El sistema de AFP chileno enfrenta serias deficiencias, ya que aproximadamente el 50% de sus afiliados no podrá jubilar debido a bajas cotizaciones y un alto porcentaje dependerá del aporte previsional solidario del estado. A pesar de manejar fondos significativos, la rentabilidad acumulada promedio es baja y la mayoría de los pensionados recibe pensiones por debajo del umbral crítico, derivando en un fuerte apoyo estatal. En 2008, el estado cubrió más del 80% de las pensiones, evidenciando la insostenibilidad del sistema privado de capitalización individual.