El documento analiza la justiciabilidad del derecho a la alimentación en Colombia y en el sistema interamericano de derechos humanos, enfatizando la necesidad de políticas públicas efectivas para su protección. Describe las limitaciones en la jurisprudencia y en la implementación de estrategias de seguridad alimentaria y nutricional, así como la importancia de mecanismos de participación y seguimiento. Concluye que, aunque ha habido avances, aún queda camino por recorrer para consolidar el derecho a la alimentación como un derecho humano plenamente exigible.