TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE DEFENSA PENAL JUVENIL DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
- 1. TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE DEFENSA PENAL JUVENIL DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA Junto con saludar quisiera a nombre de nuestra asociación de funcionarios, Afudep, de la Asociación de Defensores, representada por su Presidente, y de la representante del Programa RPA, agradecer la oportunidad de presentar ante esta comisión, nuestro planteamiento sobre el problema de los trabajadores del programa de responsabilidad penal adolescente de la Defensoría Penal Pública. El Sr. presidente ya conoce nuestro relato, por cuanto hemos tenido la instancia de exponer este tema con anterioridad. Tal como lo expusimos en octubre pasado, nuestra asociación mantiene varias demandas laborales, las cuales están viendo una luz, por el compromiso del Ministerio de establecer mesas de trabajo para avanzar en materias como: • Respeto por la carrera funcionaria, en lo que dice relación con los concursos de ingreso a la planta y promoción. • Reconocimiento a la labor de que realizan los funcionarias y funcionarios que se encuentran subcontratos en la planta de auxiliares y técnicos cumpliendo funciones de administrativos o profesionales. • Sistema de Alta Dirección Publica, con relación a la incorporación de los Defensores Regionales y la compatibilidad con los cargos de planta. Contexto sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente La Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, impuso una serie de obligaciones y desafíos para la Defensoría Penal Pública. En los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, considerando la condición de personas en desarrollo de los niños y los fines de reinserción social del sistema. Desde el año 2006, se implemento un programa piloto, con trabajadores a honorarios para atender la demanda de defensa penal juvenil. Ya desde el presupuesto exploratorio del año 2010, la Institución y
- 2. posteriormente el Ministerio de Justicia solicitaron al Ministerio de Hacienda la incorporación a la dotación de los funcionarios del programa de responsabilidad penal adolescente. Finalmente dicha cartera resolvió mantener el actual sistema de financiamiento, extendiendo, de este modo, la desmedrada condición laboral de los trabajadores del referido programa. En la sesión de fecha 18 de octubre de 2011 la subsecretaria de la época. Sra. Patricia Pérez, señala que está considerando en un futuro proyecto de ley y en la sesión del 17 de octubre del año 2012, el ejecutivo señalo que se contaba con un informe presupuestario que autorizaba el incremento del gasto. Actualmente trabajan para el programa 83 personas a nivel nacional, entre profesionales -defensores penales y asistentes sociales- así como personal administrativo. Justificación del Modelo de Defensores Penales Juveniles a Contrata La justificación de incorporar a los trabajadores y trabajadoras del programa RPA a la dotación de la institución, se manifiesta en diversos aspectos, como los siguientes: a) Los defensores penales juveniles, a pesar de lo precario e incierto de su situación laboral, se han constituido en la columna vertebral de una cobertura especializada de la demanda que integra - en las zonas en que estos no pueden prestarla - a defensores locales y licitados. Así se han convertido en la garantía de especialización de la defensa, asumiendo cerca de un 75% de las causas de la LRPA y el total de la asistencia durante el período de ejecución de las condenas. b) La implementación de la defensa especializada requiere necesariamente contar con el apoyo de trabajadores sociales o sicólogos, para ejecutarse en forma adecuada. Junto con constituir un equipo de abogados especializados, otro de los logros relevantes de este período fue perfilar la función de apoyo a la defensa de adolescentes, de manera tal que hoy es inimaginable contar con una defensa especializada sin el apoyo de estos profesionales. Su importancia también se aprecia en la coordinación con los Programas de SENAME y otras instituciones, así como en la búsqueda de alternativas para solucionar casos complejos del sistema.
- 3. c) La especialización es un proceso acumulativo al que concurren progresivamente horas de capacitación, tiempo de experiencia, adquisición de habilidades y destrezas para la defensa de adolescentes. La contratación permite capitalizar lo que se invierte y ha invertido en los trabajadores(as) del programa. d) La contratación favorece una mayor estabilidad en la función de los trabajadores(as). Esta ventaja está directamente asociada con lo anterior, ya que desincentiva y disminuye los costos producto de la rotación de defensores, con la consiguiente pérdida de capital en el ámbito jurídico especializado. Solicitud Solicitamos que se Oficie a SE, la Señora Presidenta de la República, Doña Michelle Bachelet Jeria, con copia al Sr. Ministro de Justicia, Sr. José Antonio Gómez Urrutia y a Sr. Ministro de Hacienda, Sr. Alberto Arenas de Mesa, a fin que se sirva impartir las instrucciones para que se ingrese a tramitación legislativa, el Proyecto de Ley que resuelve esta materia. Los trabajadores de este programa, representan la precariedad del empleo, en el cual no cuentan con la estabilidad, las prestaciones de seguridad social y los derechos de los funcionarios que están junto a ellos día a día, en ocasiones incluso es difícil lograr el reemplazo cuando una de las mujeres trabajadoras hace uso de sus derechos maternales. No es menor además, volver a recordar que existe el compromiso de todos los actores, comenzando por el ejecutivo de resolver esta precariedad de empleo desde hace algunos años, tal como ha quedado registro en esta propia comisión los años 2011, 2012 y 2013. Por lo tanto, la institucionalización requerida, se basa en los profesionales y personal administrativo ya existentes, quienes se han destacado con entrega y buena gestión en las labores de defensa penal juvenil. Es por esto que se ha gozado de un prestigio bien ganado ante los demás intervinientes y por otros organismos circunscritos al sistema. Por lo anterior, y ante esta buena evaluación, no resulta justo mantener a este personal a honorarios, muchos de los cuales ya llevan varios años bajo esta modalidad.
