Auto 005 09

Auto 005/09

Referencia: Protección de los derechos
fundamentales de la población
afrodescendiente víctima del
desplazamiento forzado, en el marco del
estado de cosas inconstitucional declarado
en la sentencia T-025 de 2004.

Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009)

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo
Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
adoptado la presente providencia con el objeto de proteger los derechos
fundamentales de las comunidades afro colombianas afectadas por el
desplazamiento forzado interno, en el marco de la superación del estado de
cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y después de
haber convocado una sesión de información técnica el día 18 de octubre de
2007, con la participación de los voceros de las organizaciones y los líderes de
las comunidades afro descendientes desplazadas.

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE
LA PRESENTE DECISION

1. La necesidad de un enfoque diferencial que reconozca la diversidad de
los desplazados afrodescendientes

1. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la
existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de
desplazamiento forzado interno en el país, e impartió varias órdenes complejas
encaminadas a asegurar su superación y a avanzar en la garantía del goce
efectivo de los derechos de los desplazados.

2. Al resaltar las falencias de la política para proteger los derechos de la
población desplazada en la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional
señaló, entre otros factores, que no habían sido “reglamentadas las políticas
que faciliten el acceso a la oferta institucional a los grupos desplazados en
situación de mayor debilidad, tales como (…) los grupos étnicos (…).”
Igualmente destacó que “los sistemas de registro no son sensibles a la

2

identificación de necesidades específicas de los desplazados que pertenecen a
grupos bajo un mayor nivel de vulnerabilidad, tales como (…) los grupos
étnicos.”

3. En esa misma sentencia, la Corte Constitucional manifestó que, en
términos generales, las personas desplazadas por el conflicto armado, dadas
las circunstancias que rodean el desplazamiento, “quedan expuestas a un nivel
mucho mayor de vulnerabilidad1, que implica una violación grave, masiva y
sistemática de sus derechos fundamentales2 y, por lo mismo, amerita el
otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘las personas
desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los
hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’3.”

4. Más adelante, al identificar los derechos constitucionales fundamentales
específicos que resultaban vulnerados por las situaciones de desplazamiento
forzado, la Corte señaló expresamente los derechos de los miembros de los
“grupos especialmente protegidos ‘en razón de las precarias condiciones que
deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse’4”, entre los
cuales se cuentan las minorías étnicas y, en particular, la población afro
colombiana.

5. La Corte precisó que la interpretación de los derechos de los sujetos de
especial protección constitucional que forman parte de la población

1
Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte
desde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos
de los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan “(i) la
pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el
incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a
la propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social.”, así como el empobrecimiento y el deterioro
acelerado de las condiciones de vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la
vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las
repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en el tratamiento de este problema.
2
Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.
3
Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta tutela se
acumulan tres demandas. La primera corresponde a un grupo de desplazados por la violencia estaba
compuesto por 26 familias que habían ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de CORVIDE y que
iban a ser desalojados por las autoridades municipales de Medellín, sin que se les hubiera ofrecido atención
humanitaria y sin que existiera un plan de atención a la población desplazada. El segundo grupo estaba
compuesto por una familia de desplazados que solicitaba ayuda a las autoridades de Cali para tener acceso a
los beneficios de vivienda que se otorgaban a personas ubicadas en zonas de alto riesgo, pero a quienes se les
negaba dicho auxilio con el argumento de que no estaba diseñado para atender población desplazada que sólo
podían recibir ayuda de carácter temporal. El tercer grupo, también unifamiliar, interpuso la acción de tutela
contra la Red de Solidaridad, pues a pesar de haber firmado un acuerdo de reubicación voluntaria y haberse
trasladado al municipio de Guayabal, la Red no había cumplido con la ayuda acordada para adelantar
proyectos productivos y para obtener una solución de vivienda definitiva. La ayuda pactada para el proyecto
productivo fue finalmente entregada al actor por orden del juez de tutela, pero la ayuda para vivienda no se le
dio porque estaba sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.
4
Ver, por ejemplo, las sentencias T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, en donde la Corte tutela los
derechos de 14 menores de edad a quienes se les niega el cupo para estudiar en el Colegio Sol de Oriente de la
Comuna Centro Oriental de Medellín, por razones de edad, ausencia de cupos disponibles e imposibilidad de
asumir los costos generados; T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte concede el amparo
de los derechos a dos mujeres cabeza de familia desplazadas y a sus hijos, a quienes en un caso, no se le había
dado la ayuda humanitaria a la que tenían derecho, y en el otro, la ayuda humanitaria recibida resultaba
claramente insuficiente dadas las urgentes necesidades de la familia.

3

desplazada se debe realizar con arreglo a los Principios Rectores del
Desplazamiento Forzado Nos. 2, 4 y 9, relativos a la protección especial que el
Estado debe dispensar a ciertos grupos de desplazados.

6. No obstante, y sin desconocer los avances efectuados en general por
entidades gubernamentales para proteger a los desplazados, esta indicación
por parte del juez constitucional no se ha traducido, a la fecha, en acciones
integrales, concretas y especialmente diferenciadas orientadas a resolver la
situación crítica que enfrenta la población afro descendiente y que, en
términos generales, ha limitado el goce y ejercicio efectivo de todos sus
derechos individuales y colectivos.

7. Según se constató en el Auto 218 de 2006, y según lo han reconocido
posteriormente diversas autoridades gubernamentales ante la Corte
Constitucional - en particular durante la audiencia pública realizada en 18 de
octubre de 2007 ante esta Corporación -, a pesar de los avances alcanzados en
la política de atención a la población desplazada, esta no ha incorporado un
enfoque diferencial que valore debidamente las necesidades especiales de los
desplazados afrodescendientes.

2. Competencia de la Corte Constitucional para hacer el seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004.

8. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez (…)
mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el
derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”5 La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, en el marco del proceso de seguimiento
al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004,
mantiene su competencia para verificar que las autoridades adopten las
medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos
fundamentales de las personas desplazadas en el país.

9. El presupuesto fáctico de la presente decisión es el impacto
desproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos del desplazamiento
forzado interno sobre las comunidades afrocolombianas y en la protección de
sus derechos individuales y colectivos. El presupuesto jurídico de esta
providencia es el carácter de sujetos de protección constitucional reforzada
que tienen estas comunidades por mandato de la Constitución Política y de las
obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, DE DERECHOS
HUMANOS Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE
LA PROTECCIÓN PRIORITARIA QUE DEBEN RECIBIR LAS

5
Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de lo
ordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de
2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.

4

COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES Y SUS MIEMBROS
COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, EN EL MARCO DE
LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCION AL DESPLAZAMIENTO
FORZADO INTERNO

10. El punto de partida y el fundamento común de la presente providencia
es el carácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen las
comunidades afro descendientes. Esta condición de sujetos de especial
protección impone a las autoridades estatales a todo nivel, respecto de la
población afro colombiana víctima de desplazamiento forzado, especiales
deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos individuales y
colectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia. Tal
carácter de sujetos de especial protección constitucional justifica, como se
indicó en la sentencia T-025 de 2004, la adopción de medidas de
diferenciación positiva, que atiendan a sus condiciones de especial
vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por
materializar el goce efectivo de sus derechos.

11. El carácter de sujetos de especial protección constitucional tiene su
fundamento en múltiples mandatos constitucionales, así como en diversas
obligaciones del Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, que hacen parte del bloque de
constitucionalidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 constitucional,
como se precisa brevemente a continuación.

1. Mandatos constitucionales específicos.

12. El artículo 2 de la Constitución Política dispone que entre los fines
esenciales del Estado se incluyen los de “servir a la comunidad”, “garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución”, y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo”. Acto seguido dispone el mismo mandato constitucional que las
autoridades estatales han sido instituidas “para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”. Más adelante, el artículo 5º Superior ordena
que “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona”.

13. Por su parte, distintos artículos constitucionales enfatizan en el amparo
reforzado del que deben gozar no sólo las personas afrodescendientes como
individuos, sino las comunidades a las que pertenecen. Es decir, que de
acuerdo con la Constitución, hay una protección especial tanto individual,
como colectiva, en relación con los afrodescendientes.

14. Por un lado, del artículo 1° y 7° se deriva el reconocimiento y
protección de la identidad e integridad cultural y social de estas comunidades.

5

En el artículo 1° se hace énfasis en el carácter pluralista del Estado
colombiano, y en el artículo 7° se dice expresamente que “El Estado reconoce
y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” Por el otro,
en virtud de los artículos 13 y 70 Superiores se reconoce el derecho a la
igualdad y a la no discriminación de la que deben gozar las comunidades
afrodescendientes y sus miembros. Puntualmente, el artículo 13 establece que:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, y obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva, así como a adoptar “medidas en favor de grupos
discriminados o marginados”. El artículo 70, por su parte, reconoce que “la
cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, y
obliga al Estado colombiano a “reconocer la igualdad y dignidad de todas las
que conviven en el país”.

15. Ahora bien, la Constitución hace referencia explicita a las comunidades
afrodescendientes, en el artículo 55 transitorio. En dicha disposición se ordena
al Congreso, expedir “una ley que les reconozca a las comunidades negras que
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos
de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de
demarcar la misma ley (…)” y que establezca “mecanismos para la protección
de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el
fomento de su desarrollo económico y social.” Precisa este artículo, en el
parágrafo 1°, que lo dispuesto “podrá aplicarse a otras zonas del país que
presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos
estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista”.

16. En desarrollo de este mandato constitucional se expidió la Ley 70 de
1993, que contempla diferentes disposiciones en favor de las comunidades
negras, las cuales se definen como aquellas conformadas por “el conjunto de
familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia,
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de
la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad
que las distinguen de otros grupos étnicos” (art. 2, numeral 5).

17. Entre muchas otras garantías, en esta Ley se reconoce la propiedad
colectiva de las comunidades negras (arts. 3 a 18), se contemplan mecanismos
para asegurar los usos sobre la tierra y la protección de los recursos naturales
sobre las áreas a las que se refiere la Ley (arts 19 a 25), así como la protección
y participación de las comunidades negras frente a la explotación y
expropiación de recursos naturales no renovables (art. 26 a 31).

18. De igual forma, la Ley contempla diferentes mecanismos para el
desarrollo de la identidad cultural de dichas comunidades, entre otros, “el

6

derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones
etnoculturales (art. 32); la obligación del Estado de sancionar y evitar “todo
acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las
comunidades negras (…)” (art. 33); la exigencia de que se adopten “medidas
que permitan a las comunidades negras conocer sus derechos y obligaciones,
especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a la
educación y la salud, a los servicios sociales y a los derechos que surjan de la
Constitución y las Leyes” (art. 37); el derecho de disponer de “medios de
formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones
de igualdad con los demás ciudadanos”, los cuales “deberán basarse en el
entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades
concretas de las comunidades negras” (art. 38); el deber del Estado de apoyar
“mediante la destinación de los recursos necesarios, los procesos organizativos
de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar su
identidad cultural” (art. 41).

2. La protección reforzada de las comunidades afro colombianas y de
sus miembros en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

19. La Corte Constitucional en diversas decisiones ha garantizado los
derechos de los afrocolombianos. Por un lado, ha insistido en que en virtud del
derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, las diferenciaciones
fundadas en la identidad étnica o el origen racial, que generan una exclusión o
restricción en el acceso a beneficios o servicios a las personas que las
ostentan, se presumen inconstitucionales6. Por otro lado, ha insistido en que
dada la situación de histórica marginalidad y segregación que han afrontado
los afrocolombianos, éstos deben gozar de una especial protección por parte
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 superior.7
6
Por ejemplo, en la sentencia T-1095 de 2005. MP. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional
concedió la tutela a una mujer a quien se le había negado el acceso a una discoteca por motivos raciales, y
reiteró que la identidad étnica o el origen racial se entienden como “criterios sospechosos” de diferenciación.
En la sentencia T-375 de 2006. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte protegió el derecho a la igualdad
y a la educación de una aspirante a ingresar al programa de medicina de una universidad, a la que le había
sido negado el ingreso por su condición de afrodescendiente. En dicha decisión, la Corte recordó que en
virtud del Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, existe un mandato claro
de promoción del acceso a la educación de los miembros de las comunidades afrodescendientes, que no puede
ser negado ni obstaculizado, por parte de las autoridades encargadas de la ejecución de programas que
desarrollen los propósitos educativos enunciados. En igual sentido, y reiterando lo anterior, la Corte en la
sentencia T-586 de 2007. MP. Nilson Pinilla Pinilla, concedió la tutela por violación al derecho a la igualdad
y a la educación de una mujer afrocolombiana que aspiraba a ser beneficiaria de un cupo para minorías
étnicas en la Universidad del Tolima, pero que le fue negado con el argumento de que en la ciudad de Ibagué
no existían comunidades afrocolombianas. Por su parte en la sentencia T-422 de 1996, MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz, la Corte garantizó el derecho a la igualdad de un hombre afrocolombiano, y de la
comunidad negra residente en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, ante la renuencia del
Director del Servicio Educativo Distrital de Santa Marta de designar un representante de la comunidad negra
ante la Junta Distrital de Educación del Distrito de Santa Marta, de conformidad con el artículo 160 de la Ley
115 de 1995.
7
Ver, entre otras, las sentencias T-1095 de 2005. MP. Clara Inés Vargas Hernández, C-169 de 2001. MP.
Carlos Gaviria Díaz y T-422 de 1996. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta última decisión, en relación
con el tratamiento especial que se debe brindar a los afrocolombianos, la Corte expresó: “La diferenciación
positiva correspondería al reconocimiento de la situación de marginación social de la que ha sido víctima la
población negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo
económico, social y cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido persecuciones y tratamientos
injustos en el pasado que explican su postración actual, el tratamiento legal especial enderezado a crear

7

20. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido en diversas
oportunidades el carácter de grupo étnico de las comunidades afrocolombianas
y ha resaltado la importancia de tal reconocimiento para asegurar su
“adecuada inserción en la vida política y económica del país”8 Ha precisado
la Corte que la definición de los miembros de las comunidades
afrodescendientes, no puede fundarse exclusivamente en criterios tales como
el ‘color’ de la piel, o la ubicación de los miembros en un lugar específico del
territorio, sino en “(i) un elemento ‘objetivo’, a saber, la existencia de rasgos
culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les
diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento "subjetivo", esto
es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse
como miembros de la colectividad en cuestión.”9

21. En tanto grupo étnico, en la jurisprudencia constitucional se ha insistido
en que las comunidades afrocolombianas son titulares de derechos
constitucionales fundamentales a la propiedad colectiva de sus territorios
ancestrales, al uso, conservación y administración de sus recursos naturales, y
a la realización de la consulta previa en caso de medidas que les afecten
directa y específicamente.10 En este sentido la Corte ha adoptado importantes
decisiones para garantizar a las comunidades afrodescendientes sus derechos
constitucionales. Así, entre otras, en la sentencia C-461 de 200811 condicionó
la exequibilidad de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010, al “entendido de que se suspenderá la
ejecución de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos
plurianuales incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidir
directa y específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicas
afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral y completa la
consulta previa especifica exigida por el bloque de constitucionalidad, de
conformidad con las pautas trazadas para ello por la jurisprudencia
constitucional. En la sentencia C-030 de 200812 este Tribunal declaró
inconstitucional la Ley 102 de 2006 “Por la cual se expide la ley forestal”,
porque en la discusión y aprobación de la misma no se había consultado
previamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a pesar de que

nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la equidad social y consolidar la paz interna y, por lo mismo,
adquiere legitimidad constitucional.”
8
Sentencia C-169 de 2001. MP. Carlos Gaviria Díaz. En esta decisión la Corte revisó la constitucionalidad
del proyecto de ley estatutaria N° 25-S/99 y 217-C/99 “por la cual se reglamenta el artículo 176 de la
Constitución Política, en relación con la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos,
las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior”.
9
Ver, entre otras, las sentencias C-169 de 2001, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-586 de 2007. MP Nilson Pinilla
Pinilla y T-375 de 2006. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
10
Sentencia C-461 de 2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. A este respecto, en la sentencia T-549 de
2006. MP. Jaime Araujo Rentaría, puntualmente se expresó: “Por consiguiente, no cabe duda en relación
con que las comunidades negras reconocidas y protegidas especialmente por el propio Constituyente en el
artículo 176 de la Constitución Nacional, lo mismo que en la ley 70 de 1993, expedida en cumplimiento del
mandato contenido en el artículo 55 transitorio de la Carta Política, son titulares calificadas de una serie de
derechos fundamentales, derivados directamente de la obligación estatal de respetar y garantizar la
diversidad étnica y cultural de la Nación”.
11
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
MP. Rodrigo Escobar Gil.

8

sus disposiciones afectaban directamente a estas comunidades.13 En la
sentencia T-955 de 200314 la Corte tuteló los derechos fundamentales a la
diversidad e integridad étnica y cultural, a la propiedad colectiva, a la
participación y a la subsistencia de las comunidades afrocolombianas de la
Cuenca del Río Cacarica, amenazados por la indiscriminada explotación forestal
en el territorio colectivo de los accionantes. Por su parte, en la sentencia T-574
de 199615, la Corte concedió la tutela a los miembros de una comunidad
afrocolombiana, dedicada al oficio de la pesca, frente a la contaminación
generada por vertimientos de petróleo en el mar. En dicha providencia la Corte
insistió en que la explotación de los recursos naturales no puede hacerse en
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades afro
e indígenas.

3. Obligaciones internacionales a favor de las comunidades
afrodescendientes y de sus miembros

22. Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, también obligan a las autoridades a adoptar un enfoque de
prevención del desplazamiento forzado que sea lo suficientemente
diferenciado y específico como para incidir sobre las causas de fondo de este
fenómeno y su impacto desproporcionado sobre las comunidades
afrodescendientes y sus miembros.

23. En relación con las obligaciones internacionales aplicables, se
encuentran tratados generales, como i) la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que enfatiza en que toda persona tiene los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color (…) origen nacional o social” (Art. 2), y “todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación” (Art. 7); ii) el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, que entre otras disposiciones,
establece que “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el
derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo,
a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a
emplear su propio idioma. (Art. 26) 16 y iii) la Convención Americana sobre

13
A este respecto, señaló la Corte: “En este caso, no obstante el carácter general de la ley -no dirigida a
regular especialmente, en aplicación del Convenio 169 de la OIT, la situación de las comunidades indígenas
y tribales-, de su contenido material se deriva la posibilidad de una afectación específica a tales
comunidades, como quiera que sus previsiones recaen sobre un objeto -el bosque- que tiene particular
relevancia para las mismas y guarda una íntima e indisoluble relación con su modo de vida.
A partir de las anteriores consideraciones, concluye la Corte que la materia propia de la Ley 1021 de 2006 es
susceptible de afectar directa y específicamente a las comunidades indígenas y tribales y que, por
consiguiente, previamente a su expedición debió surtirse el trámite de la consulta con dichos pueblos, en los
términos del literal a) del artículo 6º del convenio 169 de la OIT.”
14
MP. Álvaro Tafur Galvis.
15
MP. Alejandro Martínez Caballero.
16 Así mismo dispone el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que “ la libertad, la justicia y
la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la

9

Derechos Humanos, que reitera la obligación de los Estados Partes de
comprometerse “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color (…), origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social” (Ar. 1.) y el derecho de toda persona, “ sin discriminación, a igual
protección de la ley” (Art. 24).

24. De igual forma, dentro instrumentos internacionales aplicables, merece
ser resaltado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales,
que hace parte del bloque de constitucionalidad. Dicho Convenio establece
una serie de garantías y derechos de los pueblos indígenas y tribales, al igual
que distintas obligaciones de los Estados para asegurarlos. Entre otras,
consagra que “la conciencia de su identidad tribal deberá considerarse un
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio; (Art.1)”; instituye la obligación de los
gobiernos de “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación
de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a
proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad”, tomando medidas que: “a) que aseguren a los miembros de
dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que
la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que
promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de
los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas (…)” (Art.
2).

25. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, las
obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en virtud del Convenio
169 de la OIT deben interpretarse en consonancia con lo dispuesto en los
artículos 6 y 7 del mismo, los cuales “enfatizan en la necesidad de que, para
la aplicación de las disposiciones del Convenio, se asegure la participación
de las comunidades, se establezcan mecanismos adecuados de consulta, se
adelanten procesos de cooperación y se respete, en todo caso, el derecho de
estos pueblos a ‘… decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso
de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural’.17

familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”, los cuales “se derivan de la dignidad inherente a la
persona humana” (Preámbulo); que los Estados Partes “se compromete a respetar y a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Art. 2) y que
“todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen
nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. (Art. 25).
17
Convenio 169, artículo 7.

10

26. Sumado a esto, el Convenio establece otros deberes de los Gobiernos
frente a las comunidades tribales, entre otros los de: (i) “consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)”;
(ii) asegurar “los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e
iniciativas de esos pueblos (…)”; (iii) brindar “protección contra la violación
de sus derechos (…) (Ar.12); (iv)“respetar la importancia especial que para
las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su
relación con las tierras o territorios” (…) (Art. 13) y que exige, entre otras
acciones, que los Gobiernos “tomen las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.”
(Art. 14); (v) adoptar “medidas especiales para garantizar a los trabajadores
pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de
contratación y condiciones de empleo” (Art. 20); (vi) poner a disposición de
los mismos medios de formación profesional que consulte a sus intereses (Art.
21 y 22); (vii) garantizar el acceso a servicios de salud adecuados (Art. 24 y
25); y (viii) asegurar el derecho a la educación (Art.. 26), en condiciones que
permitan responder a “sus necesidades particulares (…) abarcar su historia,
sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones sociales, económicas y culturales (Art. 27).

27. Adicionalmente, el Convenio 169 de la OIT consagra una serie de
disposiciones para garantizar el respeto de los territorios de los pueblos
indígenas y tribales, y establece que en caso de que estos excepcionalmente
sean trasladados se deberán, siempre que sea posible, adoptar las medidas para
que estos pueblos puedan regresar a sus tierras tradicionales “en cuanto dejen
de existir la causa que motivaron sus traslado y reubicación” y si el retorno
no es factible, “dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles,
tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los
de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus
necesidades y garantizar su desarrollo futuro (…)” (Art. 16).

28. En todo caso, las autoridades están en la obligación de desplegar las
acciones necesarias para impedir “que personas extrañas a esos pueblos
puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su
desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” (Art. 17) y
deberán prever “sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en
las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas
por personas ajenas a ellos” (Art. 18)

29. De otra parte, el Derecho Internacional Humanitario, cobija
directamente a los miembros de las comunidades afrodescendientes. De
manera general, impone una obligación internacional al Estado colombiano de

11

atender las necesidades especiales de las víctimas del conflicto. Así mismo,
los miembros de las comunidades afrodescendientes quedan cobijadas bajo
dos de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, a
saber, a) el principio de distinción –que prohíbe, entre otras, dirigir ataques
contra la población civil, la prohibición de utilizar métodos de combate o
armas de efectos indiscriminados, así y los actos destinados a sembrar terror
entre la población civil, que usualmente preceden y causan el desplazamiento,
y en otras oportunidades tienen lugar después de que el desplazamiento ha
tenido lugar-, y b) el principio de trato humanitario –que cobija a los
afrodescendientes, en tanto varias garantías fundamentales les son
directamente aplicables a la situación de riesgo que padecen en virtud del
conflicto armado interno.18

30. Por su parte, de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
de las Naciones Unidas, las cuales se basan en disposiciones pertinentes del
Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, merece resaltarse, en función de la protección de los
miembros de las comunidades afrodescendientes, el Principio 4 según el
cual: “1) Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad,
discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier otro criterio
similar”; el Principio 6° que prohíbe los desplazamientos arbitrarios
incluyendo aquéllos “a) basados en políticas de apartheid, "limpieza étnica"
o prácticas similares cuyo objeto o resultad sea la alteración de la
composición étnica, religiosa o racial de la población afectada”; y el
Principio 9, de conformidad con el cual “los Estados tienen la obligación
específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de
pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que
experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a
ella.”

31. En síntesis, conforme a los instrumentos internacionales reseñados es
claro que el Estado tiene unos compromisos y deberes especiales frente a las
comunidades afro colombianas, que lo obligan no sólo a evitar eventuales

18
Entre ellas (i) la prohibición de la discriminación en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario,
(ii) la prohibición del homicidio, (iii) la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y
degradantes -que es en sí misma una norma de ius cogens-, (iv) la prohibición de los castigos corporales y los
suplicios -norma de ius cogens como tal-, (v) la prohibición de las mutilaciones, de las experimentaciones
médicas o científicas u otras actuaciones médicas no requeridas por la persona afectada y contrarias a las
normas médicas generalmente aceptadas -la cual de por sí es una norma de ius cogens-, (vi) la prohibición de
violencia sexual, de la prostitución forzada y de los atentados contra el pudor; (vii) la prohibición de la
esclavitud y de la trata de esclavos -norma con rango propio de ius cogens-, (viii) la prohibición del trabajo
forzado no retribuido o abusivo, (ix) la prohibición de las desapariciones forzadas, (x) la prohibición de la
privación arbitraria de la libertad, (xi) la obligación de respetar las garantías judiciales esenciales y por los
principios de legalidad de los delitos y de las penas y de responsabilidad penal individual, (xii) la prohibición
de los castigos colectivos, (xiii) la prohibición absoluta de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el
curso de un conflicto armado –norma igualmente revestida del carácter autónomo de ius cogens-, y (xiv) la
prohibición de los actos de terrorismo. En términos generales, ver la sentencia C-291 de 2007 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).

12

discriminaciones, sino también a desarrollar acciones tendientes a garantizar
que éstas comunidades y los individuos que las componen puedan gozar de
todos los derechos constitucionales, individuales y colectivos, en igualdad de
condiciones.

III. CONOCIMIENTO ACTUAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE
ENFRENTA LA POBLACIÓN AFRO COLOMBIANA DESPLAZADA
Y CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO
QUE LA AFECTA

Subregistro de la dimensión de la crisis humanitaria en el caso de los
pueblos afro colombianos afectados por el desplazamiento forzado

32. Existen numerosos cuestionamientos a las cifras oficiales sobre el
desplazamiento de la población afro colombiana por el alto subregistro que se
presenta en relación con esta población. Ello obedece a varias situaciones
específicas: (i) esta población prefiere quedarse en su territorio como una
forma de resistencia al desplazamiento y al destierro; (ii) la existencia del
fenómeno del confinamiento; y (iii) la ocurrencia de desplazamientos de corta
duración y de retornos sin condiciones de seguridad. Si bien estas situaciones
favorecen ese subregistro, los sistemas de información para la población
desplazada también han fallado al incluir a los afrocolombianos como
víctimas de desplazamiento forzado,19 y por lo tanto, es muy difícil obtener un
fiel relato de la magnitud del problema y de la crisis humanitaria que enfrenta
esta población.20

33. No obstante, las cifras del Registro Único de Población Desplazada
(RUPD) de las Agencia Presidencial de Acción Social, muestran un aumento
en el número de afro colombianos desplazados cada año.21 Según estas cifras
en 2007 los afrocolombianos representaban 14% de la población desplazada,
mientras que en el 2003 apenas alcanzaban el 6% de la población desplazada
registrada.

34. De acuerdo con el RUPD entre los años 1997 y 2007 se registró el
desplazamiento forzado de 140.26622 afro colombianos. En el Censo de 2005,
4.311.757 personas de la población censada fueron reconocidas como afro
colombianas, es decir un 10% del total de población desplazada. Por su parte,
en la II Encuesta Nacional de Verificación señala que el 16.6% de la

19
Por ejemplo, hay solo una pregunta en el formulario de registro de Acción Social que tiene que ver con
etnia y simplemente pregunta si la persona pertenece a una minoría étnica – sin dar la oportunidad para
estipular cual.
20
Según los resultados del censo de 2005 efectuado por el DANE, si bien en todos los departamentos de
Colombia hay presencia de población afro colombiana, en los departamentos de San Andrés y Providencia,
Bolívar, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, esa presencia es superior y oscila entre el 21 y el 74% de la
población; y en Nariño y Sucre, entre el 16 y el 20% de la población pertenece a dichas comunidades.
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/etnias.pdf
21
Fecha de corte a 15 de diciembre de 2007.
http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20nov%2030%20de%202007.htm
22
Fecha a corte de diciembre de 2007.

13

población inscrita en el RUPD y el 17,8% de los no inscritos se reconoce
como afrocolombianos,23 lo cual muestra el mayor impacto del
desplazamiento sobre esta población.

35. Según los registro oficiales, los departamentos más afectados por el
desplazamiento de los afro colombianos durante los años 1997 a 2007 fueron
Chocó, al presentar 24.127 desplazados, seguido de Valle de Cauca con
22.119 desplazados, Nariño con 18.040, Antioquia con 14.142 y Bolívar con
11.263. Del total de afro colombianos desplazados, 29.140 personas lo
hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 111.126 lo hicieron de forma
individual.

36. Existen estudios independientes que muestran una mayor magnitud del
desplazamiento de los afrocolombianos24 por ejemplo, AFRODES hizo un
análisis de las cifras del RUPD durante el período 1997-2007, con corte a 31
de Septiembre del 2007, sobre los municipios de mayor significancia
afrocolombiana –esto es, municipios donde se encuentran los territorios
ancestrales de comunidades negras en los que se han reconocido títulos
colectivos (50), municipios donde la población afro es mayoritaria (68), y los
municipio con mayor concentración de población afrocolombiana de acuerdo
con el censo de 2005 (100) - 294.842 personas fueron expulsadas de sus
territorios colectivos, 416.566 de los municipios con población afro
mayoritaria, y 764.373 de los municipios de mayor concentración de
población afro.25.

Precariedad de la información para caracterizar a la población afro
colombiana afectada por el desplazamiento

37. El gobierno no ha aportado información atinente a la caracterización de
la población afrocolombiana desplazada. Sin embargo, organizaciones de la
sociedad civil han elaborado estudios al respecto.

38. La Corporación para el Desarrollo Social y Empresarial de los Pueblos
Afro Colombianos – ECODESARROLLO - realizó una caracterización de la
población afrocolombiana desplazada.26 Este estudio hecho para el año 2005
revela que el nivel de vida de los afrocolombianos se deterioró grandemente
después del desplazamiento.27 Antes del desplazamiento, el 60.1% tenía
vivienda propia y después del desplazamiento sólo era propietaria de su

23
Comisión de Seguimiento, Séptimo Informe de Verificación sobre el Cumplimiento de Derechos de la
Población en situación de desplazamiento, página 40
24
AFRODES, CNOA, PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS - PCN y otras. Política pública con
enfoque diferencial para la población afrocolombiana en situaciones de desplazamiento forzado o
confinamiento. Documento Marco. Julio 2008, pp.17-28
25
AFRODES. Afrocolombianos en situación de desplazamiento forzado: análisis cuantitativos y cualitativos.
Documento en elaboración. Bogotá, AFRODES, 2007.
26
La muestra se aplicó en Bogota y en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre,
Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle y Nariño en el 2005, entrevistando 17,043 personas.
27
ECODESARROLLO. Caracterización de la población afrocolombiana desplazada lineamientos de política
de atención diferenciada. 2006, Bogota, D.C.

14

vivienda el 3.5%, mientras que el 33.1% vivía en arriendo. Antes, las
“ocupaciones de hecho”, que se refieren a ocupación ilegal de predios, eran
del 2.4 %, actualmente son del 10.6%. Además, antes del desplazamiento, el
65.6% de la población afrocolombiana encuestada vivía principalmente en
casa, el 19.2% en rancho o choza, el 1.9% en apartamento. Pero después del
desplazamiento, la población que vive principalmente en ranchos o chozas, es
del 33.4%, 32.7% en casas, 10.4% en piezas, 7.5% en cambuches y el 6.1%
en apartamentos. Obviamente la calidad de la vivienda es mucho peor después
del desplazamiento. Tal como se señaló en el informe de caracterización,
“estos datos muestran un cambio profundo en la tendencia de la vivienda, lo
cual repercute indudablemente en la calidad de vida de los afro colombianos
desplazados”. La encuesta también demostró que 73.2% perdió sus bienes
(casa, tierra, animales, maquinaria), el 74.2% su trabajo, el 58.6% sufrió algún
tipo de lesión física, el 55.8% perdió a algún miembro del hogar, el 41.8% se
vio separado de la familia.

39. Antes del desplazamiento el 70.6% respondió tener trabajo, es decir
producía ingresos; el 60.1% tenía la vivienda totalmente pagada y en general
sus hijos e hijas estudiaban, lo que garantizaba una estabilidad física y
emocional de la familia. Después del desplazamiento el 74.2% perdió el
trabajo y solo el 3.5% ha pagado totalmente la vivienda, manteniéndose en el
3.2% las personas que trabajan. Usando estas cifras para medir calidad de vida
ECODESARROLLO calculó que antes del desplazamiento 65.3% de
necesidades hogareñas fueron satisfechas, mientras que después del
desplazamiento esta cifra bajo hasta el 38.8%, representando un 59% deterioro
en la calidad de vida para los afro colombianos desplazados.28

40. De acuerdo con el la II ENV 2008 realizada por la Comisión de
Seguimiento, del total de personas de 12 años o más de edad, desplazadas e
incluidas en el RUPD, un 46,4% se encontraba trabajando en la semana
anterior a la II ENV-2008, un 4,8% se declaraba como desocupada y un 48,6%
como inactiva. Entre la población afrocolombiana, los niveles de actividad son
similares, cercanos al 51%, pero una mayor proporción se define como
desocupada. Esto es válido tanto para la población registrada como para la no
registrada.

41. Según este informe de la Comisión de Seguimiento, se aprecian
diferencias según género: la proporción de mujeres ocupadas es casi la mitad
que la de los hombres, pero el desempleo no parece afectar particularmente a
las mujeres como sucedía al analizar a toda la población desplazada. Los jefes
de hogar tienen un mayor acceso al mercado laboral: 68.9% de los jefes de los
hogares desplazados inscritos en el RUPD, declararon estar ocupados la
semana anterior a la II ENV-2008 (Cuando se analiza al conjunto de la PD
registrada este porcentaje es 72,2%).

28
Ibíd., p.4.

15

42. Los porcentajes de ocupación para los cónyuges y para los otros
miembros del hogar son, por supuesto, más bajas: 45% de los cónyuges y
28,8% de lo otros miembros del hogar se encontraban ocupados entre la
población afrocolombiana RUPD. Comparado con el total de la población
RUPD los cónyuges tienen, en los hogares afrocolombianos, una mayor tasa
de ocupación (42%) y los demás miembros del hogar una menor (31.4%).

43. La inmensa mayoría de ocupados de la población desplazada
afrocolombiana inscrita en el RUPD o no inscrita, labora como trabajador
independiente (60,5%) superando la proporción encontrada en el conjunto de
hogares desplazados RUPD (55,4%). La proporción de empleados u obreros –
de empresas privadas o del gobierno – (18,5%) es muy baja, mas baja que en
el total de hogares RUPD que es 24%, en tanto que los trabajadores
domésticos tienen una alta representación, 9,9% Esta estructura ocupacional
impacta, como se verá más adelante, sobre los niveles de formalidad en el
empleo, y los ingresos laborales de los trabajadores.

44. Las diferencias de género son evidentes. Las mujeres ocupadas de la
población desplazada RUPD, son en su gran mayoría trabajadoras
independientes o empleadas domésticas, al punto que sólo algo más del 10%
se desempeña como empleada y obrera, porcentaje bastante menor al
encontrado para el total de desplazados RUPD.

45. Para la población afrocolombiana inscrita en el RUPD, se encuentra
que 26% trabaja entre 40 y 48 horas por semana, es decir, en el rango
estipulado por el Código Sustantivo del Trabajo, proporción similar a la del
total de trabajadores desplazados inscritos. Con jornadas inferiores a las 40
horas se encontraba un 32% de los desplazados ocupados, mientras cerca del
17% tenía jornadas superiores a 60 horas, cifra inferior al 20% encontrado
para la población total desplazada RUPD.

46. Existen diferencias por género: las mujeres tienden a tener jornadas
menos extensas que la legal en mayor proporción que los hombres (41% de las
mujeres trabajan menos de 40 horas por semana frente al 23% en el caso de
los hombres). Esto puede indicar la mayor precariedad del empleo femenino.
Los hombres, por su parte, realizan en un 20% de los casos, jornadas
extenuantes, superiores a las 60 horas semanales.

47. Las diferencias son marcadas entre trabajadores asalariados (obreros o
empleados particulares o del gobierno y jornaleros y peones) y los
trabajadores independientes para la población desplazada afrocolombiana
inscrita en el RUPD. La jornada legal se cumple para un 31% de los
trabajadores asalariados y sólo en un 23,6% para los independientes. La
distribución de la jornada de estos últimos ilustra las condiciones de
vulnerabilidad de los trabajadores.

16

48. El porcentaje de trabajadores desplazados afrocolombianos ocupados
que trabajan como empleados, obreros o jornaleros, con contrato laboral
escrito a término indefinido es más bajo (6%) que para la población
desplazada total (6,9%). Un 6,4% entre los afrocolombianos inscritos en el
RUPD tiene contrato escrito a término fijo, y un 8,8% entre los no inscritos,
cifras que son superiores a la de la población desplazada en general.

