Psoe programa electoral_2015

MANUAL
DEL
CANDIDATO
elecciones europeas 2014
PROGRAMA
ELECTORAL
ELECCIONES GENERALES 2015

índice
HACIA LA ESPAÑA DEL CONOCIMIENTO 4
LA DEFENSA DE LO PÚBLICO 35
UNA ECONOMÍA AL SERVICIO
DEL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA 93
EL ESTADO SOCIAL 181
NUESTRA VISIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO 236
PROPUESTA SOCIALISTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 266
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HACIA LA
ESPAÑA DEL
CONOCIMIENTO

| HACIA LA ESPAÑA DEL CONOCIMIENTO
LAS BASES PARA UN PROYECTO DE FUTURO:
HACIA LA ESPAÑA DEL CONOCIMIENTO

El conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su
auténtica perspectiva de futuro. La educación, la cultura, la ciencia y la investigación son la
única garantía de un desarrollo sostenible y justo. En ellas se basa la efectiva innovación, que
tiene a su vez una profunda dimensión social.

Un programa que afronte semejante desafío ha de ser consciente de las causas y atender con
realismo y eficacia las raíces con las que nutrir todo el sistema para que resulte efectivamente
transformador. Se trata de una tarea colectiva que requiere participación y procedimientos
claros y compartidos. Para ello es imprescindible restablecer los consensos y recomponer lo
que se ha venido desarticulando por ausencia de procesos de acuerdo, reemplazados por
acciones esporádicas de una legislación elaborada inadecuadamente. Se requiere estabilidad,
legislativa y normativa, de objetivos y de recursos. Ello solo es posible si se sustenta en
grandes acuerdos sociales y políticos por la educación, por la ciencia y por la cultura. Para lo
cual es imprescindible contar expresamente con la sociedad, con las comunidades educativas,
con los agentes sociales, con la gente de la creación y la investigación, con las personas más
directamente implicadas y que cuentan con la experiencia capaz de ofrecer y de abrir
posibilidades.

La posibilidad de acceso al derecho a la educación mediante un sistema público y el desarrollo
cultural son la base de una sociedad equitativa, con igualdad de oportunidades y con
posibilidades para lograr una verdadera calidad, que no se reduzca a determinados resultados
en la adquisición de conocimientos, por otra parte imprescindibles. La empleabilidad y la
preparación para el ejercicio profesional precisan de una formación consistente y versátil, pero
no es un mero aprendizaje técnico. Se trata de derechos decisivos para el pleno ejercicio de la
ciudadanía que han de garantizarse desde la primera infancia. Esto implica, a su vez, tener al
alcance recursos con independencia de la comunidad en la que se viva, lo que supone
implementar programas de cooperación interterritorial.

Todos los análisis internacionales nos muestran que hay una correlación entre la inversión en
conocimiento y el desarrollo social y económico de los países. El giro hacia una sociedad del
conocimiento, hacia la innovación, hacia el incremento drástico de la productividad y hacia la
generación de valor añadido solo se puede sostener sobre la base de una participación activa
del recurso más importante con el que cuenta una sociedad: un capital humano formado, con
iniciativa, productivo y capaz de contribuir activamente al proceso de transformación
económica y social que necesita España.

Los centros de investigación y muy singularmente las universidades constituyen una referencia
decisiva y son el verdadero horizonte del progreso social y económico a través de la
generación y la transferencia del conocimiento, y es preciso articular estrategias que definan la
singularidad en sus entornos geográficos y sociales y lograr en torno a ellos polos de mejora en
todos los sentidos. Asimismo, debemos evitar que la inversión en los mismos se convierta en
algo que se realiza en tiempos de bonanza y se recorta drásticamente o suprime cuando los
recursos escasean, a menudo sin dar tiempo a la consolidación de las inversiones previas
realizadas y sin la necesaria planificación.

Todo esto requiere programas y acciones específicas, también para la formación permanente y
la incorporación de personas especialmente cualificadas. Para hacerlo, se precisa acordar los
procedimientos más adecuados. Lo que ha de acompañarse de programas de innovación
educativa y de creación artística y cultural, concebidos como vertebradores de una sociedad
que afronta el reto de progresar justamente.

El programa presentado concibe la educación, la ciencia y la cultura como vértebras
constitutivas de una sociedad equilibrada, con posibilidades y justa, y aporta compromisos
específicos para lograrlo. Para que sea en efecto así es preciso que el conocimiento se sitúe
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en la escala de valores como un factor decisivo que ha de ampararse asimismo con los
compromisos y los recursos necesarios.

No cabe hablar de una nueva economía que no sea una economía del conocimiento y que no
tenga en su núcleo la educación y la cultura. Ofrecemos, por ello, los cauces y las medidas
para lograrlo y lo hacemos con una perspectiva acorde con los retos europeos establecidos
para las próximas décadas, comenzando por los objetivos marcados para el 2020, en cuyo
marco se inscriben estas acciones.

España tiene por delante 10 importantes desafíos para que la ciudadanía esté en las mejores
condiciones de afrontar los retos del siglo XXI:

1. España debe alcanzar definitivamente un gran acuerdo social, político e institucional
en torno a la educación como derecho que se desarrolla a la largo de toda la vida, que
haga posible un sistema educativo universitario y no universitario estable,
fundamentado en la igualdad entre mujeres y hombres, en la equidad, asentado en la
inclusividad, orientado a la excelencia en los resultados y basado en la cooperación
institucional y la disposición a la mejora continua en todas las instituciones educativas.

2. Debemos mejorar la capacitación profesional docente y la capacidad de autonomía de
las instituciones universitarias y no universitarias para que puedan hacer un uso eficaz
de las competencias que tienen atribuidas y superar con éxito los retos que plantea la
educación en el siglo XXI. El reconocimiento y la dignificación social de los
profesionales de la educación es el símbolo de las sociedades más avanzadas.

3. Uno de los principales desafíos que tenemos como país es conseguir que la FP tenga
el reconocimiento y la inversión que se merece por parte del conjunto de la sociedad.
Ello ayudaría a mejorar la empleabilidad de toda la población así como su capacidad
para emprender proyectos empresariales, iniciativas sociales y desenvolverse en el
trabajo autónomo. Debemos conseguir que la formación profesional se convierta en
una herramienta eficaz para el futuro de la juventud, lo cual solo será posible con una
actualización de la oferta académica, acorde con las necesidades del mercado laboral.
Asimismo, debemos recoger medidas que favorezcan la incorporación de las mujeres
a la formación profesional y los ciclos formativos donde aún se encuentran menos
presentes.

4. Tenemos pendiente como sociedad el reconocimiento y el sentimiento de orgullo de la
diversidad de las culturas y las lenguas de España como una realidad política y cultural
de una inmensa riqueza con un gran potencial de proyección hacia el mundo. Las
culturas son un valor social imprescindible para construir una sociedad democrática,
para compartir y reconocer de forma activa, tanto la diversidad entre españoles y
españolas como lo que nos es común. Poner de relieve la importancia de la política
cultural, mediante la creación de los cauces necesarios que asienten un tratamiento
integrado permitirá que sea un punto de apoyo para el aumento de la influencia de
España en la escena internacional, desarrollando una estrategia de presencia y
fomento de la cooperación a través del español y demás lenguas oficiales y las
personas que se dedican a la creación.

5. La cultura, el mundo de la creación y las industrias de la creatividad ya constituyen un
sector económico importante que supera el 3% del PIB y el 2,9% del empleo, pero
debe ser transformado en un sector estratégico en el nuevo modelo de desarrollo
socio-cultural y económico justo y sostenible para la creación de empleo de calidad en
España.

