T 025-2004

Sentencia T-025/04

AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Asociaciones de
desplazados/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Condiciones para
que las asociaciones de desplazados interpongan la acción

Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no
sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor
parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la
Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad,
minorías étnicas y personas de la tercera edad -, la exigencia de presentar
directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección
de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas. Es por
ello que las asociaciones de desplazados, que se han conformado con el fin de
apoyar a la población desplazada en la defensa de sus derechos, pueden
actuar como agentes oficiosos de los desplazados. Tales organizaciones
estarán legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de sus
miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga a través de su
representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación
dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante una lista o un
escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se
promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los elementos
probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción
se interponga en su nombre.

ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Alcance

ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Causales

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Vulneración múltiple, masiva y
continua de derechos fundamentales

DESPLAZADOS INTERNOS-Derecho a recibir en forma urgente un
trato preferente

En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el
desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial
debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los
desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que éstos tienen,
en términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato
preferente por parte del Estado. Este derecho al trato preferente constituye, en
términos de la Corte, el “punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en
situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno”, y debe
caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de
estas personas, ya que “de otra manera se estaría permitiendo que la
vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas
situaciones, se agravara”.

DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Ordenes proferidas por la
Corte Constitucional para su protección

DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Su vulneración ha persistido
en el tiempo/DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Autoridades
competentes no han adoptado los correctivos para su protección

El patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha
persistido en el tiempo, sin que las autoridades competentes hayan adoptado
los correctivos suficientes para superar esas violaciones, y sin que las
soluciones puntuales ordenadas por la Corte frente a las violaciones
detectadas en las sentencias dictadas hasta el momento, hayan contribuido a
impedir la reincidencia de las autoridades demandadas en tutela. Inclusive, se
ha llegado a agravar la situación de afectación de los derechos de la
población desplazada ante la exigencia impuesta por algunos funcionarios de
la interposición de acciones de tutela como requisito previo para que las
autoridades encargadas de su atención cumplan con sus deberes de
protección.

POLITICA PUBLICA DE ATENCION A POBLACION
DESPLAZADA-Resultados

POLITICA PUBLICA DE ATENCION A POBLACION
DESPLAZADA-Problemática de la capacidad institucional del Estado
para su protección

ESTADO-Insuficiencia de recursos para la implementación de políticas
de atención a la población desplazada

La escasez de recursos ha sido señalada consistentemente por los documentos
aportados al proceso, publicados en distintos momentos y elaborados por
entidades tanto de carácter público como particular, como la causa central de
las fallas en la implementación de las políticas de atención a la población
desplazada. El gobierno central ha destinado recursos financieros inferiores a
las necesidades de la política y muchas de las entidades territoriales no han
destinado recursos propios para atender los distintos programas. La
insuficiencia de recursos ha afectado la mayoría de los componentes de la
política y ha llevado a que las entidades que integran el SNAIPD no puedan
adelantar acciones concretas adecuadas para cumplir los objetivos trazados
en la política. Es por ello que el nivel de ejecución de las políticas es
insuficiente frente a las necesidades de la población desplazada y que los
índices de cobertura de sus distintos componentes son tan bajos.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO-Momentos
en que opera

Sobre el principio de legalidad ha dicho la jurisprudencia que, “opera en dos
momentos distintos del proceso presupuestal: uno primero, al elaborarse la
ley anual, cuando sólo deben incorporarse en el proyecto respectivo aquellas

erogaciones previamente decretadas por la ley. Posteriormente, en la etapa de
ejecución del presupuesto, el principio de legalidad indica además que para
que los gastos puedan ser efectivamente realizados, las correspondientes
partidas deben haber sido aprobadas por el Congreso al expedir la ley anual
de presupuesto

DERECHOS FUNDAMENTALES DE DESPLAZADOS-Asignación
de recursos para su protección

El que las leyes anuales del presupuesto limiten la asignación de recursos
dirigidos a la ayuda de la población desplazada, es un indicativo de la
realidad fiscal y macroeconómica en la que se encuentra el país. Sin
embargo, ello no significa que las leyes de presupuesto constituyan una
modificación de los alcances de la Ley 387 de 1997. Desde el punto de vista
constitucional, es imperioso destinar el presupuesto necesario para que los
derechos fundamentales de los desplazados tengan plena realización. La
obligación constitucional del Estado de garantizar una protección adecuada
a quienes por razón del desplazamiento forzado interno se encuentran en
condiciones indignas de vida no puede ser aplazada indefinidamente. La Ley
387 de 1997 reconoció que la atención de la población desplazada es urgente
y prioritaria. La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado la
prelación que tiene la asignación de recursos para atender a esta población y
solucionar así la crisis social y humanitaria que representa este fenómeno.
No obstante, ello no ha sucedido y de esta forma se ha desconocido la Carta
Política, lo ordenado por el Congreso de la República y lo dispuesto en las
políticas de desarrollo adoptadas por el propio Ejecutivo.

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-
Correctivos que deben cumplirse para una suficiente apropiación
presupuestal/DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
DESPLAZADOS-Colaboración armónica entre las ramas del poder
público para su protección

Con el fin de corregir esta situación, es necesario que las distintas entidades
nacionales y territoriales encargadas de la atención de la población
desplazada, cumplan a cabalidad con sus deberes constitucionales y legales y
adopten, en un plazo razonable, y dentro de las órbitas de sus competencias,
los correctivos que aseguren una suficiente apropiación presupuestal. Al
ordenar este tipo de medidas, no está desconociendo la Corte la separación
de poderes que establece nuestra Constitución, ni desplazando a las demás
autoridades en el cumplimiento de sus deberes. Por el contrario, la Corte,
teniendo en cuenta los instrumentos legales que desarrollan la política de
atención a la población desplazada, así como el diseño de la política y los
compromisos asumidos por las distintas entidades, está apelando al principio
constitucional de colaboración armónica entre las distintas ramas del poder,
para asegurar el cumplimiento de los deberes de protección efectiva de los
derechos de todos los residentes en el territorio nacional. Esa es la

competencia del juez constitucional en un Estado Social de Derecho respecto
de derechos que tienen una clara dimensión prestacional.

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Evolución
jurisprudencial

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Factores que lo
determinan

Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un estado
de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneración
masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un
número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los
derechos; (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la
incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para
garantizar el derecho conculcado; (iii) la no expedición de medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos. (iv) la existencia de un problema social cuya
solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la
adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel
de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v)
si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción
de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una
mayor congestión judicial.

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA POBLACION
DESPLAZADA-Elementos/ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN LA POBLACION DESPLAZADA-
Declaración formal

Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas
inconstitucional respecto de la situación de la población internamente
desplazada. En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración de
derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida
por el mismo legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar la
violación masiva de múltiples derechos. En segundo lugar, otro elemento que
confirma la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de
desplazamiento forzado, es el elevado volumen de acciones de tutela
presentadas por los desplazados para obtener las distintas ayudas y el
incremento de las mismas. En tercer lugar, los procesos acumulados en la
presente acción de tutela, confirma ese estado de cosas inconstitucional y
señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la
población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las
autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos. En cuarto lugar,
la continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una
única entidad. En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los
desplazados reposa en factores estructurales enunciados en el apartado 6 de
esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia

entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que
adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos
dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud
del problema frente a la capacidad institucional para responder oportuna y
eficazmente a él. En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia
de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la
población internamente desplazada. Por ello, tanto las autoridades
nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias,
habrán de adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas.

AUTORIDADES-Están obligadas a la corrección de desigualdades
sociales

Las autoridades están obligadas -por los medios que estimen conducentes – a
corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y
participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población
en la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento
progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más
deprimidos de la sociedad.

DEBERES DEL ESTADO-Clases

Se derivan dos clases de deberes para el Estado. Por una parte, debe adoptar
e implementar las políticas, programas o medidas positivas para lograr una
igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados y al
hacerlo, dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción
progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la
población -en aplicación de lo que la jurisprudencia constitucional ha
denominado “cláusula de erradicación de las injusticias presentes”-. Y, por
otra, debe abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas
o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a agravar la
situación de injusticia, de exclusión o de marginación que se pretende
corregir, sin que ello impida avanzar gradual y progresivamente hacia el
pleno goce de tales derechos.

ESTADO-Adopción de medidas a favor de los grupos marginados

La adopción de medidas en favor de los grupos marginados, no constituye
una competencia meramente facultativa del legislador sino que es un
mandato de acción, encaminado a transformar las condiciones materiales que
engendran o perpetúan la exclusión y la injusticia social. Este deber estatal,
si bien necesita ser desarrollado por la ley, y está atado a las apropiaciones
presupuestales correspondientes, no puede quedar indefinidamente aplazado
en la agenda estatal.

Retroceso en su protección

Por la vía de la insuficiente apropiación presupuestal y de la omisión en la
corrección de las principales falencias de la capacidad institucional, el
avance progresivo en la satisfacción de los derechos de la población
desplazada no sólo se ha retrasado, sino que se ha ido deteriorando con el
paso del tiempo en algunos aspectos. Dicho retroceso es, prima facie,
contrario al mandato constitucional de garantizar el goce efectivo de los
derechos de todos los desplazados. Por eso, el primer deber de las
autoridades competentes es evitar dicho retroceso práctico en los aspectos del
nivel de protección de los derechos de todos los desplazados donde éste se ha
presentado, así dicho retroceso sea resultado de la evolución del problema y
de factores que escaparon a la voluntad de los funcionarios responsables.

DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Prohibición de
retrocesos en ampliación progresiva/DERECHOS SOCIALES
PRESTACIONALES-Control estricto frente a medidas de retroceso

DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Parámetros a tener en
cuenta

A todos los derechos que tengan una marcada dimensión prestacional se
pueden resumir en los siguientes parámetros. Primero, prohibición de
discriminación (por ejemplo, no se podría invocar la insuficiencia de recursos
para excluir de la protección estatal a minorías étnicas o partidarios de
adversarios políticos); segundo, necesidad de la medida lo cual exige que
sean estudiadas cuidadosamente medidas alternativas y que éstas sean
inviables o insuficientes (por ejemplo, se han explorado y agotado otras
fuentes de financiación); tercero, condición de avance futuro hacia la plena
realización de los derechos de tal forma que la disminución del alcance de la
protección sea un paso inevitable para que, una vez superadas las dificultades
que llevaron a la medida transitoria, se retome el camino de la progresividad
para que se logre la mayor satisfacción del derecho (por ejemplo, señalando
parámetros objetivos que, al ser alcanzados, reorientarían la política pública
en la senda del desarrollo progresivo del derecho); y cuarto, prohibición de
desconocer unos mínimos de satisfacción del derecho porque las medidas no
pueden ser de tal magnitud que violen el núcleo básico de protección que
asegure la supervivencia digna del ser humano ni pueden empezar por las
áreas prioritarias que tienen el mayor impacto sobre la población. Pasa la
Corte a definir tales mínimos.

Ponderación y prioridades en la atención oportuna

Dadas las magnitudes actuales del problema de desplazamiento en Colombia,
así como el carácter limitado de los recursos con los que cuenta el Estado
para satisfacer este cometido, es forzoso aceptar que al momento de diseñar e
implementar una determinada política pública de protección a la población
desplazada, las autoridades competentes deben efectuar un ejercicio de

ponderación y establecimiento de áreas prioritarias en las cuales se prestará
atención oportuna y eficaz a dichas personas. Por lo tanto, no siempre se
podrá satisfacer, en forma concomitante y hasta el máximo nivel posible, la
dimensión prestacional de todos los derechos constitucionales de toda la
población desplazada, dadas las restricciones materiales y las dimensiones
reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento.

Niveles mínimos de protección

Existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deben ser
satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades a los desplazados,
puesto que en ello se juega la subsistencia digna de las personas en esta
situación.

Condiciones para definir el nivel mínimo de protección

Para definir el nivel mínimo de satisfacción de los derechos constitucionales
de las personas desplazadas, debe hacerse una distinción entre (a) el respeto
por el núcleo esencial de los derechos constitucionales fundamentales de los
desplazados, y (b) la satisfacción, por parte de las autoridades, de ciertos
deberes prestacionales derivados de los derechos reconocidos a nivel
internacional y constitucional en cabeza de los desplazados. En cuanto a lo
primero, es claro que las autoridades en ningún caso pueden obrar de forma
tal que terminen por desconocer, lesionar o amenazar el núcleo esencial de
los derechos fundamentales constitucionales de las personas desplazadas. En
esa medida, no pueden los desplazados ser objeto de acciones por parte de
las autoridades que atenten, por ejemplo, contra su integridad personal o
contra su libertad de expresión. En cuanto a lo segundo, observa la Sala que
la mayor parte de los derechos reconocidos por la normatividad internacional
y la Carta Política a las personas desplazadas imponen a las autoridades, por
las circunstancias mismas en que se encuentran los desplazados, claras
obligaciones de carácter prestacional, que necesariamente implicarán un
gasto público. Es allí, en la preservación de las condiciones más básicas que
permiten sobrevivir con dignidad, donde se debe trazar un límite claro entre
las obligaciones estatales de imperativo y urgente cumplimiento frente a la
población desplazada, y aquellas que, si bien tienen que ser satisfechas, no
tiene la misma prioridad.

Protección

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Ayuda
humanitaria de emergencia

CORTE CONSTITUCIONAL-Ordenes complejas y simples en materia
de desplazamiento

En el caso presente, la Sala dará dos tipos de órdenes. Unas órdenes de
ejecución compleja, relacionadas con el estado de cosas inconstitucional y
dirigidas a garantizar los derechos de toda la población desplazada,
independientemente de que hayan o no acudido a la acción de tutela para la
protección de sus derechos. Tales órdenes tienen como finalidad que las
entidades encargadas de atender a la población desplazada establezcan, en
un plazo prudencial, y dentro de la órbita de sus competencias, los
correctivos que sean necesarios para superar los problemas de insuficiencia
de recursos destinados y de precariedad de la capacidad institucional para
implementar la política estatal de atención a la población desplazada. Las
órdenes de carácter simple que también se dictarán en este proceso están
dirigidas a responder las peticiones concretas de los actores en la presente
acción de tutela, y resultan compatibles con la línea jurisprudencial de la
Corte Constitucional para la protección de los derechos de la población en
situación de desplazamiento.

CORTE CONSTITUCIONAL-Ordenes para superar el estado de cosas
inconstitucional en la población desplazada/CONSEJO NACIONAL
DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA-
Superación del estado de cosas inconstitucional

En cuanto a las órdenes necesarias para superar la vulneración masiva y
continua de los derechos de la población desplazada originada en factores
estructurales, la Corte declarará la existencia de un estado de cosas
inconstitucional y lo comunicará a las autoridades con responsabilidades en
el tema, para que adopten, dentro de la órbita de sus competencias, y en un
tiempo razonable, los correctivos que sean necesarios. Estas órdenes están
dirigidas a que se adopten decisiones que permitan superar tanto la
insuficiencia de recursos, como las falencias en la capacidad institucional.
Dado que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada es el órgano encargado de formular la política y de garantizar la
asignación presupuestal para los programas de atención a la población
desplazada, la Sala le comunicará del estado de cosas inconstitucional para
que sea esta instancia la que determine la forma como pueda superarse la
insuficiencia de recursos y las falencias en la capacidad institucional. el
Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, en un
plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la comunicación de la
presente sentencia, deberá concluir las acciones encaminadas a que todos los
desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos

AUTORIDADES-Procedimiento a seguir cuando se reciban peticiones
de desplazados

Cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un
desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la
autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados
peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el

tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle
dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su
trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla
para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple
con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará
los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las
prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los
requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo
se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba
efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela
para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los
desplazados.

ACCION DE TUTELA-Ordenes para responder las solicitudes de los
accionantes desplazados

ACCION DE TUTELA-No puede emplearse para alterar el orden en
que se entreguen las ayudas a la población desplazada

La acción de tutela no puede ser empleada para alterar el orden en que serán
entregadas las ayudas solicitadas ni para desconocer los derechos de otros
desplazados que no acudieron a la acción de tutela y que se encuentran, en
igualdad de condiciones, a la espera de una respuesta de la entidad.

Referencia: expediente T-653010 y
acumulados1

Acción de tutela instaurada por Abel
Antonio Jaramillo, Adela Polanía
Montaño, Agripina María Nuñez y otros
contra la Red de Solidaridad Social, el
Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Protección Social, el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Educación, el INURBE, el INCORA, el
SENA, y otros

Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004).
1 Los detalles particulares de cada expediente acumulado al proceso T-653010 aparecen relacionados en el
cuadro Anexo 1 del presente fallo, el cual hace parte integral del mismo.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo
Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Bajo el expediente T-653010, fueron acumulados otros 108 expedientes,
correspondientes a igual número de acciones de tutela interpuestas por 1150
núcleos familiares, todos pertenecientes a la población desplazada, con un
promedio de 4 personas por núcleo, y compuestas principalmente por mujeres
cabezas de familia, personas de la tercera edad y menores, así como algunos
indígenas. La última acumulación se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2003,
mediante Auto de esa misma fecha, con el cual se acumuló el expediente T-
775898 al expediente T-653010.

Los nombres de los accionantes en cada expediente acumulado se listan a
continuación:

EXPEDIEN ACCIONANTES
TE
T- 653010, Abel Antonio Jaramillo, Adela Polania Montaño,
(demandante: Agripina María Nuñez, Aida Gutiérrez Vásquez,
Fundación Alberto Cervantes, Alfredo Antonio Lara, Álvaro
Ayudémonos Antonio Aguilar, Álvaro Torres Riatiga, Amparo de
FUNDAYUDE a la Hoz Julio, Ana de Dios Lerez Hernández, Ana
través de su Elsa Maldonado, Ana Julia de León, Ana Leonor
representante legal Díaz Sierra, Ana Lucía Armesto M., Ana Magali
Javier Augusto Silva Fernández, Ana Polo Camacho, Ana Rosa Marín,
Madero) Ana Rosa Mendoza Torres, Ángel Miro Balaguera
Paredes, Aracelis de Avila Peña, Asdrúbal Andrade,
Aurora Balaguera, Benjamín de la Cruz Ceballos,
Bienvenida Santos, Blanca Jaramillo Jiménez,
Carlos Wisman Murgas, Carmen Aroca Jiménez,
Carmen Cecilia Ochoa Contreras, Carmen
Jiménez, Casilda de la Cruz Peña, Celita María

Gutiérrez, Dagoberto Ramos, Dalcímenes Mejía
Toncel, Daniel Andrade Rodríguez, Deley María
Casares, Denis Edith Noriega Blanco, Diógenes
Simón Retamoso, Edilberto Cabas Orozco, Edilma
Guzmán M., Eliana Cecilia Parejo Oliveros, Elvia
Becerra Riatiga, Emerson Florez Gómez, Erminia
Cervantes Ortega, Etilvia Álvarez Díaz, Etilvia
Rosa Rodríguez, Ezequiel Florez Bustos, Faridis
Ariza Mendoza, Fredy Valdez González, Georgina
Isabel Moreno Díaz, Glenis Miranda Castillo,
Humberto Alfaro Zaldua, Ibaldo Enrique Gutiérrez,
Ilce Norelis Díaz Jiménez, Inés Rodríguez
Perdomo, Jaime A. González Peña, Jaime Rafael
Angarita, Jairo García Agudelo, Javier A. Silva
Madero, Javier Gamarra Senior, José Ángel
Aristizabal, José Cañas Santiago, José Gregorio
Estrada, José Muñoz Monte, José Otoniel Idárraga
Duque, José S. Franco, Juan de Dios Sánchez,
Ladis Navas Martínez, Laureano de León
Carrascal, Leidy A. Castillo Nieto, Lidia Rosa
Jiménez, Lidies Noriega de Cuello, Lilia Ariza
Mendoza, Liliana Guerra, Luis Carlos Morales,
Luis Felipe Ríos Manzano, Luz Marelis Pallares
Ceballos, Luz Marina Ayala, Madeline Jiménez
Ramos, Magaly Zarate Orozco, Magola Cecilia
Pérez, Manuela Isabel Castillo, María Aide
Villegas Pérez, María Antonia Bustos, María
Aracely Tobón, María de Jesús López, María
Filomena Ruíz Ramírez, María Ospino, Maríana
Palacios, Marlene Vásquez Lacio, Marleny Isabel
Blanco, Martha Tobón Dique, Martha Vargas
Ibáñez, Miguel Ángel Escobar Restrepo, Miriam
Buelvas Barreto, Mónica Medellín Arrieta R.,
Nadia Yanet González, Narciso Alberto Reales,
Nelcy Elena Aguirre Suárez, Nestar Juana García,
Nilson Aguilar Mateus, Nohemy Satizabal, Nuris
Cecilia Alvarado, Oladis Pérez Deicofz, Olga
Gutiérrez, Olga López Martínez, Pastor de Jesús
García Agudelo, Pedro Pallares Soto, Ramiro
Hernando Zapata, Ramón Antonio Reyes, Ramón
Silva Vide, Raúl Antonio Ospino Zuleta, Rubén
Darío Romero Blanco, Samuel Segundo González,
Sandra Milena García, Sebastiana María Ortega,
Shirley Barreto Santos, Soraida Padilla Flórez,
Stella Esther Villero Nuñez, Tania Cecilia Rojas,
Tomás Carmona, Trinidad Sánchez, Víctor Manuel
Moreno M., Víctor Manuel Pérez Valero, Walter
Cuadros Gil, Wilson Rafael Rabeloc, Yorlenis

González U., Yudy Pérez Rudas, Zoraida Cabrera
García
T- 619610, Cristóbal Quevedo Medina, Griselda Medina
(demandante: Devia, Custodia Cruz Pérez, Jorge Aníbal Lozada
Cristóbal Quevedo Hernández, Wilson Ariel Bustos, Ricardo Garzón
Medina y otros) Sánchez, Gregorio Vanegas Zapata, Luis Alfonso
Álvarez Ortiz, Eden Lozada Hernández, Fabián
Molano Díaz, Fanny Guzmán Castro, Bellanid
Acosta Guzmán, Elida Salazar Murcia, Nilson
Pérez Céspedes, Enrique Motta, Lui Ever Guzmán
Castro, Luis Guzmán Sánchez, Ciro Guzmán
Castro, Eugenio Leyton Correa, Olga Lucia
Moreno, Concepción Valderrama León, José Luis
Valderrama, Lady Patricia Bernal Rincón,
Elizabeth Carmona Montealegre, Sandra Fernanda
Perdomo, Sthela Ríos Devia, José Isaura Palma
González, María Luisa Cuenca Roa, Glori Yaneth
Ortiz, Luz Consuelo Rivas, Jhon Freddy Linares
Melo, Luis Ganzaga García Mendoza, María
Denis Buitrago García , Edier Peña García ,
Emperatriz Díaz de Varón , Uriel Peña Sarcia,
Blanca Estella Muñoz Restrepo, Luis Felipe
Lancheros Zambrano, Nazario Morales Casallas,
Gabriel Lozano Paeres, Arquímedes Guarín, María
Ubaldina González, Manuel Salvador Muñoz,
Ananias Vázquez Prieto, Albeiro Prieto Aguiar,
Silvio Renza Valderrama, José Arles Prieto
Aguilar, Gilma María Vásquez Prieto, Margeri
Polania Garzón, Aminta Rojas Bustos, Alfredo
Parra Arce, Germán Guayacán Vaca, José Ramón
Hurtatis Perdomo, Jesús Albeiro Gutiérrez
Tamayo, José Israel Marroquín Ortiz, Riquelma
González Barrios, María Edita Cabrera Polania,
Jaime Rodríguez Agudelo, Abel Barreiro, Celso
Garzón Sapuy, José Omar Soto, Miller Ales
Trujillo, María Emilgen Gutiérrez, Jaime Bernal,
Gloria Marcela Moscoso Caicedo, Gildardo Aley
Trujillo, María de Carmen Peralta, Diana Shirley
Tapia, Mario Jesús Ramírez, Ana Elisa García de
Peña, Gabriel Arnulfo Quevedo Medina, Otoniel
Guayara Tovar, Yisela Lozada Castro, Yolanda
Hernández, Nicodemus Molano Guzmán, Luz
Esmeralda Motta, Jorge William Acosta Pineda,
José David Reina, Delio Tarsicio López Fernández.
T- 674158, Mario Alberto Estrada Palacio y sus dos 2 hijas:
(demandante: Mario Yharnea y Gisela Estrada
Alberto Estrada
Palacio)

T- 675028, Jairo Melo Ramírez, Lavis Martínez.
(demandante: Jairo
Melo Ramírez)
T- 675074, Abdias Sánchez Almanza, Adelio Ramírez,
(demandante: Abdías Adriana Patricia Madrid Sánchez, Alba María
Sánchez Almanza y Araco, Alba Nellyda Orrego de Jiménez, Alcira
otros) Prada Loaiza, Aleyda Valencia Alzate, Alfredo
Antonio Lara, Álvaro Hernán Salinas Ordóñez,
Ana Cristina Barrera, Ana Rubiela Vargas, Antonio
Alcides Becerra Buesaquillo, Aristoniel Martínez
Moreno, Aristóbulo Ortiz Chavarro, Betty
Rodríguez Lozano, Blanca Aurora Rueda
Graciano, Blanca Nubia Marín Marín, Carlos
Alberto Flórez García, Carlos Arturo Urbano
García, Celimo de Jesús Nupán Bermúdez, Cesar
González Acevedo, Custodia Aroca Ángel,
Danover Peláez, Deicer Sánchez Ordóñez, Deisy
Manjarres, Deisy Marcela Morales Herrera,
Fernando Dagoberto Moreno B, Flor Alba Vidal
Astudillo, Gloria Olivia Rueda Graciano, Hilder
Baos Acosta, Iván Darío Rueda Graciano, Jaime de
Jesús Arredondo Ruiz, Javier de Jesús Parierna
Holguín, Joaquín Rojas Marín, Jorge Hernán
Vallejo Barona, José Antonio Moscoso Moreno,
José Balmore Carvajal García, José Fernando
Aponte Giraldo., José Luis Calderón Cruz, José
Octavio Henao Guarín, José Orfilio López, José
Sorel Rodríguez Galvis, José Rubelio Cardona
Cardona, José Urbano Valencia Roa, José Yery
Irira Vargas, Juan Bautista Giraldo Garcés, Juan de
Jesús Marquez Franco, Julia Margarita Quiceno,
Julio Cesar Rueda Graciano, Leonardo de Jesús
Rueda Graciano, Libardo de Jesús Echavarría,
Liliana Castellanos Salazar, Luis Carlos Vidal
Isaza, Luis Javier Galvis Hernández, Luis Javier
Torres Salazar, Luz Adiela Arias Navales, Luz
Elena Henao Cardona, Luz Elena Rueda Graciano,
Luz Marleny Hernández, María Esneda Moreno
Cruz, María Fernanda Urueta Quintero, María
Rufina Andica Andica, Martha Lucía Gamboa,
Milciades de Jesús Salazar Álvarez, Nini Johana
Castro Ocampo, Omer Rocha Valenzuela, Orlando
Buitrago Brito, Pedro Antonio Valderrama Bermeo,
Pedro Ignacio González Guzmán, Pilar Gazca
González, Ramón Egidio Sánchez Gaviria, Ramón
González Guzmán, Raúl Saavedra, Ricardo
Bejarano Cardona, Rosa Cecilia Ruiz Varón,
Rubén Darío Gómez Grisales, Sandra Milena

Castro Ocampo, Solfari Arias Navales, Víctor
Alonso Blandón Toro, Yamile Varela Valencia,
Yony de Jesús Valencia Roa, Zoilo Vásquez
Bermeo, Zonia Rocio Klinger Salamanca, James
Arturo Ruiz, Fabio Ospina Naranjo.
T- 675081, Guillermina Ferreira.
(demandante:
Guillermina Ferreira)
T- 675083, Los Adultos: Ever Perilla Morales, Ana Pinilla de
(demandante: Jorge Páez, Prudencio Osuna Sunce, Gerardo Esquivel
Osorio Peña como García , Luis Francisco Losada Calderón, Mireya
Personero de Neiva a Medina, Carolina Londoño Gómez, Gabriel
nombre de varios Quejada Maquillon, Patricia Sánchez, Ramona
adultos y menores de Maceto de Figueroa, Campo Elías Pulido Ángel,
edad) Leticia Palencia Ossa, Neider Esquivel García,
Mercedes Rodríguez de Sánchez, Henry Vega
Ramírez, Samuel Parra Barreto, María del Carmen
Benítez de Ramírez
Los Menores de Edad: Karen Yulieth Polo
Guerrero , Paola Andrea Lozada, Angie Carolina
Roa Gutiérrez, Audri Yusneidi Muñoz, Jassam
Damián Trujillo, Robinson Cabiedes, Luis Felipe
Ávila, Ingrid Katerine Narváez, Juan Gabriel
Cabrera, Daniela Alejandra Ramírez, Chelsin
Dayana Rodríguez, Diego Alexander Castrillon,
Sara Luz Conde, Anyi Carolina Figueroa, Brandon
Wbeimar Rojas, Vivian Yiseth Bobadilla, Amyi
Tatiana Meneses, Juan David Ortiz, Paola Andrea
Chilito, Leidy Katerine Forero, Cristian Felipe
Mejía, Brayan Fernando Aya, Jonatan González,
Yeiner Alexis Cortés, Jhoan Javier Murcia, Erika
Alexandra Cardozo, Maddy Alexandra Baquero,
María Saulina Mejía, María Alejandra Parra, Flor
Anyela Quiroz, Carol Briyi Díaz, Brayan Alaya,
Luis Carlos García , Erika Gissela González, José
Guillermo Aviles, Julio Cesar Polanco, Jommy
Alejandro Charry, Juan Esteban Prieto, Johan
Andrés Pascuas, Diana Patricia Andrade, Juan
David Ceballos, Sergio Andrés Trujillo, Danny
Julieth Alvarado, Everly Johana Herrera, Junior
Arlex Hoyos, Jennifer Adela Leal, Diana Margod
García, María Nancy Hipus, Marlon Gerardo
Triana, Cristian Andres Cuenca, Natalia Feria Alba,
Maikol Estiven González, María Paula Yunda,
Norma Lery Rojas, Yan Carlos Guzmán, Donoban
Mauricio Beltrán, Deicy Johana Fierro, Yurani
Vanessa Peña, Marlory Alejandra Pérez, Miguel
Ángel Villabon, José Julián Marquines, Ludy

Jimena Esquivel, Claudia Liliana Soto, María
Liliana Perdomo, Erika Ramos, Yuri Katerine
Arias, Cesar Luis Cristóbal Yano, Cristóbal
Valencia, Jefferson Mateo González, Oclibia
Vanegas, Dayana Peña, Dairo Nieto, Yudy Paola
Fonseca, Joiner Steven Hoyos, Edgar Reina, Laura
Sofia Quesada, Dairo Gutiérrez, Francy Rocio
Guevara, Andrés Felipe Reyes, Oscar David
Claros, Rosendo Martínez, Paula Cristina Estrada,
Yuri Yulieth Serrato, Tatiana Marcela Rodríguez,
Carlos Andres Cuesta, Jevinson Esquivel, Juan
Pablo Aldana, Cristian Favian Ortiz, Charles
Robert Monroy, Cristian Hernando Herrera, Lina
Sofia Rivera, Andres Felipe Roa, Néstor Fabian
Córdoba, Yency Bolañoz, Carlos Ariel Rey, Linda
Esmeralda Romero, Anderson Cuellar, Miguel
Ángel Guar, Esequiel Díaz, Jeison Ramírez,
Victoria Sánchez, German Cuellar, Yumier Steek
Ospitia, Olbinett Sogamoso, Oscar Mauricio
Sánchez, Marla Liseth Charry, Antonio Romero,
Eidy Carina Silva, Yoldi de Jesus Ojeda, Tania
Constanza Uni, Cristóbal Sánchez Soto, Jessica
Camila Cerdoso, Hernán Alexis Parra, Shirley
Vanessa Cuellar, Wilfredo Córdoba, Yeimi
Edubiges Guzmán, Yorleny Ariza, Laura Victoria
Sánchez, Jeison Ramírez, Diana Karina Ramírez,
Olga Lucia Roa, Bryan Lizardo Hernández, María
Alejandra Cuellar, Antonio Romero, Yeison Aroca,
Jon Mauricio Gaspar, Faiber Soto, Helber
Jaramillo, Daniela García, Miguel Ángel Villamil,
Jurani Ariza, Sergio Andres Delgado, Yeison
Fabian Saldaña, Yadira Andrea Murcia, Robinson
Navia, Yerli María Ortiz, Camilo Antonio
Calderón, Alba Milena Castellano, Dayahana
Yiceth Paz, Carlos Raúl Sánchez, Saydi Lorena
Waldo, Ronal Alexander Mora, Jorge Luis Páez,
John Jenderson Vargas, Jessica Fernanda Arbeláez,
Kevin Damián Ossa, Tatiana Yaqueline Cárdenas,
Juan Carlos Figueroa, Jonhatan Rangel, Leonel
Zúñiga, Eduar Mauricio Hernández, Luis Alberto
Otrega, Sebastián Darío Ramírez, Elizabet Ortiz,
Néstor Eduardo Atuesta, Francy Lorena Losada,
Andrea Alarcón, Carlos Raúl Sánchez
T- 675096, Gregorio Hernández Oyola.
(demandante:
Gregorio Hernández
Oyola)
T- 675844, Gabriel Antonio Pérez Ramírez.

(demandante: Gabriel
Antonio Pérez
Ramírez)
T- 675955, Alejandro Estela Suárez, Ana Emilce Avendaño
(demandante: Enoc Molina, Ana Isolina Palma, Ananais Rodríguez,
Campo Polanco y Aura María Bueno, Aura María Salcedo, Benito
otros) Perdomo, Blanca Inés Beltrán, Carmen Rosa
Useche, Claudia Yaneth Jaimes, Daniel Antonio
Bernal Huertas, Delio de Jesús Loaiza, Doris
Milena Triana, Elva Ester Pacheco Lopez, Elvia
María Castillo Forero, Enoc Campo Polanco ,
Ernestina Culman, Francia Elena Salazar Rua,
Germán Eduardo Bernal, Gilberto de Jesús
Bohorquez, Gladys María Albao Robles, Guillermo
José Sandoval, Gustavo Rojas, Hector Hernando
Bernal, Hugo Rafael Real, Ivón de Jesús Borja
Borja, Jazmin Albao Robles, Jhony Mauricio
González, Jorge Darío Pineda Valencia, Jorge
Eliecer Limas, José Albano Cardona Cifuentes,
José Anastacio Velazquez, José de Jesús Usma,
Juan Alberto Causil, Juan Alberto Causil, Ligia
Guzmán, Liliana Patricia Gómez González, Lucey
Rayo Rojas, Lucrecia Peña, Luis Eduardo Jadedt
Martínez, Luis Enrique Alarcón Gallo, Luz
Amanda Muños Rozo, Marco Tulio Claros Cuellar,
María Aide Delgado, María Aleandrina Pineda
Velazquez, María Del Rosario Nuñez Cuellar,
María Elba Salazar, María Elena Olivares, María
Elina Mejía, María Helena Cardona, Marina Olaya,
Marta Lucía Castro, Miguel Amariz Garzón,
Miriam Ardila Rodríguez, Nancy Isabel Martínez,
Nelly Barrios Caucil, Ninfa María Trejos Montes,
Niria Sánchez, Nohelia González, Olfer Medina,
Olinda Lozando de Guzmán, Orfa Lilia Madrigal,
Otoniel España Lopez, Pedro Sánchez Vanegas,
Rigoberto Montero, Rocío Madrigual, Romilio
Madrigual Delgado, Rosalba Beltrán, Rubiela
Salinas, Servio Tulio Gómez, Susana Canacue,
Teresa Cardona, Tito Libio Cardona, Tobiás
Hernández Altamar, Virgenis Marín, Viviana
Anaya Romero, Yamile Mur Rodríguez
T- 675076, Alba Luz Ruis Mosquera, Albeiro de Jesús
(demandante: Alba Sánchez Montoya, Alberto Arana Valencia, Alberto
Luz Ruiz Mosquera y Cabrera Medina, Alexander Castañeda Mosquera,
otros Aleyda Tabarez de Ruiz, Alonso Castagñeda
Benitez, Álvaro Murillo Rentería, Amanda Cruz
Muñoz, Ana Celida Naranjo Zapata, Ana Fransisca
Mosquera de Matur, Ariel de Jesús Serna Jiménez,

Belén Henao Giraldo, Blanca Sonia Paniagua
Muñoz, Celso Cosio Mosquera, Cristobal Emilio
González Jiménez, Cruz Helena Moreno
Mosquera, Dorilia Cossio, Eduardo Cuenut, Fabio
de Jesús Moreno Flórez, Fannery Garzón, Fitsoder
de Jesús Herrera Hincapié, Gabriel de Jesús Suárez
Florez, Gilberto Morales Florez, Gladys Yanini
Romero Noriega, Gustavo Moreno Nagle, Héctor
José Sánchez Montoya, Jael Alicia Cañaveral
Fernandez, Jesús Alexis Copete Perea, José Alirio
Campaña Rentería, José Daniel Ramírez Maturana,
José Edilberto Rua Jiménez, José Efredy Gómez,
José Jesús Vinazco Aristizabal, José Otilio Suárez
Bartolo, José Walter Parra Torres, Juan Bautista
Naranjo Marín, Juan Del Carmen Mosquera
Mosque, Juan Pablo de Jesús Campeón Pescado,
Laurentina Correa Maturana, Luis Horacio
Ramírez Caro, Ma Alejandrina Mosquera Cepeda,
Ma Aracelly Campeón Pescador, Marco Tulio
Vélez Castaño, María Del Carmen Romero Serna,
María Del Pilar Martínez Saavedra, María Dora
Guevara Vargas, María Gleidy Cañón Rodríguez,
María Lorenza Mosquera Pereira, María Lucelly
Lloreda Mosquera, María Matilde Ruiz Gallego,
María Patricia López Flórez, Martha Cecilia
Caviche, Martha Elena Torres Machado, Martha
Rubiela González de Romero, Matilde Isabel Leal
Ojeda, Miriam Rosa Campeón Pescador, Myriam
Mosquera Rentería, Nelson Montoya Urrego, Nora
Córdoba Mosquera, Nubiel Antonio Correa, Olga
Omardy Campeón Pescador, Pedro Antonio
Cardona, Ramiro González, Ramón Gustavo
Moreno, Rocío de los Ángeles Rueda, Rosemberg
Antonio Montoya González, Ruth del Carmen
Valencia Cruz, Salome Cuenut Maturana, Ubeibar
de Jesús Campeón Pescador
T- 679482, Los Adultos: Dora Alba Ramírez Aguirre, Diana
(demandante: Dora María Benitez, Luis Enrique Benitez; y Los
Alba Ramírez Menores Euniris Benitez, María Neyibia Benitez,
Aguirre y otros) María Milvia Benitez.
T- 680268 , Jaime de Jesús Echeverry (Núcleo familiar
(demandante: Jorge E compuesto por dos adultos y tres menores).
Peralta de Brigard,
como representante
legal de la Asociación
Humanitaria de
Colombia en
representación de

Jaime de Jesús
Echeverri Pérez).
T- 680627, Juvenal Navarro Arroyo, Deyanira Herrera,
(demandante: juvenal Eduardo Orozco, Pedro Pacheco, Ismael Maestre,
navarro Arroyo y Juan Montes, Jony Meriño, Luis Carlos Fernández
otros, todos representantes legales de las organizaciones de
representantes legales desplazados: Asociación de Desplazados del
de asociaciones de Caribe Colombiano, Asociación por un mejor vivir
desplazados) feliz, Asociación Nueva Vida, Asociación Nuevo
Horizonte, Asociación Desplazados Unidos,
Asociación Asodespente, Asociación Justicia y
Paz, Asociación Renacer, en nombre y
representación de sus asociados (no se anexa lista
de miembros)
T- 680670, Efraín Navarrete, Ana Rosa Valencia, Rosa
(demandante: Efraín Caicedo, Mercedes Sinisterra, Lucy Sinisterra,
Navarrete) Darlyn Sinisterra, Wilson Mora.
T- 680805, Diana María Benítez Ramírez, Aldemar Hinestroza
(demandante:Diana (Esposo).
María Benítez
Ramírez)
T- 681418, Javier Pérez Rayo, Antonio Medina Vega, María
(demandante:Javier Mary Vargas, Arcelia Palomino.
Rayo Pérez y otros)
T- 681839, José Edgar Navarro Solórzano (1 Adulto y 1
(demandante: José Menor).
Edgar Navarro
Solórzano
representado por
Henry Rivera Acosta
como representante
legal de la Asociación
de familias
desplazadas
(ASOFADECOL)
T- 682674, Elsy Valencia Lozano.
(demandante: Elsy
Valencia Lozano)
T-683849, Doris Alba Robles Castellanos, Facundo Cortés
(demandante: Doris Trujillo.
Alba Robles
Castellanos)
T-683850, John Wilson Perdomo Polanía, Erika Milagros
(demandante: John Barreto Rodríguez.
Wilson Perdomo
Polanía)
T-684071, Ruby Jadith Oyola Ramírez.
(demandante: Ruby

Jadith Oyola
Ramírez)
T-684470, Jorge Eliécer Betancourt Márquez.
(demandante: Jorge
Eliécer Betancourt
Márquez)
T- 684548, Manuel José Hoyos González.
(demandante: Manuel
José Hoyos
González)
T- 684560, María Marli Riobo Caleño.
(demandante: María
Marli Riobo Caleño)
T- 684566, Edith Silva Trillos.
(demandante: Edith
Silva Trillos)
T- 684572, Moisés Pomar Lozano.
(demandante: Moisés
Pomar Lozano)
T- 684573, Leonidas Montilla Sánchez.
(demandante:Leonida
s Montilla Sánchez)
T- 684574, Amparo Suasa Forero.
(demandante:
Amparo Suasa
Forero)
T- 684579, Omayra Henao Correa.
(demandante:
Omayra Henao
Correa)
T- 684744, José Daniel Santofimio Castro.
(demandante: José
Daniel Santofimio
Castro)
T- 685774, Cerafina Huila.
(demandante:
Cerafina Huila)
T- 685986, Carlos Omar Rodríguez.
(demandante: Carlos
Omar Rodríguez)
T- 685987, Gladis Ortiz Montejo, Maximiliano Ortiz Montejo,
(demandante: Gladis Angélica Gálvez Henao.
Ortiz Montejo y
otros)
T-686154, Eustacio Fonseca Barraza, Felipe Zárate V,
(demandante: Xiomara L. Ariño, Ernesto Epinayú, Omar Erazo
Eustacio Fonseca López, Carmen Sierra, William Ariño, Luis E.