49. Para la población afrocolombiana inscrita en el RUPD, el porcentaje de
obreros, empleados o jornaleros que no tienen afiliación a ninguno de los tres
riesgos, salud, vejez y accidente o enfermedad profesional es de 82,4%, más
alto para las mujeres (88,3%) que para los hombres (82,4%). Estos porcentajes
son más altos que para el conjunto de la población desplazada RUPD: para
total, 80,6%, para hombres, 79,3% y 82,7% para mujeres. La situación de los
desplazados afrocolombianos, a este respecto, es, entonces más precaria que
para el total de desplazados. La situación de los ocupados como obreros y
empleados de la poblacion desplazada afrocolombiana no inscrita en el RUPD
es mejor que la inscrita, principalmente por el mayor nivel de afiliación a una
EPS.

50. Por tamaño de empresa y como consecuencia de la alta proporión de
trabajadores independientes, se encuentra que más de la mitad de los
ocupados afrocolombianos inscritos en el RUPD trabaja solo y apenas menos
de 10% trabaja en empresas de más de 10 trabajadores. La proporción de
mujeres que trabaja sola (76,7%) es muy superior a la de los hombres (41,1%),
denotando el alto grado de informalidad y aislamiento laboral, proporción que
es más elevada en el caso de las mujeres ocupadas deplazadas no inscritas en
el RUPD, como se observa en el Cuadro 55.

51. El sitio de trabajo más frecuente para la población ocupada
afrocolombiana inscrita en el RUPD marca clara diferencias de género. Para
los hombres, el sitio más frecuente es el campo, área rural, mar o río que se
presenta en 31.0% de los casos (más alto que en la población RUPD total,
27,4% de los casos). Le siguen la calle, kiosco o caseta (en el 16,1%% de los
casos, sitio de trabajo de los trabajadores ambulantes, las obras en
construcción, con 18,7%% (superior al 15,2% de la población RUPD total) y
el local de la empresa o patrono en13.6% de los casos (era de 17,3% enel
total). Las mujeres, por su parte, trabajan principalmente en viviendas
diferentes a la que habitan (43,6%), lo cual no es de extrañar dado el alto peso
del trabajo como empleado doméstico, seguida por la propia vivienda (19,7%)
(donde se desarrollan gran parte de las actividades informales, pequeños
negocios, pequeñas empresas).

52. Solamente el 11.4% de la población afrocolombiana inscrita en el
RUPD percibe un salario mínimo mensual o más y 21,8% menos de un cuarto
de salario mínimo. Este porcentaje es claramente más alto entre los hombres
(14,9%) que entre las mujeres (5,3%), mostrando la mayor vulnerabilidad de
estas últimas en el mercado laboral.

17

53. Cuando se analiza la información por posición ocupacional, se
encuentra que entre los asalariados (obreros, empleados y jornaleros) de la
población inscrita en el RUPD, el 17% alcanza o supera el salario mínimo,
mientras que entre los trabajadores independientes sólo lo logra el 6,4%. Para
la población afrocolombiana estos porcentajes sólo alcanzan 12,8% en el caso
de asalariados y del 6,5% de independientes.

54. La situación mejora levemente cuando se consideran los ingresos
totales29: el porcentaje de ocupados afrocolombianos que tiene un ingreso
mensual superior o igual al salario mínimo mensual llega hasta un 12,8%
(para el total de trabajadores desplazados inscritos en el RUPD). La
proporción de hombres que iguala o supera el salario mínimo es del 20,6%
(más elevado que para el total de desplazados hombres) y la de mujeres el
7,9%, para el mismo grupo de población desplazada

55. De los hogares inscritos en el RUPD, 96,5% se encuentra bajo la línea
de pobreza y 78,4% bajo la línea de indigencia. Para los hogares
afrocolombianos no inscritos los niveles llegan a 97,8% en pobreza y 79.9%
en indigencia. Cuando se mide por ingresos laborales, se destaca un menor
nivel de hogares en indigencia en los hogares afrocolombianos. Cuando se
consideran no solo los ingresos laborales, sino todos los ingresos del hogar, la
situación es menos crítica. Aún así, 96,1% de los hogares afrocolombianos
RUPD y 97,5% de los no inscritos están en situación de pobreza. 76% en la
población RUPD y 78,5% en la no RUPD en situación de indigencia.

Particularidades del desplazamiento, el confinamiento y la resistencia de
los pueblos afrocolombianos

56. La dimensión del desplazamiento forzado para las comunidades
afrocolombianas ha tenido una manifestación diferente que trasciende la
definición adoptada en la Ley 387 de 1997, ya que, dada la estrecha relación
que establecen las comunidades afro descendientes con sus territorios,
predominan formas de desplazamientos intraurbanos e intraveredales de corta
duración que rara vez son registrados, y es frecuente la ocurrencia de
fenómenos de resistencia y confinamiento.

57. Varios de los informes presentados a la Corte Constitucional dan cuenta
de estos fenómenos ocasionados por la persistencia de la violencia en las
zonas habitadas por la población afrocolombiana. Para citar tan solo un
ejemplo, en el informe realizado por la organización Proceso de Comunidades
Negras - PCN en el año 2007 sobre la situación del conflicto urbano en
29
Los ingresos totales incluyen además de los ingresos laborales, los siguientes. Para los asalariados,
subsidios de alimentación, transporte y familiar; alimentos, transporte o vivienda recibidos como parte de
pago por el trabajo. Y para todos los ocupados, ingresos recibidos por otros trabajos o negocios realizados
además de la actividad principal; los ingresos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, cesantías,
intereses a las cesantía, cuotas alimentarias, arriendo de propiedades y los recibidos como ayudas en dinero
por parte de personas u hogares

18

Buenaventura, se hace una relación de algunas de las características
principales de ese enfrentamiento. De acuerdo con el informe, la
desmovilización de las estructuras paramilitares que ejercían dominio en
Buenaventura comenzó en 2004, pero tal desmovilización no se llevó a cabo
íntegramente ni acabó completamente con la presencia paramilitar en la zona,
por lo que integrantes de tales grupos continúan amenazando a la población.30
Por otra parte, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
resaltó en el informe remitido a la Corte Constitucional el 13 de septiembre de
2007, que en la zona hay intensos enfrentamientos entre los grupos
paramilitares y las milicias urbanas de las FARC.31

58. Según el representante de las comunidades afro de Buenaventura, “la
mayor parte de los barrios de Buenaventura están en zonas de estero y de
ampliación portuaria. El conflicto comunitario se presenta en los barrios de
estas zonas y genera desplazamientos interbarriales que no son registrados.
Los habitantes están aterrorizados por la situación urbana, salen de los
barrios en los que van a construir el complejo portuario y pesquero. Por lo
tanto no creen que el conflicto sea exclusivamente por el control de las rutas
del narcotráfico.”32 En la zona urbana de Buenaventura, la situación en cifras
es expresada de la siguiente manera: “[e]n el 2006 fueron asesinadas 485
personas. El puerto fue la ciudad más violenta del país, con una tasa de 138
homicidios por cada cien mil habitantes. También se presentaron 38
atentados terroristas. Cerca de tres mil hombres de la Policía y la Infantería
vigilan la ciudad. (…) Las autoridades calculan que el 40% de los homicidios
se originan en vendettas entre narcotraficantes, el 25% en el conflicto
armado, 7% en venganzas personales, 6% en la delincuencia común y el 1%
en operativos de la Fuerza Pública. El 10% restante está por establecer”.33
Las víctimas son personas conocidas y próximas a los habitantes de la
comunidad. Dice el informe que “[a]hora, en la ciudad, no hay nadie que no
conozca una víctima de la guerra. En dos años, allí han asesinado 797
personas, en la misma cantidad de muertes que dejaría la caída de cuatro
Boeings con el cupo completo. (…) Ahora, al caminar por Buenaventura, el
rastro de la guerra está por ahí, en cualquier parte. Todos conocen a una
víctima, un herido, una viuda, un huérfano, un policía mutilado, un negocio
cerrado, un sufrimiento inconcluso”.34

59. En las zonas rurales de Buenaventura, la realización de fumigaciones y
la ocurrencia de masacres han generado desplazamientos hacia el interior del

30
Proceso de Comunidades Negras, PCN. La situación de los afrocolombianos: Síntesis del Informe a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, marzo 2006
31
ACNUR, AFRODES y Conferencia Nacional Afrocolombiana. Lineamiento para la construcción de una
política pública de atención diferenciadas a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento y
confinamiento, Documento Borrador, Bogotá, Julio de 2007, pp. 25-26
32
Sesión técnica del 18 de octubre de 2007. En esta misma sesión el representante de ASCOBA solicitó la
instalación de una comisión de justicia, verdad, retorno y reparación para víctimas de esta situación. Comisión
nacional de seguimiento para hacer efectivas las decisiones que se adopten, y para no repetición de estos
crímenes de lesa humanidad.
33
Proceso de Comunidades Negras - PCN, Informe sobre la situación de violencia en Buenaventura, 2007.
34
Proceso de Comunidades Negras - PCN, Informe sobre la situación de violencia en Buenaventura, 2007.

19

país. En la zona rural, el informe del Proceso de Comunidades Negras - PCN
expone que en 2006 bajó el número de ataques de grupos paramilitares, pero
aumentaron las operaciones del ejército contra las FARC y el ELN, todo lo
cual “causó restricciones del flujo de alimentos por parte de las FARC a la
población y la suspensión de toda actividad productiva, por temor de ser
víctima de aquel fuego cruzado”.35

60. Según el informe anual de la Oficina en Colombia de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2006,
“persiste la vulnerabilidad de las personas desplazadas y de muchas
comunidades en riesgo de ataques o desplazamiento, así como de las que se
encuentran bloqueadas (…) Los grupos étnicos, en particular (…) los
afrocolombianas, han padecido ejecuciones extrajudiciales y homicidios,
amenazas, detenciones arbitrarias y actos de violencia sexual atribuidos a los
grupos armados ilegales y, en ocasiones, a miembros de la Fuerza Pública.”36
Esta preocupación fue reiterada en el informe de 2007, en los siguientes
términos:

“[los] grupos étnicos, en particular la población (…) afrocolombianas,
enfrentan una situación de alta vulnerabilidad por el conflicto armado interno.
Se atribuyen a las FARC-EP, a grupos paramilitares y a paramilitares
desmovilizados, casos de homicidios en persona protegida, amenazas,
estigmatizaciones, desplazamiento forzado, toma de rehenes, reclutamiento
forzado, ataques contra la población civil, restricciones al paso de alimentos,
medicamentos, combustible y personas, y accidente y muertes a causa de
minas antipersonal. Por su parte, a la fuerza pública se han atribuido casos de
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y señalamientos contra
miembros de comunidades (…) afrodescendientes, acusándolos de ser
miembros de la guerrilla. Se registraron denuncias según las cuales la fuerza
pública impuso restricciones a la circulación de bienes y personas y ocupó
bienes civiles como casas y escuelas.”37

61. Los anteriores párrafos evidencian la gravedad de la situación que
enfrentan las comunidades afrocolombianas y las particularidades del
desplazamiento que los afecta: (i) los altísimos índices de la violencia rural y
urbana asociada a una lucha por el control territorial, (ii) la persistencia del
conflicto armado en los territorios ancestrales que habitan los
afrocolombianos; (ii) el apego de la población afrocolombiana a sus

35
“Informe situación Buenaventura. Comportamiento del conflicto en Buenaventura”, PROCESO DE
COMUNIDADES NEGRAS - PCN, 2007. En términos comparativos, las cifras que propone el informe son
las siguientes: “Realizando un análisis comparativo, se puede plantear que la tendencia de asesinatos y
masacres en los años 2004 y 2005, disminuyeron, aunque manteniéndose por encima de los cuatrocientos. En
el año de 2006, se volvió a disparar, y muestra una tabla en la cual aparece que en los años 2000 a 2006, se
presentaron en orden cronológico las siguientes cantidades de asesinatos: 559, 534, 455, 467, 428, 443 y 592,
respectivamente.
36
Informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Oficina en Colombia de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006 E/CN.4/2006/9, 20 enero de 2006, Párr.
84.
37
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, IV período de sesiones, Tema 2 del programa
provisional, A/HRC/4/48, 5 marzo de 2007, Anexo 2, Párr. 11.

20

territorios, lo cual genera una mayor resistencia a la expulsión, confinamiento,
y desplazamientos intraurbanos o de corta duración que no son registrados.

62. Según la II ENV 2008 realizada por la Comisión de Seguimiento, el
16,6% de la población desplazada se reconoce como tal, con porcentajes que
van del 16,1% para el grupo de desplazados inscritos en el RUPD al 17,8%
para los no inscritos. Comparando estas cifras con los resultados del Censo de
2005, señalarían que cerca de la mitad de la población afrocolombiana ha sido
afectada por el desplazamiento forzado interno.

63. El 84,7% de los grupos familiares afrocolombianos incluidos en el
RUPD ha sufrido un desplazamiento. 13,7% ha sufrido dos desplazamiento y
1,6% tres o más. En promedio, este grupo de población ha sufrido 1,2
desplazamientos. Comparados con con el conjunto de la poblacion desplazada
incluida en el RUPD, los grupos afrocolombianos han tenido más
desplazamientos, ya el 86,2% se ha desplazado una vez, el 12% dos veces y el
1,8% tres veces o más.

64. El periodo 2000-2002 registra los más altos niveles de expulsión de
población en general, al concentrar 44,8% del total de grupos familiares
desplazados incluidos en el RUPD (para el total dedesplazados RUPD el
porcentaje era 43,9%). Sin embargo, el período 2003-2008, registra 38.8% de
los desplazamientos para la población afrocolombiana inscrita en el RUPD y
54,8% para la no inscrita. Buena parte de estos desplazamientos, para la
población no inscrita se dieron en 2008, lo cual puede estar mostrando
problemas con el registro de la población en el RUPD

65. Entre los motivos que causaron el desplazamiento de los grupos
familiares incluidos en RUPD, sobresalen las amenazas directas como la
principal causa, llegando a abarcar el 37,2% de los desplazamientos (la cifra
es 43,7% para el total de desplazados RUPD), seguidos por los asesinatos
familiares (12,4% para afro, 11,0% para total), las masacres (11,9 para afro,
11,7% para total), los combates (11,7 para afro 10,5%) para total, los
asesinatos de vecinos o amigos (8,7% para afro, 7,4% para total), las
amenazas indirectas (8,7% para afro, 6,5% para total) y el asesinato de vecinos
y amigos (9,3% para afro, 7,4% para total) . De manera que los
afrocolombianos han sufrido en mayor proporción las causas más violentas de
desplazamiento. El patrón observado para el total de desplazados RUPD por el
cual las amenazas directas como principal motivo de desplazamiento durante
todo el periodo analizado, aumentan su incidencia en los últimos años, se
mantiene para la población afrocolombiana y llega a ser la causa principal en
42,8% de los casos en el período2005 en adelante. Entre la población
afrocolombiana desplazada no inscrita enel RUPD sobre sale el peso de los
Combates, como causa de desplazamiento.

66. A la pregunta ¿a quién atribuye su primer desplazamiento?, el 39% de
los grupos familiares desplazados de afrocolombianos incluidos en el RUPD

21

señalaron a los grupos paramilitares (el porcentaje para la población
desplazada RUPD Total fue 32,6%; el 18,9% a la guerrilla de las FARC
(24,8%, para el total RUPD); el 14,6% a un grupo guerrillero no identificado
(similar al total RUPD), 11,8% no saben y el 12% a la acción de más de un
actor. De manera que los grupos familiares desplazados de afrocolombianos
identifican en mayor proporción a los grupos paramilitares como presuntos
autores del desplazamiento. Hasta 2004, estos grupos eran responsables
presuntos de más del 40% del desplazamiento de afrocolombianos, tanto en
los hogares que hoy están inscritos en el RUPD como en los que no están
inscritos. De 2005 en adelante, continúan siendo el principal actor, pero su
importancia baja, al tiempo que aumenta la de la guerrilla de las FARC, que se
convierte en el presunto causante principal entre los grupos familiares no
inscritos en el RUPD.

IV. FACTORES TRANSVERSALES QUE INCIDEN EN EL
DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA: LA
EXCLUSIÓN ESTRUCTURAL, LAS PRESIONES GENERADAS POR
PROCESOS MINEROS Y AGRICOLAS Y LA DEFICIENTE
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS
DE LOS AFROCOLOMBIANOS

67. En la documentación remitida a la Corte Constitucional por las distintas
organizaciones que participaron en la sesión del 18 de octubre de 2007, se
resaltan tres factores transversales que contribuyen a que la población
afrodescendiente sea una de las más afectadas por el fenómeno del
desplazamiento forzado. Estos factores son (i) una exclusión estructural de la
población afrocolombiana que la coloca en situación de mayor marginación y
vulnerabilidad; (ii) la existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas
regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios ancestrales y que
ha favorecido su despojo;38 y (iii) la deficiente protección jurídica e
institucional de los territorios colectivos de los afro colombianos, lo cual ha
estimulado la presencia de actores armados que amenazan a la población
afrodescendiente para abandonar sus territorios.

68. El primer factor transversal se observa en los mayores niveles de
pobreza e inequidad en los departamentos y municipios con alta población
afrocolombiana. De conformidad con el Censo General 2005 la población
afrocolombiana es uno de los sectores sociales con mayor vulnerabilidad en el
país: el 80% con necesidades básicas insatisfechas, el 60% en situación de
pobreza crítica y la esperanza de vida es solo de 55 años.

38
Ver entre otros, AFRODES, CNOA y otros. Insumos para Política Pública de prevención y atención al
desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana; Planeta Paz (2004) Ponencia
“Economías extractivas, Inequidad y exclusión”. En foro sobre el Pacifico, Cali. Citado en PCN, 2007;
ACNUR, AFRODES y Conferencia Nacional Afrocolombiana. Lineamientos para la construcción de una
política pública de atención diferenciadas a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento y
confinamiento, Documento Borrador, Bogotá, Julio de 2007, pp. 25-26

22

69. El documento CONPES 3310 de 2004 sobre acción afirmativa para la
población afrocolombiana mostró que el 79 % de los municipios con una
población de alta porcentaje afrocolombiana sufren los más bajos niveles de
desarrollo:

De acuerdo a los resultados de la ECV [Encuesta de Calidad de Vida] el total de
la población afrocolombiana es de 3.448.389 que representa el 8% del total de
población del país. Está concentrada principalmente en la región Pacífica con un
41%, seguido por el Valle con el 28%, Atlántica con un 22%, y 1% en San
Andrés y Providencia. Con respecto a la participación de la población
afrocolombiana de cada región, en San Andrés representa el 47%, Pacífica 40%,
Valle 22% y Atlántica 8% (…).72% de la población afrocolombiana se
encuentra en los niveles 1 y 2 del SISBEN en contraste con el 54% en el resto
del país (…).

En materia de educación, la población afrocolombiana se encuentra en situación
de desventaja en secundaria debido a que la cobertura para afro colombianos es
de 62%, frente al 75% para el resto. A su vez, solamente el 14% de los afro
colombianos ingresan a la educación superior, porcentaje inferior al de la
población no afro (26%). Comparado a escala regional, la menor tasa de
cobertura en secundaria y en superior la presenta la región Pacífica (…).

En materia de Salud la situación para la población afro es más crítica que la del
resto de población, presentando mayores porcentajes de población no asegurada
(51% afrocolombiana versus 35% resto), y menor población afiliada al régimen
subsidiado y contributivo con un 21% y un 25% para la población
afrocolombiana, respectivamente, frente a un 23% y 36% del resto de la
población (…), sin embargo, la focalización de los subsidios ha favorecido a la
población afro dado que la población afro afiliada a los niveles 1 y 2 de SISBEN
asciende a 10.9%, siendo superior a la población no afro que corresponde al
8.2%.

En lo que corresponde a vivienda propia se evidencia que los afro colombianos
tienen tasas de vivienda propia mayores que los no afro, 62% y de 55%,
respectivamente. Sin embargo, al estudiar las características de las viviendas
propias de los afro colombianos, se encontró que éstas tienen materiales de
paredes y pisos más precarios y están ubicadas en estratos más bajos.

(…)

Los 68 municipios con población mayoritariamente afrocolombiana de acuerdo
con el DANE, cuentan con un total de 1.957.077 personas lo cual representa el
4.3% de la población total del país. Así mismo, cuentan con un alto porcentaje
de ruralidad; mientras en el total nacional la población rural representa el 28%,
en estos municipios alcanza el 52%. En el sector educación, en términos
comparativos, por cada 10 mil habitantes existen en el país 1.749 niños
matriculados, mientras que en los municipios con población negra o
afrocolombiana dicha cifra alcanza los 2.465 niños matriculados.

(…)

En el sector agua potable y saneamiento básico los resultados en coberturas
urbanas de acueducto y alcantarillado señalan un mínimo avance en el
mejoramiento de las mismas. En el comparativo con el promedio nacional se

23

observa un importante rezago de los municipios con población negra o
afrocolombiana que presentan diferencias en materia de cobertura en el año 2001
de aproximadamente el 22% y el 35% en acueducto y alcantarillado
respectivamente.

(…)

El índice de desarrollo municipal, establece que el indicador de desarrollo
promedio de los 67 municipios con población negra o afrocolombiana para 2002
se situó en 30.6, el cual es inferior al promedio nacional en 7.5 puntos. A su vez,
los promedios de los indicadores sociales y financieros de estos 67 municipios
son inferiores al promedio del país, evidenciando mayor pobreza y necesidades
sociales. El porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas en las
cabeceras de estos 67 municipios, es superior en 19 puntos porcentuales al
promedio de los 1098 municipios del país, el cual se ubica en 40%. A su vez, las
coberturas en los servicios básicos domiciliarios son menores a las coberturas
nacionales y el recaudo tributario por habitante es en promedio la mitad del
recaudo por habitante nacional. Estas cifras reflejan las menores condiciones
sociales y económicas de estos municipios de población negra.

El menor indicador de desarrollo representa altos niveles de población con
necesidades básicas insatisfechas, bajas coberturas en servicios públicos
domiciliarios, tasas de analfabetismos superiores al promedio nacional, bajos
niveles de tributación por habitante y alta dependencia financiera de las
transferencias, entre otros aspectos. Sin embargo, existen diferencias de
desarrollo, según el grupo del cual se esté hablando. En efecto, el 79% de los
municipios con población negra o afrocolombiana están en los grupos de
desarrollo más bajo, es decir niveles 1, 2 y 3. Para estos municipios, el indicador
promedio de desarrollo oscila entre 22 y 34 puntos, el cual es muy inferior al de
otros municipios que tienen mejores condiciones sociales y financieras, tales
como Tauramena (Casanare), Castilla la Nueva (Meta), Sabaneta, Envigado
(Antioquia), Tocancipá (Cundinamarca), Yumbo (Valle), Aguazul (Casanare) y
otras 20 ciudades grandes, cuyos indicadores se encuentran entre 60 y 70 puntos.

A su vez, para los municipios con población negra o afrocolombiana de los
grupos 1, 2 y 3, el porcentaje de población promedio en NBI para las cabeceras
varía entre 85 y 47%, mientras que para el resto de grupos de municipios, el
porcentaje de población pobre por NBI oscila entre el 38 y 30%. Ello significa
que a medida que se acerca al nivel de desarrollo más alto existe menos
población con necesidades básicas insatisfechas.

Para el caso rural, la pobreza medida por el NBI es más alta para todos los
municipios con población negra o afrocolombiana, pero más crítica en los
municipios ubicados en los grupos 1, 2 y 3, que son la mayoría. En conclusión,
las cifras evidencian que la población afrocolombiana de 15. Para este caso, se
tomó la información correspondiente a 67 municipios (sin contar Belén de
Bajirá), agrupados según el indicador de desarrollo. Cabe precisar que ninguno
de estos 67 municipios se encuentra en los grupos siete u ocho 29 las zonas
rurales es mucho más pobre que la que habita en las zonas urbanas, con
promedios de NBI inferiores al promedio nacional, el cual, como se mencionó
anteriormente, es alrededor del 40%.

En relación con el problema de hacinamiento, los datos confirman que para los
grupos 1, 2, y 3, de los municipios con población negra o afrocolombiana
habitan en un cuarto dos personas, mientras que para los demás municipios el

24

promedio está por debajo de 2. Estos valores están cercanos al promedio
nacional.

De otro lado, el promedio de analfabetismo en los municipios de población
negra alcanza el 23.4%, es decir, 7 puntos por encima del promedio nacional. A
su vez, para los grupos 1 a 3 de población afrocolombiana, la tasa de
analfabetismo se encuentra entre 33% 20%, muy superior al de los municipios
de categorías de mayor desarrollo (11%).

En cuanto a las finanzas públicas locales, la inversión municipal por persona en
los municipios del grupo 1 es $117 mil, es decir, entre 1.3 y 1.6 veces más alta
que la inversión por habitante del resto de municipios de población negra o
afrocolombiana. Sin embargo, para el agregado de los 57 municipios, el recaudo
por habitante es apenas la mitad del recaudo nacional, lo cual refleja menores
condiciones económicas y financieras de estos municipios. ║ Tanto los
municipios de población negra o afrocolombiana del grupo 1 como los de los
grupos 2 y 3 evidencian mayor dependencia de las transferencias nacionales, lo
cual se expresa en que en promedio por cada $100 que perciben en total estos
municipios, entre $85 y $67 son recursos del Sistema General de
Participaciones, de manera que la importancia de las rentas propias para
financiar el desarrollo es mínima y en la mayoría de los casos inferior al
promedio nacional (67%). En efecto, la tributación municipal por habitante de
los municipios del grupo 1 es casi $14500, es decir, apenas una sexta parte de la
tributación de los municipios del grupo 6 y apenas el 40% del promedio
39
nacional.

70. En relación con el segundo factor transversal, en el documento enviado
a la Corte Constitucional por CODHES, AFRODES y otras organizaciones de
población afrocolombiana, así como en las intervenciones realizadas por
varios representantes de las comunidades afro que participaron en la sesión
técnica del 18 de octubre de 2007,40 se resalta como uno de los factores que ha
contribuido a aumentar la violencia contra el pueblo afro colombiano en su
territorio, las presiones legales e ilegales para promover patrones de desarrollo
impulsados por la visión de productividad que caracteriza en las regiones
correspondientes al modelo económico mayoritario y desconoce modelos de
producción propios de las comunidades afrocolombianas, que favorecen el
autoabastecimiento y promueven la protección de la diversidad cultural y
biológica de sus territorios.41

39
CONPES 3310. Política de Acción Afirmativa Para la Población Negra o Afrocolombiana. Bogota,
CONPES, 2004.
40
Así lo sostuvieron por ejemplo los representantes legales del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó, de
ASCOBA y de COCOMACIA durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007.
41
CODHES, CNOA, AFRODES, ASOMUJER, TRABAJO PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS -
PCN, CIMARRON y COOPDICON. “Insumos para Política Pública de prevención y atención al
desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008 dice: “Las causas
del destierro de los afrocolombianos son mucho más profundas que el conflicto armado y el conflicto por los
recursos; las raíces del desplazamiento están basadas en las políticas de desarrollo del Estado, la
globalización y el desconocimiento y desaparición de las visiones alternativas de desarrollo que existen en el
país.[Por ejemplo] bajo la nueva Ley de Desarrollo Rural estas costumbres no son vistas como legítimas
porque no son productivas. La Ley de Desarrollo Rural da derechos iguales a los proyectos de desarrollo
como a los derechos territoriales de los afrocolombianos e indígenas – por lo tanto facilitando el ingreso de
megaproyectos como el cultivo de palma africana -, creando como consecuencia desplazamiento y otras
violaciones de los derechos de estas comunidades.”

25

71. Como consecuencia de ello, según los intervinientes ha aumentado la
presencia de megaproyectos agrícolas (monocultivos) o de explotación minera
en zonas históricamente habitadas por la población afrocolombiana y sobre
territorios ancestrales. Esta situación ha favorecido la venta de predios
ubicados en zonas que aún no han sido objeto de titulación colectiva y con
ello, el surgimiento de las amenazas por la presencia de actores armados que
intimidan a la población afro con el fin de que abandonen sus territorios,42 lo
cual ha dado lugar a la dinámica de desplazamiento, confinamiento y
resistencia que enfrenta la población afro colombiana.43 A esta presión, se
suma la ejercida por la economía del narcotráfico, que tiene una estrecha
relación con las actividades y enfrentamientos entre grupos armados ilegales
lo que ha provocado una dinámica en los territorios afrocolombianos a través
de la cual se generan desplazamientos y confinamientos, particularmente en el
Pacífico colombiano.44

42
En el documento “Plan de Acción en el marco de la situación de Crisis por la que atraviesan,” elaborado
por COCOMACIA y remitido a la Corte Constitucional con ocasión de la sesión técnica sobre desplazamiento
de la población afrocolombiana dice lo siguiente: “Las comunidades Afrocolombianas en el Medio Atrato
“En los últimos años, los municipios de esta región han sufrido intensamente los efectos del escalonamiento y
la degradación del conflicto armado. Los grupos armados ilegales que operan en la región se han enfrentado
por el control del territorio y por supuesto del río Atrato, importante vía de comunicación entre el Chocó y
Antioquia, por donde se moviliza la población y se transportan los productos. Por su localización estratégica,
el río facilita además el tráfico de armas y de drogas para financiar la guerra. ║ A la situación generada por
la agudización del conflicto en el Medio Atrato en los últimos años, se suman antiguos problemas
estructurales relacionados con la ausencia del Estado que se hace evidente en la falta de servicios públicos,
atención en salud, educación, vivienda y transporte para la población. La falta de respaldo a las
comunidades que resisten en su territorio, así como a aquellas que retornan o intentan estabilizarse en la
zona, la falta de apoyo en todos estos procesos, tanto en lo político, como en el control de los grupos
armados ilegales por parte de la fuerza pública, ha permitido que se vulneren los derechos de las
comunidades. ║ Una de las consecuencias del recrudecimiento y la degradación del conflicto armado desde
1997, ha sido el desplazamiento forzado de muchas comunidades del Medio Atrato, entre las que se
encuentran: Las Mercedes, las comunidades del río Munguidó, las ocho comunidades de Neguá en el
Municipio de Quibdó, Mesopotamia, la Isla de los Palacios, Pueblo Nuevo, San Martín, la comunidad de
Carrillo y las comunidades del río Bojayá, en el Municipio de Bojayá y las comunidades del río Buey y las
comunidades de Bebará en el Municipio del Medio Atrato. ║ La presencia guerrillera y paramilitar en las
zonas, y comunidades ha generado el señalamiento de sus habitantes como colaboradores o simpatizantes de
alguno de los grupos armados, razón por lo cual en los últimos años, muchas personas han sido asesinadas u
obligadas a desplazarse, por el sólo hecho de proceder del lugar donde predomina alguno de éstos grupos.”
43
Según el análisis de las cifras del Sistema de Información de Población Desplazada de la Subdirección de
Acción Social realizado por AFRODES, el fenómeno del desplazamiento que afecta a la población afro se da
principalmente en los territorios de titulación colectiva.
44
A la presión del narcotráfico se suman los graves efectos que tienen las fumigaciones sobre los territorios
de las comunidades afrocolombianas. En Satinga, Nariño, por ejemplo los Consejos Comunitarios han
advertido repetitivamente sobre el impacto de las fumigaciones en La Tola, Iscuandé Mosquera y Satinga
sobre los cultivos de pancoger, pero dicen no haber recibido ayuda del Estado para enfrentar los problemas
alimenticios que están sufriendo. Otro ejemplo claro del grave impacto de las fumigaciones es en El Charco.
El desplazamiento masivo en El Charco en marzo 2007 es de 1.730 familias (más de 8.500 personas). Estas se
desplazaron ante la avanzada del Batallón de la Infantería de Marina No. 10 con el objetivo de recuperar los
territorios que habían sido tomados por el Frente 29 de las FARC. Antes del desplazamiento hubo tres
fumigaciones en la región, destruyendo todos los cultivos de las comunidades y causando aun más
desplazamiento por la falta de comida. Además, esto agravó la situación para la gente que decidió quedarse en
su territorio en resistencia, porque sus cultivos fueron destruidos y no recibieron ayuda de emergencia del
Estado, y los diferentes grupos armados no permitieron subir comida de otras organizaciones a estas
comunidades. También, hubo otras fumigaciones después del desplazamiento y cuando la gente regresó a su
territorio no tenía comida para sostenerse. Además, algunas personas fueron hospitalizadas por las
fumigaciones. OCHA y Consejo Noruego para Refugiados. Situación de la Población Afrocolombiana
Desplazada del Litoral Pacífico. El Caso del Municipio de El Charco- Nariño

26

72. En Tumaco, por ejemplo, grupos locales de derechos humanos
informaron sobre la presencia de largo tiempo de grupos de seguridad privada
que han sido usados para presionar a la gente a vender o salir de su tierra para
favorecer la expansión de la industria de la palma aceitera. Durante la sesión
técnica del 18 de octubre de 2007, un líder afrocolombiano de la región
manifestó lo siguiente: “Los grupos armados al margen de la ley amenazan a
la gente, dándoles solamente tres días para salir de su territorio – es una
apropiación a la fuerza, aun si les pagan, todavía es desplazamiento porque
no les dan opción.”45 Los miembros de la comunidad que no venden su
territorio han sido objeto de amenazas constantes y se les ha negado su
acceso al río o a la calle. Muchas veces estas personas no habían sido
reconocidas como desplazados por Acción Social porque vendieron su tierra
– aunque lo hicieron, según afirman, contra su voluntad y a precios muy
bajos. “Entre 1992 y 2004 cinco líderes afrocolombianos que estaban
luchando por los derechos territoriales fueron asesinados y muchos otros
fueron desplazados. El martes 24 de Junio de 2008 Felipe Landazury, el
Secretario del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera, fue asesinado
por los paramilitares. Esta comunidad se ha opuesto al cultivo de coca y
palma africana en su territorio.”46

73. Según el documento presentado por AFRODES y otras organizaciones
de población afrocolombiana el INCODER reconoció que “en la actualidad
varias empresas palmeras están trabajando ilegalmente en el territorio titulado
de los afrocolombianos en Tumaco: (i) Palmeiras S.A. y Palmas Oleaginosas
Salamanca estuvieron trabajando ilegalmente en entre 800 y 1.500 hectáreas
del territorio titulado al Consejo Comunitario de Alta Mira y Frontera; (iii)
Palmas Oleaginosas Salamanca y Palmas de Tumaco han expandido sus
plantaciones de palma sin consulta en la tierra colectiva del Consejo
Comunitario del Bajo Mira y Frontera; (iii) Astorga esta trabajando sin
permiso en el territorio colectivo del Consejo Comunitario del Río Rosario.”47
A pesar de esto, no se han adoptado medidas efectivas para la restitución de
los territorios colectivos.