6. Hacer de la ciencia una prioridad de Estado, avalada por un amplio acuerdo social y
político que dé respaldo al impulso de un conjunto de medidas que recoja y priorice el
interés público y colectivo para que España forme parte de los ocho primeros países
del mundo por su investigación científica y sea destino internacional preferido en la
carrera profesional de investigadores e investigadoras.
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7. Necesitamos una mayor transferencia y circulación de conocimiento entre otras
instituciones de educación superior, universidades, centros de investigación y sector
productivo, creando un marco integral que las favorezca, estableciendo una nueva
generación de instrumentos e incentivos y redefiniendo y potenciando las estructuras
de interfaz, como centros y parques tecnológicos, parques científicos y campus de
excelencia internacional. Solo logrando esta coordinación e interconexión España
puede situarse entre los mejores.

8. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias,
asegurando que todas las personas que deseen cursar estudios universitarios y
tengan la capacidad para ello puedan hacerlo, con independencia de su situación
socioeconómica o su lugar de residencia, teniendo presentes las demandas de la
sociedad. Buscaremos y promoveremos que los estudiantes reciban una educación
que contemple al mismo tiempo la formación científica y la humanística, de tal manera
que persiga la creación de una ciudadanía plenamente capaz y con capacidad crítica.

9. Fomentar una cultura pública, política, social y empresarial del emprendimiento y la
innovación, que junto con una nueva Estrategia, con avales suficientes, convierta a la
innovación en el principal factor de competitividad de nuestra economía y para la
mejora de los servicios públicos, incorporando a nuestro país entre los 10 primeros del
Índice Global de Innovación.

10. Aplicar políticas transversales con el objetivo de hacer fácil la adaptación de la
sociedad a la realidad digital, avanzar en la digitalización del conjunto de la economía,
de la administración y de la sociedad asegurando la igualdad de oportunidades en el
acceso a las nuevas tecnologías y el reconocimiento de los nuevos derechos
vinculados a las TIC.

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EDUCACIÓN

1. DÓNDE ESTAMOS

Los indicadores de convergencia europea, que valoran el grado de cumplimiento de los
Objetivos de Educación y Formación 2020, constatan que nuestro sistema educativo ha
logrado resultados académicos similares al resto de los sistemas educativos y, en algunos
casos, los ha superado.

Nuestra juventud es la mejor formada de la historia. Muy pocos países han logrado que la nieta
de unos abuelos analfabetos haya llegado a ser médica. Este es el mejor indicativo de lo que
ha ocurrido en España en las últimas décadas. Por ello debemos continuar mejorando el
sistema educativo, haciendo posible que las limitaciones económicas y sociales de partida no
sean obstáculo en el acceso a la educación.

Sin embargo, debemos prestar una atención especial a las tasas de abandono escolar
temprano, porque, pese a que hemos logrado reducirla significativamente en los últimos años,
e incluso ya hay Comunidades Autónomas que han alcanzado el objetivo previsto, todavía no
cumplimos con el objetivo de la Estrategia Europa 2020.

El sistema educativo español es uno de los más equitativos de Europa y, a la vez, uno de los
más homogéneos. Las diferencias de resultados entre el alumnado de un mismo centro es
mayor que la diferencia de resultados entre el alumnado de distintas Comunidades Autónomas.

El Partido Popular, amparado en alteración sustancial del derecho a la educación, tal y como
aparece definido en la Constitución, y en una visión sesgada del sistema educativo, ha
desarrollado una política cuyas consecuencias ha padecido toda la comunidad educativa,
retrocediendo en equidad de nuestro sistema educativo. Nunca antes el sistema educativo
estuvo tan desordenado, ni las familias habían tenido que compensar con sus propios recursos
y los de las organizaciones sociales, los recortes del Estado, ni el futuro del alumnado había
sido tan incierto (como consecuencia de la obligación de aprobar unas reválidas para obtener
la correspondiente titulación aunque hubiera aprobado todas las asignaturas) y todavía se
agravará más si llega a hacerse efectivo el principio de demanda previsto en la LOMCE. La
política de recortes ha reducido de forma alarmante los medios humanos y materiales en todo
el sistema de educación pública, poniendo en grave peligro el nivel de calidad alcanzado con el
esfuerzo de toda la sociedad española en los últimos 30 años. El PSOE tendrá como prioridad
en su gobierno, restablecer esta situación dotando de nuevo al sistema de educación público
de los medios necesarios para alcanzar el nivel de calidad óptimo, garantizando de esta
manera de nuevo el principio de igualdad de oportunidades

La respuesta que desde el PSOE ofrecemos para acabar con esta situación no puede ser más
clara: hemos construido un sistema educativo que tenemos la obligación de preservar y
mejorar para las generaciones posteriores, por eso, en la próxima legislatura vamos a reforzar
y ampliar el derecho a la educación a lo largo de la vida.

2. NUESTROS OBJETIVOS

Ampliar y reforzar el derecho a la educación recuperando su sentido constitucional y su
carácter de derecho humano universal de modo que signifique no solo igualdad de
oportunidades en el acceso, sino ante todo, el derecho a una equitativa distribución de
oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas.

Construir un sistema educativo estable basado en la equidad y orientado a la excelencia que
garantice la igualdad de oportunidades de aprendizaje, la coeducación, y el logro de los
mejores resultados educativos.

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Promoveremos la suficiente oferta en centros públicos en todas las etapas para garantizar el
derecho a la educación. Asimismo garantizaremos una financiación pública y unos servicios
comunes adecuados para todo el sistema educativo.

Reconocimiento público y social del hecho diferencial de las cooperativas de enseñanza. Que
en el reglamento de conciertos educativos se tenga en cuenta la especificidad de las
cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social.

Reducir la tasa de abandono escolar temprano y mejorar las tasas de titulación en todas las
enseñanzas así como los resultados en las evaluaciones nacionales e internacionales.
Establecer un progresivo descenso de las ratios de alumnado por clase como factor de
atención individualizada y de éxito escolar. Trabajar con el horizonte de la clase de 20 alumnos
y alumnas en Primaria y la clase de 25 en Secundaria.

Universalizar la educación desde los 0 hasta los 18 años, evitando todo tipo de segregación y
facilitando que todas las personas puedan obtener el título correspondiente a la educación
obligatoria y ampliando la oferta pública de formación profesional.

Fortalecer la cooperación institucional entre todas las administraciones públicas, los agentes
sociales y la comunidad educativa para construir un sistema educativo dotado de capacidad
para mejorar permanentemente sus resultados.

Diseñar y desarrollar marcos curriculares orientados al aprendizaje de capacidades y
competencias que sean adaptables a las características de las personas y a las singularidades
propias de cada centro educativo y que respondan al mayor reto que tiene la educación del
siglo XXI (UNESCO), el aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, dentro de un contexto
de alfabetización múltiple.

Impulsar un nuevo modelo eficaz y garante de Escuela inclusiva, comprometida con los valores
constitucionales y democráticos, con la igualdad entre mujeres y hombres, la interculturalidad,
la coeducación, la atención a la diversidad, el bilingüismo, los estilos de vida saludables y que
promueva la participación activa de toda la comunidad educativa.

Definir un modelo de profesionalización docente acorde con las exigencias que plantea el
ejercicio efectivo del derecho a la educación y las características de un sistema educativo
abierto y en permanente proceso de mejora.

3. PROPUESTAS

• Establecer una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el
sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5% del PIB en dos
legislaturas, y con la aspiración de alcanzar el 7% a medio plazo.

• Derogar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) así como la normativa que ha
contribuido a recortar la inversión en educación, dificultando la contratación del profesorado
vulnerando el derecho de acceder a la educación por parte de un sector de la población y
deteriorando todos los servicios (comedores, transportes, libros de texto, entre otros).

• Derogar o paralizar las normas reguladoras de las evaluaciones externas, evitando que
puedan tener consecuencias directas sobre el expediente del alumnado.

• Alcanzar un acuerdo político y social mediante el diálogo con todos los sectores de la
comunidad educativa una Ley básica de educación, con vocación de permanencia, que,
además de garantizar un sistema educativo estable, basado en la equidad, la igualdad
entre mujeres y hombres y la inclusividad, permita mejorar el aprendizaje, la formación
educativa y la adquisición de competencias en todas las enseñanzas.
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• Promover la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas
independientemente del lugar de residencia, situación personal, sociocultural y económica,
para lo que habrá que garantizar la excelencia en todos y cada uno de los centros
educativos públicos y dedicar una especial atención al medio rural y aquellos situados en
zonas de desventaja social.