Barraza, como Duarte, Luz Marina González, Rosana Ludo
representante legal de Urbaéz, Ubida María Urbaéz Ariño, Yudis Mari
la Asociación de Castillo, Simón Corzo Flórez, Betty García Díaz,
Desplazados de Luis M. García Díaz, César Maldonado Avila,
Fonseca, Paulina Salina, Yulis Córdoba, Elizabeth Ariño,
ADESFONGUA.) Numnel Amaya, Olido Cujio, Mónica Daza,
Tercilia García, Cecilio Granados, Antonio
Arciniegas, Ángel Guerrero, Orlando Orozco,
Ismael E. Ferrer, Adriano Fidel Sierra Rambauth,
Eduardo Sierra Rambauth, Rafael Sierra Rambauth
Pedro Español, Julia Duarte, Victorino Romero,
Elba Urbay C, José Epinayú, Graciela Aroca,
Federico Montoya, Neiber Erazo, Gloria Navarro,
Berna Jaraba, Madeleine Jaraba, Evangelino A.,
Marta Gómez, Eleidis Rosa.
T- 686751, María Del Socorro García Díaz, Luis Emilio
(demandante: María García Díaz, María Eudilia Gutiérrez Padilla
del Socorro García (menor de edad).
Díaz)
T- 686775, Carlos Julio Aroca Díaz.
(demandante: Carlos
Julio Aroca Díaz)
T- 687040, Jackeline Rentería Angulo.
(demandante:
Jackeline Rentería
Angulo)
T- 687244, Pantaleón Oyola Camacho.
(demandante:
Pantaleón Oyola
Camacho)
T- 687274, Olinda Londoño Peña.
(demandante: Olinda
Londoño Peña)
T-687276, Arvey Marín Latorre.
(demandante: Arvey
Marín Latorre)
T- 687325, Silvestre Bautista Londoño
(demandante:
Silvestre Bautista
Londoño)
T- 687987, Hernando Aldana, Felix Ospina Carrillo, Irlandez
(demandante: Calderón Perafán, Juan Antonio Rovallo
Hernando Aldana y Rodríguez, Luz Marina Triviño, Alexander Elías
otros) Jiménez Sandoval, Adonai Monje, Pedro Eudoro
Prieto Palacios, Nohora Isabel Triviño, Amanda
Ramírez Vásquez, Víctor Hugo Mercado, Luis
Enrique Rubio Oviedo, Alfredo Gutiérrez,
Ermened Rubio González, Divalba Alape Lozano,

Ana Zulay Rayo Garzón, María Cecilia Carrillo
Barragán, Argot Silenia Bernal Moreno, Alexandra
Bolaños Usa, Abraham Ramírez, Carlos Joaquín
Moreno Palma, Marly Jorleny Guevara, Rafael
Alfonso Botello, Carmen Julia Moreno Palma,
Manuel Ortiz Bermúdez, Enilda Rosa Martínez,
Fernando Edwin Vides, Ricardo Contreras,
Roberto Hernández, Manuel Salvador Arévalo
Claro, Alberto Ramírez, Ana Victoria Moreno de
Palma, Libia Pinzón, Uriel Bermúdez Reyes,
Nancy Ramírez, Numael Rayo, Carlos Joaquín
Moreno Viuche, Ledys Vides Quiroz, Gloria
Amparo Moreno Palma, Jakeline Becerra
Rodríguez.
T- 688002, Gloria Yaneth Hernández, Carlos Enrique Montoya
(demandante: Gloria B., Gustavo Sanz Ordóñez, Rubén Darío Villegas,
Yaneth Hernández) Carlos Antonio Posada, Liced Yuliana Posada,
Diana Milena Ortiz Gutiérrez, Jhon Jairo Mayor
Sánchez, José Ignacio Mapura Jiménez, Rubiela
Cataño Hernández, Ana María Suaza, Mara Nancy
Villa, Luis Fernando Mapura Vinasco, Luis Alberto
Bermúdez Tobón, Pablo Emilio Vélez Gallón,
Adalberto Sanz Ordóñez, Luis Gonzaga Arias,
Carmen Emilia Restrepo, Blanca Libia Salas, Jorge
Eliécer B.
T- 688508, Henry Gañán Salazar y su núcleo familiar
(demandante: Henry
Gañán Salazar)
T- 688767, Yamel Alirio Tamayo Giraldo y su núcleo familiar
(demandante: Henry
Rivera Acosta,
representante legal de
(ASOFADECOL), en
nombre de Yamel
Alirio Tamayo
Giraldo)
T- 688769, Adolfo Sánchez Castrillón.
(demandante: Adolfo
Sánchez Castrillón)
T- 688868, Luis Hernando Moncayo Urbano.
(demandante: Luis
Hernando Moncayo)
T-689017, Cristina Onaida Medina Mejía (y núcleo familiar
(demandante: Cristina compuesto por 7 personas, 2 adultos y 5 menores
Medina Mejía y de edad), Marlene Morales López (y núcleo
otros) familiar compuesto por 5 personas, 2 adultos y 3
menores de edad), Yanet Borja Hernández (y
núcleo familiar compuesto por 3 personas, 1 adulto

y 2 menores de edad), Rosa Delia Dietes (y núcleo
familiar compuesto por 6 personas, 1 adulto y 5
menores de edad), Jesús María Holguín (núcleo
familiar compuesto por 2 adultos tercera edad),
Carlos Felipe Sarmiento Díaz (núcleo familiar
compuesto por 5 personas, 4 adultos y 1 menor de
edad), Benigno Antonio Mancera Berrueco (núcleo
familiar compuesto por 5 personas, 2 adultos y 3
menores de edad)
T- 689020, María Morelia Ciro Ramírez, Elsa Madera
(demandante: María Carranza, Yesid Bermúdez, Sandra Patricia Vides
Morelia Ciro Ramírez Guzmán, Luz América Monsalve, Eloina
y otros ) Rodríguez Oviedo, Emilse Fernández Pereira, Luz
Edilia Calvache Osorio, Arturo Méndez Rodríguez,
Sandra García, Jaidith Martínez, José Luis Osorio,
José Emiro Ramírez.
T- 689104, Oliveiro Pacheco Galeano.
(demandante:
Oliverio Pacheco
Galeano)
T-689131, Jesús Antonio Álvarez Rivera.
(demandante: Jesús
Antonio Álvarez
Rivera)
T- 689186, Ernestina Suárez Riascos.
(demandante:
Ernestina Suárez
Riascos)
T-689206; Rubiela Prias Méndez, William Alexander Prias
(demandante: Rubiela Méndez, Mónica Tatiana Prias Méndez.
Prias Méndez)
T-689307, Antonio Castro Vélez, Raul Muñoz Sanabria, Ana
(demandante: Joaquina Narváez, Elsa Montero Silva, Lilia Del
Antonio Castro Vélez Carmen Cuadros, Esther Benavides Meneses,
y otros) Humberto Fonseca, Arelys Ruiz Ortiz, Hermes
Mojica, Laureano Mosquera, Rubén Darío Zuleta,
Delfina Pagüena, Antonia Vera Ariza, Elia Josefa
Vásquez, Belisario Olivares, Ana Felicia Carpio,
Francia Nubia Trillos, Nelson Ardila Valencia,
Cristina Onaida Medina, Marlene Morales, Yanet
Borja, Rosa Delia Dietes, Jesús María Holguín,
Carlos Felipe Sarmiento, Benigno Antonio Macera.
T- 689503, Félix Leopoldo Acosta.
(demandante: Félix
Leopoldo Acosta)
T- 689697, Elizabeth Moreno García.
(demandante:
Elizabeth Moreno

García)
T-690250, Pomar Lozano Oliveiro, Amparo Rodríguez, Luis
(demandante: Pomar Ángel Pomar Rodríguez
Lozano Olivero)
T- 690254, Ricardino Riascos Mantilla
(demandante:
Ricardino Riascos
Mantilla)
T- 690437, Wilson Romero Gómez, Bertha Carreño
(demandante: Wilson López,Blanca Nelly Romero, Jonathan Andrés
Romero Gómez) Romero.
T-692182, Josué Godoy González.
(demandante: Jesús
Eduardo Triana Calle
en representación de
Josué Godoy
González)
T- 692183, María Belarmina Suaza Giraldo.
(demandante: María
Belarmina Suaza
Giraldo)
T- 692204, José Dolores Renteria, Aida Lucía Mosquera
(demandante: José Maturana, Alida Mosquera Mosquera, Alis María
Dolores Rentaría y Machado, Ana Dionisia Mosquera, Ana Dolores
otros) Mosquera Mosquera, Ana Dominga Hurtado
Córdoba, Ana Francisca Rentería Maturana, Ana
Julia Mosquera Murilllo, Antonio de Jesús
Restrepo Aguilar, Apolonides Ibarguen Ramírez,
Argemiro Upegui Galeano, Ariel Pineda Uribe,
Ariosto Moreno Lemus, Armanda Machado
Mosquera, Aurelio José Bermúdez Rentería,
Aurelio Mosquera Rentería, Beatriz Elena Rivas
Machado, Benancio Machado Córdoba, Blanca
Nubia Martínez de Blandón, Boris Antonio Mena,
Candida Rosa Mosquera, Carlos Alberto Mosquera
Serna, Carlos Alberto Rentería Ramírez, Carlos
Tulio Mosquera Pereira, Carmelina Andica de
Gañán, Carmen Bolivia Perea Mosquera, César
Augusto Mosqura, César Augusto Salazar
Penagos, Clara Hilda Hinestroza, Concepción
Maturana Mosquera, Cruz Emilia Rentería, Cruz
María Pino Bonilla, Daisi Rubiela Torres Perea,
Damaris Rentería Rentería, Daniel Bedoya
Raigoza, David Moreno Arango, Digna María
Mosquera Buenaños, Doralia Maturana Escarpeta,
Doris María Maturana Machado, Edilberto
Agudelo Pareja, Eduardo Machado Machado, Eida
Mosquera Murillo, Eloicer Mena Rentería, Emilsa

María Hernández Benavides, Eris María Córdoba,
Erminda Rentería Mosquera, Ernestina Maturana
Castillo, Eugenia Guaramu Aricap, Eulogia
Córdoba Mosquera, Eutasio Serna Moreno,
Evaristo Murillo Mosquera, Evelio Córdoba
Mosquera, Fabio de Jesús Moreno Flores,
Fernando de Jesús Upegui Velasco, Flor María
Moreno Ayala, Francisca Arnole Mosquera,
Francisco Javier Rivas Rentería, Gonzalo
Mosquera Murillo, Harvelis Ximena Mosquera,
Héctor Alonso Mosquera Mosquera, Isaac Rentería
Moreno, Isabel Mosquera Mena, Isnel Antonio
Rentería Maturana, Iver Demetrio Mosquera
Murillo, Jairo Barrera Villanueva, Jairo Herando
Rentería Maturana, James Rodríguez Henao, Jesús
Arnoldo Rentería Buenaños, Jesús María Moreno
Ayala, Jhon Wilmar Mosquera Figueroa, Jorge
Machado Córdoba, José Arismesio Mosquera, José
Clímaco Mosquera Perea, José Delio Escarpeta
Palacio, José Gerardo Rosero Melo, José Gamboa
Arroyo, José Gilberto Gañán Bueno, José Indulfo
Mosquera Machado, José Marino Mosquera, José
Orlando Osorio Mosquera, José Vidal Mosquera
Mosquera, Juan Alberto Escarpeta Machado, Juan
Bautista Palacios, Juan de Dios Sepúlveda, Julio
Mosquera Sánchez, Justiniana Mena Machado,
Limbanio Antonio Rentería Ramírez, Lizardo de
Jesús Sepúlveda Urán, Lourdes Isabel Álvarez
Martínez, Lucía Castillo Jiménez, Lucía Rudecinda
Mena Rentería, Luis Alfonso Trujillo Renjifo, Luis
Aníbal Mosquera, Luis Arturo González García,
Luis Jesús Rolón León, Luis Alba Muñoz, Luz
Caridad Moreno Campaña, Luz Dary Maturana
Buenaños, Luz Del Carmen Maturana, Luz Marina
Zamora Delgado, Luz Mary Martínez Maturana,
Luz Nelly Rentería Mosquera, María Ramos
Maturana de Posada, María Yamile Rentería
Campaña, Magnolia Machado Rentería, Manuel
Angélico Sánchez Mena, Marco Fidel Pava
Ramos, Margarita González Arias, Margarita
Hinestrosa de Mena, María Aleida Perea Nagle,
María Antonia Rentería Maturana, María Carolina
Renteria Renteria, María de la Cruz Mosquera,
María Escilda Sánchez Perea, María Felicidad
Gómez Mosquera, María Griseldina Hinestroza,
María Irelisa Mosquera Murillo, María Luceli
Cordoba Perea, María Lucinda Machado
Mosquera, María Lucinet Mosquera, María

Mercedes Palacio Cosio, María Miriam Mosquera
Rentería, María Nulfa Quiñones Mosquera, María
Soledad Mosquera Machado, María Yadilfa
Machado Moreno, Martha Elena Torres Machado,
Martha Ofelia Palacios Agualimpia, Martinina
Rentería Castillo, Máximo Rentería Mena,
Medardo Antonio Rentería Rentería, Melba Cossio
Mosquera, Nelis Beatriz Andrade Perea, Nelson
Montoya Urrego, Nilo Antonio Herrera, Nohemy
Lloreda, Nora Córdoba Mosquera, Norma Luz
Lloreda Mosquera, Norma Mosquera Mosquera,
Olga Cecilia Cuartas Pérez, Olivia Perea
Mosquera, Omer Murillo Herrera, Ordóñez
Herrera, Orfelina Mosquera Machado, Paulina
Agualimpia Córdoba, Reinaldo Loaiza Gracia,
Roberto Odilom Mosquera Rentería, Rocío de Los
Ángeles Rueda, Román Moreno Ayala, Rosa Elvira
Upegui Vinasco, Rosa Enoe Mosquera, Rosa Esnea
Mosquera Mosquera, Rosa Esperanza Mosquera
Machado, Rosalia Cordoba, Rosa María Mena
Roa, Rosa Melia Renteria, Ruperto Pencua Rincon,
Samuel Renteria Ramírez, Simon Elias Cardona
Zambrano, Suriel Ramos Mosquera, Teresa
Bedoya Caicedo, Valdramina Parra Machado,
Vicenta Mena Renteria, Victor Eduardo Gómez,
Victorino Mosquera, Virgilio Padilla Moreno,
Wilson Antonio Manco Muñoz, Wiston Antonio
Renteria Cuesta, Yamilet Machado Moreno, Yenier
Yesid Arias Díaz, María Ligia Quintero Cano,
María Del Tránsito Machado de Mosquera, Alba
Cecilia Mena Rentería, Elvia Amparo Cardona
Cardona, María Paulina Mosquera Córdoba,
Sandra Hincapié Herrera Y Luz Dary Hincapié
Herrera.
T-692218, José Eduardo Ayala Ayala y su núcleo familiar
(demandante: José
Eduardo Ayala Ayala)
T- 692398, Heber Molano Rojas y su núcleo familiar
(demandante: Heber
Molano Rojas)
T-692410, Nina Patricia Sanmiguel y su núcleo familiar
(demandante: Nina
Patricia San Miguel)
T- 692415, Luz Marina Pacheco Sambrano.
(demandante: Luz
Marina Pacheco
Sambrano)
T- 692867, María Cristina Rodríguez Vásquez, Libardo

(demandante: María Antonio Ramírez, Libardo, Antonio, Javier
Cristina Rodríguez Antonio, Dora Lilia y Jhon Fredy Ramírez
Vásquez.) Rodríguez
T- 692880, Los Menores: Leidy Marien Polania, Wilmen
(demandante: Héctor Polania, Lizeth Daniela Polania, Jeyner Adrian
William Suárez Ossa, Alexander Ossa, Jehison Sossa, Angelica
Moreno, personero Trujillo, Yarlin Arledy Cuellar, Lucerito Cuellar,
Municipal de Diego Vargas Quino, Gladis Vargas, Davinson
Florencia) Chaguala, Jeison Arley Sotto, Yeferson Peña, Aie
Dajana Soto, Jaime Ospina Bolaños, Vicky
Alejandra Ospina, Erney Sánchez, Didier Arrigui
Rojas, Jasneidy Arrigui, Jeferson Gallego, Deyner
Chocue, Darlinson Chocue, Yina Milady Herrera
T- 693606, Edgar Verján Chambo y su núcleo familiar
(demandante: Edgar
Verján Chambo)
T-695161, Nancy Quintero Castañeda y Elizabeth Quesada
(demandante: Henry Tovar, y sus núcleos familiares
Rivera Acosta,
representante de
ASOFADECOL
como apoderado de
Nancy Quintero
Castañeda)
T-695242, Sosmery y Sergio Alexander Giraldo Cadavid y sus
(demandante: núcleos familiares
Sosmery Cadavid
Tavorda)
T-695691, Elizabeth Quesada Tovar y su núcleo familiar
(demandante:
Elizabeth Quesada
Tovar)
T- 695839, Jorge Eliécer Meza y su núcleo familiar
(demandante: Jorge
Eliécer Meza)
T- 695872, Gerardo Parra y su núcleo familiar
(demandante:
Gerardo Parra)
T- 696791, Libe Antonio Porras Duque y su núcleo familiar
(demandante: Libe
Antonio Porras
Duque)
T- 697477, Jesús María Puerta Betancurt y su núcleo familiar.
(demandante: Jesús
María Puerta
Betancurt)
T- 697866, María Emérita Lozada y su núcleo familiar

(demandante: María
Emérita Lozada)
T- 697902, María Stella Cabrera Díaz y su núcleo familiar
(demandante: María
Stella Cabrera Díaz)
T- 697908, Eloina Zabala y su núcleo familiar
(demandante: Eloina
Zabala)
T- 698625, Aldemar Loaiza Montealegre y su núcleo familiar
(demandante:
Aldemar Loaiza
Montealegre)
T- 698940, Norman Hernández Góngora y su núcleo familiar
(demandante:
Norman Hernández
Góngora)
T- 699715, Jairo Jantivas Sánchez, María Fanny Restrepo y
(demandante: Jairo otras 21 familias cuyos nombres no fue posible
Jantivas Sánchez, identificar.
María Fanny
Restrepo de
Atehortúa y otros)
T- 700088, Bibiana Lancheros Zambrano y su núcleo familiar
(demandante: Bibiana
Lancheros Zambrano)
T- 700362, Deycy Rubiano de Vanegas y su núcleo familiar
(demandante: Deycy
Rubiano de Vanegas.
T- 700370, Suny Yuliana Mosquera y su núcleo familiar
(demandante: Suny
Yuliana Mosquera)
T-700727, Mary Ettel Córdoba y su núcleo familiar
(demandante: Mary
Ettel Córdoba
Burbano)
T-700805, Aída María Muñoz de Araujo y su núcleo familiar
(demandante: Aída
María Muñoz de
Araujo)
T-700902, Abrahan Ramírez, Adelaida Pinto Páez, Andrea
(demandante: Del Pilar Baquero Hurtatis, Adriana Pulido, Aida
ASOFADECOL - Castaño Sánchez, Alba Luz Marín Perdomo,
Asociación de Alberto Oviedo González, Aldemar Ramírez Niño,
Familias Desplazadas Aldemir Osorio Ortegón, Alexander Hernández,
de Colombia) Alfredo Quintero Osorio, Alirio Hoyos Díaz,
Amparo Ducuara Velásquez, Ana Belén García,
Aniceto Díaz, Antonio José Duque, Aristobulo

Méndez, Armando Leal, Arvey Cerquera Rada,
Astrid García Conde, Atanael Paredes Aguiar,
Audias Cerquera Rada, Beatriz Osorio Ortegón,
Beatriz Aguirre, Blanca Cenelia Barrero Palomino,
Blanca Elina Torres, Blanca Flor Ramírez Padilla,
Blanca Lilia González, Bonificia Hernández,
Carlos Eduardo Lozada, Carlos Eduardo Pérez,
Carlos Eduardo Triana Cárdenas, Cecilia López
Quintero, Cesar Eduardo Pinzón Vanegas, Clara
Inés Alonso, Deicy Lugo Méndez, Diana Marcela
Bazurdo Santana, Diana Maribel Osorio Ortegón,
Domingo Agudelo Gutiérrez, Edgar Ramírez Edgar
Luis Ramírez, Edinson Sánchez, Eida Castaño
Castro, Elcy Gaspar Aguirre, Eliseo Ortigoza P.,
Elma Alonso Osorio Ortegón, Emilsen Osorio
Ortegon, Ennesy Lasso Otálvaro, Erminso
Castaño, Ernesto Ramírez Vargas, Esperanza
Bonilla, Eterberto Carvajal Hernández, Eyoam
Ruiz Martínez, Fanny Guarnizo, Florinda Mape de
Mape, Frowin Agudelo Bermudes, Geimar Arce
Herrera, Gentil Montiel Romero, Gilberto
Cerquera Palomino, Gloria Esmeralda Giraldo,
Gloria Yuvi Pava Hincapie, Gustavo Ardila,
Gustavo Pinto Bahamón, Hermelinda Ortiz
Rodríguez, Hermon Leiton Ospina, Idel Rogelio
Neiva Unda, Isai Gaspar Aguirre, Israel Rueda,
Jaime Acosta, Javier Enrique Toro Guerrero, Javier
Enrique Madrigal, Jesualdo Daza, Jesús Antonio
Carvajal Álvarez, Jesús Lisandro Zamudio, Jesús
María Oliveros, Jhon Wilmer García Pinto, Jorge
Alirio Martínez Caballero, Jorge Guzmán Molina,
José A. Acosta, José Adan González, José Albeiro
Marulanda, José Alejandro Colorado Castaño, José
Alfredo Motta, José Arberi Hoyos Luna, José
Narcizo Castañeda, José Rubiel Silvestre, José
Vicente Moreno, José William Alvarado, Joselín
Hernández, Josue Godoy Castro, Julio César
Caicedo, Leonardo Lozano, Leonor Vargas, Lucero
Paloche Rodríguez, Lucio Páez Guerrero, Luis
Adriano Collazos, Luis Alfredo Díaz Marqueza,
Luis Ángel Caicedo Rayo, Luis Eduardo Pinto
Bahamón, Luis Enrique Arias Cardozo, Luis
Evelio Guzmán, Luis Gentil Morales Ramírez,
Luis Henry Parra Cabrera, Luz Darly Osorio
Ortegón, Luz Dary Correa Rodríguez, Luz Dary
Chaguala Rodríguez, Luz Dennis Pinto Páez, Luz
Erika Arana, Luz Ilida Lasso Otálvaro, Luz Marina
Gasca, Luz Marina Pacheco Lozano, Luz Marina

Sánchez Pérez, Luz Marina Vega Díaz, Luz
Myriam Quevedo Linarez, Manuel Ignacio Criollo,
Manuel José Romero, Marcela Cubillos Díaz,
Marcely García Manrique, María Beiba Sánchez,
María Belarmina Suaza Giraldo, María Belquin
Angarita, María Corona Muñoz Tulcán, María de
Los Angeles París, María Doly González, María
Edith Justinico, María Jesús Casas, María Lucrecia
Marín Rodríguez, María Noelia Páez, María
Olinda Otálvaro de Oyola, Marleny Bedoya,
Marleny Solano Vargas, Martha Cecilia Aguirre,
Martha Lucero Ariza, Medardo Soto Rivera, Miller
Castañeda, Neifer Osorio Ortegón, Nelson Cardozo
Acosta, Nelson Rindo Quintero, Neuvery Buitrago
Sánchez, Nidia Rodríguez Bustos, Nobey Pinto
Paez, Nohora Monroy Carrillo, Norma Constanza
Díaz, Octavio Sánchez Burbano, Olga Ramírez,
Olga Yaneth Castro, Omar Arias Escobar, Orlando
Losada Pinto, Orlando Losada Rada, Pablo
Antonio Asprilla, Pedro Antonio Martínez López,
Ramiro Antonio Vargas, Ramiro Ladino Gutiérrez,
Ramiro Ramón García, Rosevertt Oviedo, Rosa
Delia Castro, Rosa Elena Gasca, Rosalba Rada
Oyola, Rubiela González Arévalo, Ruth Martínez
Arias, Sandra Carolina Gómez, Sandra Patricia
Pinto, Sandro Morci, Saul Martínez Morales,
Sabina Palomino Caleño, Silvio Lozada C. , Silvio
Muñoz Ñañez, Solfidia Beltrán, Teresa Ramírez
Masmela, Uriel Rojas Perdomo, Victoriano Oyola
Tique, Wilson Patiño Rivas, Willer Lasso Otálvaro,
William Rodríguez Grajales, Yazmin Pinto Paez,
Yenith Paola Miranda Quintero, Yolanda Fajardo,
Yorledis Contreras Quintero, Yuri Zulay Parra
Jiménez, Amalfi Arias.
T- 701212, Nohora Juvia Burbano Bolaños y su núcleo
(demandante: Nohora familiar
Juvia Burbano
Bolaños)
T- 701296, Rodrigo Olaya Muñoz y su núcleo familiar
(demandante:Rodrigo
Olaya Muñoz)
T- 701300, Franklin Antonio Mosquera Sánchez y su núcleo
(demandante: familiar
Franklin Antonio
Mosquera Sánchez)
T- 701501, Faustino Piñeres Rangel y Medardo Gámez
(demandante:Faustin Melgarejo y sus núcleos familiares
o Piñeres Rangel, y

Medardo Gámez
Melgarejo)
T- 701730, Ruby Jadith Oyola Ramírez y su núcleo familiar
(demandante: Ruby
Jadith Oyola
Ramírez)
T- 701850, Uriel Salas Moreno y Eduviges Palacios y su
(demandante:Uriel núcleo familiar
Salas Moreno y
Eduviges Palacios)
T- 702437, Dominga Mosquera Largacha y su núcleo familiar
(demandante:
Dominga Mosquera
Largacha)
T- 702574, Pedro Mono Lozada y su núcleo familiar
(demandante: Pedro
Mono Lozada)
T- 702579, Lisandro Rodríguez Pacheco y su núcleo familiar
(demandante:
Lisandro Rodríguez
Pacheco)
T- 703064, José Ignacio Campos y su núcleo familiar
(demandante: José
Ignacio Campos)
T- 703130, Leonel Pascual Sánchez y su núcleo familiar
(demandante: Leonel
Pascual Sánchez
Rivera)
T- 703423, Fray Martín Álvarez, Aníbal Rojas, Nelly
(demandante: Fray Otálvaro
Martín Álvarez y Mery Labios, Gloria Anayibe Gaitan, Olga Mireya
otros) Mesa, Fredy Milton Ramírez, María Cecilia
Lozano, Luz Mila Pulido Aroca, Elizabeth Pulido,
María Luisa Lozano, Claudia Patricia Olaya,
Nancy Milena Barón, Mainardy Martínez, Magda
Nelly Martínez.
T- 703857, Everardo Osorio Castro y su núcleo familiar
(demandante:
Everardo Osorio
Castro)
T- 703897, José María Gutiérrez Carrillo y su núcleo familiar
(demandante: José
María Gutiérrez
Carrillo)
T- 704500, Ana Nilvia Galíndez Araujo, Blanca Dolly López
(demandante: Ana Meza, Carlos Herminzul Díaz Ojeda, Holmes
Nilvia Galíndez Alexander Meza Araujo (Acciones Interpuestas Por

Araujo, Blanca Dolly Separado Y Luego Acumuladas).
López Meza, Carlos
Herminsul Díaz
Ojeda, Holmes
Alexander Meza
Araujo)
T- 704501, John Jairo Ojeda Delgado, Doria Elia Valdés de
(demandantes: Jhon Ojeda, Ubertino Díaz, Carlos Antonio Meza
Jairo Ojeda Delgado, (acciones interpuestas por separado y luego
Doria Elia Valdés de acumuladas)
Ojeda, Ubertino Díaz,
Carlos Antonio
Meza)
T- 705236, Eduardo Rincón Roa y su núcleo familiar
(demandante:
Eduardo Rincón Roa)
T- 706125, Hernando de Jesús Guingue y su núcleo familiar
(demandante:
Hernando de Jesús
Guingue)
T- 706749, Ernesto Perdomo y su núcleo familiar
(demandante: Ernesto
Perdomo)
T-775898 María Dolores Naranjo y su núcleo familiar
(demandante: María
Dolores Naranjo)

Dado el volumen de expedientes acumulados en el presente proceso, y el
hecho que las acciones de tutela bajo estudio se refieren a problemas comunes
relacionados con la atención que las distintas autoridades dan a los
desplazados, a continuación se presenta brevemente un resumen de los hechos
y elementos que originaron estas acciones de tutela. Los detalles de cada caso
se encuentran en el Anexo 1 de esta sentencia.

Los accionantes se encuentran ubicados actualmente en las siguientes
capitales de departamento y municipios: Armenia, Barrancabermeja,
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Calarcá, Cali, Florencia,
Girón, Ibagué, Itagüí, Medellín, Neiva, Obando, Pasto, Pereira, Piedecuesta,
Popayán, Riohacha, Taminango y Villavicencio. Salvo algunas excepciones,
los tutelantes se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada.2 Se trata de personas víctimas de desplazamiento forzado por
hechos ocurridos en promedio hace más de un año y medio, la mayoría de los
cuales recibieron algún tipo de ayuda humanitaria de emergencia durante los
tres meses siguientes a su desplazamiento, pero ésta no llegó a todos y no
siempre fue oportuna y completa.
2 Algunos de los accionantes interpusieron la acción de tutela para ser inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada, sus nombres aparecen detallados en la parte resolutiva de esta sentencia.

Los demandantes interpusieron acción de tutela contra la Red de Solidaridad
Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Ministerios de Salud y del
Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Protección Social), el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el INURBE, el
INCORA, el SENA, así como contra varias administraciones municipales y
departamentales, por considerar que dichas autoridades no estaban
cumpliendo con su misión de protección a la población desplazada y por la
falta de respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a
proyectos productivos, atención de salud, educación y ayuda humanitaria.

Algunos de los accionantes no han recibido ayuda humanitaria a pesar de
encontrarse inscritos en el Registro Único de Población Desplazada. 3 En
muchos casos, ha transcurrido un período largo (entre 6 meses y dos años) sin
recibir ningún tipo de ayuda de parte de la Red de Solidaridad Social o de las
otras entidades encargadas de atender a la población desplazada.

La mayoría de los accionantes no ha recibido orientación adecuada para tener
acceso a los programas de atención al desplazado, en particular en materia de
vivienda, proyectos productivos, atención en salud y educación. Con
frecuencia se somete a los desplazados a un peregrinaje institucional, sin que
se le de una respuesta efectiva.

Un grupo importante de demandantes se postularon y presentaron su solicitud
para acceder a los auxilios de vivienda y para obtener el capital semilla o la
capacitación necesaria para iniciar un proyecto productivo, y meses después
de presentar sus solicitudes, no han recibido respuesta de fondo sobre sus
peticiones. En muchas ocasiones, la respuesta de las entidades sólo se produce
después de que interpusieron la acción de tutela. En otras la respuesta se limita
a informarles que no hay apropiación presupuestal suficiente para atender su
solicitud, y que además, ésta se atenderá según el orden determinado por la
entidad, sin que se les precise cuánto tiempo deberán esperar. Esa espera se ha
prolongado hasta por casi dos años. La respuesta que dieron las entidades
encargadas de atender a la población desplazada corresponde a un formato
uniforme que describe de manera general los componentes de la ayuda para
los desplazados, pero que pocas veces resuelve de fondo la petición del
desplazado. Debido a una falta de asesoría adecuada, muchos de los
peticionarios solicitaron los auxilios para vivienda o para proyectos
productivos, sin seguir el procedimiento formal y por esa razón les son
negados, debiendo iniciar el procedimiento de nuevo luego de esperar meses
la respuesta de las entidades.

A las distintas solicitudes presentadas ante las entidades encargadas de atender
a la población desplazada, los demandantes han recibido alguna de las

3 Los nombres de los accionantes que a la fecha de la interposición de la tutela no habían recibido la ayuda
humanitaria de emergencia, a pesar de encontrarse inscritos en el Registro Único de Población Desplazada se
encuentran detallados en la parte resolutiva de esta sentencia.

siguientes respuestas como justificación para no conceder el beneficio al que
aspiraban:

1) Que la entidad ante quien se hace la solicitud, no es la competente para
conceder la ayuda solicitada, pues sólo está a cargo de algún aspecto de
coordinación;

2) Que no existe suficiente disponibilidad presupuestal para atender la
solicitud;

3) Que la ayuda humanitaria de emergencia sólo se otorga por tres meses, y
en casos excepcionales puede prorrogarse hasta por otros 3 meses más,
pero más allá de ese plazo perentorio, es imposible prolongar la ayuda,
independientemente de la situación fáctica en que se encuentre el
desplazado;

4) Que no se le puede dar la ayuda solicitada porque no se encuentra inscrito
en el Registro Único de Población Desplazada;

5) Que la entidad encargada de atender su solicitud se encuentra en
liquidación;

6) Que existe un error en la solicitud o ausencia de postulación del
peticionario para acceder al auxilio de vivienda;

7) Que el programa de auxilios para vivienda se encuentra suspendido por
falta de disponibilidad presupuestal;

8) Que las peticiones serán respondidas en estricto orden de presentación y
siempre que haya disponibilidad presupuestal;

9) Que la política de auxilios para vivienda fue modificada por el gobierno
nacional y transformada en una política de créditos para vivienda de
interés social, y debe presentar una nueva solicitud ante las entidades
encargadas de otorgar los créditos;

10) Que la única forma de acceder a la ayuda para restablecimiento
económico es presentar un proyecto productivo, a pesar de que la ley
prevé otras formas de restablecimiento.

Por lo anterior, los accionantes interponen acción de tutela con alguna o varias
de las siguientes pretensiones:

1. Que sus peticiones sean resueltas de fondo y en un tiempo claro y
determinado;

2. Que se materialicen las ayudas para estabilización económica, vivienda,
reubicación, proyectos productivos, acceso a educación para los hijos;

3. Que las tierras en posesión o propiedad que fueron abandonadas por los
desplazados sean protegidas;

4. Que reciban o continúen recibiendo la ayuda humanitaria de emergencia;

5. Que sean reconocidos como desplazados y se les otorguen los beneficios
que surgen de esa condición;

6. Que se adopte un programa de seguridad alimentaria;

7. Que se suministren los medicamentos recetados;

8. Que una de las personas inscritas bajo un núcleo familiar sea desvinculada
de él y se le permita continuar recibiendo la ayuda humanitaria como un
núcleo familiar;

9. Que se hagan las apropiaciones necesarias para solucionar la situación de
la población desplazada y se hagan efectivos los programas para la
población desplazada;

10.Que el Ministerio de Hacienda desembolse los dineros necesarios para
adelantar los programas de vivienda y proyectos productivos;

11.Que se le permita recibir capacitación para desarrollar proyectos
productivos;

12.Que se advierta al representante legal de la Red de Solidaridad que cuando
omite cumplir con sus responsabilidades para con los desplazados incurre
en causal de mala conducta;

13.Que se conforme el comité municipal para la atención integral del
desplazado.

14.Que se restablezca la prestación del servicio de salud que es negado a partir
de la Circular 00042 de 2002, en la cual se condicionó la prestación de
dicha ayuda a que se trate de problemas inherentes al desplazamiento;

15.Que las entidades territoriales, dentro de su disponibilidad presupuestal,
contribuyan a los planes de provisión de vivienda para la población
desplazada

2. Las decisiones que se revisan

A continuación se resume de manera general el sentido de las decisiones que
se revisan en la presente tutela. La mayoría de los jueces de instancia
denegaron las tutelas presentadas por los actores, por alguna de las siguientes
razones:4

1. En cuanto a la legitimación para interponer la acción de tutela, los jueces
de instancia denegaron la tutela (i) porque las asociaciones de accionantes
no tienen legitimación para promover la acción de tutela para la
protección de los derechos de los desplazados; (ii) porque el demandante
no era abogado para poder apoderar a los desplazados en la interposición
de la tutela; (iii) porque la persona que interpuso la tutela no acreditó ser
el representante legal de la asociación de desplazados.

2. Por razones de improcedencia, los jueces de instancia denegaron la tutela:
(i) porque la tutela no es procedente para obligar la ejecución del Decreto
951 de 2001, sobre auxilio para vivienda, y lo que corresponde es
interponer la acción de cumplimiento; (ii) porque la acción de tutela no
fue establecida como mecanismo para alterar el orden de las instituciones
estatales, en la distribución interna de sus competencias y funciones; (iii)
porque la petición debió dirigirse primero a la Red de Solidaridad, para
que fuera esta entidad la que lo incluyera en el programa o ayuda
solicitado; (iv) porque la vivienda es un derecho de segunda generación
cuya protección no procede por vía de tutela; (v) porque ya se le
reconoció su inscripción como desplazado y se dieron instrucciones para
la inscripción del núcleo familiar y su postulación para obtener los
beneficios a que tienen derecho; (vi) porque mediante tutela no se puede
alterar el orden en que se otorgue el beneficio porque ello vulneraría los
derechos de los desplazados que no interponen la tutela y esperan a que
llegue su turno el cual debe ser respetado.

4 La información detallada sobre las sentencias revisadas por la Corte Constitucional en la presente acción de
tutela se encuentra en el Anexo 1 de esta sentencia.

3. En cuanto a fallas en la carga probatoria cumplida por el demandante, los
jueces de instancia denegaron la tutela: (i) porque no se acreditó de
manera concreta la vulneración de los derechos fundamentales por una
conducta arbitraria de las autoridades; (ii) no se demostró que la entidad
hubiera dejado de cumplir con sus responsabilidades sin justa causa; (iii)
porque el accionante no expuso hecho alguno imputable a los
demandados; (iv) porque el caso del demandante no se ajusta a la
definición de desplazado; (v) porque el actor no probó la vulneración de
sus derechos fundamentales por parte de las demandadas; (vi) porque no
se demostró conexidad suficiente entre el derecho a la vivienda y un
derecho fundamental.

4. En relación con la ausencia de vulneración a los derechos, los jueces de
instancia denegaron la tutela: (i) porque lo que presentó el demandante
ante la entidad demandada fue un formato de proyecto individual y no un
derecho de petición, el cual no cumple con ninguno de los requisitos del
artículo 5 del CCA; (ii) porque al no haberse postulado para acceder al
auxilio de vivienda, no puede alegar violación de sus derechos; (iii)
porque se le han concedido a los desplazados las ayudas mínimas
previstas en la ley; (iv) porque los hechos del desplazamiento ocurrieron
hace dos o cuatro años y no en fechas recientes; (v) porque la Red de
Solidaridad Social actuó en concordancia con la normatividad vigente
acerca de protección de desplazados; (vi) porque la Red de Solidaridad
Social no puede proteger a personas por fuera de su competencia; (vii)
porque ha transcurrido un tiempo muy breve (menos de un mes) desde su
inscripción como desplazado, para que se considere que las entidades
encargadas de otorgar la ayuda humanitaria de emergencia hayan
incumplido con su responsabilidad; (viii) porque la tardanza de la Red en
responder se justifica por el exceso de trabajo, y porque no podía dar una
respuesta de fondo que aprobara el proyecto porque no estaba en su
competencia hacerlo; (ix) porque la simple condición de desplazado no da
derecho automático a un subsidio; (x) porque la negativa del INURBE no
cierra las puertas a futuras postulaciones por haber sido calificados los
actores como elegibles; (xi) porque el peticionario ya se encuentra inscrito
para recibir el subsidio de vivienda y el auxilio para proyecto de
sostenibilidad y, sólo resta esperar la finalización del procedimiento; (xii)
porque el demandante no acreditó haber adelantado las gestiones
necesarias para obtener subsidio de vivienda y apoyo al proyecto
productivo.

5. Por la supuesta existencia de temeridad, los jueces de instancia denegaron
la tutela: (i) porque la persona desplazada ya recibió la ayuda solicitada
como parte de otro núcleo familiar que había interpuesto acción de tutela
para obtenerla; (ii) porque está pendiente de revisión por parte de la Corte

Constitucional una acción de tutela presentada por los actores por los
mismos hechos y contra los mismos demandados.

6. Por razón de las limitaciones de lo que se puede ordenar mediante la
tutela frente a los desplazados, los jueces de instancia denegaron la tutela:
(i) porque se debe esperar a que las entidades tengan los recursos
suficientes para facilitar el subsidio de vivienda, en concordancia con las
postulaciones para dicho beneficio; (ii) porque existen otros desplazados
que no han siquiera recibido ayuda humanitaria de primer orden; (iii)
porque si bien hay descoordinación entre las entidades competentes, la
Red de Solidaridad Social no puede cumplir funciones asignadas a otras
entidades; (iv) porque no es posible que mediante tutela se ordene los
funcionarios encargados cumplir con los programas de educación,
vivienda, alimentación y trabajo, ni para que desembolsen dineros con el
fin de que se dote de recursos a la Red de Solidaridad Social; (v) porque
las limitaciones presupuestales no se pueden salvar por vía de tutela; (vi)
porque el juez de tutela no es ordenador del gasto ni coadministrador de la
gestión ni de la política del Ejecutivo; (vii) porque no se puede por vía de
tutela alterar el orden legal de asignación de subsidios sin que medien
actos discriminatorios por el INURBE; (viii) porque el juez de tutela no
puede ordenar a las autoridades públicas que lleven a cabo actos para los
que no tienen los recursos necesarios.

Algunos de los jueces de instancia concedieron la tutela para la protección de
los derechos de la población desplazada, entre otras razones, por considerar
que en un Estado Social de Derecho es necesario que se llegue a una solución
definitiva del problema del desplazamiento y, porque el comportamiento
omisivo asumido por la Red de Solidaridad y de otras entidades responsables
de la atención de la población desplazada, deja al descubierto la vulneración
de las garantías constitucionales de las cuales son titulares los peticionarios.

II. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA SALA TERCERA
REVISIÓN.

Mediante auto del día 11 de abril de 2003, la Sala Tercera de Revisión requirió
a varias entidades y organismos públicos para que, a partir de la
documentación e información actualmente disponible, respondieran un
cuestionario relativo a las políticas de atención de la población desplazada.

La respuesta de las entidades públicas, los organismos internacionales y las
organizaciones no gubernamentales al cuestionario formulado por la Corte
Constitucional en el auto mencionado se resume en el Anexo 2. En él se
encuentra la información aportada por la Red de Solidaridad Social, el
Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Nacional de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana –INURBE, el Ministerio de la Protección

Social; el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Defensor del Pueblo, la Oficina el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, y la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento – CODHES. En las consideraciones y
fundamentos de esta sentencia se valoran los datos y argumentos relevantes
para decidir sobre lo pedido por los accionantes.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral
noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34,
35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problemas jurídicos a resolver y resumen del argumento y de la
decisión

Teniendo en cuenta las pretensiones de los distintos actores en el presente
proceso relacionadas con la obtención efectiva de la ayuda prevista para la
población desplazada y a las razones por las cuales no la han recibido, la Sala
considera que el caso bajo revisión plantea varios problemas jurídicos
constitucionales complejos relacionados con el contenido, alcance y
limitaciones de la política estatal de atención de la población desplazada
debido, entre otras cosas (i) a la grave situación de vulnerabilidad que aqueja a
la población desplazada; (ii) a los problemas que enfrentan a raíz de la forma
como están siendo atendidas sus solicitudes por las entidades demandadas;
(iii) al tiempo excesivamente prolongado que ha transcurrido sin que hayan
obtenido las ayudas previstas; (iv) al altísimo volumen de tutelas que
presentan los desplazados para obtener la ayuda efectiva a que tienen derecho
y al hecho de que varias entidades hayan convertido la presentación de la
acción de tutela como parte del procedimiento ordinario para obtener la ayuda
solicitada; (v) a que la situación que se pretende resolver mediante la presente
tutela afecta a toda la población desplazada, cualquiera que sea el sitio en el
cual se encuentren actualmente, e independientemente de que hayan acudido a
la acción de tutela para obtener la protección efectiva de sus derechos, (vi) a
que la mayor parte de los problemas planteados se ha presentado de manera
reiterada desde que se estableció la política para la atención de la población
desplazada; y (vii) a que algunos de los problemas planteados por los
desplazados deben ser examinados por primera vez por la Corte.

2.1. Problemas Jurídicos

Por lo tanto, la Sala considera que los problemas jurídicos a resolver en esta
oportunidad son los siguientes:

1. ¿Procede la acción de tutela para examinar las acciones y omisiones de
las autoridades públicas respecto de la atención integral a la población
desplazada para determinar si problemas en el diseño, implementación,
evaluación y seguimiento de la respectiva política estatal contribuyen de
manera constitucionalmente relevante a la violación de sus derechos
constitucionales fundamentales?

2. ¿Se vulnera el derecho de los desplazados al mínimo vital y a recibir
pronta respuesta a sus peticiones - en particular respecto a la ayuda
humanitaria, al restablecimiento económico, a la reubicación, a la vivienda, a
la atención integral de salud y a la educación - cuando dicho acceso está
supeditado por las propias autoridades (i) a la existencia de recursos que no
han sido apropiados por el Estado; (ii) al rediseño del instrumento que
determina la forma, alcance y procedimiento para la obtención de la ayuda,;
(iii) a que se defina qué entidad asumirá el suministro de la ayuda, dado que
quien lo hacía se encuentra en proceso de liquidación?

3. ¿Se vulneran los derechos de petición, al trabajo, al mínimo vital, a la
vivienda digna, a la atención en salud, al acceso a la educación de los actores
en el presente proceso, cuando las entidades encargadas de otorgar las ayudas
previstas en la ley para su atención, (i) omiten dar respuesta de fondo,
concreta y precisa sobre la ayuda solicitada; o (ii) se niegan a otorgar la ayuda
solicitada (a) por la falta de apropiación de recursos suficientes para atender
las solicitudes; (b) por falta de cumplimiento de requisitos legales para
acceder a dicha ayuda; (c) por existir un lista de solicitudes que deben ser
atendidas previamente; (d) por falta de competencia de la entidad ante la cual
se presenta la solicitud; (e) por cambio de los requisitos y condiciones
definidos por el legislador para acceder a la ayuda solicitada; (f) porque la
entidad ante la cual se presenta la solicitud se encuentra actualmente en
liquidación?

Con el fin de resolver estos problemas la Sala primero resumirá la línea
jurisprudencial de la Corte en materia de derechos de la población desplazada,
con tres objetivos: (i) recordar los principales derechos constitucionales de las
personas en situación de desplazamiento forzado interno (apartado 5.1),
señalando los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno que
son pertinentes para su interpretación; (ii) resaltar la gravedad de la situación
de la población desplazada y la persistencia de las violaciones que han
llevado a la interposición de la acción de tutela (apartado 5.2); y (iii) precisar
el tipo de órdenes que ha dictado la Corte hasta el momento para proteger los
derechos de la población desplazada (apartado 5.3.). En segundo lugar,
examinará la respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento (apartado
6.1.), los resultados de esa política (apartado 6.2) y los problemas más

protuberantes de la política pública existente y de sus distintos componentes
(apartados 6.3). En tercer lugar, estudiará la insuficiencia de recursos
disponibles y su impacto en la implementación de la política pública
(apartado 6.3.2). En cuarto lugar, constatará si tales acciones y omisiones
constituyen un estado de cosas inconstitucional (apartado 7). En quinto lugar,
precisará los deberes constitucionales de las autoridades frente a obligaciones
de carácter prestacional, inclusive en relación con derechos como la vida y la
seguridad (apartado 8.). En sexto lugar, precisará los niveles mínimos de
protección que debe ser garantizado a la población desplazada aun después de
una redefinición de prioridades ante la insuficiencia de recursos o deficiencias
en la capacidad institucional (apartado 9) Y, finalmente, ordenará las acciones
que deberán adoptar las distintas autoridades para garantizar los derechos de
la población desplazada (apartado 10.).

La Sala circunscribirá el análisis constitucional de la situación presentada por
los desplazados en las acciones de tutela objeto de revisión en el presente
proceso a los problemas jurídicos anteriormente señalados, y no a la totalidad
de cuestiones que pudieran surgir de los hechos presentados por los actores.
Dado el carácter eventual de la revisión constitucional de las sentencias de
tutela, la Corte puede, tal como lo ha reiterado en numerosas ocasiones, 5
delimitar el ámbito de la controversia que analizará, esto con el fin de cumplir
su responsabilidad como corporación judicial que tiene la misión de definir
los alcances de los derechos, en este caso de los desplazados.

Además, dado que varias de las tutelas, acumuladas en el presente proceso,
fueron interpuestas por asociaciones de desplazados, la Sala debe resolver
previamente lo siguiente: ¿están legitimadas las asociaciones de desplazados
para interponer acciones de tutela a favor de sus asociados, aun cuando éstos
no les hayan otorgado un poder específico, y quien los representa no tenga la
calidad de apoderado judicial? (apartado 3)

También es necesario examinar la supuesta existencia de temeridad en la
presentación de algunas de las acciones de tutela acumuladas en este proceso,
en dos circunstancias: 1) cuando la tutela presentada individualmente ya había
sido presentada por una asociación de desplazados, por los mismos hechos y
contra las mismas entidades; y 2) cuando la tutela fue presentada por alguno
de los miembros de un núcleo familiar que se separa del mismo para
conformar uno propio y solicita, mediante tutela, el acceso a alguna de las
ayudas a que tienen derecho los desplazados, a pesar de que el núcleo familiar
con el cual se había registrado originalmente, ya había obtenido una ayuda
similar. (apartado 4)

2.2. Resumen del argumento y de la decisión

5 Ver entre otras, las sentencias Sentencia C-037 de 1996, MP Vladimiro Naranjo Mesa, T-088 de 1999.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo y el Auto 031A del 30 de abril de 2002, MP: Eduardo Montealegre
Lynett.

La Sala Tercera de Revisión, al resolver sobre las presentes acciones de tutela,
concluye que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se
encuentra la población desplazada, así como por la omisión reiterada de
brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas
autoridades encargadas de su atención, se han violado tanto a los actores en el
presente proceso, como a la población desplazada en general, sus derechos a
una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a
la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección
especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia
y a los niños (apartados 5 y 6). Esta violación ha venido ocurriendo de manera
masiva, prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino
que obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de atención
diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a la
insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria
capacidad institucional para implementarla. (apartado 6.3) Tal situación
constituye un estado de cosas inconstitucional que será declarado
formalmente en esta sentencia (apartado 7 y ordinal primero de la parte
resolutiva).

A pesar de que en el año 2003 el número de nuevos desplazados disminuyó y
que respecto de la población desplazada las autoridades han identificado la
urgencia de atender adecuadamente su situación, han diseñado una política
para su protección y han desarrollado múltiples instrumentos para su
ejecución, las acciones que efectivamente llevan a cabo las autoridades para
garantizar los derechos de la población desplazada (apartado 6.1 y 6.2) y los
recursos efectivamente destinados a satisfacer estos derechos (apartado 6.3.2),
no resultan acordes con los mandatos de la Ley 387 de 1997 que desarrollaron
los derechos constitucionales respecto de los desplazados, ni con los decretos
que el propio Ejecutivo ha dictado sobre la materia, ni con las previsiones que
el CONPES había efectuado al estimar los recursos necesarios para atender
tales derechos (apartado 6 y Anexo 5).

En efecto, si bien el gasto social y de atención a la población marginada es
considerado como gasto prioritario, y existe una política estatal de atención a
la población desplazada, articulada en una ley de la República, así como un
marco reglamentario detallado, y una cuantificación del esfuerzo presupuestal
que se requiere para cumplir los mandatos constitucionales y legales, las
autoridades encargadas de garantizar la suficiencia de estos recursos han
omitido, de manera reiterada, adoptar los correctivos necesarios para asegurar
que el nivel de protección definido por el Legislador y desarrollado por el
Ejecutivo, sea efectivamente alcanzado.

Tal vulneración no es imputable a una sola entidad, sino que todas las
autoridades nacionales y territoriales con responsabilidades diversas en la
atención de la población desplazada, por acción u omisión, han permitido que
continúe y, en algunos casos, se agrave la vulneración de los derechos
fundamentales de los desplazados.