74. En el mismo informe se señala que en Guapi, Cauca, “se presenta otro
ejemplo de clara violación de la Ley 70 de 1993 que prohíbe a personas que
no forman parte de la comunidad afrocolombiana adquirir tierra que esté
titulada y que establece que las tierras de los grupos étnicos son inalienables,
imprescriptibles e inembargables. La empresa privada Salamanca está
llevando a cabo un proyecto de palma en el Consejo Comunitario de Bajo
Guapi. Según se denunció en la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, los
miembros de la Junta Directiva del Consejo fueron corrompidos y por lo tanto

45
Sesión técnica del 18 de octubre de 2007, Intervención del Representante de la Mesa Municipal de
Población Desplazada de Tumaco.
46
CODHES, CNOA, AFRODES, ASOMUJER, Proceso de Comunidades Negras - PCN, CIMARRON y
COOPDICON. “Insumos para Política Pública de prevención y atención al desplazamiento forzado y
confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 23
47
CODHES, CNOA, AFRODES y otros, “Insumos para Política Pública de prevención y atención al
desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, páginas 23-24

27

firmaron el acuerdo con la empresa para hacer un proyecto de palma de
modelo de alianza estratégica sin haber hecho una consulta previa real con la
comunidad. Este acuerdo permite cultivar palma africana en 15,000 hectáreas
del territorio del Consejo y el contrato da el usufructo de esta tierra a la
empresa por un tiempo de hasta 30 años.” 48

75. En el Informe de la Procuraduría, se señala que el representante del
Consejo Mayor de la Cuenca de Cacarica firmó con una empresa privada dos
contratos de alianza estratégica por 50 años para la siembra de frutas y
hortalizas sobre territorios colectivos, que no fueron consultados con la
comunidad.49

76. Según AFRODES, la expansión de la actividad de las empresas mineras
también han causado desplazamiento entre los afrocolombianos e impactado
negativamente la forma de vida de los mineros artesanales. “La Sociedad
Khedada esta abriendo una mina de oro en el Sur de Bolívar en los
Municipios de Santa Rosa del Sur y Simití sin haber hecho una consulta
previa con estas comunidades. La gente que se opone a éste proyecto ha sido
amenazada y se ha denunciado que las Águilas Negras tienen alta presencia
en el área y que la seguridad para las comunidades es muy precaria, y
podrían llegar a haber masacres y desplazamientos masivos.” 50

77. En el Informe de AFRODES sobre la situación de Buenaventura,
presentado el 18 de octubre de 2007 ante la Corte Constitucional, el gobierno
municipal sin consultar a la comunidad afrocolombiana “está planificando la
implementación de varios megaproyectos que tendrán un fuerte impacto en
las comunidades de afro de esta ciudad, causando aún mas desarraigo. Las
zonas que han sido designadas para megaproyectos son actualmente las más
conflictivas, por ejemplo, los barrios de bajamar Viento Libre, Lleras y
Alfonso López han sido designados para la creación de un malecón
turístico.51 La Pastoral Afrocolombiana afirmó que “el objetivo de la violencia
es sacar a la gente de su tierra, y por lo tanto, crear un espacio para los
megaproyectos. La gente que vive en Bajamar lleva alrededor de 300 años
allá, pero a pesar de esto el gobierno no la ha consultado sobre los planes
que tiene para demoler las casas para crear el malecón turístico. La gente
teme que se les traslade, lo que va a cambiar su vida completamente, porque
viven del mar, son pescadores artesanales. Además en este momento sus casas
son grandes, para acomodar las familias numerosas que tienen y temen de
que este no sea el caso si los trasladan.”52

48
Ibídem
49
Informe de la PGN “sobre la atención diferenciada a que tienen derecho las comunidades afro desplazadas”,
p. 4
50
desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 25
51
AFRODES, Informe “Situación Buenaventura. Comportamiento del conflicto en Buenaventura”, 18 de
octubre de 2007
52
Informe para la Corte Constitucional, agosto de 2007

28

78. Según la intervención del representante de ASCOBA durante la sesión
técnica del 18 de octubre de 2007, en la zona del Bajo Atrato (Carmen del
Darién, Belén de Bajirá y Riosucio) “hay más de 5200 personas desplazadas,
más de 1500 familias, en total condición de abandono por las entidades
estatales competentes. Los desplazamientos se presentan desde el año 1996
por incursiones de las AUC y presencia de las FARC. En 1996, se
desplazaron más de 15000 personas a Pajarando, Turbo - Urabá Antioqueño
y a otras ciudades. Se hizo una concertación con el Estado en el año 2000
como resultado de la cual se llevó a cabo un proceso de retorno coordinado
por Comunidades de Paz. Sin embargo, al regresar las comunidades
encontraron sus poblados destruidos, y sus territorios ocupados por
poseedores de mala fe y sembrados de palma. A raíz de esa situación ha sido
asesinados 25 líderes de comunidades afrocolombianas. A pesar de tratarse
de comunidades desplazadas hace más de 13 años, todavía no hay una
estrategia de retorno o reubicación que les permita reactivar su vida
económica, social y cultural. Pareciera que la política para la zona es no
permitir el retorno, para evitar que ejerzan autonomía y control territorial a
través de los consejos comunitarios, para implementar macabramente
proyecto de palma aceitera.”

79. En cuanto al tercer factor, a pesar de que los territorios étnicos tienen el
carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables, estas garantías
constitucionales no han sido aplicadas adecuadamente para impedir las
violaciones de los derechos de las comunidades afrocolombianas, lo cual ha
facilitado las ventas ilegales y el despojo de territorios colectivos y la
expulsión de territorios ancestrales que están en proceso de titulación
colectiva. Tampoco se han implementado instrumentos específicos
encaminados a la efectiva restitución material y a garantizar el goce efectivo
de los derechos territoriales de esos grupos vulnerables, ni se han destinado
recursos suficientes para el saneamiento y delimitación de esos territorios.

80. En general, las comunidades afro colombianas que participaron en la
sesión técnica del 18 de octubre de 2007, señalaron de manera reiterada que (i)
la formulación de políticas y la intervención institucional a favor de los
afrocolombianos hasta ahora no han tenido en cuenta sus particularidades
culturales y por el contrario han contribuido a procesos de negación y pérdida
de la identidad cultural; (ii) no existe voluntad política del Estado y sus
instituciones para el respeto de los derechos adquiridos de las comunidades
afrocolombianas; (iii) hay una ausencia de mecanismos que sirvan real y
efectivamente para la protección de sus derechos colectivos; y (iv) las
comunidades afro colombianas hasta ahora han sido excluidas y/o sub
representadas en los procesos de toma de decisiones, ocasionando la violación
sistemática de su derecho a participar.

81. En el Informe de ACNUR de 2007, se señaló lo siguiente en relación
con esta problemática:

29

(…) se han generado procesos de desterritorialización simultáneos a la
consolidación del marco normativo y de la política pública de reconocimiento
de sus derechos colectivos: “Lo que al principio parecía un verdadero avance
en la legislación, con beneficios tangibles para las comunidades negras en el
Pacífico colombiano, ahora corre el riesgo de volverse una verdadera
pesadilla. Pues justamente en el momento en que ellas reciben el
reconocimiento legal de ser las dueñas ancestrales de las tierras del Pacífico
(anteriormente consideradas como baldías por el Estado colombiano) se han
visto sujetas a procesos de desterritorialización al ser desplazadas
violentamente de sus tierras por los diferentes actores armados(…)”

Según el Plan Integral, se está dando “un nuevo reordenamiento territorial
similar al de los años cincuenta, por la vía del hecho mediante la
instrumentalización —vía armada— y el uso de la fuerza, como estrategia de
mediación del conflicto social por parte de todos los actores vinculados al
conflicto […] y que tiene su principal causa en la disputa por el territorio, por
su ubicación en sitios de importancia geoestratégica”.(…)
.
De acuerdo con el censo nacional 2005 (DANE), entre 1996 y 2005 han sido
tituladas colectivamente 4.717.269 hectáreas, correspondientes a 132
territorios colectivos de comunidades negras (4.13% de las tierras del país). El
INCODER reconoce para el mismo período un total de 4.950.080 hectáreas
distribuidas en 6 departamentos (Antioquia, Chocó, Risaralda, Cauca, Nariño
y Valle del Cauca).

82. Varios de los intervinientes en la sesión técnica del 18 de octubre de
2007 relataron los conflictos surgidos por la precaria protección jurídica de
sus territorios y por la falta de reconocimiento de sus autoridades
comunitarias.

83. Por ejemplo, los delegados del Consejo Comunitario de María la
Baja, que aducen no haber sido reconocidos por la administración local,
informaron que la falta de titulación de su territorio ancestral ha facilitado el
ingreso de las empresas palmeras que han comprado lotes y ejerciendo
presiones para favorecer ventas individuales. “Ahora mucho del territorio
ancestral afro colombiano pertenece a las grandes empresas palmeras, y los
afro colombianos hemos sido convertidos en trabajadores en lo que era
nuestra propia tierra. La gente que ha luchado por nuestros derechos ha
sufrido amenazas y han sido asesinados.”53 AFRODES señaló que esta
misma situación la viven los afro colombianos del departamento de Córdoba,
donde la falta de titulación ha facilitado el ingreso de megaproyectos de palma
africana y ha resultado en el debilitamiento de las estructuras organizativas de
la población afro colombiana en esa región. 54

84. Otro ejemplo de esta problemática se presenta en el Cerro de la Teta en
el norte del Valle del Cauca, donde, según el informe de AFRODES, a pesar
de contar con el primer Consejo Comunitario fundado en el país, no han
podido lograr la titulación colectiva de su territorio. Esta situación ha
53
desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, páginas 29-30
54
Ibídem

30

facilitado el ingreso de empresas mineras que están interesadas en la riqueza
abundante del área. Aunque el Consejo Comunitario sigue funcionando, ha
encontrado muchas dificultades por la falta de organización y el hecho de que
la pertenencia de la tierra es individual y dispersa y por lo tanto es más difícil
llegar a acuerdos comunitarios.55

85. En Buenaventura también hay comunidades afrocolombianas que no
han tenido su territorio ancestral titulado. Según AFRODES, en Juanchaco,
Ladrilleros, Puerto España y Miramar y parte de San Juan, la falta de
titulación de los territorios ancestrales de estas comunidades ha facilitado la
entrada de colonos quienes asumen el poder del territorio.56 También, los
miembros de estas comunidades dicen que se sienten mucho más vulnerables
por la falta de derecho judicial que tienen sobre su territorio.57

86. La situación es la misma para muchas comunidades en el Magdalena
Medio donde la comunidad afro formó palenques, pero estos no han sido
reconocidos por el Gobierno, según lo afirmó AFRODES.58 Este es el caso de
asentamientos de comunidades negras en Arenal, Simití, Altos de Rosario, en
el Sur de Bolívar; La India en Cimitarra-Santander, Caño Bodegas en Yondó -
Antioquia, Costilla y Tamalameque en el Sur del Cesar.59

87. Según este informe, la situación de los afro colombianos en estos
lugares es aún más precaria porque tienen muy poco conocimiento de sus
derechos – tanto por ser afro colombianos, como por ser desplazados. Este
desconocimiento hace que sean más susceptibles a las presiones y ofertas que
realizan empresas para la compra de predios en su territorio y les impide
participar en los escenarios de toma de decisiones, lo cual ha llevado a que no
los tengan en cuenta en los planes de desarrollo y los presupuestos
municipales.60

88. La falta de controles estatales adecuados para impedir la pérdida de los
territorios colectivos también ha generado la proliferación de colonos atraídos
por la expansión de cultivos lícitos e ilícitos. Los Consejos Comunitarios en
Buenaventura que participaron en la elaboración del Informe presentado por
AFRODES a la Corte Constitucional, afirman que “un problema grande para
55
Ibídem
56
AFRODES y Conferencia Nacional Afrocolombiana. Política Pública con enfoque diferencial para la
población afrocolombiana en situaciones de desplazamiento forzado o confinamiento (Informe Buenaventura
- Valle del Cauca, Septiembre - Noviembre de 2006 )
57
Ibídem
58
59
Según la información presentada por las distintas organizaciones de población afrocolombiana que
participaron en la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, los afro colombianos del Magdalena Medio
continúan viviendo al lado de los ríos Magdalena, Sogamoso, Río Morales, Opón Charrare y muchos otros
afluentes y ciénagas que forman parte del complejo de humedales del Magdalena Medio. Han solicitado al
Estado la titulación de dichos humedales para proteger su forma de vida. Son pescadores artesanales, pero su
economía ha sido fuertemente impactada por los megaproyectos de palma africana, minería y ganadería que
usan agroquímicos y contaminan el agua.
60

31

sus comunidades es la “colonización” de su tierra y por lo tanto una cierta
perdida de control sobre ella. En esta zona, los colonos han sido atraídos
para sembrar coca en esta tierra fértil y con una ubicación estratégica. Las
comunidades con más colonos son las que presentan más dificultades para
hacer una erradicación manual de la coca. Por ejemplo, en 2007 el Consejo
Comunitario Chicaza hizo dos reuniones con los 70 colonos que ocupan su
territorio de manera ilegal para plantearles la idea de la erradicación manual
de la coca. Los colonos se negaron a hacerlo y como resultado hubo
amenazas contra los líderes del Consejo. El Consejo Comunitario de Calima
tuvo la misma experiencia. El Consejo Comunitario de Yurramungui es el
que ha tenido más éxito en llevar a cabo un proceso de erradicación manual
debido al hecho de que no hay colonos en sus comunidades, lo cual ha
facilitado este proceso.”61

V. RIESGOS QUE DEMUESTRAN EL IMPACTO
DESPROPORCIONADO QUE TIENE EL DESPLAZAMIENTO
FORZADO INTERNO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES AFRO
DESCENDIENTES

89. El análisis y la valoración de la información aportada por el Gobierno
Nacional, por la Comisión de Seguimiento y por distintas organizaciones de
población afrocolombiana víctimas de desplazamiento forzado interno tanto
en la sesión técnica del 18 de octubre de 2007 como en los documentos
escritos remitidos con ocasión de este proceso de seguimiento,62 permitió a la

61
desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 30. En ese
informe se señala que el Consejo hizo un proceso de consulta con la gente que tuvo cultivos de coca y
después con los grupos al margen de la ley, quienes aceptaron la decisión de la comunidad. Ellos llevaron a
cabo la erradicación en Noviembre de 2007 en una minga de 300 personas de la comunidad y acompañantes
nacionales e internacionales. El ejercicio fue muy exitoso, pero se hizo sin apoyo del gobierno y alegar que
todavía no han recibido ayudar con proyectos alternativos para remplazar la coca.
62
En relación con la situación de la población afro colombiana afectada por el desplazamiento forzado interno
y el confinamiento se presentaron los siguientes documentos: 1. Informe de la PGN “sobre la atención
diferenciada a que tienen derecho las comunidades afro desplazadas”, 2. Informe Comisión Intereclesial de
justicia y paz. Octubre 18 de 2007, 3. Informe “Situación de la población afrocolombianas desplazada del
litoral pacífico”. OCHA y Consejo Noruego para refugiados., 4.Informe “El Chocó con los ojos que lo mire
con el corazón que lo sienta”. CODEGEVED, 5. Informe ASOMUJER y trabajo, 6. Informe del Proceso de
Comunidades Negras en Colombia, 7. Informe “Plan de etnodesarrollo de las comunidades negras del medio
Atrato. COCOMACIA, 8. Informe “Situación Buenaventura. Comportamiento del conflicto en
Buenaventura”, 9. Informe “El estado de los derechos humanos y de las políticas públicas de la población
afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado”, 10. Informe Fundación Arte y Cultura del Pacífico,
11. Informe “Situación de desplazamiento del concejo de comunidades afrodescendientes de la cordillera
occidental de Nariño”. COPDICONC. 16 de octubre de 2007, 12. Informe “Lineamientos para tener en cuenta
en la definición, implementación y seguimiento de una política pública de atención diferenciada a la
población afrocolombianas en situación de desplazamiento y confinamiento”. CNOA, 13. Peticiones OPD y
desplazados presentadas durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, 14. Informe “Política pública
con enfoque diferencial para la población afrocolombianas en situaciones de desplazamiento forzado o
confinamiento”. CNOA, AFRODES, ORCONE. 30 de julio de 2008, 15. Informe “Lineamientos para la
construcción de una política pública de atención diferenciada a la población afrocolombianas en situación de
desplazamiento y confinamiento”. ACNUR, AFRODES. Julio de 2007, 16. Casos emblemáticos para la
audiencia de comunidades afro, Informe de la CCJ. 22 de octubre de 2007, 17. Observación individual sobre
el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 18. Decreto 092 de 2007, 19. Informe “Estado actual de la
educación en las poblaciones afrocolombianas y una propuesta educativa”. Consejo Noruego. Octubre 2008

32

Corte Constitucional identificar los riesgos y factores que evidencian el
impacto desproporcionado que tiene el desplazamiento forzado sobre el goce
efectivo de los derechos individuales y colectivos de las comunidades
afrocolombianas y en la agravación de la situación de vulnerabilidad extrema,
discriminación y marginación tanto individual como colectiva de esta
población.

90. A nivel individual, los distintos informes presentados dan cuenta de que
las mujeres, niños y personas con discapacidad afrocolombianas, víctimas del
desplazamiento forzado enfrentan factores de riesgo similares a los señalados
en los Autos 092 de 2007, 251 de 2008 y _______ 2009 y, por lo mismo,
sufren un impacto desproporcionado por el desplazamiento. En el presente
auto se remitirá a lo dicho en los autos mencionados para efectos de la
protección de los derechos individuales de los niños, mujeres y personas con
discapacidad, miembros de las comunidades afro colombianas.

91. Pero además del impacto que genera el desplazamiento forzado sobre
los derechos individuales de los miembros las comunidades afrocolombianas,
los fenómenos del desplazamiento forzado, del confinamiento y de la
resistencia tienen un impacto desproporcionado sobre los derechos colectivos
de estas comunidades y sobre su posibilidad de supervivencia cultural. El
conflicto armado interno y la presión de los proyectos agrícolas y mineros en
los territorios ancestrales, ha generado el reordenamiento de los territorios
colectivos y de las posibilidades de participación de las autoridades
comunitarias, que rompe la integridad y la autonomía territorial del pueblo
afrocolombiano. A estas presiones se suma la debilidad de los mecanismos de
protección y a la inaplicación de algunos de los derechos reconocidos a los
afrocolombianos. Esta situación ha generado la violación de los derechos
territoriales, a la participación y a la autonomía, a la identidad cultural, al
desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales, y a la seguridad
y soberanía alimentaria, además de sus derechos civiles y políticos,
económicos, sociales y culturales.

92. A continuación se hará referencia a los riesgos que generan un impacto
desproporcionado del desplazamiento forzado interno, el confinamiento y la
resistencia frente a los derechos colectivos de las comunidades afro.

1. El riesgo extraordinario de vulneración de los derechos territoriales
colectivos de las comunidades afrocolombianas por el desplazamiento
forzado interno

93. Para los pueblos afrocolombianos, el desplazamiento, el confinamiento,
y la resistencia generan la pérdida del control de su territorio y el deterioro de
las condiciones de vida y del disfrute de sus derechos. Para estos colombianos,
el territorio tiene una importancia muy profunda que va más allá de
simplemente contar con un lugar para vivir y sostenerse. El territorio es una
expresión de su memoria colectiva, de su concepción de la libertad. Por eso, al

33

hablar de territorio no se hace referencia sólo a los titulados colectivamente
sino a los ancestralmente habitados por las comunidades afrodescendientes en
Colombia. El territorio es una concepción integral que incluye la tierra, la
comunidad, la naturaleza y las relaciones de interdependencia de los diversos
componentes. Del territorio también hacen parte los usos y costumbres
vinculados a su habitat que las comunidades afrocolombianas han mantenido
por siglos y que se expresan también en los saberes que la gente tiene y en el
conocimiento de los ritmos y los tiempos para hacer las distintas actividades.
Algunas de las consecuencias más graves de esta pérdida territorial son las
siguientes:

1. Imposibilita la titulación de territorios ancestrales que aún no han sido
reconocidos como territorios colectivos: el desplazamiento modifica la
relación con la tierra y con el entorno, así como la cohesión social de la
comunidad, lo cual imposibilita la activación de los procesos de titulación
colectiva.

2. Aumenta el riesgo de pérdida de los territorios colectivos ya titulados: las
presiones ejercidas en los territorios que han sido titulados están en riesgo
de una pérdida irreparable tanto del bosque de respaldo o de uso colectivo
en las comunidades, de las cuencas y de los mares, como de los medios de
uso, los mecanismos tradicionales de subsistencia y de recreación de sus
imaginarios culturales.

3. Facilita la proliferación de procesos de colonización y de formas de
explotación económica abrasiva de los territorios colectivos: Las presiones
que se ejercen sobre los afrocolombianas para abandonar sus territorios ha
facilitado que personas ajenas a sus comunidades se apropien de sus tierras
y promuevan un modelo económico que destruye el medio ambiente.

La perdida de control social y cultural de sus territorios por parte de las
comunidades negras ha estado asociada a fenómenos de repoblamiento y
cambio de la composición étnica, como por ejemplo, en el Urabá, en
algunos lugares de la costa de los departamentos del Cauca y de Nariño, en
el Norte del Cauca y en Buenaventura. El repoblamiento del territorio en el
norte del Cauca y más concretamente en los municipios de Suárez y
Buenos Aires, ha sido causado por personas provenientes de Nariño, en
Buenaventura por “paisas” y en el Urabá por “chilapos”, venidos de
Córdoba.63

4. Aumenta el riesgo de pérdida de sus modelos de desarrollo y de protección
del medio ambiente: Las comunidades afrocolombianas han defendido el
etnodesarrollo como una alternativa para la explotación ambientalmente
sana de los recursos naturales. El desplazamiento, así como el

63
Informe “Lineamientos para tener en cuenta en la definición, implementación y seguimiento de una política
pública de atención diferenciada a la población afrocolombianas en situación de desplazamiento y
confinamiento”. CNOA

34

confinamiento, obligan a abandonar estas formas de explotación y permite
la prevalencia de modelos de desarrollo que arrasan con el medio ambiente
y con la posibilidad de supervivencia cultural de las comunidades
afrocolombianas.

5. Impide la aplicación de mecanismos efectivos para la restitución de los
territorios colectivos: El abandono de los territorios colectivos y la
dispersión de la comunidades afro colombianas como consecuencia del
desplazamiento hace más compleja la posibilidad de restitución de los
territorios colectivos, como quiera que los procesos de reunificación
contemplan la reunificación familiar, pero no la reunificación de las
comunidades para efectos de facilitar un retorno seguro, en condiciones de
dignidad y voluntariedad a sus territorios ancestrales.

2. El riesgo agravado de destrucción de la estructura social de las
comunidades afrocolombianas por el desplazamiento forzado interno, el
confinamiento y la resistencia

94. El desplazamiento forzado modifica dramáticamente la estructura etárea
y las formas organizativas propias de los afrocolombianos y origina aceleradas
transformaciones culturales. En muchos lugares de asentamientos afro
colombianos permanecen mayoritariamente niños y ancianos. En otros
encontramos comunidades habitadas mayoritariamente por mujeres y otras
más se quedan habitadas en su mayoría por hombres jóvenes. Esta
modificación de la estructura etárea tiene un impacto desproporcionado en la
forma de transmisión de la cultura afro colombiana y en la posibilidad de
continuar con un modelo de organización social y político comunitario propio.
El desplazamiento forzado interno, el confinamiento y la resistencia afectan
gravemente las posibilidades de supervivencia de los consejos comunitarios
como autoridades de la población afrodescendiente, y debilitan la posibilidad
de supervivencia cultural de las comunidades afrocolombianas.

95. La destrucción de las comunidades y las familias por el desplazamiento
no solo afecta la estructura comunitaria y familiar de las comunidades
afrocolombianas, sino ante todo la ruptura de los mecanismos para la
construcción de proyectos de vida colectivos e individuales para cada uno de
los grupos generacionales.

3. El riesgo acentuado de destrucción cultural de las comunidades
afrocolombianas por el desplazamiento forzado interno, el confinamiento
y la resistencia

96. Cuando los afro colombianos se ubican en las ciudades tienen que
buscar un nuevo significado a los elementos que los identifican como pueblo,
sobre todo porque la ciudad, y en general los cascos urbanos de las cabeceras
municipales, representan en su expresión más amplia los centros de
confluencia de la diversidad interétnica, los puntos de mayor concentración de

35

la población, y por ello se ven abocados a la construcción de núcleos básicos
de organización de dinámicas urbanas, comprometidas en una visión de
diversidad y de autonomía, que por lo general luchan por la apropiación
territorial de la periferia al centro y del centro a la periferia y, por el uso de
espacios a través de los cuales se consolidan los nuevos rasgos de la ciudad
con la presencia de la comunidad negra.

97. Sus referentes culturales, las formas de transmisión cultural, sus valores
sociales y culturales son impactados gravemente por el desplazamiento
forzado interno y por los fenómenos de confinamiento y resistencia.

98. El control de los actores armados impone otros tiempos para la
movilidad lo que dificulta la realización de actividades que tienen tiempos
particulares marcados en los calendarios y en el conocimiento que da la
interacción de las comunidades con el medio natural. Un claro ejemplo de
esto en lo que ocurren en algunas comunidades dedicadas a la pesca. Las
comunidades confinadas o en resistencia pierden, como efecto de la
imposibilidad de movilizarse libremente por su territorio, contacto y relación
con otras comunidades lo que a la postre constituye una seria limitación de la
expresión de su vida intercultural.

4. El riesgo extraordinario de agudización de la situación de pobreza y de
la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado interno, el
confinamiento y la resistencia

99. La mayor parte de los afrocolombianos que llegan a las ciudades se ven
obligadas a vivir en los llamados cinturones de miseria, sin condiciones para
una vida digna. Alrededor del 80% de los afrocolombianos en situación de
desplazamiento forzado se concentra en centros urbanos, en espacios que se
definen como no aptos para hacer la vida social o familiar, lo que profundiza
aún más sus condiciones de marginalidad y pobreza y les impide reconstruir la
identidad colectiva y recuperar condiciones de dignidad.

100. El desplazamiento forzado y la pérdida de los territorios ancestrales
ocasionados por la violencia de los actores armados ilegales o por las mismas
condiciones sociales y económicas, ubican a estas poblaciones en contextos
que menoscaban su identidad cultural, acentúan su situación de inequidad,
marginalidad y por ende de violación a sus derechos individuales,
económicos, sociales, culturales y colectivos64. Como quiera que la mayor
parte de la población desplazada procede de medios rurales y culturales
diversos, su desempeño como ciudadanos y personas en el entorno de las
grandes ciudades colombianas les representa un desafío económico, social,
cultural y político de proporciones significativas. Al trauma propio de la crisis
del desplazamiento, se agrega la incertidumbre de tener que desenvolverse en

64
Plan de Desarrollo a largo plazo, 2006.

36

un medio social, espacial y cultural distinto del que ha sido habitual para la
mayoría y que generalmente les rechaza por su origen racial.

101. Las características sociodemográficas de la población afrocolombiana
desplazada que se observan en el VII Informe de la Comisión de Seguimiento,
confirman esta mayor vulnerabilidad. Con base en los resultados de la II
Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población
Desplazada 2008 realizada por la Comisión de Seguimiento, el núcleo familiar
básico (Jefe (a), cónyuge e hijos (as)) de la población afrocolombiana agrupa
al 85.9% de las personas del hogar (menor al 86,7% de la población
desplazada RUPD total); los nietos 7,6%; otros parientes, entre los cuales hay
hermanos-as, padres, madres y otros parientes, 4,9% y los no parientes 0,7%.
En los hogares afrocolombianos no incluidos en el RUPD, el núcleo familiar
básico pesa un poco menos, 85,5%; los nietos 5,8%; los otros parientes 5% y
los no parientes 1,3%.

102. En la estructura por edades de los hogares afrocolombianos desplazados
sobresale el alto peso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De tal forma, un
65,1% de las personas en los hogares inscritos en el RUPD son menores de 25
años y un poco menos (64.5%) en los hogares con desplazados no inscritos.
Esta estructura no presenta diferencias importantes con la de la población
desplazada RUPD total. La elevada proporción de personas menores de 4 años
de edad 14,1% sin diferencias significativas entre población inscrita en el
RUPD y no inscrita, es ligeramente inferior a la encontrada para la población
RUPD total, 14,7%. La población desplazada afrocolombiana inscrita en el
RUPD tiene una mayor proporción de personas entre los 40 y los 44 años de
edad que la población no registrada. Las dos estructuras se diferencian
también en forma significativa por el mayor peso que en la población no
inscrita tienen los adultos/as jóvenes, entre 25 y 29 años de edad, y los
adultos/as mayores (65 y más años de edad), situación esta última también
presente en la comparación de estructura de edades de toda la población
desplazada. La edad promedio de la población afrocolombiana en
desplazamiento es de 21,7 años, muy cercana a los 21,9 años encontrada para
la poblacion desplazada total, pero no se encuentra, entre los afro colombianos
la diferencia entre desplazados no inscritos e inscritos reportada para el total.

103. En los hogares de afrocolombianos los jefes son un poco más jóvenes
(40,6 años) que en la población total de desplazados (42 años de edad) y sus
cónyuges tienen cerca de 3 años menos, sin que las diferencias entre los dos
grupos de desplazados sean significativas en términos estadísticos. Los
hijos/as tienen en promedio cerca de 12 años y los nietos 6 años de edad. Las
personas de la anterior generación que viven en los hogares de desplazados –
padres, madres de los jefes– cuentan con 65 años. Los hermanos y otros
parientes y no parientes son personas jóvenes, de 23,6 años en promedio los
primeros y 26 años los dos últimos.

37

104. Según el II ENV 2008, del total de mujeres afrocolombianas en edad
fértil (12 a 49 años de edad), 4,9% se encontraban embarazadas en el
momento de la encuesta, porcentaje ligeramente mayor al encontrado para el
total demujeres desplazadas (4,7%). Esta tasa era un poco mayor para las
mujeres no inscritas en el RUPD (5,3%) que para las inscritas (4,7%). Esta
proporción es ligeramente superior a la que prevalecía para el conjunto de
mujeres del país en 2005, cuando, según los datos de la Encuesta de
Demografía y Salud, 4,2% de las mujeres entre 15 y 49 años se encontraba en
embarazo. Por edades, 1,8% de las adolescentes entre 12y 14 años de los
hogares RUPD se encontraba en embarazo y 6,8% en el grupo de 15 a 19 años
de edad. En los Hogares no RUPD, no se hallaron mujeres entre los 12 y los
14 años embarazadas, pero la tasa para el grupo de 15 a 19 es mayor (7,1%)
que para las mujeres inscritas en el RUPD

105. La población afrocolombiana desplazada de 15 años y más tiene tasas
de analfabetismo superiores a las de la población desplazada total: para los
jefes, 22,4% (20%, para el total de jefes). Contrariamente a lo que sucedía
cuando se analizaba esta variable para el total de hogares, en los hogares de
afrocolombianos las mujeres tienen tasas superiores a los hombres en alta
proporción cuando se trata de jefes de hogar, lo cual aumenta la vulnerabilidad
de los hogares con jefatura femenina. No sucede lo misma para las demás
mujeres (cónyuges u otros parientes) donde las mujeres tienen tasas bastante
inferiores a las de los hombres. Estas tasas de analfabetismo se conjugan con
bajos niveles educativos: específicamente los jefes de hogar y sus cónyuges no
han alcanzado ni siquiera 5 años de educación formal, perfil similar al
encontrado para la población desplazada en general.

5. El riesgo extraordinario de agudización del racismo y la
discriminación racial por el desplazamiento forzado interno

106. El desplazamiento forzado obliga al pueblo afrocolombiano a asumir el
nuevo e inhóspito entorno en un proceso de readaptación de sus prácticas
culturales y de apropiación de otras formas de vida urbana, y de franca
resistencia a las diferentes formas abiertas y sofisticadas de racismo y de
exclusión social como grupo étnico. Esta discriminación ha obligado a la
población afro a retirar a sus hijos de instituciones educativas y ha generado
mayores obstáculos para que la población afro se vincule a los programas de
generación de ingresos. Esa discriminación también se manifiesta en la
respuesta institucional para atender a las comunidades indígenas y
afrocolombianas, que da prelación a las peticiones de las comunidades
indígenas o entiende subsumidas las peticiones de la población afro en las de
las comunidades indígenas, a pesar de las diferencias objetivas entre una y
otra comunidad.

107. Las organizaciones que participaron en la sesión técnica del 18 de
octubre de 2007 resaltaron la discriminación y la violencia de que son

38

víctimas de manera permanente en los sitios de asentamiento, ejemplificada
en:
- La vivencia diaria de actitudes y comportamientos racistas por parte de las
instituciones y la ciudadanía en genera contra la población
afrodescendiente;
- Las mayores dificultades para la articulación laboral de la población
afrocolombianas ocasionada por sus bajos niveles educativos. Cuando
logran su vinculación laboral, se hace generalmente en oficios que
requieren menos conocimientos y habilidades y reciben menor
remuneración;
- El menosprecio por los saberes y competencias propios de las comunidades
afrocolombianas
- La falta de apoyo institucional al fortalecimiento de las organizaciones de
población afrocolombianas como un recurso para reconstruir la solidaridad
y gestionar de manera colectiva la reclamación de sus derechos

108. Tal como lo reseñó durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007
un representante del Palenque Regional Congal “Hoy mucha de nuestra gente
que andaba en un proceso de reivindicación de derechos, con base a los cinco
principios del PCN, anda haciendo fila en las oficinas de Acción social,
Pastoral Social y cruz roja, para acceder a una remesa, que no satisface el
derecho a la alimentación... cuando sacan a un líder de su espacio territorial se
presenta un cambio de contexto… lo que se nos avecina es un futuro
incierto65”. En este mismo sentido AFRODES, CNOA y otras organizaciones
de población afro señalan que “es claro que existe una gran cantidad de
afrodescendientes en situación de desplazamiento y que muchas veces los
funcionarios no dan abasto para suplir sus necesidades y brindarles la
atención inmediata que ellos requieren. Pero el trato decente, digno y sin
discriminación no requiere presupuesto, sólo requiere sensibilidad y respeto
por el otro”.66

109. Con ocasión de la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, AFRODES,
CNOA y otras organizaciones de población afrodescendiente presentaron
algunos ejemplos de discriminación contra la población desplazada
afrodescendiente en el acceso a la atención humanitaria de emergencia, a
través de (i) estrategias de difusión limitada de información relevante sobre
acceso a las ayudas previstas en la ley, (ii) la no inclusión de la población
afrodescendiente en los registros oficiales con base en normas declaradas
inconstitucionales y (iii) la falta de procedimientos diferenciales que mitiguen
la necesidad, el dolor y la vulnerabilidad de la población afro y que además
respeten las diferencias étnicas y culturales de los desplazados. Varios de los
testimonios presentados muestran cómo se vulnera abiertamente la dignidad
de las víctimas con base en actos claros de discriminación racial.
65
Mario Angulo Sanclemente, representante del Palenque regional el Congal, miembro del Proceso de
Comunidades negras, entrevista, buenaventura octubre 29 de 2007.
66
PCN, CIMARRON y COOPDICON. “Insumos para una Política Pública de Prevención y Atención al
Desplazamiento Forzado y Confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página

39

110. Durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, los representantes
de las comunidades afro en el municipio de Tumaco, uno de los mayores
receptores de afrocolombianos desplazados de las zonas rurales del
departamento de Nariño, relataron cómo varias familias presentaron quejas
contra la UAO, por su maltrato a la población afro. “Hacia la población
desplazada de nuestro municipio Tumaco, solo mira el maltrato de parte de
los funcionarios, que gritan ofendiendo con palabras soeces causando
trastornos sicológicos y físicos poniendo a la población en carreras para
poder recibir un mercado y esto ha causado incluso accidentes.67 Además,
señalaron de forma reiterada que el coordinador de la UAO prefiere dejar
dañar los alimentos antes que entregarlos oportunamente. Los líderes de la
población afrocolombiana de esta localidad consideraron que este tipo de
actos son parte de una acción deliberada del gobierno local ya que el actual
alcalde ha señalado que “le tiene tirria y antipatía a los desplazados porque
no son desplazados sino unos vagos vividores sin oficio que no les gusta
trabajar”68.

111. En esta misma localidad, una mujer cabeza de familia relata el maltrato
recibido de parte de los funcionarios de la UAO. “Tuve que acudir a la UAO
porque tengo 5 hijos y estando en embarazo del sexto no tenía cómo darles de
comer. Así que me acerqué a esta oficina por la ayuda humanitaria de
emergencia, puesto que llevaba 7 meses como desplazada y no había recibido
la primera. La respuesta del coordinador del UAO fue coger una bolsa de
comida y arrojarla a mis pies, “! Pues si tiene tanta hambre, recójala!”. Yo la
recogí, si no es así, mis hijos no comen”. 69

112. AFRODES relató en el informe presentado a la Corte Constitucional el
caso de otra mujer afro, víctima de desplazamiento que había llegado a
Tumaco huyendo con sus seis hijos porque a su esposo lo habían matado, pero
debido a que no tenía cómo alimentarlos y no había recibido ni siquiera la
primera ayuda de emergencia, había tenido que irlos regalando porque no
tiene como alimentarlos. “Yo los quiero mucho, pero prefiero dárselos a
alguien que los pueda cuidar… yo soy su mamá y no puedo ponerlos a
aguantar hambre conmigo.”70

113. En relación con los desplazamientos del municipio de El Charco, los
representantes de las comunidades afrocolombianas del río Tapaje señalaron,
67
Declaración de Wilson Walter Cuero Landazuri, recogida en el documento CODHES, CNOA, AFRODES,
ASOMUJER, TRABAJO PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS - PCN, CIMARRON y
COOPDICON. “Insumos para una Política Pública de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado y
Confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, páginas 108-114
68
Declaración del representante de la Mesa municipal de población desplazada de Tumaco, durante la sesión
técnica del 18 de octubre de 2007. Frente a esta declaración, la Subdirectora de Acción Social se comprometió
a adoptar los correctivos del caso.
69
Declaración en la sesión del 18 de octubre de 2007
70
Declaración recogida en el documento CODHES, CNOA, AFRODES, ASOMUJER, TRABAJO
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS - PCN, CIMARRON y COOPDICON. “Insumos para una
Política Pública de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado y Confinamiento de la Población
Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 109.

40

durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, que la ayuda humanitaria
que se les brinda es asistencialista, inoportuna, no pertinente ni adecuada a las
necesidades culturales de la población. Los mercados destinados a los
desplazados se rigen por parámetros establecidos desde la ciudad de Bogotá y
en su mayoría contiene pasta, lentejas, fríjol y otra serie de granos que los
afrocolombianos no consumen de manera ordinaria, toda vez que ellos viven
de la siembra y de la pesca.71

6. El riesgo acentuado de desatención para las comunidades que optan
por la resistencia y el confinamiento

114. Las características del desplazamiento interno, el confinamiento y la
resistencia de la población afrocolombianas a dejar sus territorios, genera
mayores obstáculos para que se brinde atención integral a quienes deciden
permanecer en sus territorios.

115. Los desarraigos territoriales generan un impacto sobre las comunidades
y los individuos, tanto en las zonas de expulsión como las de recepción,
viéndose obligados, en uno y otro caso, a adaptarse a diferentes formas
culturales y sociales. Hasta ahora la atención estatal se ha centrado en los
sitios de recepción y en tratar de atender a la población que logró desplazarse,
pero nada ha hecho en relaciona los sitios de expulsión donde las personas que
quedan aunque también sufren los impactos ocasionados por el fenómeno del
desplazamiento, no son atendidos.