• Elaborar un Plan de Cooperación Territorial específico apoyo a la escuela rural en el seno
de la Conferencia Sectorial, con la colaboración de los Ayuntamientos, en el que se analice
los recursos necesarios, la formación específica del profesorado, los servicios
complementarios y con especial atención las necesidades de transporte y apoyo material al
alumnado.

• Presentar en el seno de la Conferencia Sectorial y en coordinación con las
medidas vinculadas a la Ley de dependencia, un programa de apoyo para la
escolarización, apoyo al alumnado y apoyo directo a las familias y personas encargadas
del cuidado de los alumnos y alumnas con necesidades especiales que así lo precisen.
Dotar a los centros con los recursos necesarios para atender a la diversidad de su
alumnado.

• Recuperar el verdadero sentido de las becas como un derecho, de manera que el
estudiante que cumpla los nuevos umbrales de renta y patrimonio que estableceremos en
las convocatorias, tendrá derecho a la misma. Además, agilizaremos todo lo referente a la
tramitación de becas para asegurarnos de que el alumnado perciba las cantidades
asignadas durante el primer trimestre de estudio.

• Permitir el acceso o la continuidad de los estudios al alumnado con independencia de su
situación económica, estableciendo unos precios públicos (incluidos los de tasas
universitarias) asequibles.

• Además promoveremos mecanismos adecuados para establecer una gratuidad real de los
libros de texto.

• Ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años, impulsando y facilitando la
ampliación de la oferta pública de plazas y de servicios en todas las enseñanzas,
especialmente, en la Educación Infantil y la Formación Profesional. Este proceso de
ampliación de la escolarización debe constituir un objetivo prioritario compartido por todas
las administraciones públicas. Nuestro objetivo es que de forma progresiva se extienda la
obligación de las administraciones educativas de ofertar plazas públicas hasta los 18 años,
en esta legislatura. No se trata de aumentar los años de escolaridad obligatoria, sino de
garantizar y ampliar las oportunidades de educación y formación sin discriminaciones
desde la temprana infancia hasta la mayoría de edad, así como facilitando que todas las
personas puedan obtener el título correspondiente. Para ello, buscaremos fortalecer y
priorizar la escuela pública así como el mantenimiento de las líneas existentes en la misma.

• Potenciar la educación de personas adultas fomentando su desarrollo integral a lo largo de
la vida.

• Fortalecer la cooperación entre las Comunidades Autónomas dotando a la Conferencia
Sectorial de Educación de una mayor capacidad operativa y haciendo de los Programas de
Cooperación Territorial instrumentos de política educativa que nos comprometan a todos
en la búsqueda de soluciones eficaces a problemas comunes.

• Definir un modelo de diseño y desarrollo del currículo, elaborado por personas expertas y la
participación educativa, acorde con la sociedad del conocimiento, que facilite la adaptación
de la respuesta educativa en cada centro, con atención a la igualdad y la diversidad, que
permita al alumnado y profesionales de la educación superar los retos educativos que
plantea una alfabetización múltiple.

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• Promover un acuerdo con las CCAA, y la participación de la comunidad educativa, para
incorporar la enseñanza de técnicas y hábitos de estudio y fomentar que el trabajo del
alumno fuera del aula busque adquirir habilidades útiles a lo largo de su vida: la
creatividad, recursos sociales, deportivos, autoaprendizaje, artísticos. Promovernos así,
que las tareas extraescolares de estudio respeten el tiempo y las necesidades del
alumnado, asegurando que sean un complemento adecuado de la actividad lectiva sin
convertirse nunca en una brecha social en función de los recursos.

• Promover un modelo de educación integral, adecuada a la nueva ciudadanía del siglo XXI,
en la que se combinen la cultura científica y las humanidades, que se complete con las
artes y el deporte, con un aprendizaje a lo largo de la vida y en la que se dote al alumnado
de una visión crítica y transformadora de la realidad.

• Promover una escuela pública laica donde no quepa la integración
de enseñanzas
confesionales, ni en el currículum ni en el horario escolar. Para ello se promoverá las
reformas del marco legal actual necesarias, así como de los acuerdos internacionales.
Promover la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de
integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural, evitando, por
ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos.

• Promover una escuela que defienda la ética pública y los valores democráticos, para lo que
recuperaremos la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
que, entre otros contenidos, recoja el conocimiento de la Constitución Española, de las
instituciones Europeas e internacionales y los derechos humanos.

• Construir un modelo común para el aprendizaje de idiomas y un Programa de Cooperación
Territorial que, teniendo en cuenta las singularidades de las Comunidades con lengua
propia y las protegidas estatutariamente, y respetando las distintas competencias atribuidas
a las Comunidades, permita dominar el uso de al menos un idioma extranjero,
preferiblemente el inglés, en el que el alumnado pueda alcanzar, semejantes niveles de
competencia comunicativa mínimos de acuerdo con los niveles de dominio del idioma
establecidos dentro del Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas. Además,
promoveremos planes de mejora para las Escuelas Oficiales de Idiomas y que así
puedan cumplir todos los fines por las que fueron creadas.

• Revitalizar y dotar de mayores competencias los Consejos Escolares, así como crear
nuevas mecanismos que permitan articular la participación de la comunidad
educativa. Poner en valor el papel del Claustro como órgano imprescindible para la toma
de decisiones en el ámbito pedagógico y en la elección de los y las directoras. Elaboración
del Estatuto del Estudiante similar a la Ley del Estudiante Universitario pero en educación
obligatoria.

• Crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que garantice que todo centro escolar tendrá
unas líneas básicas para el desarrollo de la vida escolar con especial atención la
prevención y la detección de los casos de ”bullying” o acoso, la homofobia, la xenofobia y
también los ocasionados por la diferencia de género. Un sistema coeducativo que
garantice la igualdad entre los sexos en todos las etapas educativas, que proporcione una
formación afectivo-sexual que contemple la perspectiva de género y la diversidad LGTB y
enseñe a resolver los conflictos de forma pacífica y no sexista, de manera que sea la mejor
prevención contra la violencia de género.

• Potenciar el desarrollo de Planes de Igualdad en los Centros educativos y la formación
para la Igualdad del profesorado y de los equipos de orientación.

• Desarrollar programas para una información y educación integral, igualitaria y respetuosa,
que sea una herramienta fundamental para promover la salud sexual y el bienestar de las
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personas en todas las etapas evolutivas y que posibilite la construcción de referentes
culturales y simbólicos que favorezcan un concepto de la sexualidad integral que genere un
espacio para una sexualidad saludable.

• Aprobar un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización, dignifique la
función docente, regule sus condiciones de trabajo, asegure su formación permanente,
establezca los criterios para su promoción, derogue los Decretos que han deteriorado sus
condiciones laborales e incorpore un sistema de acceso a la docencia similar al MIR
sanitario. Incluir en el ámbito de las posibilidades de formación del profesorado la
enseñanza del lenguaje de signos, al menos como optativa, con el objetivo de reforzar la
integración de personas con necesidades especiales de este tipo.

• Promover una evaluación sistemática y global de la educación.
El sistema educativo, tanto en su totalidad como en sus subsistemas o componentes, será
objeto de evaluación. En el sistema educativo no deben ser evaluado solo el alumnado sino
también el profesorado, los centros, el currículum y la planificación y gestión de los
recursos que son responsabilidad de las Administraciones educativas, tanto del Estado
como de las Comunidades Autónomas.