La declaratoria formal del estado de cosas inconstitucional (apartado 7) tiene
como consecuencia que las autoridades nacionales y territoriales encargadas
de atender a la población desplazada deben ajustar sus actuaciones de tal
manera que se logre la concordancia entre los compromisos adquiridos para
cumplir los mandatos constitucionales y legales y los recursos asignados para
asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados. Esta decisión
respeta las prioridades fijadas por el Legislador y por el Ejecutivo y el
experticio de las autoridades nacionales y territoriales responsables que
definieron el nivel de sus propios compromisos, pero exige que éstas adopten
a la mayor brevedad posible los correctivos que sean necesarios para que
dicho estado de cosas inconstitucional sea remediado (apartado 8). Por lo
tanto, la Corte Constitucional ordena al Consejo Nacional Para la Atención
Integral a la Población Desplazada por la Violencia que asegure la coherencia
entre las obligaciones fijadas por las autoridades competentes y el volumen de
recursos efectivamente destinados a proteger los derechos de los desplazados.
En caso de que concluya que los compromisos asumidos en la política estatal
no podrán ser cumplidos, en aras de los principios de transparencia y eficacia,
el Consejo debe redefinir públicamente tales compromisos, después de ofrecer
oportunidades suficientes de participación a los representantes de los
desplazados, de tal manera que las prioridades sean realmente atendidas y a
todos y cada uno de los desplazados se les asegure el goce efectivo de sus
derechos mínimos (ordinal 1b) y c) de la parte resolutiva).

Ese mínimo de protección que debe ser oportuna y eficazmente garantizado
(apartado 9) implica (i) que en ningún caso se puede amenazar el núcleo
esencial de los derechos fundamentales constitucionales de las personas
desplazadas y (ii) la satisfacción por el Estado del mínimo prestacional de los
derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física, psicológica y moral, a
la unidad familiar, a la prestación del servicio de salud que sea urgente y
básico, a la protección frente a prácticas discriminatorias basadas en la
condición de desplazamiento, y al derecho a la educación hasta los quince
años para el caso de los niños en situación de desplazamiento.

En relación con la provisión de apoyo para la estabilización socioeconómica
de las personas en condiciones de desplazamiento, el deber mínimo del Estado
es el de identificar, en forma precisa y con la plena participación del
interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar,
su proveniencia inmediata, y las alternativas de subsistencia digna a las que
puede acceder, con miras a definir sus posibilidades concretas de emprender
un proyecto razonable de estabilización económica individual, o de participar
en forma productiva en un proyecto colectivo, con miras a generar ingresos
que les permitan subsistir autónomamente a él y sus familiares desplazados
dependientes.

Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, el
mínimo al cual están obligadas las autoridades consiste en (i) no aplicar
medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de
origen o a que se restablezcan en otro sitio, (ii) no impedir que las personas

desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro
punto; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de
seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en
materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para
garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de
promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique
exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal y (v)
proveer el apoyo necesario para que el retorno se efectúe en condiciones de
seguridad y los que regresen puedan generar ingresos para subsistir
autónomamente.

La Corte fija un plazo de dos meses al Consejo Nacional de Atención Integral
de la Población Desplazada para definir el nivel de recursos que efectivamente
se destinarán a cumplir las obligaciones asumidas por el Estado, sin que los
derechos mínimos anteriormente mencionados puedan dejar de ser protegidos
de manera oportuna y eficaz. En caso de que sea necesario redefinir
prioridades y modificar algunos aspectos de la política estatal para cumplir
esta orden, se concederá al mismo Consejo un plazo de un año para este
efecto, durante el cual en todo caso se habrán de respetar los mínimos
señalados.

Con el fin de que garanticen los derechos de los tutelantes también ordenará
que se de respuesta de fondo, completa y oportuna a las peticiones de ayuda
que originaron la presente demanda, siguiendo los lineamientos señalados por
la jurisprudencia de la Corte (apartado 10).

3. La legitimación de las asociaciones de desplazados para la
interposición de acciones de tutela para la protección de los derechos de
sus asociados

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,

La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. (resaltado agregado al texto)

Aun cuando normalmente la posibilidad de agenciar oficiosamente los
derechos de terceros que no están en condiciones de promover su propia
defensa se ha aplicado a situaciones en las que la persona cuyos derechos han
sido vulnerados o amenazados es un menor de edad, un enfermo grave, un
indigente, o una persona con incapacidad física o mental, que no puede ejercer
su propia defensa, nada impide que tal posibilidad se aplique a otros casos.

Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no
sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor
parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la
Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad,
minorías étnicas y personas de la tercera edad -, la exigencia de presentar
directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de
sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas.

Es por ello que las asociaciones de desplazados, que se han conformado con el
fin de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus derechos, pueden
actuar como agentes oficiosos de los desplazados. No obstante, a fin de evitar
que por esta vía se desnaturalice la acción de tutela, se promuevan demandas
de tutela colectivas sin el consentimiento de sus miembros, o se emplee esta
figura para desconocer las normas sobre temeridad, tal posibilidad debe ser
ejercida bajo condiciones que a la vez que garanticen el acceso a la justicia a
la población desplazada, impida posibles abusos. Por ende, tales
organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de
sus miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga a través de su
representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación
dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante una lista o un
escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se
promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los elementos
probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción
se interponga en su nombre. En esa medida si se percatan de la amenaza o
violación de derechos fundamentales de una persona, pueden interponer la
acción en nombre de sus asociados.

Por lo tanto, no podían los jueces de instancia declarar improcedente la acción
de tutela presentada por estas asociaciones en nombre de los desplazados,
amparándose en una interpretación excesivamente formal que no se
compadece del carácter informal de la acción de tutela y de la situación de
desamparo en que se encuentra miles de colombianos, sin examinar en cada
caso concreto el cumplimiento de estos tres requisitos.

En los expedientes T-653010, T-680268, T-686154, T-680627, T-681839, T-
688767, T-695161 y T-700902, frente a las tutelas presentadas por distintas
asociaciones de desplazados,6 a nombre de algunos de sus miembros, los
jueces de instancia las declararon improcedentes por considerar que tales las
asociaciones no estaban legitimadas para interponer acciones de tutela a
nombre de sus asociados.

6 Estas tutelas fueron interpuestas por alguna de las siguientes asociaciones de desplazados: Fundación
Ayudémonos –FUNDAYUDE; Asociación Humanitaria de Colombia; Asociación de familias desplazadas de
Colombia –ASOFADECOL, y la Asociación de Desplazados de Fonseca, Guajira – ADESFONGUA,
Asociación de Desplazados del Caribe Colombiano, Asociación por un mejor vivir feliz, Asociación Nueva
Vida, Asociación Nuevo Horizonte, Asociación Desplazados Unidos, Asociación de Desplazados de la
Comunidad Cristiana Pentecostal - Asodespente, Asociación Justicia y Paz, y Asociación Renacer.

No obstante, en los expedientes T-653010, T-680268, T-686154, T-688767 y
T-700902, las tutelas fueron presentadas por sus representantes legales, se
acreditó debidamente la existencia y representación de la asociación, se
individualizaron los nombres de los miembros a nombre de quienes se
presentaba la acción de tutela y nada en el expediente indicaba que se
opusieran a ser agenciados por la asociación. De hecho, tales expedientes
incluyen elementos que confirman el consentimiento de los asociados. En
algunos casos se anexaron documentos manuscritos mediante los cuales se
individualiza a los agenciados a través de una lista, o de un acta de la reunión
de la asociación, donde se adopta la decisión de interponer la acción de tutela
para la protección de sus derechos. En otros, se anexan escritos individuales
de los asociados a nombre de quienes se interpone la tutela, a través de un
documento que, aunque en su forma coincide con el otorgamiento de una
especie de poder judicial a quien no es abogado, su contenido constituye una
confirmación del consentimiento del asociado para ser agenciado. Por lo cual
las tutelas no eran improcedentes y serán revocadas por la Sala.

En los expedientes T-680627, T-681839, y T-695161, por el contrario, no se
cumplió con alguno de los tres requisitos anteriormente señalados, de manera
que se transformó el objeto y la naturaleza de la acción de tutela como
mecanismo de protección de derechos constitucionales individuales. En
algunos casos no se acreditó debidamente la existencia o representación de la
asociación. En otros, no se individualizaron los nombres de las personas a
favor de quienes se interponía la acción de tutela. Por ello, las decisiones de
instancia que declararon la improcedencia de la acción de tutela. Sin embargo,
en el caso de las acciones de tutela de los expedientes T-681839 y T-695161,
interpuestas por Henry Rivera Acosta como representante legal de Asofadecol,
aun cuando no se acreditó la existencia y representación de esa asociación, tal
prueba obra en otros de los expedientes acumulados al proceso T-653010, por
lo cual, entiende la Sala que se cumplieron los requisitos antes mencionados.
Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia del expediente T-680627 que
declaró la improcedencia de la tutela y revocará las sentencias de los
expedientes T-681839 y T-695161, por las razones aquí expuestas.

4. La supuesta existencia de temeridad

De conformidad con lo que establecen los artículos 2, 4 -inciso 2-, 83 y 95 –
numerales 1 y 7 de la Constitución Política, el ejercicio de todo derecho y la
utilización de los procedimientos constitucionales y legales previstos para su
efectividad exige de sus titulares una lealtad mínima hacia el orden jurídico y
el cumplimiento de deberes y cargas correlativos.

En desarrollo de estos preceptos, el artículo 38 del Decreto - ley 2591 de 1991
al regular la figura de la temeridad, señala perentoriamente que “cuando, sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada

por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.7

Tal como lo ha señalado esta Corporación, el propósito de esta disposición es
“propiciar la credibilidad y seriedad de la justicia y dar aplicación a los
principios de la buena fe, la eficacia y la economía procesal, principios que se
verían seriamente afectados por quienes desconocen los criterios de rectitud y
honradez que exige un debate jurídico serio. Su consagración legal pretende,
entonces, evitar el abuso desmedido de la acción de tutela, 8 pues su ejercicio
irracional conlleva la obtención de múltiples pronunciamientos en relación
con unos mismos hechos y frente a un mismo caso, generando un perjuicio
para toda la sociedad, que ve disminuida la capacidad de trabajo de la
administración de justicia en relación con los requerimientos de quienes les
asiste también el derecho de ejercer la acción.”9

De conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, un actor
o su representante legal incurre en conducta temeraria cuando se presentan las
siguientes circunstancias: (i) Que se presenten varias acciones de tutela por los
mismos hechos y para solicitar la protección del mismo derecho; 10 en
oportunidades diferentes, ya sea ante distintos jueces o ante el mismo juez; 11
(ii) Que las tutelas sean presentadas por la misma persona o por su
representante;12 y (iii) Que la presentación reiterada de la acción de tutela se
haga sin un motivo razonable, expresamente mencionado para justificar la
nueva acción.13

7 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, fue declarado exequible mediante sentencia C-054 de 1993, MP:
Alejandro Martínez Caballero.
8 Cfr Conforme se indicó en la sentencia T-655/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, sobre el artículo 38 del
Decreto-Ley 2591/91 y las distintas condiciones que determinan la actuación temeraria, pueden estudiarse
entre otras, las Sentencias T-10 de 1992, MP. Alejandro Martínez Caballero; T-327 de 1993 MP. Antonio
Barrera Carbonell, T-007 de 1994 M.P. Alejandro Martínez; T-014 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; T-053 de 1994 M.P. Fabio Morón Díaz; T-574 de 1994 MP. José Gregorio Hernández Galindo; T-308
1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo; T-091 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-001 de 1997
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-080 de 1998 MP. Hernando Herrera Vergara; T-881 de 2001 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett; T-145 y T-172 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-091 de 1996 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
10 La Corte Constitucional ha señalado que no existe temeridad cuando la acción de tutela es presentada por
la misma persona y para proteger el mismo derecho, pero por hechos diferentes a los inicialmente planteados.
Así lo hizo en la sentencia T-387 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara, donde luego de que la actora
lograra la tutela del derecho de su hija menor de edad a recibir tratamiento y medicamentos de manera
permanente de parte del ISS de Medellín, ella y su hija se trasladan a Barranquilla, en donde se les negó el
derecho a recibir el medicamento. La actora interpuso una nueva acción de tutela y el juez de instancia la
negó por temeraria. La Corte consideró que en ese evento se trataba de hechos nuevos y por lo tanto no había
temeridad.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-007/94, MP: Alejandro Martínez Caballero. En esa oportunidad la Corte
declaró que la conducta del actor era temeraria al presentar en tres oportunidades distintas la misma acción de
tutela.
12 La conducta temeraria se predica tanto del actor como de su apoderado. Ver T-014 de 1996, MP: Alejandro
Martínez Caballero. El actor había presentado dos acciones de tutela distintas por los mismos hechos y contra
el mismo demandado, incluyendo algunos elementos adicionales en una de las tutelas para distraer la atención
del juez. En ese evento, la Corte rechazó las pretensiones del actor.
13 La Corte ha considerado que existe justificación para la presentación de una nueva acción de tutela sin que
constituya temeridad cuando se invocan nuevos hechos, como cuando la autoridad demandada continúa
vulnerando los derechos del tutelante, cuando aparecen nuevas circunstancias (T-387/95) o cuando el rechazo
de la primera tutela es atribuible a errores en el trámite de la tutela atribuible al juez (T-574/94, MP: José
Gregorio Hernández Galindo).

Así, la Corte ha sancionado la actuación temeraria cuando la presentación de
más de un amparo constitucional por los mismos hechos y con igual
pretensión i) envuelve una actuación “torticera”14; ii) denote el propósito
desleal “de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa”, 15 iii)
deje al descubierto un abuso deliberado del derecho de acción,16 o iv) asalte
“la buena fe de los administradores de justicia.”17

No obstante lo anterior, también ha señalado la jurisprudencia que la buena fe
se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades
públicas, de suerte que resulta imperativo demostrar que se incurrió, real y
efectivamente en una conducta proscrita por el ordenamiento, porque la
reiteración de solicitudes de amparo no tiene justificación.18

Recientemente, la Corte examinó este tema frente al caso de una mujer
desplazada que asesorada por un abogado había interpuesto varias acciones de
tutela por los mismos hechos. Resaltó la Corte que “la aplicación del artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 exige al fallador detenerse en las circunstancias
específicas que rodearon las presentación de dos o más demandas de tutela,
por la misma persona o su representante, en solicitud de igual protección a
fin de establecer si el accionante incurrió efectivamente en una actuación
contraria a derecho.” Agregó la Corte que “el fallador de instancia no le
14 T-149 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Dos trabajadores sindicalizados a quienes por el hecho de
estar sindicalizados se les marginaba de los beneficios contenidos en un pacto colectivo que ofrecía mejores
condiciones laborales para los trabajadores no sindicalizados y, además, se les descontaba más del 50% de su
salario para cubrir la cuota de asociación sindical, interponen dos acciones de tutela en dos momentos
diferentes: 1) Para obtener los recibos de pago del salario, por considerar que esta omisión implicaba una
vulneración de sus derechos de petición, igualdad y trabajo. 2) Para corregir el acto discriminatorio de la
reducción salarial, que presuntamente desconoce el derecho a la igualdad y a la asociación sindical. Los
tribunales de instancia consideraron que como las acción de tutelas se basaban en hechos similares y
relacionados entre sí, los actores habían fraccionado la acción de tutela para obtener la protección
constitucional de sus derechos y, por ello, habían incurrido en actuación temeraria. La Corte consideró que en
el caso no existía una actuación de mala fe, pues las acciones de tutela, si bien estaban originadas por hechos
comunes, habían sido interpuestas para proteger derechos diferentes.
15 T-308 de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo. Dos de los tutelantes habían presentado de manera
sucesiva varias acciones de tutela, por los mismos hechos y ante distintos jueces, unas directamente y otras
por conducto de la Defensoría del Pueblo, sin que existiera un motivo razonable y válido para hacerlo. La
Corte consideró que para que ésta circunstancia fuera admitida, debía hallarse claramente probada la
justificación.
16 T-443 de 1995 MP. Alejandro Martínez Caballero. La Corte condena en costas por actuación temeraria al
personero municipal que había interpuesto una acción de tutela de manera injustificada a favor de un joven
que solicitaba ser devuelto a la jornada diurna, pues el plantel lo había trasladado a la jornada nocturna para
evitar los constantes asedios cometidos por éste contra varias estudiantes del plantel y para permitir que
pudiera cumplir con sus deberes de padre en relación con las dos estudiantes que habían quedado
embarazadas por el estudiante. El personero interpone la acción a favor de este estudiante, “desprotegiendo a
quien ha debido proteger y defendiendo posiciones injustas y contrarias a la Constitución”.
17 T-001 de 1997 MP. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte encuentra que hubo actuación temeraria
cuando varios trabajadores de Foncolpuertos interpusieron en varias ocasiones acciones de tutela para obtener
la protección de sus derechos, por las mismas razones, mostrando un palmario e inconcebible abuso de la
acción de tutela. Las cifras analizadas por la Corte mostraron que de los 34 expedientes analizados en esta
tutela: 1) 470 personas ejercieron la acción de tutela. De ellas, 391 presentaron demanda una sola vez. 2) Un
total de 73 accionantes ejercieron la misma acción en dos oportunidades; 3) 6 de los peticionarios ejercieron
la misma acción tres veces; 4) A 366 personas les fue concedido una sola vez el amparo solicitado. 5) A 69
accionantes se les concedió la tutela en dos oportunidades. 6) A 6 peticionarios se les concedió la protección
judicial tres veces
18 T-300 de 1996 MP. Antonio Barrera Carbonell. Véanse, también las sentencias T-082 de 1997 MP.
Hernando Herrera Vergara; T-080 de 1998 MP. Hernando Herrera Vergara, T-303 de 1998 MP. José Gregorio
Hernández Galindo.
T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis, ya citada.

puede endilgar actuación temeraria alguna i) sin haberla oído al respecto, y
ii) sin haber indagado sobre su situación y la de su familia, y tampoco
respecto de las circunstancias que rodearon la presentación de las dos
acciones - según la accionada con la asesoría de profesionales del derecho,
que habitualmente asesoran a la población desplazada, a quienes nombra
expresamente -.”

En los procesos de tutela bajo estudio, dos circunstancias particulares han
llevado a los jueces de instancia a examinar la existencia de actuaciones
temerarias por parte de los tutelantes o de sus representantes. En primer lugar,
frente a la interposición de acciones de tutela individuales, luego de que la
acción de tutela presentada por una asociación de desplazados fue negada. En
segundo lugar, la acción de tutela interpuesta por miembros de un núcleo
familiar de desplazados, que se separa de éste para solicitar alguna de las
ayudas que recibe la población desplazada, a pesar de que la ayuda ya había
sido otorgada al núcleo familiar originario.

En el primer caso, las tutelas presentadas por las asociaciones de desplazados
fueron declaradas improcedentes por los jueces de instancia por considerar
que dichas acciones sólo podían ser interpuestas directamente por los
demandantes o a través de apoderado judicial. Tales decisiones fueron
seleccionadas para revisión por esta Corte 19 y no habían sido resueltas al
momento en que los actores interpusieron una segunda acción de tutela, esta
vez de manera personal, para solicitar la protección de sus derechos frente a la
omisión de las autoridades en dar respuesta a sus solicitudes. En relación con
estas acciones de tutela, los jueces de instancia deciden denegarlas porque
estaba pendiente la decisión de la Corte sobre la legitimidad de las
asociaciones de desplazados para interponer acciones en nombre de ellos, con
lo cual se negó la protección de los derechos de los actores.

En este evento, no se está ante una actuación de mala fe, ni los actores
interpusieron una segunda acción de tutela por los mismos hechos. Todo lo
contrario, los actores de los expedientes T-681418, T-689206 y T-697902,
quienes habían presentado inicialmente una acción de tutela a través de
ASDECOL y ASOFADECOL, tuvieron en cuenta lo decidido por los jueces
de instancia y cumplieron con lo decidido por éstos, para lo cual presentaron
las acciones directamente Por lo tanto, no existe en estas circunstancias
actuación temeraria.

En el segundo evento, los actores interponen una nueva acción de tutela para
solicitar una ayuda determinada (i) utilizando un documento de identidad
distinto a aquel con el que fueron registrados –ya sea porque fueron
registrados con tarjeta de identidad y, luego de alcanzar la mayoría de edad,
obtienen su cédula de ciudadanía, o porque estaban indocumentados y
obtienen del Estado la cédula de ciudadanía definitiva, o porque emplean una
cédula de ciudadanía distinta – y solicitan una ayuda ya otorgada o una
distinta a la obtenida por el núcleo familiar original; (ii) se separan del núcleo
19 Los procesos a los que se hace referencia fueron repartidos a la Sala Séptima de Revisión.

familiar con el cual fueron inscritos como desplazados, para conformar uno
propio, o para unirse al núcleo familiar al cual pertenecen verdaderamente, e
interponen la acción de tutela por los mismo hechos y para solicitar las
mismas ayudas.

En el primer caso, tres elementos indican una actuación contraria al principio
de buena fe: (i) la utilización de un documento de identificación distinto a
aquel con el cual fueron registrados; (ii) no informar a las autoridades que
hacían parte de otro núcleo familiar ya registrado; y (iii) no advertir a las
autoridades que el núcleo al cual pertenecían había presentado otra acción de
tutela por los mismos hechos.

Esto fue lo que ocurrió en los expedientes T-679482 y T-680805. Los actores
en dichos procesos actuaron de manera torticera con el fin de obtener una
ayuda estatal que ya habían recibido. Este comportamiento constituye una
actuación temeraria y así lo declarará la Sala en la parte resolutiva de esta
sentencia, y tiene como consecuencia denegar la acción de tutela impetrada.
Teniendo en cuenta que en el expediente T-679482, cuando la actora presentó
una cédula distinta a la que aparece en el registro para solicitar la ayuda vía
tutela, pudo haber incurrido en un posible fraude, la Sala comunicará de este
hecho tanto a la Registraduría del Estado Civil como a la Red para el examen
de esta situación irregular y su remisión a las autoridades correspondientes.

En el segundo caso planteado, cuando los tutelantes interponen la acción de
tutela con base en los mismos hechos, para obtener ayudas ya entregadas al
núcleo familiar con el cual fueron inscritos o auxilios no solicitados por ese
núcleo, es posible distinguir varias situaciones: (i) la de quienes desean
separarse del núcleo familiar con el fin de aumentar las posibilidades de
ayuda; (ii) la de quienes por las condiciones mismas del desplazamiento
interno son separados de su núcleo familiar, se reencuentran posteriormente
con él y desean unirse para solicitar las ayudas previstas para la población
desplazada; (iii) la de quienes han formado un nuevo núcleo familiar al
constituirse como pareja estable con hijos o como madre cabeza de familia,
pero separada de su esposo o compañero permanente.

En el primer evento, dada la complejidad administrativa que implicaría
permitir el cambio de inscripción por la mera voluntad del desplazado o el
riesgo de que ello sea solicitado estratégicamente con el fin de aumentar la
ayuda recibida, resulta razonable que no sea posible obtener un nuevo registro,
máxime si se tiene en cuenta que en todo caso, las ayudas se canalizarán a
través del núcleo familiar con el cual fueron registrados. En el segundo
evento, especialmente cuando se trata de menores de edad y de ancianos que
se reencuentran con su familia, las autoridades deben tomar medidas para
garantizar que éstas personas puedan reunirse con sus allegados y, cuando sea
necesario, modificar la información del registro para garantizar que estos
núcleos familiares reciban la ayuda adecuada y proporcionalmente mayor que
se le brinda a la población desplazada. La especial protección constitucional
de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, o de personas

de la tercera edad, así como de la familia y su manifestación a través del
derecho de la población desplazada a la reunificación familiar, de conformidad
con el Principio Rector 16, justifican esta autorización especial. Estas mismas
razones justifican que se permita, como lo prevé el tercer evento, la
modificación del registro para que mujeres cabeza de familia o parejas nuevas
con hijos puedan constituir núcleos familiares de desplazados con registro
autónomo y diferente al originario, y de esta manera, obtener la ayuda que les
permita existir independientemente como familias.

Bajo este último evento descrito, se encuentra la actora del expediente T-
686751, quien como mujer cabeza de familia, solicita ser separada del núcleo
familiar bajo el cual quedó registrada, para inscribirse como un núcleo
familiar independiente con ella a la cabeza, con su hijo. Por lo cual la Sala
tutelará sus derechos y ordenará a la Red modificar el registro de su
inscripción como desplazada, y permitirle como mujer cabeza de familia el
acceso a las ayudas previstas para la población desplazada.

En todo caso, las circunstancias mencionadas, no necesariamente implican una
actuación temeraria. Ante la ausencia de elementos que indiquen la mala fe de
los actores, debe el juez de tutela examinar de manera cuidadosa las
circunstancias del caso y antes de declarar la existencia de temeridad, (a) debe
escuchar al actor o actora sobre las razones de interposición de la segunda
tutela, y (b) indagar sobre su situación y la de su núcleo familiar, tal como lo
señaló esta Corte en la sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis,
para determinar la existencia de temeridad.

5. La jurisprudencia constitucional relacionada con la vulneración de los
derechos de la población desplazada. Ordenes dictadas para proteger sus
derechos constitucionales y persistencia de los patrones de
desconocimiento de tales derechos.

5.1. Derechos fundamentales de la población desplazada
reiteradamente protegidos en casos concretos por esta Corte

Por la magnitud del problema que se ha acreditado en los múltiples
expedientes acumulados en el presente proceso, y por el número de personas
que han acudido a la acción de tutela para reclamar la protección del Estado
frente a su situación, es indispensable que la Corte se detenga a estudiar en
detalle cuáles son los derechos fundamentales de los que son titulares las
personas en situación de desplazamiento, así como el ámbito de las
obligaciones de las autoridades a este respecto. Es necesario precisar el
alcance de las garantías en comento, para así resolver el interrogante sobre la
gravedad de su violación en los casos que se revisan.

Desde 1997, cuando la Corte abordó por primera vez la gravísima situación de
los desplazados en Colombia, la Corte ha proferido 17 fallos para proteger

alguno o varios de los siguientes derechos: (i) en 3 ocasiones para proteger a
la población desplazada contra actos de discriminación; (ii) en 5 eventos para
proteger la vida e integridad personal; (iii) en 6 ocasiones para garantizar el
acceso efectivo a los servicios de salud; (iv) en 5 casos para proteger el
derecho al mínimo vital garantizando el acceso a los programas de
restablecimiento económico; (v) en 2 eventos para proteger el derecho a la
vivienda; (vi) en un caso para proteger la libertad de locomoción; (vii) en 9
ocasiones para garantizar el acceso al derecho a la educación; (viii) en 3 casos
para proteger los derechos de los niños; (ix) en 2 casos para proteger el
derecho a escoger su lugar de domicilio; (x) en 2 oportunidades para proteger
el derecho al libre desarrollo de la personalidad; (xi) en 3 ocasiones para
proteger el derecho al trabajo; (xii) en 3 eventos para garantizar el acceso a la
ayuda humanitaria de emergencia; (xiii) en 3 casos para proteger el derecho de
petición relacionado con la solicitud de acceso a alguno de los programas de
atención a la población desplazada; y (xiv) en 7 ocasiones para evitar que la
exigencia del registro como desplazado impidiera el acceso a los programas de
ayuda.

No obstante la importancia de la línea jurisprudencial en materia de
desplazamiento forzado, la presente sección no tiene como objetivo hacer un
recuento exhaustivo de la jurisprudencia de la Corte en la materia, sino, en
primer lugar, determinar el alcance de los derechos de la población desplazada
que han sido protegidos por esta Corporación, teniendo en cuenta tanto el
marco constitucional y legal, como la interpretación del alcance de tales
derechos que fue compilado documento internacional de los Principios
Rectores del Desplazamiento Forzado Interno de 1998. 20 Este último
documento compendia lo dispuesto sobre desplazamiento interno en el
derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional
humanitario y –por analogía - en el derecho internacional de los refugiados, y
contribuye a la interpretación de las normas que hacen parte de este sistema de
protección.21 Una descripción del contenido y alcance de los Principios
Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, se encuentra en el Anexo 3 de
esta sentencia.

En segundo lugar, esta sección tiene como finalidad identificar el tipo de
problemas que han sido resueltos por la Corte y precisar el tipo de órdenes
dictadas hasta el momento para atender esta problemática. Un recuento
detallado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional dictada para proteger
a la población desplazada se encuentra en el Anexo 4 de esta sentencia.

20 Naciones Unidas, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial
del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Francis
Deng.
21 Diversos organismos e instancias internacionales han recomendado la aplicación de estos principios por
parte de las diversas autoridades de los Estados en los que se presente el problema del desplazamiento interno
forzado, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos
del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, el Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas, la Organización de la Unión Africana, la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa, la Organización del Commonwealth y diversos gobiernos.

5.2. Gravedad del fenómeno del desplazamiento interno por los
derechos constitucionales que resultan vulnerados y la frecuencia con que
se presenta tal vulneración.

El problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica
actual tuvo su inicio en la década de los años ochenta, afecta a grandes masas
poblacionales. La situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades
la Corte Constitucional la ha calificado como (a) “un problema de humanidad
que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando,
como es lógico, por los funcionarios del Estado” 22; (b) “un verdadero estado
de emergencia social”, “una tragedia nacional, que afecta los destinos de
innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las
próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad política
colombiana”23; y, más recientemente, (c) un “estado de cosas
inconstitucional” que “contraría la racionalidad implícita en el
constitucionalismo”, al causar una “evidente tensión entre la pretensión de
organización política y la prolífica declaración de valores, principios y
derechos contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica
constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos”24.

También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean
el desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de
familia, niños y personas de la tercera edad - que se ven obligadas “a
abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades
económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras
del territorio nacional”25 para huir de la violencia generada por el conflicto
armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos
o del derecho internacional humanitario,quedan expuestas a un nivel mucho
mayor de vulnerabilidad , que implica una violación grave, masiva y

22 Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte tuteló
los derechos de un grupo de desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del
INCORA firman un acuerdo con el gobierno para ser reubicados en un predio. Mientras se lograba la
ejecución del acuerdo, se propone el alojamiento temporal de los campesinos en un hotel del municipio de la
Mesa, pero a raíz de las declaraciones de la gobernadora de Cundinamarca en donde acusaba a los
desplazados de estar vinculados a la guerrilla, de generar problemas de orden público, y de ordenar a los
alcaldes del departamento tomar medidas para evitar problemas de orden público, incluida la limitación a la
circulación de los campesinos desplazados, se frustra el proceso de reubicación de los campesinos de
Bellacruz.
23 Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
24 Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.
25 T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra) se acogió la definición de desplazados que consagran los Principios Rectores del Desplazamiento
Forzado Interno.
Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte
desde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos
de los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan “ (i) la
pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el
incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a
la propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social.”, así como el empobrecimiento y el deterioro
acelerado de las condiciones de vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la
vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las
repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que afecta a las
mujeres.

sistemática de sus derechos fundamentales26 y, por lo mismo, amerita el
otorgamiento de una especial atención por las autoridades: “Las personas
desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los
hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”27. En ese
mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la
agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber
de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública” 28, dada
la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias
psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la
vida nacional.

Entre los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o
vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de
esta Corte ha señalado los siguientes:

1. El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas (i) las circunstancias
infrahumanas asociadas a su movilización y a su permanencia en el lugar
provisional de llegada, y (ii) los frecuentes riesgos que amenazan directamente
su supervivencia.29 Los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado que
26 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta tutela se
acumulan tres demandas. La primera corresponde a un grupo de desplazados por la violencia estaba
compuesto por 26 familias que habían ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de CORVIDE y que
iban a ser desalojados por las autoridades municipales de Medellín, sin que se les hubiera ofrecido atención
humanitaria y sin que existiera un plan de atención a la población desplazada. El segundo grupo estaba
compuesto por una familia de desplazados que solicitaba ayuda a las autoridades de Cali para tener acceso a
los beneficios de vivienda que se otorgaban a personas ubicadas en zonas de alto riesgo, pero a quienes se les
niega dicho auxilio con el argumento de que no estaba diseñado para atender población desplazada que sólo
podían recibir ayuda de carácter temporal. El tercer grupo, también unifamiliar, interpuso la acción de tutela
contra la Red de Solidaridad, pues a pesar de haber firmado un acuerdo de reubicación voluntaria y haberse
trasladado al municipio de Guayabal, la Red no había cumplido con la ayuda acordada para adelantar
proyectos productivos y para obtener una solución de vivienda definitiva. La ayuda pactada para el proyecto
productivo fue finalmente entregada al actor por orden del juez de tutela, pero la ayuda para vivienda no se le
dio porque estaba sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.
28 Sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.
29 Por ejemplo en la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes, precitada, donde la Corte dijo:
“Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer grandes distancias
desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, como les ha ocurrido a los
colonos de la hacienda Bellacruz, la explicable huida no es un problema de orden público propiciado por
quienes desean seguir viviendo sino un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por
todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado. No puede una autoridad
local calificar a los desplazados como agentes perturbadores por el solo hecho de tratar de salvar la vida.” Ver
también, las sentencias T-1635 de 2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo. A raíz de la falta de atención
de sus solicitudes, los desplazados, especialmente los menores de edad se encontraban en deficiente estado
nutricional, presentaban afecciones tanto físicas como síquicas y las condiciones de salubridad de dicho lugar
eran muy precarias; además su educación se había visto afectada. A pesar de haber sido atendidos en
diferentes centros hospitalarios, no había sido posible que se les suministraran las drogas recetadas ni que se
les prestara la atención de salud que requerían. Tampoco habían logrado cupos en las escuelas distritales, ni se
les había dado una solución definitiva sobre su reubicación o sobre proyectos que generaran condiciones de
sostenibilidad económica y social. Adicionalmente, solicitaron un lugar temporal para su reubicación en
condiciones de dignidad; T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra donde la Corte resuelve la
situación de una persona desplazada por paramilitares en el departamento del Chocó, quien se encontraba
inscrita en el registro de desplazados que llevaba el personero municipal de Condoto, pero a quien se le niega
tres veces su inscripción en el Sistema Único de Registro de Población desplazada, por no aportar pruebas de
su condición y, por ende, el acceso a toda la ayuda que requerían el desplazado y su familia; T-1346 de 2001,
MP: Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte ampara los derechos de una mujer cabeza de familia y de sus
hijos, quienes hacían parte del grupo de personas desplazadas que ocupaban un predio de propiedad del
municipio de Villavicencio e iban a ser desalojados del mismo, sin ofrecerles una reubicación alternativa en el
corto plazo; y T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte protegió los derechos de un
grupo de 65 núcleos familiares que había huido de sus viviendas en la Comuna 13 de Medellín, a raíz de los

contribuyen a la interpretación de este derecho en el contexto del
desplazamiento forzado interno son los Principios 1, 8, 10 y 13, que se
refieren, entre otras cosas, a la protección contra el genocidio, las ejecuciones
sumarias y prácticas contrarias al derecho internacional humanitario que
pongan en riesgo la vida de la población desplazada.

2. Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los
discapacitados y las personas de tercera edad, y de otros grupos especialmente
protegidos “en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las
personas que son obligadas a desplazarse”30. La interpretación de estos
derechos deberá hacerse de conformidad con lo que establecen los Principios
2, 4 y 9 sobre protección especial a ciertos grupos de desplazados.

3. El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir
del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven
forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo 31. Los Principios
5, 6, 7, 14 y 15 contribuyen a la interpretación de este derecho, en particular, a
la determinación de prácticas prohibidas por el derecho internacional que
impliquen una coacción al desplazamiento de las personas, o su confinamiento
en lugares de los cuales no puedan salir libremente.

4. Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
expresión y de asociación, “dado el ambiente intimidatorio que precede a los
desplazamientos”32 y las consecuencias que dichas migraciones surten sobre la
materialización de los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente
deberán acoplarse a sus nuevas circunstancias de desposeimiento. En la
interpretación de estos derechos en el contexto del desplazamiento forzado
interno son pertinentes los Principios 1 y 8.

5. Por las características propias del desplazamiento, quienes lo sufren ven sus
derechos económicos, sociales y culturales fuertemente afectados. 33. El
enfrentamientos entre distintos grupos armados que operaban en dicha zona. La Red de Solidaridad les había
negado la inscripción en el Sistema Único de Registro de Población Desplazada y el consiguiente
otorgamiento de ayudas por tres razones: 1) por considerar que “no se concibe el desplazamiento forzado
cuando la víctima no ha abandonado su localidad”, asimilando el término localidad al de municipalidad; 2)
porque varios de los núcleos familiares desplazados ya habían recibido ayuda cuando se desplazaron por
primera vez; y 3) por no haberse remitido al Ministerio del Interior copia de las declaraciones obtenidas a raíz
de los hechos violentos ocurridos en la Comuna 13, para que éste decidiera si el hecho constituía
desplazamiento.
30 Ver, por ejemplo, las sentencias T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, en donde la Corte tutela los
derechos de 14 menores de edad a quienes se les niega el cupo para estudiar en el Colegio Sol de Oriente de la
Comuna Centro Oriental de Medellín, por razones de edad, ausencia de cupos disponibles e imposibilidad de
asumir los costos generados; T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte concede el amparo
de los derechos a dos mujeres cabeza de familia desplazadas y a sus hijos, a quienes en un caso, no se le había
dado la ayuda humanitaria a la que tenían derecho, y en el otro, la ayuda humanitaria recibida resultaba
claramente insuficiente dadas las urgentes necesidades de la familia.
31 Ver, por ejemplo, las sentencias T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte adoptó
medidas para proteger a la población desplazada contra actos discriminatorios y de intolerancia cometidos por
las autoridades de Cundinamarca, quienes alegando que se generaba una alteración grave del orden público,
intentaban impedir la reubicación de éstas personas en el territorio de ese departamento.
32 Sentencia SU-1150 de 2000, precitada.
33 Ver por ejemplo, la sentencia T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde la Corte
protege los derechos de 128 núcleos familiares, compuestos principalmente por mujeres cabeza de familia,
menores, ancianos y algunos indígenas, cuyas solicitudes de atención en salud, estabilización económica y
reubicación, no habían sido atendidas por la Red de Solidaridad, por falta de recursos suficientes.

alcance mínimo de estos derechos ha sido interpretado de conformidad con los
Principios 3, 18, 19, y 23 a 27, que se refieren a condiciones para garantizar
un nivel de vida digna, y el acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre
otros derechos.

6. En no pocos casos, el desplazamiento implica una dispersión de las familias
afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la unidad familiar 34 y a
la protección integral de la familia35. Los Principios 16 y 17 están dirigidos,
entre otras cosas, a precisar el alcance del derecho a la reunificación familiar.

7. El derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida, no sólo porque
el acceso de las personas desplazadas a los servicios esenciales de salud se ve
sustancialmente dificultado por el hecho de su desplazamiento,sino porque las
deplorables condiciones de vida que se ven forzados a aceptar tienen un
altísimo potencial para minar su estado de salud o agravar sus enfermedades,
heridas o afecciones preexistentes. Los Principios 1, 2 y 19 precisan el alcance
de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno.

8. El derecho a la integridad personal , que resulta amenazado tanto por los
riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas desplazadas, como por el
alto riesgo de ataques al que están expuestos por su condición misma de
desposeimiento.36 A este derecho se refieren los Principios rectores 5, 6 y 11,

9. El derecho a la seguridad personal37, puesto que el desplazamiento conlleva
riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes,
serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios
derechos fundamentales de los afectados. Para la interpretación del alcance de
este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno son pertinentes
los Principios rectores 8, 10, 12, 13 y 15.

34 Sentencia SU-1150 de 2000, precitada.
35 Sentencia T-1635 de 2000, precitada.
Corte Constitucional, Sentencia T-645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, en este fallo, la Corte tutela el
derecho a la salud de una mujer cabeza de familia desplazada del Municipio de San José de Guaviare y
ubicada en Villavicencio, quien padecía de un tumor en el brazo que le causaba mucho dolor y le impedía
trabajar. La actora, quien se encontraba inscrita en el Sistema Único de Registro de Población Desplazada,
acude a la Red de Solidaridad que la remite a la UAO y posteriormente al Hospital de Villavicencio para
valoración y programación de cirugía, el cual se negó a atenderla porque el carné que portaba correspondía al
Sisbén de San José de Guaviare y no al de Villavicencio.
Sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001 y T-1346 de 2001.
36 Ver, por ejemplo, la sentencia T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte resuelve
la situación de una persona desplazada por paramilitares en el departamento del Chocó, quien se encontraba
inscrita en el registro de desplazados que llevaba el personero municipal de Condoto, pero a quien se le niega
tres veces su inscripción en el Sistema Único de Registro de Población desplazada, por no aportar pruebas de
su condición y, por ende, el acceso a toda la ayuda que requerían el desplazado y su familia.
37 Ver por ejemplo, las sentencias T-258 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte protege
el derecho a la vida de un docente amenazado por las FARC, que es obligado a desplazarse a Manizales junto
con su familia y a solicitar su traslado como docente a otro municipio dentro del mismo departamento. La
única oferta que había recibido fue para reubicarse en un lugar donde operaba el mismo frente que le había
amenazado inicialmente; T-795 de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández. Dado que el servicio de
educación está descentralizado, la Corte deniega la tutela para ordenar el traslado de los docentes, debido a la
falta de desarrollo de la Ley 715 de 2001 en lo concerniente al traslado y reubicación de docentes
amenazados, pertenecientes a distintas secretarías de educación departamentales.

10. La libertad de circulación por el territorio nacional 38 y el derecho a
permanecer en el sitio escogido para vivir 39, puesto que la definición misma de
desplazamiento forzado presupone el carácter no voluntario de la migración a
otro punto geográfico para allí establecer un nuevo lugar de residencia. Los
principios 1, 2, 6, 7 y 14 resultan relevantes para la interpretación del alcance
de estos derechos en relación con la población desplazada.

11. El derecho al trabajo40 y la libertad de escoger profesión u oficio,
especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las
ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales. Para la
interpretación de estos derechos resultan relevantes los principios 1 a 3, 18,
21, 24 y 25, que establecen criterios para garantizar medios para la obtención
de un nivel de vida adecuado y la protección de sus propiedades o posesiones.

12. El derecho a una alimentación mínima41, que resulta insatisfecho en un
gran número de casos por los altísimos niveles de pobreza extrema a los que
llegan numerosas personas desplazadas, que les impiden satisfacer sus
necesidades biológicas más esenciales y repercuten, por ende, sobre el disfrute
cabal de todos sus demás derechos fundamentales, en particular sobre los
derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud. Ello es especialmente
grave cuando el afectado es un menor de edad. Para la interpretación del
alcance de este derecho son pertinentes los Principios 1 a 3, 18 y 24 a 27,
relativos al nivel de vida adecuado que se debe garantizar a la población
desplazada y a la asistencia humanitaria.

13. El derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que
sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a
38 Sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001, T-1346 de 2001 y T-268 de 2003, precitadas.
39 Sobre el derecho de permanencia en la sentencia T-227 de 1997, precitada, dijo la Corte lo siguiente: “Los
campesinos tienen derecho a su permanencia en la parcela que poseían, por eso el INCORA inició el proceso
de adjudicación de tierras, por ello su primer lugar de refugio fue la casa campesina en el municipio. (...) Era
un derecho de esas personas a permanecer en paz en su propio hogar, en su propia tierra, algo que ha sido
reconocido por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (....)Sólo el
legislador puede restringir ese derecho de las personas a permanecer o a circular y la restricción sólo puede
tener los objetivos allí señalados, es decir, que la ley restrictiva no puede alejarse de los parámetros fijados en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. (...) Esta doble faz, permanecer y circular, y la única posibilidad restrictiva: Limitación establecida
por la Ley, está también recogida en nuestra Constitución Política. (...) Es finalidad del Estado garantizar la
efectividad de esos derechos, luego, tratándose de desplazados, a quienes se les afecta su derecho primario a
residir en el lugar que deseen dentro de la República, es inhumano a todas luces afectarles también la
posibilidad de circular para salvar sus vidas propias y las de sus familiares.”.
40 Ver por ejemplo, la sentencia T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte examina
el caso de una mujer cabeza de familia desplazada, madre de cinco hijos menores de edad y con un nieto,
analfabeta, a quien no se le da acceso a los programas de estabilización económica al omitir una respuesta
efectiva a su petición. La Corte analiza la política estatal en materia de proyectos productivos para la
población desplazada y concluye que la petición para ser incluida en un proyecto productivo no ha sido
respondida por la Red de solidaridad, violando con ello los derechos de petición y trabajo. Ver también las
sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001, T-1346 de 2001, y T-268 de 2003, precitadas.
41 En la sentencia T-098 de 2002,precitada, la Corte señala la necesidad de precisar las órdenes teniendo en
cuenta la normatividad y programas existentes. Así, en cuanto a la protección de menores desplazados, la
Corte resaltó entre otros derechos los siguientes: i) a mantenerse unido con su grupo familiar; ii) a la atención
gratuita por parte de las instituciones de salud que reciban aportes del Estado, para los menores de un año
(Artículo 50, CP), iii) a recibir un subsidio alimentario en la forma como lo determinen los planes y
programas del ICBF y con cargo a éste; iv) a la protección en jardines y hogares comunitarios; v) a tener
acceso a los programas de alimentación que provee el ICBF con el apoyo de las asociaciones de padres, de la
empresa privada o los Hogares Juveniles campesinos; vi) en materia de atención de salud, los hijos menores
de desplazados tienen derecho a atención prioritaria, rápida e inmediata de salud.

interrumpir su proceso de formación.42. En relación con este derecho, resultan
relevantes los Principios13 y 23.

14. El derecho a una vivienda digna43, puesto que las personas en condiciones
de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o lugares
habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de
alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden
conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este
derecho, los Principios 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben ser
garantizados a la población desplazada a fin de proveerles vivienda y
alojamiento básicos.

15. El derecho a la paz44, cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de
no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el
conflicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional
humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la población
civil45.Para la interpretación de este derecho son pertinentes los Principios 6, 7,
11, 13 y 21 que prohíben el desconocimiento de las normas de derecho
internacional humanitario que protegen a los no combatientes.

16. El derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del
desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro
como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación
de los representantes legales, cuando se trata de menores de edad que son
separados de sus familias.46 El alcance de este derecho en el contexto del
desplazamiento forzado interno se encuentra expresamente consagrado en el
Principio rector 20.