- 4. A continuación, se resumen algunos de los compromisos en esta materia: 1. En la sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto, de fecha 18 de octubre del 2011 (boletín N° 7.972-05), la entonces subsecretaria de justicia, Sra. Patricia Perez señaló: “en orden a pasar a contrata a los defensores que se dedican a la representación de adolescentes infractores de ley que actualmente laboran bajo la modalidad de honorarios, está expresamente considerado en un futuro proyecto de ley..” 2. Un año después, en la misma instancia Parlamentaria, es decir en la sesión de fecha 17 de octubre del 2012 (boletín N° 8.575-05), la Ministra de Justicia, manifestó que: “…que concordaba con los criterios expuestos y que por ello se había preparado un anteproyecto de ley que ya cuenta con la visación de la DIPRES. Esta última emitió un informe financiero autorizando $ 600 millones para este efecto, y en estos momentos la iniciativa está en su último proceso de revisión en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia.” 3. Por acuerdo unánime, la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado, envía el Oficio CM-2012 N° 122 del 31 de octubre del 2012, a S.E. Sebastián Piñera Echeñique, en el cual le solicita se impartan las instrucciones pertinentes para que ingrese a tramitación legislativa la iniciativa de ley señalada por la Ministra de Justicia, Sra. Patricia Pérez Goldberg de a fin de regularizar la figura de los honorarios a quienes se desempeñan en el programa de Responsabilidad Penal Adolescente en la Defensoría Penal Pública. 4. El día 20 de mayo del año 2013, el Sr. Subsecretario de Justicia expresó estar de acuerdo con lo planteado por ambas asociaciones y sostuvo que no existían razones para que esta regularización se dilate más, agregando que todos los intervinientes están alineados en este mismo sentido. 5. El día 27 de agosto del presente año expusieron ante la Comisión de Hacienda el representante de la ADEF, Sr. Gonzalo Rodríguez Herbach y el representante de la AFUDEP, Ignacio Ramírez Villegas, quienes lograron que se aprobará por unanimidad el envío de un oficio al Ministerio de Hacienda (CM-2013 N°221) solicitando el ingreso del proyecto de ley de contratación del personal RPA antes del 30 de septiembre de 2013, y en caso contrario, considerar la pertinencia de la glosa en la partida. 6. El día 15 de octubre de 2013, el Senado de la República, aprobó por unanimidad el despacho de un proyecto de ley que integre a la dotación de la defensoría a los trabajadores RPA (Boletín S-1596-
- 5. 12). Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables Senadores señores Chahuán, Bianchi, García Huidobro, Horvath, Larraín Fernández y Sabag, con el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que remita una iniciativa legal para integrar a la dotación de la Defensoría Penal Pública, en calidad de funcionarios de planta o a contrata, a los profesionales que prestan servicios a honorarios en la Unidad de Defensa Penal de dicho organismo. En esta misma sesión, estuvo presente el subsecretario de Justica, Sr. Juan Ignacio Piña, quien respondiendo ante la consulta del Sr. Presidente de la comisión, señaló que en el más breve plazo se ingresará el proyecto de ley. 7. Finalmente, el día 1 de octubre del año en curso, ambas asociaciones de funcionarios expusieron ante la Tercera Subcomisión Especial Mixta de presupuesto, para analizar la situación de los trabajadores RPA, suscribiendo los Diputados integrantes de la Comisión una indicación a la partida del Ministerio de Justicia, solicitando el incremento de la glosa. 8. En esta misma reunión, el Senador, Sr. Jaime Orpis le hace presente al Subsecretario de Justicia que el proyecto de ley de contratación del personal RPA puede demorar su tramitación y que en el intertanto solicita la incorporación de la glosa, moción que se expresará en un oficio al Ministerio de Hacienda, situación materializada a través del Oficio CM-2014 N°44. 9. La discusión en sala del año 2013, se encuentra en documento anexo