• Actualizaremos la Acción Educativa en el Exterior para que facilite el acceso a la
educación a las personas de nacionalidad española que residen en el extranjero y al
tiempo potencie y desarrolle la difusión de la educación, la cultura y la investigación
españolas, desde la trasparencia de la gestión y la rentabilidad de sus actuaciones,
siempre con el objetivo de situar a España en el espacio socio-educativo-cultural que le
corresponde en el marco de la sociedad global. Promovernos la agilización del proceso de
convalidación y reconocimiento de títulos para españoles y españolas que viven en el
extranjero

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FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRADA

1. DÓNDE ESTAMOS

La Formación Profesional en nuestro país sigue estando poco prestigiada socialmente, menos
conectada con el mundo empresarial de lo que debería y todavía lejos de converger con los
mejores sistemas de educación y formación de Europa.

En consonancia con esta visión nos proponemos adaptar la normativa del Estado para que en
el transcurso de la próxima legislatura nuestro país pueda contar con un Sistema de Formación
Profesional abierto a los cambios sociales e integrador de los actuales subsistemas de
educación y de empleo. Estamos convencidos de que avanzar en el proceso de construcción
europea de una formación profesional de calidad es la mejor respuesta que podemos dar a la
crisis económica actual y, sobre todo, a la creación de empleo.

El número de titulados y tituladas en FP en España es claramente insuficiente. Según los datos
aportados por el Mapa de la oferta de Formación Profesional en España (2011), el número
asciende a 4.664.859 (FPI+GM+FPII+GS), lo que representa un 24,6% de la fuerza productiva
necesaria para el año 2010, y un 22,97% de la fuerza productiva necesaria para el año 2020.
Este problema continuará si no se pone solución a la escasez de plazas y alumnado de
Formación Profesional de Grado Medio.

Los procesos de acreditación de competencias adquiridas en el entorno laboral deben de ser
otra apuesta básica en el cambio de modelo productivo. Los modelos de acreditación deben de
ser homogéneos, públicos y de oferta obligada para todo el Estado, para evitar
discriminaciones entre quienes trabajan por el hecho de vivir en una autonomía determinada.
Su gestión debe de ser autonómica en función de las especialidades y con un reparto
adecuado a sus necesidades y posibilidades siendo, en cualquier caso, una función con
garantía pública, con una planificación, coordinación y dirección de la Administración General
del Estado, quien podrá aportar, en su caso, compensación económica a la comunidad gestora
si superara el reparto autonómico equilibrado.

Respecto a la coordinación entre las enseñanzas para obtención de Títulos de FP y las de
Certificados de Profesionalidad, debe de hacerse una revisión profunda que no requiere
cambios en la Ley de las cualificaciones, sino en los desarrollos de la misma efectuados por la
Administración General del Estado, con el objetivo de mejorar las enseñanzas que permiten la
obtención de dichos Certificados, facilitar la integración de los centros y entidades que los
imparten y los centros de formación profesional, así como de las titulaciones adecuadas del
profesorado para impartirlos, para garantizar la coherencia y validez del sistema.

El Partido Popular en lugar de mejorar el sistema ha creado nuevos problemas que agravan los
anteriores y provocan un empeoramiento generalizado del sistema educativo.

El principal problema de la Formación Profesional era la alta demanda de nuevas plazas en
todos los territorios del Estado. En lugar de atender a este problema el PP creó dos nuevos: la
Formación Profesional Básica y la Formación Profesional Dual.

El empeño del PP en crear una Formación Profesional Básica que nadie necesitaba ha
provocado la segregación temprana de miles de estudiantes, les ha impedido obtener el título
de Graduado en Educación Secundaria a las primeras promociones y ha endeudado a las
administraciones públicas obligándolas a financiar todo el coste de implantación de estas
enseñanzas con cargo al Fondo Social Europeo o bien a cargo de sus propios presupuestos.
Todo ello para que, con los datos conocidos, asistan a esta enseñanza menos alumnado del
que asistía a los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Otro tanto ha ocurrido con la torpemente llamada Formación Profesional Dual (una mala
imitación del modelo alemán que no cumple ninguna de sus características) una modalidad de
Formación Profesional que, en el mejor de los casos llegará al 5% de todo el alumnado, pero
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que ha sido presentada como una alternativa a la Formación Profesional actual y cuya
implantación en todo el territorio ha sido muy desigual.

Lo cierto es que todo aquello que podría haber contribuido a la mejora de la formación
profesional, el aumento de plazas, la integración de la formación para el empleo y la formación
dentro del sistema educativo, el reconocimiento de competencias adquiridas a través de la
experiencia laboral, o el desarrollo del Proceso de Copenhague, ha quedado por hacer. Por
ello, debemos promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas, para desarrollar un
programa que permita a las personas adultas un desarrollo adecuado para su formación
integral.


Uno de los principales desafíos que tenemos como país es conseguir que la FP tenga el
reconocimiento que se merece por parte del conjunto de la sociedad y, especialmente, por las
empresas. Ello ayudaría a mejorar la empleabilidad de toda la población así como su
capacidad para emprender proyectos empresariales, iniciativas sociales y desenvolverse en el
trabajo autónomo. Por todo ello, nuestro compromiso es prestigiar y dignificar al máximo todas
las enseñanzas profesionales, reconociendo su condición imprescindible para el buen
funcionamiento de la sociedad, dándoles valor social y personal.

Por ello debemos ampliar el número de plazas y perfiles para que las personas que lo deseen
puedan acceder a las enseñanzas de formación profesional y certificados de profesionalidad y
mejorar las actuales tasas de titulación.

Impulsar una Formación Profesional que prepare al alumnado de forma integral y le permita
acceder con éxito al mercado laboral o conectar con el resto de niveles educativos.

Adaptar el Sistema Integrado de Formación Profesional a las necesidades del nuevo modelo
productivo primando los sectores emergentes y actualizando la oferta de títulos en los sectores
productivos tradicionales. Entre otras, daremos especial importancia a todas las enseñanzas
dirigidas a las ciencias medioambientales, energías alternativas, tecnologías de la información
y la comunicación, ciencias de la salud y atención a la dependencia.

Mejorar el actual procedimiento de reconocimiento y acreditación de competencias adquiridas
en el puesto de trabajo, valorando significativamente el tiempo trabajado en el sector para el
que se solicita la acreditación.

Facilitar la transición desde la formación al empleo mediante la colaboración de los servicios
públicos de orientación e intermediación laboral con las empresas, con los organismos públicos
y con las organizaciones empresariales, sin que ello suponga la sustitución de un puesto de
trabajo estable.

Definir un modelo de orientación profesional y laboral que permita a todas las personas
conocer las posibilidades que ofrece el mercado laboral y definir su propia carrera profesional.

3. PROPUESTAS

• Modificar la actual Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional para consolidar un Sistema Integrado de Formación Profesional que
permita la obtención tanto de títulos de Formación Profesional como de Certificados de
Profesionalidad, así como para mejorar la conexión de los distintos grados, dando
respuesta a las especificidades del medio rural.
• Incentivar la oferta pública de plazas que responda a las necesidades derivadas del nuevo
modelo de crecimiento inteligente, sostenible y cohesionado.
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• Definir un nuevo modelo de financiación de todas las enseñanzas profesionalizadoras que
permita atender la demanda en las condiciones de calidad exigibles.
• Incentivar la contratación de las personas que tengan títulos oficiales de Formación
Profesional o Certificados de Profesional, así como la contratación de personas que estén
dispuestas a formarse mientras trabajan.
• Impulsar la incorporación de España al proceso de convergencia europea en Formación
Profesional (Proceso de Copenhague) y facilitar la movilidad transnacional del profesorado
y alumnado de Formación Profesional.
• Promover la ampliación y la renovación de los Centros Integrados de Formación
Profesional incorporando a esta red los actuales centros de Referencia Nacional. Además,
y al objeto de reforzar la complementariedad y se contribuya así a potenciar la relación
entre la formación profesional y el mundo universitario, se promoverá, con las
administraciones autonómicas competentes, la posibilidad de que Centros Integrados de
Formación Profesional establezcan acuerdos de colaboración con las universidades para
rentabilizar los medios materiales pero manteniendo siempre la relación administrativa
actual.
• Definir un modelo de formación en alternancia que permita una adecuada formación en los
centros de trabajo sin que esto suponga un deterioro de la formación en los centros
educativos.
• Promover en colaboración con todas las empresas y con las administraciones públicas un
plan de formación específico de todo el profesorado, que permita la actualización de sus
competencias, el dominio de las nuevas herramientas profesionales y el desenvolvimiento
eficaz en los nuevos entornos productivos. Otorgar especial atención al profesorado que se
incorpore a nuevas titulaciones, y a las personas que asuman en las empresas la
responsabilidad de colaborar en la formación del alumnado como monitores.y monitoras
• Promover la posibilidad de crear una educación de adultos de modalidad no presencial a
través de las nuevas tecnologías que permitan alcanzar la formación mínima necesaria
para acceder al mundo laboral.
• Incorporar, progresivamente, a todas las enseñanzas profesionales un segundo idioma
extranjero para facilitar la internacionalización de las empresas y para evitar que el
desconocimiento de idiomas se convierta en un obstáculo para acceder a más
oportunidades laborales.