42 Sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, precitada.
43 Ver, por ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería. La actora, una mujer desplazada
de 73 años de edad, quien solicitaba que dado su edad avanzada, la vinculación a un proyecto productivo se
hiciera a través de su hija, quien no estaba inscrita como desplazada. La actora también solicitaba a la Red que
se le otorgaran subsidios de vivienda, pero la Red le contesto que debía dirigirse al INURBE a fin de tramitar
el formulario de postulación e informarse de las diferentes modalidades de vivienda a las que puede aplicar el
subsidio. La Corte analiza la política de vivienda y de proyectos productivos existente para la población
desplazada, y luego de confrontar el diseño de política pública, la Constitución y los Principios Rectores del
Desplazamiento Interno con las acciones concretas adoptadas por las entidades en el caso concreto, concluye
que hubo “vulneración de los derechos a la vivienda digna y al mínimo vital de la actora por parte de las
entidades demandadas, las cuales se han limitado a entregar información a la demandante sin acompañarla
en el proceso de restablecimiento, es decir, sin asesorarla para que logre acceder efectivamente a los
servicios que prestan las distintas entidades que constituyen el SNAIPD.”
44 Ver, por ejemplo, la sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis. En esta tutela, además de reiterar
la línea jurisprudencial en materia de protección de los derechos de la población desplazada, la Corte se
refiere a dos temas adicionales: (i) la perspectiva de género en la atención a la población desplazada, en
particular el impacto especialmente grave del conflicto armado sobre las mujeres; y (ii) la sensibilidad de las
autoridades para evaluar las circunstancias que afectan a la población desplazada, en particular cuando se
examine una posible temeridad en la interposición de la acción de tutela.
45 Sentencia C-328 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
46 En la sentencia T-215 de 2002, la Corte rechaza que las autoridades hubieran exigido que el registro de los
menores lo hicieran sus padres o representantes legales, pues ese tipo de condiciones dificultan el acceso a los
programas de atención a la población desplazada. “Con esa lógica, aquellos menores que en razón del
conflicto armado han perdido a sus padres y allegados y que se ven forzados a abandonar el lugar en el que
se encuentran radicados para no correr la misma suerte, no podrían ser incluidos en el registro nacional de
desplazados por no tener quién los represente. Es claro que con tales exigencias, las instituciones
concebidas para apoyar a los desplazados y para proyectarles un nuevo horizonte, se convierten en un
obstáculo para el reconocimiento, al menos, de sus más elementales derechos.”

17. El derecho a la igualdad 47, dado que (i) a pesar de que la única
circunstancia que diferencia a la población desplazada de los demás habitantes
del territorio colombiano es precisamente su situación de desplazamiento, en
virtud de ésta condición se ven expuestos a todas las violaciones de los
derechos fundamentales que se acaban de reseñar, y también a discriminación
y (ii) en no pocas oportunidades, el hecho del desplazamiento se produce por
la pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación o comunidad a
la cual se le atribuye cierta orientación respecto de los actores en el conflicto
armado y por sus opiniones políticas, criterios todos proscritos como factores
de diferenciación por el artículo 13 de la Carta. Lo anterior no excluye, como
se ha visto, la adopción de medidas de acción afirmativa a favor de quienes se
encuentren en condiciones de desplazamiento, lo cual de hecho constituye una
de las principales obligaciones reconocidas por la jurisprudencia
constitucional en cabeza del Estado.48 Los alcances de este derecho han sido
definidos por los Principios 1 a 4, 6, 9 y 22, que prohíben la discriminación a
la población desplazada, recomiendan la adopción de medidas afirmativas a
favor de grupos especiales dentro de la población desplazada y resaltan la
importancia de que a los desplazados se les garantice un trato igualitario.

En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el
desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial
debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los
desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que éstos tienen, en
términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato preferente
por parte del Estado, en aplicación del mandato consagrado en el artículo 13
Superior: “el grupo social de los desplazados, por su condición de
indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y
los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos
2° y 3° que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia
entre distintos.”49. Este punto fue reafirmado en la sentencia T-602 de 2003, en
la cual se dijo que “si bien el legislador y las entidades gubernamentales
deben tratar de igual modo a todas las personas, pues así lo estipula el
artículo 13 de la Constitución, las víctimas del fenómeno del desplazamiento
forzado interno sí merecen atención diferencial”. Este derecho al trato
preferente constituye, en términos de la Corte, el “punto de apoyo para
proteger a quienes se hallan en situación de indefensión por el

47 Sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, precitada.
48 Ver, pro ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, precitada, donde la Corte enfatizó que “siempre que no sea
posible el retorno al lugar de origen de los desplazados en condiciones de dignidad, voluntariedad y
seguridad, la respuesta estatal debe articularse en torno a acciones afirmativas (...) que garanticen (i) el acceso
a bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación, (ii) la promoción de la igualdad, y (iii) la
atención a minorías étnicas y a grupos tradicionalmente marginados, ya que no puede obviarse que Colombia
es un país pluriétnico y multicultural y que buena parte de la población desplazada pertenece a los distintos
grupos étnicos, así como tampoco puede olvidarse que dentro de la población afectada un gran porcentaje son
mujeres y, bien sabido es que éstas padecen todavía una fuerte discriminación en las áreas rurales y en las
zonas urbanas marginales. Para expresarlo en otros términos, la atención a la población desplazada debe
basarse en acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la
discapacidad y la opción sexual. Las medidas positivas, entonces, deben estar orientadas a la satisfacción de
las necesidades de los grupos más vulnerables, tales como los niños, los adultos mayores o las personas
discapacitadas.”
49 Sentencia T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.

desplazamiento forzado interno”50, y debe caracterizarse, ante todo, por la
prontitud en la atención a las necesidades de estas personas, ya que “de otra
manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales
se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara”51.

Además de encontrar soporte en el artículo 13 de la Carta, el deber estatal que
se señala encuentra su fundamento último, según la jurisprudencia
constitucional, en la inhabilidad del Estado para cumplir con su deber básico
de preservar las condiciones mínimas de orden público necesarias para
prevenir el desplazamiento forzado de personas y garantizar la seguridad
personal de los asociados. Según se sintetizó en la sentencia T-721 de 2003,
“esta Corporación ha considerado que al Estado le compete impedir que el
desplazamiento se produzca, porque las autoridades han sido establecidas
para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero
también ha dicho que si ‘no fue capaz de impedir que sus asociados fueran
expulsados de sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a
los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus
hogares y afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria
para reconstruir sus vidas’52.Lo anterior comporta que la situación de cada
una de las personas y familias desplazadas por la violencia deba ser un
asunto prioritario de las autoridades”.53

Ahora bien, el alcance de las medidas que las autoridades están obligadas a
adoptar se determina de acuerdo tres parámetros principales, que fueron
precisados en la sentencia T-268 de 2003, así: (i) el principio de favorabilidad
en la interpretación de las normas que protegen a la población desplazada, (ii)
los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, y (iii) el
principio de prevalencia del derecho sustancial en el contexto del Estado
Social de Derecho. En síntesis, “las medidas especiales a favor de los
desplazados facilitan que éstos se tornen menos vulnerables, agencian la
reparación de las injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y se
orientan a la realización efectiva de ciertos derechos de bienestar mínimo que
constituyen la base para la autonomía y el autosostenimiento de los sujetos de
desplazamiento.”54.

5.3. Las órdenes dictadas para la protección de los derechos de las
población desplazada

La Corte se ha pronunciado en 17 ocasiones sobre los derechos de la
población desplazada. Las sentencias han estado dirigidas principalmente a: (i)
corregir actuaciones negligentes o discriminatorias55 y omisiones de las

52 Sentencia SU- 1150 de 2000 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
53 Sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis.
54 Sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería.
55 Ver, por ejemplo, la sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte rechazó
actuaciones discriminatorias de las autoridades de Cundinamarca contra la población desplazada.

autoridades encargadas de atender a la población desplazada; 56 (ii) señalar las
responsabilidades institucionales en la atención de la población desplazada;57
(iii) precisar los derechos constitucionales de la población desplazada; 58 (iv)
fijar criterios para la interpretación de las normas que regulan la ayuda para
esta población, de tal manera que se garanticen efectivamente sus derechos; 59
(v) rechazar el retardo injustificado o la omisión de las autoridades para
atender a quienes se ven afectados por el desplazamiento forzado; 60 (vi) urgir
el desarrollo de políticas y programas adecuados para la atención de este
fenómeno;61 (vii) precisar los elementos que determinan la condición de
desplazado;62 (viii) señalar los obstáculos que impiden una atención adecuada
de la población desplazada y que favorecen o agravan la vulneración de sus
derechos;63 (ix) indicar falencias u omisiones en las políticas y programas
diseñados para atender a la población desplazada; 64 y (x) otorgar una
protección efectiva a la población desplazada, en particular cuando se trata de
personas especialmente protegidas por la Constitución como son los niños, la
mujeres cabezas de familia, las personas de la tercera edad y las minorías
étnicas.65

Con el fin de garantizar una protección efectiva de la población desplazada, la
Corte ha ordenado (i) a las distintas autoridades que participan en la
protección de la población desplazada, incluir a los accionantes en los
programas y políticas existentes en un plazo breve que va desde las 48 horas a
los 3 meses siguientes a la notificación de la sentencia; 66 (ii) al Presidente de
la República, coordinar con los distintos ministerios y entidades encargadas de
la atención de la población desplazada, las acciones indispensables para
garantizar, en un plazo de máximo de 30 días, la solución definitiva de los
problemas que enfrentaban los accionantes; 67 (iii) adelantar en un plazo de 48
horas todas las gestiones necesarias para trasladar al accionante a un lugar
56 Ver, por ejemplo, la sentencia T-1635 de 2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo, donde la Corte
tutela los derechos de un grupo de desplazados que se toman pacíficamente las instalaciones del Comité
Internacional de la Cruz Roja ante la omisión de las autoridades para prestarles la asistencia que requerían.
57 Ver, por ejemplo, las sentencias SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-258 de 2001, MP:
Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte señala las responsabilidades de las distintas entidades
encargadas de atender a la población desplazada.
58 Ver, por ejemplo, la sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte precisó
los derechos de los desplazados en el caso de desplazamiento forzado intra urbano.
59 Ver, por ejemplo, la sentencia T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte precisa
las normas aplicables en el caso de desplazamiento forzado y algunos de los derechos mínimos de la
población desplazada.
60 Ver por ejemplo, la sentencia T-790 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte tutela los
derechos de una mujer desplazada a quien se le había retardado de manera injustificada la atención de salud
que requería.
61 Ver por ejemplo, la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, ya citada.
62 Ver por ejemplo, la sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte señala que
los dos elementos esenciales del desplazamiento son la coacción que obliga al desplazamiento y que el
desplazamiento se realice dentro de las fronteras del Estado.
63 Ver por ejemplo, las sentencias T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte rechaza que se
le haya negado, por insuficiencia presupuestal, la ayuda humanitaria solicitada por los actores; y T-645 de
2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte resalta el peregrinaje innecesario a que es sometida una
desplazada que solicita atención médica.
64 Ver por ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería, donde la Corte resalta algunas de
las falencias de los programas de vivienda diseñados para la población desplazada.
65 Ver, por ejemplo, la sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, donde la Corte protegió a varios
menores de edad a quienes se les había negado el cupo para educación.
66 Ver, entre otras, las sentencias 215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño; SU-1150 de 2000, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-327 de 2001 y T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.

donde su vida e integridad no corran peligro; 68 (iv) a la Red de Solidaridad
Social, incluir al accionante en el Registró Único de Población Desplazada;
(v) que se constituya el Comité Municipal de Atención Integral de la
Población Desplazada en un plazo de 10 días, a fin de que ese Comité
estableciera en un plazo máximo de 20 días, el programa de reubicación y
estabilización de los accionantes;69 (vi) a la Red de Solidaridad Social
coordinar con el Instituto de Bienestar Familiar la inclusión de los menores
demandantes en los programas existentes en dicha entidad y tramitar de
manera preferencial y rápida, ante la entidad que corresponda la solicitud de
subsidio familiar de vivienda;70 (vii) a la Red de Solidaridad Social otorgar la
ayuda humanitaria de emergencia solicitada; 71 (viii) al Director Nacional de la
Red de Solidaridad Social que incluya a los accionantes en un proyecto
productivo articulado a un programa de seguridad alimentaria;72 (ix) a la Red
de Solidaridad Social para que en un plazo de 48 horas realice las gestiones
necesarias ante las entidades competentes para que se suministre la atención
integral de salud requerida por la actora; 73 (x) a la Red de Solidaridad Social,
brindar en un plazo de 48 horas la asesoría necesaria a la actora sobre las
distintas alternativas de consolidación económica;74 (xi) que la Red de
Solidaridad Social asista y asesore efectivamente a la actora; 75 (xii) a la
Defensoría del Pueblo diseñar y dictar cursos de promoción de derechos
humanos y de respeto de los derechos de la población desplazada a las
distintas autoridades, con el fin de sensibilizarlas frente a esta problemática; 76
(xiii) al Gobierno Nacional, para que en un plazo razonable reglamente la Ley
715 de 2001 en lo concerniente al traslado y reubicación de docentes
amenazados;77 (xiv)a la Defensoría del Pueblo, velar por la divulgación y
promoción de los derechos de la población desplazada; 78 (xv) al Procurador
General de la Nación, ejercer la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado en
la sentencia;79 y (xvi) a la Defensoría del Pueblo, instruir a la población
desplazada sobre sus derechos y deberes constitucionales.80

La anterior descripción de los derechos vulnerados y de la respuesta del juez
de tutela en casos que comprenden varios núcleos familiares, que se han
repetido a veces hasta en nueve ocasiones y que por su extrema gravedad
ameritaron la intervención de esta Corte, muestra que el patrón de violación de
los derechos de la población desplazada ha persistido en el tiempo, sin que las
autoridades competentes hayan adoptado los correctivos suficientes para
superar esas violaciones, y sin que las soluciones puntuales ordenadas por la
67 Ver, por ejemplo, la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, y T-1635 de 2000, MP:
José Gregorio Hernández Galindo.
68 Corte Constitucional, Sentencia T-258 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
69 Corte Constitucional, Sentencia T-1346 de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil.
70 Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
71 Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
72 Corte Constitucional, Sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería.
73 Corte Constitucional, Sentencia T-645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
74 Corte Constitucional, Sentencia T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
75 Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis.
76 Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero.
77 Corte Constitucional, Sentencia T-795 de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández.
78 Corte Constitucional, Sentencia T-1635 de 2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo.
79 Corte Constitucional, Sentencia T-1635 de 2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo.
80 Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis.

Corte frente a las violaciones detectadas en las sentencias dictadas hasta el
momento, hayan contribuido a impedir la reincidencia de las autoridades
demandadas en tutela. Inclusive, se ha llegado a agravar la situación de
afectación de los derechos de la población desplazada ante la exigencia
impuesta por algunos funcionarios81 de la interposición de acciones de tutela
como requisito previo para que las autoridades encargadas de su atención
cumplan con sus deberes de protección.

6. Identificación de las acciones u omisiones estatales que configuran una
violación de los derechos constitucionales de los desplazados.

Las políticas públicas de atención a la población desplazada no han logrado
contrarrestar el grave deterioro de las condiciones de vulnerabilidad de los
desplazados, no han asegurado el goce efectivo de sus derechos
constitucionales ni han favorecido la superación de las condiciones que
ocasionan la violación de tales derechos. Según un estudio reciente 82, las
condiciones básicas de vida de dichas personas distan mucho de satisfacer los
derechos reconocidos nacional e internacionalmente. El 92% de la población
desplazada presenta necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el 80% se
encuentra en situación de indigencia.83 Igualmente, el 63.5% de la población
desplazada tiene una vivienda inadecuada84, y el 49% no cuenta con servicios
idóneos85.

En cuanto a la situación alimentaria de la población desplazada, se concluye
que la “brecha en calorías”86 de los hogares desplazados es del 57%, es decir,
que sólo consumen el 43% de los niveles recomendados por el PMA 87.
Igualmente se encontró que el 23% de los niños y niñas menores de seis años
desplazados están por debajo del estándar alimenticio mínimo. A su vez, las
insuficiencias alimenticias mencionadas se traducen en un estado desnutrición
que tiene como consecuencias, entre otras, retraso de la talla para el peso y del
peso para la edad, déficit en atención escolar, predisposición a las infecciones

81 Así lo reiteró en comunicación dirigida a esta Corte, Henry Rivera Acosta, agente de un grupo de
desplazados que llevaba años esperando respuesta estatal a sus peticiones (ver Expediente T-699715).
82 Naciones Unidad, Programa Mundial de Alimentos PMA, Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria de
la Población desplazada por la violencia en Colombia, informe de 2003. Estudio contratado por el PMA,
consistente en encuestas y pruebas fisiológicas (perímetro braquial, que mide la reserva grasa y la proteína
somática o muscular del individuo) realizadas a 1503 hogares desplazados, seleccionados aleatoriamente en
41 municipios. Los indicadores para dicho estudio fueron realizados por la firma Econometría SA, y tienen un
nivel de confianza del 99% y un error absoluto máximo del 3% calculado sobre el total de la muestra.
Adicionalmente el estudio se realizó una investigación cualitativa con 18 grupos focales compuestos por 148
jefes de hogar o cónyuges y 22 entrevistas a líderes comunitarios. (P.1 del estudio).
83 La situación de la población desplazada se constata significativamente peor que la del quintil más pobre
urbano en Colombia. En este sentido se observa que el 30% del quintil más pobre presenta necesidades
básicas insatisfechas, mientras que el 39% de este grupo se encuentra en situación de indigencia.
84 Dicha proporción para el quintil más pobre urbano es de 7.1%. La adecuación de la vivienda y de los
servicios a los que tienen acceso la población desplazada, es un criterio utilizado por el PMA, en el que se
mide que la vivienda o los servicios cumplan con ciertos requisitos mínimos.
85 6% para el quintil pobre urbano.
86 La brecha alimentaria mide la carencia alimentaria de una persona en comparación de las cantidades de
nutrientes recomendados.
87 También se observan brechas alimenticias en cuanto a cantidad de proteínas y micro nutrientes consumidos
por los desplazados.

respiratorias y a la diarrea, disminución de la visión, y aumento de la
morbilidad infantil.

En relación con el grado de acceso a la educación de la población escolar
desplazada, se observa que el 25% de los niños y niñas entre 6 y 9 años no
asiste a un establecimiento escolar, mientras que esta proporción para las
personas entre 10 y 25 años es de 54%. Por último, en relación con la salud de
las víctimas del desplazamiento forzado, la tasa de mortalidad para la
generalidad de la población desplazada es 6 veces superior al promedio
nacional.88

Ahora bien, la grave situación de la población desplazada no es causada por el
Estado, sino por el conflicto interno, y en particular, por las acciones de los
grupos armados irregulares. Sin embargo, en virtud del artículo 2º de la Carta,
el Estado tiene el deber de proteger a la población afectada por este fenómeno,
y de esta manera, está obligado a adoptar una respuesta a dicha situación.

Por lo tanto, la Corte al analizar las políticas públicas de atención a la
población desplazada, determinará si el Estado, a través de acciones u
omisiones en el diseño, la implementación, el seguimiento o la evaluación de
éstas, ha contribuido de una manera constitucionalmente significativa al
desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas en condición
de desplazamiento. La Sala se fundamentará en (i) varios de los documentos
de análisis y evaluación de la política de atención a la población desplazada y
de sus distintos programas, aportados a este proceso por entidades
gubernamentales, organizaciones de derechos humanos y organismos
internacionales, y (ii) las respuestas al cuestionario formulado por la Sala
Tercera de Revisión, que aparecen resumidas en el anexo 2.

Dada la extensión de esos documentos y su referencia a aspectos no
relacionados directamente con la supuesta vulneración de los derechos de la
población desplazada que dieron lugar a la presente tutela, la Sala tomará en
consideración sólo algunos de los reparos efectuados, basados en las
principales observaciones, sin pretender hacer una revisión exhaustiva.

Ante todo, la Sala aprecia que en los últimos años algunas entidades estatales,
dentro de las que se encuentra la Red de Solidaridad Social, han realizado
esfuerzos considerables para mitigar los problemas de la población desplazada
y han obtenido avances importantes. Como se observará posteriormente en
este documento, entre los años 1998 y 2003 el número de personas
desplazadas a quienes se proporcionó atención humanitaria de emergencia o se
prestó algún tipo de ayuda tendiente a su restablecimiento socioeconómico
aumentó considerablemente. Igualmente durante el año 2003 se observó una
disminución del número de nuevos desplazados en el país. 89 La Sala no
88 Específicamente, para los menores de 12 años la tasa de mortalidad es de 3.32 por cada mil, mientras que
dicha proporción es de 2.0. para el promedio nacional; la tasa es de 24.28 para los desplazados entre los 12 y
los 25 años, en tanto que asciende a 2.0 para el promedio nacional; y de 53.42 para los mayores de 25 años,
mientras que dicho índice es de 6.8 para el promedio nacional.
89 Según datos de la Red de Solidaridad Social, el número de personas desplazadas (expulsados durante el
correspondiente período de tiempo) pasó de 378´479 en diciembre de 2002 a 130´157 en agosto 31 de 2003 (-

profundizará en los elementos a partir de los cuales se han obtenido estos
resultados positivos.90 En el anexo 5 de esta sentencia la Corte analiza de
manera más detallada la respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento, y
las diferentes observaciones formuladas por las entidades y organizaciones,
respecto de las políticas públicas de atención a la población desplazada.

Además de las intervenciones de cada una de las organizaciones a las cuales
esta Sala solicitó el aporte de pruebas 91, los documentos recibidos por la Corte
de los cuales se deducen las conclusiones que se mencionarán a continuación
son: Robert Muggah, “Capacidades institucionales en medio del conflicto.
Una evaluación de la respuesta en la reubicación de la población desplazada
en Colombia”, Departamento Nacional de Planeación Bogotá, mimeo, enero
de 2000; Pastoral Social, Secretariado Nacional, Sección de Movilidad
Humana, Sistemas y Alianzas Estratégicas en el reasentamiento de la
población desplazada por la violencia en Colombia, Estudios de las
Comunidades de Montes de María (Bolívar), Juradó (Chocó) y Neiva
(Huila)”, 2001; Jaime Andrés Erazo, Ana María Ibáñez, Stefanie Kirchhoff y
Alberto Galán, “Diversas causas y costos del desplazamiento: ¿Quién los
compensa?”, en revista Planeación y Desarrollo, Vol XXX, No 3, Julio-
Septiembre de 1999; Red de Solidaridad Social, “Desplazamiento:
Implicaciones y retos para la gobernabilidad, la democracia y los derechos
humanos. IIo seminario Internacional “Balance de las políticas de atención a
la población desplazada 1998-2002”, segundo semestre de 2002; ACNUR y
Red de Solidaridad Social, “Balance de la Política de atención al
desplazamiento interno forzado en Colombia 1999-2002”, agosto 6 de 2002;
Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa
Territorial, Programa de Atención a la Población Escolar Desplazada,
“Política para la Atención a La Población Escolar Desplazada”, Noviembre
de 2002; International Crisis Group, “La Crisis Humanitaria en Colombia,
Informe de América Latina”, No 4, 9 de Julio de 2003; Defensoría del Pueblo,
Evaluación de la Política de Atención a la Población Desplazada, 2003;
Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia,
“Derechos humanos de las mujeres en situación de desplazamiento”,
elaborado por Carolina Vergel, bajo la coordinación de Claudia Mejía, Junio
de 2003; Ponencia “Derechos de las mujeres en situación de desplazamiento:

65%). Dicha tendencia a la baja continuó durante los últimos meses del año 2003. Ver Fuente: Sistema Único
de Registro S.U.R. Fecha de corte: Septiembre 29/2003 Fecha de reporte: Noviembre 7/2003 Acumulado total
de hogares y personas incluidos por departamento y municipio como expulsor y receptor. Incluye
desplazamientos individuales y masivos.
90 Los resultados positivos se han dado aún cuando el diseño y la implementación de las políticas de
atención a la población desplazada son especialmente difíciles. Dicha dificultad se da por dos razones
fundamentales: por causa de dos factores principales: (i) No existen antecedentes precisos, en el orden
nacional, acerca de una prestación adecuada de los servicios necesarios para las comunidades en condición de
desplazamiento. Las políticas internacionales de atención de refugiados y desplazados se caracterizan por la
ayuda a un volumen alto de personas, pero durante períodos de tiempo relativamente cortos. Dada la larga
duración, y la intensidad de las hostilidades del conflicto colombiano, el fenómeno del desplazamiento en
nuestro país se da de manera más lenta (la cantidad de personas afectadas se eleva de manera gradual) pero en
un período de tiempo mucho más prolongado. (ii) El número excepcionalmente elevado de desplazados lleva
a que las entidades responsables de prestar a la ayuda se vean avasalladas en cuanto a su capacidad, tanto
institucional como presupuestal.
91 Las pruebas fueron solicitadas mediante Auto del 11 de abril de 2003. El resumen de las respuestas
enviadas por las distintas entidades y organizaciones, se encuentra en el Anexo 2 de esta sentencia.

Más que una cuenta pendiente”, elaborada por Carolina Vergel Tovar, bajo la
coordinación de Claudia Mejía, para el Seminario “ONG Colombianas:
Estrategias de Atención a la Población en Situación de Desplazamiento”,
realizado en Cartagena de Indias, el 17 de Junio de 2003; Informe de
evaluación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en el Medio Atrato,
Junio de 2003; CODHES Boletín número 44, 28 de Abril de 2003. Ana María
Ibáñez y Carlos Eduardo Vélez, Instrumentos de atención a la población
desplazada, en Colombia: Una distribución desigual de las responsabilidades
municipales, Documento CEDE, Universidad de los Andes, Diciembre de
2003. Naciones Unidad, Programa Mundial de Alimentos PMA,
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria de la Población desplazada por
la violencia en Colombia, informe de 2003.

Para este análisis, la Corte hará un resumen (i) de la respuesta estatal al
fenómeno, (ii) de los resultados de dicha política, y (iii) de sus problemas más
protuberantes. El análisis detallado de cada aspecto se encuentra en el anexo 5
de esta sentencia.

6.1. La respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento forzado.

La Corte constata que la política pública sobre desplazamiento forzado existe.
Una multiplicidad de leyes, decretos, documentos CONPES; resoluciones,
circulares acuerdos y directivas presidenciales plasman una respuesta
institucional encaminada a enfrentar la problemática de la población
desplazada y regulan de manera concreta, tanto la atención a la población
desplazada en sus diferentes componentes, como la actuación exigida a los
distintos organismos y servidores públicos. La Corte hará un breve resumen
del contenido de dicha política de acuerdo a los siguientes elementos: i) La
definición del problema, (ii) los objetivos y metas establecidos, (iii) los
medios dispuestos para el cumplimiento de los fines, y (iv) las personas u
organismos con los cuales las entidades gubernamentales deben participar en
el desarrollo de las políticas.

6.1.1. En cuanto a la definición del problema, varios documentos estatales
contienen una descripción genérica de éste. El Documento CONPES 2804 de
1995 realizó una descripción general de las consecuencias socioeconómicas,
políticas y psicosociales del fenómeno del desplazamiento forzado en
Colombia. Así mismo, el Documento CONPES 3057 de 1999 definió, también
de manera general, la magnitud y las características del desplazamiento
forzado. Adicionalmente, tanto la Ley 387 de 1997 como el Decreto 2569 de
2000 definen la condición de desplazado92, y establecen el sistema único de
92 El artículo 1º de la Ley 387 de 1997 establece que es desplazada “toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.” En los mismos términos,

registro, que al manejarse en una base de datos, encaminada a incluir la
totalidad de personas a las cuales se presta algún tipo de atención, refleja la
magnitud del problema en términos cuantitativos. Por último, la Ley 387 de
1997 dispone los principios y los derechos de los desplazados a partir de los
cuales debe ser interpretada la normatividad concerniente a los deberes
estatales respecto de los desplazados.93

6.1.2. En cuanto a las finalidades de las políticas, la Ley 387 de 1997 y el
Decreto 173 de 1998 señalan los objetivos del Plan Nacional para la Atención
Integral a la Población Desplazada.94 Por su parte, tanto la Ley 387 de 1997,
como el Decreto 2569 de 2000 indican los fines básicos buscados en cada uno
de los componentes de la atención. Por último, el Decreto 173 mencionado
dispone las estrategias para la ejecución de cada uno de los componentes,
dentro de las cuales se encuentran las acciones, programas y proyectos que
deben desarrollar las entidades estatales. Tales fines son diferentes en cada una
de las tres etapas en que ha sido legalmente definida la política del Estado:
ayuda humanitaria, estabilización socioeconómica y retorno o
restablecimiento.

6.1.3. Las normas también definen los medios para lograr los fines planteados
y señalan, al menos de manera general, los organismos responsables de su
cumplimiento y los requisitos, procedimientos y condiciones para la
prestación de dichos servicios.

Las funciones de atención a la población desplazada en sus diferentes niveles
y componentes, son atribuidas, por un lado a las entidades que componen el
Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD), y por
otro, a las entidades territoriales. A su vez, desde la expedición del Decreto
2569 de 2000, la coordinación del SNAIPD, anteriormente en manos del
Ministerio del Interior, pasó a ser responsabilidad de la Red de Solidaridad
Social.95 Además la Ley atribuyó al Consejo Nacional para la Atención de la
Población Desplazada, entre otras, la función de “garantizar la asignación
presupuestal de los programas que las entidades responsables del
funcionamiento del Sistema Nacional de atención integral a la población
desplazada por la violencia, tienen a su cargo.”96 A dicho Consejo concurren
los principales ministerios, con responsabilidades directas en la materia.

La atención humanitaria de emergencia debe ser suministrada por la Red de
Solidaridad Social, ya sea de manera directa, o a través de convenios con
organizaciones no gubernamentales, entidades particulares y organizaciones
internacionales. El acceso a dicho componente está limitado a tres meses
prorrogables excepcionalmente por otros tres. Este aspecto que será analizado

ver el artículo 2º del Decreto 2569 de 2000.
93 Artículo 2º de la Ley 387 de 1997.
94 Artículo 10º de la Ley 387 de 1997 y numeral 1º del artículo 1º del Decreto 173 de 1998 precitados. Ver
también el artículo 4º de la Ley 387 de 1997 que señala los objetivos del Sistema Nacional de Atención a la
Población Desplazada.
95 Artículo 1º del Decreto 2569 precitado.

en el apartado 9 de esta sentencia. Adicionalmente, el monto de los recursos
destinados a este componente depende de la disponibilidad presupuestal.

Por su parte, la ejecución de programas de estabilización socioeconómica 97
depende de la disponibilidad presupuestal98, aun cuando las entidades estatales
pueden contar con la ayuda de organismos humanitarios, tanto de carácter
nacional como internacional. A su vez, los bienes y servicios incluidos en este
componente deben ser suministrados por varias autoridades, ya sea del
gobierno nacional o de las entidades territoriales. Así, para las soluciones de
vivienda para la población desplazada, el Decreto 951 de 2001 establece los
requisitos y los procedimientos para acceder a los subsidios de vivienda y
dispone las funciones y responsabilidades de las entidades que intervienen en
la prestación de este componente de la atención (el Inurbe, por ejemplo). Los
programas de generación de proyectos productivos y el acceso a programas de
capacitación laboral se encuentran regulados de manera general en el Decreto
2569 de 2000. Por último, el Decreto 2007 de 2001 regula el programa de
acceso y tenencia de la tierra de la población desplazada, cuyo cumplimiento
está a cargo, entre otros organismos, de las entidades territoriales, el
desaparecido INCORA y las oficinas de registro de instrumentos públicos.

6.1.4. Por último, en referencia a las personas o los organismos particulares o
internacionales con cuya participación debe ser diseñada e implementada la
política de atención a la población desplazada, las normas relevantes
establecen lo siguiente: Primero, el diseño y la ejecución de las políticas deben
ser realizados contando con la participación de las comunidades desplazadas. 99
Segundo, las entidades estatales pueden concluir convenios con
organizaciones no gubernamentales ONG.100 Tercero, las normas establecen
que el Estado podrá solicitar ayuda a los organismos internacionales. 101 Por
último, las directivas presidenciales estipulan que el Estado deberá buscar un
mayor compromiso de la sociedad civil.102

6.2. Los resultados de la política pública de atención a la población
desplazada.

A pesar de que la política pública de atención a la población desplazada, ha
sido desarrollada normativamente desde el año 1997, según los informes
aportados a este proceso, sus resultados no han logrado contrarrestar la
situación de vulneración de los derechos constitucionales de la mayoría de la
población desplazada. Tales resultados pueden analizarse de acuerdo a (i) los
datos acerca de la cobertura de cada uno de los componentes de la atención, y
(ii) el grado de satisfacción de la población desplazada.
97 Artículos 25 del Decreto 2569 de 2000. También, ver los artículos 26 a 28 del mismos decreto y el artículo
17 de la Ley 387 de 1997.
98 Artículo 25 del Decreto 2569 de 2000.
99 Parágrafo 3º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 173 de 1998, precitado.
100 Ver por ejemplo las normas de la Ley 387 de 1997 y del Decreto 2569 de 2000, y Directiva Presidencial
No 7 de 2001.
101 Por ejemplo, el artículo 23 del Decreto 2569 de 2000 precitado.
102 Ver por ejemplo, las recomendaciones de la Directiva Presidencial No 6 de 2001.

6.2.1. De acuerdo a la Unidad Técnica Conjunta 103, los avances en la
formulación de las políticas no se han traducido en la generación de resultados
concretos. Por ejemplo, si se toman en cuenta las metas establecidas en el
Documento CONPES 3057 y en el “Plan Estratégico”, es posible concluir que
“no se lograron los resultados esperados”.

Así lo reconocen los estudios de la propia Red de Solidaridad Social, entidad
pública de orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.104 Según datos de la Red de Solidaridad Social,
“el 61 por ciento de la población desplazada no recibió ayuda del gobierno
en el período comprendido entre enero de 2000 y junio de 2001.” Igualmente,
“sólo el 30 % de las personas que se desplazaron individualmente o en grupos
pequeños recibieron asistencia gubernamental en los primeros once meses del
gobierno actual”.105

Los niveles de cobertura de todos los componentes de la política son
insuficientes. La atención humanitaria de emergencia, que, como se dijo, es el
componente que mejores resultados ha registrado, entre 1998 y 2002 tuvo una
cobertura del 43% de hogares desplazados registrados por la Red de
Solidaridad Social, del 25% de familias reportadas por CODHES, y ha
cumplido con el 36% del nivel establecido como meta en el Plan
Estratégico.106 Al analizar únicamente los casos de desplazamiento individual,
se observa que los datos son peores. En este caso, la cobertura es del 33% de
los desplazados registrados por la Red de Solidaridad Social, y del 15.32% de
los reconocidos por CODHES.

Los resultados de los proyectos de generación de ingresos por cuenta propia
son aún más bajos. Frente a la población desplazada registrada por la Red de
Solidaridad Social la cobertura es del 19.5%. Así mismo, frente a las metas del
“Plan Estratégico”, es del 31,6 %.107 Ahora bien, si se tienen en cuenta los
resultados concernientes, no a la cobertura, sino al nivel de éxito de los
programas de estabilización socioeconómica a los cuales han tenido acceso
algunas personas desplazadas, se constata que, con excepción de los proyectos
de capacitación laboral, los resultados son valorados por los informes
presentados a este proceso como más que insuficientes. En los proyectos de
capacitación laboral se han obtenido resultados elevados, pero su cobertura ha
sido baja, pues la acción estatal se ha enfocado en mayor medida en los
proyectos productivos.

103 La Unidad Técnica Conjunta está compuesta por técnicos representantes de la Red de Solidaridad Social
y el ACNUR. Dentro de sus tareas se encuentran asesorar a las entidades que implementan las políticas de
atención a la población desplazada, evaluar los resultados de la política, e identificar sus problemas.
104 Ley 368 de 1997.
105 Red de Solidaridad Social, Población y Territorios afectados: Demanda de atención al Estado
Colombiano, en www.red.gov.co, citado por la International Crisis Group, La Crisis Humanitaria en
Colombia, Informe de América Latina No 4, 9 de Julio de 2003, p. 19.
106 Entre 1998 y 2002, la Red de Solidaridad Social prestó atención humanitaria de emergencia a 69´054
hogares, lo cual representa el 36% de las 194´000 familias que pretendió el Plan estratégico.
107 Frente a 100´000 hogares propuestos en el plan estratégico la cobertura de estos proyectos fue de 31´623
hogares.

En el resto de los componentes, los resultados son inferiores. Por ejemplo, la
Unidad Técnica Conjunta estima que en el período 1998-2002, los programas
en materia de vivienda han cumplido solamente el 11.4% de las metas
planteadas y se ha satisfecho el 3.7% de la demanda potencial. Se constata que
las viviendas construidas no cumplen con las condiciones mínimas de acceso a
servicios públicos domiciliarios, ubicación, calidad de los materiales y
distribución de los espacios.

6.2.2. De otra parte, existe un alto grado de insatisfacción con los resultados
de las políticas. Primero, los documentos analizados por la Corte son prueba
de un amplio y generalizado descontento de los organismos, tanto públicos
como privados, que evalúan la respuesta institucional. Segundo, lo mismo
puede decirse de las comunidades desplazadas, lo cual se hace evidente con la
interposición de un número bastante elevado de acciones de tutela, a través de
las cuales dichas personas intentan acceder a la oferta institucional, la cual es
inalcanzable por medio de los programas estatales ordinarios.

6.3. Los problemas más protuberantes de la política de atención a la

Esta Sala encuentra que los bajos resultados de la respuesta estatal, según los
cuales no ha sido posible proteger integralmente los derechos de la población
desplazada, se pueden explicar de acuerdo a dos problemas principales. (i) La
precariedad de la capacidad institucional para implementar la política, y (ii), la
asignación insuficiente de recursos. Dichos problemas se resumen a
continuación. Para un análisis más detallado de los problemas de la política
pública de atención a la población desplazada ver la sección 2 del Anexo 5
esta sentencia.

6.3.1. Los problemas de la capacidad institucional para proteger a la

La Corte constata que en todos los niveles de la política pública de atención a
la población desplazada existen problemas graves relacionados con la
capacidad institucional del Estado para proteger los derechos de la población
desplazada. Dichos problemas han sido señalados por entidades
gubernamentales y particulares desde los inicios de la política pública, sin que
hayan tenido solución, a pesar de algunos avances importantes. Se analizará
(i) el diseño y el desarrollo reglamentario de la política pública dirigida a
responder al desplazamiento forzado; (ii) la implementación de la política, y
(iii), el seguimiento y la evaluación de la gestión realizada en la ejecución de
la política. En el Anexo 5 sección 2, se encuentran las fuentes específicas que
en las que se basaron las siguientes conclusiones.

6.3.1.1. En cuanto al diseño y el desarrollo reglamentario de la política, se
evidencian los siguientes problemas.

(i) No existe un plan de acción actualizado acerca del funcionamiento del
SNAIPD, que permita una mirada integral de la política.

(ii) No se han fijado metas específicas o indicadores que permitan detectar si
los fines de las políticas se han cumplido. No existen prioridades e indicadores
claros.

(iii) La asignación de funciones y responsabilidades a las distintas entidades es
difusa. Esto se evidencia en que (a) aunque a las entidades que componen el
SNAIPD y las entidades territoriales se les designan funciones de acuerdo a
sus competencias, la normatividad no es precisa acerca de qué debe cumplir
cada una de ellas y en muchas ocasiones, las responsabilidades se encuentran
duplicadas; (b) la Red de Solidaridad, que se supone tiene funciones de
coordinación, pero no tiene instrumentos adecuados para ejercer una
coordinación de manera efectiva respecto de las demás entidades integrantes
del SNAIPD. Estas carencias obstaculizan la coordinación de acciones entre
las diferentes entidades, impiden el seguimiento adecuado de la gestión,
dificultan la priorización de las necesidades más urgentes de la población
desplazada y estimulan la ausencia de acción de las entidades integrantes del
SNAIPD y de los entes territoriales.

(iv) Se ha registrado la ausencia o grave insuficiencia de algunos elementos de
la política considerados fundamentales por los que aportaron informes a este
proceso. En este sentido, (a) no se establecen plazos para el cumplimiento de
los objetivos propuestos, (b) no se señala el nivel necesario de apropiaciones
para el cumplimiento de los fines propuestos, (c) no se prevé concretamente el
equipo humano necesario para la implementación de las políticas, y (d),
tampoco se disponen los recursos administrativos idóneos para la ejecución de
las políticas.

(v) Varias de las políticas de atención a la población desplazada no han
contado con un desarrollo suficiente. En particular, esto sucede en los
siguientes aspectos, según los informes presentados: (a) No ha sido regulada la
participación de las población desplazada en el diseño y la ejecución de las
políticas. No se han diseñado mecanismos eficientes dirigidos a la
intervención real de la población desplazada. (b) La población desplazada no
cuenta con información oportuna y completa acerca de sus derechos, la oferta
institucional, los procedimientos y requisitos para acceder a ella, y las
instituciones responsables de su prestación. (c) Existe un manejo desagregado
y desordenado de la consecución y manejo de los recursos provenientes de la
comunidad internacional. (d) Tampoco se observa un desarrollo integral y
concreto de las políticas encaminadas a que la sociedad civil no desplazada
adquiera conciencia de la magnitud del fenómeno, y a que el sector
empresarial se involucre en programas dirigidos a su solución. (e) No ha
habido un desarrollo integral de programas o proyectos encaminados a la
preparación de funcionarios. Sobre todo a nivel territorial, los funcionarios
públicos no se encuentran adecuadamente informados acerca de sus funciones
y responsabilidades, de las características del fenómeno del desplazamiento, ni

de los requerimientos de la población desplazada. Tampoco son entrenados
para tratar con personas en condición de desplazamiento. (f) No han sido
reglamentadas las políticas que faciliten el acceso a la oferta institucional a los
grupos desplazados en situación de mayor debilidad, tales como las mujeres
cabeza de familia, los niños, o los grupos étnicos108 No existen programas
especiales que respondan a las especificidades de los problemas que aquejan a
dichos grupos.

(vi) El diseño de la atención humanitaria de emergencia, que hace énfasis en el
factor temporal, resulta demasiado rígido para atender de manera efectiva a la
población desplazada. El límite temporal de tres meses no responde a la
realidad de la continuación de la vulneración de sus derechos, de tal forma que
la prolongación en el tiempo de dicha prestación no depende de las
condiciones objetivas de la necesidad de la población, sino del simple paso del
tiempo.

(vii) No es clara la adjudicación de funciones con los proyectos productivos
urbanos, pues el IFI está en proceso de fusión. Lo mismo ocurre con los
programas de adjudicación de tierras, pues el INCORA se encuentra en
liquidación. La evidencia apunta a que en el momento presente no existen
entidades que incluyan dentro de sus funciones los componentes relacionados
con la adjudicación de tierras y los proyectos productivos a nivel urbano.

6.3.1.2. En cuanto a la implementación de la política de atención a la
población desplazada, las organizaciones que enviaron documentación en el
presente proceso señalan, de manera consistente, que la política pública de
atención a la población desplazada continúa centrada en la formulación y que
existe una brecha excesivamente amplia entre la expedición de normas y la
redacción de documentos, por un lado, y los resultados prácticos, por el otro.
Los problemas de la implementación pueden ser agrupados de acuerdo a los
siguientes criterios.

(i) En cuanto al grado de la implementación de las políticas de atención a la
población desplazada se observa una insuficiencia de acciones concretas por
parte de las entidades a las cuales se han asignado funciones. Varias de las
entidades que componen el SNAIPD, no han creado programas especiales
para la población desplazada, a pesar de que éstos fueron definidos como
necesarios. Por su parte, algunas de las entidades territoriales, se abstienen de
asignar los recursos financieros o humanos necesarios para cumplir con sus
obligaciones, y no han conformado los comités territoriales. 109 Lo anterior se
evidencia en casi todos los componentes de la atención: (a) Los mecanismos
de prevención, i.e. el sistema de Alertas Tempranas y el Decreto 2007 en
relación con la congelación de los procesos de enajenación de predios rurales
en áreas de riesgo de desplazamiento, no se han aplicado de manera integral, y
108 Ver por ejemplo los numerales 1-6 y 1-8 del artículo 1º del Decreto 173 de 1998, precitados.
109 Como se observó, algunos de los documentos estiman que este problema tiene raíz en el diseño de la
política, ya que la estructura de los comités territoriales lleva a que su funcionamiento dependa de la voluntad
política de los alcaldes y gobernadores, y además, incentiva la descoordinación entre las autoridades
descentralizadas y el gobierno central.

no han logrado prevenir el fenómeno. (b) Los sistemas de información no
incluyen la totalidad de ayudas recibidas por la población registrada, ni los
bienes inmuebles abandonados en razón al desplazamiento. (c)La atención
humanitaria de emergencia se presta en forma demorada y en grados de
cobertura muy bajos. (d) En cuanto a la educación de la población escolar
desplazada, a la escasez de cupos en algunos lugares se suma la falta de
programas que faciliten apoyo en cuanto a libros, materiales y elementos
mínimos exigidos por los distintos planteles, los cual estimula la deserción
escolar. (e) Los programas de estabilización socioeconómica y adjudicación de
tierras y vivienda se facilitan a un número mínimo de desplazados. En los
pocos casos en los cuales se otorgan facilidades de crédito, las entidades
responsables se abstienen de prestar la asesoría y acompañamiento necesarios.
(f) En cuanto al componente de retorno, no se han aplicado los programas de
reactivación económica, ni proporcionado los elementos que permitan que las
comunidades que intentan volver a sus lugares de origen puedan sobrevivir de
manera autónoma. Tampoco se han implementado los mecanismos que
protegen la propiedad o la posesión de las tierras de las personas desplazadas.

(ii) En cuanto a la adecuación y efectiva conducencia de los distintos
componentes de la política, la Sala observa que en ciertos casos, los medios
utilizados para alcanzar los fines de las políticas no son idóneos según los
informes presentados: (a) En la estabilización socioeconómica de los
desplazados, los requisitos y las condiciones para acceder a capital no son
consistentes con la realidad económica de las personas en condición de
desplazamiento. Por ejemplo, para acceder a algunos de los programas
ofrecidos, la población desplazada debía probar ser propietaria de vivienda o
tierra en la cual desarrollaría el proyecto. De la misma manera, los criterios
técnicos de evaluación de los proyectos productivos presentados como
candidatos para ser financiados no se ajustan a las condiciones y habilidades
de los desplazados. Adicionalmente, el establecimiento de montos máximos
para la financiación de alternativas productivas excluye la posibilidad de tener
en cuenta las particularidades sociodemográficas y económicas de cada
proyecto. (b) En materia de atención en salud, el trámite para que las personas
desplazadas accedan al servicio, por un lado, y para que las entidades
prestadoras del servicio puedan cobrar por éstos al FOSYGA, por el otro, han
obstruido el acceso de la población desplazada a la salud. (c) Los requisitos y
condiciones para acceder a los créditos de vivienda no se ajustan a las
carencias económicas de los hogares desplazados. La exigencia de tiempos de
ahorro, referencias personales y comerciales, así como otros requisitos, son en
muchos casos, imposibles de cumplir para la población desplazada. Tales
exigencias resultan discriminatorias y constituyen barreras de entrada para el
acceso a este tipo de ayudas. (d) En cuanto a la educación, la exigencia a los
hogares desplazados de pagar un valor mínimo costeable para que las personas
desplazadas en edad escolar puedan acceder a cupos educativos ha sido una
barrera, frecuentemente infranqueable, para la inscripción de los menores.

(iii) En cuanto al cumplimiento y la continuidad de la política, dado que no
existen mecanismos de seguimiento de la gestión de las distintas entidades que

hacen parte del SNAIPD, ni plazos de evaluación del cumplimiento de los
objetivos fijados para cada componente de la atención a la población
desplazada, no es posible evaluar la puntualidad de las entidades responsables
en la ejecución de los programas. No obstante, se observan algunas carencias
en la implementación de las políticas, en lo concerniente al tiempo de su
ejecución. Por ejemplo, los desembolsos de dinero necesarios para iniciar los
proyectos productivos son demorados y no son realizados en concordancia con
los ciclos productivos de los negocios que lograron acceder a la ayuda
crediticia. Además las ayudas y la prestación de servicios en las distintas
etapas del proceso de atención a la población desplazada se hace de manera
discontinua y demorada. Subraya la Corte que, según los informes, no existe
una concatenación adecuada entre algunas etapas y componentes de la
atención. Este problema está presente en casi todos los componentes de la
política. Así, la prestación de la atención humanitaria de emergencia puede
tardar hasta seis meses, mientras que los períodos de espera para acceder a
programas de estabilización socioeconómica y a soluciones de vivienda son
aún más prolongados (dos años). En este sentido, el período de transición
entre la prestación de atención humanitaria de emergencia, y la ayuda en
materia de estabilización socioeconómica es excesivamente demorado, lo cual
lleva a que la población desplazada deba sobrellevar unas condiciones de vida
muy precarias.