116. El desplazamiento implica la pérdida parcial o total del control social y
cultural por parte de las comunidades o de sus integrantes del territorio. El
confinamiento es una modalidad de desplazamiento forzado interno en el que
las comunidades continúan en una parte de su territorio pero perdiendo la
movilidad sobre el mismo y en algunos casos la autonomía para poder decidir
sobre aspectos básicos de su vida social y cultural. Atrapadas en medio del
conflicto armado interno, el confinamiento es un fenómeno creciente para
muchas comunidades negras en todo el país. Las comunidades resistentes,
aunque pudieron desplazarse optaron, conscientemente por permanecer en sus
territorios, adentrándose en algunos casos en ellos y desarrollando un conjunto
de estrategias para mantenerse en los mismos. Cuando una persona o
comunidad es desplazada hay grandes dificultades para su atención por parte
del Estado, pero esta imposibilidad de atención es mas evidente en el caso de
comunidades confinadas y en las comunidades que deciden resistirse al
desplazamiento a pesar de todos los peligros que conlleva el permanecer en
ellos. Todo el sistema de atención a la población en situación de
desplazamiento ha sido concebido para atender fundamentalmente a las
personas que salen y no para dar cuenta de las comunidades confinadas y en
resistencia.

71
.Declaración del representante de las comunidades afrocolombianas del río Tapaje, sesión técnica del 18 de
octubre de 2007. En sentido similar, ver el documento Informe “Situación de la población afrocolombianas
desplazada del litoral pacífico”. OCHA y Consejo Noruego para refugiados

41

117. Según el gobierno nacional, las cifras de la población desplazada se han
reducido en todo el país. Hasta hoy es poco lo que se ha dicho sobre los
efectos de la decisión de las comunidades y sus organizaciones de no
desplazarse sobre la variación real o no de las cifras. En distintos lugares del
país, frente a los riesgos y al menoscabo a la dignidad humana que entraña el
desplazarse, por ejemplo a contexto urbanos, las comunidades han optado por
permanecer en sus territorios, incluso adentrándose en el mismo ante la
inminencia de factores de riesgo.

118. En un esfuerzo por prevenir y gestionar el riesgo que el conflicto
armado interno y el desplazamiento ocasionan, se han ido formulado e
implementando, incluso con el apoyo gubernamental, como ocurre en el
Charco y en Buenaventura, acciones concretas de contingencia para las
comunidades.

119. Llama la atención que finalmente, cuando las comunidades deciden no
desplazarse, la respuesta gubernamental es que no pueden atenderlos y que
sólo lo harían si se desplazan del territorio.72 La atención a las comunidades
resistentes se deriva de la obligación estatal a prevenir el desplazamiento
forzado interno y de garantizar las condiciones para que las comunidades y sus
integrantes no abandonen, en el caso del pacifico, territorios cuya titularidad
legal, constituye una forma parcial de reparación histórica.

7. El riesgo agravado de afectación del derecho a la participación y de
debilitamiento de las organizaciones comunitarias afrocolombianas y del
mecanismo de consulta previa

120. La participación tal y como fue concebida en el convenio 169 de la OIT
busca proteger la integridad cultural de las comunidades. Igualmente la
participación, busca proteger los derechos a un ambiente sano y al desarrollo
en marco de la propia visión cultural. La imposibilidad de desarrollar una vida
común en el territorio que los identifica como colectividad, también debilita
sus estructuras sociales y políticas y les impide ejercer su derecho a la
consulta previa como mecanismo para la protección de sus derechos
colectivos.

121. En medio del conflicto armado, las comunidades en riesgo de
desplazamiento forzado, confinadas o en resistencia no tienen la posibilidad
real de ejercer el control social y cultural de sus territorios. La gobernabilidad
de los mismos se vuelve precaria y las posibilidades de formular e
implementar los planes de manejo de los territorios colectivos son cada día
más difíciles. A pesar de los esfuerzos de los miembros de los consejos
comunitarios y de los líderes de las organizaciones, los actores armados

72
Desplazamiento Forzado y Confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 42

42

terminan imponiéndose en determinados ámbitos de la vida social y cultural
de las comunidades y ejerciendo formas de resolución de los conflictos, ajenas
a las comunidades, que abren el camino a profundas fracturas y a mayores
problemas al interior de estas comunidades.

122. A estos riesgos específicos que afectan los derechos colectivos de las
comunidades afrocolombianas, se suman cuatro riesgos más relacionados con
la dinámica del desplazamiento y la problemática del confinamiento, la
resistencia y de los retornos sin condiciones de seguridad, voluntariedad y
dignidad, que afectan tanto los derechos individuales como los derechos
colectivos de los afrocolombianos.

8. El riesgo agravado de vulneración del derecho a la protección estatal y
de desconocimiento del deber de prevención del desplazamiento forzado,
del confinamiento y de la resistencia de la población afrocolombiana

123. Frente a la dinámica del conflicto armado y de las modalidades de
desplazamiento que afectan a la población afrodescendiente – desplazamientos
interbarriales, intraurbanos e intraveredales, o de corta duración - así como la
ocurrencia del confinamiento y la resistencia que ofrece la población
afrodescendiente a ser expulsada de su territorio, la respuesta institucional
diseñada para la generalidad de la población desplazada resulta aún más
insuficiente e inadecuada y no permite asegurar la protección adecuada de los
derechos a la vida, a la seguridad, la integridad, a la locomoción, y a fijar
libremente un domicilio de los miembros de las comunidades afro
colombianas ni de los derechos colectivos de esas comunidades.

124. La falta de un enfoque integral que considere los factores estructurales
que retroalimentan el conflicto y la problemática que enfrenta la población
afro impide que las medidas adoptadas para prevenir el desplazamiento sean
adecuadas tanto para responder en el corto plazo a las alertas detectadas por el
SAT, como para diseñar e implementar soluciones de mediano y largo plazo
de tal manera que sea posible establecer mecanismos adicionales para la
prevención del desplazamiento apropiados a los riesgos que enfrenta la
población afrocolombiana, que facilite la implementación de planes de
contingencia cuando el riesgo esté relacionado con operaciones legítimas del
Estado para el mantenimiento del orden público y permita la adopción de
medidas de protección apropiadas para garantizar la vida de los líderes
afrocolombianos y prevenir el desarraigo y el confinamiento.

125. La política actual de prevención no incluye el fortalecimiento de las
organizaciones afro colombianas y de los consejos comunitarios, como una
alternativa para la construcción de mecanismos de protección del derecho a la
vida, ni para el desarrollo de planes colectivos de prevención o de
contingencia para atender la emergencia.

43

9. El riesgo acentuado de afectación del derecho a la seguridad
alimentaria de la población afrocolombiana

126. Las comunidades afrocolombianas desplazadas ubicadas en las ciudades
Cali, Cartagena, Buenaventura, Quibdo y Tumaco resaltaron durante la sesión
técnica del 18 de octubre de 2007 y en varios de los documentos remitidos a la
Corte Constitucional, el problema de seguridad alimentaria que enfrentan por
las deficiencias del programa de ayuda humanitaria de emergencia y por las
situaciones de confinamiento que impiden la libre circulación de las ayudas y
de los alimentos por las restricciones que imponen distintos actores armados.
“Los bloqueos y restricciones, que son frecuentes, generan la imposibilidad
reiterada de ingresar los alimentos complementarios que se compran en los
pequeños poblados. (…) Estos bloqueos alimentarios han sido denunciados en
reiteradas ocasiones por las organizaciones étnico-territoriales del Pacífico y
por comisiones defensoras de Derechos Humanos, de ONGs y de la Iglesia.”73

127. Como defectos graves de este componente de la política que impactan
desproporcionadamente los derechos de la población afrodescendiente fueron
señalados en los distintos documentos presentados: (i) la insuficiencia
alimentaria en términos de la cantidad de los alimentos de los apoyos para la
alimentación que se entrega a las familias afrodescendientes que generalmente
cuentan con un número mayor de miembros; (ii) la insuficiencia alimentaria
en términos de calidad y valor nutricional dado el alto número de personas con
desnutrición crónica que componen los hogares afrodescendientes; (iii) no se
garantiza el respeto de las costumbres del pueblo afro colombiano a la hora de
impartir la ayuda humanitaria, (iv) las soluciones de entrega de bonos o dinero
ha aumentado los costos y la especulación de los alimentos; (v) con
frecuencia, los alimentos que deben ser entregados a la población
afrodescendiente desplazada o confinada son confiscados por sospechas de ser
desviados para ayudar a los actores armados; (vi) los procesos de entrega de
las ayudas no tienen en cuenta a los consejos comunitarios como instrumento
para mejorar la coordinación, distribución y entrega efectiva de las ayuda, así
como para prevenir el desvío de la ayuda humanitaria para fines distintos de la
atención a la población afrocolombiana afectada; y (vii) cuando se ha optado
por la entrega de bonos para compra de alimentos en supermercados este
procedimiento hace más costosa su adquisición.

10. El riesgo agravado de ocurrencia de retornos sin condiciones de
seguridad, voluntariedad y dignidad

128. La expectativa de retorno entre los miembros de las comunidades
negras es mayor que la del resto de la población desplazada, sin embargo, el
acompañamiento estatal es mínimo “En primer lugar solicitamos que el
gobierno nacional haga presencia real en nuestro territorio con colegios,

73
Desplazamiento Forzado y Confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 41

44

centros de atención médicos primaria adecuada y oportuna, carreteras,
organismos civiles como la defensoría, procuraduría, registraduría y demás
que dejen ver una verdadera voluntad de generar desarrollo, porque la
seguridad no se logra con balas sino con hechos reales y mucho
acompañamiento”74.

129. Las familias desplazadas que ya retornaron a sus territorios señalan que
persisten las dificultades para el desarrollo normal de sus actividades de
trabajo en el territorio, como son la minería, la agricultura y el corte de
madera. Estas familias cuentan “que ya no se puede ir a las cabeceras del río
ni a la montaña por el temor a ser víctima de una confrontación o de un
bombardeo. Que para el desarrollo de las actividades de trabajo ya no
pueden internarse en el monte por algún tiempo como de costumbre, armando
ranchos de vivienda provisional, y que bajo estas condiciones de limitación se
esta poniendo en riesgo la autonomía alimentaria y violando el derecho al uso
y aprovechamiento del territorio”75.

130. En el Informe de la Procuraduría entregado con ocasión de la sesión
técnica del 18 de octubre de 2007, se señaló en relación con el caso de Bojayá,
“cinco años después de la tragedia que originó el desplazamiento, las
comunidades asentadas en los afluentes del río Atrato comprendidos en este
municipio siguen sufriendo las consecuencias de la presencia de grupos
armados al margen de la ley y del extremo atraso que afecta sus condiciones
de vida y los colocan en situación de extrema vulnerabilidad.”76

131. Dada la situación de desprotección de los territorios colectivos de la
población afro, y las debilidades del sistema de prevención, las posibilidades
de retornos que respeten los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad
son remotos. En Colombia, la combinación entre los efectos
desproporcionados del conflicto armado interno, la guerra a las drogas, el
avance de megaproyectos y la adopción de legislación que afecta los derechos
territoriales y ambientales de las comunidades afrocolombianas, están
generando las condiciones para que éstas sean desposeídas de su patrimonio
territorial y de su habitat ambiental y por lo tanto, para que la brecha de las
desigualdades se mantenga, cualifique y profundice.

74
Desplazamiento Forzado y Confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 108.
75
Defensoría Del Pueblo Informe Visita Río Cajambre, Municipio De Buenaventura, Valle Del Cauca;
Eduardo Areiza Lozano, Defensor Comunitario Costa Pacífica Vallecaucana; Buenaventura, 9 de Agosto de
2007.
76
Procuraduría General de la Nación. Informe Presentado por la Procuraduría General de la Nación en la
Sesión de Información Técnica convocada por a Corte Constitucional para verificar las medidas adoptadas
para superar el estado de cosas inconstitucional declarada en la Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema
del desplazamiento forzado interno, desde la perspectiva de las comunidades afrodescendientes desplazadas
o en riesgo de desplazamiento. La PGN también destacó la completa carencia de atención diferencial para los
afrocolombianos desplazados en su informe del Resultado del Seguimiento y Control Preventivos al Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población de Atención Integral a la Población Desplazada

45

VI. LA RESPUESTA ESTATAL Y LA VALORACION DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO EN
RELACIÓN CON LA POBLACION AFROCOLOMBIANA

132. La respuesta de las autoridades estatales a la situación de los
afrocolombianos afectados por el desplazamiento forzado interno, así como
por fenómenos de confinamiento, resistencia y retornos sin condiciones de
seguridad, voluntariedad y dignidad ha sido insuficiente. Esa desatención se
expresa principalmente en la falta de un enfoque diferencial a favor de estos
colombianos desplazados. Hasta el momento no hay una política enfocada en
las necesidades especiales de la población afro desplazada: la atención a esta
población se circunscribe a los programas y políticas diseñados para la
población desplazada en general, con el agravante de que la población afro es
la más marginada dentro de la atención que se brinda a las personas
desplazadas.

133. El propio gobierno admitió esta realidad durante la sesión técnica ante
la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional el 18 de Octubre del
2007, al anunciar que está “en construcción” una política con enfoque
diferencial para las comunidades afro desplazadas.

134. Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido lenta y precaria.77 La Dirección
de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, por ejemplo, solo empezó a
trabajar sobre el tema de los afro desplazados en 2007.

135. La Procuraduría General de la Nación en el informe que entregó a la
Corte Constitucional para la audiencia de desplazados desde la perspectiva de
las comunidades afro descendientes, denunció la carencia completa de
políticas públicas con enfoques diferenciales para los afrocolombianos y la
falta de voluntad por parte del gobierno de crearlas:

“En ninguna de las aplicaciones que hemos hecho del modelo de seguimiento
a lo largo del país durante 3 años no (sic) hemos encontrado ninguna atención
diferencial a comunidades afro descendientes, pese a que la PGN ha insistido
en su necesidad, de acuerdo con la normativa nacional e internacional.”78

136. Agregó la Procuraduría que en la Unidad Territorial de Acción Social
en el Chocó se les dijo que “(…) las comunidades afro descendientes (…) no

77
En su análisis de la política pública del gobierno para la población desplazada ACNUR destacó la falta de
coordinación entre los diferentes planes de acción elaborados para las comunidades de afro colombianos y
para los pueblos indígenas: “Se entiende aún de manera parcial como la oferta de atención diferenciada a
individuos a través de proyectos insertados en la oferta general y a través de programas específicos, en una
visión fragmentada del impacto del desplazamiento en los distintos grupos étnicos y del carácter heterogéneo
de la problemática étnica”. Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado
en Colombia. Enero 2004-Abril 2007, p.298.
78
o en riesgo de desplazamiento

46

tienen derecho a atención diferencial”, y en municipios con gran cantidad de
población afrodescendiente desplazada como Buenaventura y Tumaco se
constató que no existía ninguna atención diferencial a la población
afrodescendiente.

137. En el Informe de ACNUR de 2007 se señaló:

En general, la política pública de atención al desplazamiento de los grupos
étnicos muestra aún las siguientes dificultades: i) carece de una formulación
explícita, integral y coherente de su enfoque; ii) en consecuencia, la política
parece estar basada en la sumatoria de acciones parciales; iii) tales acciones se
definen como: a) políticas sectoriales específicas para grupos étnicos
desplazados; b) políticas sectoriales para grupos étnicos; c) programas de
atención diferenciada; y iv) las políticas están concentradas mayoritariamente
en población indígena, desconociendo las problemáticas específicas de las
comunidades afro colombianas; invisibilizan el desplazamiento de
comunidades afro colombianas corriendo el riesgo de causar una
discriminación adicional.

Los planes no son claros en relación con los criterios de priorización de los
pueblos o comunidades étnicas de acuerdo con problemáticas y niveles de
afectación. Existen formulaciones de planes de acción pero muy escasa
ejecución de las acciones contempladas en ellos. Es particularmente
problemática la fragilidad institucional para visualizar de manera integral el
impacto del desplazamiento forzado en los derechos colectivos de los grupos
étnicos. Como lo ha señalado la Corte Constitucional el fin de la atención es la
garantía a la supervivencia cultural de los pueblos, criterio que obliga a
caracterizar y a brindar respuestas integrales al conjunto de la afectación de
los derechos colectivos, incluyendo el territorio, lo que expresamente
contempla individuos y colectividades.

La respuesta al desplazamiento de las comunidades afro colombianas se
construye sobre la invisibilización de los derechos colectivos de estos pueblos
y la protección parcial de los derechos de sus individuos.

138. Según se ha demostrado a la Corte, la respuesta estatal a esta situación
ha sido insuficiente por las siguientes razones concretas:
(i) Es una respuesta puntual a determinados problemas que sufren las
comunidades afro descendientes, y no sistemática ni integral;
(ii) No reconoce el carácter estructural del problema que está a la base de
los fenómenos de desplazamiento forzado y confinamiento y por lo
tanto, en su mayoría están orientadas a atender las consecuencias del
desplazamiento;
(iii) Se ha dado a través de los programas que se ofrecen a la población
desplazada en general, pero no ha tenido un enfoque diferencial a lo
largo de la política pública de atención al desplazamiento, en todas sus
fases –prevención, atención humanitaria de emergencia, estabilización
socioeconómica, y retorno y restablecimiento;
(iv) No reconoce en el análisis ni en la acción, la dimensión étnica
implicada, en tanto los fenómenos del desplazamiento y del

47

confinamiento están destruyendo las condiciones de supervivencia
material y cultural de los pueblos afrocolombianos;
(v) Ha sido una respuesta fragmentada y desorganizada, en la cual no existe
un centro coordinador y unificador de las acciones realizadas;
(vi) La respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos
específicos para atender a los afro descendientes desplazados y de los
funcionarios requeridos para materializarla debidamente;
(vii) La respuesta carece de un enfoque de prevención específico frente a las
causas concretas del impacto desproporcionado del desplazamiento
forzado sobre la población afrodescendiente, tal como lo han
documentado varias organizaciones en los casos de desplazamientos
masivos en Curvaradó, Jiguamiandó, El Charco y Cacarica; y
(viii) Las acciones adelantadas hasta ahora no son el desarrollo de una
política pública que haya contado con la participación efectiva de las
comunidades afectadas en todos los componentes de la misma.

Precariedad de la información general sobre la política de atención a la
población afrocolombiana desplazada

139. Antes de pasar a analizar la respuesta estatal frente al fenómeno del
desplazamiento forzado en relación con la población afrocolombiana, advierte
la Corte Constitucional que no existe información o análisis exhaustivos que
den cuenta de las fallas o bondades de esa política. No obstante, las
declaraciones realizadas durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007 y
en los documentos remitidos a la Corte con ocasión de la revisión de la
incorporación del enfoque diferencial para la población afrocolombiana en la
política de atención a la población desplazada, ejemplifican algunas de las
deficiencias del sistema en materia de registro, ayuda humanitaria de
emergencia, salud, educación y cultura, vivienda, y generación de ingresos en
relación con esta población.

140. A continuación se hará una breve referencia a algunos ejemplos de
falencias en la atención a la población afrocolombiana víctima de
desplazamiento forzado a lo largo de las distintas etapas de la política,
mencionados por varios de los intervinientes en este proceso de seguimiento,
que ejemplifican la insuficiencia de las políticas actuales frente a la población
afrocolombiana víctima de desplazamiento forzado interno.

1. La población afrocolombiana y el registro del desplazamiento

141. Los distintos informes presentados a la Corte Constitucional sobre la
situación de la población afrocolombiana desplazada señalan los altos niveles
de subregistro de esta población, ocasionado por factores como (i) la
discriminación; (ii) la localización en lugares lejanos; (iii) la práctica de hacer
resistencia al interior de las comunidades y la ocurrencia de fenómenos como
el confinamiento y el retorno sin seguridades; (iv) las debilidades del formato
de registro para facilitar protección de comunidades consolidadas y territorios

48

ancestrales; (v) el alto porcentaje de población afro sin documento de
identidad; y (vi) el rechazo de solicitudes de inclusión en el registro por parte
de personas que se han desplazado y señalan como responsable del
desplazamiento la realización de fumigaciones o la presencia de
megaproyectos.

142. Acción Social identificó el paisanismo y compadrazgo como causas del
sub-registro de las comunidades afrocolombianas. “Las redes familiares
extensas, de esta manera, generan un vínculo que es asumido en el momento
en el que las personas se encuentran en situación de desplazamiento,
propiciando esto que se invisibilice el fenómeno. El compadrazgo es una
dinámica de cohesión social que genera fuertes lazos familiares y sociales en
toda la línea de “parientes”, generando con esto que las comunidades que
sufren el desplazamiento lo primero que hacen es protegerse en sus cercanos,
familiares y compadres y se quedan allí buscando la oportunidad de un posible
retorno o en su defecto de la búsqueda de medios de sobrevivencia en el nuevo
lugar de arribo. Esta dinámica, al igual que en la anterior, genera procesos de
desplazamientos silenciosos pero no declarados.”79

143. Por otra parte, y en todo el territorio nacional donde hay personas
afrocolombianas en la misma situación, éstas no reciben la atención adecuada
debido a negativas de inscripción con fundamento en motivos legales o
reglamentarios, como por ejemplo, la presentación extemporánea o la falta de
veracidad en el relato. Adicionalmente, el informe recién mencionado expresa
que, en el Chocó, en algunas ocasiones, los desplazados que ya están en la
base de datos son amenazados con su exclusión del Registro Único de
Población Desplazada por no acceder a pretensiones individuales de
funcionarios públicos o por afirmar que van a denunciar hechos particulares de
corrupción. Según la Procuraduría General de la Nación, ante ella se adelanta
un “proceso disciplinario contra el coordinador de la Unidad Territorial de
Acción Social en el Chocó por irregularidades en la cesación de la condición
de desplazados a miembros de comunidades afro descendientes de ese
departamento”.80

2. La población afrocolombiana en situación de desplazamiento y la
ayuda humanitaria de emergencia.

144. En relación con la entrega del ayuda humanitaria de emergencia, el
documento presentado en octubre de 2008 por el Proceso de Comunidades
Negras en Colombia – PCN señala que “[l]a visión de prestación de bienes y
servicios bajo enfoques asistencialistas, con énfasis en la ayuda humanitaria
de emergencia bajo limitaciones de temporalidad legal, no logra niveles de

79
Acción Social, octubre de 2007.
80
“Informe presentado por la Procuraduría General de la Nación en la sesión de información técnica
convocada por la Corte Constitucional para verificar las medidas adoptadas para superar el estado de cosas
inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento forzado
interno desde la perspectiva de las comunidades afrodescendientes desplazadas o en riesgo de
desplazamiento”, p. 18.

49

satisfacción de necesidades básicas ni realización de derechos
fundamentales”.81

145. Durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, los representantes
de las comunidades afro expresaron varios problemas con la entrega de la
ayuda humanitaria de emergencia y el tratamiento indigno que ha acompañado
a dicha entrega. Como ejemplo se describió lo sucedido el 3 de julio de 2007,
en el poblado de San José del Tapaje. A continuación se trascribe la
intervención de la representante de esta comunidad en dicha sesión relatando
lo ocurrido:

“El 3 de julio de 2007, en el poblado de San José del Tapaje. a las 10 de la
mañana llegó un avión disparando alrededor del poblado de San José del
Tapaje, lanzaron alrededor del pueblo descargas, había un ruido espantoso. No
dispararon directamente a las viviendas aunque se afectaron 10 de ellas. Mis
estudiantes se tiraban del segundo piso de la escuela por el terror del ruido del
avión. Por esta situación se desplazaron 110 familias al municipio del Charco,
especialmente mujeres y niños. Quedó una población de más de 2300 personas
en San José del Tapaje resistiendo. La Asamblea del pueblo dijo que no se iba
a abandonar la comunidad, que se desplazaran los más vulnerables. Los 3
primeros días que llegaron a El Charco, los desplazados no fueron atendidos
por ningún organismo ni por la alcaldía municipal. Ya habían vivido la
problemática de El Charco, donde queda San José. Debido a que a través de
las organizaciones de mujeres se había ayudado a personas que estaban
represadas en comunidades de la parte media del río Tapaje, se había
advertido a la comunidad para que estuviera lista por si se presentaba alguna
emergencia – en consecuencia no llegaron descalzos o malolientes, pero al
vernos limpios y organizados las personas de Acción Social dijeron que los
desplazados de San José no parecíamos desplazados y no nos atendieron.
Cuando en El Charco nos mostraron el albergue donde nos iban a hospedar
nos dimos cuenta que no era apto ni para animales, especialmente el de la
plaza de mercado ‘quienes están allí están en condiciones infrahumanas. Por
eso se fueron a las casas de conocidos de su comunidad. Cuando el tiempo fue
transcurriendo, por la incomodidad de la situación, quisieron organizadamente
en mingas y cambio de mano, hacer sus propios albergues. Hombres y mujeres
buscaron tapas de los aserríos, pidieron ayuda, no se les brindó, están en
techos de plástico y cuando llueve se mojan. Sienten que a los desplazados de
San José básicamente los obligaron a retornar. Querían volver acompañados,
con garantías, no se pudo. La presión que ejercieron sobre ellos les hizo
retornar mendigando la subida en botes. Los niños se enfermaron porque les
daban pasta, no están acostumbrados a comer pasta.”

146. Los informes también relatan que si bien existen deficiencias graves en
cuanto a la entrega de ayuda humanitaria a la población afrocolombiana
cuando se desplaza de manera masiva, la posibilidad de recibir tal ayuda
cuando se trata de familias desplazadas individualmente es menor aún, aun
cuando se trate de miembros de la misma comunidad que se desplazan con
posterioridad y se ubican en las mismas zonas que el grupo desplazado

81
“Documento presentado por el Proceso de Comunidades Negras en Colombia –PCN- a la Corte
Constitucional en el marco de Academia sobre Desplazamiento sobre Desplazamiento Forzado en
Comunidades negras”, p. 7.

50

masivamente. Esta situación es ejemplificada en los informes de
organizaciones veedoras del Chocó, como el enviado por el Comité de
Desplazados de Gestión y Veeduría Departamental. En dicho documento se
indica que las familias desplazadas que se desplazaron de manera individual
entre los años 1990 y 2004 no recibieron ayuda humanitaria, como sí ocurrió
con quienes se desplazaron colectivamente desde Bojayá.82

147. Por otra parte, en algunos de los informes remitidos a la Corte, se afirma
que hay casos de abandono y desprotección absoluta de personas en situación
de desplazamiento. Por ejemplo, en el documento entregado por el Comité de
Desplazados de Gestión y Veeduría Departamental del Chocó, se informa que
“una importante fracción poblacional de desplazados carece de toda ayuda, a
tal punto que las personas se ven abocadas a vivir del rebusque, y en
ocasiones a morir de hambre o abandonados en la pobreza, como son los
casos de los señores Rubén Darío Mosquera Machao y Benjamín Palacios.” 83

salud.

148. La población afrodescendiente desplazada no recibe una adecuada en
salud. La Procuraduría General de la Nación dice en su informe que la
población que va a habitar el pueblo de Nueva Bellavista no encuentra las
condiciones para tener una atención básica adecuada en salud: “[a]un cuando
en el Nuevo Bellavista se construyó un centro de salud de primer nivel, la
calidad, eficiencia y eficacia en las prestación del servicio se ven
comprometidas por las deficiencias en la infraestructura física, así como por
la insuficiencia de recursos técnicos y humanos. El centro de salud fue
construido en la cima de un morro, y no cuenta con un camino de acceso que
facilite el ingreso y salida de personas, camillas, o sillas de ruedas. Hay así
mismo un constante asentamiento de aguas en sus instalaciones, producto de
fallas en su construcción. Entre estas, asegura el personal del centro, que
desde un principio los tubos del acueducto quedaron mal empatados, y que
las tejas no cumplen con las especificaciones técnicas de instalación, lo cual
ocasiona fugas de agua y goteras. Además, no hay camas, camillas, sillas de
ruedas ni los medicamentos requeridos. No cuenta con una sala de pediatría y
a la fecha de la visita, la planta de energía eléctrica estaba averiada. La obra
se encuentra inacabada, aún hay material de construcción en sus
instalaciones, lo que evidencia que el centro no presenta las condiciones
sanitarias requeridas para la presentación del servicio”. 84

149. En el Chocó ocurre una situación similar, y así lo expresa el Comité de
Desplazados de Gestión y Veeduría Departamental del Chocó. De acuerdo con
82
Documento “Chocó con los ojos que lo mire con el corazón que lo sienta”, 2007., entregado a la Corte
Constitucional con ocasión de la sesión técnica del 18 de octubre de 2007.
83
Informe presentado el 18 de octubre de 2007 por el Comité de Desplazados de Gestión y Veeduría
Departamental del Chocó
84
Informe de la Procuraduría para la sesión técnica del 18 de octubre de 2007. La Procuraduría anexa sendas
fotografías del centro de salud, que respaldan sus asertos. Cfr., fotos 5 y ss.

51

el informe presentado, “es lamentable la atención [de las IPS], el trato, la
falta de personal, equipos médicos no hay infraestructura, en ocasiones los
enfermos los tiran al suelo porque no hay camillas”.

150. En el Valle del Cauca, en el informe presentado a la Corte
Constitucional con ocasión de la sesión del 18 de octubre de 2007, la
Fundación Arte y Cultura del Pacífico - FUNDARTECP informó que los
problemas de salud acosan en mayor medida a la población aglomerada que a
la dispersa, ya que “las condiciones de hacinamiento y falta de
infraestructura de servicios básicos se convierten en factores de riesgo que
atentan contra la salud física y psicosocial de esta población. Enfermedades
gastrointestinales, brotes virales, afecciones cutáneas, enfermedades
respiratorias y venéreas, son las más comúnmente mencionadas”. Por otra
parte, la fundación advierte que la población vive con “precarias condiciones
de higiene en lo referente a eliminación de excretas, agua potable, basuras y
plagas asociadas”85.

151. Con todo, aún la población que el informe de la fundación llama
‘dispersa’, presenta problemas de mayor vulnerabilidad que el resto de la
población desplazada, ante afectaciones de salud, debido a las condiciones de
salubridad de los lugares donde se asientan. Así, dice el informe que las
poblaciones sufren cotidianamente inundaciones, pésimas condiciones de
saneamiento básico, alto riesgo psicosocial asociado a problemas delictivos,
drogadicción y prostitución. Además, subraya que “[e]n un inicio hubo
muchos accidentes de tránsito pues la mayoría de estas personas son
campesinos que no saben cómo manejar el tráfico y por tanto eran muy torpes
al cruzar las calles”. Y puntualiza: “[l]os ancianos presentan problemas
cardiacos, ellos ‘se están muriendo de tristeza’ por haber sido arrancados de
su hábitat territorial”.86 En el aspecto psicosocial, los desplazados afro
descendientes presentan, según el informe, “una constante desesperanza y
depresiones”. Se confinan y hacen comentarios que expresan angustia.
Además, padecen por la desnutrición a que los conduce el desplazamiento
forzado.”87

educación y la cultura.

152. Un enfoque diferencia a favor de la población afrocolombiana en
materia de educación exige no sólo facilidades y oportunidades para el acceso
a la educación, sino también una educación adecuada a sus condiciones
étnicas y culturales.

153. El informe presentado por el Comité de Desplazados de Gestión y
Veeduría Departamental del Chocó, advierte que “para las familias

85
Informe Fundación Arte y Cultura del Pacífico, 18 de octubre de 2007
86
Ibídem
87
Ibídem

52

desplazadas la educación de los hijos se ha vuelto un calvario ya que en
ningún colegio o escuela recibe a los niños y niñas sin cancelar la matrícula o
sin comprometerse a cancelarla promediada, por tal razón el alto índice de
deserción escolar, amén a la educación Superior”.88

154. El informe del Consejo Noruego para Refugiados sobre la situación de
El Charco señala, por su parte, que “[e]l 27.45% de los niños, niñas y jóvenes
en edad escolar, monitoreados a través de las encuestas, no asisten
regularmente a un nivel de educación formal. Falta de recursos o cupo escolar
junto con la distancia entre el hogar y el establecimiento educativo son las
principales causas por las que los y las menores no asisten al establecimiento
educativo”.89

155. La Procuraduría General de la Nación indica que, en cuanto se refiere a
los ex pobladores de Bojayá y a la educación de sus hijos, ha podido advertir
lo siguiente: “[a]un cuando en un principio, mientras la población de Bojayá
iniciaba el proceso de reubicación en el Nuevo Bellavista las actividades
escolares de los niños y niñas del municipio se vieron interrumpidas por la
negativa de las directivas académicas a recibir las obras, a la fecha de la
visita de la PGN las actividades escolares se habían reanudado. Por lo que
respecta a las instalaciones de los planteles de educación básica primaria y
secundaria, la PGN observó que la obra presenta algunas fallas. En primer
lugar, no cuenta con un sistema de canales para recoger agua lluvia que
impida que los muros se humedezcan con las fuertes lluvias que se presentan
en la región. Algunos profesores expresaron que algunos salones presentan
problemas de goteras y fallas en los baños y cerraduras”. Y agrega: “[l]a
comunidad expresó su deseo de que la zona donde se encuentren ubicados los
planteles educativos tenga una cerca o algún otro sistema que garantice la
seguridad de los menores”.90

156. El enfoque diferencial en materia de educación para las comunidades
afrocolombianas exige también una educación apropiada a su etnia, sin
embargo, tal aspecto no ha sido recogido hasta ahora en la política de
educación. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz afirma que “[l]as
iniciativas de las comunidades no son reconocidas, como por ejemplo en
materia de etnoeducación”.91 La Fundación Arte y Cultura del Pacífico-
FUNDARTECP solicita “fortalecer y crear centros etnoeducativos que
favorezcan a este grupo étnico capacitando a maestros y haciendo una
efectiva propuesta de la ley 115, en estos espacios se debe tener en cuenta las

88
Informe entregado el 18 de octubre de 2007, Comité de Desplazados de Gestión y Veeduría Departamental
del Chocó
89
Informe “Situación de la población afrocolombianas desplazada del litoral pacífico”. OCHA y Consejo
Noruego para refugiados
90
o en riesgo de desplazamiento
91
Informe Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Octubre 18 de 2007

53

zonas verdes y de reforestación para mitigar el impacto ambiental y la
conservación de especies en armonía con nuestra madre naturaleza y en
concordancia con lo anterior el fortalecimiento y organización del orden
productivo a partir del reciclaje de las basuras entre otras actividades que se
puedan implementar, estas empresas deben contar con capital semilla lo cual
garantiza que la comunidad fortalezca sus propuestas”.92

157. La población desplazada afrodescendiente busca conservar su identidad
cultural, con el fortalecimiento de programas dirigidos a ello. Así, la
Fundación Arte y Cultura del Pacífico - FUNDARTECP expresa que las
familias desplazadas hacia las ciudades estiman como muy importante “el
fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales”, ya que en su
concepto “son la esencia de lo que somos como grupo étnico, a través de ellas
motivamos el diario vivir (…) y aportamos a otros en sus realizaciones, no
sólo cuando nos referimos a este tema de la música, la danza, o el teatro, o la
pintura aquí también está incluida por ejemplo la gastronomía que va de la
mano con los cultivos de pan coger, especies menores, porque la música, o la
danza son parte de las acciones que realizamos a diario en la sociedad”.93

5. La población afrocolombiana en situación de desplazamiento y las
contribuciones gubernamentales en el desarrollo de proyectos
productivos.

158. La población afrocolombiana desplazada no recibe un apoyo diferencial
en el emprendimiento de proyectos productivos. Las soluciones desarrolladas
hasta el momento están dirigidas a dar soluciones individuales y no se han
desarrollado proyectos con la participación de las comunidades afro
colombianas que tengan como fin el fortalecimiento del aspecto colectivo del
proceso de estabilización socioeconómica. De acuerdo con la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, aún “[n]o se comprende lo colectivo en la
atención como en la protección. El gobierno no comprende lo territorial como
un requerimiento para la sobrevivencia de un pueblo tribal como son las
comunidades afro descendientes”.94

159. Esto puede ejemplificarse en la advertencia que hace la Fundación
FUNDARTECP –que se refiere a la población desplazada habitante del
pacífico colombiano-, la cual ha expresado que: “[p]ara el caso de las
poblaciones afro en la zona rural, podemos ir relacionando la vida de la
comunidad alrededor de las actividades en la agricultura o la pesca, cómo
está relacionada con la forma de ver el mundo, que es la vida en sus
diferentes actividades”95. El Consejo Noruego para Refugiados advierte que la
población desplazada afro recibe ingresos “de carácter informal, por lo que no
cuentan con una fuente de ingresos estables, obteniendo como resultado, que
92
93 93
94
Informe Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Octubre 18 de 2007
95
Informe presentado por la “Fundación Arte y Cultura del Pacífico: “Arte y memoria”. 18 de octubre de
2007

54

la mayoría de recursos otorgados para proyectos productivos, terminen
supliendo necesidades como las de arriendo y alimentación”. 96

vivienda.