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UNIVERSIDADES

1. DÓNDE ESTAMOS

El sistema universitario público ha mantenido durante décadas un ritmo de crecimiento tanto en
alumnado como en profesorado y en titulaciones muy superior al resto de los países de nuestro
entorno. A partir de los 80, y en solo tres décadas, la Universidad española pasó de ser una
institución al alcance de unos pocos a abrir el camino de la educación superior a todas aquellas
personas con capacidad y voluntad de seguir estudios universitarios. España logró así
incorporarse al grupo de países europeos con una proporción mayor de estudiantes
universitarios, recuperando un retraso histórico, si bien el sistema de becas seguía aún distante
de alcanzar, por el porcentaje del PIB dedicado a él, la media europea.

Este crecimiento continuado dio sus frutos y, como recoge el Informe español sobre los
objetivos europeos 2020 de educación y formación (2013), en 2010 España ya había logrado
alcanzar el objetivo previsto en cuanto a porcentaje de titulados superiores en el grupo de edad
entre 30 y 34 años.

Desgraciadamente esta situación se ha interrumpido bruscamente en la última legislatura,
hasta el punto de que miles de personas han tenido que abandonar sus estudios o no han
podido acceder a ellos. Esta situación contrasta con el enorme aumento de las universidades
privadas.

A la disminución del número de personas en las aulas habría que sumar el grave deterioro en
las condiciones del profesorado y de los equipos de investigación como consecuencia de los
recortes en la inversión y la imposición de una tasa de reposición cero totalmente
injustificada. Esta falta de oportunidades para nuestra juventud, para quienes investigan, para
quienes se dedican a la docencia universitaria, ha frustrado las carreras investigadoras de
miles de personas y provocado la salida del país de muchas de ellas, con el consecuente
envejecimiento de las plantillas de la universidad e impidiendo el necesario relevo
generacional, lo que de no subsanarse afectará gravemente a nuestro sistema universitario
público.

Así lo muestran numerosos estudios, entre ellos la encuesta sobre investigación y transferencia
de conocimiento de las universidades españolas elaborada por la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE) a través de las redes OTRI y UGI. Según este informe,
presentado recientemente, la financiación para la investigación competitiva se redujo un 30%
en los años 2012 y 2013. La CRUE ha denunciado asimismo la pérdida de más de 5.000
profesores y profesoras desde 2011 hasta 2014.

Con el PP en el Gobierno hemos asistido a un debilitamiento de la articulación y equidad del
sistema universitario español; con la mayor subida de tasas de la historia, incrementando las
diferencias entre Comunidades Autónomas; sin un modelo marco de financiación que garantice
la suficiencia financiera de las universidades en todos los territorios; y con el radical
endurecimiento de los requisitos de las becas y una reducción drástica de sus cuantías, lo que
ha supuesto un enorme retroceso para la igualdad de oportunidades.

Uno de los capítulos más recientes de la quiebra del sistema universitario ha sido la reforma
por decreto de los títulos universitarios, que de aplicarse devaluará los títulos de grado,
obligará al alumnado a pagar más por la misma formación y hará posible que una misma
titulación tenga duraciones diferentes entre universidades.

Esta situación supone una grave amenaza para las universidades públicas que es necesario
afrontar con eficacia y determinación. Hay que poner fin a una política universitaria que está
quebrando el sistema público e hipotecando el futuro de nuestro país. Es evidente que en una
sociedad basada en el conocimiento las universidades están llamadas a ser un motor por el
desarrollo inteligente y sostenible.

// 15


Debemos construir una política universitaria que renueve y fortalezca nuestras instituciones de
educación superior y las dote de un mayor autogobierno para que puedan cumplir con mayor
eficacia la alta misión que la sociedad les ha encomendado: la creación, desarrollo, transmisión
y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades
profesionales; la difusión, valorización y transferencia del conocimiento; y la difusión del
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda
la vida.

Esa política ha de construirse desde el consenso social, académico y político, el mismo
consenso que hizo posible tanto la modificación de la Ley Orgánica de Universidades (2007)
como la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011).

Nuestro principal objetivo será volver a ese consenso para, a partir de él, recuperar unas
universidades públicas que vuelvan a ser accesibles a todo el mundo, en las que únicamente la
voluntad y la capacidad de cada cual marquen los límites, y no sus condiciones
socioeconómicas o su lugar de residencia. Unas instituciones que generen conocimiento
científico y cultural y sean, a la vez, un agente activo en la transferencia de ese conocimiento
a la sociedad y su beneficio para el desarrollo, la economía y la innovación en nuestro país.

Unas universidades más emprendedoras e innovadoras serán también los espacios idóneos
para el fomento del espíritu innovador y emprendedor de su alumnado, del futuro profesional de
nuestro país. Para ello necesitamos instituciones más autónomas, comprometidas y
socialmente responsables. Urge dotar a las universidades públicas de un modelo de
financiación transparente que garantice la suficiencia, promueva la eficacia y la eficiencia, y
asegure la equidad.

Al tiempo de promover la mejora sobre la financiación, impulsaremos la mejora de la
transparencia institucional, mediante el cumplimiento efectivo del acuerdo de implantación
generalizada de sistemas de contabilidad de costes, distribuir los fondos en función del
rendimiento y resultados y el avance en los sistemas de información para tomar decisiones.

Un nuevo gobierno socialista garantizará la mejora de la calidad y la internacionalización del
sistema universitario, estableciendo nuevos mecanismos y asegurando el eficaz
funcionamiento de los existentes. La ordenación de las enseñanzas universitarias se realizará
teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de las actuales titulaciones y
preservando la cohesión y consistencia del sistema universitario, así como su proyección
internacional. Uno de nuestros objetivos primordiales debe ser el desarrollo de programas que
permitan, además de la internacionalización de las universidades españolas, el retorno de
nuestros licenciados, de nuestras licenciadas, integrándolos en los grupos de investigación y
docencia de las universidades, donde puedan aportar su experiencia y conocimiento
conseguidos dentro y fuera de nuestras fronteras durante estos años.

Finalmente, es importante diseñar y desarrollar un modelo de carrera profesional para el
personal docente e investigador y para el personal de apoyo especializado a la investigación
(técnico y de gestión) que favorezca y promueva la superación continua de sus capacidades y
competencias, con las garantías necesarias de reconocimiento y acreditación institucional en
todo el Estado e incorporando nuevos mecanismos de movilidad nacional e internacional. Uno
de nuestros objetivos primordiales ha de ser el retorno de nuestra juventud investigadora,
integrándola en los grupos de investigación y docencia de las universidades, donde puedan
aportar su experiencia y conocimiento conseguidos dentro y fuera de nuestras fronteras
durante estos años.