(iv) La implementación de la política en algunos de sus componentes ha sido
en exceso inflexible, por ejemplo, en el campo de la contratación, lo que
impide una respuesta institucional expedita al problema, que corresponda a la
situación de emergencia de la población desplazada.

(v) Por último, ciertas herramientas utilizadas para implementar las políticas
han generado efectos negativos en el cumplimiento de los objetivos: (a) En el
caso de la atención en salud, la expedición de la Circular 042 de 2002, a pesar
de estar diseñada para evitar la duplicidad de pagos y para reintegrar parte de
la población desplazada al sistema de seguridad social en salud, generó en su
tiempo una barrera al acceso al servicio de salud. (b) En cuanto a la atención
humanitaria de emergencia se observa que los requisitos de visita domiciliaria
impuestos para la prestación de dicho servicio han contribuido a la demora en
su prestación. (c) En los programas de subsidio para la adquisición de
vivienda, la falta adecuada de información sobre las zonas aptas para la
construcción de vivienda ha generado reasentamientos en barrios marginales
que no cuentan con servicios públicos domiciliarios básicos, o en zonas de
alto riesgo. (d) Las líneas de crédito agrarias han sido desarrolladas de tal
forma que la responsabilidad del pago de la deuda no es asumida por las
personas desplazadas, sino por organizaciones que “integran” a la población
desplazada en el proyecto productivo, de lo cual se genera un desincentivo
para que estas personas jurídicas participen activamente en la implementación
de dichas soluciones. A su vez, esto ha tornado extremadamente difícil que la
población desplazada acceda a programas de generación de ingresos.

6.3.1.3. En cuanto al seguimiento y la evaluación de la política, se observa los
siguiente:

(i) En relación con los Sistema de Información, (a) subsiste el problema del
subregistro, en particular cuando se trata de desplazamientos menores, o
individuales, en los que no se acude a la Red para solicitar su inscripción. Esta
debilidad impide dimensionar el esfuerzo futuro que será necesario para
diseñar las políticas de retorno y devolución de propiedades o reparación de
perjuicios causados a la población desplazada; obstaculiza el control sobre las
ayudas entregadas por otras agencias; y dificulta la evaluación del impacto de
la ayuda entregada. (b) El Sistema Único de Registro no comprende la ayuda
que no es entregada por la Red de Solidaridad Social, lo cual excluye del
registro el seguimiento de la prestación de los servicios de educación, salud y
de vivienda. (c) Los sistemas de registro no son sensibles a la identificación de
necesidades específicas de los desplazados que pertenecen a grupos bajo un
mayor nivel de vulnerabilidad, tales como las mujeres cabeza de familia y los
grupos étnicos. (d) Los sistemas de registro no incluyen información acerca de
las tierras abandonadas por los desplazados. (e) La información sobre cada
desplazado disponible no está encaminada a identificar sus posibilidades de
generación autónoma de ingresos en la zona de recepción, lo cual entraba la
implementación de las políticas de estabilización socioeconómica.

(ii) No existen sistemas de evaluación de la política. 110 La política no prevé un
sistema diseñado para detectar los errores y obstáculos de su diseño e
implementación, y mucho menos, que permita una corrección adecuada y
oportuna de dichas fallas. Ni en el ámbito nacional, ni en el territorial se
dispone de sistemas o indicadores de verificación, seguimiento y evaluación
de los resultados.

6.3.1.4. En conclusión, la Corte estima que la respuesta del Estado sufre de
graves deficiencias en cuanto a su capacidad institucional, que abarcan todos
los niveles y componentes de la política, y por lo tanto, que impiden, de
manera sistemática, la protección integral de los derechos de la población
desplazada. No puede el juez de tutela solucionar cada uno de estos
problemas, lo cual corresponde tanto al Gobierno Nacional y a las entidades
territoriales, como al Congreso de la República, dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia. No obstante, lo anterior no impide que al constatar la
situación de vulneración de los derechos fundamentales en casos concretos, la
Corte adopte correctivos encaminados a asegurar el goce efectivo de los
derechos de los desplazados, como lo hará en esta sentencia, e identifique
remedios para superar estas falencias estructurales que comprometen diversas
entidades y órganos del Estado.

110 La existencia de dichas herramientas es por decir lo menos, muy difícil si se tiene en cuenta que no
existen objetivos precisos, metas claras, plazos para el cumplimiento de dichas metas ni responsables
concretos acerca de su cumplimiento.

6.3.2. Insuficiencia en la apropiación de recursos para la implementación
de políticas de atención a la población desplazada.

La escasez de recursos ha sido señalada consistentemente por los documentos
aportados al proceso, publicados en distintos momentos y elaborados por
entidades tanto de carácter público como particular, como la causa central de
las fallas en la implementación de las políticas de atención a la población
desplazada. El gobierno central ha destinado recursos financieros inferiores a
las necesidades de la política y muchas de las entidades territoriales no han
destinado recursos propios para atender los distintos programas, a pesar de que
los Documentos CONPES determinaron un volumen de recursos necesarios
para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del
desplazamiento. La insuficiencia de recursos ha afectado la mayoría de los
componentes de la política y ha llevado a que las entidades que integran el
SNAIPD no puedan adelantar acciones concretas adecuadas para cumplir los
objetivos trazados en la política. Es por ello que el nivel de ejecución de las
políticas es insuficiente frente a las necesidades de la población desplazada y
que los índices de cobertura de sus distintos componentes son tan bajos.

Si bien existió un aumento considerable de los recursos destinados a la
atención de la población desplazada entre los años 1999 y 2002, el nivel
absoluto de los montos asignados continúa siendo insuficiente, y muy inferior
a los niveles necesarios para (a) satisfacer la demanda de las personas
desplazadas, (b) proteger los derechos fundamentales de las víctimas de este
fenómeno, y (c) desarrollar e implementar efectivamente las políticas previstas
en la ley y desarrolladas por el ejecutivo en normas reglamentarias y
documentos CONPES. Adicionalmente, esta Sala constata que para el año
2003 la asignación de recursos expresa y específicamente orientada a la
ejecución de dichas políticas se redujo. Por ejemplo, en el año 2002 fueron
asignados en el Presupuesto General de la Nación $103´491 millones de pesos
a la “población desplazada”, mientras que para el año 2003 dicho monto fue
de $70´783 millones, produciéndose una disminución del 32 % de los dineros
asignados.111

Sin embargo, la Ley 387 de 1997 prevé en varias disposiciones que la política
de atención a la población desplazada no solo es prioritaria 112 sino que no
condiciona el cumplimiento de las prestaciones en ella previstas para proteger
los derechos de la población desplazada a la disponibilidad de los recursos.
Así, el artículo 3º de la Ley establece, sin condiciones, la responsabilidad del
Estado colombiano de “formular las políticas y adoptar las medidas para la
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y
111 La Dirección General del Presupuesto Público Nacional envió por solicitud de la Corte un cuadro que
contiene “los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación durante el periodo comprendido
entre 1995 y 2003, destinados a atender a la población desplazada.” Ver el apartado 1.1 del Anexo 4 de esta
sentencia. En particular, ver las salvedades hechas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según las
cuales, el monto asignado para el año 2003 es parcial, dado que las entidades que componen el SNAIPD
realizan operaciones individuales para atender a la población desplazada de acuerdo a los recursos en sus
presupuestos.
112 Al respecto, es importante recordar que la sentencia SU-1150 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz)
afirmó que “el gasto en el cuidado a los desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio
que el gasto público social, al cual el artículo 350 de la Carta Política le asignó prioridad sobre los demás.”

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos
por la violencia.”113 Su artículo 4º establece los objetivos del SNAIPD, los
cuales incluyen, sin condiciones de orden financiero, “atender de manera
integral a la población desplazada por la violencia para que, en el marco del
retorno voluntario o el reasentamiento, logre su reincorporación a la
sociedad colombiana.” y “garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos
los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean
indispensables para la prevención y atención de las situaciones que se
presenten por causa del desplazamiento forzado por la violencia.”

Por el contrario, en cuanto a las restricciones financieras, el artículo 6º de la
Ley 387 de 1997 dispone que el Consejo Nacional para la Atención Integral a
la Población Desplazada por la Violencia, está encargado, entre otras cosas, no
de buscar o promover sino de “garantizar la asignación presupuestal de los
programas que las entidades responsables del funcionamiento del Sistema
Nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia,
tienen a su cargo” (Subraya fuera de texto). Dicho Consejo está integrado por
un delegado del Presidente de la República, el Consejero Presidencial para los
Desplazados (o quien haga sus veces), el Ministro del Interior, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de
Salud, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro de Desarrollo
Económico, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el
Defensor del Pueblo, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos (o
quien haga sus veces), el Consejero Presidencial para la Política Social (o
quien haga sus veces), el Gerente de la Red de Solidaridad Social (o quien
haga sus veces) y el Alto Comisionado para la Paz (o quien haga sus veces).

Así mismo, el artículo 22 de la Ley 387 de 1997 señala que el Fondo Nacional
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia tiene por
objeto “financiar y/o cofinanciar los programas de prevención del
desplazamiento, de atención humanitaria de emergencia, de retorno, de
estabilización y consolidación socioeconómica y la instalación y operación de
la Red Nacional de Información.” Por su parte, el artículo 25 dispone que “el
Gobierno Nacional hará los ajustes y traslados presupuestales
correspondientes en el Presupuesto General de la Nación para dejar en
cabeza del Fondo las apropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus
objetivos”.

No obstante, los artículos 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 del Decreto 2569 de
2000114, al reglamentar la Ley 387 de 1997, condicionaron el acceso a la ayuda
humanitaria de emergencia y a los programas de estabilización
socioeconómica a la disponibilidad presupuestal. Por ejemplo, el artículo 22
El parágrafo del artículo 6º dispone que Parágrafo 1º. Los Ministros del Despacho que, de acuerdo con el
presente artículo, conforman el Consejo Nacional, pondrán delegar su asistencia en los Viceministros o en los
Secretarios Generales de los respectivos Ministerios. En el caso del Ministerio de Defensa Nacional, éste
podrá de legar en el Comandante General de las Fuerzas Militares. En el caso del Director del Departamento
Nacional de Planeación podrá delegar en el Subdirector del mismo Departamento, y en el evento de la Red de
Solidaridad, en el Subgerente de la misma.
114 Precitados.

dispone: “En atención a los principios de solidaridad y de proporcionalidad,
la Red de Solidaridad Social destinará de los recursos que para tal fin reciba
del presupuesto nacional y de manera proporcional al tamaño y composición
del grupo familiar, un monto máximo equivalente en bienes y servicios, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal.” Igualmente el artículo 25 señala:
“Se entiende por la estabilización socioeconómica de la población desplazada
por la violencia, la situación mediante la cual la población sujeta a la
condición de desplazado, accede a programas que garanticen la satisfacción
de sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educación a
través de sus propios medios o de los programas que para tal efecto
desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales, en el ámbito
de sus propias competencias y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal”
(Subrayas fuera de texto). De esta forma, la Ley 387 de 1997 estableció un
nivel de protección integral para los desplazados y que ordenó garantizar los
recursos necesarios para cumplir con esa atención integral, pero el Decreto en
mención, condicionó los mandatos legales a la disponibilidad de recursos.
Estima la Sala que un decreto reglamentario no puede tener el alcance de
modificar las leyes ni desconocer las normas constitucionales que ordenan a
las autoridades proteger efectivamente los derechos de todos los habitantes del
territorio nacional. La condición establecida en el decreto es la obvia relativa a
la disponibilidad efectiva de recursos en cada caso, en armonía con el
principio de legalidad. Por lo tanto, las normas que orientarán a esta Sala para
asegurar la concordancia entre la protección integral asumida en la Ley 387 de
1997 y los recursos que deberán apropiarse serán principalmente las
constitucionales, desarrolladas por el Congreso de la República.

Dentro de éstas se encuentran las que desarrollan el principio constitucional de
legalidad del gasto público (artículos 6, 113, 345, 346 y 347, CN). Según este
principio, “no se podrán hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se
encuentren previstas en el presupuesto de gastos y no hayan sido aprobadas
por el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales,
ni incluir partida alguna en la ley de apropiaciones que no corresponda a un
crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a una la ley
anterior, a uno propuesto por el gobierno para atender el funcionamiento de
las ramas del poder público, el servicio de la deuda, o a dar cumplimiento al
plan nacional de desarrollo.”115

Sobre dicho principio, también ha dicho la jurisprudencia que, “opera en dos
momentos distintos del proceso presupuestal: uno primero, al elaborarse la ley
anual, cuando sólo deben incorporarse en el proyecto respectivo aquellas
erogaciones previamente decretadas por la ley (CP art. 346). Posteriormente,
en la etapa de ejecución del presupuesto, el principio de legalidad indica
además que para que los gastos puedan ser efectivamente realizados, las
correspondientes partidas deben haber sido aprobadas por el Congreso al
expedir la ley anual de presupuesto (C.P art. 345). Finalmente, para verificar
el principio de legalidad del gasto en esta fase de ejecución, la ley exige la

115 Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 2002, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también las sentencias C-
553/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; y C-685/96, MP: Alejandro Martínez Caballero.

constancia de disponibilidad presupuestal previa a la realización del mismo, la
cual acredita no solamente la existencia de la partida correspondiente en la ley
anual de presupuesto, sino la suficiencia de la misma al momento de hacer la
erogación, es decir, que no se encuentre agotada.”116

En el Presupuesto General de la Nación, el Gobierno Nacional y el Congreso
de la República, han asignado para la atención de la población desplazada un
nivel de recursos que, a pesar de haber aumentado hasta el año 2002, es
bastante inferior al necesario, según los documentos CONPES mencionados,
para cumplir los mandatos de la Ley 387 de 1997.

El Documento CONPES 3057 de 1999 recomendó que para los años 2000,
2001 y 2002, en total, fueran apropiados 360 millones de dólares, sin incluir la
adjudicación de tierras y la vivienda. Por su parte, el documento, CONPES
3115 de 2001 recomendó aprobar partidas por 145 mil millones de pesos para
el año 2001, y 161 mil millones de pesos para el año 2002. No obstante, de
acuerdo a los datos aportados por la Red de Solidaridad Social y el ACNUR,
“la asignación de recursos por parte del gobierno nacional para la atención
del desplazamiento forzado (…) ascendió (entre enero de 1999 y junio de
2002) a 126.582 millones”117, monto bastante inferior a lo requerido por los
Documentos analizados. Adicionalmente, la Corte constata que los recursos
asignados en el Presupuesto General de la Nación para atender a la “población
desplazada” para el año 2003 disminuyeron en un 32% en comparación de los
dineros asignados para el año anterior.118

Cabe preguntarse si una decisión plasmada en la Ley Anual del Presupuesto
representa una modificación de la Ley 387 de 1997 en cuanto a que introduce
una condición financiera a todas las normas legales sobre derechos de la
población desplazada. El que las leyes anuales del presupuesto limiten la
asignación de recursos dirigidos a la ayuda de la población desplazada, es un
indicativo de la realidad fiscal y macroeconómica en la que se encuentra el
país. Sin embargo, ello no significa que las leyes de presupuesto constituyan
una modificación de los alcances de la Ley 387 de 1997. Esto por las
siguientes razones. Primero, mientras que la ley anual del presupuesto incluye,
de manera general, todas las partidas y apropiaciones que se planean gastar en
una vigencia fiscal, la Ley 387 de 1997 establece normas jurídicas específicas
acerca de la política pública de atención a la población desplazada. Por lo
tanto, la ley presupuestal carece de la especificidad material necesaria, para
poder ser considerada como una modificación de los mandatos concernientes a
la ayuda a las víctimas del desplazamiento y a los derechos jurídicamente
reconocidos. En este orden de ideas, una norma de orden legal que reforme lo

116 Sentencia C-442 de 2001 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
117 ACNUR y Red de Solidaridad Social, Balance, …p. 5
118 La Dirección General del Presupuesto Público Nacional envió por solicitud de la Corte un cuadro que
contiene “los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación durante el periodo comprendido
entre 1995 y 2003, destinados a atender a la población desplazada.” Ver el apartado 2.1.1 del Anexo 5 de esta
sentencia. En particular, ver las salvedades hechas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según las
cuales, el monto asignado para el año 2003 es parcial, dado que las entidades que componen el SNAIPD
realizan operaciones individuales para atender a la población desplazada de acuerdo a los recursos en sus
presupuestos.

dispuesto en la Ley 387 de 1997 debe referirse explícita y específicamente a
esa materia. Segundo, la jurisprudencia constitucional 119 ha dispuesto que la
ley anual de presupuesto contiene autorizaciones, y no órdenes, para que sean
realizados ciertos gastos. Por su parte, la Ley 387 de 1997 contiene una orden
dirigida a ciertas autoridades de “garantizar” la consecución de los recursos
que sean necesarios para cumplir sus mandatos referentes a la atención de la
población desplazada. Por lo tanto, la asignación de recursos efectuada en el
presupuesto general no puede ser tomada como un enunciado que modifique
lo ordenado por la Ley de 1997.

De otra parte, los recursos destinados por personas particulares por
organizaciones no gubernamentales y por la comunidad internacional para
atender a la población desplazada no compensan la insuficiente asignación
estatal. Además, no se han previsto mecanismos para suplir en el largo plazo
los faltantes que puedan resultar de que los recursos de dichas fuentes sean
menores que los presupuestados o no lleguen a tiempo.

Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto
necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan
plena realización. La obligación constitucional del Estado de garantizar una
protección adecuada a quienes por razón del desplazamiento forzado interno
se encuentran en condiciones indignas de vida no puede ser aplazada
indefinidamente. Tal como lo dispone el artículo 350 de la Carta el gasto
público social, tiene prioridad sobre cualquier otra asignación. La Ley 387 de
1997 reconoció que la atención de la población desplazada es urgente y
prioritaria. La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado la prelación
que tiene la asignación de recursos para atender a esta población y solucionar
así la crisis social y humanitaria que representa este fenómeno.

Como se anotó, el artículo 6 de la Ley 387 de 1997, el Consejo Nacional para
la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, es el
“encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal
de los programas que las entidades responsables del funcionamiento del
Sistema Nacional de atención integral a la población desplazada por la
violencia.” Es este órgano, integrado por los distintos funcionarios con
responsabilidad en la atención de la población desplazada, incluido el
Ministro de Hacienda y Crédito Público quien tiene la responsabilidad de
delinear la dimensión del esfuerzo presupuestal que se requiere para
garantizar la efectividad de la protección diseñada por el Legislador a través
de la Ley 387 de 1997.

No obstante, ello no ha sucedido y de esta forma se ha desconocido la Carta
Política, lo ordenado por el Congreso de la República y lo dispuesto en las
políticas de desarrollo adoptadas por el propio Ejecutivo.

119 Ver, entre otras, las sentencias C-360 de 1993, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, C-695 de 1996, MP:
Alejandro Martínez Caballero; C-442 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.

Con el fin de corregir esta situación, es necesario que las distintas entidades
nacionales y territoriales encargadas de la atención de la población
desplazada, cumplan a cabalidad con sus deberes constitucionales y legales y
adopten, en un plazo razonable, y dentro de las órbitas de sus competencias,
los correctivos que aseguren una suficiente apropiación presupuestal. Al
ordenar este tipo de medidas, no está desconociendo la Corte la separación de
poderes que establece nuestra Constitución, ni desplazando a las demás
autoridades en el cumplimiento de sus deberes.

No se trata en este caso de que a través de la acción de tutela se esté
ordenando un gasto no presupuestado o que se esté modificando la
programación presupuestal definida por el Legislador. Tampoco está
definiendo nuevas prioridades, ni modificando la política diseñada por el
Legislador y desarrollada por el Ejecutivo. Por el contrario, la Corte, teniendo
en cuenta los instrumentos legales que desarrollan la política de atención a la
población desplazada, así como el diseño de la política y los compromisos
asumidos por las distintas entidades, está apelando al principio constitucional
de colaboración armónica entre las distintas ramas del poder, para asegurar el
cumplimiento de los deberes de protección efectiva de los derechos de todos
los residentes en el territorio nacional. Esa es la competencia del juez
constitucional en un Estado Social de Derecho respecto de derechos que
tienen una clara dimensión prestacional, como pasa a verse.

La Corte concluye que la respuesta estatal no ha tenido como resultado el goce
efectivo de los derechos constitucionales por parte de todos los desplazados. A
continuación se resaltan algunos ejemplos:

La atención humanitaria de emergencia, que busca la satisfacción de las
necesidades básicas de la población desplazada, tiene una cobertura del 43%
de la población registrada. De esta forma, se desconocen los derechos a la
vida, al mínimo vital, a la igualdad y a la salud de las personas que no acceden
a dicha ayuda, es decir más de la mitad de la población desplazada registrada.
Las medidas destinadas a ejecutar la política relativa a la generación de
ingresos por los mismos desplazados tienen una cobertura del 19.5% de la
población registrada. A su vez, la imposibilidad de generar ingresos impide
que las personas desplazadas puedan satisfacer autónomamente sus
necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación en el caso de
los menores. Esto alarga y agrava la situación de vulnerabilidad de las
personas desplazadas. Por último, que la población desplazada retorne sin
condiciones mínimas de seguridad y sin que sea acompañada su estabilización
socioeconómica en el lugar de retorno, los expone claramente a amenazas en
contra de sus derechos a la vida digna, a la integridad personal, al mínimo
vital, a la igualdad y al trabajo. De otra parte, a la ayuda en vivienda ordenada
en la Ley únicamente accede el 3.7% de la demanda potencial. De la misma
manera, no han sido implementadas las políticas de protección de la posesión
o la propiedad de los bienes abandonados por causa del desplazamiento, o los
programas dirigidos a la adjudicación de tierras. Por último, el Estado no ha
desarrollado instrumentos sistemáticos de evaluación de los resultados, que

identifiquen los problemas en el diseño e implementación de la política y
disponga de mecanismos dirigidos a darles solución.

7. La constatación de un estado de cosas inconstitucional en la situación
de la población desplazada

Ante la magnitud del problema del desplazamiento y su grave incidencia en la
protección de los derechos de los desplazados, incluidos los accionantes en el
presente proceso, la Corte se pregunta si procede declarar un estado de cosas
inconstitucional.

Cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos
fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere
la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden
estructural, esta Corporación ha declarado la existencia de un estado de cosas
inconstitucional y ha ordenado remedios que cobijen no sólo a quienes acuden
a la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos, sino también
otras personas colocadas en la misma situación, pero que no han ejercido la
acción de tutela.120

El concepto de estado de cosas inconstitucional ha evolucionado
jurisprudencialmente desde 1997 cuando se declaró por primera vez. En las
sentencias más recientes sobre este fenómeno, de conformidad con la doctrina
de esta Corporación, se está ante un estado de cosas inconstitucional cuando
“(1) se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de
muchas personas - que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para
obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales - y
(2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la
autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales.”121

Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un estado
de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneración
masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un
número significativo de personas;122 (ii) la prolongada omisión de las
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los
120 Ver entre otras, las sentencias T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-153 de 1998, MP:
Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-250 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-590 de 1998, MP:
Alejandro Martínez Caballero; T-606 de 1998, MP: José Gregorio Hernández Galindo; SU-090 de 2000, MP:
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-847 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-1695 de 2000, MP: Marta Victoria
Sáchica Méndez.
121 SU-090 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz (estado de cosas inconstitucional por la omisión en el
pago de pensiones en el Departamento del Chocó).
122 Por ejemplo en la sentencia SU-559 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte declaró un
estado de cosas inconstitucional por la omisión de dos municipios de afiliar a los docentes a su cargo al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio, a pesar de que se hacían los descuentos respectivos de los salarios
devengados para el pago de dichos aportes, al encontrar que la vulneración a muchos maestros de todo el país.
Dijo la Corte: “30. De acuerdo a lo expuesto, la situación planteada por los actores tiene que examinarse
desde una doble perspectiva. De una parte, se trata de un problema general que afecta a un número
significativo de docentes en el país y cuyas causas se relacionan con la ejecución desordenada e irracional de
la política educativa. De otra parte, la acción de tutela compromete a dos municipios que por falta de recursos
no han dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los educadores que han instaurado la acción de
tutela.”

derechos;123 (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la
incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para
garantizar el derecho conculcado;124 (iii) la no expedición de medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos.125 (iv) la existencia de un problema social cuya
solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la
adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel
de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; 126 (v)
si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción

123 Por ejemplo, en la sentencia T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró el estado de
cosas inconstitucional por el hacinamiento y las condiciones indignas de reclusión en las distintas cárceles
colombianas, dijo la Corte: “Asimismo, como se vio en el aparte acerca del hacinamiento desde una
perspectiva histórica, el fenómeno de la congestión carcelaria ha sido recurrente, e incluso han existido
períodos en los que la sobrepoblación ha alcanzado grados mucho más extremos que el actual. A pesar de ello
no se percibe de parte del Estado el diseño de políticas destinadas a evitar situaciones como la actual. Del
análisis histórico surge la conclusión de que la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre reactiva, es
decir que solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia de circunstancias explosivas,
como la actual. En esas circunstancias ha recurrido tanto a la despenalización o la rebaja de penas, como a la
construcción apurada de centros de reclusión.”
124 Por ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero, en la que se declaró un
estado de cosas inconstitucional por la mora habitual de Caja Nacional de Previsión en resolver las peticiones
presentadas por jubilados. La Corte dijo: “8. Así mismo, como se constató en la inspección judicial, la acción
de tutela es prácticamente un requisito para que se resuelva la solicitud dentro del término legal, la cual
genera un procedimiento administrativo paralelo que produce un desgaste del aparato judicial y una
tergiversación del objetivo de la acción de tutela, lo cual afecta gravemente el interés general y el interés
particular de quienes vienen siendo afectados de manera directa por la ineficiencia de la Caja Nacional de
Previsión, pese a que se aprecia una superación en comparación con el caos anterior, de todas maneras
tratándose de jubilados el esfuerzo estatal debe ser el máximo.”
125 Por ejemplo en la sentencia T-1695 de 2000, MP: Marta Victoria Sáchica Méndez, en donde la Corte
declaró la continuidad del estado de cosas inconstitucional por la falta de convocatoria al concurso para el
nombramiento de notarios, la Corte señala que la falta de una disposición que permitiera la convocatoria a un
concurso general de méritos hacia que el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia SU-250 de
1998, MP: Alejandro Martínez Caballero, continuara. Dijo la Corte: “En este orden, cabe concluir, que si bien
la convocatoria efectuada por el acuerdo Nº 9 de 1999 no vulnera frente a los demás aspirantes el derecho a la
igualdad de los actores para acceder al cargo de notario en los circuitos para los cuales se abrió el concurso, lo
cierto es que sí restringió la igualdad de oportunidades de los aspirantes al no incluir todas las plazas
notariales, en abierto desconocimiento del precepto constitucional, lo que sin duda configura una vulneración
de un derecho fundamental, que persistirá en tanto no se realice un concurso de méritos en las condiciones
establecidas por la Carta Política y reiteradas por la jurisprudencia constitucional. (...) Por lo anterior, y
reconocida la continuidad del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde la
sentencia SU-250/98, al no poner en funcionamiento la carrera notarial, que si bien se trató de subsanar por el
órgano competente al convocar el concurso de méritos de que trata esta providencia, el mismo no se hizo
conforme a la Constitución, pues debía haber incluido todas las plazas de notario existentes en el país y
garantizar no sólo las mismas oportunidades para todos los participantes, sino aplicación plena de los
preceptos constitucionales. Así las cosas, el restablecimiento de los derechos fundamentales de los actores y la
observancia del ordenamiento superior sólo puede producirse cuando la provisión de los cargos de notario se
realice mediante la celebración de un concurso de méritos abierto y público que tenga como objeto cumplir el
mandato constitucional tantas veces reseñado. Para el efecto, no basta entonces, la simple suspensión del
proceso de concurso, hecho que ya se produjo, pues el estado de cosas inconstitucional persiste, lo que exige
que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en un término razonable, convoque a un concurso general y
abierto para conformar las listas de elegibles a la totalidad de los cargos de notario público en el país, tal
como habrá de ordenarse en esta providencia.”
126 Por ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero, la Corte dijo: “De
acuerdo con estadísticas que presenta la misma entidad demandada, durante los años 1995, 1996 y 1997 se
instauraron cerca de 14.086 acciones de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsión y, si se realiza un
cotejo con la totalidad de expedientes de tutela que se remitieron para eventual revisión a esta Corporación en
esos años (aproximadamente 94000), se observa como casi un 16% de todas la tutelas del país se dirigen
contra esa entidad. Esto significa que existe un problema estructural de ineficiencia e inoperancia
administrativa, lo cual se considera un inconveniente general que afecta a un número significativo de personas
que buscan obtener prestaciones económicas a las que consideran tener derecho.”Igualmente, en la sentencia
T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte dijo lo siguiente: “53. En las sentencias SU-559 de
1997 y T-068 de 1998 esta Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el

de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor
congestión judicial.127

Teniendo en cuenta estos elementos, la Corte ha declarado la existencia de
varios estados de cosas inconstitucionales. A continuación se alude a algunas
de esas sentencias tanto para ilustrar los alcances de este concepto como para
mostrar que dicho estado ha sido declarado ante situaciones de vulneración
repetida de derechos que eran menos graves que la constatada por esta Sala
respecto del desplazamiento interno y que abarcaban a un número menor de
personas.

La Corte ha declarado en siete ocasiones la existencia de un estado de cosas
inconstitucional. La primera vez, lo hizo ante la omisión de dos municipios en
afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, a pesar de que se les hacían los descuentos para pensiones y
prestaciones sociales previstos en la ley. 128 Con posterioridad a esta sentencia,
la Corte ha declarado un estado de cosas inconstitucional en seis ocasiones
más: 1) por la situación de violación continua de los derechos de sindicados y
procesados detenidos en las distintas cárceles del país; 129 2) debido a la falta
de un sistema de seguridad social en salud para los sindicados y reclusos; 130 3)
por la mora habitual en el pago de mesadas pensionales, durante un período
prolongado de tiempo, en los departamentos del Bolívar 131 y 4) de Chocó;132
5) por omisiones en la protección de la vida de defensores de derechos
humanos133 y 6) por la omisión en la convocatoria de un concurso de méritos
para el nombramiento de notarios.134
fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter
general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir
que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución
exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado
que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían
congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las
instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado
de cosas inconstitucional.”
127 En la misma sentencia T-068 de 1998, se dijo: “10. Por todo lo anterior, esta Sala de Revisión concluye
que la situación presentada en la entidad demandada produce un estado de cosas inconstitucional, lo cual no
sólo afecta derechos individuales tendientes a viabilizar las pretensiones, a través de tutela, sino también
afecta a todo el aparato jurisdiccional que se congestiona y lo afecta en la efectividad del cumplimiento
oportuno de sus obligaciones.”
128 SU-559 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
129 Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
130 Corte Constitucional, Sentencias T-606 y T-607 de 1998, MP: José Gregorio Hernández Galindo.
131 Corte Constitucional, Sentencia T-525 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz.
132 Corte Constitucional, Sentencia SU-090 de 2000, MP: Alejandro Martínez Caballero.
133 Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero. En este caso, el
estado de cosas inconstitucional se presentó por la omisión del Estado de adoptar medidas para garantizar los
derechos de los defensores de derechos humanos, frente a las amenazas permanentes contra la vida de estas
personas. La Corte, luego de resaltar los atentados y asesinatos cometidos contra miembros de ONGs de
derechos humanos y hacer un recuento del contenido de las circulares presidenciales emitidas para lograr el
trabajo coordinado de las distintas entidades, señala que “pese a las circulares presidenciales, el ataque a los
defensores de derechos humanos ha continuado (....) y hay conductas omisivas del Estado en cuanto a su
protección, máxime cuando se ha puesto en conocimiento de éste el clima de amenazas contra dichos
activistas. Esta es una situación abiertamente inconstitucional, a la cual el juez constitucional no puede ser
indiferente.”
134 Corte Constitucional, Sentencias SU-250 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-1695 de 2000,
MP: Marta Victoria Sáchica Méndez. En cuanto a la falta de convocatoria a un concurso de méritos para el
nombramiento de notarios, constatado el estado de cosas inconstitucional en 1998, la Corte ordenó al
Superintendente de Notariado y Registro y al Consejo Superior de la Administración de Justicia, que en el

Con base en el anterior recuento, se observa que frente a violaciones masivas
de derechos constitucionales, una vez constatado el estado de cosas
inconstitucional, la Corte ha extendido los efectos de la tutela para ordenar
remedios que tengan un alcance material y temporal acorde con la magnitud
de la violación y para proteger, en aras del principio de igualdad, los derechos
de quienes se encuentran en una situación similar a la demandada, pero no
acudieron a la acción de tutela. Así, teniendo en cuenta el deber de las
autoridades de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
(Artículo 2, CP), así como el deber que tienen las ramas del poder público “de
colaborar de manera armónica con los restantes órganos del Estado para la
realización de sus fines” (C.P. art., 113), la Corte, ha declarado la existencia
de un estado de cosas contrario a la Constitución, para que las autoridades
adopten, dentro de la órbita de sus competencias, los correctivos que permitan
superar tal situación.

En consecuencia ha ordenado, entre otras cosas y, según el caso, que (i) se
diseñen y pongan en marcha las políticas, planes y programas que garanticen
de manera adecuada los derechos fundamentales cuyo goce efectivo depende
de la superación del estado de cosas inconstitucional; (ii) se apropien los
recursos necesarios para garantizar la efectividad de tales derechos; (iii) se
modifiquen las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que
resultan violatorias de la Constitución; (iv) se reforme el marco jurídico cuyas
falencias han contribuido al estado de cosas inconstitucional; y (v) se realicen
los trámites administrativos, presupuestales y de contratación que sean
indispensables para superar la vulneración de los derechos.

En el caso bajo estudio, si bien la Corte ha resaltado la gravedad de la crisis
humanitaria que representa el desplazamiento forzado desde 1997, cuando
emitió su primera sentencia sobre el tema, y ha mencionado en algunas de sus
providencias que este fenómeno podría constituir un estado de cosas
inconstitucional, hasta ahora, tal estado no ha sido formalmente declarado. En
consecuencia, no se han dado órdenes dirigidas a superarlo.

Desde la expedición misma de la Ley 387 de 1997, y de su desarrollo
normativo, así como desde que la Corte se pronunciara por primera vez sobre
la problemática del desplazamiento forzado interno en las sentencias T-227 de
1997 y SU-1150 de 2000, tanto el Legislador y el Ejecutivo como la Corte

término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia convocara los concursos abiertos
para Notarios. Posteriormente, en el año 2000, constatada la continuidad del estado de cosas inconstitucional,
la Corte ordenó “al Consejo Superior de la Carrera Notarial, en cabeza de su presidente, el Ministro de
Justicia y del Derecho, para que a más tardar en un término máximo de tres (3) meses contados a partir de la
notificación de este fallo, se modifiquen y rehagan las bases del concurso convocado por el Consejo Superior
en el Acuerdo 1 de 1998, para la provisión del cargo de notario público en propiedad en todo el territorio
nacional, que permita poner fin de una vez por todas al mencionado estado de cosas inconstitucional. Para
tal efecto, el órgano encargado de administrar la carrera notarial ha de dar estricto cumplimiento no sólo a
la Ley 588 de 2000 sino a las sentencias de esta Corporación, en especial a los fallos C-741 de 1998; C-153
de 1999, C-155 de 1999 y C-647 de 2000, que son de obligatorio cumplimiento.”

Constitucional han señalado la gravedad de esa situación y la urgencia de
adoptar medidas que aseguren una atención adecuada a la población
desplazada y la efectividad de sus derechos.

No obstante la complejidad de las acciones que se precisan para rectificar tal
situación y la urgencia de tales medidas, ya han transcurrido varios años sin
que se hayan adoptado los correctivos necesarios para garantizar el goce
efectivo de sus derechos a la población desplazada, a pesar de las múltiples
sentencias de esta Corte donde se ha encontrado una violación de los derechos
fundamentales de los desplazados.

Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas
inconstitucional respecto de la situación de la población internamente
desplazada.

En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración de derechos que
enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por el mismo
legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar la violación masiva
de múltiples derechos.135 En efecto, el inciso primero del artículo 1 de la
Ley.387 de 1997 dice:

Artículo 1º. Del desplazada Es desplazado toda persona que se ha
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su
localidad de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público. (resaltado fuera de texto)

En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia de un estado de
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, es el elevado
volumen de acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener
las distintas ayudas y el incremento de las mismas, 136 así como la constatación
que se hace en algunos de los documentos de análisis de la política, de haber
incorporado la acción de tutela al procedimiento administrativo como paso
previo para la obtención de las ayudas.137

135 “Ley 387 de 1997, Artículo 1.
136 Este volumen se constata por el número de acciones de tutela interpuestas por los desplazados que han
sido objeto de revisión por la Corte Constitucional hasta la fecha, por el número de expedientes acumulados al
presente proceso que son representativos del tipo de problemas que enfrenta la población desplazada en todo
el país, y por el total de acciones de tutela interpuestas por los desplazados contra la Red de Solidaridad desde
1999 hasta la fecha y que según el sistema de información de la Corte Constitucional supera las 1200.
137 Tal es el caso de la asignación del auxilio de vivienda que hace el Inurbe, pues los recursos entregados
corresponden exclusivamente a quienes interpusieron acciones de tutela. Ver Anexo 5 sobre las observaciones
a la política pública respectiva.

Además de lo anterior, si bien ha habido una evolución en la política, también
se observa que varios de los problemas que han sido abordados por la Corte,
son de vieja data y que frente a ellos persiste la omisión de las autoridades
para adoptar los correctivos necesarios (ver apartado 6 de esta sentencia).

Entre estos se destacan la insuficiencia de recursos destinados efectivamente
para la atención de los distintos componentes de la política y los problemas de
capacidad institucional que afectan el desarrollo, implementación y
seguimiento de la política estatal (ver apartado 6 de la presente sentencia).

En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción de tutela,
confirma ese estado de cosas inconstitucional y señalan que la vulneración de
los derechos afecta a buena parte de la población desplazada, en múltiples
lugares del territorio nacional y que las autoridades han omitido adoptar los
correctivos requeridos (ver apartado antecedentes de la presente sentencia).
Tal como se señaló en el apartado 6 y en el Anexo 5, las distintas entidades
encargadas de atender a la población desplazada han identificado varias de las
omisiones y falencias de la política y de los programas desarrollados.
Igualmente, las organizaciones de derechos humanos han identificado los
problemas de coordinación, la insuficiente apropiación de recursos, los
obstáculos administrativos, los trámites y procedimientos innecesarios, el
diseño deficiente de algunos de los instrumentos de la política, así como la
omisión prolongada de las autoridades para adoptar los correctivos
considerados como necesarios. Tal situación ha agravado la condición de
vulnerabilidad de esta población y de violación masiva de sus derechos (ver
apartado 6 y Anexo 5 de esta sentencia).

En cuarto lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos no es
imputable a una única entidad. En efecto, como se advirtió anteriormente
varios órganos del Estado, por acción u omisión, han permitido que continúe
la vulneración de los derechos fundamentales de los desplazados,
especialmente las entidades nacionales y locales encargadas de asegurar la
disponibilidad de recursos para asegurar que los distintos componentes de la
política beneficien en igualdad de condiciones a la población desplazada (ver
apartado 6 y Anexo 5 de esta sentencia).

En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en
factores estructurales enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro
de los cuales se destaca la falta de correspondencia entre lo que dicen las
normas y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una especial
dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos dada la evolución del
problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema frente a la
capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente a él (ver
apartado 6.3.2.)

En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de
cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población

internamente desplazada, y adoptará los remedios judiciales correspondientes
respetando la órbita de competencia y el experticio de las autoridades
responsables de implementar las políticas correspondientes y ejecutar las leyes
pertinentes. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales,
dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que
permitan superar tal estado de cosas.

8. El Estado Social de Derecho y los deberes constitucionales de las
autoridades frente a la dimensión prestacional de los derechos. La
exigencia constitucional de concordancia entre los objetivos de la política
de atención a la población desplazada y los medios económicos y
administrativos destinados a su logro efectivo y oportuno.

Después de constatar la existencia de un estado de cosas inconstitucional y de
adoptar la decisión de declararlo formalmente, debe la Sala determinar cuál es
el remedio judicial adecuado, habida cuenta de la magnitud de la afectación de
los derechos, del número de personas que no pueden gozar de ellos y de lo que
razonablemente ha de lograr el Estado para cumplir sus deberes de protección.

Para este efecto, es preciso delimitar el ámbito de competencias del juez de
tutela para cumplir su función de asegurar el goce efectivo, no teórico, de los
derechos fundamentales. En este orden de ideas, cabe recordar las
implicaciones del principio de Estado Social de Derecho, para identificar el
papel del juez constitucional (8.1), para identificar los alcances de la faceta
prestacional tanto de los derechos sociales como del derecho a la vida y las
libertades básicas (8.2.) y para definir los deberes específicos de las
autoridades cuando el goce efectivo de los derechos fundamentales de un
grupo de personas identificable - como lo es la población desplazada- depende
de la destinación de recursos escasos y del desarrollo de esfuerzos
institucionales mayores (8.3.).

8.1. Tal como lo ha señalado de manera reiterada esta Corporación, el hecho
de que Colombia sea un Estado Social de Derecho “le imprime un sentido, un
carácter y unos objetivos específicos a la organización estatal en su conjunto,
y que resulta –en consecuencia- vinculante para las autoridades, quienes
deberán guiar su actuación hacia el logro de los cometidos particulares
propios de tal sistema: la promoción de condiciones de vida dignas para
todas las personas, y la solución de las desigualdades reales que se presentan
en la sociedad, con miras a instaurar un orden justo.”138

Los orígenes históricos de este modelo y sus desarrollos, confirman que a
menos que las limitaciones y desigualdades reales a las que el hombre está
sujeto en su vida cotidiana sean efectivamente contrarrestadas mediante
actuaciones positivas y focalizadas por parte de las autoridades, la libertad e
igualdad del ser humano no dejarán de ser utopías abstractas. “Es por ello
que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para

138 Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.

su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona,
por sí misma, no puede asegurar. El Estado de derecho evolucionó así, de un
estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por
el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad
para todos estén efectivamente asegurados.”139

Lo anterior implica que las autoridades están obligadas -por los medios que
estimen conducentes – a corregir las visibles desigualdades sociales, a
facilitar la inclusión y participación de sectores débiles, marginados y
vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a
estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de
existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad. Ello se ve reflejado,
entre otras, en el artículo segundo de la Carta: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad,...garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan ...asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
(subraya la Sala); en el mandato del artículo 13 Superior, según el cual el
Estado “promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, y
“protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”;
en lo dispuesto por el artículo 334 superior, según el cual “...el Estado, de
manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos
y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos,
tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”; y en el mandato del
artículo 366 de la Carta, que otorga la máxima prioridad al gasto social en los
planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales; y de
manera general, en las múltiples disposiciones constitucionales que protegen
los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales y
los derechos colectivos de las personas, como concreción amplia del principio
de la dignidad humana y de la solidaridad (artículo 1, C.P.).

De lo anterior se derivan dos clases de deberes para el Estado. Por una parte,
debe adoptar e implementar las políticas, programas o medidas positivas para
lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados y
al hacerlo, dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de
satisfacción progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales
básicos de la población -en aplicación de lo que la jurisprudencia
constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias
presentes”-140. Y, por otra, debe abstenerse de adelantar, promover o ejecutar
139 Sentencia C-1064 de 2001, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño.
140 Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte ordena
a las autoridades estatales adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vacunación gratuita para
prevenir meningitis a niños pertenecientes a sectores históricamente marginados, con base en la cláusula de

políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y
directamente a agravar la situación de injusticia, de exclusión o de
marginación que se pretende corregir, sin que ello impida avanzar gradual y
progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos141

En este sentido, también ha resaltado esta Corporación que la adopción de
medidas en favor de los grupos marginados, no constituye una competencia
meramente facultativa del legislador sino que es un mandato de acción,
encaminado a transformar las condiciones materiales que engendran o
perpetúan la exclusión y la injusticia social. Este deber estatal, si bien necesita
ser desarrollado por la ley, y está atado a las apropiaciones presupuestales
correspondientes, no puede quedar indefinidamente aplazado en la agenda
estatal. Así lo señaló esta Corte en la sentencia SU-225 de 1997:142

A juicio de la Corte Constitucional un mandato de erradicación de
las injusticias presentes, sólo puede actualizarse en el tiempo y
requiere de la puesta en obra de una vasta gama de acciones que, sin
lugar a dudas, deben ser decididas por el Congreso y ejecutadas por
la administración.
(...)Es importante, a este respecto, subrayar que la cláusula de
erradicación de las injusticias presentes, apela a la discrecionalidad
de los órganos del poder sólo en el sentido de que éstos con base en
los recursos disponibles y los medios que consideren más
adecuados e idóneos, o sea dentro de lo que en cada momento
histórico resulte posible, pueden encontrar para su tarea un espacio
de libre configuración normativa y administrativa. Sin embargo, en
cuanto a la prioridad y a la necesidad de que las medidas
efectivamente se lleven a cabo, ningún órgano del poder puede
declararse libre, pues, el mandato constitucional en estos aspectos
ha limitado la competencia de los órganos constituidos al
vincularlos a un función que en los términos de la Carta es
perentoria.

Ahora bien, en un Estado Social de Derecho los deberes de las autoridades
anteriormente mencionados no se circunscriben a los derechos llamados de
segunda generación. Por el contrario, en determinadas circunstancias el goce
efectivo del derecho a la vida en condiciones de dignidad y de otras libertades
básicas puede depender de acciones positivas de las autoridades para
garantizar la dimensión prestacional de tales derechos y libertades. Tales
acciones positivas, cuando están dirigidas a responder a las necesidades de
muchas personas, pueden desarrollarse progresivamente para garantizar la
efectividad de la faceta programática y prestacional de un derecho

erradicación de las injusticias presentes. Esta jurisprudencia ha sido reiterada entre otras, en las sentencias T-
177 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-840 de 1999, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-772 de 2003, MP:
Manuel José Cepeda Espinosa.
141 Ver, en este sentido, la sentencia C-671 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
142 Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, ya citada.

constitucional, siempre que los mínimos de satisfacción hayan sido asegurados
a todos.

8.2 Tal como lo subrayó la Corte en la sentencia T-595 de 2002, 143 el que un
derecho tenga una marcada dimensión programática no quiere decir que no
sea exigible o que eternamente pueda incumplirse:

Así pues, el hecho de que se requiera tiempo para diseñar y
planificar, así como la necesidad de apropiar y destinar recursos
para adecuar las condiciones existentes, evidencia que se trata de
una prestación de carácter programático, cuyo pleno e integral
cumplimiento no puede ser exigido de forma instantánea.