160. En materia de provisión de vivienda, la situación de la población
afrocolombiana desplazada también es muy precaria. Un ejemplo de esto lo
señala el Comité de Desplazados de Gestión y Veeduría Departamental que
dice en el informe remitido a la Corte Constitucional con ocasión de este
proceso de seguimiento, que en 2001 quinientas veinte (520) familias debieron
requerir la protección de sus derechos fundamentales a una vivienda digna, y
que “pese a obtener en general respuestas favorables de los jueces, la
administración sólo construyó ciento ocho (108) viviendas, algunas de las
cuales fueron después deshabitadas “por mala construcción y deterioro de las
mismas”, deterioro que en 2006 ocasionó la muerte de un menor de edad,
quien murió sepultado por las paredes de la vivienda.”97

161. Por otra parte, actualmente cuatrocientas ocho (408) familias continúan
sin vivienda en Quibdo, y aunque el municipio fomentó desde 2002 un plan de
vivienda para la población desplazada, denominado Villa Esperanza, hasta
ahora ese plan no se ha traducido en vivienda efectiva para estas personas.98

162. En el Valle del Cauca, y en relación con el desplazamiento de las
comunidades afrocolombianas de El Charco, el Consejo Noruego para
Refugiados asegura que de sus estudios se desprenden los siguientes datos:
“[e]l 41.18% de las personas encuestadas son postulantes al subsidio de
vivienda. De éstas, al 7.14% le ha sido otorgado el subsidio. El resto de las
personas también expresaron interés en el trámite, pero la respuesta de
Acción Social es que el otorgamiento de subsidios de vivienda se encuentra
frenado hasta que se haya encontrado una fórmula para la implementación
del decreto 1290 de 2008, que establece que las familias víctimas de
desplazamiento forzado serán reparadas no con indemnizaciones en efectivo,
sino con subsidios para vivienda de interés social a través de FONVIVIENDA,
correspondientes a 27 salarios mínimos legales mensuales”.99

163. Con todo, la Procuraduría General de la Nación, en el seguimiento a la
situación de los desplazados del municipio de Bojayá, hace notar que se ha
dado un plausible apoyo en materia de vivienda a esta población. Según el
informe del Ministerio Público, el lugar destinado para la habitación de los
desplazados de Bojayá se denomina Nueva Bellavista, y “fue construido en lo

96
97
Informe de Comité de Desplazados de Gestión y Veeduría Departamental presentado a la Corte con ocasión
de la sesión técnica del 18 de octubre de 2007.
98
Informe presentado a la Corte Constitucional el 18 de octubre de 2007
99

55

alto de un terraplén estructurado mediante la remoción de tierra y el
acondicionamiento de dicho terreno, lo cual mejora las condiciones de vida
de la población, pues no se verán sometidos a las frecuentes inundaciones que
azotaban al pueblo antiguo. Alrededor de una serie de edificaciones
principales se construyeron agrupaciones de casas que se configuran como
barrios. La PGN pudo verificar con miembros de la comunidad, en viditas
anteriores, que el diseño de las casas fue consultado con la comunidad, así
como la ubicación de las familias en las viviendas, por factores de
consanguinidad o amistad. Sin embargo, como el traslado se dio con base en
el número de casas disponibles, muchas familias se encuentran hacinadas por
la falta de espacio, algunas viven con relativa comodidad, y otras no tienen
dónde ubicarse”. 100

VII. CASOS EMBLEMÁTICOS QUE REFLEJAN LA GRAVEDAD
DE LA CRISIS HUMANITARIA QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN
AFROCOLOMBIANA RESPECTO DE LOS CUALES ES PRECISO
ADOPTAR UN PLAN ESPECÍFICO DE PREVENCION, ATENCIÓN Y
PROTECCION

164. A lo largo del proceso de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 y
en particular en la verificación de la incorporación del enfoque diferencial a
favor de la población afrocolombiana, fueron señalados varios casos
emblemáticos que ilustran la gravedad de la situación de desprotección y
vulnerabilidad que enfrenta esta población. Respecto de algunos de estos
casos los organismos internacionales de derechos humanos han ordenado la
adopción de medidas provisionales de protección, como es el caso de las
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Otros, fueron señalados en los
distintos documentos e intervenciones entregados a la Corte Constitucional
con ocasión de la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, como casos
emblemáticos que ilustran la grave afectación de los derechos de la población
afrocolombiana desplazada, aun cuando la información sobre los mismos es
muy precaria y dispersa.

165. Dentro de este segundo grupo fueron mencionados expresamente los
siguientes casos que enfrentan las siguientes comunidades: (i) las
comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en las ciudades de
Cali y Buenaventura y en los territorios colectivos de los ríos Calima,
Yurumanguí, y Anchicaya en el departamento del Valle del Cauca; (ii) las
comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en los municipios
de Curvaradó, Jiguamiandó, Bojayá, Bagadó, Ungía, Cacarica, Alto y Bajo
Mira, Carmen del Darien, Alto y Bajo Baudó, Juradó, Sipí, Tadó, Nóvita,
Frontera, Riosucio, Itsmina, Condoto, y Quibdó en el departamento del
Chocó; (iii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en
100
o en riesgo de desplazamiento.

56

la Costa Pacífica Nariñense, en los municipios de La Tola, El Charco,
Iscuandé, Mahguí Payán, Tumaco, Pizarro y Barbacoas, en el departamento de
Nariño; (iv) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en
los municipios de Guapí, Timbiquí, López de Micay, en el departamento del
Cauca; (v) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en el
Urabá Antioqueño y Chocoano, en particular en los municipios de Apartadó,
Turbo, Chigorodó, Mutatá, Caucasia, Murindó y Vigía del Fuerte; (vi) las
comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en Cartagena,
María la Baja, Turbaco y Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar;
(vii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en San
Onofre, Chengue, Chinulito, Macayepo, El Salado, Pigiguay y Coloso en el
departamento de Sucre, (viii) las comunidades afrocolombianas desplazadas
y/o confinadas en Montelíbano, Uré, Valencia, Puerto Libertador, Tierra alta,
Cerromatoso en el departamento del Córdoba; (ix) las comunidades
afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en La Jagua de Ibirico en el
departamento del Cesar; y (x) las comunidades afrocolombianas desplazadas
en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca,
provenientes de los municipios de Bagadó, Atrato, Lloró, Quibdó, Medio
Atrato, Murindó, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién, Bajirá, Bojayá,
Riosucio, Ungía, Acandí, Napipí, Opagadó, Domingodó, Murrí, Truandó,
Salaquí, y Cacarica, entre otras.

166. Las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó han sido destinatarias de
una serie de medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en las Resoluciones del 6 de marzo de 2003, 7 de
noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005 y 7 de febrero de 2006. Entre dichas
medidas, se ha incluido el requerimiento al Estado colombiano para que
adopte y mantenga mecanismos de protección de la vida e integridad personal
de los miembros y de las familias de las comunidades referidas; asegure a los
sujetos pertenecientes a ellas, la posibilidad de seguir viviendo en las zonas
donde han tradicionalmente habitado, sin coacción o amenaza, y garantizar a
las comunidades, sus miembros y familias que se hayan desplazado,
condiciones de seguridad para retornar a sus hogares.

167. La Corte Constitucional, en consideración a los informes de la
Procuraduría General de la Nación y de las diversas organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales, así como de las organizaciones
de población afrocolombiana que han documentado las amenazas,
persecuciones, seguimientos, tentativas de homicidio, irrespeto por los
símbolos y manifestaciones culturales de las comunidades de Jiguamiandó y
Curvaradó, y que muestran que las medidas dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos no han sido acatadas en su integridad
por el Estado colombiano, reiterará que tales medidas son vinculantes y deben
ser acatadas. En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará al Gobierno
Nacional que adopte sin dilaciones las medidas decretadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en las Resoluciones del 6 de marzo de
2003, 7 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005 y 7 de febrero de 2006.

57

Así mismo, y tomando como precedente el conjunto de medidas adoptadas a
propósito de las potenciales víctimas de los hechos que se presentaran en la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Corte ordenará a los
Ministerios del Interior y de Justicia y de Defensa, que presenten, en conjunto,
a la Defensoría del Pueblo, informes bimensuales sobre las acciones tomadas
para obtener el cumplimiento de las medidas provisionales. El informe deberá
incluir una evaluación objetiva de la idoneidad de los medio adoptados, con
arreglo a los resultados obtenidos y las fallas identificadas en lo referente a la
prevención de crímenes contra los sujetos protegidos.

168. Adicionalmente, estas comunidades afrocolombianas por su carácter de
sujetos de especial protección constitucional y por su relación con el territorio
deben ser beneficiarios de planes de protección y atención específicos que
garanticen tanto la dimensión colectiva de sus derechos, como los derechos de
los individuos que las componen, en el contexto de la política de atención a la
población desplazada y del enfoque diferencial.

169. No obstante lo anterior, dada la precariedad de la información con que
cuenta la Corte Constitucional sobre la situación que enfrentan las
comunidades mencionadas, no es posible adoptar medidas concretas que
resulten apropiadas a las condiciones y necesidades de las comunidades afro
colombianas de estas zonas. Por ello, el gobierno nacional, a través del
Director de Acción Social como coordinador del SNAIPD, y las autoridades
territoriales de las respectivas jurisdicciones, deberán en relación con cada una
de estas comunidades, diseñar y poner en marcha un plan específico de
protección y atención, con la participación efectiva de estas y el respeto por
sus autoridades constituidas. Para el diseño e implementación de los planes
específicos, las autoridades deberán:

1. Promover la participación efectiva de estas comunidades, siguiendo las
reglas jurisprudenciales sobre participación de los grupos étnicos,101

101
En cuanto al derecho a la participación de las comunidades afrocolombianas y su derecho a ser consultadas
previamente en relación con la adopción y ejecución de decisiones que puedan afectarlas (arts. 1, 7, 70 y 330
CP, y Convenio 169 de la OIT), la Corte Constitucional ha señalado las condiciones mínimas de esa
participación. En relación con las reglas derivadas directamente del Convenio 169 de la OIT, la Corte resaltó
en la sentencia C-030 de 2008, MP: Rodrigo Escobar Gil, la doble dimensión del derecho a la participación
de las comunidades étnicas: (i) la obligación de establecer “los medios a través de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; “ y (ii) el deber
de consulta previa “en relación con las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar
directamente a dichos pueblos.” Con base en esta precisión hermenéutica, en ese mismo fallo la Corte
diferenció dos niveles distintos de afectación de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas
que activan distintas obligaciones internacionales del Estado colombiano: “De este modo, cuando se adopten
medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y
tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el
que debe hacerse efectivo un derecho general de participación, y el que corresponde a las medidas
administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha
previsto un deber de consulta.” En cuanto a los requisitos de tiempo, modo y lugar que debe cumplir la
realización de la consulta, y específicamente de la consulta de medidas legislativas, la Corte señaló en la
sentencia C-891 de 2002; MP: Jaime Araujo Rentería, que en cuanto se trate de proyectos de ley de iniciativa
gubernamental “la entidad debe brindarle a las comunidades, en un momento previo a la radicación del

58

respetando las autoridades legítimamente constituidas, y garantizando
espacio suficiente para que los líderes presenten a las comunidades las
medidas que serían adoptadas y para que éstas presenten sugerencias u
observaciones que deberán ser valoradas específicamente por las
autoridades gubernamentales nacionales y territoriales correspondientes.

proyecto en el Congreso de la República, las debidas oportunidades para que ellas no sólo conozcan a fondo
el proyecto sino, sobre todo, para que puedan participar activamente e intervenir en su modificación, si es
preciso”. En esa misma providencia la Corte también señaló que el escenario previo a la radicación del
proyecto no era el único espacio deliberativo en el que los pueblos indígenas y las comunidades
afrocolombianas pueden participar durante el proceso tendiente a la expedición de normas que los afectan,
“toda vez que en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se interrumpe, sino que, por el
contrario, allí los pueblos indígenas [y también las comunidades afrocolombianas] cuentan con un espacio de
discusión y participación en el marco de un Estado democrático, en el que pueden canalizar sus propuestas a
través de los congresistas elegidos, y, por otro, que “… la consulta previa a la ley, es adicional a la
participación que se les debe dar a los pueblos indígenas [y a las comunidades afrocolombianas] a partir de
su entrada en vigencia, esto es, con posterioridad a la expedición de la respectiva ley; destacándose el
especial cuidado que deben observar las autoridades que tienen a su cargo el desarrollo administrativo de la
misma, particularmente en lo tocante a la adopción de las medidas administrativas susceptibles de afectar
directamente los intereses de tales pueblos.” Finalmente, en cuanto a la consecuencia jurídica de la omisión
del deber de consulta, la Corte resaltó en la sentencia C-030 de 2008 que (i) el deber de consulta es
susceptible del amparo constitucional, a través del cual las comunidades indígenas y también las
afrocolombianas, “pueden obtener que no se hagan efectivas medidas que no hayan sido previa y
debidamente consultadas y que se disponga la adecuada realización de las consultas que sean necesarias;”
(ii) en cuanto al ejercicio del control abstracto de constitucional frente a la omisión de consulta previa a la
adopción de una medida legislativa, la Corte señaló distintas posibilidades: “sería posible, en determinadas
circunstancias, encontrar que la ley como tal es inconstitucional, pero también cabe que, en una ley que de
manera general concierne a los pueblos indígenas y tribales, y que los afecta directamente, la omisión de la
consulta se resuelva en una decisión que excluya a tales comunidades del ámbito de aplicación de la ley; o
puede ocurrir que, en un evento de esa naturaleza, lo que se establezca es la presencia de una omisión
legislativa, de tal manera que la ley, como tal, se conserve en el ordenamiento, pero que se adopten las
medidas necesarias para subsanar la omisión legislativa derivada de la falta de previsión de medidas
específicamente orientadas a las comunidades indígenas y tribales. Si la ley no tiene esas previsiones
específicas, habría un vacío legislativo, derivado de la necesidad de que, en una materia que si bien afecta a
todos, lo hace con los indígenas [y también con las comunidades afrocolombianas] en ámbitos propios de su
identidad, contemple previsiones especiales y que las mismas sean previamente consultadas. En ese caso, en
la medida en que la ley general estuviese llamada a aplicarse a los indígenas [o a las comunidades
afrocolombianas], se decretaría una omisión legislativa por ausencia de normas específicas y previamente
consultadas.” En relación con el procedimiento para la consulta previa la Corte Constitucional en la
Sentencia C-208 de 2007, expresó que “… el proceso consultivo que las autoridades gubernamentales tienen
que llevar a cabo ante los grupos étnicos para adoptar una decisión que afecte sus intereses, “deberá estar
precedido de una consulta acerca de cómo se efectuará el proceso consultivo” (…). A este respecto dijo en
esta misma providencia que “el Estado Colombiano deberá tener en cuenta que los procesos de consulta
previa no podrán responder a un modelo único aplicable indistintamente a todos los pueblos indígenas [o
afrocolombianos], pues para dar efectiva aplicación al Convenio 169 de la OIT y en especial a lo dispuesto
en su artículo 6° y en el artículo 7° de la Carta, los procesos de consulta deberán ante todo garantizar los
usos y costumbres de los pueblos indígenas [y tribales], respetando sus métodos o procedimientos de toma de
decisiones que hubieren desarrollado” En la Sentencia SU-039 de 1997, la Corte Constitucional puntualizó
las condiciones de diálogo e información que deben orientar los procesos de consulta que surjan en aplicación
del literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT:“… la adopción de relaciones de comunicación y
entendimiento, signadas por el mutuo respeto y la buena fe entre los voceros de los pueblos indígenas y
tribales y las autoridades públicas, tendientes a buscar: a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno
sobre los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les
pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución. b) Que
igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como la ejecución de los referidos
proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su
cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo
humano con características singulares. c) Que se le de la oportunidad para que libremente y sin
interferencias extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar
conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en
relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y,
pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una
participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida
de lo posible debe ser acordada o concertada.”

59

2. Aplicar efectivamente las reglas sobre participación efectiva de las
consultas derivadas del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

3. Con posterioridad a la adopción del plan específico de protección y
atención, deberá fijar un cronograma de ejecución e implementación que
respete la identidad cultural y los demás derechos de las comunidades
involucradas.

4. En todas las consultas que se realicen deberá garantizarse la presencia de
un delegado de la Defensoría del Pueblo.

5. Este proceso podrá ser acompañado por las organizaciones que
participaron en la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, por organismos
internacionales y por expertos académicos.

6. El contenido de los planes específicos deberán tener en cuenta los factores
transversales y los riesgos específicos identificados en el presente Auto.

7. En el diseño e implementación del plan específico también cooperarán las
autoridades territoriales de las jurisdicciones donde se encuentran las
comunidades afrocolombianas desplazadas o confinadas señaladas en el
Anexo del presente Auto, de conformidad con lo que establece la Ley 1190
de 2008.

8. Todas las entidades que hacen parte del CNAIPD deberán prestar su
concurso para que en relación con cada una de estas comunidades se
avance de manera efectiva en el goce de sus derechos.

170. La información remitida sobre estos casos se encuentra en el Anexo de
este Auto y hace parte integral del mismo. A pesar de que tal información es
insuficiente para apreciar la dimensión de la crisis humanitaria que enfrentan
estas comunidades, sirve como punto de partida para el diseño y la adopción
de las medidas que sean necesarias para garantizar el goce efectivo de los
derechos individuales y colectivos de estas comunidades.

171. Sobre el avance del proceso de diseño e implementación de los planes
específicos, el Director de Acción Social deberá remitir a la Corte
Constitucional el 30 de octubre de 2009 un informe detallando el estado
actual de los planes específicos y el cronograma y las metas fijadas para su
cumplimiento.

172. Estos planes específicos no eximen al gobierno nacional ni a las
entidades territoriales del diseño e implementación de un plan general para la
prevención, protección y atención de las comunidades afrocolombianas
desplazadas o confinadas como se detalla a continuación.

60

VIII. MEDIDAS A ADOPTAR

173. En la presente providencia, la Corte Constitucional ha constatado y
valorado la existencia de problemas de una alta complejidad, que inciden en
forma múltiple y profunda sobre los derechos individuales y colectivos
prevalecientes de los afrocolombianos afectados por el desplazamiento
forzado interno, el confinamiento, la discriminación y la marginación
estructural. Pese a su complejidad, estos problemas exigen del Estado una
respuesta idónea y vigorosa que, con enfoque diferencial, se oriente a superar
el estado de cosas inconstitucional en lo que respecta a su impacto cuantitativa
y cualitativamente desproporcionado sobre los individuos y las comunidades
de afrocolombianos afectados por este flagelo, y contribuya a avanzar de
manera acelerada en lograr el goce efectivo de sus derechos.

174. Para proteger los derechos individuales y colectivos de las comunidades
afrocolombianas afectadas por el desplazamiento interno y el confinamiento,
la Corte Constitucional ordenará lo siguiente:

Medidas para la protección de los derechos territoriales de las
comunidades afrocolombianas

175. Con el fin de fortalecer los mecanismos de protección de los territorios
colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por población
afrodescendiente, se ordenará al Ministro del Interior y de Justicia, el diseño e
implementación de un plan de caracterización de los territorios colectivos y
ancestrales habitados mayoritariamente por la población afrocolombiana para
determinar, por lo menos, (i) la situación jurídica de los predios señalados
como territorios colectivos –titulados o en proceso de titulación - y
ancestrales; (ii) las características socioeconómicas de las comunidades
asentadas en dichos territorios; (iii) la situación fáctica y jurídica en que se
encuentran los consejos comunitarios y las autoridades locales constituidas en
dichos territorios; (iv) los riesgos y potencialidades para la protección de los
territorios; (v) los obstáculos jurídicos que impiden la protección efectiva de
dichos territorios; y (vi) los mecanismos para garantizar la restitución efectiva
de los territorios cuya propiedad haya sido transferida con violación de lo que
establece la Ley 70 de 1993, incluido el establecimiento de presunciones de
ilegalidad de las transacciones realizadas sobre dichos territorios sin el
cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley 70 de 1993.

176. Para el diseño e implementación de dicho plan, el Ministro del Interior y
de Justicia trabajará de manera coordinada con los Ministros de Agricultura y
Desarrollo Rural, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Director
del INCODER, el Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
Directora del Departamento Nacional de Planeación, la Superintendente de
Notariado y Registro y el Director de Acción Social. En dicho proceso
también participarán la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Derechos
Humanos de la Vicepresidencia de la República. Igualmente se garantizará

61

una amplia participación a los Consejos Comunitarios de población
afrocolombiana que manifiesten su interés en participar en este proceso, así
como de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES y demás
organizaciones de población afrocolombiana desplazada que manifiesten su
interés en participar.

177. Este plan general deberá estar diseñado para el 30 de octubre de 2009.
En esa fecha, el Ministro del Interior y de Justicia deberá enviar un informe a
la Corte Constitucional con el plan diseñado y con un cronograma de
implementación para la caracterización efectiva de los territorios colectivos y
ancestrales. El Ministro del Interior y de Justicia también deberá presentar un
informe sobre la culminación del proceso de implementación del plan de
caracterización de territorios el 1 de julio de 2010

178. Para la protección de los territorios colectivos constituidos o no, pero
que son ocupados ancestralmente – exista o no solicitud de titulación -, se
ordenará al Ministerio del Interior y de Justicia, conjuntamente con el
INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad Nacional
de Tierras del Ministerio de Agricultura, el IGAC y Acción Social, poner en
marcha, a más tardar el 30 de octubre de 2009, la ruta étnica propuesta por
Acción Social dentro del proyecto de protección de tierras y patrimonio. La
aplicación de esta ruta será obligatoria en situaciones de desplazamiento
masivo, cuando la Defensoría del Pueblo haya emitido un informe de riesgo
que involucre a las comunidades afrocolombianas, así como en las zonas de
desarrollo de megaproyectos económicos de monocultivos, explotación
minera, turística o portuaria que involucre territorios ancestrales. Igualmente,
esta ruta de protección deberá ser aplicada cuando los informes y análisis de
las autoridades sobre la evolución de la situación de orden público señalen un
riesgo particular para las comunidades afrocolombianas en determinadas
regiones. Para ello podrán apoyarse en la información del Observatorio de
Derechos Humanos y DIH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH de la Vicepresidencia de la República.

Medidas para la protección de los derechos de las comunidades
afrocolombianas y sus miembros en tanto víctimas del desplazamiento
forzado interno y del confinamiento

179. Con el fin de asegurar que la atención de la población afrocolombianas
desplazada o confinada sea efectiva y esté orientada a lograr el goce efectivo
de sus derechos, la Corte Constitucional ordenara lo siguiente:

180. Reiterará que los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con
discapacidad pertenecientes a la población afrodescendiente desplazada están
amparados por las presunciones de vulnerabilidad extrema y prórroga de la
ayuda humanitaria de emergencia establecidas en los Autos 092 de 2007, 251
de 2008 y XXXX de 2009 y, por lo tanto, tienen derecho a que se los incluya

62

en los programas desarrollados en cumplimiento de lo ordenado en dichos
Autos.

181. Para el caso de los municipios donde se produzca confinamiento de la
población afrocolombiana, se ordenará al Director de Acción Social que
diseñe una estrategia que le permita adoptar de manera urgente las medidas
necesarias para garantizar que la población afrocolombiana confinada, reciba
atención humanitaria de emergencia de manera integral, oportuna y completa,
respetando los criterios de especificidad cultural aplicables. El Director de
Acción Social determinará, en ejercicio de su discrecionalidad y de sus
atribuciones como coordinador del SNAIPD, el mejor medio para que la
ayuda humanitaria urgentemente requerida efectivamente llegue a su destino.
En el evento de que el Director de Acción Social encuentre barreras de orden
jurídico, la presente providencia judicial constituye título suficiente para
proveer la Ayuda Humanitaria de Emergencia a la población afrocolombiana
confinada y desplazada. El Director de Acción Social deberá informar a la
Corte Constitucional a más tardar el 30 de octubre de 2009 sobre la estrategia
diseñada, los mecanismos establecidos y su aplicación en los casos de
confinamiento que se hayan presentado durante ese período, de tal manera que
demuestre que los instrumentos diseñados resultaron adecuados para
garantizar el goce de los derechos de la población afro confinada.

182. Ordenará al gobierno nacional, a través del Director de Acción Social
como coordinador del Sistema Nacional de Atención a la Población
Desplazada, y al CNAIPD, diseñar un plan integral de prevención, protección
y atención a la población afro colombiana, con la participación efectiva de las
comunidades afro y el pleno respeto por sus autoridades constituidas, y de las
autoridades territoriales concernidas. El plan integral de prevención,
protección y atención deberá contener como mínimo lo siguiente:
a. Una caracterización adecuada de la población afrodescendiente
desplazada o confinada en el territorio, con el fin de conocer sus
necesidades y potencialidades;
b. Un plan de prevención del desplazamiento y del confinamiento específico
por departamento, que tenga en cuenta las características y evolución del
conflicto armado, la situación de los municipios, corregimientos y veredas
afectados, los informes del Sistema de Alertas Tempranas, y las
propuestas que hagan los consejos comunitarios sobre mecanismos y
alternativas para minimizar los riesgos de destierro o confinamiento.
c. Medidas de fortalecimiento de las autoridades locales y de los consejos
comunitarios constituidos y que se constituyan para la protección de los
derechos colectivos de los afrocolombianos y la garantía de la
participación efectiva de las comunidades afro en los procesos de toma de
decisión que los conciernan.
d. Una estrategia para combatir la discriminación contra la población
afrocolombiana desplazada y garantizar el acceso efectivo a los distintos
componentes y servicios de la política de atención a la población
desplazada.

63

e. Un plan para la provisión y/o mejoramiento de soluciones de vivienda
para la población afrocolombiana desplazada.
f. Un plan de generación de ingresos para la población afrocolombiana
desplazada que tenga en cuenta los saberes y las experiencias de
etnodesarrollo del pueblo afrocolombiano.
g. Mecanismos de superación de las falencias presupuestales y
administrativas que han impedido que la población afrocolombiana
desplazada o confinada goce efectivamente de sus derechos.
h. Planes de retorno que aseguren el respeto de los principios de
voluntariedad, seguridad y dignidad.
i. Medidas que conduzcan al fortalecimiento de las organizaciones sociales
que desarrollen las comunidades afrocolombianas para promover sus
derechos en los lugares de asentamiento.
j. Estrategias para la transmisión y protección del conocimiento tradicional
de los pueblos afrocolombianos desplazados, en el cual se involucre a las
mujeres y adultos mayores.
k. Sistemas de seguimiento y evaluación permanentes para medir el avance
en el goce efectivo de los derechos de la población afrocolombiana
desplazada y/o confinada.
l. Medidas presupuestales y de capacidad institucional, necesarias para
poner en marcha cada uno de esos planes y asegurar la cobertura adecuada
de los mismos.

183. El plan integral de prevención, protección y atención a la población
afrocolombiana que se diseñe deberá guardar armonía con los planes
específicos que se adopten para las comunidades señaladas en el Anexo de
este Auto.

184. El plan integral de prevención, protección y atención a la población
afrocolombiana deberá estar diseñado a más tardar el 18 de enero de 2010,
fecha en la cual el Director de Acción Social presentará a la Corte
Constitucional un informe con la descripción del plan diseñado y los
mecanismos para su implementación, así como con el cronograma de
ejecución y aplicación del mismo, con la definición clara de sus metas y los
funcionarios responsables. El Director de Acción Social deberá presentar el 1
de julio de 2010 un informe sobre el avance en la aplicación del plan integral.

IX. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

Primero.- CONSTATAR que los individuos y las comunidades
afrocolombianos en situación de desplazamiento y confinamiento no son
tratados de manera acorde con su status como sujetos de especial protección

64

constitucional, en sí mismos titulares de derechos individuales y colectivos
fundamentales, y merecedores de atención y protección prioritaria y
diferenciada; y DECLARAR que sus derechos fundamentales prevalecientes
que están siendo masiva y continuamente desconocidos.

Segundo.- CONSTATAR que la política pública de atención a la población
desplazada carece de un enfoque integral de atención diferencial a la
población afrocolombiana en situación de desplazamiento, que sea sensible a
los riesgos especiales que sufren, a los factores transversales que inciden en el
desplazamiento y el confinamiento de esta población y los riesgos particulares
que impactan de manera desproporcionada en sus derechos. DECLARAR que
las autoridades colombianas están en la obligación constitucional e
internacional de incorporar un enfoque integral diferencial de prevención,
protección y atención que responda a la realidad de las comunidades
afrocolombianas.

Tercero.- ORDENAR al Director de Acción Social como coordinador del
SNAIPD, diseñar y poner en marcha un plan específico de protección y
atención para cada una de estas comunidades, de conformidad con los temas
abordados en la sección VII del presente Auto. Sobre el avance del proceso de
diseño e implementación de los planes específicos, el Director de Acción
Social deberá remitir a la Corte Constitucional el 30 de octubre de 2009 un
informe detallado sobre el estado actual de los planes específicos, el
cronograma y las metas fijados para su cumplimiento. Las autoridades
territoriales de las respectivas jurisdicciones donde se encuentran las
comunidades afrocolombianas señaladas en el Anexo del presente Auto,
deberán participar en el diseño e implementación del correspondiente plan, de
conformidad con lo que establece la Ley 1190 de 2008.

Cuarto.- ORDENAR al Ministro del Interior y de Justicia, diseñar, a más
tardar para el 30 de octubre de 2009, un plan de caracterización de los
territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la
población afrocolombiana de conformidad con los lineamientos señalados en
la sección VIII del presente Auto. En esa fecha, el Ministro del Interior y de
Justicia deberá enviar un informe a la Corte Constitucional con el plan
diseñado y con un cronograma de implementación para la caracterización
efectiva de los territorios colectivos y ancestrales. El Ministro del Interior y de
Justicia también deberá presentar un informe sobre la culminación del proceso
de implementación del plan de caracterización de territorios el 1 de julio de
2010.

Quinto.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia, conjuntamente
con el INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad
Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura, el IGAC y Acción Social,
poner en marcha, a más tardar el 30 de octubre de 2009, la ruta étnica
propuesta por Acción Social dentro del proyecto de protección de tierras y
patrimonio. La aplicación de esta ruta será obligatoria en situaciones de

65

desplazamiento masivo, cuando la Defensoría del Pueblo haya emitido un
informe de riesgo que involucre a las comunidades afrocolombianas, así como
en las zonas de desarrollo de megaproyectos económicos de monocultivos,
explotación minera, turística o portuaria que involucre territorios ancestrales.
Igualmente, esta ruta de protección deberá ser aplicada cuando los informes y
análisis de las autoridades sobre la evolución de la situación de orden público
señalen un riesgo particular para las comunidades afrocolombianas en
determinadas regiones. Para ello podrán apoyarse en la información del
Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República.

Sexto.- REITERAR que los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas
con discapacidad pertenecientes a la población afrodescendiente desplazada
están amparados por las presunciones de vulnerabilidad extrema y prórroga de
la ayuda humanitaria de emergencia establecidas en los Autos 092 de 2007,
251 de 2008 y XXXX de 2009 y, por lo tanto, tienen derecho a que se los
incluya en los programas desarrollados en cumplimiento de lo ordenado en
dichos Autos.

Séptimo.- ORDENAR al Director de Acción Social que diseñe una estrategia
que le permita adoptar en cada caso y de manera urgente, las medidas
necesarias para garantizar que la población afrocolombiana confinada, reciba
atención humanitaria de emergencia de manera integral, oportuna y completa,
respetando los criterios de especificidad cultural aplicables. El Director de
Acción Social determinará, en ejercicio de su discrecionalidad y de sus
atribuciones como coordinador del SNAIPD, el mejor medio para que la
ayuda humanitaria urgentemente requerida efectivamente llegue a su destino.
En el evento de que el Director de Acción Social encuentre barreras de orden
jurídico, la presente providencia judicial constituye título suficiente para
proveer la Ayuda Humanitaria de Emergencia a la población afrocolombiana
confinada y desplazada. El Director de Acción Social deberá informar a la
Corte Constitucional a más tardar el 30 de octubre de 2009 sobre la estrategia
diseñada, los mecanismos establecidos y su aplicación en los casos de
confinamiento que se hayan presentado para esa fecha, de tal manera que
muestre que los instrumentos diseñados resultaron adecuados para garantizar
el goce de los derechos de la población afro confinada.

Octavo.- COMUNICAR la presente providencia al Consejo Noruego para
Refugiados con el fin de que adopte las decisiones que estime pertinentes para
hacer el seguimiento al cumplimiento de este auto.

Noveno.- ORDENAR al Director de Acción Social como coordinador del
Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, y al CNAIPD,
diseñar un plan integral de prevención, protección y atención a la población
afro colombiana, con la participación efectiva de las comunidades afro y el
pleno respeto por sus autoridades constituidas, y de las autoridades
territoriales concernidas, de conformidad con los temas abordados en la

66

sección VIII del presente Auto, a lo menos. El plan integral de prevención,
protección y atención a la población afrocolombiana deberá estar diseñado a
más tardar el 18 de enero de 2010, fecha en la cual el Director de Acción
Social presentará a la Corte Constitucional un informe con la descripción del
plan diseñado y los mecanismos para su implementación, así como con el
cronograma de ejecución y aplicación del mismo, con la definición clara de
sus metas y los funcionarios responsables. El Director de Acción Social
deberá presentar el 1 de julio de 2010 un informe sobre el avance en la
aplicación del plan integral.

Décimo.- ORDENAR a los Ministerios del Interior y de Justicia y de
Defensa, que presenten a la Defensoría del Pueblo, informes bimensuales
sobre las acciones tomadas para obtener el cumplimiento de las medidas
provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
relación con las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. El informe
periódico que se presente deberá incluir una evaluación objetiva de la
idoneidad de los medio adoptados, con arreglo a los resultados obtenidos y las
fallas identificadas en lo referente a la prevención de crímenes contra los
sujetos protegidos.

Undécimo.- Se COMUNICA el contenido de la presente providencia al
Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor
General de la República, para que dentro de la órbita de sus competencias
adopten las medidas que consideren haya lugar, con miras a proteger de la
manera más efectiva los derechos fundamentales de la población
afrocolombiana víctima de desplazamiento forzado interno o confinamiento,
en cumplimiento de la presente providencia. Se les SOLICITA que, según lo
consideren conveniente, informen a la Corte sobre el cumplimiento de las
mismas, y sobre las medidas que han adoptado desde sus respectivas esferas
de competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos individuales y
colectivos de las comunidades afrocolombianas.

Duodécimo.- Se COMUNICA el contenido de la presente providencia al
representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), al representante en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH), al representante en Colombia del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), para que si lo estiman compatible con el ámbito de su
mandato realicen un seguimiento al cumplimiento del mismo.

Décimo tercero.- Se COMUNICA el presente Auto a las siguientes
organizaciones: (1) Comisión Colombiana de Juristas; (2) Mesa Nacional de
Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada; (3) AFRODES;
(4) Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); (5)
Comisión Intereclesial Justicia y Paz; (6) CODHES; (7) Proceso de
Comunidades Negras - PCN; (8) ASOMUJER y TRABAJO; (9)
CIMARRON; (10) COOPDICON; (11) Fundación Colombia Pacífico; (12)

67

Coordinación de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – CODICONS; (13)
Asociación de Desplazados Afrocolombianos del Chocó – ADACHO; (14)
Comité de Desplazados Gestión y Veeduría CODEGEVED del departamento
de Chocó; (14) Fundación Arte y Cultura del Pacífico FUNDARTECP; (15)
Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – RECOMPAS; (16)
ASOCOETNAR; (17) Consejo Mayor del Charco; (18) Consejo Comunitario
Unión y Lucha (Río Tapaje); (19) Consejo Comunitario Mayor del Medio
Atrato – COCOMACIA; (20) Red Juvenil Afrocolombiana de Liderazgo
(REJAL); (21) Asociación de Comunidades del Bajo Atrato- ASCOBA; y (22)
Comunidades de Paz de San José de Apartadó.

Décimo cuarto.- INVITAR al Consejo Noruego para los Refugiados, a la
Comisión Colombiana de Juristas y a la Comisión de Seguimiento de la
Política Publica de Atención a la Población Desplazada, a hacer un
seguimiento al cumplimiento del presente Auto, si así lo estiman pertinente.

Comuníquese y cúmplase.

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General

68

ANEXO

CASOS EMBLEMÁTICOS QUE REFLEJAN LA GRAVEDAD DE LA
CRISIS HUMANITARIA QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN
AFROCOLOMBIANA

El presente anexo tiene por fin describir la situación que afrontan las
comunidades afrocolombianas en distintas regiones del país. En cada caso la
descripción, se fundamenta en los documentos entregados a la Corte
Constitucional por organizaciones de población afrocolombiana,
organizaciones de derechos humanos, y por varios consejos comunitarios,
durante el proceso de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 y de
inclusión del enfoque diferencial en la política pública de atención integral a la
población desplazada, así como en las declaraciones realizadas durante la
sesión técnica del 18 de octubre de 2007. No existe información completa y
detallada sobre cada uno de los casos señalados como emblemáticos. Sin
embargo, se han incorporado los datos que han sido reportados a esta
Corporación, sin que ello implique que la Corte asegure la exactitud de todo lo
que se señala, o comparta las descripciones de los hechos delictivos alegados
y la mención de los supuestos responsables que se mencionan. Corresponde a
las autoridades competentes, a las cuales se les comunica el presente Auto,
adoptar las decisiones que estimen conducentes para esclarecer lo sucedido y
sancionar a los responsables identificados como consecuencia de las
investigaciones que se adelanten.