3. PROPUESTAS

• Establecer el diálogo con las universidades como mecanismo esencial para la
definición de la política universitaria. Las medidas y reformas estarán sustentadas en
// 16

diagnósticos y objetivos compartidos, y contaremos para su formulación con la
participación de personas expertas nacionales e internacionales independientes.
• Paralizar el conjunto de decisiones y reformas impuestas por el Gobierno que han
carecido del acuerdo, la participación y el riguroso diagnóstico para su definición e
implantación, entre ellas las referidas a creación y reconocimiento de universidades;
homologación de títulos; acreditación; y ordenación de las enseñanzas. Derogaremos
el Real Decreto que establece el conocido como modelo 3+2, que ha modificado la
duración de grado y master afectando a la coherencia del sistema y a la igualdad de
oportunidades.
• Promover, en el marco del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de
Política Universitaria, un Plan Especial de Actuaciones para la reparación de los
efectos del límite de la tasa de reposición, garantizando la necesaria financiación.
• Revisar el marco normativo vigente con el objetivo de aumentar la capacidad de las
universidades a la hora de establecer y desarrollar sus propias estructuras,
organización y gobernanza, de manera que puedan mejorar su eficacia, eficiencia,
flexibilidad institucional, capacidad de adaptación y competitividad internacional,
profundizando en la autonomía reconocida por la Constitución.
• Promover, en el seno del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de
Política Universitaria, la realización de auditorías de calidad del sistema universitario,
con la participación de personas expertas independientes e instituciones
especializadas independientes, nacionales e internacionales. Las auditorías incluirán
un estudio detallado de la oferta por titulaciones y un análisis prospectivo de inserción
laboral de las mismas.
• Realizar un seguimiento sistemático del cumplimiento estricto por las universidades de
las condiciones de creación o reconocimiento, así como de los requisitos específicos
legalmente establecidos en materia de profesorado, en particular,a las Universidades
Privadas.
• Adoptar las medidas precisas para una aplicación plena, ágil y eficaz de la acreditación
de títulos, incorporando como elemento sustantivo de los procesos de acreditación los
resultados formativos logrados por las instituciones.
• Definir un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que sea
transparente, que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la
eficiencia, que asegure la equidad y genere estímulos consistentes para la mejora de
los resultados y de la calidad. Para ello y en el marco de la Conferencia General de
Política Universitaria y del Consejo de Universidades, promoveremos un nuevo marco
estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la
unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y permita mantener un marco
coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades. En
tanto este nuevo marco no sea aprobado, eliminaremos el modelo de precios públicos
fijado por el RDL 14/2012, de 20 de abril, de modo que por las Comunidades
Autónomas puedan recuperar con carácter inmediato los niveles de precios públicos de
2011.
• Establecer el carácter de las becas como un derecho subjetivo de todas las personas
que manifiesten objetivamente la necesidad de la ayuda, exigiendo los mismos
requisitos académicos que rigen para cualquier estudiante universitario. Se tendrán en
cuenta las situaciones socioeconómicas, territoriales y de insularidad.
• Promover un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación
de desempleo para que puedan pagar la matrícula de master en universidades
públicas, con el objetivo de mejorar su cualificación y facilitar su incorporación al
mercado laboral. Además, para las familias más necesitadas, se implementará un
programa de becas salario, y la posibilidad de otras ayudas complementarias.
// 17

• Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido que
abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos injustos o
cambios sobre sus condiciones socioeconómicas desde el inicio de la crisis.
• Aumentar los recursos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en la
participación en programas de movilidad internacional y doble titulación para el
Programa Erasmus y estableciendo nuevos tipos de ayudas dirigidas a favorecer la
movilidad del alumnado en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, tanto en los
estudios de Grado como en los de Master y Doctorado.
• Presentar, en el primer año, una propuesta del Estatuto del PDI previsto por la Ley
Orgánica de Universidades, que contemple el marco normativo que regule las
condiciones de trabajo y la carrera profesional del Personal Docente e Investigador de
las Universidades públicas, para que pueda ser debatida y consensuada con las
comunidades autónomas, las universidades, organizaciones sindicales y profesionales
e instituciones implicadas.
• Revisar, en este nuevo marco legal, el conjunto de procedimientos relacionados con los
procesos de acreditación del profesorado y su recertificación, con el objetivo de reducir
sustancialmente aquellos aspectos más burocráticos para los profesores y profesoras,
generando procesos más transparentes y ágiles, sin afectar a su rigor ni garantías.
• Promover la constitución de una Comisión Mixta Conferencia General de Política
Universitaria – Consejo de Universidades para que, contando con el Consejo
Estudiantil Universitario del Estado y con la participación de los agentes sociales,
profesionales, personas expertas y otras instituciones interesadas, identifique objetivos
estratégicos en materia de PDI, las líneas de acción precisas para alcanzarlos y los
criterios para su evaluación, con el fin de dar respuesta a las necesidades del sistema
universitario español con el horizonte 2025.
• Reforzar el papel de los órganos consultivos, de cooperación y concertación del
sistema universitario, devolviéndolos a la normalidad en el cumplimiento de las
funciones que legalmente tienen establecidas.
• Impulsar, contando con las comunidades autónomas y con la colaboración de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y demás universidades, un
programa para la mejora de la calidad, extensión y refuerzo de campus virtuales,
fomentando la cooperación entre universidades, la innovación tecnológica y
metodológica, la generación de contenidos y la formación del profesorado y del
personal de administración y servicios, con las necesarias garantías de calidad y con
los recursos adecuados.
• Promover el compromiso de las universidades con la mejora de la cualificación y el
empleo de los titulados a lo largo de toda su vida laboral, incluyendo entre otras
medidas su progresiva especialización, el establecimiento de mecanismos de
vinculación con el tejido social y productivo de su entorno y la creación de sistemas de
formación específicos.
• Dar el protagonismo de la internacionalización a las universidades, con el objetivo de
atraer estudiantes, personal investigador y docente que mejore el sistema universitario
español, y que además contarán con el respaldo de las representaciones diplomáticas
de España y con planes regionales específicos, con particular atención a los ámbitos
europeo, iberoamericano, mediterráneo y de la iberofonía.
• Desarrollar plena y efectivamente las funciones previstas por la Ley Orgánica de
Universidades para la Fundación Universidades y la posterior incorporación en el
Organismo Autónomo SEPIE.
• Recuperar el programa Séneca de intercambio de alumnado entre las diferentes
universidades españolas.

// 18

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1. DÓNDE ESTAMOS

A lo largo de tres décadas, con amplio consenso, con gran esfuerzo de toda la sociedad
española y con el impulso de los gobiernos socialistas, se logró desarrollar un sistema de
Ciencia y Tecnología que ha alcanzado un notable nivel de calidad y reconocimiento
internacional. La Ley de Economía Sostenible y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, ambas aprobadas en 2011, marcaron un hito en ese proceso, con énfasis en la
calidad, la transferencia y circulación de conocimiento y la innovación.

En los últimos años, sin embargo, el Gobierno del PP ha revertido este proceso: ha disminuido
fuertemente la inversión en I+D, tanto en el sector público como en el privado, renunciando al
objetivo europeo de destinar el 3% del PIB en 2020; se han limitado radicalmente las
oportunidades de trabajo para nuestro personal de investigación; se ha reducido y constreñido
el sector público de I+D; y se han despreciado sistemáticamente las bases de consenso y las
previsiones de desarrollo de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI).

De hecho, en esta legislatura la inversión en España en I+D ha retrocedido hasta situarse en el
1,24% del PIB, alejándose respecto al máximo histórico del 1,40% que se alcanzó en 2010, y el
peso de la I+D+i civil en los Presupuestos Generales del Estado ha caído prácticamente en un
punto. Un nivel de inversión tan alejado de la media y los objetivos europeos, está suponiendo
un atraso en la mejora de la competitividad y la necesaria modernización de nuestros sectores
productivos, con especial incidencia en el industrial.

Dentro de las cifras totales sólo el 40% de la inversión española en I+D proviene de fondos
privados, un porcentaje muy inferior al 55% de la media europea y muy lejos del objetivo de la
UE de que la aportación privada constituya los 2/3 de la inversión en I+D.