Ahora bien, si la exigibilidad de la prestación protegida por la
dimensión positiva del derecho fundamental depende del paso del
tiempo, no es aceptable que en el año 2002, por ejemplo, una
entidad del Estado dé la misma respuesta que daba en 1992 cuando
se le exigía el cumplimiento de un derecho de éste tipo, que es su
obligación hacer cumplir. A medida que pasan los años, si las
autoridades encargadas no han tomado medidas efectivas que
aseguren avances en la realización de las prestaciones protegidas
por los derechos constitucionales, gradualmente van incurriendo en
un incumplimiento cuya gravedad aumenta con el paso del tiempo.

(...)

Así entendida la progresividad adquiere su pleno alcance
constitucional. Tomar los derechos en serio exige, también, tomar la
progresividad en serio, como lo han precisado los organismos
internacionales competentes. En primer lugar, la progresividad se
predica del goce efectivo del derecho y por lo tanto, no justifica
excluir grupos de la sociedad de la titularidad del mismo. En la
medida en que ciertos grupos sociales, por sus condiciones físicas,
culturales o socioeconómicas, sólo pueden gozar plenamente de una
prestación amparada por un derecho si el Estado adopta políticas
que comprometen recursos públicos y exigen medidas de orden
administrativo, el carácter progresivo de estas prestaciones impide
que el Estado sea completamente indiferente a las necesidades de
tales grupos puesto que ello equivaldría a perpetuar su situación de
marginamiento, lo cual es incompatible con los principios
fundamentales en que se funda una democracia participativa. En
segundo lugar, la progresividad de ciertas prestaciones protegidas
por un derecho requiere que el Estado incorpore en sus políticas,
programas y planes, recursos y medidas encaminadas a avanzar de
manera gradual en el logro de las metas que el propio Estado se
haya fijado con el fin de lograr que todos los habitantes puedan
gozar efectivamente de sus derechos. En tercer lugar, el Estado
143 Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.

puede a través de sus órganos competentes definir la magnitud de
los compromisos que adquiere con sus ciudadanos con miras a
lograr dicho objetivo y, también, puede determinar el ritmo con el
cual avanzará en el cumplimiento de tales compromisos. Sin
embargo, estas decisiones públicamente adoptadas deben ser serias,
por lo cual han de estar sustentadas en un proceso decisorio
racional que estructure una política pública susceptible de ser
implementada, de tal manera que los compromisos
democráticamente adquiridos no sean meras promesas carentes de
toda vocación de ser realizadas. Así, cuando tales compromisos han
sido plasmados en leyes y representan medidas indispensables para
asegurar el goce efectivo de derechos fundamentales, los
interesados podrán exigir por vía judicial el cumplimiento de las
prestaciones correspondientes.

El avance progresivo de los derechos, tal como lo ha señalado esta
Corporación, se garantiza mediante procesos de ejecución compleja de los
mandatos superiores, que están sujetos a una serie de criterios constitucionales
que deben ser tenidos en cuenta por la autoridades tanto al diseñar como al
ejecutar la política.

Cuando el Estado omite sin justificación constitucionalmente aceptable tomar
medidas frente a la marginación que sufren algunos miembros de la sociedad,
y se verifica que la inhibición viola un derecho constitucional fundamental, la
función del juez será “no la de remplazar a los órganos del poder público
incursos en la abstención, sino la ordenar el cumplimiento de los deberes del
Estado.”

En el caso de la población desplazada para asegurar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales, la respuesta del Estado ha de comprender acciones
positivas lo cual pone de relieve la faceta prestacional que, unida a su
dimensión de defensa contra la arbitrariedad, tienen todos los derechos cuya
vulneración llevó a la Corte a declarar el estado de cosas inconstitucional.

En este sentido, los problemas detectados, tal vez el más complejo, como ya
se anotó en el apartado 6.3, es el de la insuficiencia presupuestal para la
atención de la población desplazada con miras a asegurar el goce de sus
derechos fundamentales. Las deficiencias en esta materia han ocasionado o
agravado varios de los problemas que enfrentan los distintos componentes de
la política, inclusive las relativas a la capacidad de las instituciones para
responder de manera eficaz y oportuna a las necesidades y expectativas de los
desplazados, en especial a las peticiones relativas a la garantía de sus
derechos constitucionales.

Si bien varios de los componentes de dicha política tienen una marcada
dimensión programática y corresponden a la faceta prestacional de los
derechos fundamentales vulnerados en el caso de la población desplazada, y

su realización depende de la disponibilidad de recursos, ello no significa que
el Estado pueda sin limitación alguna adoptar medidas que en la práctica
implican un retroceso en algunos aspectos de la política diseñada y
legalmente instrumentalizada, a pesar de que ésta continúe en el papel siendo
la misma.

En el presente caso, por la vía de la insuficiente apropiación presupuestal y de
la omisión en la corrección de las principales falencias de la capacidad
institucional mencionadas en la sección 6 de esta sentencia, el avance
progresivo en la satisfacción de los derechos de la población desplazada no
sólo se ha retrasado, sino que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo en
algunos aspectos ya mencionados a pesar de los logros en la reducción del
ritmo de crecimiento del fenómeno al cual se aludió en el apartado 6.2.1.2. de
esta sentencia (apartado 6.). Ello se traduce en un incumplimiento del nivel de
protección formalmente definido –en extremo se podría decir prometido- por
las autoridades legislativas y ejecutivas competentes y contradice el hecho
que (i) el gasto social y de atención a la población marginada es considerado
como gasto prioritario; (ii) existe una política estatal de atención integral a la
población desplazada; (iii) esa política fue debatida y aprobada por el
Congreso, el cual le confirió carácter normativo en una ley de la República
que data de 1997; (iv) existe un marco reglamentario que ha desarrollado,
aunque no en su totalidad, los componentes de la política; (v) las autoridades
nacionales y territoriales han adquirido compromisos con la población
desplazada, que se ven postergados de manera indefinida por la falta de
recursos suficientes y otro tipo de fallas en la capacidad institucional de las
entidades responsables y; (vi) existen documentos oficiales en los que se ha
cuantificado el esfuerzo financiero requerido para la política de
desplazamiento y tales documentos han sido aprobados por el CONPES.

8.3 Dicho retroceso es, prima facie, contrario al mandato constitucional de
garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los desplazados. Por eso,
el primer deber de las autoridades competentes es evitar dicho retroceso
práctico en los aspectos del nivel de protección de los derechos de todos los
desplazados donde éste se ha presentado, así dicho retroceso sea resultado de
la evolución del problema y de factores que escaparon a la voluntad de los
funcionarios responsables. La gravedad, magnitud y complejidad general de
un problema, por sí solas, no justifican que el grado de protección de los
derechos no corresponda a los mandatos constitucionales, máxime si éstos
han sido desarrollados por una ley del Congreso de la República y
reglamentados por el propio Ejecutivo. Tampoco es constitucionalmente
admisible que el alcance de dicha protección disminuya en la práctica, sin que
se ponga de presente dicha disminución y se adopten los correctivos de
manera oportuna y adecuada. De otro lado, el juez constitucional no puede
desconocer las características del contexto real dentro del cual se ha
constatado la afectación de los derechos fundamentales, para evitar que las
órdenes que imparta para protegerlos sean inocuas o inviables. Sin embargo,
el juez constitucional debe asegurarse de que se alcance el máximo de
protección definida por las normas vigentes y exigir que se remedie la

discordancia entre lo jurídicamente debido y lo realmente satisfecho, con
miras a lograr que todos los afectados, en este caso la población desplazada,
puedan disfrutar realmente de sus derechos constitucionales.

8.3.1. De lo anterior se deduce que el carácter progresivo de ciertos derechos y
la dimensión prestacional de un derecho exigen de las autoridades
racionalidad en el diseño y articulación de las políticas públicas relativas a
tales derechos, de tal manera que éstas sean transparentes, serias y coherentes,
como expresión de los principios establecidos en el artículo 209 de la Carta.
La transparencia exige que se hagan públicas las prestaciones que serán
garantizadas así como los responsables de cumplir lo jurídicamente
establecido. La seriedad demanda que cuando una política sea articulada en un
instrumento jurídico, como una ley o un decreto, se respete la fuerza
normativa, no política ni retórica, de dicho instrumento y por lo tanto se
definan los alcances de los derechos reconocidos y se precise el contenido de
las correspondientes obligaciones estatales. La coherencia apunta a que exista
concordancia entre, de un lado, lo que “promete” el Estado y, de otro lado, los
recursos económicos y la capacidad institucional para cumplir lo prometido,
máxime si las promesas se han transformado en normas jurídicas. La
coherencia exige que si el Estado crea un derecho prestacional específico por
vía de una ley, prevea que debe contar con los recursos para garantizar su
goce efectivo y con la capacidad institucional para atender la demanda de
servicios generada por la creación de ese derecho específico.

Ahora bien, cuando las autoridades competentes que conocen las
características de un problema social, adoptan instrumentos jurídicos o
promueven su expedición por el Congreso de la República, y tales
instrumentos jurídicos no articulan una política pública cualquiera, sino que
propenden por el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, el
juez de tutela puede ordenar que se respeten los criterios de racionalidad
mínima anteriormente señalados. Ello puede implicar que se asegure la
coherencia entre lo jurídicamente ordenado por normas adoptadas por los
órganos competentes y los recursos necesarios para cumplir lo ordenado.

En algunas circunstancias puede ser imposible lograr, aún en el mediano
plazo, esa coherencia. De constatarse que ello es así, es necesario ajustar lo
prometido a lo realizable, lo cual podría representar la adopción de una
medida que reduzca el alcance de la protección previamente establecida. Sin
embargo, dicha medida debe cumplir estrictos requisitos, en especial asegurar
los mínimos de satisfacción del derecho limitado y no desconocer las áreas
prioritarias que tienen mayor impacto sobre la población.

8.3.2. Advierte la Sala que de conformidad con la jurisprudencia de esta
Corporación, “el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un
determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del
legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un
aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe
presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control

judicial estricto.144 Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen
que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso
regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional.”145

El criterio sobre el control más estricto de toda aquella medida que constituya
un retroceso frente al nivel de protección ya alcanzado en materia de derechos
sociales ha sido también ampliamente aceptado por el derecho internacional.

El goce efectivo de los derechos de fuerte contenido prestacional - como los
derechos sociales- depende de que el Estado cree y mantenga las condiciones
para dicho goce y adopte políticas encaminadas a su progresiva realización.
Un Estado dispone de un margen amplio de decisión al respecto. Sin embargo,
de las obligaciones adquiridas por la ratificación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), se derivan unos
requisitos mínimos plasmados en la Observación General 1 146 adoptada por el
Comité que interpreta dicho Pacto Internacional. Estos son: (i) la elaboración
y actualización periódica de un diagnóstico de la situación en que son
ejercidos y disfrutados tales derechos por la población; (ii) el diseño de
políticas públicas encaminadas a lograr progresivamente la realización plena
de tales derechos las cuales han de incluir metas específicas para medir los
avances en los plazos fijados; (iii) la divulgación periódica de los resultados
alcanzados y de las medidas correctivas o complementarias con el fin de que
los interesados y los actores sociales –incluidas las organizaciones no
gubernamentales- participen en la evolución de las políticas públicas
pertinentes y se identifiquen las fallas, dificultades o circunstancias que
inhiben la plena realización de los derechos con miras a su revisión o a la
elaboración de nuevas políticas públicas más apropiadas.

El segundo requisito mínimo - diseño e implementación de políticas públicas
conducentes a la progresiva realización de tales derechos- comprende varios
elementos que cabe resaltar, siguiendo la Observación General N° 3 adoptada
por el Comité del PIDESC.147 Primero, el Estado debe “adoptar medidas”, y,
por lo tanto, no es admisible la ausencia de respuesta estatal ante la no
realización de los derechos. Segundo, tales medidas han de comprender “todos
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas”, sin que los medios se puedan agotar en la expedición de normas.
El Estado tiene la responsabilidad de identificar cuáles son los medios
administrativos, financieros, educacionales, sociales etc. apropiados en cada
caso y de justificar que éstos son en realidad los apropiados en vista de las
circunstancias. Tercero, “en lo que respecta a sistemas políticos y económicos
el Pacto es neutral”. Cuarto, el objetivo de tales medidas es “lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos”, lo cual
implica que hay flexibilidad ante las limitaciones del mundo real pero también

144 Al respecto, ver entre otras, las sentencias C-251 de 1997.. Fundamento 8., SU-624 de 1999, C-1165 de
2000 y C-1489 de 2000.
145 Corte Constitucional, Sentencia C-671 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
146 Adoptada durante el tercer periodo de sesiones E/1989/22 (1989).
147 Adoptada durante el 5° periodo de sesiones. E/1991/23 (1990). Interpreta el párrafo 1 del artículo 2 del
Pacto.

que las medidas deben estar encaminadas a avanzar, no a retroceder,
empleando “hasta el máximo de los recursos de que disponga”. Quinto, “las
medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la
consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia
a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos nacionales(apartado 9) e
internacionales (apartado 13) de que se disponga” y protegiendo “a los
miembros vulnerables de la sociedad” (apartado 12). Sexto, el margen de
flexibilidad reconocido al Estado no lo exime de “asegurar la satisfacción de
por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”, niveles que han
de tener “carácter prioritario” y comprometen “todo esfuerzo para utilizar los
recursos que están a su disposición”.

Así, por ejemplo, en materia del derecho a la Salud, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, como intérprete
autorizado del Pacto sobre la materia, y cuyos criterios son entonces
relevantes para determinar el contenido y alcance de los derechos sociales (CP
art. 93), ha señalado las condiciones para la adopción de medidas que puedan
llegar a implicar un retroceso. En particular, en su período No 22 de sesiones,
el 11 de mayo de 2000, el Comité adoptó la “Observación General No 14
relativa al disfrute del más alto nivel de salud (art 12)”, y señaló que cuando
existen limitaciones de recursos que obstaculizan el pleno goce del derecho a
la salud, para poder adoptar medidas que reduzcan el alcance de la protección
existente, el Estado tiene que demostrar que esas medidas son necesarias y que
“se han aplicado tras el examen exhaustivo de todas las alternativas posibles”
(Parr 32).

El Comité destaca en la Observación 14 que la progresividad no priva de
contenido la obligación estatal, por lo cual a pesar de la limitación de los
recursos, el gobierno sigue obligado al menos en los siguientes cuatro
aspectos: (i) La limitación de recursos no permite al Estado adoptar medidas
que sean discriminatorias en el acceso a los servicios de salud (Parr 30); (ii) en
principio las medidas que disminuyen la protección en la salud ya alcanzada,
se presumen contrarias al Pacto, por lo cual el Estado tiene que demostrar que
éstas eran necesarias y que “se han aplicado tras el examen exhaustivo de
todas las alternativas posibles” (Parr 32); (iii) el Estado tiene la obligación
“concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia
la plena realización” de este derecho (Parr 31); y (iv) finalmente, existen unas
obligaciones básicas en salud, que deben ser satisfechas en todo caso, sin
importar los recursos de que dispone un Estado, como son el acceso no
discriminatorio a los servicios de salud (Parr 43), y unas prioridades, que
deben ser respetadas, como la inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas y la adopción de medidas para combatir las
enfermedades epidémicas y endémicas (Parr 44).

Estas cuatro condiciones pueden ser aplicadas a todos los derechos que tengan
una marcada dimensión prestacional, en razón de las condiciones específicas
en que se encuentran sus titulares, y se pueden resumir en los siguientes

parámetros. Primero, prohibición de discriminación (por ejemplo, no se podría
invocar la insuficiencia de recursos para excluir de la protección estatal a
minorías étnicas o partidarios de adversarios políticos); segundo, necesidad de
la medida lo cual exige que sean estudiadas cuidadosamente medidas
alternativas y que éstas sean inviables o insuficientes (por ejemplo, se han
explorado y agotado otras fuentes de financiación); tercero, condición de
avance futuro hacia la plena realización de los derechos de tal forma que la
disminución del alcance de la protección sea un paso inevitable para que, una
vez superadas las dificultades que llevaron a la medida transitoria, se retome
el camino de la progresividad para que se logre la mayor satisfacción del
derecho (por ejemplo, señalando parámetros objetivos que, al ser alcanzados,
reorientarían la política pública en la senda del desarrollo progresivo del
derecho); y cuarto, prohibición de desconocer unos mínimos de satisfacción
del derecho porque las medidas no pueden ser de tal magnitud que violen el
núcleo básico de protección que asegure la supervivencia digna del ser
humano ni pueden empezar por las áreas prioritarias que tienen el mayor
impacto sobre la población. Pasa la Corte a definir tales mínimos.

9. Los niveles mínimos de satisfacción de los derechos constitucionales de
las personas en situación de desplazamiento.

En el apartado 5 se han sintetizado algunos de los derechos de los que son
titulares las personas en situación de desplazamiento, de conformidad con las
normas constitucionales e internacionales que vinculan a Colombia, así como
con los criterios de interpretación compilados en el documento de los
Principios Rectores.

Sin embargo, dadas las magnitudes actuales del problema de desplazamiento
en Colombia, así como el carácter limitado de los recursos con los que cuenta
el Estado para satisfacer este cometido, es forzoso aceptar que al momento de
diseñar e implementar una determinada política pública de protección a la
población desplazada, las autoridades competentes deben efectuar un ejercicio
de ponderación y establecimiento de áreas prioritarias en las cuales se prestará
atención oportuna y eficaz a dichas personas. Por lo tanto, no siempre se podrá
satisfacer, en forma concomitante y hasta el máximo nivel posible, la
dimensión prestacional de todos los derechos constitucionales de toda la
población desplazada, dadas las restricciones materiales y las dimensiones
reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, resalta la Corte que existen ciertos derechos
mínimos de la población desplazada que deben ser satisfechos en cualquier
circunstancia por las autoridades a los desplazados, puesto que en ello se
juega la subsistencia digna de las personas en esta situación. ¿Cuáles son,
entonces, estos derechos mínimos que deben ser siempre satisfechos?

Para definir el nivel mínimo de satisfacción de los derechos constitucionales
de las personas desplazadas, debe hacerse una distinción entre (a) el respeto

por el núcleo esencial de los derechos constitucionales fundamentales de los
desplazados, y (b) la satisfacción, por parte de las autoridades, de ciertos
deberes prestacionales derivados de los derechos reconocidos a nivel
internacional y constitucional en cabeza de los desplazados.

En cuanto a lo primero, es claro que las autoridades en ningún caso pueden
obrar de forma tal que terminen por desconocer, lesionar o amenazar el núcleo
esencial de los derechos fundamentales constitucionales de las personas
desplazadas –en la misma medida en que no pueden actuar de manera tal que
afecten el núcleo esencial de los derechos de ninguna persona que se
encuentre en el territorio colombiano -. En esa medida, no pueden los
desplazados ser objeto de acciones por parte de las autoridades que atenten,
por ejemplo, contra su integridad personal o contra su libertad de expresión.

En cuanto a lo segundo, observa la Sala que la mayor parte de los derechos
reconocidos por la normatividad internacional y la Carta Política a las
personas desplazadas imponen a las autoridades, por las circunstancias
mismas en que se encuentran los desplazados, claras obligaciones de carácter
prestacional, que necesariamente implicarán un gasto público –lo cual no
obsta para clasificar algunos de tales derechos como fundamentales, puesto
que según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, tanto los
derechos fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales
tienen una dimensión prestacional a cargo del Estado como ya se anotó -. En
criterio de la Corte, los derechos de marcado contenido prestacional que
forman parte del mínimo que siempre ha de ser garantizado a todos los
desplazados son aquellos que guardan una conexidad estrecha con la
preservación de la vida en circunstancias elementales de dignidad como seres
humanos distintos y autónomos (artículos 1, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 C.P.). Es
allí, en la preservación de las condiciones más básicas que permiten sobrevivir
con dignidad, donde se debe trazar un límite claro entre las obligaciones
estatales de imperativo y urgente cumplimiento frente a la población
desplazada, y aquellas que, si bien tienen que ser satisfechas, no tiene la
misma prioridad, lo cual no significa que el Estado no deba agotar, al máximo
posible, su capacidad institucional en asegurar el goce pleno de todos los
derechos de los desplazados, como ya se dijo.

Cuando un conjunto de personas definido y determinable por el propio Estado
de tiempo atrás no pueda gozar de sus derechos fundamentales debido a un
estado de cosas inconstitucional, las autoridades competentes no pueden
admitir que tales personas mueran o continúen viviendo en condiciones
evidentemente lesivas de su dignidad humana, a tal punto que esté en serio
peligro su subsistencia física estable y carezcan de las oportunidades mínimas
de actuar como seres humanos distintos y autónomos.

A partir de ese criterio, y con base en las obligaciones internacionales
asumidas por Colombia en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario, así como en la compilación de criterios para la
interpretación y aplicación de medidas para atender a la población desplazada
contenida en los Principios Rectores, la Sala considera que los siguientes

derechos mínimos encuadran bajo esta definición y, por ende, integran el
mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado:

1. El derecho a la vida, en el sentido que establece el artículo 11 C.P. y el
Principio 10.

2. Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral
(artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se particularizan en el Principio 11.

3. El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42
y 44 CP y precisado para estos casos en el Principio 17, especialmente aunque
sin restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de
especial protección constitucional -niños, personas de la tercera edad,
disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia -, quienes tienen derecho a
reencontrase con sus familiares.

4. El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho
fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, lo cual
significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas
desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos
esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos
apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.”148 También se
dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para
garantizar la participación plena de las mujeres en condición de
desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones
básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los
Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión
de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en
relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia
humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se
presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de asistencia
mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno.

En este sentido, y en cuanto a la ayuda humanitaria de emergencia, debe
precisar la Corte que la duración de la obligación estatal mínima de proveer
ayuda humanitaria de emergencia es, en principio, la que señala la ley: tres

148 La ayuda humanitaria de emergencia prevista en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 es similar, o
inclusive más amplia en algunas prestaciones específicas. Dicho artículo dice: “De la Atención Humanitaria
de Emergencia. Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones
inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y
proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento
transitorio en condiciones dignas. En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares
que se encuentren en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de
ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población desplazada y el
establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y protección de Derechos Humanos y el
cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Mientras persista la situación de
emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos interinstitucionales conformados por
entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la protección del
desplazado y sus bienes patrimoniales El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán
de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento. Parágrafo. A la
atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables
excepcionalmente por otros tres (3) más.”

meses, prorrogables hasta por otros tres meses para ciertos sujetos. Considera
la Sala que este plazo fijado por el legislador no es manifiestamente
irrazonable, si se tiene en cuenta que (a) fija una regla clara con base en la
cual la persona desplazada puede planificar a corto plazo y tomar decisiones
autónomas de auto - organización que le permitan acceder a posibilidades
razonables de subsistencia autónoma sin estar apremiada por las necesidades
inmediatas de subsistencia; y (b) otorga al Estado un plazo igualmente
razonable para que diseñe los programas específicos que sean del caso para
satisfacer sus obligaciones en materia de ayuda para la estabilización
socioeconómica de los desplazados –es decir, le otorga al Estado un término
justo para programar una respuesta razonable en materia de ayuda para la
autosubsistencia del desplazado y su familia -.

Ahora bien, dado que el plazo señalado en la ley obedece principalmente a las
dos razones indicadas, debe la Corte precisar que existen dos tipos de personas
desplazadas que, por sus condiciones particulares, son titulares de un derecho
mínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia durante un período de
tiempo mayor al que fijó la ley: se trata de (a) quienes estén en situación de
urgencia extraordinaria, y (b) quienes no estén en condiciones de asumir su
autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o restablecimiento
socio económica, como es el caso de los niños que no tengan acudientes y las
personas de la tercera edad quienes por razón de su avanzada edad o de sus
condiciones de salud no están en capacidad de generar ingresos; o las mujeres
cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a
niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad. En estos dos tipos
de situación, se justifica que el Estado continúe proveyendo la ayuda
humanitaria requerida para la subsistencia digna de los afectados, hasta el
momento en el cual la circunstancia en cuestión se haya superado –es decir,
hasta que la urgencia extraordinaria haya cesado, o hasta que los sujetos que
no estén en posibilidad de cubrir su propio sustento adquieran las condiciones
para ello -. Ello deberá evaluarse, necesariamente, en cada caso individual.
Advierte la Corte que así como el Estado no puede suspender abruptamente la
ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse,
tampoco pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente de dicha
ayuda.

5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del servicio
correspondiente sea urgente e indispensable para preservar la vida y la
integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas que les
amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas,
de conformidad con el Principio 19. Ahora bien respecto de los niños y niñas
se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un año, se aplicará
el artículo 50 C.P.

6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas
discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, particularmente
cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos que se enuncian en
el Principio 22.

7. Para el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la
educación básica hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.). Precisa la
Sala que, si bien el Principio 23 establece como deber del Estado proveer la
educación básica primaria a la población desplazada, el alcance de la
obligación internacional que allí se enuncia resulta ampliado por virtud del
artículo 67 Superior, en virtud del cual la educación será obligatoria entre los
cinco y los quince años de edad, y debe comprender como mínimo un año de
preescolar y nueve de educación básica. También en virtud de lo dispuesto por
la Carta Política, no es el Estado el único obligado a garantizar la provisión
del servicio educativo en los niveles y a los grupos de edad referidos; también
esta obligación cobija a los padres de familia o acudientes –quienes no pueden
impedir el acceso de sus hijos a la educación en su lugar de desplazamiento- y
a los menores –que están obligados a asistir a los planteles educativos
correspondientes -. Por su parte, el Estado está obligado, como mínimo, a
garantizar la provisión de un cupo escolar a cada niño desplazado en edad de
educación obligatoria, en un establecimiento educativo público?. Es decir, la
obligación mínima del Estado en relación con la educación de los niños
desplazados es la de garantizar su acceso a la educación a través de la
provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o privadas de
la zona.149

8. En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16
C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en
condiciones de desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de
1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en
especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18, considera la Corte que el deber
mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del
interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar,
su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y
conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a
las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus
posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de
estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un
proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la
información que provee la población desplazada para identificar alternativas
de generación de ingresos por parte de los desplazados.

Vale la pena precisar que este derecho mínimo de los desplazados no obliga a
las autoridades a proveer inmediatamente el soporte material necesario para la
iniciación del proyecto productivo que se formule o para garantizar su acceso
al mercado laboral con base en la evaluación individual a la que haya lugar; si

149 Esta fue la orden impartida por la Corte en la sentencia T-215 de 2002 a la Secretaría de Educación
Municipal demandada: Disponer el ingreso al sistema educativo de los niños tutelantes, usando los cupos
disponibles en los colegios de la zona. Este trato preferente a los niños en condiciones de desplazamiento se
justifica no sólo por ser la educación un derecho fundamental del que son titulares, como todos los demás
menores de edad que se encuentren en territorio nacional, sino porque dadas sus condiciones de especial
vulnerabilidad son sujetos de protección constitucional reforzada, lo cual se traduce en materia educativa en
que si no se garantiza como mínimo su educación básica, ello agravará las repercusiones de su
desplazamiento sobre su autonomía personal y el ejercicio de sus derechos.

bien tal apoyo se debe necesariamente materializar a través de los programas y
proyectos que las autoridades diseñen e implementen para tal fin, el deber
mínimo y de inmediato cumplimiento que este derecho impone al Estado es el
de acopiar la información que le permita prestar la debida atención y
consideración a las condiciones particulares de cada desplazado o familia de
desplazados, identificando con la mayor precisión y diligencia posible sus
capacidades personales, para extraer de tal evaluación unas conclusiones
sólidas que faciliten la creación de oportunidades de estabilización que
respondan a las condiciones reales de cada desplazado, y que puedan a su
turno, ser incorporadas en los planes de desarrollo nacional o territorial.

9. Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las
autoridades están obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a
las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro
sitio; (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de
residencia habitual o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose
que cuando existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo
para la seguridad del desplazado o su familia en su lugar de retorno o
restablecimiento, las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y
oportuna sobre ese riesgo a quienes les informen sobre su propósito de
regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la información necesaria sobre las
condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el
compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el
Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv)
abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión
implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad
personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de llegada por lo
cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o colectivo de
personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento en otro punto
geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las condiciones de orden
público del lugar al cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán
comunicarse a los interesados en forma previa al acto de retornar o
restablecerse.

10.Las órdenes

Esta Corporación ha emitido dos tipos de órdenes, dependiendo de la
magnitud del problema que genera la vulneración de los derechos objeto de
tutela. Ha proferido órdenes de ejecución simple, generalmente referidas a
órdenes de abstención o de acción que pueden ser efectuadas por una
autoridad sin el concurso de otras. También ha dictado órdenes complejas, que
exigen procesos de ejecución compleja, involucran a varias autoridades y
requieren acciones coordinadas.150
150 En la sentencia T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte hizo la siguiente distinción
doctrinaria: “En síntesis, las prestaciones programáticas que surgen de un derecho fundamental le imponen un
derrotero a la administración en el diseño de políticas públicas que gradualmente aseguren el cumplimiento de
las mismas. Estas prestaciones son también garantías puesto que no son meros enunciados de buenos
propósitos y buenas intenciones que la administración, si así lo desea, puede tratar de alcanzar. Precisamente
el avance progresivo en el cumplimiento de estas prestaciones se garantiza mediante procesos de ejecución

En el caso presente, la Sala Tercera de Revisión dará dos tipos de órdenes.
Unas órdenes de ejecución compleja, relacionadas con el estado de cosas
inconstitucional y dirigidas a garantizar los derechos de toda la población
desplazada, independientemente de que hayan o no acudido a la acción de
tutela para la protección de sus derechos. Tales órdenes tienen como finalidad
que las entidades encargadas de atender a la población desplazada
establezcan, en un plazo prudencial, y dentro de la órbita de sus
competencias, los correctivos que sean necesarios para superar los problemas
de insuficiencia de recursos destinados y de precariedad de la capacidad
institucional para implementar la política estatal de atención a la población
desplazada.

Las órdenes de carácter simple que también se dictarán en este proceso están
dirigidas a responder las peticiones concretas de los actores en la presente
acción de tutela, y resultan compatibles con la línea jurisprudencial de la
Corte Constitucional para la protección de los derechos de la población en
situación de desplazamiento.

10.1. Ordenes para la superación del estado de cosas inconstitucional.

En cuanto a las órdenes necesarias para superar la vulneración masiva y
continua de los derechos de la población desplazada originada en factores
estructurales, la Corte declarará la existencia de un estado de cosas
inconstitucional y lo comunicará a las autoridades con responsabilidades en el
tema, para que adopten, dentro de la órbita de sus competencias, y en un
tiempo razonable, los correctivos que sean necesarios.

Estas órdenes están dirigidas a que se adopten decisiones que permitan superar
tanto la insuficiencia de recursos, como las falencias en la capacidad
institucional. Ello no implica que por vía de tutela, el juez esté ordenando un
gasto no presupuestado o esté modificando la programación presupuestal
definida por el Legislador. Tampoco está delineando una política, definiendo
nuevas prioridades, o modificando la política diseñada por el Legislador y
desarrollada por el Ejecutivo. La Corte, teniendo en cuenta los instrumentos
legales que desarrollan la política de atención a la población desplazada, el
diseño de esa política y los compromisos asumidos por las distintas entidades,
está apelando al principio constitucional de colaboración armónica entre las
distintas ramas del poder para asegurar que el deber de protección efectiva de
los derechos de todos los residentes del territorio nacional, sea cumplido y los
compromisos definidos para tal protección sean realizados con seriedad,
transparencia y eficacia.

compleja de los mandatos constitucionales, a diferencia de las garantías que impiden hacer las cuales son
generalmente de ejecución simple puesto que se realizan en virtud de una orden de abstención dirigida al
Estado que con su acción estaba violando o amenazando un derecho.”

10.1.1. Por ello, en primer lugar y dado que el Consejo Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada es el órgano encargado de formular la
política y de garantizar la asignación presupuestal para los programas de
atención a la población desplazada, y que en dicho órgano participan las
principales autoridades nacionales con responsabilidades en la materia, la
Sala le comunicará del estado de cosas inconstitucional para que sea esta
instancia la que determine la forma como pueda superarse la insuficiencia de
recursos y las falencias en la capacidad institucional.

En consecuencia, ordenará que a más tardar el 31 de marzo de 2004 ese
órgano defina la dimensión del esfuerzo presupuestal que es necesario para
atender los compromisos definidos en la política y establezca la forma como
contribuirán a dicho esfuerzo la Nación, las entidades territoriales y la
cooperación internacional. Ello supone que tal instancia y sus miembros, en
cumplimiento del deber de protección eficaz de los derechos de la población
desplazada, determinen los mecanismos de consecución de tales recursos,
adopten las decisiones que sean necesarias y establezcan alternativas viables
para superar los posibles obstáculos que se presenten.

Con este mismo fin, y dada la importancia que tiene la consecución de
recursos suficientes para la atención de la política como instrumento para
superar el estado de cosas inconstitucional, es fundamental que al logro de
este objetivo concurran el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el
Director de Planeación Nacional para que contribuyan a que las metas
presupuestales que requiere la política de atención a la población desplazada
se alcancen. Por ello, se comunicará especialmente esta sentencia a tales altos
los funcionarios mencionados para que dentro de la órbita de sus
competencias adopten decisiones conducentes a la superación del estado de
cosas inconstitucional. La obtención de tales recursos deberá realizarse dentro
del año siguiente a la comunicación de la presente sentencia y, de no ser
posible, se aplicará lo dispuesto en esta sentencia.

Teniendo en cuenta que uno de los factores que ha generado la insuficiencia
de recursos es el bajo compromiso de las entidades territoriales en la
destinación de recursos apropiados para atender a la población desplazada, ya
sea porque carecen de recursos suficientes o porque no han colocado como
tema prioritario de la agenda política la atención de la población desplazada.
Por ello, es preciso que tales entidades adopten decisiones que garanticen un
mayor compromiso, como lo ordena el artículo 7 de la Ley 387 de 1997 al
señalar que las autoridades territoriales convocarán los Comités de Atención a
la Población Desplazada. Dicha convocatoria es obligatoria en los municipios
en donde se presenten situaciones de desplazamiento forzado, según el
parágrafo 3 de dicho artículo. El gobierno nacional, por intermedio del
Ministerio del Interior, debe promover su creación. Las autoridades
territoriales competentes determinarán el volumen de recursos que destinarán
a la atención de la población desplazada y definirán los programas y
componentes prioritarios de atención que asumirán. Para lograr una adecuada
coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales, los alcaldes y

gobernadores donde existan asentamientos de desplazados es necesario que
tales decisiones sean adoptadas en un plazo breve y que se informe al Consejo
Nacional de las decisiones adoptadas, a más tardar el 31 de marzo de 2004, a
fin de que tales compromisos puedan ser tenidos en cuenta por ese órgano.

Por otra parte, dada la importancia de la cooperación internacional como
mecanismo para complementar los recursos que apropien la Nación y las
entidades territoriales para la atención de la población desplazada, la Ministra
de Relaciones Exteriores, dentro de la órbita de sus competencias, definirá la
estrategia de promoción de esta política para que ésta reciba atención
prioritaria de la comunidad internacional.

Si luego de establecer la dimensión del esfuerzo presupuestal requerido y de
evaluar los mecanismos de consecución de tales recursos, el Consejo
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia
concluye que los compromisos asumidos en la política estatal no podrán ser
cumplidos tal como han sido definidos por la Ley 387 de 1997 y sus decretos
reglamentarios, así como en los documentos CONPES, en aras de los
principios de transparencia y eficacia podrá redefinir tales compromisos de tal
manera que exista concordancia entre las obligaciones jurídicas definidas
mediante procesos democráticos por las autoridades competentes, de un lado,
y los recursos efectivamente destinados a cumplir tales obligaciones. Dicha
redefinición deberá hacerse públicamente, ofreciendo oportunidades
suficientes de participación a los representantes de las asociaciones de
desplazados, y expresando las razones específicas que justifican tal decisión,
siempre que se le asegure a todos los desplazados el goce efectivo de sus
derechos señalados en apartado 9 de esta sentencia. Esta redefinición no tiene
necesariamente que conducir a una disminución del alcance de los derechos
de los desplazados. No obstante, si ello fuera ineludible, después de agotar
todas las alternativas razonables, tales decisiones deberán cumplir con las
condiciones establecidas en el apartado 8 de esta sentencia, esto es, no podrán
ser discriminatorias, deberán ser medidas necesarias, ser temporales y
condicionadas a que en un futuro, cuando las condiciones que llevaron a su
adopción desaparezcan, se retome el camino del avance progresivo de los
derechos. Y en todo caso, deberá asegurarse el goce efectivo de los mínimos
de los cuales depende el ejercicio del derecho a la vida en condiciones de
dignidad como seres humanos distintos y autónomos.

Adicionalmente, en razón a que el otro factor que contribuye al estado de cosas
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno son las
falencias en la capacidad institucional para implementar la política de atención
a la población desplazada, que ha llevado a que el Estado no responda de
manera oportuna y eficaz a la situación diferente y especial en que se
encuentran los desplazados respecto del resto de la población en cada una de
las tres etapas en que se ha dividido, se ordenará al Consejo Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia que dentro de los
3 meses siguientes a la comunicación de la presente sentencia, adopte un

programa de acción, con un cronograma preciso, encaminado a corregir las
falencias en la capacidad institucional, por lo menos, en lo que respecta a las
que fueron expuestas en los informes aportados al presente proceso y
resumidas en el apartado 6 y el Anexo 5 de esta sentencia.

10.1.2. A lo largo de este proceso se hizo evidente que buena parte de la población
desplazada se le desconoce ese mínimo de protección que debe ser siempre
satisfecho. La tardanza en atender las solicitudes de los desplazados y el
tiempo demasiado largo que le toma al Estado proveer la ayuda humanitaria
de emergencia, así como la baja cobertura de los distintos programas y la
insuficiente información y orientación que reciben los desplazados, resaltan
esa vulneración y la urgencia de adoptar los correctivos necesarios. Por lo
tanto, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, en
un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la comunicación de la
presente sentencia, deberá concluir las acciones encaminadas a que todos los
desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos a
que se hizo referencia en el apartado 9 de esta sentencia.

Teniendo en cuenta la incidencia que pueden tener las decisiones que adopte
el Consejo Nacional sobre los derechos de la población desplazada, también
es vital que se permita a quienes puedan verse afectados por una decisión,
tomar parte en el proceso para su adopción.

Por lo anterior, en la adopción de las decisiones relativas a la superación del
estado de cosas inconstitucional, deberá ofrecerse a las organizaciones que
representan a la población desplazada la oportunidad de participar de manera
efectiva. Ello implica, como mínimo, conocer con anticipación la decisión
proyectada, recibir la oportunidad para hacerle observaciones y que las
observaciones que presenten a los proyectos de decisiones sean debidamente
valoradas, de tal forma que haya una respuesta respecto de cada observación,
pero sin que ello implique que se deban concertar las decisiones.
El inciso 2 del parágrafo 1 del Artículo 6, Ley 387 de 1997, prevé la posibilidad de que Consejo Nacional
para la Atención Integral de la Población Desplazada, invite a representantes de las organizaciones de
desplazados a participar en las reuniones de éste órgano, cuando la naturaleza del desplazamiento así lo
aconseje. A falta de norma específica para el caso de la política de atención a la población desplazada, puee
acudirse a las normas generales. Un ejemplo de tales disposiciones se encuentra en el Decreto 2130 de 1992,
expedido en desarrollo del artículo 20 transitorio de la Constitución, estipuló en su artículo primero que
corresponde a los Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Directores, Presidentes o Gerentes
de entidades descentralizadas, Superintendentes y Jefes de entidades u organismos administrativos de la rama
ejecutiva nacional, ejercer las siguientes funciones: "1. Señalar los proyectos de decisiones de carácter general
que por razón de sus implicaciones sea conveniente colocar en conocimiento de los ciudadanos y grupos
interesados para escuchar previamente sus opiniones al respecto"; "2. Disponer que se informe públicamente a
los eventuales interesados, por los medios que estime adecuados, sobre el contenido básico, el propósito y los
alcances de los proyectos de decisiones administrativas de carácter general a que hace referencia el numeral
anterior. En el respectivo informe deberá señalarse el plazo dentro del cual se podrán presentar sus
observaciones. En todo caso la autoridad administrativa adoptará autónomamente la decisión que a su juicio
sirva mejor el interés general"; "3. Disponer el registro público de tales observaciones y de las respuestas que
la entidad hubiere dado a las presentadas por quienes representen sectores significativos de la comunidad y
por organizaciones no gubernamentales promotoras del interés público"; "9. Elaborar un informe anual sobre
el cumplimiento de estas funciones el cual deberá ser anexado al informe que presenten al Congreso de la
República o al Ministro o Director del Departamento Administrativo correspondiente en la oportunidad que
éste señale".

10.1.3. La Corte constató a través del estudio de los expedientes que varias
autoridades y entidades encargadas de la atención a la población desplazada
han incorporado la interposición de la acción de tutela como requisito previo
para acceder a los beneficios definidos en la Ley 387 de 1997. Tal práctica
resulta contraria al artículo 2 de la Carta, y da lugar a lo previsto en el artículo
24 del Decreto 2591 de 1991, que establece que el juez de tutela puede
prevenir a las autoridades para que no repitan las acciones u omisiones que
generaron la violación de los derechos. Por lo cual, en el caso presente, se
prevendrá a las distintas autoridades para que no incurran de nuevo en dicha
práctica manifiestamente contraria a los deberes de cualquier autoridad
administrativa cuya finalidad es “servir a la comunidad” (artículos 2 y 209
C.P.), por lo cual la Constitución los considera “servidores públicos” (artículos
123 y 124 C.P.) cuya responsabilidad es definida por la ley.

Así, cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un
desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la
autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados
peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el
tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle
dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su
trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para
que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los
requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los
trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el
orden en que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe
disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el
beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo
caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes
legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados. Este mismo
procedimiento deberá realizarse en relación con las peticiones de los actores
en el presente proceso de tutela, en particular para las solicitudes de
otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de
restablecimiento socio económico.

10.1.4. Otra de las quejas frecuentes contra la política de atención a los
desplazados y detectado por la Sala al examinar los expedientes objeto de
revisión, consiste en que con frecuencia las autoridades encargadas de
atenderlos no se aseguran que estas personas reciban un trato digno y
respetuoso de sus derechos, lo cual resulta contrario al deber de protección
constitucional de los derechos previsto en el artículo 2 de la Carta y a los
principios que orientan la política de atención a la población desplazados
plasmados en el artículo 2 de la Ley 387 de 1997. En efecto, de los
expedientes se deduce que algunos funcionarios administrativos los someten a
un eterno peregrinaje institucional y a trámites innecesarios, no les dan
información oportuna y completa acerca de sus derechos o simplemente
ignoran sus solicitudes. A este problema contribuye el hecho que quien

adquiere la condición de desplazado en razón de la violencia no conoce sus
derechos derivados de dicha condición. De tal manera que se ordenará a la
Red de Solidaridad Social que instruya a las personas encargadas de atender a
los desplazados para que les informen de manera inmediata, clara y precisa
cuáles son los derechos orientados a garantizarles un tratamiento digno por
parte de las autoridades y verifique que ello realmente suceda. Estos derechos
han sido desarrollados por la ley y conforman una carta de derechos básicos
de toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno. Así, a
cada desplazado se le informará que:

1. Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo
familiar.

2. Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del
desplazamiento no ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales
sino que por el contrario es sujeto de especial protección por el Estado;

3. Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el
desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más
y que tal ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua
potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestido adecuado, y (d)
servicios médicos y sanitarios esenciales.

4. Tiene derecho a que se le entregue el documento que lo acredita como
inscrito en una entidad promotora de salud, a fin de garantizar su acceso
efectivo a los servicios de atención en salud;

5. Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y
sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte
específica del territorio nacional;

6. Tiene derecho a que se identifiquen, con su plena participación, las
circunstancias específicas de su situación personal y familiar para definir,
mientras no retorne a su lugar de origen, cómo puede trabajar con miras a
generar ingresos que le permita vivir digna y autónomamente.

7. Tiene derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en un
establecimiento educativo.

8. Estos derechos deben ser inmediatamente respetados por las autoridades
administrativas competentes, sin que éstas puedan establecer como
condición para otorgarle dichos beneficios que interponga acciones de
tutela, aunque está en libertad para hacerlo;

9. Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la Constitución y
las leyes le reconocen por esa condición para asegurar que se haga justicia,
se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una
reparación.

Si bien esta carta de derechos del desplazado no implica que sus demás
derechos puedan ser desconocidos, ni que el desplazado obtenga, por conocer
dicha carta, una protección automática de sus derechos básicos, sí garantiza,
por lo menos, que se le provea información oportuna y completa sobre los
deberes de las autoridades y respecto de la especial protección que ha de
recibir por el hecho del desplazamiento.

10.2. Las órdenes necesarias para responder a las solicitudes de los
accionantes en el presente proceso.

Tal como se recogió en los antecedentes de esta sentencia, las acciones de
tutela se interpusieron ante la falta de respuesta de las instituciones a las
solicitudes para el otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de
vivienda y de restablecimiento socio económico, así como para el acceso a los
servicios de salud, educación o para la prestación de ayuda humanitaria de
emergencia, o para que se les inscribiera como desplazado en el Sistema
Único de Registro. A través de la acción de tutela los actores esperan una
respuesta de fondo y oportuna a sus solicitudes que se traduzca en la
materialización de dichas ayudas.

Sin embargo, como también surge de los expedientes objeto de revisión, en
muchos de los casos, los actores no cumplieron con el procedimiento definido
para la obtención de la ayuda solicitada, ya sea porque no se postularon para el
auxilio de vivienda, no presentaron un proyecto productivo, o no adelantaron
los trámites mínimos para la solicitud de la ayuda. En otros casos, los
peticionarios cumplieron con todos los requisitos, recibieron una respuesta
afirmativa de la entidad, pero están esperando que la ayuda solicitada fuera
efectivamente entregada. Por lo anterior, dado que incluso entre peticionarios
que interpusieron la acción de tutela de manera conjunta existe una situación
distinta, no es posible ordenar de manera general que se entreguen las ayudas
solicitadas, sino que es necesario que se examine cada caso separadamente
para determinar si ha habido una violación de sus derechos.

En todo caso reitera la Sala que la acción de tutela no puede ser empleada para
alterar el orden en que serán entregadas las ayudas solicitadas ni para
desconocer los derechos de otros desplazados que no acudieron a la acción de
tutela y que se encuentran, en igualdad de condiciones, a la espera de una
respuesta de la entidad.

10.2.1. En consecuencia, la Sala ordenará a las autoridades responsables de
dar respuesta a las solicitudes de ayuda relativas al acceso a alguno de los
programas de estabilización económica –trabajos temporales, proyectos
productivos, capacitación, seguridad alimentaria, etc.- y de vivienda, que
dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, si no lo han hecho
todavía, den respuesta de fondo a las solicitudes de los peticionarios,
siguiendo los lineamientos descritos anteriormente en el párrafo 10.1.3. Esta

orden sigue la línea jurisprudencial fijada por la Corte en la materia, en casos
similares a los que originaron la presente tutela, en especial las sentencias T-
721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis y T-602 de 2003, MP; Jaime Araujo
Rentería, sobre derecho a la vivienda; T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra, sobre protección de los derechos de petición y trabajo y acceso
a las diferentes alternativas de consolidación económica; T-419 de 2003, MP:
Alfredo Beltrán Sierra, sobre vivienda y estabilización económica.

