanos obligan a los Estados a
abstenerse de aplicar políticas, leyes, sentencias o prácticas que
tengan como consecuencia que las personas no puedan acceder a
ninguna nacionalidad, tal como lo estableció la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el Caso de las Niñas Yean y Bosico, en la
sentencia del 8 de septiembre de 2005. Dicha sentencia también
establece que ante el riesgo de apatridia, la persona que se pueda ver
afectada sólo debe probar la condición de nacimiento en el territorio
de determinado Estado para obtener la respectiva nacionalidad. (sic)
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5.8 En el orden doctrinal, vale precisar que conforme lo expresa el profesor
Rene–Jean Dupuy, maestro del derecho internacional, del orden jurídico
internacional institucional, no podía sustraerse ningún Estado y que implicaría
determinados niveles de limitación a la soberanía nacional. Consciente de ello,
este tribunal constitucional ha reconocido que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos nos vincula18, además de admitir que:
República Dominicana es parte integrante de la Convención
Americana de los Derechos Humanos suscrita en San José, Costa
Rica, en el año mil novecientos sesenta y siete (1967), por haberla
ratificado mediante la Resolución núm. 739, de fecha veinticinco (25)
de diciembre de mil novecientos setenta y siete (1977), del Congreso
Nacional, publicada en la Gaceta Oficial Núm. 9460, de fecha once
(11) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978).
Posteriormente, aceptó la competencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como órgano consultivo y contencioso, el
veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y nueve
(1999)19. (sic)
5.9 En definitiva, con tal proceder del Tribunal Constitucional, se desconoce
que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad
internacional, que debe reconocer y aplicar las normas del derecho
internacional, general y americano, en la medida de que sus poderes públicos
las hayan adoptado. Además, por prescripción también de carácter
constitucional, las normas vigentes de convenios internacionales ratificados
regirán en el ámbito interno y tienen jerarquía constitucional. De ahí que son

18
19

Página 11 Sentencia núm. TC/0084/13, del 4 de junio de 2013.
Párrafo 10.11 de la Sentencia núm. TC/0136/13, del 22 de agosto de 2013.

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de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del
Estado, a lo cual no escapa este tribunal constitucional20.
Finalmente, y dado los motivos expuestos en el contenido de este voto,
confirmamos nuestro desacuerdo rotundo con la sentencia alcanzada con los
votos favorables de la mayoría de jueces de este tribunal constitucional y
reiteramos las consideraciones sentadas en el voto disidente elevado en la
Sentencia núm. TC/0168/13 que resulten aplicables en la especie, pues un
tribunal constitucional es el más llamado a aplicar el principio pro homine o
principio pro persona, el cual se basa en que los derechos inherentes a la
persona, reconocidos por la conciencia jurídica universal. Éstos deben ser
protegidos frente al accionar u omitir ilegítimos del Estado, esto es, de sus
agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, incluso los
particulares, que favorecen, permiten o amparan las violaciones de derechos
humanos.
Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y
año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio José Rojas Báez
Secretario

20

Ver Arts. 26.1, 26.2 y 74.3 de la Constitución.

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