Por otra parte, los instrumentos que catalizan la innovación y los centros donde se replica y
difunde son solo accesibles a unas pocas grandes empresas y limitada a la especialización de
los centros existentes. Ello impide que el país pueda desplegar todo su potencial en la nueva
economía vinculada al conocimiento, a la innovación como factor de crecimiento y desarrollo
económico.

Se ha abandonado el apoyo a la creación de parques científicos y el desarrollo de la periferia
innovadora de las universidades. La supresión, en la práctica, del programa de campus de
excelencia internacional ha frenado un buen número de proyectos estratégicos que pretendían
contribuir al fomento de la transferencia de conocimiento y la innovación. Por otra parte,
algunas de las medidas previstas por la Ley Orgánica de Universidades y una buena parte de
las de la LCTI están por desarrollar.

Una consecuencia directa de esta situación es la escasa actividad española en la generación
de patentes. A modo de ejemplo, en el registro de Patentes, como indicador de actividad
científico-tecnológica aplicada, España únicamente aportaba un 0.33% de las patentes
triádicas registradas, ocupando la posición 26, con solamente 3 patentes por millón de
habitantes. La media europea era de 23,3 y la de los países de la OCDE de 33,1. En los
últimos años y coincidiendo con los recortes las cifras han empeorado.


La ciencia, la tecnología y la innovación son factores esenciales para el aumento de la riqueza
y del bienestar de la sociedad. Por eso, es cada vez más importante que los gobiernos
diseñen políticas adecuadas para fomentar la producción de nuevos conocimientos y la
aplicación de éstos en el sistema productivo y los servicios públicos, sin olvidar fomentar las
humanidades en la educación y reforzar la ética tanto en el sistema productivo, como en la
sociedad y en la investigación.

// 19

De hecho la innovación es un factor clave para la mejora de la competitividad, a la que puede
contribuir mediante la provisión de nuevos o mejorados productos o servicios y, a través de su
producción, mediante procesos nuevos o mejorados, que añaden valor, incrementando la
demanda o la productividad.

El alto grado de interacción entre las políticas universitaria, científico-tecnológica y de
innovación hace imprescindible abordarlas desde una perspectiva integral y en estrecha
articulación, pero preservando sus singularidades. Conviene en todo caso distinguir dos niveles
o tipos de políticas: las políticas orientadas a fomentar y potenciar las actividades de I+D y las
políticas orientadas a incentivar y potenciar la innovación.

La articulación entre ambas no ha de hacer olvidar que son políticas diferentes en cuanto a sus
objetivos propios, sus instrumentos y sus tipos de actuación. Las políticas orientadas a
potenciar la innovación en el sistema productivo no solo afectan a las actividades de I+D, sino a
otros muchos tipos de actividad, y son mucho más complejas y polifacéticas que éstas.

Por otra parte, debemos ser conscientes de que la calidad de vida que disfrutamos en la
actualidad se apoya en la Ciencia y los descubrimientos científicos. Pero no podemos olvidar
que todos estos descubrimientos son solo una pequeña parte visible de muchos
descubrimientos previos, realizados en algunos casos, decenas o centenares de años antes.
Es imposible saber hoy qué descubrimiento puede suponer un cambio extraordinario en unos
años. Por ello es fundamental el mantenimiento promover la investigación básica. Y ello sin
perjuicio del apoyo de aquellas investigaciones más directamente relacionadas con la realidad
económica y local del medio circundante.

Debemos retomar la senda de la modernización hacia la nueva economía, bajo criterios de
competitividad y sostenibilidad. Esta modernización, en torno a ese nuevo paradigma:
desarrollos basados en el conocimiento, en la innovación y el emprendimiento, que solo será
posible invocando la combinación efectiva de eficiencia con equidad, crecimiento verde,
inclusión y protagonismo de la toda la sociedad. No basta con apostar por grandes proyectos e
instalaciones o por liderazgos tecnológicos fuertes en la gran empresa, hablamos de una
nueva cultura empresarial globalizada que se mueve allí donde aparece conocimiento e
innovación.

En ese cambio, el papel de la Administración pasa por definir los elementos de una política
industrial moderna e innovadora en sí misma, basada en medidas que dinamicen y acompañen
a las inversiones privadas y que sean selectivas, dirigiéndose a los sectores de carácter más
estratégico.

3. PROPUESTAS

• Promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario
por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las
políticas de ciencia, tecnología e innovación.

• Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del
Gobierno.

• Duplicar la inversión pública en I+D+i civil, que representará al menos el 2,5% de los
Presupuestos Generales del Estado al final de la legislatura, y recuperaremos como
objetivo estratégico el objetivo europeo de alcanzar una inversión total del 3% del PIB.
Defenderemos en las Instituciones Europeas la aplicación de la “regla de oro” a las
inversiones en I+D+i.

• Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del
talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las
universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de
// 20

investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000
investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las
etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para
alcanzar ese objetivo.

• Fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del sistema
(universidades, organismos públicos de investigación y empresas e instituciones
privadas), eliminando barreras normativas y procedimentales, teniendo siempre
presente la función y características propias de cada uno de ellos.

• Crear, en el plazo máximo de seis meses, la Agencia Estatal de Investigación; y
revisar y reformar en profundidad el sistema y en particular el CSIC y demás
organismos públicos que lo integran, su organización y gestión, con criterios de
excelencia y atendiendo para ello a las previsiones de la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación y a la mejora de su calidad, eficacia, eficiencia.

• Garantizar la suficiencia y regularidad de las convocatorias de proyectos de
investigación y de recursos humanos, ampliando la dotación del Fondo Nacional y
uniendo a la evaluación ex ante, para la concesión de los proyectos, la rendición de
cuentas ex post, de modo que el rendimiento y grado de consecución de objetivos sea
una variable para la concesión de proyectos futuros.

• Revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en materia de
I+D, aligerando sustancialmente los trámites burocráticos que ha de realizar el personal
investigador.

• Establecer una nueva línea de financiación competitiva, dirigida a financiar con
criterios de excelencia los programas institucionales de actividad científica, tecnológica
e innovadora de las universidades y organismos públicos de investigación.

• Poner en marcha un Plan de Reforzamiento de Sectores Prioritarios, partiendo de la
valoración de la dimensión y peso internacional de las comunidades científicas en los
diferentes ámbitos, de la calidad de los resultados científicos conseguidos en estos
últimos años y del impacto tecnológico generado en otros sectores.

• Incentivar la participación en el programa Horizonte 2020 y el aumento del retorno
hacia España.

• Impulsar un nuevo plan director de infraestructuras científicas.

• Elaborar y desarrollar un plan de difusión, comunicación y cultura científicas, en
colaboración con las comunidades autónomas, municipios, universidades, organismos
públicos de investigación y otras instituciones públicas o privadas, que favorezca la
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.

• Estimular la colaboración pública-privada en investigación.

• Definir y establecer programas específicos de impulso de la colaboración entre
universidades, organismos públicos de investigación, otros centros de investigación
públicos y privados y sector productivo, con atención especial a los mecanismos de
transferencia y circulación de conocimiento, entre otras medidas estableciendo y
dotando una nueva generación de programas e instrumentos de apoyo a la
transferencia.

• Permitir el acceso libre a propiedad intelectual de Organismos Públicos de
Investigación y de Universidades que no haya sido explotado en los últimos 3 años
cuando esté vinculado a iniciativas emprendedoras innovadoras generadoras de
empleo.
// 21

• Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una red de
centros tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing Institutes de EEUU y
el Fraunhofer-Institut de Alemania. La red de CEII estará formada por una serie de
Institutos para la Innovación Industrial en torno a los “productos y tecnologías
facilitadoras” (tales como nanotecnología, micro-nano electrónica, materiales
avanzados, fotónica, biotecnología industrial o sistemas de producción avanzados) en
los que colaborarán empresas, universidades, centros de investigación y
administraciones públicas.