10.2.2. Acogiendo una orden similar a la dada por la Corte en la sentencia T-
215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño en cuanto a la forma como deben
ser resueltas las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada, en la presente sentencia se ordenará a la Red de Solidaridad, que
a través de las distintas seccionales de las zonas donde se encuentran los
actores, adelante la evaluación de la situación de los peticionarios en un plazo
no mayor a 8 días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, para
determinar si cumplen las condiciones objetivas del desplazamiento y, en caso
afirmativo, darles acceso inmediato a las ayudas previstas para su protección.

10.2.3. Igualmente, en relación con las solicitudes de entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia, la Red de Solidaridad Social, deberá adelantar las
gestiones necesarias para que en un plazo no mayor de 8 días contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, se conceda efectivamente, si
aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria solicitada a los peticionarios. En lo
que tiene que ver con las solicitudes de prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia, la Red de Solidaridad Social deberá iniciar dentro de los 8 días
siguientes a la notificación de este fallo, la evaluación, caso por caso, de la
situación de los peticionarios para determinar si existen las condiciones
objetivas de urgencia extraordinaria, que indican que tales personas no están
en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de
estabilización o de restablecimiento socio económico, y se justifica la
continuación de la ayuda humanitaria, independientemente de que el plazo de
3 meses y su prórroga hasta por otros 3 meses más haya sido superado. En el
evento que las condiciones de urgencia extraordinaria o incapacidad para
acceder a los programas de estabilización económica se presenten, la Red de
Solidaridad Social deberá aplicar de manera preferente la Constitución, y
continuar prestando dicha ayuda mientras tales condiciones subsistan.

10.2.4. En el caso de las solicitudes de acceso efectivo al sistema de seguridad
social en salud y la entrega de medicamentos, teniendo en cuenta lo ordenado
por esta Corte en su jurisprudencia, en particular en las sentencias T-419 y T-
645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, y T-790 de 2003, MP: Jaime
Córdoba Triviño, se ordenará a la Red de Solidaridad Social y a las Secretarías
de Salud de las entidades territoriales en las cuales se encuentren ubicados los
accionantes, para que en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, adelanten de manera coordinada, si aún
no lo han hecho, todas las acciones necesarias para garantizar el acceso
efectivo de los accionantes al sistema de salud, y se les garantice el suministro
de los medicamentos que requieran para su tratamiento.

10.2.5. En el caso de las solicitudes de acceso efectivo al sistema educativo de
los menores de edad hasta los 15 años, teniendo en cuenta lo ordenado por
esta Corporación en su jurisprudencia, en particular en las sentencias T-268 de
2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-215 de 2002, MP: Jaime
Córdoba Triviño, se ordenará a la Red de Solidaridad Social y a las Secretarías
de Educación de las entidades territoriales en las cuales se encuentren
ubicados los accionantes, para que en el plazo máximo de un mes, contados a
partir de la notificación de la presente tutela, adelanten todas las acciones
necesarias para garantizar el acceso efectivo de los accionantes al sistema de
educativo.

10.2.6. En cuanto a la solicitud de protección de las tierras, propiedades y
posesiones dejadas abandonadas por los desplazados, la Corte ordenará a la
Red de Solidaridad Social, como coordinador de la política de atención a la
población desplazada y administrador del Sistema Único de Registro de la
Población Desplazada, que incluya como parte de la información solicitada al
desplazado, la relativa a predios rurales que posea o de los que sea propietario,
precisando la titularidad de los derechos constituidos y las características
básicas del inmueble, a fin de que con base en dicha información se proceda a
dar aplicación al procedimiento y a los mecanismos de protección de tales
bienes previstos en el Decreto 2007 de 2001.

10.2.7. En relación con las solicitudes de conformación de comités
territoriales para la creación de programas especiales de estabilización
económica, vivienda o seguridad alimentaria, la Corte no dará una orden
específica en este sentido, no sólo porque no existe un derecho constitucional
fundamental a que se conforme un órgano como ese con dicho propósito. No
obstante, las órdenes generales dirigidas a superar el estado de cosas
constitucional comprenden dicha solicitud puesto que cada entidad territorial,
dentro de lo dispuesto por las normas vigentes, habrá de determinar la forma
como cumplirán con el deber de protección a la población desplazada, lo cual
podrá incluir la conformación de tales comités.

10.2.8. En cuanto a la solicitud de declarar que las omisiones del Director de
la Red de Solidaridad Social constituyen causal de mala conducta, la Corte
también se abstendrá de dictar una orden en este sentido, pues no existe un
derecho genérico a que se sancione por las acciones u omisiones de otros
funcionarios a quien la Ley 387 de 1997 asignó una responsabilidad principal
de coordinación de la respuesta institucional a un problema de la magnitud y
complejidad del desplazamiento forzado. La determinación de la existencia de
una falta disciplinaria corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la
cual analiza en cada caso concreto si se ha incurrido o no en una causal de
mala conducta previamente definida por el legislador.

10.2.9. En cuanto a la solicitud para una de las personas inscritas bajo un núcleo
familiar sea desvinculada de él y se le permita continuar recibiendo la ayuda

humanitaria como un núcleo familiar, la Sala, teniendo en cuenta la especial
protección de la mujer cabeza de familia según lo indicado en el apartado 3 de
esta sentencia, concederá la tutela.

Aun cuando, de conformidad con lo que establece el Decreto 2591 de 1991 los
términos para el cumplimiento de las órdenes se cuentan a partir de la
notificación del fallo, nada impide que el Director de la Red de Solidaridad y
los demás funcionarios responsables de la política de atención a la población
desplazada a quienes se les comunique el presente fallo, agilicen el
cumplimiento de las órdenes, a fin de garantizar en el menor tiempo posible
los derechos a la población desplazada.

Para asegurar el cumplimiento de estas órdenes por parte de las distintas
autoridades, se comunicará la presente sentencia al Defensor del Pueblo y al
Procurador General de la Nación para que, dentro de la órbita de sus
competencias, efectúen un seguimiento del cumplimiento del presente fallo y
vigilen la actuación de las autoridades.

IV. DECISION

En mérito de lo anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de
concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos
constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de
recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos
y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos
constitucionales y legales, de otro lado.

SEGUNDO.- COMUNICAR, por medio de la Secretaría General, dicho
estado de cosas inconstitucional al Consejo Nacional para la Atención Integral
a la Población Desplazada por la Violencia, para que dentro de la órbita de su
competencia y en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales
verifique la magnitud de esta discordancia y diseñe e implemente un plan de
acción para superarla dando especial prioridad a la ayuda humanitaria dentro
de los plazos que a continuación se indican:

a. A más tardar el 31 de marzo de 2004, el Consejo Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia habrá de (i)
precisar la situación actual de la población desplazada inscrita en el
Sistema Único de Registro, determinando su número, ubicación,
necesidades y derechos según la etapa de la política correspondiente; (ii)
fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal que es necesario para cumplir
con la política pública encaminada a proteger los derechos fundamentales
de los desplazados; (iii) definir el porcentaje de participación en la
apropiación de recursos que corresponde a la Nación, a las entidades
territoriales y a la cooperación internacional; (iv) indicar el mecanismo de
consecución de tales recursos, y (v) prever un plan de contingencia para el
evento en que los recursos provenientes de las entidades territoriales y de
la cooperación internacional no lleguen en la oportunidad y en la cuantía
presupuestadas, a fin de que tales faltantes sean compensados con otros
medios de financiación.

b. Dentro del año siguiente a la comunicación de la presente sentencia, el
Director de la Red de Solidaridad Social, los Ministros de Hacienda y
Crédito Público y del Interior y de Justicia, así como el Director del
Departamento Nacional de Planeación y los demás miembros del Consejo
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia, realizarán todos los esfuerzos necesarios para asegurar que la
meta presupuestal por ellos fijada se logre. Si dentro del lapso de ese año,
o antes, resulta evidente que no es posible asignar el volumen de recursos
establecido, deberán (i) redefinir las prioridades de esa política y (ii)
diseñar las modificaciones que será necesario introducir a la política
estatal de atención a la población desplazada. En todo caso, para la
adopción de estas decisiones, deberá asegurarse el goce efectivo de los
mínimos de los cuales depende el ejercicio del derecho a la vida en
condiciones de dignidad, señalado en la sección 9 de esta sentencia.

c. Ofrecer a las organizaciones que representan a la población desplazada
oportunidades para participar de manera efectiva en la adopción de las
decisiones que se tomen con el fin de superar el estado de cosas
inconstitucional e informarles mensualmente de los avances alcanzados.

TERCERO – COMUNICAR, por medio de la Secretaría General, el estado de
cosas inconstitucional al Ministro del Interior y de la Justicia, para que
promueva que los gobernadores y alcaldes a que se refiere el artículo 7º de la
Ley 387 de 1997, adopten las decisiones necesarias para asegurar que exista
coherencia entre las obligaciones, constitucional y legalmente definidas, de
atención a la población desplazada a cargo de la respectiva entidad territorial y
los recursos que debe destinar para proteger efectivamente sus derechos
constitucionales. En la adopción de tales decisiones ofrecerán oportunidades
suficientes de participación efectiva a las organizaciones que representen los
intereses de la población desplazada. Las decisiones adoptadas serán
comunicadas al Consejo Nacional a más tardar el 31 de marzo de 2004.

CUARTO - ORDENAR al Consejo Nacional para la Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia que dentro de los 3 meses siguientes a
la comunicación de la presente sentencia, adopte un programa de acción, con
un cronograma preciso, encaminado a corregir las falencias en la capacidad
institucional, por lo menos, en lo que respecta a las que fueron expuestas en
los informes aportados al presente proceso y resumidas en el apartado 6 y el
Anexo 5 de esta sentencia.

QUINTO.- ORDENAR al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada, que en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la
comunicación de la presente sentencia, concluya las acciones encaminadas a
que todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de
sus derechos a que se hizo referencia en el apartado 9 de esta sentencia.

SEXTO.- COMUNICAR, por Secretaría General, la presente sentencia al
Ministro de Hacienda y Crédito Público, y al Director del Departamento
Nacional de Planeación, para lo de su competencia.

SEPTIMO. -COMUNICAR, por Secretaría General, la presente sentencia a
la Ministra de Relaciones Exteriores, para lo de su competencia.

OCTAVO.- PREVENIR a todas las autoridades nacionales y territoriales
responsables de la atención a la población desplazada en cada uno de sus
componentes, que en lo sucesivo se abstengan de incorporar la interposición
de la acción de tutela como requisito para acceder a cualquiera de los
beneficios definidos en la ley. Tales servidores públicos deberán atender
oportuna y eficazmente las peticiones, en los términos de la orden décima de
esta sentencia.

NOVENO.- Comunicar la presente sentencia al Director de la Red de Solidaridad
Social para lo de su competencia y ORDENARLE que instruya a las
personas encargadas de atender a los desplazados, para que les informen de
manera inmediata, clara y precisa la carta de derechos básicos de toda persona
que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno señalada en el apartado
10.1.4. de esta sentencia y establezca mecanismos para verificar que ello
realmente suceda.

DÉCIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las
ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento
socioeconómico, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe o quien haga sus
veces, FUDUIFI o quien haga sus veces, INCORA o quien haga sus veces, así
como las entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y
municipal, deberán contestar de fondo, de manera clara y precisa las

peticiones presentadas por los actores en el presente proceso, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

1) incorporar la solicitud en la lista de desplazados peticionarios;

2) Informar al peticionario dentro del término de 15 días el tiempo máximo
dentro del cual le dará respuesta a la solicitud;

3) Informar al peticionario dentro del término de 15 días si la solicitud cumple
con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente
cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda;

4) Si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad
presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos,
determinará las prioridades y el orden en que las resolverá;

5) Si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad
presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el
procedimiento se seguirá para que lo reciba efectivamente.

6) En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus
deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados.

DÉCIMO PRIMERO – ORDENAR a la Red de Solidaridad, que a través
de las distintas seccionales de las zonas donde se encuentran los actores,
adelante la evaluación de la situación de los peticionarios en un plazo no
mayor a 8 días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, para
determinar si cumplen las condiciones objetivas del desplazamiento y, en caso
afirmativo, darles acceso inmediato a las ayudas previstas para su protección,
en los siguientes procesos:

1. T- 653010. En relación con los accionantes Ana de Dios Lerez
Hernández, Aurora Balaguera, Deley María Casares, Glenis Miranda
Castillo, Liliana Guerra, María Aracely Tobón, Néstor Juana García, Olga
Gutiérrez, José Muñoz Monte, Trinidad Sánchez y sus núcleos familiares

2. T-619610.- En relación con el accionante Luis Ganzaga García y su
núcleo familiar

3. T-675083- En relación con los accionantes Ever Perilla Morales, Ana
Pinilla De Páez, Mireya De Medina, Gabriel Quejada Maquillón, Campo
Elías Pulido, Neider Esquivel García, Samuel Parra Barreto, Karen
Yulieth Polo, Paola Andrea Lozada, Angie Carolina Roa, Ingrid Katherine
Narváez, Chelsin Dayana Rodríguez, Cristóbal Valencia, Néstor Eduardo
Atuesta, Cristian Fabián Ortiz, Charles Robert Monroy, Jessica Camila
Cerdoso, Jessica Fernanda Arbeláez., y sus respectivos núcleos familiares

4. T-675955 –En relación con los accionantes Nancy Isabel Martínez, José
Anastasio Velásquez y Héctor Hernando Bernal y sus respectivos núcleos
familiares

5. T-675076 –En relación con los accionantes Cruz Helena Moreno
Mosquera, Eduardo Cuenut, Fabio de Jesús Moreno Flórez, Gabriel de
Jesús Moreno, Fannery Garzón, José Efredy Gómez, José Otilio Suárez
Bartolo, Maria Dora Guevara Vargas, Maria Gleidy Cañón Rodríguez,
Maria Lucelly Lloreda Mosquera, Maria Matilde Ruiz Gallego, Martha
Cecilia Caviche, Martha Elena Torrez Machado, Miryan Mosquera
Rentería, Nelson Montoya Urrego, Nora Córdoba Mosquera, Rocío De
Los Ángeles Rueda, Ubeibar De Jesús Campeón Pescador y sus
respectivos núcleos familiares

6. T-682674 –En relación con la accionante Elcy Valencia Lozano y su
núcleo familiar

7. T-684470 –En relación con el accionante Jorge Eliécer Betancourt
Márquez y su núcleo familiar

8. T-685774 –En relación con la accionante Cerafina Huila y su núcleo
familiar

9. T-687040 –En relación con la demandante Jackeline Rentería Angulo

10. T-687987 –En relación con los accionantes Alberto Ramírez, Numael
Rayo y Ledys Vides Quiroz, Gloria Amparo Moreno Palma y sus

11. T-688002 –En relación con los accionantes Gloria Yaneth Hernández,
Carlos Antonio Posada, Liced Yuliana Posada, Jhon Jairo Mayor Sánchez,
José Ignacio Mapura Jiménez, Jorge Eliécer B y Mara Nancy Villa, y sus

12. T-692204 –En relación con María Ligia Quintero Cano, María del
Tránsito Machado de Mosquera, Alba Cecilia Mena Rentería, Elvia
Amparo Cardona Cardona y María Paulina Mosquera Córdoba y sus

13. T-699715 –. En relación con Maria Fanny Restrepo y su núcleo familiar.

14. T-700727 – En relación con la accionante Mary Ettel Córdoba y su
núcleo familiar

15. T-700902 –. En relación con Adriana Pulido, Aida Castaño Sánchez,
Aldemir Osorio Ortegón, Alexander Hernández, Alfredo Quintero Osorio,
Beatriz Osorio Ortegón, Blanca Elina Torres, Carlos Eduardo Lozada,
Carlos Eduardo Pérez, Clara Inés Alonso, Deicy Lugo Méndez, Diana
Maribel Osorio Ortegón, Elma Alonso Osorio Ortegón, Emilsen Osorio

Ortegón, Ennesy Lasso Otalvaro, Esperanza Bonilla, Gilberto Cerquera
Palomino, Gloria Esmeralda Giraldo, Gustavo Pinto Bahamón, Idel
Rogelio Neiva Unda, Israel Rueda, Javier Enrique Toro Guerrero,
Jesualdo Daza, Jesús Lisandro Zamudio, Jhon Wilmer García Pinto, José
A. Acosta, José Adán González, José Albeiro Marulanda, José Alfredo
Motta, José William Alvarado, Julio César Caicedo, Leonardo Lozano,
Luis Eduardo Pinto Bahamón, Luz Darly Osorio Ortegón, Luz Dary
Chaguala Rodríguez, Luz Dennis Pinto Páez, Luz Marina Pacheco
Lozano, Manuel Ignacio Criollo, Maria Belquin Angarita, María Noelia
Páez, Marleny Solano Vargas, Miller Castañeda, Neifer Osorio Ortegón,
Nelson Rindo Quintero, Nobey Pinto Páez, Octavio Sánchez Burbano,
Orlando Losada Pinto, Orlando Losada Rada, Ramiro Antonio Vargas,
Ruth Martínez Arias, Sandra Carolina Gómez, Sandra Patricia Pinto,
Sandro Morci, Silvio Muñoz Ñañez, Teresa Ramírez Masmela, Victoriano
Oyola Tique, Willer Lasso Otalvaro, Yazmín Pinto Páez, Yenith Paola
Miranda Quintero, Yorledis Contreras Quintero, Yuri Zulay Parra Jiménez.

16. T-701212 – En relación con la accionante Nohora Juvia Burbano Bolaños
y su núcleo familiar

17. T-701296 – En relación con el demandante Rodrigo Olaya Muñoz

18. T-701300 – En relación con el accionante Franklin Antonio Mosquera
Sánchez y su núcleo familiar.

19. T-702437 – En relación con la accionante Dominga Mosquera Largacha y
su núcleo familiar.

20. T-702574- En relación con Pedro Mono Lozada y su núcleo familiar
DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad Social que
respecto de quienes se encuentran inscritos en el Sistema Único de Registro
de Desplazados, realice todas las gestiones necesarias para que en un plazo no
mayor de 8 días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
se entregue efectivamente, si aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria
solicitada, los oriente adecuadamente sobre el acceso a los demás programas
de atención para población desplazada y, en caso de que hayan presentado
alguna otra solicitud para recibir acceso a los servicios de salud,
medicamentos, educación para sus hijos menores, acceso a los programas de
estabilización económica o vivienda les responda de conformidad con la
ordenado en los ordinales décimo a décimo cuarto de esta sentencia, en los
siguientes procesos:

1. T-619610.- En relación con los accionantes Concepción Valderrama
León, Lady Patricia Bernal, Edier Peña García, Uriel Peña Sarcia,
Maria Edita Cabrera, Miller Ales Trujillo, Gloria Marcela Moscoso
Caicedo, Gildardo Aley Trujillo, Maria Jesús Ramírez, Ana Elisa
García De Peña, Gabriel Arnulfo Quevedo, Yolanda Hernández, Delio
Tarcio López Fernández.

2. T-675076 En relación con el accionante Rosemberg Antonio Montoya
González

3. T- 683850 – En relación con el accionante John Wilson Perdomo
Polanía.

4. T- 684071 – En relación con la accionante Ruby Jadith Oyola Ramírez

5. T-684744 –En relación con el demandante Jorge Eliécer Betancourt
Márquez

6. T-685774 – En relación con Cerafina Huila y su núcleo familiar.

7. T-685986 – En relación con el accionante Carlos Omar Rodríguez

8. T-686775 – En relación con Carlos Julio Aroca

9. T-687274 – En relación con Pantaleón Oyola Camacho.

10. T-687987 – En relación con los accionantes Hernando Aldana, Juan
Antonio Rovallo Rodríguez, Alexander Elías Jiménez Sandoval,
Abraham Ramírez, Enilda Rosa Martínez, Fernando Edwin Vides,
Roberto Hernández, Manuel Salvador Arévalo Claro, Alberto Ramírez,
Libia Pinzón, Numael Rayo, Carlos Joaquín Moreno Viuche, Ledys
Vides Quiroz, Gloria Amparo Moreno Palma y sus respectivos núcleos
familiares.

11. T-687325 - En relación con el demandante Silvestre Bautista Londoño

12. T-688002 – En relación con los accionantes Carlos Enrique Montoya
B., Gustavo Sanz Ordóñez, Rubén Darío Villegas, Diana Milena Ortiz
Gutiérrez, Rubiela Cataño Hernández, Ana María Suaza, Luis Fernando
Mapura Vinasco, Luis Alberto Bermúdez Tobón, Pablo Emilio Vélez
Gallón, Adalberto Sanz Ordóñez, Luis Gonzaga Arias, Carmen Emilia
Restrepo, y Blanca Libia Salas y sus respectivos núcleos familiares.

13. T-688767- En relación con Yamel Alirio Tamayo Giraldo.

14. T-689104 – En relación con Oliverio Pacheco Galeano

15. T-689307 –En relación con Benigno Macera, Carlos Felipe Sarmiento,
Rosa Delia Dietes, Elia Josefa Vásquez y sus respectivos núcleos
familiares

16. T-690437 – En relación con Wilson Romero Gómez y su núcleo
familiar

17. T-692204 – En relación con los accionantes Ariosto Moreno Lemus,
Evaristo Murillo Mosquera, José Vidal Mosquera Mosquera, Luis
Arturo González García, Marco Fidel Pava Ramos, Martha Ofelia
Palacios Agualimpia, y Nilo Antonio Herrera y sus respectivos núcleos
familiares.

18. T-692218 – En relación con Jorge Eduardo Ayala y su núcleo familiar

19. T-692410 - En relación con Nina Patricia San Miguel y su núcleo
familiar.

20. T-693606 – En relación con Edgar Verján Chambo y su núcleo familiar.

21. T-697477 – En relación con Jesús María Puerta Betancourt y su núcleo
familiar

22. T-697866 – En relación con María Emérita Losada y su núcleo familiar

21. T-697908 – En relación con Eloina Zabala y su núcleo familiar

23. T-698940 – En relación con Norman Hernández Góngora y su núcleo
familiar

24. T-700088 – En relación con Bibiana Lancheros Zambrano y su núcleo
familiar

25. T-700362 – En relación con Delcy Rubiano de Vanegas y su núcleo
familiar.

26. T-700370 – En relación con Suny Yuliana Mosquera y su núcleo
familiar

27. T-700902 – En relación con Alba Luz Marín Perdomo, Amalfi Arias,
Alberto Oviedo González, Aldemar Ramírez Niño, Alirio Hoyos Díaz,
Amparo Ducuara Velásquez, Ana Belén García, Aniceto Díaz, Antonio
José Duque, Aristóbulo Méndez, Armando Leal, Arvey Cerquera Rada,
Astrid García Conde, Atanael Paredes Aguiar, Audias Cerquera Rada,
Beatriz Aguirre, Blanca Cenelia Barrero Palomino, Blanca Flor
Ramírez Padilla, Blanca Lilia González, Bonificia Hernández, Carlos
Eduardo Triana Cárdenas, Cecilia López Quintero, Cesar Eduardo
Pinzón Vanegas, Diana Marcela Bazurdo Santana, Domingo Agudelo
Gutiérrez, Edgar Ramírez, Edgar Luis Ramírez, Edinson Sánchez,
Eliseo Ortigoza P., Erminso Castaño, Ernesto Ramírez Vargas, Eterberto
Carvajal Hernández, Eyoam Ruiz Martínez, Fanny Guarnizo, Florinda
Mape de Mape, Frowin Agudelo Bermudes, Geimar Arce Herrera,
Gentil Montiel Romero, Hermon Leiton Ospina, Jaime Acosta, Javier
Enrique Madrigal, Jesús Antonio Carvajal Álvarez, Jesús maría
Oliveros, Jorge Alirio Martínez Caballero, Jorge Guzmán Molina, José
Alejandro Colorado Castaño, José Arberi Hoyos Luna, José Narcizo

Castañeda, José Vicente Moreno, Josué Godoy Castro, Leonor Vargas,
Lucero Paloche Rodríguez, Lucio Páez Guerrero, Luis Adriano
Collazos, Luis Alfredo Díaz Marqueza, Luis Ángel Caicedo Rayo, Luis
Enrique Arias Cardozo, Luis Gentil Morales Ramírez, Luis Henry Parra
Cabrera, Luz Dary Correa Rodríguez, Luz Erika Arana, Luz Ilida Lasso
Otalvaro, Luz Marina Gasca, Luz Marina Sánchez Pérez, Manuel José
Romero, Marcela Cubillos Díaz, Marcely García Manrique, Maria
Beiba Sánchez, María Belarmina Suaza Giraldo, Maria Corona Muñoz
Tulcán, María de los Ángeles París, Maria Doly González, María Edith
Justinico, María Jesús Casas, María Lucrecia Marín Rodríguez, María
Olinda Otalvaro de Oyola, Marleny Bedoya, Martha Cecilia Aguirre,
Martha Lucero Ariza, Medardo Soto Rivera, Nidia Rodríguez Bustos,
Nohora Monroy Carrillo, Norma Constanza Díaz, Olga Ramírez, Olga
Yaneth Castro, Omar Arias Escobar, Pablo Antonio Asprilla, Pedro
Antonio Martínez López, Ramiro Ladino Gutiérrez, Ramiro Ramón
García, Rosevertt Oviedo, Rosa Delia Castro, Rosa Elena Gasca,
Rosalba Rada Oyola, Saúl Martínez Morales, Sabina Palomino Caleño,
Silvio Lozada C., Uriel Rojas Perdomo, Wilson Patiño Rivas, Yolanda
Fajardo y sus respectivos núcleos familiares.

28. T-701730 – En relación con Ruby Jadith Oyola Ramírez y su núcleo
familiar

29. T-701850 - En relación con Uriel Salas Moreno y Eduviges Palacios y
sus núcleos familiar

30. T-703423 – En relación con los accionantes Fray Martín Álvarez, Nelly
Otálvaro, Freddy Milton Ramírez, Elizabeth Pulido y Claudia Patricia
Olaya y sus respectivos núcleos familiares.

31. T- 705236 – En relación con Eduardo Rincón Roa y su núcleo familiar

32. T-706749 – En relación con Ernesto Perdomo y su núcleo familiar

33. T-775898 – En relación con María Dolores Naranjo y su núcleo
familiar

DÉCIMO TERCERO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad Social y a las
Secretarías de Salud de las entidades territoriales en las cuales se encuentren
ubicados los accionantes, para que en el plazo máximo de 15 días contados a
partir de la notificación de la presente tutela, adelanten de manera coordinada,
si aún no lo han hecho, todas las acciones necesarias para garantizar el acceso
efectivo de los accionantes al sistema de salud, y se les garantice el suministro
de los medicamentos que requieran para su tratamiento.

DÉCIMO CUARTO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad Social y a las
Secretarías de Educación de las entidades territoriales en las cuales se
encuentren ubicados los accionantes, para que en el plazo máximo de un mes,
contado a partir de la notificación de la presente tutela, adelanten de manera

coordinada todas las acciones necesarias para garantizar a los accionantes que
así lo hayan solicitado, el acceso efectivo al sistema de educativo.

DÉCIMO QUINTO.- – ORDENAR a la Red de Solidaridad Social en
relación con el accionante en proceso T-703130, quien se encuentra inscrito
como desplazado que, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, si aún no lo ha hecho, examine si de conformidad con lo
señalado en el apartado 9 de esta sentencia, el accionante se encuentra en las
condiciones de extrema urgencia o de incapacidad para asumir su
autosostenimiento, los cuales justifican la aplicación preferente de la
Constitución para la protección de sus derechos y, continuar prestando dicha
ayuda mientras tales condiciones subsistan.

DÉCIMO SEXTO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad Social en relación
con el accionante en el proceso T- 680670, quien se encuentra inscrito como
desplazado que, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo ha hecho, examine si de conformidad con lo señalado
en el apartado 9 de esta sentencia, el accionante se encuentra en las
condiciones de extrema urgencia o de incapacidad para asumir su
autosostenimiento, los cuales justifican la aplicación preferente de la
Constitución para la protección de sus derechos y, continuar prestando dicha
ayuda mientras tales condiciones subsistan.

DÉCIMO SÉPTIMO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad que, dentro de
los 5 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a
separar a la accionante en el proceso T-686751, del núcleo familiar bajo el
cual quedó registrada, y a inscribirla bajo un nuevo núcleo con ella como
madre cabeza de familia, y dentro de los 8 días siguientes le entregue la ayuda
humanitaria de emergencia a que tiene derecho y la oriente adecuadamente
sobre el acceso a los demás programas de atención para la población
desplazada.

DÉCIMO OCTAVO.- COMUNICAR la presente decisión al señor Defensor
del Pueblo para que directamente o a través de su delegado, efectúe un
seguimiento de la manera como se de cumplimiento a las órdenes contenidas
en los numerales anteriores y si lo considera del caso, informe a la opinión
sobre los avances y las dificultades encontradas.

DÉCIMO NOVENO.- En relación con cada uno de los expedientes
acumulados al presente proceso revocar o confirmar los fallos de instancia de
la siguiente manera:

1. T- 653010, CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil Familia sentencia del 9 de
julio de 2002, pero de conformidad lo establecido en esta sentencia y,
en consecuencia, modificar las órdenes dadas por el juez de
conformidad con lo establecido en los ordinales décimo a décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia. REVOCAR la

sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del
28 de agosto de 2002.

2. T-619610.- CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala de Familia, del 8 de mayo de 2002, pero de conformidad
lo establecido en esta sentencia MODIFICAR las órdenes de
conformidad con lo establecido en los ordinales décimo a décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.. REVOCAR la
sentencia de la Corte suprema de justicia, de 28 de octubre de 2002.

3. T- 674158, CONFIRMAR las sentencias del Juzgado 28 Penal del
Circuito de Medellín, del 12 de septiembre de 2002 y del Tribunal
Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, de octubre 21 de 2002,
pero de conformidad lo establecido en esta sentencia y, en
consecuencia, MODIFICAR las órdenes dadas por el juez de
conformidad con lo establecido en el ordinal décimo de la parte
resolutiva de esta sentencia.

4. T-675028- REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Barranquilla, sentencia de 23 de septiembre de 2002, y en
su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad lo
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.

5. T-675074 – CONFIRMAR las sentencias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Quindío, de 5 de septiembre de 2002 y del Consejo
Superior de la Judicatura, del 16 de octubre de 2002, pero de
conformidad lo establecido en esta sentencia y, en consecuencia,
MODIFICAR las órdenes dadas por el juez de conformidad con lo

6. T-675081- REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior de Ibagué,
Sala laboral, del 19 de septiembre de 2002 y de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, del 31 de octubre de 2002, y en su
lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo

7. T-675083- CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, Sala Primera Civil, Familia, Laboral, del 24
de septiembre de 2002, pero de conformidad lo establecido en esta
sentencia. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 30 de octubre de
2002. En consecuencia, MODIFICAR las órdenes de conformidad con
lo establecido en los ordinales décimo a décimo segundo de la parte

8. T-675076 – CONFIRMAR PARCIALMENTE las sentencias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, del 23 de julio de
2002, y del Consejo Superior de la Judicatura, 5 de septiembre de 2002,

en los términos de la presente sentencia y, en consecuencia,
establecido en los ordinales décimo primero y décimo segundo de la
parte resolutiva de esta sentencia.

9. T-675096, REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior Sala
Laboral Tolima, del 25 de septiembre de 2002, y de la Corte Suprema
de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia de 30 de octubre de
2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de

10. T- 675844, REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior Sala
Laboral Ibagué, del 20 de septiembre de 2002, y de la Corte Suprema
de Justicia Sala de Casación Laboral, del 31 de octubre de 2002, y en
su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con
lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta
sentencia.

11. T-675955 – CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del
Juzgado 5to civil del circuito de Bogotá, del 17 de septiembre de 2002,
en los términos de la presente sentencia y , en consecuencia,
establecido en los ordinales décimo a décimo segundo de la parte
resolutiva de esta sentencia. REVOCAR la sentencia de la Sala Civil
de Tribunal Superior de Bogotá, del 23 de Octubre de 2002.

12. T-679482 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 2do de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, del 29 de octubre de
2002, que negó la tutela por temeridad. COMUNICAR a la Red de
Solidaridad Social y a la Registraduría del Estado Civil los hechos que
llevaron a los jueces a considerar que existía temeridad y posible fraude
a la ley.

13. T-680268 – REVOCAR las sentencias del Juzgado 38 Civil del
Circuito de Bogotá, del 1 de octubre de 2002 y del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, del 6 de noviembre de 2002, y en su

14. T-680627- CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 8 Civil del Circuito
Barranquilla, del 2 de agosto de 2002.

15. T- 680670 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Buenaventura del 15 de octubre de 2002, y en su lugar
CONCEDER el amparo de sus derechos de conformidad con lo que

establece el ordinal décimo sexto de la parte resolutiva de esta
sentencia.

16. T-680805 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda, de
octubre 31 de 2002.

17. T-681418 – REVOCAR PARCIALMENTE las sentencias del
Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil y de Familia, del 6, 24 y 26 de
septiembre de 2002, y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, del 30 de octubre de 2002, y en su lugar
CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
CONFIRMAR que los actores no incurrieron en temeridad.

18. T-681839 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué,
Sala Civil – Familia, de noviembre 8 de 2002 y en su lugar
CONCEDER el amparo de sus derechos de conformidad con lo

19. T-682674 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Buenaventura, del 28 de octubre de 2002 que negó la tutela
porque los actores no se encontraban registrados como desplazados y
en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo primero de la parte resolutiva
de esta sentencia.

20. T- 683849 – REVOCAR la sentencia del Consejo seccional de la
judicatura del Tolima, de noviembre 15 de 2002 y en su lugar

21. T- 683850 – REVOCAR la sentencia del Consejo seccional de la
judicatura del Tolima, de noviembre 18 de 2002 y en su lugar
establecido en el ordinal duodécimo de la parte resolutiva de esta
sentencia.

22. T- 684071 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Bogotá, en sentencia de noviembre 12 de 2002 y en su
sentencia.

23. T-684470 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado primero civil del
circuito Armenia, en sentencia de noviembre 14 de 2002, que negó el
amparo solicitado por considerar que la declaración rendida por el

accionante y los elementos probatorios que obran en el expediente no
evidencian la vulneración de sus derechos.

Sala Penal, de octubre 22 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal
décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.

25. T-684560 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué -


27. T- 684572 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué,

28. T-684573 - REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué,



31. T-684744 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 37 penal del circuito
de Bogotá, de 31 de octubre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
décimo segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.

32. T-685774 – REVOCAR las sentencias del Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Buenaventura, de octubre 9 de 2002, y del Tribunal
Superior de Buga, de 21 de octubre de 2002, y en su lugar
CONCEDER el amparo de sus derechos de conformidad con lo

establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia.

Circuito de Bogotá, de 7 de noviembre de 2002 y en su lugar
sentencia.

Circuito de Bogotá de noviembre 13 de 2002 y en su lugar

35. T-686154 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Civil del Circuito
de Riohacha, de 17 de octubre de 2002 y en su lugar CONCEDER el
décimo de la parte resolutiva de esta sentencia, respecto de los dos
actores identificados plenamente en el proceso.

36. T-686751 – CONFIRMAR las sentencias del Juzgado Primero Civil
del Circuito de Bogotá de 4 de octubre de 2002, y del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de 25 de noviembre de
2002, y en su lugar concer el amparo de los derechos en los términos
del ordinal décimo sexto de la parte resolutiva de esta sentencia.

37. T-686775 – REVOCAR la sentencia del -Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Chaparral, de noviembre 25 de 2002 y en su lugar
CONCEDER en amparo de sus derechos de conformidad con lo
sentencia.

38. T-687040 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Noveno de Familia
de Cali, de noviembre 6 de 2002 y en su lugar CONCEDER en amparo
de sus derechos, de conformidad con lo establecido en el ordinal
décimo primero de la parte resolutiva de esta sentencia.

39. T-687244 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil, de septiembre 30 de 2002 y de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, del 1 de noviembre de 2002, y en su
sentencia.

Justicia, Sala de Casación Civil, de 5 de noviembre de 2002, y en su

sentencia.

Ibagué, Sala Civil-Familia, de septiembre 17 de 2002, y de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 5 de noviembre de
2002, y en su lugar, y en su lugar CONCEDER el amparo de los
derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo de la

Justicia, Sala de Casación Civil, de 5 de noviembre de 2002, y en su
sentencia.

43. T-687987 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá de 21 de noviembre de 2002, y en su lugar
establecido en los ordinales décimo a décimo segundo de la parte

44. T-688002 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 3º penal del Circuito
de Cartago, del 14 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER
el amparo de los derechos, de conformidad con lo establecido en los
ordinales décimo a décimo cuarto de la parte resolutiva de esta
sentencia.

45. T-688508 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 47 Penal del Circuito
de Bogotá, de 13 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el

46. T-688767- REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo del
Tolima, Sala Plena, de 15 de noviembre de 2002 y, en su lugar
CONCEDER el amparo de los derechos, de conformidad con lo
sentencia.

47. T-688769 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo de
Tolima, de 8 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el

48. T-688868 – CONFIRMAR las sentencias del Juzgado 1º de Ejecución
de Penas de Pasto, de 12 de noviembre de 2002 y del Tribunal Superior
de Pasto, Sala Penal, de diciembre 2 de 2002.

49. T-689017 – REVOCAR la sentencia de Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Barrancabermeja, sentencia de 28 de noviembre de 2002, y
en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en los ordinales décimo y décimo cuarto de la parte

50. T-689020 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Barrancabermeja, de 28 de noviembre de 2002, y en su
sentencia.

51. T-689104 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil y Familia, de septiembre 23 de
2002 y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de
noviembre 15 de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los
derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.

52. T-689131 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 36 Civil del Circuito,
de 28 de noviembre de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de
los derechos de conformidad lo establecido en esta sentencia de
conformidad con lo establecido los ordinales décimo a décimo cuarto
de la parte resolutiva de esta sentencia.

53. T-689186 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal superior de Buga,
Sala Constitucional, de 2 de agosto de 2002, por las razones expuestas
en esta sentencia y en consecuencia, las órdenes se modifican de
conformidad con lo establecido en los ordinales décimo y décimo
tercero de la parte resolutiva de esta sentencia. REVOCAR la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia 26 de
noviembre de 2002 (RE y V, S)

54. T-689206 –REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior Distrito
Judicial de Ibagué, Sala Penal, de octubre 2 de 2002 y de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 3 de diciembre de

55. T-689307 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Barrancabermeja, de 28 de noviembre de 2002, y en su
establecido en los ordinales décimo, décimo tercero y décimo cuarto de
la parte resolutiva de esta sentencia.

56. T-689503 - REVOCAR la sentencia del Juzgado Cuarto Penal del
Circuito de Barrancabermeja, de diciembre 3 de 2002, y en su lugar

57. T-689697 –CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Bogotá, de 18 de octubre de 2002, pero por las razones
expuestas en esta sentencia, y en consecuencia, se modifican las
órdenes de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo de la
parte resolutiva de esta sentencia. REVOCAR la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de diciembre 4 de
2002.

Distrito Judicial de Ibagué-Sala Penal, de octubre 8 de 2002 y de la
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, de diciembre 3 de 2002 y en su

59. T-690254 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior de Buga,
Sala Constitucional, del 13 de agosto de 2002, pero por las razones
expuestas en la presente sentencia, y en consecuencia se modifican las
órdenes de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo de la
parte resolutiva de esta sentencia. REVOCAR la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, de 3 de diciembre de 2002.

60. T-690437 – REVOCAR las sentencias del Juzgado 48 Penal del
Circuito de Bogotá, de 18 de septiembre de 2002 y del Tribunal
superior de Bogotá, Sala Penal, en sentencia de noviembre 8 de 2002,
pero por las razones expuestas en la presente sentencia, y en
consecuencia, MODIFICAR las órdenes de conformidad con lo
establecido en los ordinales duodécimo y décimo tercero de la parte

Ibagué, Sala Civil, de 1º de Octubre de 2002 y de la Corte Suprema de
Justicia, Sala Civil, de 18 de noviembre de 2002 y en su lugar
establecido en los ordinales décimo y décimo cuarto de la parte
resolutiva de esta sentencia

Sala Civil, 8 de Oct de 2002. CONFIRMAR la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Civil, del 19 de diciembre de 2002, pero por
las razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican
las órdenes el amparo de los derechos de conformidad con lo

establecido en los ordinals décimo, décimo tercero y décimo cuarto de
de la parte resolutiva de esta sentencia..

63. T-692204 – CONFIRMAR las sentencias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de agosto 21
de 2002 y del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, de octubre 2 de 2002 pero por las razones expuestas en
esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes de
conformidad con lo ordenado en los ordinales décimo primero y
décimo segundo de la parte resolutiva del presente fallo.

64. T-692218 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil, de 9 de octubre de 2002, pero por las razones
expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes
en los términos del ordinal décimo segundo de la parte resolutiva del
presente fallo. REVOCAR la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala Civil, de 26 de noviembre de 2002.

65. T-692398 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior, Sala
Laboral, de 12 de Noviembre de 2002, pero por las razones expuestas
en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes en los
términos del ordinal décimo de la parte resolutiva del presente fallo.
REVOCAR la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,
de 11 diciembre de 2002.

Tribunal Superior de Ibagué, Sala Laboral, del 13 de Nov de 2002, pero
por las razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se
modifican las órdenes en los términos del ordinal décimo segundo de la
parte resolutiva del presente fallo. REVOCAR la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, de 10 de diciembre de 2002.

67. T-692415 – CONFIRMAR parcialmente las sentencias del Tribunal
Superior de Ibagué, Sala Laboral, de noviembre 20 de 2002 y de la
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, de diciembre 10 de 2002, pero
por las razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se
modifican las órdenes en los términos del ordinal décimo de la parte
resolutiva del presente fallo.

Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, de octubre 22 de
2002 y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de
diciembre 10 de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los
derechos de conformidad lo establecido el ordinal décimo de la parte

69. T-692880 – REVOCAR las sentencias del Tribunal superior de
Florencia, de noviembre 1º de 2002 y de la Corte Suprema de Justicia,

Sala penal, de diciembre 10 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido el ordinal

Ibagué, Sala Penal, de 4 de octubre de 2002 y de la Corte Suprema de
Justicia, Sala penal., de 10 de diciembre de 2002 y en su lugar
sentencia..

71. T-695161 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo del
Tolima, de noviembre 12 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de sus derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal
décimo de la parte resolutiva de esta sentencia

72. T-695242 – REVOCAR las sentencias del Juzgado 25 Civil del
Circuito de Bogotá, de noviembre 22 de 2002 y del Tribunal Superior
de Bogotá, de diciembre 13 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en los
ordinales décimo y décimo cuarto de la parte resolutiva esta sentencia.

73. T-695691 – REVOCAR la sentencia del Tribunal administrativo de
Cundinamarca de diciembre 10 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido en los ordinales
décimo y décimo cuarto de la parte resolutiva de esta sentencia.

74. T-695839 - REVOCAR las sentencias del Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Pasto, de noviembre 14 de 2002 y del Tribunal
superior del distrito judicial de Pasto, de diciembre 10 de 2002 y en su
lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad lo

Cundinamarca, Sección cuarta, Subsección B, del 10 de diciembre de
2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de
conformidad lo establecido en el ordinal décimo tercero de la parte

76. T-696791 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, Sala de Decisión Constitucional, de noviembre 8 de
conformidad lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva
de esta sentencia.

77. T-697477 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala de Decisión, de diciembre 11 de 2002 y en su lugar

sentencia.

Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de 8 de octubre de 2002
y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 25 de
noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los
derechos de conformidad lo establecido en el ordinal décimo segundo
de la parte resolutivo de esta sentencia.

79. T-697902 – REVOCAR PARCIALMENTE las sentencias del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de
octubre 2 de 2002 y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, de 25 de noviembre de 2002 y en su lugar CONCEDER el
décimo de esta sentencia. CONFIRMAR que no hubo temeridad.

Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de octubre 28 de 2002 y
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 26 de
noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los
derechos de conformidad lo establecido en el ordinal décimo segundo
de la parte resolutiva de esta sentencia.

81. T-698625 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Pereira, de 9 de diciembre de 2002, y en su lugar
CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad lo establecido
en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.

82. T-698940 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Catorce Penal del
Circuito de Cali, de 28 de octubre de 2002, y en su lugar CONCEDER
el amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el
ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.

83. T-699715 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Veintitrés Penal del
Circuito de Medellín, de octubre 3 de 2002, en su lugar CONCEDER
el amparo de los derechos de conformidad lo establecido en esta
sentenciaen el ordinal décimo primero de la parte resolutiva de esta
sentencia respecto de la actora Fanny Restrepo de Atehortúa y del
ordinal décimo en relación con el actor Jairo Jantivas. Respeto de los
demás accionantes dado que no fue posible su identificación, se
remitirá copia de esta sentencia y de los apartes del expediente que
permitirían una identificación de los actores a los representantes de la
Red de Solidaridad Social y de la Defensoría del Pueblo del municipio
donde se encuentran los accionantes, a fin de que verifiquen las
condiciones en las que se encuentra esta comunidad, y si lo encuentran
procedente adopten las medidas de protección que correspondan, en
particular su inscripción como desplazados.

Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Familia, de octubre 15 de 2002 y de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de diciembre 6 de
conformidad con lo establecido en el ordinal décimo segundo de la

décimo segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.

Judicial de Ibagué, Sala Penal, de octubre 22 de 2002, y en su lugar
sentencia.

87. T-700727 – REVOCAR las sentencias del Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cali, de octubre 18 de 2002 y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, de diciembre 4 de 2002, y en su
establecido en el ordinal décimo primero de esta sentencia..

88. T-700805 – REVOCAR las sentencias del Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Pasto, de noviembre 15 de 2002 y del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal, de diciembre 12 de
conformidad lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva
de esta sentencia.

89. T-700902 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo
del Tolima, de agosto 20 de 2002, pero por las razones expuestas en
esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes de
conformidad con lo establecido en los ordinales décimo y décimo
sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, de Sentencia de diciembre 5 de 2002.

90. T-701212 –REVOCAR la sentencia del Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Popayán de diciembre 13 de 2002 y en su lugar
establecido en el ordinal décimo primero de la parte resolutiva de esta
sentencia.

91. T-701296 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo de Risaralda - Sala de Decisión, de diciembre 12 de

conformidad con lo establecido en el ordinal décimo primero de la

92. T-701300 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Tercero de
Familia de Pereira, de noviembre 19 de 2002 pero por las razones
de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo primero de la
parte resolutiva de esta sentencia. REVOCAR la sentencia del Tribunal
Superior de Pereira, Sala de Familia, de enero 14 de 2003.

Judicial de Bucaramanga, Sala Laboral, de diciembre 12 de 2002, y en
su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con
lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta
sentencia.

94. T-701730 – CONFIRMAR las sentencias del Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bogotá, de noviembre 12 de 2002, y del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de enero 17 de
conformidad con lo establecido en el ordinal décimo segundo de la

95. T-701850 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Buenaventura, de septiembre 20 de 2002, pero por las
razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las
órdenes en los términos del ordinal décimo de la parte resolutiva del
presente fallo. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, Sala de Decisión Constitucional, de
diciembre 3 de 2002

96. T-702437 – REVOCAR las sentencias del Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Buenaventura, de octubre 9 de 2002 y del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, Sala de Decisión Penal, de noviembre 25
de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de
conformidad con lo establecido en el ordinal décimo primero de la

97. T-702574 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de diciembre 16 de
2002.

98. T-702579 - REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Ibagué, de noviembre 14 de 2002. CONFIRMAR la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala
Civil-Familia, de diciembre 16 de 2002, pero por las razones expuestas
en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes en los

términos del ordinal décimo de la parte resolutiva del presente fallo. (V
RE)

99. T-703064 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Veintiséis Penal del
Circuito de Bogotá, de noviembre 29 de 2002, y en su lugar
en los ordinales décimo y décimo tercero de la parte resolutiva de esta
sentencia.