Por otra parte, para el caso de los hechos criminales mencionados en los
distintos documentos que sirven de fuente a este anexo y cuya autoría se
atribuye a miembros de la Fuerza Pública, la Corte considera necesario
manifestar que la inclusión de los mismos en este documento no puede
entenderse de ninguna manera como una afirmación acerca de su
responsabilidad ni sobre si tales delitos son o no el producto de una política de
la Fuerza Pública. En todos esos casos, las denuncias deben ser investigadas
en lo referido a su exactitud y los supuestos responsables de las mismas y se
parte de la base de que las conductas de los miembros de la Fuerza Pública
mencionados fueron ejecutadas por cuenta propia.

Es importante anotar que las descripciones de las comunidades
afrocolombianas en situación crítica incluidas en este anexo no agota la
multiplicidad de problemáticas que enfrentan. La carga de identificar los
problemas y caracterizar adecuadamente la dimensión de la crisis humanitaria
que enfrentan estas comunidades recae sobre el gobierno. Este anexo tampoco
recoge la totalidad de las comunidades afrocolombianas en situación de
desplazamiento o confinamiento. La información sobre los casos incluidos en

69

el anexo y sobre otros que se presenten, podrá ser complementada
posteriormente.
Curvaradó y Jiguamiandó

Sobre este caso, el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEARC) de la OIT. El CEACR, en observaciones
individuales sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales
derivadas del Convenio 169, ha hecho dos pronunciamientos relativos a la
grave situación de desplazamiento forzado de las comunidades
afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó. En su observación individual
de 2006, el CEACR señaló:

2. Artículo 1 del Convenio. Campo de aplicación personal. En 2005, la
Comisión consideró que, (…) las comunidades negras de Curvaradó y
Jiguamiandó parecían reunir los requisitos establecidos por el artículo 1, 1, a),
del Convenio según el cual se aplica: «a los pueblos tribales en países
independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total
o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación
especial». Consideró también que según las informaciones proporcionadas en la
comunicación, indicando que los representantes de los consejos comunitarios
de Curvaradó y Jiguamiandó habían participado en la elaboración de la
comunicación, parecería que las comunidades, al solicitar que se les aplique el
Convenio, tienen conciencia de su identidad tribal. Además, notó que la
definición de «comunidad negra» desarrollada por la ley núm. 70 parecía
coincidir con la definición de pueblos tribales del Convenio. (…).

Tierras y recursos naturales
En sus comentarios de 2005, la Comisión además tomó nota que la 3.
comunicación indicaba que desde el año 2001 la perpetración de violaciones de
derechos humanos contra estas comunidades ha estado relacionada con el
avance de cultivos extensivos de palma aceitera o palma africana y de
proyectos de ganadería, los cuales se habían desarrollado pese a la existencia de
títulos colectivos sobre estos territorios, y que el despojo de las tierras de estas
comunidades se había realizado también «por medio de acciones jurídicas
ilegales de las empresas palmicultoras mediante, entre otros, la celebración de
contratos violatorios de la ley núm. 70, la suplantación personal, la falsedad, la
creación de figuras jurídicas para hacer aparecer el aval de estas comunidades,
la suplantación de cargos de los representantes de las comunidades
debidamente reconocidos e inscritos, los acuerdos para la implementación de
los cultivos facilitados por funcionarios públicos miembros de las fuerzas
militares, la coacción y la amenaza directa a los pobladores que en muchas
ocasiones se ven obligados a vender sus propiedades por temor o por no existir
opción distinta que los beneficie», indicando que los efectos de la deforestación
intensiva para el cultivo de la palma africana y la ganadería han generado un
daño social y ambiental devastador. Tomó nota también que, según el sindicato,
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en noviembre de
2004 estimaba en 4.993 has el área intervenida con cultivos de palma en los
territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó y que 810 ha. se encontraban
intervenidas con ganadería y que el 93 por ciento de las áreas sembradas con
cultivos de palma se encontraban en los territorios colectivos y el 7 por ciento
restantes en predios de propiedad privada adjudicados por el Instituto

70

Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) antes de la vigencia de la ley
núm. 70.

En relación con lo planteado en el párrafo anterior, la Comisión 4. Indicó en
sus precedentes comentarios que si se confirmaba que estas comunidades están
cubiertas por el Convenio, correspondía aplicar los artículos 6, 7 y 15 sobre
consulta y recursos naturales y los artículos 13 a 19 sobre tierras. En particular,
la Comisión se refirió al derecho de estos pueblos de regresar a sus tierras
tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y
reubicación (artículo 16, 3, del Convenio) y a las medidas previstas por el
Gobierno contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos
interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos
(artículo 18 del Convenio).

5. Tierras. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno
para delimitar o deslindar territorios colectivos de las comunidades de los
consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, propendiendo
especialmente a la recuperación de las tierras indebidamente ocupadas, por
medio de la revisión de títulos o derechos otorgados ilegalmente. En particular,
toma nota que el Consejo de Estado determinó la validez de los títulos
otorgados por el INCORA inscriptos en las Oficinas de Registros de
Instrumentos Públicos «con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de
fijación en lista de la solicitud de titulación colectiva a favor de las
comunidades negras». Sírvase brindar más precisiones y las consecuencias de
esta decisión. La Comisión recuerda que el Convenio protege no sólo a las
tierras sobre las cuales los pueblos interesados ya tienen título de propiedad
sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan, y que, en virtud del
Convenio, los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión
(artículo 14, párrafo 2). En este sentido, las disposiciones que tratan de la
cuestión de las tierras en el Convenio, y más concretamente los artículos 13 y
14, deben ser interpretadas en el contexto de la política general expresada en el
artículo 2, párrafo 1, según el cual los gobiernos deberán asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados,
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Dichas disposiciones además
deben articularse en la práctica con la implementación de los procesos de
consulta con los pueblos interesados del artículo 6. Por lo tanto, la Comisión
espera que el Gobierno dé plena aplicación a los artículos mencionados en el
curso de la delimitación de las tierras ocupadas tradicionalmente por las
comunidades referidas, y solicita la mantenga informada al respecto, en
particular sobre la manera en que las comunidades participan en dicho proceso,
así como sobre los resultados de las medidas adoptadas para recuperar las
tierras indebidamente ocupadas por personas que no pertenezcan a las
comunidades.

La Comisión toma nota con interés de la resolución núm. 0482 de 6. fecha 18
de abril de 2005 de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible de Chocó que ordenó la «suspensión de todo tipo de actividades
realizadas con el fin de establecer cultivos de palma africana o aceitera dentro
de la jurisdicción del departamento de Chocó (...) y de manera específica las
áreas tituladas colectivamente a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó
(...) realizadas sin el respectivo permiso, concesión o autorización expedidos
por la primera autoridad ambiental regional — CODECHOCO». La Comisión

71

recuerda que el artículo 15, párrafo 2, dispone que «los Gobiernos deberán
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de exploración o explotación de los recursos existentes en sus
tierras». Por lo tanto, la Comisión invita al Gobierno a desarrollar consultas con
los pueblos interesados acerca de los permisos, concesiones o autorizaciones a
los que hace referencia así como acerca de aquellos que autoricen realizar
proyectos de ganadería, deforestación o extracción de madera, teniendo en
cuenta el procedimiento establecido en el artículo 6, para determinar si sus
intereses serán perjudicados y en qué medida, tal como lo determina el artículo
15, párrafo 2, y confía que hará todo lo posible por llevar a cabo los estudios
previstos en el artículo 7 en cooperación con los pueblos interesados. La
Comisión invita asimismo al Gobierno a examinar la posibilidad de poner la
legislación vigente en la materia en conformidad con el Convenio y a
proporcionar informaciones detalladas sobre el caso con la próxima memoria.

7. Consulta La Comisión toma nota que el Gobierno ha iniciado un proceso
para avanzar en la reglamentación de distintos títulos de la ley núm. 70 de 1993
con la participación de representantes de los consejos comunitarios poseedores
de títulos colectivos. La Comisión recuerda que las disposiciones del Convenio,
entre ellas el artículo 6, son aplicables a los pueblos indígenas y tribales según
lo define el artículo 1. Por lo tanto, la Comisión invita al Gobierno a desarrollar
consultas con la totalidad de los pueblos interesados en el proceso de
reglamentación de la ley núm. 70, independientemente de cualquier otra
circunstancia, como por ejemplo la titularidad sobre las tierras que ocupan
tradicionalmente o el haber conformado su consejo comunitario. Sírvase
mantenerla informada al respecto y sobre los progresos alcanzados en la
reglamentación referida.102

Por su parte en la observación individual del año 2008, la Comisión de
Expertos señaló lo siguiente:

1. La Comisión toma nota de la comunicación de la Unión Sindical Obrera de
la Industria del Petróleo (USO), recibida el 31 de agosto de 2007, con relación
a los comentarios formulados por la Comisión en su última observación sobre
la solicitud de aplicación del Convenio a las comunidades afrodescendientes
de Curvaradó y Jiguamiandó. Dicha comunicación fue elaborada junto con los
consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, la comisión intereclesial
justicia y paz, la comisión colombiana de juristas y el colectivo de abogados
«José Alvear Restrepo». La Comisión nota que la comunicación fue enviada al
Gobierno el 11 de septiembre de 2007 y la examinará detalladamente en su
próxima reunión, junto con los comentarios que el Gobierno considere
oportuno formular.

2. Sin embargo, debido a la gravedad y urgencia de algunas cuestiones, y a las
consecuencias irreversibles que ciertas situaciones a las que se refieren las
alegaciones pudieran tener, la Comisión expresa su grave preocupación por las
alegaciones sobre amenazas y violaciones de derecho a la vida y a la
integridad personal de los habitantes de las comunidades. La Comisión se
refiere en particular a las alegaciones contenidas en la comunicación acerca
de: 1) presencia de grupos paramilitares en el territorio colectivo, entre otros
102
Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión, 2006. Informe de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

72

los conocidos como «Águilas negras» y «Convivir» y que contarían con la
tolerancia de la fuerza pública y en particular de las brigadas XV y XVII del
ejército. Los paramilitares se habrían establecido en 2007 en tierras
comunitarias y habrían proferido amenazas y acusaciones contra los habitantes
de las comunidades de pertenecer a la guerrilla, lo cual dada la situación del
país pone gravemente en riesgo su vida. Expresa la comunicación que estas
intimidaciones se dan en defensa del cultivo de palma africana y que
amenazaron con «limpiar» a todos los que están obstruyendo el cultivo del
aceite de palma en Curvaradó y Jiguamiandó; 2) impunidad respecto de las
violaciones a los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades
como la desaparición y asesinato en 2005 de Orlando Valencia, líder
afrodescendiente de Jiguamiandó; 3) la «persecución judicial» contra las
víctimas de violaciones de derechos humanos y los miembros de las
organizaciones acompañantes. Indican que aunque la guerrilla sólo tenga
presencia esporádica en la región no hay que olvidar que las comunidades son
población civil y que han decidido constituir zonas humanitarias que han sido
reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión
insta al Gobierno a adoptar sin demora todas las medidas necesarias para
garantizar la vida y la integridad física y moral de los miembros de las
comunidades, para que cese toda persecución, amenaza o intimidación y para
garantizar la implementación de los derechos consagrados en el Convenio en
un ambiente de seguridad. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione
informaciones sobre las medidas adoptadas al respecto y la respuesta a los
comentarios de la Comisión formulados en su última observación. La
Comisión solicita al Gobierno que al formular sus observaciones sobre la
comunicación de la USO, proporcione detalladas informaciones sobre la
manera en que se procede a aplicar el artículo 14 del Convenio sobre tierras a
las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al adoptar medidas
provisionales para proteger a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó,
señaló lo siguiente:

[…] En este caso, según lo indicado por la Comisión, se desprende que las
comunidades constituidas por el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las
familias del Curvaradó, integradas por aproximadamente 2.125 personas que
conforman 515 familias, constituye una comunidad organizada, ubicada en
un lugar geográfico determinado en el municipio de Carmen del Darién,
Departamento del Chocó, cuyos miembros pueden ser identificados e
individualizados y que, por el hecho de formar parte de dicha comunidad,
todos se encuentran en una situación de igual riesgo de sufrir actos de
agresión contra su integridad personal y su vida, así como verse desplazados
forzadamente de su territorio, situación que les impide explotar los recursos
naturales necesarios para su subsistencia. Por ello, esta Corte considera
conveniente dictar medidas provisionales de protección a favor de los
miembros de las comunidades constituidas por el Consejo Comunitario del
Jiguamiandó y las familias del Curvaradó, de tal manera que cubran a todos
los miembros de las referidas comunidades.

[…] Que la situación que se vive en las comunidades constituidas por el
Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó, según lo
descrito por la Comisión, ha obligado a sus miembros a desplazarse a zonas
selváticas u otras regiones, por lo que es necesario que el Estado asegure que
las personas beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo

73

en su residencia habitual y brinde las condiciones necesarias para que las
personas desplazadas de dichas comunidades regresen a sus hogares.103

En los documentos aportados a la Sala, también se informó sobre la situación
actual y los riesgos latentes de los pobladores de las comunidades
afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó. A la Corte Constitucional se
allegó copia del documento preparado por la Unión Sindical Obrera para
presentarlo a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT,104 en donde se hace una relación detallada de los
factores de riesgo y vicisitudes que han experimentado los miembros de
dichas comunidades. En el punto 2 del informe, sobre la ‘Violación a los
derechos de las comunidades reconocidos en el Convenio 169’, se expresa lo
siguiente:

“[d]urante todo el año, los pobladores afro descendientes de las comunidades
Curvaradó y Jiguamiandó que se han negado a aceptar las imposiciones de las
empresas palmicultoras o que han defendido el derecho a la restitución de sus
tierras han sido amenazados de muerte y hostigados sistemáticamente por
grupos paramilitares y soldados de la Brigada XVII del Ejército”. En el
informe se exponen casos de palabras acusadoras de miembros de la Brigada
XVII del Ejército Nacional, de amenazas puntuales del grupo ‘Águilas
Negras’ –definido como paramilitar-, y de las ‘Convivir’.

Por otra parte, el documento dice que

“también algunos funcionarios de las empresas palmicultoras han emitido
amenazas contra los afro descendientes, durante reuniones en la sede de una
de las empresas o cuando visitan las plantaciones acompañados por las
unidades militares. Estos funcionarios han propagado a través de medios
públicos y de información masiva el mensaje de que los afro descendientes
que viven en las zonas humanitarias y los acompañantes organizaciones
nacionales e internacionales son parte de una estrategia de la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC”.

El informe señala que los ataques de que son víctimas los pobladores de éstas
poblaciones son de diverso orden y aumentan el riesgo de desplazamiento.105
Por ejemplo, la población se siente acosas por los registros fílmicos que se han
hecho de todos los pobladores, por el acopio de todos sus datos, pro la
destrucción de las demarcaciones de los territorios que habitan y de las
denominaciones de los mismos como zona de biodiversidad, por las
acusaciones constantes de pertenecer a determinado grupo armado insurgente,
por las amenazas directas y admoniciones de las consecuencias nocivas que
podrían seguirse de no atenderlas (como la muerte o el exterminio de la

103
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de 6 de marzo de 2003, (supra Visto 1,
Considerandos 9 y 10).
104
En la elaboración de este documento también participaron representantes de los Consejos Comunitarios de
Curvaradó y Jiguamiandó, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Comisión Colombiana de Juristas y
la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
105
Comisión Colombiana de Juristas, Informe acerca de los derechos de las comunidades afrocolombianas en
riesgo y en situación de desplazamiento forzado. Octubre 22 de 2007.

74

familia)106, por la destrucción de los homenajes que los miembros de la
comunidad hacen a sus comuneros asesinados107 y por la profanación las
tumbas de sus seres queridos.108

En el informe de 2006 la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos resaltó que en “los territorios habitados por comunidades
(…) afrocolombianas se han visto seriamente afectados debido a que son
particularmente ricos en recursos naturales y por su ubicación estratégica para
los grupos armados ilegales. Varias comunidades del Chocó han resultado
gravemente afectadas por la explotación privada de los territorios colectivos.
Las comunidades afrocolombianas y mestiza de las cuencas del Jiguamiandó y
del Curvaradó ha estado bajo presión frente a los proyectos de palma africana
en Cacarica y la deforestación en el bajo Atrato.” 109

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución
del 6 de Marzo de 2003, destacó cómo la explotación privada de la palma ha
sido posible en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó desde
2001, gracias al apoyo de la Brigada XVII y de la presencia de civiles armados
que presionan y amenazan a la población.110 No obstante, a pesar de la

106
El documento ejemplifica esta aserción: “El 11 de junio de 2007, un ocupante de mala fe invadió la finca
de la campesina Liria Rosa García Giraldo, ubicada en el caserío Caracolí, Territorio colectivo del
Curvaradó, y la amenazó anunciando: ‘antes de 6 días voy a volver, y si usted está aténgase a las
consecuencias’”. Más adelante narra: “El mes de julio, 11 trabajadores de los empresarios la palma,
dirigidos por un hombre conocido como ‘El Chupa’, quien acostumbra presentarse con los paramilitares,
llegaron al predio recuperado por la familia Mosquera que estaba en ese momento sembrando alimentos, en
compañía de miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y de los organismos humanitarios
internacionales Peace Brigadas Internacional –PBI- y Project d´Accompagnement et Solidarite avec la
Colombia –PASC-. En tono amenazante ‘El Chupa’ expresó: ‘eso lo vamos a cobrar muy caro’.
Posteriormente llegaron la administradores de la empresa palmicultora Urapalma y el coordinador de l
empresa Palmas de Curvaradó y filmaron a la gente que trabajaba en la recuperación del predio”.
107
Dice el informe, por ejemplo: “En el marco de la usurpación de los territorios colectivos, los valores y
prácticas culturales y religiosos de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, han sido objeto de
ataques y destrucción. || En marzo de 2007, en la ribera del río Caño Claro, fueron retiradas y destruidas
seis de las placas con los nombres de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos del Monumento
a la Memoria de las Víctimas del Curvaradó, que habían construido las comunidades del Curvaradó como
afirmación del derecho a la verdad, con el apoyo al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la
Comisión Ética Internacional”.
108
Dice el informe: “después de 5 años de su destrucción por acción de la maquinaria pesada que fue
escoltada por miembros de los grupos paramilitares, las comunidades también habían recuperado el
cementerio de Andalucía. El 10 de octubre de 2006, alrededor de las 6 p.m., en Belén de Bajirá el paramilitar
conocido como ‘El Gago’, afirmó públicamente que el abogado de la empresa Urapalma S.A. Carlos
Merlano, había propuesto a él y a tres personas más desenterrar los restos de Lino Antonio Díaz, que se
encuentran en el cementerio de Llano Rico. Según ‘El Gago’, el abogado Carlos Merlano aseguró que esta
operación estaba organizada con conocimiento del Mayor de la Policía de Belén de Bajirá y el sacerdote del
poblado”.
109
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006 E/CN.4/2006/9, 20 enero de 2006, Nota
12, Anexo IV, párrafo 14.
110
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de febrero de 2008. Medidas
Provisionales respecto de la República de Colombia. Asunto comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó,
párraf. 2 e) “desde el año 2001 la empresa URAPALMA S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en
aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de “la
protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus
factorías y bancos de semillas”. Los operativos e incursiones armados en estos territorios han tenido el
objetivo de intimidar a los miembros de las Comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de
palma o para que desocupen el territorio. La preparación de la tierra para la extensión del cultivo, por parte
de dicha empresa, sigue avanzando en dirección a la comunidad Nueva Esperanza, cerca del lugar escogido

75

atención internacional y la desmovilización de los grupos armados, la
situación en la región continúa hoy con las amenazas de las Águilas Negras, el
asesinato de líderes afro y el desplazamiento de las comunidades.

Igualmente, durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, el Ministerio
Público anotó que en las zonas de los municipios de Curvaradó y Jiguamiandó
todavía operan miembros de grupos paramilitares desmovilizados o de
colaboradores de las estructuras paramilitares originales, entre los cuales hay
personas reconocidas en la región, que persisten en amenazar y presionar a la
población.111

por los miembros de las Comunidades para la construcción de sus “zonas humanitarias de refugio”.
Además, la siembra de palma africana y la explotación de los recursos naturales en los territorios de las
Comunidades, en las presentes circunstancias, ponen en peligro la vida y la supervivencia de estas familias;”
111
El Ministerio Público en su informe para la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, narra un caso
ocurrido en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, que llama la atención de la Corte Constitucional.
Se trata del caso de los hermanos Miguel y Walberto Hoyos. Los hermanos Hoyos –dice el Ministerio
Público- “son reconocidos pobladores de la región que se han opuesto reiteradamente a la siembra de palma
en los territorios colectivos de las comunidades negras del Jiguamiandó y el Curvaradó. También es
relevante (..) que son testigos dentro del proceso que cursa por el homicidio del líder afrodescendiente
Orlando Valencia, quien también había denunciado los desplazamientos forzados de la población y la
utilización de los territorios colectivos por parte de las empresas palmicultoras y su apropiación ilegal para
cultivar palma africana o aceitera”. Ellos viven justo enfrente de la casa de Enrique Petro, “residencia que
debe contar con una presencia perimetral permanente de la Policía Nacional, debido a las amenazas que este
líder y su familia han recibido por parte de los grupos paramilitares llamados ‘Águilas Negras’”. Un día, un
visitante se aproximó a la vivienda de los hermanos Hoyos a solicitar hospedaje sin tener dinero. En ese
mismo momento sacó un arma de fuego, hirió a Miguel en el brazo, y Walberto, quien forcejeó con el tenedor
del arma, resultó también herido en dos puntos. El ‘sicario’ huyó del lugar evitando que se lo identificara. La
policía llegó veinte minutos después, aun cuando debía guardar con celo la integridad del vecino de enfrente
de los hermanos Hoyos. A pocos metros de la casa donde ocurrió el atentado, en un cementerio, estaban
unidades del ejército nacional.

76

Comunidades Afrocolombianas en el Medio Atrato: Consejo Comunitario
Mayor de de la Asociación Campesina Integral del Atrato -
COCOMACIA

Sobre la problemática de las comunidades afrocolombianas en el Medio
Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de de la Asociación Campesina
Integral del Atrato - COCOMACIA señaló en su informe lo siguiente:

La región del Medio Atrato la integran los municipios de: Carmen del Darien,
Bojayá, Medio Atrato, Quibdó y Atrato en el departamento del Chocó; Murindó,
Vigía del Fuerte y Urráo, en el departamento de Antioquia. Al sur del territorio, está
Quibdó, capital del departamento del Chocó, el principal centro comercial y de
servicios con el que tienen relación las comunidades. Hacia el norte hay algunos
pueblos mayores: Vigía del Fuerte, que pertenece a Antioquia, y en la parte baja del
río, Riosucio, en el Chocó.

Algunos ríos grandes desembocan en el Atrato como: Murrí, Arquía, Bebará,
Bebaramá, Neguá, Cabí y el río Munguidó, Tanguí, Beté, Buey, Bojayá, Napipí,
Opogadó, entre otros.

La selva y el agua constituyen el medio habitual en el que viven las familias negras.
Los poblados están en su mayoría, emplazados en angostos diques aluviales a lo
largo del Atrato y de sus afluentes. El río es la columna vertebral que comunica a la
extensa red que conforman las 120 comunidades negras de la COCOMACIA. En la
época menos lluviosa –entre enero y abril-, el nivel del río desciende y los poblados
quedan en los diques como sobre un barranco. En la época de lluvias intensas, el
agua sube muchas veces hasta los diques y anega los patios y las viviendas.

Los poblados se encuentran a lo largo del río, formando a veces una calle. Las
viviendas se levantan sobre pilotes, como defensa contra las inundaciones de las
épocas de lluvias intensas, en la parte más alta se localizan los cementerios, que se
distinguen por sus arbustos de color rojo, allí reposan los antepasados; los ancestros
de las comunidades.

En este extenso territorio selvático, la propiedad es colectiva. Sin embargo, cada
comunidad tiene su propia zona de influencia y en cada comunidad, cada familia
tiene sus propios huertos y o parcelas los cuales son respetados por todos.

Casi todo lo que se consume, se produce en las parcelas –como se denominan los
cultivos de plátanos y los cultivos asociados de cacao, borojó, almirajó, maíz, ñame
y frutales-, localizados en las lomas, lejos de las viviendas, lo que obliga a las
personas que atienden los cultivos a desplazarse en canoa o por senderos entre el
monte para llegar a ellos.

Allí los hombres derriban el bosque o socolan- para que se pudra y ayude a nutrir el
suelo, hombres y mujeres; especialmente las mujeres, se dedican al cuidado de las
plantas cultivadas. Hay cultivos limpios –de una sola especie, como la caña de
azúcar y el arroz para vender-, pero en general se asocian después de un tiempo, se
deja en rastrojar de nuevo la tierra para que sea nuevamente productiva. Esta es la
mejor manera de defender los suelos que corren alto riesgo de erosión, por el nivel
de precipitaciones. El rastrojo crece rápido, y en pocos años ya se ha formado un
bosque secundario, diverso y rico en especies útiles.

77

En los montes de respaldo es fácil distinguir los altos árboles de carrá, cuya madera
se utiliza en la fabricación de canaletes, bateas y enseres para la casa. También se ve
el lechero, o palo de sandé, de raíces rojas; el maré; la damagua, cuya corteza sirve
para hacer artesanías, el castaño, de frutos comestibles; el guino; el peine momo; el
laurel; el jobo; el caraño y el aceite de maría, entre otros, además de innumerables
plantas que crecen en el sotobosque, de las cuales muchas sirven como remedio. Los
árboles que se talan para la venta se cortan y asierran en trozos, los cuales son
vendidos posteriormente en Vigía del Fuerte y en Quibdó.

En la margen derecha del Atrato hay ríos como El Neguá, Bebará y Bebaramá que
arrastran algunas arenas mezcladas con oro y tienen minas ricas en este mineral.

En época de pesca cuando hay subienda de bocachico y otros, la vida en el río es
una fiesta, todos salen a pescar con los copones, trasmallos y atarrallas, el pescado
se seca al sol, bien sea para consumo familiar o para venderlo en Quibdó.

En cuanto a la caracterización del conflicto en la zona, COCOMACIA señaló
en su informe:

Tanto por su diversidad biológica, su riqueza en recursos naturales, como por su
ubicación geográfica estratégica en el contexto del conflicto armado interno, el
Medio Atrato es una zona sobre la que múltiples actores intentan tener el control en
la actualidad.

En los últimos años, los municipios de esta región han sufrido intensamente los
efectos del escalonamiento y la degradación del conflicto armado. Los grupos
armados ilegales que operan en la región se han enfrentado por el control del
territorio y por supuesto del río Atrato, importante vía de comunicación entre el
Chocó y Antioquia, por donde se moviliza la población y se transportan los
productos. Por su localización estratégica, el río facilita además el tráfico de armas y
de drogas para financiar la guerra.

A la situación generada por la agudización del conflicto en el Medio Atrato en los
últimos años, se suman antiguos problemas estructurales relacionados con la
ausencia del Estado que se hace evidente en la falta de servicios públicos, atención
en salud, educación, vivienda y transporte para la población. La falta de respaldo a
las comunidades que resisten en su territorio, así como a aquellas que retornan o
intentan estabilizarse en la zona, la falta de apoyo en todos estos procesos, tanto en
lo político, como en el control de los grupos armados ilegales por parte de la fuerza
pública, ha permitido que se vulneren los derechos de las comunidades.

Una de las consecuencias del recrudecimiento y la degradación del conflicto armado
desde 1997, ha sido el desplazamiento forzado de muchas comunidades del Medio
Atrato, entre las que se encuentran: Las Mercedes, las comunidades del río
Munguidó, las ocho comunidades de Neguá en el Municipio de Quibdó,
Mesopotamía, la Isla de los Palacios, Pueblo Nuevo, San Martín, la comunidad de
Carrillo y las comunidades del río Bojayá en el Municipio de Bojayá y las
comunidades del río Buey y las comunidades de Bebará en el Municipio del Medio
Atrato.

La presencia guerrillera y paramilitar en las zonas, y comunidades ha generado el
señalamiento de sus habitantes como colaboradores o simpatizantes de alguno de los
grupos armados, razón por lo cual en los últimos años, muchas personas han sido
asesinadas u obligadas a desplazarse, por el sólo hecho de proceder del lugar donde
predomina alguno de éstos grupos.

78

Uno de los hechos más crueles de esta guerra ocurrió el 2 de mayo de 2002 en
Bellavista (Bojayá): Los combates entre las FARC y los paramilitares que se
disputaban el control territorial ocasionó una gran tragedia para las comunidades
negras del Medio Atrato. Como resultado de esta confrontación murieron 119
pobladores, 98 resultaron heridos y la infraestructura de la capilla de Bellavista y
otros lugares sufrieron grandes daños. Como consecuencia de estas acciones, todos
sus pobladores tuvieron que desplazarse de la zona para salvar su vida.

Estos hechos suceden a pesar de las alertas tempranas que desde distintos
organismos e instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General
de la Nación, han alertado a las autoridades competentes, a pesar de todo esto, no se
toman las medidas necesarias para evitar tragedia como estas.

A lo largo de veintitrés años de trabajo que lleva la Asociación Campesina Integral
del Atrato ACIA, se ha realizado una labor importante de organización de las
comunidades, que hoy en medio del conflicto armado enfrentan la situación de
recrudecimiento de la violencia. En este aspecto, la organización campesina ha
centrado su labor en la promoción de la resistencia pacífica y la no vinculación con
los actores del conflicto armado.

La ACIA ha procurado además, fortalecer la capacidad de organización de las
comunidades y sus condiciones de arraigo. Así, la organización está desarrollando
un proyecto de autonomía comunitaria que busca fortalecer los consejos
comunitarios locales, de manera que éstas autoridades puedan ejercer debidamente
el control social y territorial y participar activamente en la elaboración del Plan de
Etnodesarrollo de las comunidades negras del Medio Atrato.

La ACIA adelanta periódicamente en las comunidades procesos de capacitación en
el aspecto organizativo, pues en la medida que están organizadas, aumentan sus
posibilidades de resistir pacíficamente en su territorio y evitar más desplazamientos
forzados.

También con el objeto de mejorar las condiciones de arraigo, la ACIA adelanta
proyectos productivos comunitarios que buscan aliviar la situación económica de los
pobladores, permite recuperar su seguridad alimentaria y estimula su permanencia
en la región.

Para lograr el restablecimiento de las comunidades afectadas por el desplazamiento
forzado, la ACIA acompaña procesos de retorno de los pobladores. De esta manera,
han retornado la mayoría de comunidades desplazadas.

Con estas acciones la ACIA, reafirma en la actual situación de violencia, su
posición de no vinculación con ninguno de los grupos enfrentados y promulga la
defensa del territorio colectivo, exigiendo a todos por igual el respeto de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Según el diagnóstico de COCOMACIA, existen zonas prioritarias en razón del
alto riego de desplazamiento, de desestabilización organizativa y de peligro de
confrontación. Con base en ello, definieron 5 zonas prioritarias, a saber:

Zona 1: que comprende 9 comunidades del río Neguá ( El Fuerte, Villa del Rosario,
Boca de Nauritá, Boca de Nemotá, San Joaquín,San Rafael de Neguá, San Antonio

79

de Ichó, San Francisco de Ichó, Las Brisas) que representan 271 familias de las
cuales 748 son hombres y 600 mujeres, para un total 1.348 personas, de los cuales
235 son niños y pertenecen administrativamente al municipio de Quibdó.

Zona 2: comprende 14 comunidades del río Munguidó ( El Jaguo, Villanueva,
Guarandó, Gitradó, Winandó, San Pedro Claver, Calahorra, Bellaluz, El Tambo,
Campo Bonito, la Divisa, Altagracia, Puerto Aluma, La comunidad) que representan
710 familias de los cuales 1567 son hombres y 1501 son mujeres, para un total de
3.068 personas de los cuales 800 son niños menores de 12 años y pertenecen
administrativamente al municipio de Quibdó.

Zona 3 y 4: comprende 2 comunidades del río Tanguí (campo Alegre y Angostura),
la comunidad de Tanguí, 2 comunidades del río Beté (San Roque y Medio Beté), las
comunidades del río Buey (Curichí, San José San Antonio, la Manza, Chibugá, La
vuelta y Auró Buey), que representa 620 familias de los cuales 1549 son hombres y
1550 mujeres, para un total de 3.099 personas con un promedio de 920 niños y
pertenecen administrativamente al Municipio del Medio Atrato.

Zona 5: comprende 12 comunidades 5 entre el río Bebaramá (Campo Alegre,
Llano, Platina, Playón y Tumaco) 4 en el río Bebará (El Llano Bebará, La Peña, La
Villa, Pueblo Viejo) y 3 en el Atrato (Boca de Bebará, Boca de Agua Clara y San
Francisco de Tauchigadó), que representan 548 familias de los cuales 1269 son
hombres y 1349 son mujeres para un total de 2618 con un promedio de 560 niños,
pertenecen administrativamente al Municipio del Medio Atrato.

Zona 6: comprende 9 comunidades del río Arquía (Puerto Medellín, Playita, Puerto
Palacios, Vidrí, Vegaez, Isleta, Belén, Boca de Luisa y Punta de Ocaído) que
representan 347 familias, de los cuales 721 son hombres y 824 mujeres, para un
total 1545 personas con un promedio de 373 niños y pertenecen a los Municipios de
Vigía del Fuerte y Urrao.

Zona 7: comprende las comunidades del río Murrí (Vuelta Cortada, La Playa y la
Loma Murrí) que representan 316 familias de los cuales 306 son hombres y 258 son
mujeres para un total de 564 personas, con un promedio de 118 niños, pertenecen
administrativamente al Municipio de Vigía del Fuerte.

Zonas 8 y 9: comprenden las comunidades del río Bojayá (Corazón de Jesús,
Caimanero, Loma de Bojayá, Cuía, Piedra Candela y Pogue), río Opogadó(
Mesopotamia), Napipí( Carrillo) Brazo de Montaño ( Napipí, Puerto Antioquia,
Briceño, Isla de los Palacios, Pueblo Nuevo) y Murindó (San Alejandro, Villanueva,
Isla de los Rojas, Bebarameño, Tadía, San Bernardo), representados en 1053
familias, de los cuales 2323 son hombres y 2214 son mujeres para un total de 4537
con un promedio de 1789 son niños, pertenecen administrativamente a los
municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte y Murindó.

Nota: la comunidad de la Playa Murrí le hemos calculado un promedio de 180
familias según información de la misma comunidad debido que por situación de
orden público no se pudo realizar el censo en esta población.

Cada una de estas zonas fueron priorizadas porque presentan las siguientes
características: (i) existe presencia de actores armados legales e ilegales de manera
permanente o muy frecuente; (ii) La situación geográfica permite la rápida
circulación de los actores pasando por el interior de las comunidades generando
zozobra y miedo permanente.

80

1. En cada una de estas comunidades ha ocurrido desplazamientos, asesinatos,
amenazas y una serie de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario que mantienen a la población en vulnerabilidad
permanente.
2. Existe posibilidades de enfrentamientos de los grupos armados al interior de
las comunidades.
3. Muchas de estas comunidades reciben amenazas frecuentes de los actores
armados y señalamientos de pertenecer o auxiliar a uno u otro grupo.
4. Los desplazamientos de estas zonas han ocasionado cierto debilitamiento
organizativo, lo que amerita iniciar procesos de capacitación y acompañamiento
permanente.
5. La presencia gubernamental del Estado es mínima o ninguna en la mayoría de
las comunidades, lo que no permite mantener el orden establecido en la
constitución y las leyes.
6. El peligro de que estos territorios sean invadidos por cultivos de uso ilícito por
los actores armados debido al desplazamiento o la amenaza es latente, lo que podría
llevar al debilitamiento total de la economía tradicional, pérdida de la identidad
cultural y el cambio de ritmos políticos y administrativos.
7. La colonización de los territorios para la implementación de megaproyectos
sigue siendo motivo de preocupación por parte de las comunidades.