Antioquia, Sala Tercera de Decisión, de noviembre 28 de 2002, y en su
sentencia.

Judicial de Villavicencio, Sala de Familia, de enero17 de 2003 y en su
sentencia.

102. T-703857 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Treinta y Cinco
Penal del Circuito de Bogotá, enero 16 de 2003 y en su lugar
en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.

103. T-703897 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Veintinueve Penal
del Circuito de Bogotá, de diciembre 18 de 2002 y en su lugar

104. T-704500 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, de noviembre 15
de 2002, pero por las razones expuestas en esta sentencia y, en
consecuencia se modifican las órdenes en los términos del ordinal
décimo de la parte resolutiva del presente fallo. REVOCAR la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala de
Decisión Penal, de enero 14 de 2003.

105. T-704501 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, de noviembre 15
de 2002, pero por las razones expuestas en esta sentencia y, en
consecuencia se modifican las órdenes en los términos del ordinal
décimo de la parte resolutiva del presente fallo. REVOCAR la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala
Penal, de enero 17 de 2003.

106. T- 705236 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Laboral, de diciembre 10 de 2002, pero por las razones
de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo segundo de la
parte resolutiva de esta sentencia. REVOCAR la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de enero 28 de 2003.

107. T-706125 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Dieciocho Penal del
Circuito de Bogotá, de diciembre 3 de 2002, y en su lugar

108. T-706749 – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Tribunal
Superior de Ibagué, Sala Laboral, de diciembre 2 de 2002, pero por las
razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las
órdenes de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de
enero 29 de 2003.

Juzgado 13 Civil Municipal de Cali, de Febrero 28 de 2003, pero por
las razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican
las órdenes de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
sentencia del Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali, de abril 25 de 2003.

VIGÉSIMO.- COMUNICAR la presente decisión al Defensor del Pueblo
dentro de la órbita de sus competencias, haga un seguimiento del
cumplimiento del presente fallo.

VIGÉSIMO PRIMERO.- COMUNICAR la presente decisión al Procurador
General de la Nación, para que, dentro de la órbita de sus competencias, haga
un seguimiento del cumplimiento del presente fallo y vigile la actuación de las
autoridades.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- INFORMAR al Director de la Red de
Solidaridad Social que sin perjuicio que los términos para dar cumplimiento a
las órdenes relativas al expediente T-653010 y sus acumulados se cuenten a
partir de la notificación de la sentencia, podrá adelantar todas las acciones que
considere necesarias para agilizar el cumplimiento del presente fallo.

VIGÉSIMO TERCERO.- Levantar los términos suspendidos mediante auto
de 11 de abril de 2003.

Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado

IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-PONDERACIÓN Y PRIORIDADES EN LA
ATENCIÓN OPORTUNA.......................................................................................................................................6
CORTE CONSTITUCIONAL-Ordenes para superar el estado de cosas inconstitucional en la
población desplazada/CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
POBLACIÓN DESPLAZADA-Superación del estado de cosas inconstitucional.......................8
I. ANTECEDENTES........................................................................................................................................10
1. HECHOS .....................................................................................................................................................10
2. LAS DECISIONES QUE SE REVISAN..............................................................................................................35
II. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA SALA TERCERA REVISIÓN....................................................37
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS..........................................................................................38
1. COMPETENCIA............................................................................................................................................38
2. PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER Y RESUMEN DEL ARGUMENTO Y DE LA DECISIÓN............................38
2.1. Problemas Jurídicos ........................................................................................................39
2.2. Resumen del argumento y de la decisión..........................................................................40
3. LA LEGITIMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE DESPLAZADOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE ACCIONES DE
TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SUS ASOCIADOS .........................................................43
4. LA SUPUESTA EXISTENCIA DE TEMERIDAD.................................................................................................45
5. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
POBLACIÓN DESPLAZADA. ORDENES DICTADAS PARA PROTEGER SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y
PERSISTENCIA DE LOS PATRONES DE DESCONOCIMIENTO DE TALES DERECHOS.............................................50
5.1. Derechos fundamentales de la población desplazada reiteradamente protegidos en casos
concretos por esta Corte..........................................................................................................50
5.2. Gravedad del fenómeno del desplazamiento interno por los derechos constitucionales que
resultan vulnerados y la frecuencia con que se presenta tal vulneración................................52
5.3. Las órdenes dictadas para la protección de los derechos de las población desplazada. . .59
6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES U OMISIONES ESTATALES QUE CONFIGURAN UNA VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS DESPLAZADOS. ................................................................................62
6.1. La respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento forzado. ........................................65
6.2. Los resultados de la política pública de atención a la población desplazada...................67
6.3. Los problemas más protuberantes de la política de atención a la población desplazada.
................................................................................................................................................69
7. LA CONSTATACIÓN DE UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN
DESPLAZADA..................................................................................................................................................81
8. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y LOS DEBERES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES FRENTE A
LA DIMENSIÓN PRESTACIONAL DE LOS DERECHOS. LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE CONCORDANCIA
ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA Y LOS MEDIOS
ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SU LOGRO EFECTIVO Y OPORTUNO.................................87
9. LOS NIVELES MÍNIMOS DE SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO...................................................................................................................96
10. LAS ÓRDENES.........................................................................................................................................101
10.1. Ordenes para la superación del estado de cosas inconstitucional................................102
10.2. Las órdenes necesarias para responder a las solicitudes de los accionantes en el
presente proceso....................................................................................................................108
IV. DECISION.................................................................................................................................................111
AUTO 019/04................................................................................................................................................138
AUTO 050/04...................................................................................................................................................142

INDICE DE ANEXOS

ANEXO Resumen de las sentencias de tutela (T-653010 y 115-
1: acumulados) revisadas en este proceso 171
ANEXO Resumen de las pruebas aportadas por entidades 172-
2: públicas y organizaciones. 183
ANEXO Los deberes del Estado en relación con la 184-
3: protección de los derechos fundamentales de las 202
personas en situación de desplazamiento, según

los Principios Rectores del Desplazamiento
Forzado Interno (1998).
ANEXO Resumen de las sentencias de la Corte 203-
4: Constitucional sobre los derechos de la 226
población desplazada valoradas en la presente
sentencia.
ANEXO La política estatal de atención a la población 227-
5: desplazada: Descripción y observaciones 305
relevantes para la decisión adoptada en la
presente sentencia.
A. Descripción 227-
243
B. Observaciones 244-
305

Auto 019/04

Referencia: sentencia T-025 de 2004
(expediente T-653010 y acumulados)

Acción de tutela instaurada por Abel
Antonio Jaramillo, Adela Polanía
Montaño, Agripina María Nuñez y otros
contra la Red de Solidaridad Social, el
Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Protección Social, el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Educación, el INURBE, el INCORA, el
SENA, y otros

Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil cuatro (2004).

Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo
Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales

CONSIDERANDO

1. Que Lucy Edrey Acevedo Meneses, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la Red de Solidaridad Social, entidad accionada en la demanda de la
referencia, mediante escrito allegado a la Secretaría General de esta
Corporación solicitó la aclaración de dos puntos de la parte resolutiva de la
sentencia T-025 de 2004, relacionados con los expedientes T-686154 y T-
684470.

2. Que examinada la sentencia T-025 de 2004, que puso fin al trámite de
revisión de la acción de la referencia, se advierte que entre el punto 7 del
numeral décimo y el punto 23 del ordinal décimo noveno, existe un error que
puede generar confusión.

3. Que tal error se genera por la inclusión de una referencia al expediente T-
684470 en el punto 7 del ordinal undécimo en el que se ordena a la Red de
Solidaridad Social que adelante una evaluación de la “situación de los

peticionarios en un plazo no mayor a 8 días, (...) para determinar si cumplen
las condiciones objetivas del desplazamiento y, en caso afirmativo, darles
acceso inmediato a las ayudas previstas para su protección”, mientras que en
el punto 23 del ordinal décimo noveno la Corte decidió “CONFIRMAR la
sentencia del Juzgado primero civil del circuito Armenia, en sentencia de
noviembre 14 de 2002” que había negado el amparo solicitado por considerar
que “ los elementos probatorios que obran en el expediente no evidencian la
vulneración de sus derechos.”

4. Que examinado el Anexo 1 de la sentencia T-025 de 2004, que contiene el
resumen de los expedientes revisados en el proceso de la referencia, se
encontró que “la declaración rendida por el accionante para efectos de ser
incluido en el registro único de desplazados se hizo cuatro (4) años después
de ocurridos los hechos, y no como ordena el Decreto 2569 de 2002, es decir,
dentro del año siguiente al desplazamiento”, por lo cual resulta innecesario
que la Red de Solidaridad revise de nuevo el caso para determinar si procede
su inclusión en el Sistema Único de Registro de Población Desplazada.

5. Que examinada la sentencia T-025 de 2004, se encontró, igualmente, que en
relación con el expediente T-686154 existe un error en la parte resolutiva de la
sentencia. Tal error consistió en que en el punto 35 del ordinal décimo noveno
de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004 se dice, en relación con el
expediente T-686154, que la tutela se concede “respecto de los dos actores
identificados plenamente en el proceso”, a pesar de que en el resumen de los
hechos fueron identificadas 44 personas como peticionarios representados por
Adesfongua.151 Adicionalmente, en la parte motiva de la sentencia se dice que
en el mencionado expediente “las tutelas fueron presentadas por sus
representantes legales, se acreditó debidamente la existencia y representación
de la asociación, se individualizaron los nombres de los miembros a nombre
de quienes se presentaba la acción de tutela y nada en el expediente indicaba
que se opusieran a ser agenciados por la asociación. De hecho, tales
expedientes incluyen elementos que confirman el consentimiento de los
asociados. (...) Por lo cual las tutelas no eran improcedentes y serán
revocadas por la Sala.

6. Que los errores indicados, a pesar de no cambiar la decisión finalmente
adoptada, deben ser corregidos para que no existan textos que generen
confusión en el cuerpo de la sentencia.

151 Según consta en la página 5 de la sentencia y en el Anexo 1 de la misma, fueron identificados como
peticionarios representados por Adesfongua las siguientes personas: Eustacio Fonseca Barraza, Felipe Zárate
V, Xiomara L. Ariño, Ernesto Epinayú, Omar Erazo López, Carmen Sierra, William Ariño, Luis E. Duarte,
Luz Marina González, Rosana Ludo Urbaéz, Ubida María Urbaéz Ariño, Yudis Mari Castillo, Simón Corzo
Flórez, Betty García Díaz, Luis M. García Díaz, César Maldonado Avila, Paulina Salina, Yulis Córdoba,
Elizabeth Ariño, Numnel Amaya, Olido Cujio, Mónica Daza, Tercilia García, Cecilio Granados, Antonio
Arciniegas, Ángel Guerrero, Orlando Orozco, Ismael E. Ferrer, Adriano Fidel Sierra Rambauth, Eduardo
Sierra Rambauth, Rafael Sierra Rambauth Pedro Español, Julia Duarte, Victorino Romero, Elba Urbay C,
José Epinayú, Graciela Aroca, Federico Montoya, Neiber Erazo, Gloria Navarro, Berna Jaraba, Madeleine
Jaraba, Evangelino A., Marta Gómez, Eleidis Rosa

7. Que esta Corporación ha señalado que cuando en la transcripción del texto
de una sentencia se producen errores, es aplicable el artículo 310 del CPC a
fin de proceder a la corrección152.

En mérito de lo expuesto esta Sala de Revisión

RESUELVE

Primero. CORREGIR el texto de la página 93 de la Sentencia T-025 de
2004, y en consecuencia, suprimir el punto 7 del ordinal décimo primero de la
parte resolutiva de la sentencia que dice:

7. T-684470 –En relación con el accionante Jorge Eliécer
Betancourt Márquez y su núcleo familiar

Segundo. CORREGIR el texto de la página 103 de la Sentencia T-025 de
2004, y en consecuencia suprimir la expresión “dos” contenida en la frase
final del punto 35 del ordinal décimo noveno de la parte resolutiva de la
sentencia. Por lo tanto, donde dice:

35. T-686154 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Civil del
Circuito de Riohacha, de 17 de octubre de 2002 y en su lugar
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta
sentencia, respecto de los dos actores identificados plenamente
en el proceso.

Debe decir

35. T-686154 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Civil del
Circuito de Riohacha, de 17 de octubre de 2002 y en su lugar
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta
sentencia, respecto de los actores identificados plenamente en
el proceso.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional,

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

152 Ver auto de corrección de la sentencia T-029 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero

Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado

IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)

Auto 050/04

Referencia: sentencia T-025 de 2004

Solicitud de prórroga para el cumplimiento
de algunas órdenes impartidas en la
sentencia T-025 de 2004, proferida por la
Sala Tercera de Revisión

Peticionario: Luis Alfonso Hoyos
Aristizabal Director (E) Red de Solidaridad
Social

Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil cuatro (2004).

Escobar Gil

CO NS I DERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o
eliminadas las causas de la amenaza.”

2. Que en el proceso de la referencia la Red de Solidaridad Social ha
solicitado la modificación de los plazos fijados para cumplir con algunas de
las órdenes dictadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado
en la Sentencia T-025 de 2004, contenidas en los ordinales segundo y quinto
de la parte resolutiva.

3. Que a la fecha, la Red de Solidaridad Social ha venido entregando informes
periódicos que dan cuenta del cumplimiento parcial de la sentencia en dos
niveles: (i) para cumplir las órdenes específicas respecto de los accionantes y
(ii) para cumplir las órdenes generales respecto de toda la población
desplazada y las entidades públicas responsables. En relación con los
primeros, la Red ha informado sobre las acciones adelantadas para atender las
órdenes puntuales relacionadas con las demandas de tutela revisadas por la

Corte en la sentencia T-025 de 2004, a partir de la comunicación de la
sentencia y sin esperar la notificación personal a los demandantes: (a) ha
realizado esfuerzos importantes para identificar la ubicación actual de los
distintos accionantes; (b) ha verificado las necesidades de apoyo y las ayudas
que han recibido los accionantes de las tutelas acumuladas para proferir la
sentencia T-025 de 2004; (c) ha entregado la ayuda humanitaria de emergencia
e iniciado procesos de evaluación para determinar si existen condiciones de
extrema vulnerabilidad que justifiquen, en algunos casos identificados
conforme a la sentencia, que se continúe entregando esa ayuda; y (d) ha
coordinado con las secretarías de educación y de salud, la atención de las
necesidades de los accionantes.

También ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes de carácter general,
para lo cual (a) ha realizado varias reuniones regionales y convocado una
reunión del Consejo del SNAIPD; (b) ha llevado a cabo reuniones con algunas
organizaciones no gubernamentales y asociaciones de desplazados; (c) ha
efectuado reuniones adicionales, tanto a nivel nacional como regional para
hacer seguimiento al proceso de cumplimiento; (d) ha enviado informes
periódicos detallados sobre avance en el cumplimiento de la sentencia a la
Corte Constitucional, a las entidades del SNAIPD, a la Procuraduría General
de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, y (e) ha publicado en la página Web
de la Red, la Carta de Derechos de los desplazados, mientras se divulga por un
medio mas directo y eficaz a los desplazados.

Sin embargo, respecto de algunas órdenes impartidas en la sentencia T-025 de
2004, la Red solicita que se extiendan los plazos allí previstos.

4. Que de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, “el juez de
tutela conserva la competencia para dictar órdenes que aseguren que el
derecho sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean
eliminadas, lo cual comprende introducir ajustes a la orden original siempre
y cuando ello se haga dentro de los siguientes parámetros para que se respete
la cosa juzgada: (1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las
condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos
accidentales, bien porque (a) la orden original nunca garantizó el goce
efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero
luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa,
cierta, manifiesta e inminente el interés público o (c) porque es evidente que
lo ordenado siempre será imposible de cumplir. (2) La facultad debe
ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar
encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido original y
esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce
efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la
orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de
tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar
dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor

reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción
de manera inmediata y eficaz.”153

5. Que de conformidad con lo que establece el artículo 27 del decreto 2591 de
1991 y la jurisprudencia de esta Corporación, en relación con las órdenes
complejas dictadas para superar el estado de cosas inconstitucional, la Sala
Tercera de Revisión, después de proferida la sentencia T-025 de 2004,
conserva la competencia para adoptar determinaciones que permitan ajustar
las órdenes complejas originalmente dictadas a la nuevas circunstancias que
se puedan presentar, todo con miras a garantizar el goce efectivo del derecho
fundamental amparado y sin modificar la decisión ni el sentido original y
esencial de la orden impartida que hizo tránsito a cosa juzgada.

6. Que la solicitud de prórroga del plazo se hizo para “acreditar el ejercicio
presupuestal necesario para dar cumplimiento a la política de atención a la
población desplazada” y para “precisar la situación actual de la población
desplazada inscrita en el Sistema Único de Registro, determinando su
número, ubicación, necesidades y derechos según la etapa de la política
correspondiente,” con el argumento de que el estado actual de la información
contenida en el Sistema Único de Registro de la Población Desplazada, dadas
sus graves falencias, no permite cumplir en el plazo señalado -31 de marzo de
2004-, con lo ordenado por esta Corporación.

7. Que para verificar la magnitud y las implicaciones de las falencias en los
sistemas de información de la Red, la Sala decretó una inspección judicial.

8. Realizada la inspección judicial ordenada mediante Auto del 21 de abril de
2004, se encontraron falencias graves en el estado de la información requerida
para determinar las necesidades socio económicas de la población desplazada,
así como en la capacidad de la Red de Solidaridad Social para contar con
dicha información en el plazo originalmente fijado por la sentencia T-025 de
2004. Durante la inspección judicial se destacaron las siguientes falencias,
según consta en el Acta suscrita tanto por los funcionarios judiciales como por
los funcionarios administrativos de la Red de Solidaridad Social que
participaron en la misma:

“La principal falencia [es] la falta de información sobre los costos
de atención, no se registran variables financieras de cada tipo de
atención. Esos datos requieren una interfase con otros sistemas de
información. Por ello, el SUR no sirve para determinar el costo
individual de la atención a una persona desplazada. El sistema
financiero reporta datos globales de los distintos programas. El
sistema no permite medir si se prolongó la ayuda global. Si el
SNAIPD funcionó o no. Esa información no está en el SUR. Otro
problema es que las entidades no saben cuáles programas son para

153 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, donde la Corte
examina la competencia del juez que resuelve un incidente de desacato y las condiciones para modificar la
orden original para asegurar la protección efectiva de los derechos tutelados.

desplazados, cuántas personas atendieron, no saben si atendieron
población desplazada. No hay uniformidad en la información.”
(...)
“En rendimiento, la base de datos tiene problemas por el volumen
de información. La base de datos no responde a todas las preguntas
sobre el desplazamiento, por cambios en el mismo fenómeno
(desplazamiento interno intraurbano, por ejemplo), pero si
responde en la parte básica.”
(...)
“No sirve para determinar cuándo cesa la calidad de desplazado,
porque la política no lo ha definido, o para reportar ayudas
entregadas por otras entidades. Sólo sirve para decir quiénes
surtieron el procedimiento de registro, pero no sobre los
desplazados en general, por el problema del subregistro. No
permite predecir evolución o crecimiento del fenómeno de
desplazamiento. El único que puede hacer estadísticas y
proyecciones sobre el fenómeno es el DANE, pero el SUR no lo
puede hacer.”
(...)
“Por el crecimiento acelerado del desplazamiento en el 2001 y
2002, las cargas de trabajo desbordaron la capacidad del
registro.”
(...)
“Existe una dificultad tecnológica para reportar el volumen
estadístico de la población desplazada en las distintas localidades,
pues las personas y entidades no la reportan con la calidad y
oportunidad requeridas. El objetivo básico del SEFC [Sistema
Estadístico por Fuentes Contrastadas] es tomarle el pulso a la
dinámica del desplazamiento, se puede utilizar para cálculos
estimados de presupuesto, pero para ello también se utiliza el
SUR. Sin embargo, el SUR no puede ser utilizado para el estudio
del fenómeno del desplazamiento, por el problema del subregistro.
Esa falencia se corrige con el SEFC.”

Adicionalmente, según consta en certificado enviado por el Coordinador
Nacional del Registro de la Población Desplazada, “conforme a la
información del Sistema Único de Registro a la fecha [marzo 30 de 2004] se
encuentran caracterizados 44´249 hogares en condición de desplazados
incluidos en el Registro Único de Población Desplazada, equivalentes al
20.01% de los hogares en condición de desplazados inscritos en el Registro
Único de Población Desplazada.”

9. Que constatada la magnitud de las falencias, encuentra la Sala que es
preciso examinar su incidencia en relación con cada una de esas órdenes
respecto de las cuales se solicita prórroga del plazo señalado en la sentencia
T-025 de 2004.

10. Que en relación con el cumplimiento de la orden para “precisar la
situación actual de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de
Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según
la etapa de la política correspondiente,” la Red de Solidaridad Social solicita
que se extienda el plazo original de 31 de marzo de 2004 al 30 de septiembre
de 2004, con el fin de adelantar una encuesta de desplazados y culminar los
procedimientos diseñados por esa entidad para estimar las necesidades
insatisfechas de la población desplazada que se encuentra inscrita en el
Sistema Único de Registro.

En primer lugar, advierte la Corte que en los memoriales enviados a la Sala
Tercera de Revisión por la Red de Solidaridad Social antes de que se profiriera
la sentencia T-025 de 2004, no se manifestó que existieran tales falencias, ni
que éstas tuvieran la magnitud indicada ni que ello le impidiera a la Red algo
tan básico como es saber las características de los desplazados y sus
necesidades de atención, de conformidad con las normas constitucionales y
legales vigentes. Esa omisión de la Red no impide a la Corte analizar la
solicitud de prórroga de algunos de los plazos, siempre con miras a proteger a
la población desplazada y asegurar el goce efectivo de sus derechos.

Teniendo en cuenta las falencias manifestadas por la Red en el documento
enviado a la Corte el 12 de abril de 2004 en cuanto a calidad de la información
requerida para el proceso de caracterización, las cuales fueron constatadas en
la inspección judicial realizada el 22 de abril del 2004, encuentra la Sala que
las fallas verificadas le impiden a la Red, en el plazo inicialmente otorgado,
“precisar la situación actual de la población desplazada”, inclusive de la
“inscrita en el Sistema Único de Registro” y mucho menos determinar las
“necesidades y derechos según la etapa de la política correspondiente.” Esta
gravísima implicación de las falencias en la información incompleta y poco
específica que maneja la Red se debe a que hasta antes del 1 de abril de 2004,
el sistema contenía “información básica para la caracterización de la
población desplazada referida a (…): edad, género, origen, sitio de llegada
(…) pero dejaba por fuera información relevante para la atención integral del
desplazado,” según consta en el acta de la inspección judicial. El sistema que
entró a operar el 1 de abril de 2004, advierte la Red, permitirá contar con una
caracterización “más detallada sobre propiedades, deudas, si ejercía
liderazgo, condición étnica, mujer gestante, que se hace con la finalidad de
determinar las necesidades socio económicas del desplazado, para
determinar el tipo de ayuda diferencial que requiere esa persona, y en
especial para determinar las condiciones especiales de vulnerabilidad
(discapacidad, mujer cabeza de familia, tercera edad).” Con este nuevo
sistema será posible “medir vulnerabilidad, individual, ya no solo familiar,
con información básica del hogar inicial con el fin de garantizar
reunificación posterior.” En consecuencia, se concederá el plazo de 30 de
septiembre de 2004, solicitado por la Red de Solidaridad Social para culminar
el proceso caracterización de las necesidades de la población desplazada
inscrita en el Sistema de Registro Único, mediante la realización de una
encuesta.

11. Que en relación con la orden de “acreditar el ejercicio presupuestal
necesario para dar cumplimiento a la política de atención a la población
desplazada,” la Red de Solidaridad Social solicita que se extienda el plazo
original de 31 de marzo de 2004 al 31 de julio de 2004.

Sin embargo, constata la Corte que no ha sido indispensable en el pasado
efectuar una caracterización precisa de la población desplazada para estimar
la magnitud del esfuerzo presupuestal necesario para responder a la crisis
humanitaria y superar el estado de cosas inconstitucional. Así se hizo en los
documentos CONPES 3057154 de 1999 y 3115155 de 2001, en los que se
utilizaron datos básicos como la edad, el género, el origen étnico, el número
de personas desplazadas registradas, los niveles de protección definidos en la
Ley 387 de 1997 y una proyección sobre el comportamiento futuro del
fenómeno del desplazamiento interno forzado.

Tal como se constató en el proceso en el apartado 6.3.2 de la sentencia y en el
Anexo 5 de la sentencia T-025 de 2004, y lo adujo la propia Red de
Solidaridad Social durante la inspección judicial al preguntársele sobre la
forma como podía utilizarse la información contenida en el Sistema Único de
Registro para calcular los costos de la atención integral a la población
desplazada: “Los costos globales de cada componente de la ayuda se pueden
hacer por topes máximos fijados por la Ley y el Decreto 2569.”156

Además, como se constató en la inspección judicial y se anotó anteriormente,
la información disponible en la Red sí permite efectuar una descripción
“básica” de la población desplazada a partir de los datos sobre “edad, género,
origen, sitio de llegada.”

Igualmente, encuentra la Sala que como quiera que las decisiones de política
pública se toman siempre con ciertos elementos de incertidumbre, no es
necesario contar con información detallada que dé al Ejecutivo “certeza
absoluta” sobre los costos de la atención a cada uno de los desplazados para
fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal, sin perjuicio de que dicha
estimación global sea luego ajustada a medida que se obtenga información
más precisa o evolucione la realidad del problema del desplazamiento, sea
para aumentar dicha estimación o para disminuirla.

154 CONPES 3057 de 1999 dijo que se requerían US $ 360 millones de dólares para la ejecución de la
política y atender 400.000 personas desplazadas durante los años 2001 a 2002, sin incluir costos para
adjudicación de tierras y vivienda. Este estimativo se hizo teniendo en cuenta una población desplazada de
400.000 personas, que el fenómeno de desplazamiento forzado involucraba 139 municipios (80 municipios
expulsores y 40 municipios expulsores-receptores y 19 receptores). Las características demográficas de esa
población según el documento CONPES eran 44.1% de las familias tienen mujeres como jefe de hogar,
23.2% de la población son niños menores de 7 años y 16.7% de la población desplazada pertenecía a grupos
étnicos. Este documento utilizó como supuesto que la cifra de familias desplazadas disminuiría en los años
2000 a 2002, como resultado del proceso de negociación con los grupos armados.
155 El CONPES 3115 de 2001 hizo una distribución presupuestal sectorial para el cumplimiento del
CONPES 3057. Precisó el costo del Plan de Acción para la Prevención y Atención del desplazamiento forzado
por programas y proyectos para 2001 y 2002 en un total de $307.726 millones de pesos y distribuyó esos
recursos por programas y proyectos generales y específicos.
156 Cfr. Acta de la diligencia de inspección judicial realizada el 22 de abril de 2004.

Por lo anterior, no se prorrogará el plazo inicialmente otorgado para la
definición del esfuerzo presupuestal global hasta la fecha solicitada por la
Red. Sin embargo, dado que el Consejo Nacional para la Atención Integral a
la Población Desplazada por la Violencia se ha reunido una vez para este
efecto, pero a la fecha del presente auto el plazo original se encuentra
vencido, a más tardar el 14 de mayo de 2004, el Consejo Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia deberá “(ii)
fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal que es necesario para cumplir
con la política pública encaminada a proteger los derechos fundamentales de
los desplazados; (iii) definir el porcentaje de participación en la apropiación
de recursos que corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la
cooperación internacional; (iv) indicar el mecanismo de consecución de tales
recursos, y (v) prever un plan de contingencia para el evento en que los
recursos provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación
internacional no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a
fin de que tales faltantes sean compensados con otros medios de
financiación.”157

12. Que en relación con el cumplimiento de la orden de “[concluir] las
acciones encaminadas a que todos los desplazados gocen efectivamente del
mínimo de protección de sus derechos” la Red de Solidaridad Social solicita
que el plazo inicial de 6 meses, contado a partir de la comunicación de la
sentencia, se extienda a febrero 9 de 2005, pues condiciona su cumplimiento
al proceso de caracterización de la población desplazada.

Dado que en el Sistema Único de Registro existe información sobre el
número de desplazados inscritos y sobre sus características básicas, que la
enunciación de los mínimos de protección establecidos en la sentencia T-025
de 2004 comprende en buena medida la ayuda humanitaria de emergencia
orientada a permitir la supervivencia de los desplazados, en especial de
personas que se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad tales
como niños, ancianos, personas con discapacidad física o mental, que ha sido
en el pasado posible establecer de manera aproximada la dimensión del
esfuerzo para cumplir con estos mínimos y que la ejecución de las acciones
encaminadas a garantizar los derechos mínimos de la población desplazada no
depende del conocimiento de sus necesidades de supervivencia digna ni del
proceso de caracterización detallada que habrá de culminar el 30 de
septiembre de 2004, considera la Sala que no es necesario prorrogar el plazo
inicialmente otorgado.

No obstante lo anterior, dada la gravedad de las falencias de información en el
caso de la población desplazada registrada antes del año 2001, que hace aún
más difícil determinar quién es quién, cómo cada desplazado adulto o
responsable de familia podría generar ingresos para sobrevivir autónoma y
dignamente y cuáles son sus necesidades socio económicas y de
estabilización, la Corte otorgará a la Red de Solidaridad Social plazo hasta el
30 de octubre de 2004 para concluir las acciones encaminadas a que la

157 Ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa

población desplazada inscrita en el Registro Único antes del 1 de enero de
2001, goce efectivamente del derecho mencionado en el párrafo 8 de la
sección 9 de la sentencia citada. Respecto de los demás derechos mínimos no
se modifica el plazo de seis meses inicialmente señalado.

13. Preocupa a la Corte que la solicitud de prórroga del plazo para definir las
necesidades precisas de la población desplazada con base en la encuesta de
caracterización de desplazados que habrá de concluir el 30 de septiembre de
2004, estuviere acompañada de frases indicativas de la intención de reducir el
ámbito de protección de dicha población y de retroceder en los compromisos
fijados por la Ley 387 de 1997.

Advierte la Corte que la prórroga del plazo otorgado para caracterizar las
necesidades de la población desplazada no implica una autorización para
“redefinir prioridades” sin el cumplimiento del procedimiento definido en la
sentencia T-025 de 2004 y en las condiciones estrictas allí señaladas. Tampoco
implica una autorización para retroceder en los compromisos asumidos en las
normas vigentes. Recuerda la Corte que en la sentencia T-025 de 2004 se dijo
claramente que “el Director de la Red de Solidaridad Social, los Ministros de
Hacienda y Crédito Público y del Interior y de Justicia, así como el Director
del Departamento Nacional de Planeación y los demás miembros del Consejo
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia, realizarán todos los esfuerzos necesarios para asegurar que la
meta presupuestal por ellos fijada se logre.”158 Además, respecto de los
deberes del Estado para con los desplazados se subrayó que

“Si bien varios de los componentes de dicha política tienen una
marcada dimensión programática y corresponden a la faceta
prestacional de los derechos fundamentales vulnerados en el
caso de la población desplazada, y su realización depende de la
disponibilidad de recursos, ello no significa que el Estado pueda
sin limitación alguna adoptar medidas que en la práctica
implican un retroceso en algunos aspectos de la política
diseñada y legalmente instrumentalizada, a pesar de que ésta
continúe en el papel siendo la misma.

En el presente caso, por la vía de la insuficiente apropiación
presupuestal y de la omisión en la corrección de las principales
falencias de la capacidad institucional mencionadas en la
sección 6 de esta sentencia, el avance progresivo en la
satisfacción de los derechos de la población desplazada no sólo
se ha retrasado, sino que se ha ido deteriorando con el paso del
tiempo en algunos aspectos ya mencionados a pesar de los logros
en la reducción del ritmo de crecimiento del fenómeno al cual se
aludió en el apartado 6.2.1.2. de esta sentencia (apartado 6.).
Ello se traduce en un incumplimiento del nivel de protección
formalmente definido –en extremo se podría decir prometido -

158 Literal b), Ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.

por las autoridades legislativas y ejecutivas competentes y
contradice el hecho que (i) el gasto social y de atención a la
población marginada es considerado como gasto prioritario; (ii)
existe una política estatal de atención integral a la población
desplazada; (iii) esa política fue debatida y aprobada por el
Congreso, el cual le confirió carácter normativo en una ley de la
República que data de 1997; (iv) existe un marco reglamentario
que ha desarrollado, aunque no en su totalidad, los componentes
de la política; (v) las autoridades nacionales y territoriales han
adquirido compromisos con la población desplazada, que se ven
postergados de manera indefinida por la falta de recursos
suficientes y otro tipo de fallas en la capacidad institucional de
las entidades responsables y; (vi) existen documentos oficiales en
los que se ha cuantificado el esfuerzo financiero requerido para
la política de desplazamiento y tales documentos han sido
aprobados por el CONPES.

8.3 Dicho retroceso es, prima facie, contrario al mandato
constitucional de garantizar el goce efectivo de los derechos de
todos los desplazados. Por eso, el primer deber de las autoridades
competentes es evitar dicho retroceso práctico en los aspectos del
nivel de protección de los derechos de todos los desplazados
donde éste se ha presentado, así dicho retroceso sea resultado de
la evolución del problema y de factores que escaparon a la
voluntad de los funcionarios responsables. La gravedad,
magnitud y complejidad general de un problema, por sí solas, no
justifican que el grado de protección de los derechos no
corresponda a los mandatos constitucionales, máxime si éstos
han sido desarrollados por una ley del Congreso de la República
y reglamentados por el propio Ejecutivo. Tampoco es
constitucionalmente admisible que el alcance de dicha
protección disminuya en la práctica, sin que se ponga de
presente dicha disminución y se adopten los correctivos de
manera oportuna y adecuada. De otro lado, el juez
constitucional no puede desconocer las características del
contexto real dentro del cual se ha constatado la afectación de
los derechos fundamentales, para evitar que las órdenes que
imparta para protegerlos sean inocuas o inviables. Sin embargo,
el juez constitucional debe asegurarse de que se alcance el
máximo de protección definida por las normas vigentes y exigir
que se remedie la discordancia entre lo jurídicamente debido y lo
realmente satisfecho, con miras a lograr que todos los afectados,
en este caso la población desplazada, puedan disfrutar realmente
de sus derechos constitucionales.”

14. Que si bien la Red de Solidaridad Social ha convocado a algunas
organizaciones no gubernamentales y a representantes de la población
desplazada, dado el otorgamiento del plazo adicional para la caracterización

de las necesidades socio económicas de la población desplazada, es
fundamental que estas organizaciones participen de manera amplia, oportuna
y efectiva en el proceso de toma de decisiones relativas a la política pública
de atención integral a la población desplazada. Por lo cual, la Sala urge al
Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada el
cumplimiento inmediato de la orden de “ofrecer a las organizaciones que
representan a la población desplazada oportunidades para participar de
manera efectiva en la adopción de las decisiones que se tomen con el fin de
superar el estado de cosas inconstitucional e informarles mensualmente de
los avances alcanzados”, contenida en el literal c) del ordinal segundo de la
parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, en particular a la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR, y a la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES,
organizaciones que participaron en el proceso que culminó con la sentencia T-
025 de 2004, y cuyo conocimiento e informes periódicos sobre el fenómeno
del desplazamiento y sobre la respuesta estatal, puede resultar útil para la
búsqueda de soluciones que permitan superar la crisis humanitaria y el estado
de cosas inconstitucional. Lo anterior sin perjuicio de que invite a otras
organizaciones a participar.

15. Que en relación con el cumplimiento de la orden de adoptar “un
falencias en la capacidad institucional”, la Red no solicitó modificación del
plazo de 3 meses concedido en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia T-025 de 2004. Por lo tanto, dicho plazo será mantenido.

16. Que en relación con el cumplimiento del Ministerio del Interior y de
Justicia de la orden “para que promueva que los gobernadores y alcaldes a
que se refiere el artículo 7º de la Ley 387 de 1997, adopten las decisiones
necesarias para asegurar que exista coherencia entre las obligaciones,
constitucional y legalmente definidas, de atención a la población desplazada
a cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos que debe destinar
para proteger efectivamente sus derechos constitucionales” y comunicar, al
Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada las
decisiones adoptadas, ni la Red de Solidaridad Social ni el Ministerio del
Interior y de Justicia solicitaron una prórroga del plazo para el cumplimiento
de esta orden. Sin embargo, la Sala insiste en la importancia de ese
procedimiento para superar el estado de cosas inconstitucional. Por lo cual,
insta a la Red de Solidaridad Social a solicitar al Ministerio del Interior y de
Justicia el envío de los informes respectivos para que el Consejo Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada pueda tenerlos en cuenta en la
definición del esfuerzo presupuestal que se requiere para cumplir con los
compromisos de atención definidos por la Ley 387 de 1997.

17. Que igualmente es fundamental que todas las entidades que hacen parte
del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, así
como las entidades a las que la Red de Solidaridad Social les solicite los

informes y la cooperación para la superación de la crisis humanitaria y del
estado de cosas inconstitucional, presten su cooperación de manera oportuna.

R E S U E L V E:

Primero.- Para el cumplimiento de la orden de “precisar la situación actual
de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de Registro,
determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según la etapa
de la política correspondiente,” contenida en el ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, OTORGAR al Consejo Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia plazo hasta el 30
de septiembre de 2004 e INFORMAR mensualmente al Procurador General
de la Nación y al Defensor del Pueblo sobre el avance de este proceso, así
como a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR, y a la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento – CODHES, organizaciones que participaron durante el
proceso de tutela que culminó con la sentencia T-025 de 2004, y a las demás
que decida convocar para ese efecto de conformidad con lo señalado en la
sentencia.

Segundo.- Para el cumplimiento de las órdenes de “(ii) fijar la dimensión del
esfuerzo presupuestal necesario para cumplir con la política pública
encaminada a proteger los derechos fundamentales de los desplazados; (iii)
definir el porcentaje de participación en la apropiación de recursos que
corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la cooperación
internacional; (iv) indicar el mecanismo de consecución de tales recursos, y
(v) prever un plan de contingencia para el evento en que los recursos
provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación internacional
no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a fin de que
tales faltantes sean compensados con otros medios de financiación”,
contenidas en el literal a), ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia T-025 de 2004, OTORGAR al Consejo Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada por la Violencia plazo hasta el 14 de mayo
de 2004, fecha en la cual, después de oír a la Defensoría del Pueblo, a la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –
ACNUR, y a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
– CODHES, así como a las demás organizaciones interesadas que decida
convocar de conformidad con lo establecido en la sentencia T-025 de 2004,
informará sobre la decisión adoptada.

Tercero.- URGIR al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada el cumplimiento inmediato de la orden de “ofrecer a las
organizaciones que representan a la población desplazada oportunidades
para participar de manera efectiva en la adopción de las decisiones que se
tomen con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional e informarles
mensualmente de los avances alcanzados”, contenida en el literal c) del
ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.

Cuarto.- URGIR al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia el cumplimiento de la orden de adoptar “un
falencias en la capacidad institucional”, contenida en el ordinal cuarto de la
sentencia T-025 de 2004 dentro de los términos señalados en esa sentencia.

Quinto.- INSTAR a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional
de Atención Integral a la Población Desplazada y a las demás entidades del
orden nacional o territorial que reciban de la Red de Solidaridad Social
solicitudes de cooperación o de informes para el cumplimiento de lo resuelto
en la sentencia T-025 de 2004 respecto de toda la población desplazada con
miras a superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucional,
para que den respuesta oportuna a tales solicitudes. La Red citará esta orden
en las solicitudes que envíe a las entidades públicas, cuando lo estime
necesario para advertirles de los efectos jurídicos de su incumplimiento.

Sexto.- INSTAR al Ministerio del Interior y de Justicia el envío de los
informes a los que hace referencia el ordinal tercero de la parte resolutiva de
la sentencia T-025 de 2004, para que el Consejo Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada pueda tenerlos en cuenta en la definición
del esfuerzo presupuestal que se requiere para cumplir con los compromisos
de atención definidos por la Ley 387 de 1997.

Séptimo.- Respecto de las demás decisiones adoptadas en la sentencia T-025
de 2004, reiterar las órdenes impartidas.

Octavo.- COMUNICAR la presente decisión al Defensor del Pueblo, para
que, dentro de la órbita de sus competencias, haga un seguimiento del
cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y del presente auto.

Noveno.- COMUNICAR la presente decisión al Procurador General de la
Nación, para que, dentro de la órbita de sus competencias, haga un
seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y del presente
auto.

Décimo.- COMUNICAR el presente auto a todos las integrantes del Consejo
Nacional de Atención Integral a la Población Desaplazada, es decir, el
delegado del Presidente de la República, el Consejero Presidencial para los
Desplazados, o quien haga sus veces, el Ministro del Interior (hoy Ministro
del Interior y de la Justicia) o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito
Público, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Salud (hoy Ministro
de Protección Social), el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministro de Desarrollo Económico, el Director del Departamento Nacional de
Planeación, el Defensor del Pueblo, el Consejero Presidencial para los
Derechos Humanos, o quien haga sus veces, el Consejero Presidencial para la
Política Social, o quien haga sus veces, el Gerente de la Red de Solidaridad
Social o quien haga sus veces, y el Alto Comisionado para la Paz, o quien
haga sus veces.

Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado


Auto 087/04

Referencia: Sentencia T-025 de 2004

Corrección error mecanográfico en la
sentencia T-025 de 2004, proferida por la
Sala Tercera de Revisión

Magistrado Ponente:

Bogotá, D.C. junio diecisiete (17) de dos mil cuatro (2004)

Escobar Gil,

CONSIDERANDO

1. Que existió un error de carácter mecanográfico en el cuerpo de la sentencia
de la referencia, que si bien no altera el fondo de la sentencia, sí amerita su
corrección para evitar equívocos.

2. Que tal error consistió en la errada trascripción del nombre FIDUIFI en la
parte resolutiva de la sentencia, a pesar de que en los considerandos de la
sentencia siempre se hizo referencia al IFI – Instituto de Fomento Industrial.
El aparte en cuestión dice lo siguiente:

DÉCIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento
de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de
restablecimiento socioeconómico, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe
o quien haga sus veces, FUDUIFI o quien haga sus veces, INCORA o
quien haga sus veces, así como las entidades encargadas de estos
programas a nivel departamental y municipal, deberán contestar de
fondo, de manera clara y precisa las peticiones presentadas por los
actores en el presente proceso, teniendo en cuenta los siguientes criterios
(...) (resaltado fuera del texto)

3. Que en el cuerpo de la sentencia siempre se hizo referencia la Instituto de
Fomento Industrial, en los siguientes apartes:

a) En el Anexo 2 de la Sentencia, donde se resumen las pruebas allegadas por
las distintas entidades al proceso que culminó con la sentencia T-025 de 2004,
en relación con el papel que cumplían el Instituto de Fomento Industrial y el
Fondo de Financiamiento Agropecuario, en relación con la financiación de las
iniciativas productivas presentadas por la población desplazada a través de la
Red de Solidaridad se señaló lo siguiente:

De otra parte, en cuanto a los proyectos productivos a los que tiene
acceso la población desplazada por la violencia, la Red de Solidaridad

Social sostiene que en virtud del Acuerdo 003 de 2003, expedido en
cumplimiento del Decreto 2569 de 2000, “en adelante la Red de
Solidaridad Social no apalancará las iniciativas productivas con capital
semilla, pues no es su función y las acciones se han encaminado hacia la
gestión con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
(FINAGRO), el cual ha abierto una línea de crédito para beneficiar,
entre otras, a la población en condición de desplazamiento. Dicha línea
posee condiciones más favorables en cuanto a tasas de interés y
garantías, especialmente, que otras líneas crediticias de la misma
entidad”. La red anexa una copia de la circular reglamentaria VO 07 de
2003, donde se describen las características de la mencionada línea de
crédito.

En relación con las “actividades de transformación comercio y servicios
del sector urbano” el Instituto de Fomento Industrial (IFI) es la entidad
responsable del financiamiento. La Red de Solidaridad Social consigna
que hasta el momento, dicho organismo no ha establecido líneas de
crédito para la población desplazada. También anota que el IFI está en
proceso de fusión con BANCOLDEX, lo cual ha ocasionado “que no se
tenga una opción real para la población que desea desarrollar
alternativas de generación de ingresos urbanas”.

b) Igualmente, en el Anexo 5: LA POLÍTICA PUBLICA DE ATENCIÓN A
LA POBLACIÓN DESPLAZADA. DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
RELEVANTES PARA LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA CORTE, que
resume las principales falencias detectadas en el desarrollo de la Política se
indicó lo siguiente:

(...) la Red de Solidaridad Social anota que, en relación con las
“actividades de transformación del comercio y servicios del sector
urbano” el Instituto de Fomento Industrial (IFI) era la entidad
responsable del financiamiento, y que hasta el momento dicho organismo
no había establecido líneas especiales de crédito para la población
desplazada. Por esta razón no se habían otorgando crédito para proyectos
urbanos159. Adicionalmente, el IFI fue absorbido por BANCOLDEX, sin
que esta última entidad asumiera las funciones de creación e
implementación de proyectos productivos urbanos para la población
desplazada. Por estas razones, en el momento actual no existe un
proyecto o programa que esté siendo implementado, dirigido a ofrecer
facilidades para que la población desplazada urbana pueda desarrollar
proyectos productivos (resaltado fuera de texto)

4. Que no obstante lo anterior, los errores mecanográficos, a pesar de no
cambiar la decisión finalmente adoptada, deben ser corregidos para mayor
claridad.

159 Red de Solidaridad Social, Documento enviado para el presente proceso.

5. Que esta Corporación ha señalado que cuando en la trascripción del texto de
una sentencia se producen errores, es aplicable el artículo 310 del CPC a fin
de proceder a la corrección160, en cualquier tiempo.

RESUELVE:

CORREGIR el texto de la página 106 de la sentencia T-025 de 2004,
(numeral décimo de la parte resolutiva) y en consecuencia donde dice:

DECIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las
veces, FIDUIFI o quien haga sus veces, INCORA o quien haga sus veces, así
como las entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y
cuenta los siguientes criterios: (...) (resaltado fuera del texto)

Corregirse por:

DECIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las
veces, IFI o quien haga sus veces, INCORA o quien haga sus veces, así como
las entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y
cuenta los siguientes criterios: (...) (resaltado fuera del texto)

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Magistrado

JAIME CORDOBA TRIVIÑO RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Magistrado


EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL

HACE CONSTAR:

Que el H. Magistrado Rodrigo Escobar Gil, no firma la presente sentencia por
encontrarse con permiso debidamente autorizado.

160 Ver auto de corrección de la sentencia T-029 de 2002 M.P. Alejandro Martínez Caballero.


Se corrige la anotación anterior, indicando que el H. Magistrado Rodrigo
Escobar Gil, no firma el presente auto, por encontrarse con permiso
debidamente autorizado.


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