Municipios de López de Micay y Timbiquí – Cauca

La situación de desplazamiento y/o confinamiento afecta tanto a comunidades
afrocolombianas como indígenas. A continuación se transcribe un informe
remitido a la Corte Constitucional con ocasión del seguimiento a la sentencia
T-025 de 2004, sobre la situación que se vive en estos municipios:
La situación que venía advirtiendo el SAT del Cauca durante 2008 terminó
por materializarse con desplazamientos masivos de minorías étnicas que
habitan en la región, incluidas las comunidades indígenas Eperara Siapidaara
del resguardo de Guanguí, por enfrentamientos o presiones de los actores
armados ilegales. Se evaluarán los acontecimientos y la actividad institucional
para apoyar a las nuevas víctimas del conflicto en esta zona.
Desde el 17 de agosto se inicia un desplazamiento masivo (245 hogares con
1.128 personas) de poblaciones negras ribereñas del río Jolí en área rural del
municipio López de Micay y hacia su cabecera, tales como Yuyal, España,
Correntón, San Antonio y Yucal, situación que habría sido provocada por
enfrentamientos entre las FARC contra el ELN y al parecer en otra ocasión
entre las FARC y el Ejército. Un mes después -17 de septiembre- el fenómeno
se repite en zona rural del municipio de Timbiquí afectando en esta ocasión a
población indígena de la étnia Epedara Siapidaara ubicada en las veredas
Aguaclarita (88 familias con 370 personas), Angostura (56 familias con 242
personas), Peña Tigre 71 familias con 283 personas) y Bocas de San Francisco
(68 familias con 305 personas), a orillas del río Guangui, las cuales se
concentran en San Francisco (5 familias con 30 personas llegan a la cabecera
municipal), situación suscitada según la versión de los afectados por la
aparición de un grupo militar no identificado que llevaba una lista donde se
amenazaba 7 personas de la comunidad.
Los antecedentes de este problema, especialmente para con los indígenas,
señala que el resguardo de Guangui localizado en la parte alta del río Saija y
en el que se hallan las comunidades de Angostura, Aguaclara, Peña Tigre y

81

San Francisco, presentan oposición desde el 2002 en que empieza a entrar con
fuerza los cultivos de coca en la zona y tratan de impedir su expansión en el
territorio del resguardo, a pesar de la pobreza de sus gentes, pero la fuerte
demanda del producto y la presión de las FARC para favorecerlo los dejaron
con muy pocas opciones.
Son variados los hechos que han venido aconteciendo en esta zona desde el
mes de julio de 2008 y que terminaron por provocar la situación actual.
Veamos lo que nos dejan los relatos al respecto: “el 28 de julio un pequeño
grupo de 4 personas vestidos de civil y con armas de corto alcance llegaron a
Aguaclarita, se presentaron a nombre del ELN y preguntaron donde estaban o
cuando habían bajado las FARC, dijeron que iban de visita a la comunidad
negra de San Bernardo, pero cuando supieron que las FARC habían bajado
dos días antes se devolvieron camino hacia la comunidad negra de Jolí en el
Alto Micay. El 29 de julio las FARC se enteran del hecho, entonces mandan
razón que debíamos desocupar el río porque se iban a enfrentar con el ELN en
el resguardo; este primer acontecimiento provocó el desplazamiento de las
primeras familias a Casa Grande en la comunidad de San francisco. A partir
de esta fecha las FARC instalan un reten en la trocha que hay cerca de la
comunidad de San Francisco, es decir a la entrada del resguardo; y otro retén
la parte de arriba hacia el camino de Jolí. No permitiendo la circulación de
ninguna persona. El dos de agosto a pareció en la comunidad de Peña Tigre un
hombre vestido de civil, barbado, con arma corta y larga, y dijo a una familia
de dicha localidad que ellos eran bastantes, que iban a combatir a las FARC en
cualquier momento dentro del resguardo, y que todos se debían desplazar
inmediatamente para abajo. Con este segundo acontecimiento se desplazan
forzosamente todas las restantes familias hacia la Casa Grande. El 5 de agosto,
las comunidades desplazadas en San Francisco se quejan de la presencia de las
FARC y los retenes. Entonces piden a los cabildos que hablen con el
comandante para que quiten el retén. Al día siguiente lo levantan y se retiran
del sector de San Francisco, pero permanecen en el retén del camino hacia
Joli, es decir en la parte alta del río. El 20 de agosto, comienzan a retornar a
sus casas algunas familias, cuando las FARC informan que habían buscado el
rastro de los ELN y no encontraron nada. Otras familias se quedaron en la
Casa Grande – Comunidad de San Francisco para pasar la fiesta del 30 de
agosto (Santa Rosa), la situación empezó a “normalizarse”. El 10 de
septiembre, una niña se encuentra sola en la tienda comunitaria de Angostura,
se le aparecen dos hombres vestidos de civil, con armas de corto alcance, la
niña dentro de lo poco que comprende el español entiende que le preguntan
por el tendero para que les vendiera algo, un adulto que se dio cuenta de la
presencia de los forasteros habló con ellos y advirtió a la niña que no contara
nada. El 16 de septiembre un indígena (exmiliciano de las FARC aunque no
desmovilizado, es decir, al parecer se ha retirado y ha logrado convenir con las
FARC su permanencia en el resguardo) ha sido requerido por las FARC en un
campamento, el indígena se hace presente, pero la señora informa a los tres
días a los cabildos que no ha regresado; los cabildos hacen la correspondiente
investigación y las FARC informan que efectivamente estuvo con ellos pero
que ellos mismos lo retornaron a Boca de Guanguí el mismo día en horas de la
tarde y que le encargaron de una diligencia en López de Micay (compras?). En
López de Micay se reporta como desaparecido. El 17 de septiembre una
indígena de la comunidad de Aguaclarita se encuentra en el río (entre las
comunidades de Angostura y Aguaclarita) a tres personas también vestidas de
civil uno de ellos encapuchado y con armas de corto y largo alcance, el
encapuchado de aspecto indígena, ellos la llamaron con silbidos y con la
mano, se acercaron dos de ellos, los no encapuchados eran negros y altos, le
preguntaron si ella era de Aguaclarita, ella lo negó, entonces uno de ellos saca

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del bolsillo una lista de nombres y los lee: Freddy, Luis Davinson, y ellos
mismos afirman que estos dos son de Angostura, preguntan si ella sabe si
están aquí, ella responde que no sabe; luego preguntan por los otros nombres
de Aguaclarita: Liborio, Nicolás, Lorenzo, Héctor. Como escuchó el nombre
de su hermano se desmaya, por eso no alcanzó a escuchar toda la lista, le
advirtieron con amenazas dos veces que no informara, ella dijo que no lo
haría, entonces el encapuchado dijo que la dejaran tranquila que ella estaba
nerviosa, enseguida llegó a Aguaclarita donde propagó la noticia, de
inmediato salieron del resguardo todos los de la lista con sus familias, excepto
un maestro. Los y las indígenas empezaron a desplazar. La comunidad de
Aguaclarita tomó la determinación de no movilizarse e invitó a los de la
comunidad de Angostura a quedarse en Aguaclarita, sin embargo algunas
familias de estas dos comunidades se desplazaron a San francisco, las otras se
quedaron allí; las familias de Peña Tigre se desplazaron en su totalidad a San
Francisco, es así como quedaron dos concentraciones, una para resistir en la
parte alta y para tener comunicación permanente con las instituciones para
invocar el apoyo y la solidaridad, otra en San Francisco, para entorno a la
autoridad tradicional “Tachi Nawe” realizar jornadas de reflexiones y
culturales. El 19 de septiembre, en la comunidad de Aguaclarita en las horas
de la noche, el pánico era tan fuerte, que de una casa aseguraron ver dos
personas, de inmediato la guardia comunitaria investigó y desvirtuó esta
información, pero de todos modos la gente se concentró en varias casas de la
comunidad. El 20 de septiembre de la alcaldía llaman a informar que el
Ejército va ha realizar una incursión militar en la zona, frente a lo cual la
comunidad de Aguaclarita y Angostura se llenan de miedo ante posibles
enfrentamientos y deciden desplazarse a la comunidad de San Francisco en su
totalidad”.
Para evaluar estos hechos y ya con nuestra presencia, el miércoles 24 de
septiembre se realiza otro CMAIPDV en el municipio de Timbiquí, en que se
decide entrar a la zona al día siguiente viernes 25 en una comisión
humanitaria; se invita al municipio a estudiar la posibilidad de enviar una
brigada de salud teniendo en cuenta que son más de 1.200 personas que se
encuentran concentradas en la comunidad de San Francisco. Dicho viernes
llegan a la comunidad de San Francisco dos brigadas médicas, una de la EPS
Autoridades Indígenas del cauca AIC y otra de la ESE de Timbiquí. Este
mismo día, el Personero tomó la declaración del desplazamiento masivo, junto
con el Secretario de Gobierno del municipio y el Defensor Público de la
Defensoría del Pueblo acantonado en Timbiquí. El sábado 26 llega a Timbiquí
ayuda humanitaria (alimentos) de AS, la cual es llevada por las autoridades
indígenas a Bocas de San Francisco desde el martes 30 de septiembre.
En cuanto a otras actividades institucionales para atender la emergencia, en
López se están impartiendo las clases en doble jornada, en Timbiquí no habían
comenzado; Acción Social facilitó la llegada de 25 toneladas de alimentos
para las comunidades indígenas que las llevaron en sus lanchas a su lugar de
concentración con el apoyo de la Alcaldía y AS en el tema de la gasolina.
Desde el 02 de octubre el CICR inició el proceso de valoración para el apoyo
humanitario de emergencia el cual, de acuerdo a sus propias decisiones,
eventualmente prestarían a partir del 08 de octubre; para López esta
organización hará una segunda entrega de alimentos entre el 02 y 06 de
octubre. Para el caso de los albergues, en Timbiquí las 30 personas están
alojadas en la sede de la UMATA y el grueso de la comunidad se sostiene en
la “casa grande” en San Francisco lo que hasta ahora ha evitado un
hacinamiento en la cabecera municipal; cosa diferente ocurre en la cabecera
de López donde la atención a este tema es francamente precaria, situación que

83

se agrava con la indiferencia de la administración municipal cuya cabeza al
parecer “es poco lo que se aparece por aquí”.
En la actualidad por información telefónica con las autoridades indígenas de
Guanguí, se ha informado que el CICR ya verificó la zona y realizó la primera
entrega de la ayuda humanitaria en la zona. Igualmente, nos informan que
siguen en condición de desplazados, ya que la situación no ha cambiado para
nada y tienen mayor miedo y zozobra.
La atención material para los desplazados en ambos municipios ha sido una
combinación de intervenciones entre Acción Social, CICR, en salud la EPS y
ARS, la Alcaldía de Timbiquí y Diakonie. El grueso del apoyo se centra en el
tema de alimentación, con cubrimiento en salud y educación, pero lo
relacionado con lo habitacional –donde se entremezcla con la salubridad ante
la falta de adecuados servicios públicos, de higiene, para la cocción de
alimentos, de espacios adecuados para relaciones afectivas, etc.- en López se
mantiene como un problema insoluble y sin una estrategia clara por parte de
las autoridades competentes.
En López igualmente es preocupante la interrelación entre los miembros de la
Fuerza Pública y las menores de edad, donde “hay cerca de 5 niñas
embarazadas, también se comentan algunos casos de violación pero nadie va a
denunciar; a la escuela ingresan los soldados y así se esté en clases por las
ventanas molestan a las niñas lo que dificulta la concentración y el desarrollo
del curso; además muchos de esos soldados se mantienen fumando marihuana
o bazuco y eso lo están viendo los muchachos, ese es el ejemplo que les dan”.
La Personera señaló que “hay que tener en cuenta que las muchachas por aquí
son muy calenturientas”; otra funcionaria municipal al respecto nos dijo “es
que si esas cosas se denuncian se pueden llevar al Ejército y entonces peor,
por eso es mejor dejar las cosas como están”. Es preocupante también que en
la zona rural, el Ejército esté utilizando las lanchas de la población civil para
transportarse por los ríos, convirtiéndolos en objetivos militares (ya hay un
caso con amenazas directas para un lanchero) y en blancos ante un posible
hostigamiento que pudiere presentarse durante alguna de estas incursiones.
Según oficial del ejército “nosotros nunca los obligamos, les pedimos el favor
poniendo la gasolina y ellos acceden voluntariamente”, sin embargo la
población afirma que no tiene opción.
En cuanto a la situación de orden público, es factible expresar que el
desplazamiento en ambos municipios fue provocado por la misma dinámica
que muy probablemente se extenderá por otras zonas de esa costa con las
implicaciones que esto conlleva y respecto de las cuales ya tenemos los
ejemplos actuales. Hay una incursión del ELN a territorios tradicionalmente
dominados por las FARC lo que de hecho ampliará la confrontación bilateral,
que será de mayor envergadura cuando el Ejército incursione buscando tomar
el control oficial; pero además otro factor a tener en cuenta sería la aparición
nada casual de un cuarto actor que estaría representado en los conocidos
Rastrojos.
Hay fumigación recurrente por parte de la Policía Antinarcóticos en la región,
que también estaría afectando cultivos lícitos. Este práctica donde se afectan
los cultivos de pancoger, viene siendo denunciada por los afros e indígenas
como “una estrategia oficial subterránea mediante la cual buscan afectar
nuestra supervivencia y obligar a abandonarlos ante la imposibilidad de vivir
en ellos al destruir sistemáticamente nuestro sustento ni el de nuestras
familias, dejándole abierta la posibilidad al Estado de entregárselos para la
explotación de los grandes capitalistas nacionales y las multinacionales”

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Chocó

Municipio de Istmina –
Consejo Comunitario: SURUCO

Hechos:

El 18 de enero se desplazan 44 familias (430 personas) de las comunidades de Suruco-
Santa Mónica, Bocas de Luis, Quebrada de Oro, Bocas de Suruco e Istmina se desplazaron
debido a la incursión de “Los Rastrojos” en la zona, ocurrida entre el 11 y el 12 de enero
que ocasionó el asesinato de 2 personas y la desaparición de 19 más. Esta comunidad
recibió la AHE por parte del CICR/AS durante 6 meses. En el mes de junio los líderes
señalaron que AS les había dicho que tenían que desocupar la escuela en la que se estaban
albergando y que no se les iba a prestar más atención. Cuando las familias manifestaron al
CMAIPD su deseo de retornar se solicitó el desarrollo de una misión de verificación a la
zona y de un consejo de seguridad. Ninguno de los dos se realizó y, posteriormente, entre
la Alcaldía y AS se establecieron los acuerdos para el retorno de esta comunidad en el mes
de agosto. Varias de las familias permanecieron en Istmina.

Problemática de Protección actual:

En el mes de septiembre uno de los líderes manifestó vía telefónica a un delegado de la
alcaldía municipal que se habían presentado nuevos combates, la gente se había salido pero
un grupo armado los había obligado a regresar. Esta información no pudo ser verificada. La
semana pasada a 20 minutos de la comunidad se presentaron combates entre las Águilas
Negras y el Ejército. El nivel de riesgo de desplazamiento es alto. Los compromisos
asumidos por Acción Social en relación con el proceso de estabilización económica de la
comunidad no se han cumplido. No se ha hecho seguimiento a las familias que solicitaron
reubicación en Istmina, no hay compromisos de las entidades

Municipio de Istmina –
Consejo Comunitario: BASURÚ

Hechos:

1er desplazamiento: 4 Marzo de 2008
Retorno: 6 de marzo -67 familias -322 personas
2do desplazamiento: 18 de marzo de 2008-315 personas
Retorno: Sin constancia de la fecha exacta
En la primera ocasión las comunidades de Playa Grande, Paitó, Basurú, Las Carmelitas,
Playa Grande y Juana Marcela ubicadas en el río Suruco se desplazaron hacia la cabecera
municipal, debido a los enfrentamientos entre las Águilas Negras y los Rastrojos en “Boca
del Pie”, ubicado en el corregimiento de las Carmelitas. En CMAIPD realizado el 5 de
marzo se acordó el retorno de la comunidad para el 6 de marzo. Acción social y la Alcaldía
suministraron los costos del transporte sin tener en cuenta el principio de seguridad
necesario para adelantar procesos de retorno. El segundo desplazamiento se produjo
también por enfrentamientos entre los grupos. En esta ocasión 70 personas fueron retenidas
durante un par de días por uno de los grupos en el momento en que se desplazaban a la
cabecera municipal; posteriormente lograron llegar a Istmina. En esta ocasión la Alcaldía
acondicionó un albergue para las familias. En el transcurso del segundo semestre del año
2008, algunas de las familias fueron retornando de manera individual, otras permanecieron
en Istmina.

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Las familias que decidieron permanecer en Istmina no cuentan con un plan de reubicación
ni han sido atendidas por las entidades. - El CMAIPD no ha sesionado en los últimos 5
meses. No se ha hecho seguimiento a la situación de las familias que se encuentran en
Istmina ni de las que retornaron a Basurú. -La comunidad no cuenta con iniciativas
productivas ni con un plan de estabilización socioeconómica. -Se han presentado denuncias
por parte de la comunidad sobre nuevas situaciones de bloqueo y confinamiento por parte
de los grupos.

Medio Baudó (Expulsor) - Bajo Baudó (Receptor)

Hechos:

4 de mayo de 2008 se desplazan 12 familias/ 74 personas
La comunidad de San Luis del municipio del Medio Baudó se desplazó hacia la cabecera
municipal del Bajo Baudó (Pizarro) debido a una amenaza recibida telefónicamente en
contra de la comunidad. Meses antes un grupo armado no identificado había secuestrado a
un líder comunitario.


En CMAIPD Acción Social se comprometió a hacer la entrega de auxilio de arriendos por
tres meses. Hasta el momento no se ha hecho dicho entrega. Acción Social realizó la
entrega de la AHE durante 6 meses. La comunidad ha manifestado su intención de
reubicarse en la cabecera municipal debido a la delicada situación de orden público que se
sigue presentando en el municipio del Medio Baudó. La Alcaldía del Medio Baudó no ha
atendido a esta comunidad. La Personería municipal participó en dos de los CMAIPD en el
Bajo Baudó pero no asumió compromisos con la comunidad de San Luis. -La Personería
del Bajo Baudó a denunciado en varias oportunidades las condiciones en las que se
encuentran estas familias que no fueron ubicadas en un albergue y después de permanecer
algunos meses en casas de familia tuvieron que empezar a pagar arriendos. A pesar de la
solicitud de reubicación de la comunidad las autoridades municipales no han iniciado
ninguna acción a favor de la estabilización económica de estas familias. Después de 6
meses las familias no cuentan con más AHE ni con iniciativas productivas que les permitan
una estabilidad.

Consejo Comunitario Rio Pepé

Hechos:
- 18 de agosto de 2008 se desplazan 19 familias incluidas y 24 familias no incluida en el
RUPD – 85 personas
La comunidad de Unión Berrecuy se desplazó debido a la desaparición, por parte de un
grupo armado ilegal, del líder comunitario José de Jesús Mosquera desapareció mientras se
encontraba pescando en el río Pepé. La comunidad dice haber sido amenazada una vez
ocurrieron los hechos. El Señor Mosquera sigue desparecido.


Acción Social hizo la entrega de las 3 AHE. A finales de marzo la Personería presentó a
esta entidad una solicitud de prórroga que, hasta el momento no ha sido respondida. La
comunidad no ha recibido auxilio de arriendo y ha permanecido dispersa en casas de los
residentes de Pie de Pepé pues no se ha logrado una ubicación en un albergue. En el mes de

86

octubre la comunidad logró conseguir un lote prestado para la construcción de un albergue
temporal, solicitó a la Alcaldía y a Acción Social recursos para la compra de la gasolina y
el alquiler de la moto sierra para bajar madera pero no recibió ningún tipo de respuesta. No
se han realizado en la zona brigadas médicas para las familias desplazadas ni procesos de
carnetización. Las familias han manifestado que no van a retornar debido a que no hay
condiciones de seguridad en la zona. Para ello presentaron a la Alcaldía un proyecto de
pollos que fue rechazado. En el transcurso de los 5 meses la alcaldía del Medio Baudó
convocó oficialmente al CMAIPD en una oportunidad. No se han realizado más Comités en
la zona. La situación económica de la comunidad es precaria y ha generado conflictos
sociales con los resientes y quienes los están alojando en sus casas. Pie de Pepé es el punto
intermedio entre la zona de control de las Aguilas Negras (cabecera Istmina) y Rastrojos
(vía fluvial). Esto implica un alto nivel de confinamiento que limita la capacidad de
movilidad de las comunidades a sus fincas para adelantar sus labores de caza y pesca.

Consejo Comunitario de Pie de Pató:

Hechos:
21 de agosto de 2008 se desplazan 315 personas
Cocalito se desplazaron hacia Pie de Pató debido a los enfrentamientos ocurridos en la zona
entre las FARC y la Fuerza Pública. Llegaron una noche y fueron albergados en la escuela.
Se realizó la declaración por desplazamiento masivo y el CICR atendió a las familias de
Amparradó y La Playa pero no las de Cocalito pues después de realizar su evaluación
señalaron que esas familias no estaban desplazadas a pesar de estar incluidas en la
declaración. La comunidad de Cocalito no recibió ninguna de las 3 AHE a pesar de estar en
el mismo albergue con las otras dos comunidades. Tomando e criterio del CICR como
referente Acción social decidió no atender tampoco a las familias de Cocalito. Frente a esta
situación la administración decidió abrir las ayudas enviadas por Acción Social a
Amparradó y La Playa y repartirlas entre las tres comunidades. Esto ocasionó que las tres
comunidades quedaran mal atendidas y que familias de 7 personas estuvieran durmiendo en
una sola colchoneta. En el CMAIPD Acción Social asumió el compromiso de enviar, de
manera retroactiva, la AHE a Cocalito pero eso compromiso no se cumplió y estas familias
decidieron regresar a su comunidad sin contar con un plan de retorno. Las comunidades de
La Playa y Amparradó no quieren retornar y han solicitado el apoyo de las entidades para
reubicarse en Pie de Pató. Por información recibida a través del CICR sabemos que, al
parecer, el Alcalde está iniciando un proyecto de vivienda para estas familias. A pesar de la
insistencia desde el mes de octubre no se convoca a CMAIPD. El desconocimiento de las
autoridades sobre política pública en desplazamiento es total.

Problemática de atención actual:

La mayoría de las familias regresaron a Cocalito en noviembre de 2008 en vista de la falta
de atención por parte de las entidades. 8 familias permanecieron en Pie de Pató y han
solicitado ser reubicadas en la cabecera. Estas familias no han recibido la AHE en ningún
momento. La situación de las familias de Cocalito es la más delicada en la medida en que, a
pesar de haber sido incluidas en el SIPOD no han recibido ningún tipo de ayuda hasta el
momento. Las familias que retornaron a Cocalito no cuentan con las condiciones mínimos
requeridas para garantizar una seguridad alimentaria. No hay cultivos ni tienen semilla para
iniciar la producción. No cuentan con un plan de retorno puesto que su regreso no se
discutió al interior del CMAIPD; no hay compromisos concretos por parte de las entidades.

Las comunidades de la Playa y Amparradó siguen en la cabecera municipal y han
manifestado su necesidad de ser reubicados en la cabecera. Recibieron las tres primeras
AHE, presentaron en el mes de octubre una solicitud de prórroga que, hasta el momento, no
ha sido atendida. Durante estos meses han recibido algunos mercados por parte de la
administración municipal pero su situación alimentaria es precaria. - Desde el mes de

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octubre de 2008 no se ha convocado al CMAIPD. No se ha avanzado en los planes de
reubicación de las comunidades de Amparradó y La Playa sin embargo la Alcaldía ha
establecido acuerdos bilaterales con los líderes sobre un proyecto de vivienda.

Litoral San Juan

Hechos:
21 de junio de 2008 se desplazan 9 familias - 84 personas. En mayo de 2007 la comunidad
de la Playita se desplazó hacia la cabecera municipal, Docordó, debido a una serie de
hostigamientos. En esa oportunidad, sin hacer la consulta al interior del CMAIPD las
familias desplazadas fueron retornadas. El 17 de junio de 2008 4 personas de la comunidad
fueron asesinadas y se produjo un nuevo desplazamiento. Antes del desplazamiento el
Ejército realizó una serie de sobre vuelos en la comunidad hubo disparos, posteriormente
entró la tropa, violentaron las viviendas, se robaron la plata del pueblo y destruyeron
cultivos y huertas. La comunidad recibió las 3 primeras AHE por fuera de los tiempos
estipulados. La Personería solicitó hace más de dos meses la prórroga de la misma debido a
que las condiciones de seguridad en la zona son precarias, Acción Social se ha
comprometido a enviar un funcionario que pueda evaluar la situación y aprobar la solicitud
pero esto no ha ocurrido. La comunidad de la Playita no puede retornar, sin embargo el
Personero ha denunciado en varias oportunidades la intención del Ejército de montar a las
familias en un bote y llevarlos de regreso. En este momento el Personero está preparando
un oficio en el cual se denuncia la precaria situación de estas familias ente la Presidencia de
la República

Desde el mes de octubre las familias no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de las
entidades del Estado. No se ha elaborado un plan de reubicación y la comunidad sigue
recibiendo fuertes presiones por parte de la Fuerza Pública y Acción social para que
retornen. No se ha adecuado un albergue para estas familias ni se ha hecho entrega del
auxilio de arrendamiento. Los compromisos asumidos por entidades como Acción Social, y
el SENA no han sido cumplidos. A raíz de esta situación se ha generado, según las
autoridades locales, un problema de mendicidad en Docordó, las familias viven en la calle
de lo que los comerciantes y otra gente les dan.

Algunos aspectos que vale la pena mencionar en relación con los casos del
departamento del Chocó: En relación con los casos mencionados
anteriormente se señalan una serie de elementos comunes:

1. Tiempo transcurrido entre la notificación del desplazamiento y la atención a las
comunidades: Acción Social ha devuelto en varias oportunidades los censos y las
declaraciones por diferentes motivos y esto ha demorado el proceso de asistencia. Incluso e
ha habido casos en los que la declaración se envía y sólo dos o tres meses después hay
respuesta por parte de Acción Social.

2. Tiempo transcurrido entre la primera entrega y las posteriores: en la atención a los dos
municipios mencionados anteriormente la AHE se ha demorado hasta dos meses entre una
y otra entrega argumentado dificultades en relación con orden público y dificultad en el
acceso a las zonas.

3. Diferencias en el criterio de atención entre el CICR y AS: en el caso de la comunidad de
Cocalito en el Alto Baudó CICR decidió no atender a dos de las tres comunidades que se
encontraban en situación de desplazamiento después de realizar la visita de verificación a la
zona. Por esta razón hicieron a entrega de la AHE a las comunidades de Amparradó y la
Playa solamente. Cuando las autoridades municipales recibieron de AS los kits de cocina y

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habitat ante la situación de Cocalito decidieron abrir las cajas y repartir todo entre las 3
comunidades. En el CMAIPD se denunció esta situación que había ocasionado que las 3
comunidades fueran atendidas de manera inadecuada. AS responsabilizó al CICR y se
comprometió a enviar a Cocalito la AHE de manera retroactiva, hasta el momento eso no
ha ocurrido. Esta situación generó gran tensión entre AS y el CICR pues para la
responsabilidad sobre la falta de atención a Cocalito recayó sobre el CICR.

4. Deficiente respuesta del sector salud durante el tiempo de la emergencia, retorno y
reubicación. Durante la visita realizada a Pie de Pató en el mes de octubre de 2008 se pudo
constatar las deficiencias en la atención en salud a las personas desplazadas de las
comunidades de La Playa, Amparradó y Cocalito, no se realizaron pruebas de TBC, no
hubo jornadas de vacunación, se detectaron varios casos de desnutrición, desórdenes
mentales y discapacidad que no habían sido detectados ni atendidos por el equipo médico.

5. En relación con los albergues tanto las autoridades municipales como AS han sido
negligentes. Es el caso de la comunidad de Unión Berrecuy en el Medio Baudó,
desplazadas en el mes de agosto que se han tenido que acomodar en las casas de las
familias pues la alcaldía no ha acondicionado un lugar para ellos. Lo mismo ocurrió con la
comunidad de La Playita en el Litorial San Juan. Acción Social no está entregando a las
familias auxilios de arrendamiento.

6. el seguimiento por parte del ICBF a las comunidades una vez ha pasado la fase de
emergencia es muy pobre. No hay continuidad en el servicio prestado por las UMAS ni
atención prioritaria a personas discapacitadas y adultos mayores.

7. No ha habido continuidad en la convocatoria a CMAIPD. Acción Social ha empezado a
establecer acuerdos bilaterales con las alcaldías y los líderes comunitarios desconociendo el
rol del Comité y la importancia de dejar constancias de los compromisos asumidos por
dicha entidad. Bajo estas condiciones se realizaron los retornos de las comunidades de
Suruco y Basurú en Istmina.

8. Las solicitudes de reubicación hechas por las comunidades desplazadas no han sido
atendidas ni se han dado, al interior de los CMAIPD, los trámites necesarios. Las entidades
con competencia en el tema no han apoyado a las comunidades en la elaboración de sus
planes generando la sensación de que la única opción legal y posible es el retorno. Esto,
como señalado en el caso del Litoral, ha generado situaciones de mendicidad en las que la
PD es sometida a vivir en las cabeceras sin ningún tipo de apoyo por parte de las entidades
responsables.

En relación con retornos es importante señalar los siguientes aspectos:
1. En los planes de retorno las comunidades no están incluyendo el tema de seguridad y
protección (caso Suruco en Istmina) por temor a la presión por parte de la Fuerza Pública
que sostiene en todos los comités que la situación de orden pública es normal y que están
dadas las condiciones para que la gente regrese, misma posición por parte de AS.

2. Una vez se producen los retornos las entidades no hacen seguimiento a la situación de las
comunidades ni cumplen los compromisos establecidos en las actas de los CMAIPD (casos
Suruco en Istmina, Cocalito en el Alto Baudó). Es importante mencionar que en los
CMAIPD se hace referencia exclusivamente al tema de retornos desconociendo así los
derechos de la PD en cuanto a soluciones duraderas.

3. En cuanto a los retornos ocurridos durante el 2007 y 2008 los aspectos en los que se ha
incumplido de manera sistemática son: vivienda, proyectos productivos, seguridad y
protección, salud y educación.

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Cauca - Municipios de López de Micay y Timbiquí –
La situación de desplazamiento y/o confinamiento afecta tanto a comunidades
afrocolombianas como indígenas. A continuación se transcribe un informe
remitido a la Corte Constitucional con ocasión del seguimiento a la sentencia
T-025 de 2004, sobre la situación que se vive en estos municipios:

La situación que venía advirtiendo el SAT del Cauca durante 2008 terminó
por materializarse con desplazamientos masivos de minorías étnicas que
habitan en la región, incluidas las comunidades indígenas Eperara Siapidaara
del resguardo de Guanguí, por enfrentamientos o presiones de los actores
armados ilegales. Se evaluarán los acontecimientos y la actividad institucional
para apoyar a las nuevas víctimas del conflicto en esta zona.
Desde el 17 de agosto se inicia un desplazamiento masivo (245 hogares con
1.128 personas) de poblaciones negras ribereñas del río Jolí en área rural del
municipio López de Micay y hacia su cabecera, tales como Yuyal, España,
Correntón, San Antonio y Yucal, situación que habría sido provocada por
enfrentamientos entre las FARC contra el ELN y al parecer en otra ocasión
entre las FARC y el Ejército. Un mes después -17 de septiembre- el fenómeno
se repite en zona rural del municipio de Timbiquí afectando en esta ocasión a
población indígena de la étnia Epedara Siapidaara ubicada en las veredas
Aguaclarita (88 familias con 370 personas), Angostura (56 familias con 242
personas), Peña Tigre 71 familias con 283 personas) y Bocas de San Francisco
(68 familias con 305 personas), a orillas del río Guangui, las cuales se
concentran en San Francisco (5 familias con 30 personas llegan a la cabecera
municipal), situación suscitada según la versión de los afectados por la
aparición de un grupo militar no identificado que llevaba una lista donde se
amenazaba 7 personas de la comunidad.
Los antecedentes de este problema, especialmente para con los indígenas,
señala que el resguardo de Guangui localizado en la parte alta del río Saija y
en el que se hallan las comunidades de Angostura, Aguaclara, Peña Tigre y
San Francisco, presentan oposición desde el 2002 en que empieza a entrar con
fuerza los cultivos de coca en la zona y tratan de impedir su expansión en el
territorio del resguardo, a pesar de la pobreza de sus gentes, pero la fuerte
demanda del producto y la presión de las FARC para favorecerlo los dejaron
con muy pocas opciones.
Son variados los hechos que han venido aconteciendo en esta zona desde el
mes de julio de 2008 y que terminaron por provocar la situación actual.
Veamos lo que nos dejan los relatos al respecto: “el 28 de julio un pequeño
grupo de 4 personas vestidos de civil y con armas de corto alcance llegaron a
Aguaclarita, se presentaron a nombre del ELN y preguntaron donde estaban o
cuando habían bajado las FARC, dijeron que iban de visita a la comunidad
negra de San Bernardo, pero cuando supieron que las FARC habían bajado
dos días antes se devolvieron camino hacia la comunidad negra de Jolí en el
Alto Micay. El 29 de julio las FARC se enteran del hecho, entonces mandan
razón que debíamos desocupar el río porque se iban a enfrentar con el ELN en
el resguardo; este primer acontecimiento provocó el desplazamiento de las
primeras familias a Casa Grande en la comunidad de San francisco. A partir
de esta fecha las FARC instalan un reten en la trocha que hay cerca de la
comunidad de San Francisco, es decir a la entrada del resguardo; y otro retén
la parte de arriba hacia el camino de Jolí. No permitiendo la circulación de

90

ninguna persona. El dos de agosto a pareció en la comunidad de Peña Tigre un
hombre vestido de civil, barbado, con arma corta y larga, y dijo a una familia
de dicha localidad que ellos eran bastantes, que iban a combatir a las FARC en
cualquier momento dentro del resguardo, y que todos se debían desplazar
inmediatamente para abajo. Con este segundo acontecimiento se desplazan
forzosamente todas las restantes familias hacia la Casa Grande. El 5 de agosto,
las comunidades desplazadas en San Francisco se quejan de la presencia de las
FARC y los retenes. Entonces piden a los cabildos que hablen con el
comandante para que quiten el retén. Al día siguiente lo levantan y se retiran
del sector de San Francisco, pero permanecen en el retén del camino hacia
Joli, es decir en la parte alta del río. El 20 de agosto, comienzan a retornar a
sus casas algunas familias, cuando las FARC informan que habían buscado el
rastro de los ELN y no encontraron nada. Otras familias se quedaron en la
Casa Grande – Comunidad de San Francisco para pasar la fiesta del 30 de
agosto (Santa Rosa), la situación empezó a “normalizarse”. El 10 de
septiembre, una niña se encuentra sola en la tienda comunitaria de Angostura,
se le aparecen dos hombres vestidos de civil, con armas de corto alcance, la
niña dentro de lo poco que comprende el español entiende que le preguntan
por el tendero para que les vendiera algo, un adulto que se dio cuenta de la
presencia de los forasteros habló con ellos y advirtió a la niña que no contara
nada. El 16 de septiembre un indígena (exmiliciano de las FARC aunque no
desmovilizado, es decir, al parecer se ha retirado y ha logrado convenir con las
FARC su permanencia en el resguardo) ha sido requerido por las FARC en un
campamento, el indígena se hace presente, pero la señora informa a los tres
días a los cabildos que no ha regresado; los cabildos hacen la correspondiente
investigación y las FARC informan que efectivamente estuvo con ellos pero
que ellos mismos lo retornaron a Boca de Guanguí el mismo día en horas de la
tarde y que le encargaron de una diligencia en López de Micay (compras?). En
López de Micay se reporta como desaparecido. El 17 de septiembre una
indígena de la comunidad de Aguaclarita se encuentra en el río (entre las
comunidades de Angostura y Aguaclarita) a tres personas también vestidas de
civil uno de ellos encapuchado y con armas de corto y largo alcance, el
encapuchado de aspecto indígena, ellos la llamaron con silbidos y con la
mano, se acercaron dos de ellos, los no encapuchados eran negros y altos, le
preguntaron si ella era de Aguaclarita, ella lo negó, entonces uno de ellos saca
del bolsillo una lista de nombres y los lee: Freddy, Luis Davinson, y ellos
mismos afirman que estos dos son de Angostura, preguntan si ella sabe si
están aquí, ella responde que no sabe; luego preguntan por los otros nombres
de Aguaclarita: Liborio, Nicolás, Lorenzo, Héctor. Como escuchó el nombre
de su hermano se desmaya, por eso no alcanzó a escuchar toda la lista, le
advirtieron con amenazas dos veces que no informara, ella dijo que no lo
haría, entonces el encapuchado dijo que la dejaran tranquila que ella estaba
nerviosa, enseguida llegó a Aguaclarita donde propagó la noticia, de
inmediato salieron del resguardo todos los de la lista con sus familias, excepto
un maestro. Los y las indígenas empezaron a desplazar. La comunidad de
Aguaclarita tomó la determinación de no movilizarse e invitó a los de la
comunidad de Angostura a quedarse en Aguaclarita, sin embargo algunas
familias de estas dos comunidades se desplazaron a San francisco, las otras se
quedaron allí; las familias de Peña Tigre se desplazaron en su totalidad a San
Francisco, es así como quedaron dos concentraciones, una para resistir en la
parte alta y para tener comunicación permanente con las instituciones para
invocar el apoyo y la solidaridad, otra en San Francisco, para entorno a la
autoridad tradicional “Tachi Nawe” realizar jornadas de reflexiones y
culturales. El 19 de septiembre, en la comunidad de Aguaclarita en las horas
de la noche, el pánico era tan fuerte, que de una casa aseguraron ver dos

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personas, de inmediato la guardia comunitaria investigó y desvirtuó esta
información, pero de todos modos la gente se concentró en varias casas de la
comunidad. El 20 de septiembre de la alcaldía llaman a informar que el
Ejército va ha realizar una incursión militar en la zona, frente a lo cual la
comunidad de Aguaclarita y Angostura se llenan de miedo ante posibles
enfrentamientos y deciden desplazarse a la comunidad de San Francisco en su
totalidad”.
Para evaluar estos hechos y ya con nuestra presencia, el miércoles 24 de
septiembre se realiza otro CMAIPDV en el municipio de Timbiquí, en que se
decide entrar a la zona al día siguiente viernes 25 en una comisión
humanitaria; se invita al municipio a estudiar la posibilidad de enviar una
brigada de salud teniendo en cuenta que son más de 1.200 personas que se
encuentran concentradas en la comunidad de San Francisco. Dicho viernes
llegan a la comunidad de San Francisco dos brigadas médicas, una de la EPS
Autoridades Indígenas del cauca AIC y otra de la ESE de Timbiquí. Este
mismo día, el Personero tomó la declaración del desplazamiento masivo, junto
con el Secretario de Gobierno del municipio y el Defensor Público de la
Defensoría del Pueblo acantonado en Timbiquí. El sábado 26 llega a Timbiquí
ayuda humanitaria (alimentos) de AS, la cual es llevada por las autoridades
indígenas a Bocas de San Francisco desde el martes 30 de septiembre.
En cuanto a otras actividades institucionales para atender la emergencia, en
López se están impartiendo las clases en doble jornada, en Timbiquí no habían
comenzado; Acción Social facilitó la llegada de 25 toneladas de alimentos
para las comunidades indígenas que las llevaron en sus lanchas a su lugar de
concentración con el apoyo de la Alcaldía y AS en el tema de la gasolina.
Desde el 02 de octubre el CICR inició el proceso de valoración para el apoyo
humanitario de emergencia el cual, de acuerdo a sus propias decisiones,
eventualmente prestarían a partir del 08 de octubre; para López esta
organización hará una segunda entrega de alimentos entre el 02 y 06 de
octubre. Para el caso de los albergues, en Timbiquí las 30 personas están
alojadas en la sede de la UMATA y el grueso de la comunidad se sostiene en
la “casa grande” en San Francisco lo que hasta ahora ha evitado un
hacinamiento en la cabecera municipal; cosa diferente ocurre en la cabecera
de López donde la atención a este tema es francamente precaria, situación que
se agrava con la indiferencia de la administración municipal cuya cabeza al
parecer “es poco lo que se aparece por aquí”.
En la actualidad por información telefónica con las autoridades indígenas de
Guanguí, se ha informado que el CICR ya verificó la zona y realizó la primera
entrega de la ayuda humanitaria en la zona. Igualmente, nos informan que
siguen en condición de desplazados, ya que la situación no ha cambiado para
nada y tienen mayor miedo y zozobra.
La atención material para los desplazados en ambos municipios ha sido una
combinación de intervenciones entre Acción Social, CICR, en salud la EPS y
ARS, la Alcaldía de Timbiquí y Diakonie. El grueso del apoyo se centra en el
tema de alimentación, con cubrimiento en salud y educación, pero lo
relacionado con lo habitacional –donde se entremezcla con la salubridad ante
la falta de adecuados servicios públicos, de higiene, para la cocción de
alimentos, de espacios adecuados para relaciones afectivas, etc.- en López se
mantiene como un problema insoluble y sin una estrategia clara por parte de
las autoridades competentes.
En López igualmente es preocupante la interrelación entre los miembros de la
Fuerza Pública y las menores de edad, donde “hay cerca de 5 niñas
embarazadas, también se comentan algunos casos de violación pero nadie va a

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denunciar; a la escuela ingresan los soldados y así se esté en clases por las
ventanas molestan a las niñas lo que dificulta la concentración y el desarrollo
del curso; además muchos de esos soldados se mantienen fumando marihuana
o bazuco y eso lo están viendo los muchachos, ese es el ejemplo que les dan”.
La Personera señaló que “hay que tener en cuenta que las muchachas por aquí
son muy calenturientas”; otra funcionaria municipal al respecto nos dijo “es
que si esas cosas se denuncian se pueden llevar al Ejército y entonces peor,
por eso es mejor dejar las cosas como están”. Es preocupante también que en
la zona rural, el Ejército esté utilizando las lanchas de la población civil para
transportarse por los ríos, convirtiéndolos en objetivos militares (ya hay un
caso con amenazas directas para un lanchero) y en blancos ante un posible
hostigamiento que pudiere presentarse durante alguna de estas incursiones.
Según oficial del ejército “nosotros nunca los obligamos, les pedimos el favor
poniendo la gasolina y ellos acceden voluntariamente”, sin embargo la
población afirma que no tiene opción.
En cuanto a la situación de orden público, es factible expresar que el
desplazamiento en ambos municipios fue provocado por la misma dinámica
que muy probablemente se extenderá por otras zonas de esa costa con las
implicaciones que esto conlleva y respecto de las cuales ya tenemos los
ejemplos actuales. Hay una incursión del ELN a territorios tradicionalmente
dominados por las FARC lo que de hecho ampliará la confrontación bilateral,
que será de mayor envergadura cuando el Ejército incursione buscando tomar
el control oficial; pero además otro factor a tener en cuenta sería la aparición
nada casual de un cuarto actor que estaría representado en los conocidos
Rastrojos.
Hay fumigación recurrente por parte de la Policía Antinarcóticos en la región,
que también estaría afectando cultivos lícitos. Este práctica donde se afectan
los cultivos de pancoger, viene siendo denunciada por los afros e indígenas
como “una estrategia oficial subterránea mediante la cual buscan afectar
nuestra supervivencia y obligar a abandonarlos ante la imposibilidad de vivir
en ellos al destruir sistemáticamente nuestro sustento ni el de nuestras
familias, dejándole abierta la posibilidad al Estado de entregárselos para la
explotación de los grandes capitalistas nacionales y las multinacionales”

Nariño

Tumaco
Situación de riesgo y desplazamiento en los diferentes municipios de la zona Tumaco,
Mosquera, Olaya Herrera, El Charco y La Tola
Situación de saneamiento básico muy precaria. En el Barrio Familias en Acción, la
comunidad expresó su preocupación por la instalación de letrinas comunales

Nariño

Tumaco
Situación de riesgo y desplazamiento en los diferentes municipios de la zona Tumaco,
Mosquera, Olaya Herrera, El Charco y La Tola
Situación de saneamiento básico muy precaria. En el Barrio Familias en Acción, la
comunidad expresó su preocupación por la instalación de letrinas comunales

Mosquera

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Hechos

14 familias desplazadas. La comunidad Brisas de Patía del municipio de Mosquera, la
comunidad de San José la Turbia del municipio de Olaya Herrera y la comunidad de
Goméz Jurado del municipio de Roberto Payán conforman un triangulo en la zona limítrofe
de los tres municipios, es una zona donde el grupo Autodefensas Campesinas de Nariño
ACN ha hecho presencia de manera más permanente y llevó a cabo la muerte de algunos
miembros de la comunidad de San José la Turbia. Primero se desplazó la comunidad de
Goméz Jurado, luego la de San José de la Turbia y por último la de Brisas de Patía, las dos
primeras a Bocas de Satinga cabecera municipal de Olaya Herrera y la última a Mosquera.
La presencia de las ACN en esta zona limítrofe entre Mosquera, Olaya Herrera y Roberto
Payán es fuerte y han llevado a cabo acciones que han atentado contra la vida y la libre
movilización de las personas de las comunidades que viven en esta zona

Problemática actual de atención:
Preocupa que Acción Social no haya querido gestionar la ayuda humanitaria pertinente para
las 14 familias que se desplazaron de Brisas de Patía a Mosquera a no considerar que
existieran razones para el desplazamiento y al contrario argumentaron que el
desplazamiento de estas personas se motivó en la búsqueda de alimentos, sabiendo a que a
las familias que se desplazaron de la zona (San José de la Turbia y Gómez Jurado)
recibieron ayudas
Otra situación que preocupa en Mosquera, es que en lo que va de este año la Personería ha
recibido 162 declaraciones, de las cuales la mayoría han sido admitidas, sin embargo, solo
6 familias han recibido la ayuda humanitaria. Lo anterior se suma, a las precarias
condiciones en que se encuentran las familias desplazadas de años anteriores, quienes están
sufriendo alto grado de desnutrición ya que en la zona a excepción del pescado no se
consigue más alimentos a causa de la intensificación de las fumigaciones, las cuales están
acabando con el poco pancoger que existía en la zona

Olaya Herrera

Hechos:

Existencia de conflictos y tensiones entre las comunidades indígenas y afrocolombianas de
la zona.
Las comunidades de Nueva Floresta y Santa Rosa tienen mucha preocupación frente a los
hechos que se presentaron en San José de la Turbia, ya que las ACN han pasado por las
comunidades, esto se agrava con un incidente que se presentó hace 2 años en la comunidad
de Santa Rosa, donde un compañero afro le dio muerte a dos indígenas, posteriormente esta
persona apareció muerta y la familia le hecha la responsabilidad a la comunidad indígena,
por lo cual han amenazado a los indígenas de indisponerlos ante este nuevo grupo
Las fumigaciones está afectando considerablemente el territorio, sus ecosistemas y los
cultivos de pancoger, lo que está llevando a una crisis agroalimentaria; la situación de
comunidades como la de Casa Grande en el río Satinga, donde su territorio son pequeños
lotes que están en medio de las tierras de las comunidades negras, han sido fumigadas en su
totalidad, lo que ha llevado a que esta comunidad esté en una situación de alta
vulnerabilidad en cuento al derecho de la alimentación. De otra parte, las fumigaciones
están acabando con las semillas locales, situación que es muy grave, si tenemos en cuenta
las condiciones biofísicas del Pacífico, donde adaptar una semilla sin agroquímicos es un
proceso de años.


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La armada está haciendo presencia en el momento por el río Sanquianga, lo que en cierta
medida genera algún grado de seguridad, sin embargo, en el momento que se retire la tropa
de algunos sitios, esto volverá a generar instabilidad en la zona, ya que las ACN no se han
retirado de la zona y siguen caminando por estos territorios

El Charco

Hechos:

En marzo del 2007 se desplazaron 1700 familias. Las familias retornadas y la personera
manifiestan no conocer ningún plan de retorno de estas comunidades y mucho menos un
acta de compromisos.
De las 1500 familias que retornaron en los últimos meses del año pasado, Acción Social les
envío la ayuda de alimentos para dos meses, a través de un giro. 200 familias
aproximadamente no la pudieron recibir porque tuvieron inconvenientes con el número de
la cédula o el nombre. Hasta el momento a pesar de derechos de petición y la comunicación
de la personera con AS, esta última no ha dado ninguna solución.
Para agudizar mucho más la crisis agroalimentaria que están viviendo las familias
retornadas y no retornadas de la parte rural del municipio del Charco, entre abril y mayo se
presentaron grandes inundaciones en la zona, lo que terminó llevándose los pocos
alimentos que tenían sembrados de pancoger en las orillas de los ríos y quebradas.
Se siguen presentando controles por parte de la armada para la llevada de combustible hacia
las comunidades, el cual se hace necesario para las plantas de energía y los motores fuera
de borda.
Igualmente, las comunidades retornadas manifiestan su preocupación, porque la armada
permanece en las comunidades o muy cerca de éstas. De otra parte, a algunas comunidades,
ejemplo la de Morrito en el río Tapaje, la armada le ha prohibido salir al monte a realizar
sus actividades productivas cotidianas. También la armada está utilizando algunos predios
en el río, dificultando en muchos casos el tránsito de las familias para los trabajaderos. La
preocupación es más fuerte, cuando se sabe que la guerrilla está transitando por el río y
bajando a la cabecera municipal vestidos de civil.

Problemática de atención actual
Es preocupante la situación que están viviendo cerca de 280 familias que aún permanecen
en condición de desplazamiento desde marzo del año pasado, de las 1700 familias que se
desplazaron. Estas familias aún permanecen en los tres albergues habilitados en su
momento (Plaza de Mercado, Salón parroquial y una casa que en su momento fue base
militar) y algunas familias en casas de amigos, familiares y propias
La última ayuda de alimentos que recibieron en su totalidad el número de familias
desplazadas fue en noviembre del año pasado. En mayo de este año, la armada entregó una
ayuda de alimentos solo a algunas familias. Situación que preocupa, ya que hay mujeres
embarazadas y lactantes (7) en el albergue de la plaza, igualmente un buen número de niños
y niñas
Aunque AS entregó unos kits agropecuarios para las familias que retornaron, igualmente el
municipio empezó un proyecto de siembra de cacao con 200 familias de las retornadas,
estos proyectos no pudieron consolidarse a consecuencia de las fumigaciones.
La situación alimentaría se agrava, cuando en la zona rural no hay cosecha de alimentos a
consecuencia de las fumigaciones, los alimentos que llegan son del interior y Ecuador a
precios muy altos.
La diferentes autoridades están presionando para que los desplazados desalojen los
albergues en especial la plaza de mercado, donde el alcalde a presionado, ya que necesita
reubicar las ventas ambulantes que están ocupando el espacio público; de otra parte, el
sacerdote del pueblo está pidiendo el salón parroquial; el problema que tienen los
desplazados es que no tienen para donde ir.

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Aunque la administración municipal anterior le entregó en la cabecera municipal un lote a
los desplazados para un proyecto de vivienda, ya que estas familias que aun se encuentran
en la cabecera municipal están pensando en la reubicación; la administración actual ni lo ha
legalizado ni ha gestionado el proyecto de vivienda.
En los meses de junio y julio han llegado una ayuda de AS a través de giros a 703 familias
de las 1700 desplazadas en marzo del año pasado, según la información suministrada por
AS a la personera, esta ayuda es para alimentación, arriendo y aseo. Sin embargo, no se
sabe si va llegar la ayuda para el resto de familias, si se va volver a dar esta clase de ayuda,
por cuánto tiempo?. Algunas familias han tenido inconvenientes en recibir la ayuda, porque
tienen problemas con el número de cédula o el nombre.
La administración municipal está utilizando esta última ayuda enviada por AS, para decirle
a las familias que fueron beneficiados y que están en los albergues, que para recibirla deben
salir del albergue.
En cuanto a la parte de salud, hay muchos problemas en la atención, ya que hay familias
que aún no tienen el carné; cuando son atendidas las que tienen o no tienen carné, les dan
las formulas pero no reciben los medicamentos; en cuanto a las remisiones a Tumaco o
Pasto, se presentan inconvenientes para el transporte y la ayuda del acompañante del
enfermo o enferma.
Los niños y las niñas que se encuentran en condición de desplazamiento en el Charco están
yendo a la escuela y recibiendo la ayuda de los programas tradicionales del ICBF
(desayuno y restaurante escolar). La preocupación que tienen ahora los padres, es que llega
el nuevo año escolar que empieza en septiembre y no tienes los uniformes ni los kits
escolar, y la administración municipal manifestó no poder ayudarlos.
A raíz de las movilizaciones campesinas en el municipio del Charco y del desplazamiento
de marzo del 2007, en julio de este mismo año, hicieron presencia en el municipio el
Director Nacional del DAS, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Defensa y el Director
de Acción Social, donde se comprometieron y firmaron un acta, de trabajar en conjunto con
la administración municipal del Charco, los consejos comunitarios y cabildos indígenas
para impulsar e implementar un Plan de Etnodesarollo en el municipio, con el compromiso
de las comunidades de no sembrar más coca. A excepción del proyecto de cacao que
benefició a 200 familias y que luego fue fumigado, no se ha cumplido con nada más por
parte de estas instituciones

La Tola

- De las 173 familias que se desplazaron a la cabecera municipal de La Tola en marzo del
año pasado, al mismo momento que el desplazamiento de El Charco, 113 familias
retornaron, sin embargo, 60 familias afrodescendientes se quedaron en la cabecera
municipal, ya que consideran que las condiciones de seguridad no están dadas para
retornar, además las fumigaciones les han acabado con el pancoger.
- Las familias que aun se encuentran en la cabecera municipal están a la espera de la
visita domiciliaria de AS para la prologa de la ayuda humanitaria, ya que la última ayuda la
recibieron a finales del año pasado. Estas familias se encuentran en casas de familiares,
amigos y/o compadres.
- En cuanto a las 113 familias que retornaron, a través del proyecto RESA de AS
recibieron Kits agropecuarios, la mayoría fracasaron por falta de asistencia técnica por
parte del municipio y las fumigaciones que han acabado con los sembrados de pancoger.
- De otra parte, tanto las familias que retornaron como las que aun se encuentran en la
Tola (cabecera) manifiestan que hay mucho problemas especialmente entre la población
infantil y las mujeres, ya que la situación vivida antes del desplazamiento y posterior a este
nunca la habían vivido y realmente se sienten afectados en la vida familiar y social.
- En el año de 2004 el Banco agrario, realizó préstamos a las familias del municipio, para
incentivar la siembra del plátano, sin embargo, estos cultivos también fueron fumigados,
hoy el Banco agrario tiene en cobro jurídico estos créditos.

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- En la actualidad el SENA está capacitando en el procesamiento y comercialización de
la caña, el arroz y el cacao, la comunidad está a la espera de que después de la capacitación
el gobierno implemente proyectos en estas líneas.

Conclusiones:
- La afectación del territorio a causa de la presencia de foráneos que llegaron en los
últimos años del Putumayo en la búsqueda de tierras para la siembra de coca, está
deteriorando considerablemente las condiciones ambientales, sociales, económicas y
culturales de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas Eperara y
Awá que habitan en la zona de la costa Pacífica.
- Hoy muchas familias afrodescendientes han vendido tierra a estos foráneos, lo que está
generando inconvenientes en el control y regulación social y en el manejo y uso del
territorio por partes de las comunidades.
- Las fumigaciones están generando una grave crisis agroalimentaria, no solo se está
afectando la consecución de alimentos de la región, sino que se están perdiendo las
semillas locales, las cuales han costado muchos años adaptarlas a las condiciones
biofísicas de la región. Estas fumigaciones que antes se hacían en ciclos de tiempo mas
largo hoy se están realizando en ciclos de tiempo más cortos.
- Preocupa, que mientras se continúan con las fumigaciones sobre los cultivos de la coca
afectando los cultivos de pancoger, como la única política de erradicación de la coca
posible en la zona; en las cabeceras municipales y asentamientos más estratégicos por
su ubicación, exista ante la presencia y cierta legitimidad la comercialización de
agroquímicos, donde tanto las autoridades civiles y militares saben que son para el
cultivo y procesamiento de la coca.
- Ante la disminución de cultivos de coca, a causa de las fumigaciones y de la caída del
precio; en municipios como La Tola y Olaya Herrera están volviendo a reactivar la
explotación de la madera y por ende los aserríos, sin ningún control por parte de la
autoridad ambiental de la zona CORPONARIÑO. Algunas de las familias que llegaron
de Putumayo detrás de la coca y que compraron tierras, hoy empiezan a dedicarse a esta
actividad, en detrimento del derecho al territorio de las comunidades indígenas y
afrodescendientes de la zona.
- Ríos como el Tapaje, el Iscuandé que antes servían de abastecedores de alimentos
(plátano, papachina, yuca, caña, arroz, frutas, gallinas, cerdos y huevos principalmente)
a todos los municipios de la región, hoy son consumidores de productos traídos del
interior del país y el Ecuador. Ejemplo el plátano que se está consumiendo hoy en la
zona, es traído principalmente de Ecuador. Esta situación está encareciendo la vida de
los habitantes de la región.
- Los grupos armados irregulares están ejerciendo un control fuerte en las autoridades
étnicas de la región. De otra parte, están incidiendo en la toma de decisiones de las
autoridades y de las comunidades, al igual que en la regulación y control social de estas
comunidades. Lo que está llevando a una crisis de legitimidad de los consejos
comunitarios y los cabildos indígenas como autoridades étnicas en la región.
- En cuanto al tema de protección de tierras y bienes patrimoniales, a pesar de existir
declaratorias de protección por parte de los CMAIPDV (Tumaco, El Charco y Olaya
Herrera), éstos al igual que las autoridades étnicas y sus organizaciones no tienen
conocimiento de los derechos y alcances en cuanto a este tema.
- Las familias o personas que han realizado durante este año sus declaratorias en las
personerías de la zona (desplazamientos gota a gota); no han recibido la ayuda
humanitaria por parte de AS.
- Realmente, hace falta que el gobierno plantee la construcción o implementación de
proyectos que sustituyan la siembra de la coca en la zona, como alternativa a las
fumigaciones.
- Los créditos que se entregaron por parte del Banco Agrario en años anteriores tanto a
indígenas como afrodescendientes para la siembra del plátano y caña principalmente, es
una preocupación fuerte, ya que en su totalidad estos cultivos han sido fumigados y por

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tanto, las personas beneficiarias de estos créditos no tienen con que responder a la
obligación.

Problemas de las Comunidades Confinadas y en Resistencia.

Los impactos de la guerra han generado un ordenamiento del territorio y el
ejercicio del poder que rompe la integridad y la autonomía territorial del
pueblo afrocolombiano, y que ha estado acompañada por agresiones legales
que han llevado al desmote y a la inaplicabilidad de algunos de los derechos
reconocidos a los afrocolombianos. En el marco del conflicto armado interno
se han violado los derechos a la participación y a la autonomía, a la identidad
cultural, al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales,
además de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

Derecho a la participación

El derecho a la participación tiene un sujeto de aplicación concreto que es la
comunidad negra, sujeto ubicado en un espacio concreto llamado territorio. El
criterio de definición del territorio debe ser funcional y no estrictamente
geográfico y apuntar a lograr el objetivo de la participación de los
afrocolombianos generando espacios de discusión en los temas que le son de
interés. La participación tal y como esta concebida en el convenio 169 de la
OIT busca proteger la integridad cultural de las comunidades, que en términos
de la constitución nacional, en concreto el artículo 7. Igualmente la
participación, busca proteger los derechos a un ambiente sano y al desarrollo
en marco de la propia visión cultural. El territorio de las comunidades
afrodescendientes es protegido constitucionalmente y es de carácter colectivo,
lo cual no significa que se proteja solamente el territorio titulado, sino que se
trata de un derecho de propiedad en cabeza de la comunidad y no de sus
miembros aisladamente. Los pueblos afrodescendientes tienen una concepción
tradicional del territorio, en la que sus territorios están definidos por sus
prácticas ancestrales y sus lugares de habitación desde tiempos inmemoriales.

En medio del conflicto armado interno, las comunidades en riesgo de
desplazamiento forzado, confinadas o en resistencia no tienen la posibilidad
real de ejercer el control social y cultural de sus territorios. La gobernabilidad
de los mismos, en términos de la cultural y lo definidos por la ley se vuelve
precaria, las posibilidades de formular e implementar los planes de manejo de
los territorios colectivos son cada día mas difíciles. A pesar de los esfuerzos
de los miembros de los consejos comunitarios y de los lideres de las
organizaciones, los actores armados terminan imponiéndose en determinados
ámbitos de la vida social y cultural de las comunidades y ejerciendo formas,
por ejemplo de resolución de los conflictos, ajenas a las comunidades, que
abren el camino a profundas fracturas y a mayores problemas al seno de estas.
El conflicto armado interno ha acrecentado el desbalance de poder entre las
comunidades negras y el resto de la sociedad colombiana. El desplazamiento
forzado interno, que ha afectado de manera desproporcionada a los

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comunidades negras, acrecentando ha acrecentado la deuda entre la sociedad
colombiana y los descendientes de africanos, puede explicarse por la falta de
poder de las comunidades que han sido victimas del mismo. Por eso las
reparaciones históricas y las ocasionadas por el conflicto armado interno son
una sola y tienen el mismo origen.

En vista que uno de los factores de `presión sobre las comunidades negras en
Colombia es interés de las multinacionales en los territorios y el interés estas
y del gobierno en la explotación de los recursos naturales, intereses unidos a la
presencia militar que pretende influir a las comunidades para que acepten la
presencia de los megaproyectos, el desplazamiento forzado interno –
incluyendo el confinamiento - podrían ser una estrategias al servicio del
avance de proyectos de desarrollo al interior de los territorios tradicionalmente
ocupados por afrocolombianos, independientemente de su categoría legal.

Casos de comunidades confinadas o en resistencia
Caso 1: Río Calima

Los problemas: El territorio colectivo tiene 64.000 hectáreas. En el año 2.000
es víctima de un desplazamiento masivo causado por el enfrentamiento entre
paramilitares y guerrilla. La población retorna en el año 2004, pero al tiempo
llegan de otros sitios personas perseguidas por sembrar cultivos de uso ilícito
y empiezan a sembrar coca en el territorio colectivo. La guerrilla puso una
bomba dentro de la comunidad que causó la muerte de dos niños y varios
heridos. A pesar de las respuestas comunitarias la fuerza pública entró y
empezó a erradicar de manera forzada esos cultivos. Esto ha ocasionado que
los foráneos amenacen a los líderes del Consejo comunitario y del Proceso de
Comunidades Negras en Colombia –PCN-.

Las respuestas: en respuesta la comunidad hizo una marcha. Al tiempo el
Consejo Comunitario hace un trabajo de concientización de las comunidades e
impulsa la erradicación manual autónoma.

Caso 2: El Río Yurumanguí

Los problemas: presencia de coca en los territorios, vinculación de los
jóvenes al conflicto armado interno. Enfrentamientos con los actores armados
presentes en el territorio, que lo controlan y que quieren asumirse como
autoridad.

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Las respuestas: para erradicar nos tocó convencer a los que habían sembrado
que se erradicaba no porque fueran enemigos de la comunidad sino por el
daño que causaba la coca al tejido social. Se legitima al Consejo Comunitario
como única autoridad territorial. Se confronta el modelo de desarrollo
diseñado por las comunidades con el que los grupos armados querían imponer,
ante esto se quedaron sin respuesta y terminaron aceptando la decisión del
Consejo Comunitario. Se hizo una minga para erradicar de manera manual y
autónoma toda la coca del territorio y al finalizar se hizo una declaración
pública en la que se decía no ser enemigos de la coca sino del uso que se le
estaba dando.

Caso 3: Alto Mira

Los problemas: En el territorio pareciera que no hay rumbo para las personas
que lo habitamos. Cuando hay iniciativas de defensas del territorio, siempre
hay amenazas. No hay apoyo gubernamental, en octubre de 2007 el gobierno
llegó a erradicar de manera forzada la coca, antes de iniciar dijeron que había
propuestas para que las comunidades cultivaran cacao, como la gente está
cansada de la coca, hay suficiente voluntad para recuperar sus productos
ancestrales; aunque la coca fue erradicada el apoyo gubernamental nunca llegó
y la gente padece física hambre. Las comunidades son usadas como escudos
de guerra, obligadas a desplazarse como medio de presión al gobierno. Impera
el temor y la ley del silencio. Territorio ubicado en frontera con Ecuador. Los
jóvenes no tienen alternativas, los que no se van con la gente del monte, salen
a prestar el servicio y es exiliarse porque después no pueden regresar al pueblo
porque los matan.

Las respuestas: el Consejo Comunitario asuma sus funciones de autoridad
territorial. No hay autonomía si no conocemos los derechos que nos asisten.
La no prestación del servicio militar obligatorio.

Caso 4: Bajo Mira

Los problemas: 46.000 hectáreas tituladas pero no ha sido garantía de
apropiación territorial. Las mujeres se venden por necesidad, los hombres se
entregan a las armas. Presencia de monocultivos de coca y palma. No hay
convivencia colectiva porque prima el individualismo que nos ha puesto a
unos contra los otros. Han desaparecido las semillas ancestrales. El
monocultivo de palma aceitera y la implantación de palmas extractoras se han
convertido en un delito en contra de la gente negra

Las respuestas: Educar a la juventud. Tenemos la ventaja de que somos
nosotros los que conocemos nuestro territorio, no se puede permitir que
nuestros jóvenes sirvan de llave para abrir nuestros candados. Obligar a los
foráneos a pedir permiso para entrar en nuestro territorio. Trabajar la
gobernabilidad y entender que el Consejo Comunitario somos todos. Retomar

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las costumbres de los mayores y pasarlas a nuestros hijos. Recuperar los
sembrados tradicionales y cría de animales. Hay que producir comida. Que
desaparezca Cordeagropaz, una empresa que quiere desterritorializar a los
negros y no respeta los consejos comunitarios.

Caso 5: Buenos Aires – Norte del cauca:

Los problemas: Son invadidos por los “paisas”, que están comprando
pequeños espacios y la gente vende sin saber a que conlleva eso. Esto pasa en
la zona minera, donde los nativos antes eran jefes y ahora ni empleados son.
La empresa kedhada quiere ingresar a la zona a explotar el oro que ha sido el
sustento por siglos de las comunidades negras. La Alsacia: comunidad del
Norte del cauca que como desplazados adquieren una finca de 1988 Has. Ees
una comunidad desplazada. Los alrededores están siendo repoblados por los
llamados “arribeños” o gente que viene de Nariño y que tiene relación con los
narcotraficantes.

Las respuestas: el primer mandato es no sembrar cultivos de uso ilícito. La
resistencia consiste en evitar que ante la ausencia de oportunidades los jóvenes
tomen el camino fácil y se metan en actividades ilícitas.

Caso 6: Río Mallorquín

Los problemas: El ejército se instaló en el río y dificultan el tránsito libre de
la gente y la comercialización de productos agrícolas. El ejército se toma
espacios como las escuelas, las casas comunales que son espacios de
reuniones comunitarias, ello a pesar de que las comunidades no están de
acuerdo. Por las restricciones de circulación a ciertas horas impuestas por la
presencia militar, es imposible ejercer las prácticas tradicionales que se hacen
a diferentes horas según esté la marea, como la cacería y la pesca. Ante la
ausencia de oportunidades, los jóvenes se meten a lo ilícito.

Las respuestas: el fortalecimiento organizativo es un elemento esencial de la
resistencia. Antes cuando se trabajaba con mas constancia lo organizativo
había una posibilidad de resistir a las cosas que ahora se dan. No se puede
hablar de resistencia sin ofertas claras de producción para los jóvenes.

Caso 7: Costa Caribe:

Los problemas: en la costa caribe nos ha marcado la presencia del
paramilitarismo, que arrebató la voz de las comunidades en los espacios
públicos y de decisión política.

En la zona insular de Bolívar, donde hay playas y mares, el problema son los
megaproyectos que se están implementando y el desconocimiento de la

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presencia y por tanto de los derechos ancestrales de las comunidades negras
que tienen mas de 100 años de estar asentadas en el mismo territorio, es el
Estado el que niega esa presencia. Por ejemplo Islas del Rosario, al negarlas
como comunidades negras les niegan los derechos alcanzados por la Ley 70,
entonces estas comunidades resisten a las políticas del gobierno local que
insiste en quitarles la propiedad y ofrecerles un contrato de arrendamiento.

En San Basilio de Palenque, a pesar de que en el corregimiento de enfrente
hay un batallón, se presentaron dos masacres: en la primera tres jóvenes
asesinados en un billar y luego ingresan nuevamente y asesinan a otra persona.
La falta de soberanía alimentaria hace que las palenqueras salgan a vender a la
ciudad, pero como hay muchas y el mercado no es el mismo han optado por
salir a otras ciudades y otros países, llegan a territorios de amplia presencia de
las FARC donde se les tacha de colaboradoras, ya una mujer fue asesinada y
otra fue desaparecida.

Se resalta la situación de San Onofre donde el paramilitarismo hizo una
vinculación forzada ya que cada familia debía entregar un hijo al
paramilitarismo, luego de la desmovilización cada muchacho fue devuelto a su
casa sin optar medidas para evitar pandillas y problemas mentales. También se
llevaron niñas que fueron abusadas sexualmente y hoy son señaladas por las
familias y la gente de afuera. Aun hoy los grupos armados toman a los jóvenes
como mensajeros y estos abandonan las escuelas. Otro problema es la palma
africana, ya que las comunidades son obligadas a dejar sus cultivos
tradicionales y sembrar esa palma, además son víctimas de desplazamiento.

Impiden no sólo el abastecimiento de alimentos sino a olvidar la transmisión
de conocimientos, esto pasa sobre todo en Sur de Bolívar y María La Baja.

Las respuestas: Los líderes convocan una movilización y se logra declarar a
Palenque como zona de convivencia pacífica y como resultado no puede
ingresar el ejército –generador de riesgo para la comunidad- hasta el momento
se ha respetado y mantenido para la no presencia de actores armados. Otra
respuesta ha sido el fortalecimiento de las manifestaciones culturales. La
respuesta compleja tiende a propender por el desarrollo integral del individuo
y la defensa de la vida.

Caso 8: Buenaventura

Los problemas: limpieza étnica en tanto se configuran hechos y acciones que
modifican la composición étnica de Buenaventura. Los afrodescendientes
somos discriminados y segregados en nuestros propios territorios. Hay de
fondo una situación de sobrevivencia y subsistencia.

102

La respuesta: En muchos barrios el desplazamiento es visto como última
opción, como única alternativa no sólo de resistencia si no de defensa de la
vida.

Caso 9: Río Tapaje

Los problemas: el enemigo son los cultivos de uso ilícito, luego de ellos
llegaron los armados. Establecimiento de la ley armada por encima de la ley
ancestral y comunitaria. Nosotros en nuestra comunidad hemos sembrado
viento y ahora estamos cosechando tempestades. Nos metemos a buscar lo
fácil, no tenemos opciones de plantear el futuro.

Las respuestas: La población decidió que no estaba bien seguir siendo
comandados por otros, entonces se conformó la Asamblea del pueblo como
interlocutora y autoridad territorial. Debemos guardar la integridad para
manejar nuestros territorios, a veces ni siquiera nos imponen sino que nosotros
somos permisivos. Ahora tenemos que retomar el control. Las ideas de la
resistencia deben ser de adentro hacia fuera y no de afuera hacia dentro, no
deben ser impuestas sino acordes con la realidad. Las medidas que se tomen
deben abarcar los territorios, no las organizaciones. Por eso es importante
fortalecer los reglamentos internos, para tener un verdadero control del
territorio. Se deben legitimar los espacios de decisión propios. Hay que
prevenir antes de curar, así si el gobierno llega a donde está el daño, las
organizaciones no debemos permitir que el daño ocurra.

Caso 10: Olaya Herrera:

Los problemas: siendo territorios de vocación agrícola el desastre llegó
cuando construyeron el canal Naranjo que afectó todo el territorio por erosión
e inundación y se perdió todo lo agrícola, se hizo la gestión para exigir al
gobierno que respondiera ya que ellos dieron el permiso, pero el gobierno no
respondió y el hambre aumentó. El único recurso que quedó fue lo forestal y
aportamos el 30% de toda la madera que se consumía para el país y el bosque
no resistió la forma de explotación y al acabar el recurso nos quedamos sin
nada. Debido a las fumigaciones del Putumayo la gente y la coca se trasladó a
nuestro territorio y nosotros estábamos en una aguda crisis y este fue el
sistema de trabajo, la mayoría de la gente se puso al servicio del capitalismo,
todo por culpa de la ausencia estatal. El 80% del territorio cultivado de coca
provocó la avalancha de todos los actores armados peleándose el manejo de
ese capitalismo, en medio quedaron muertos y muchos problemas. Las
ganancias no son para el mayor sembrador que era el negro sino los
narcotraficantes que la comercializaban. A pesar de haber consciencia de esto,
las comunidades siguen sembrado porque es el único medio de subsistencia.

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Las respuestas: La gente quiere erradicar de manera autónoma, previo
acuerdo con el estado del financiamiento de opciones de subsistencia
económica. “En vez de fumigar la coca, que se fumigue el hambre”.

Caso 11: Río Patía:

Los problemas: La economía ya no depende del arroz, la madera, el plátano y
el maíz, ahora depende de la coca. Muchos habitantes se metieron a sembrar
coca. Con la coca aparecieron los “paisas” y con ellos el latifundio. Cuando
llegan los “paisas” llegan los paramilitares que se adueñan del pueblo, para
combatir a los paramilitares llega la guerrilla y el enfrentamiento afecta sobre
todo a los nativos. Las personas no respetan la propiedad colectiva y cada
quien vende de manera individual, ahora los “paisas” son los dueños del
pueblo y hasta tienen escuelas. Hay limitaciones a la circulación. Cuando
fumigan la coca lo hacen con los pequeños cultivadores sin afectar a las
grandes plantaciones.

Caso 12: Cordillera Nariño y Sur del Cauca.

Los problemas: Imposición de códigos de guerra a la población civil: pago de
impuestos por circular, enterrar a los muertos, y hasta por permanecer en los
territorios. La opción de los jóvenes era ser víctimas o victimarios. 20 mil
desplazados y guerra entre familias. El Estado facilitando los monocultivos.
Hay repoblamiento del territorio.

Las respuestas: se han tratado de subsanar las problemáticas entre familias
mediante la organización que lucha por lo humanitario. Evaluar la pertenencia
de tierra por parte de los grandes líderes paras. Fortalecer las organizaciones
comunitarias, tener una estructura para que estas organizaciones sean
interlocutoras y representantes de las comunidades.

Caso 13: Cordillera Nariño y Sur del Cauca.

En el río Arquía existe un confinamiento de 6 comunidades que representan
2000 personas ya que la guerrilla no las deja salir, y cuando estas personas
logran salir, son perseguidas y señaladas como guerrilleros por miembros de la
fuerza pública, y en muchas ocasiones los detienen de manera arbitraria.
Según COCOMACIA, estas comunidades no solo tienen restringida la libre
circulación sino que la fuerza pública les limita el ingreso de alimentos y
medicamentos, argumentando que son para la guerrilla.

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