• Fomentar la cultura innovadora y emprendedora, incorporando el factor de impulso de
la innovación y el emprendimiento desde el sistema educativo.

• Redefinir los mecanismos de protección de la propiedad intelectual, adaptándolos a la
realidad y necesidades actuales y haciéndolos más atractivos tanto para quienes
inventan como para la academia.

• Incorporar la valoración de la propiedad intelectual y de la actividad emprendedora, de
manera real y mensurable, al currículo del alumnado universitario y del personal
docente e investigador.

• Impulsar de una manera sostenida mecanismos de desintermediación financiera que
acerquen el capital inversor a nuevos proyectos empresariales con fondos públicos de
capital y garantías especialmente en fases tempranas, semilla y start up;
racionalizando y coordinando a través de ventanillas únicas que informen de los
diferentes instrumentos existentes.

• Promover la compra pública y otros instrumentos de tracción de la innovación,
asegurando un marco estable de demanda pública de bienes y servicios innovadores
al que dedicaremos al menos el 3% de las nuevas inversiones públicas.

• Establecer un sello de “producto innovador” para aquellas tecnologías desarrolladas
gracias a la financiación pública de I+D y, por tanto, previamente validadas.

• Reforzar el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), otorgándole más
autonomía y mayores recursos para que pueda realizar con plena eficacia las
funciones previstas por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El CDTI
asumirá, sin coste alguno para las empresas, la expedición de las certificaciones
tecnológicas necesarias para obtener las deducciones fiscales por I+D.

// 22

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, LA SOCIEDAD RED

1. DÓNDE ESTAMOS

En España se dio un gran salto digital en la primera década del siglo XXI gracias a las políticas
públicas puestas en marcha por el gobierno socialista, principalmente por el Plan Avanza
(2006-2011). Unas políticas exitosas porque aunaron los esfuerzos de todas las
administraciones públicas, que multiplicaron por más de siete veces el número de internautas
en nuestro país y llevaron la cobertura de banda ancha básica al 100% de la población.

Nuestro país tiene pendientes al menos dos retos fundamentales: trasladar los beneficios de
Internet a la vida cotidiana de la ciudadanía, impulsando un verdadero espacio económico y
social digital y disminuir la brecha digital social, generacional, económica, de género y
geográfica –especialmente entre el ámbito rural y urbano–. Sin olvidar la existente con los
países más avanzados con los que nuestra sociedad, nuestra administración y nuestra
economía compiten.

Estos retos, años después, siguen aún pendientes, y a ellos se han sumado otros en el rápido
camino que marca la revolución digital, pero también como consecuencia del estancamiento
sufrido durante los últimos cuatro años en políticas e inversión pública por la falta de liderazgo
político del gobierno del PP.


Las tecnologías digitales han supuesto una auténtica revolución que nos trae una nueva
sociedad: la sociedad en red. Estos nuevos tiempos requieren nuevas políticas. Para el PSOE
es fundamental que los valores progresistas (la igualdad, la libertad y la justicia social)
impregnen esta nueva realidad que afecta a todas las personas y a todo.

Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una red de centros
tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing Institutes de EEUU y el Fraunhofer-
Institut de Alemania. La red de CEII estará formada por una serie de Institutos para la
Innovación Industrial en torno a los “productos y tecnologías facilitadoras” (tales como
nanotecnología, micro-nano electrónica, materiales avanzados, fotónica, biotecnología
industrial o sistemas de producción avanzados) en los que colaborarán empresas,
universidades, centros de investigación y administraciones públicas.

Una sociedad innovadora nace de una ciudadanía preparada para el cambio. De un modelo de
formación más flexible y participativo, que atienda a las nuevas demandas sociales,
fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades en la sociedad y para preparar a la
ciudadanía para el cambio de modelo productivo y de desarrollo necesario en España.

A medida que la sociedad evoluciona aparecen nuevos riesgos que la ciudadanía afronta cada
día. La informatización y digitalización de todos los aspectos de nuestra vida profesional y
cotidiana requiere medidas contra la brecha digital entre personas de diferentes edades,
formación, género o situación geográfica. La desigualdad futura -ya presente- vendrá también
por la capacidad de las personas de mantenerse al día en el mundo digital.

Asimismo, cada vez urge más articular medidas para actualizar y garantizar derechos propios
de las sociedades democráticas, abordando fenómenos como la suplantación de la identidad,
la privacidad o el ciberacoso. Afrontaremos el reto de extender derechos existentes así como
de definir y proteger por ley nuevos derechos vinculados a las TIC.

Existen nuevos valores de las nuevas generaciones que participan intensamente de la red.
Asumen su vida cotidiana en una red conectada, activa y abierta. Los partidos políticos deben
saber integrar estos nuevos valores en sus políticas públicas, apostando por las tecnologías
// 23

abiertas como garantía de las libertades y el acceso a la información, como forma de garantizar
la equidad del siglo XXI.

3. PROPUESTAS

• Poner en marcha una Estrategia para potenciar el Conocimiento en la Sociedad Red,
que incluirá la creación de espacios de acceso a la formación en el uso avanzado de
aquellas herramientas necesarias para tener acceso a la información y la participación,
a través de una metodología de aprendizaje que permita acceder a la información y
contrastarla, centros públicos de acceso que ya existen en algunas comunidades
autónomas, con especial implantación en el medio rural.
• Activar planes para reducir la brecha digital, en cooperación con las CCAA y el sector
TIC, con acciones específicas destinadas a colectivos con más riesgo de exclusión
digital: personas mayores, personas con bajo nivel de estudios, el espacio rural,
personas autónomas y/o micro pymes sin presencia en la red o uso de herramientas
TIC para la productividad.
• Crear el Plan para la educación digital a personas jubiladas y mayores de 65 años que
permita su incorporación a la sociedad digital y abrirles nuevas perspectivas del
conocimiento y relación social.
• Impulsar un plan de igualdad específico para reducir la brecha digital en materia de
género, que facilite y promueva una mayor presencia en la Sociedad Digital de las
mujeres como creadoras de contenidos en la red y promotoras de proyectos TIC.
• Impulsar el plan “Educación Digital” para promover la utilización de contenidos,
recursos y herramientas digitales en todos los niveles del sistema educativo y
garantizar la igualdad de oportunidades durante la etapa de aprendizaje, fomentando
la divulgación digital y la innovación, incluyendo el aprendizaje de lenguajes de
programación, ética digital y ciberseguridad e incorporando el uso de tecnologías
digitales en el proceso de aprendizaje, creando nuevos perfiles formativos que den
respuestas a las necesidades de la era digital y haciendo especial hincapié en la ética
aplicada al mundo digital y al control de los problemas derivados de la ciberseguridad.
• Poner en marcha un plan soporte a la transformación y adaptación de los medios de
comunicación, liderando la consecución de un acuerdo entre agregadores de noticias y
medios de comunicación, salvaguardando los derechos a la información de la
ciudadanía.
• Crear un Plan para el Conocimiento Público, Accesible y Universal en Red, en
formatos libres y reutilizables, de los contenidos de conocimiento generados por la
Administración General del Estado (estudios, libros, investigaciones).
• Establecer planes de colaboración de las instituciones públicas con espacios que
generan, agregan y permiten el acceso al conocimiento libre, abierto, compartido y de
calidad en la red.
• Promover el uso de fuentes abiertas por parte de las administraciones públicas,
recuperando el CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación) como centro autónomo y específico.

• Fomentar la participación de la sociedad y el aprovechamiento de las iniciativas
ciudadanas ya en marcha para extender un tejido comunicativo en el entorno Red
fundamentado sobre los datos abiertos (opendata) y los espacios digitales abiertos.

• Facilitar, en colaboración con las CC.AA., el acceso a la red a todas las zonas rurales,
incluidas las de mayor dispersión, dado que facilita la posibilidad de comunicación en
tiempo real, el acceso a la formación a distancia y a la sociedad del conocimiento, las
// 24

relaciones económicas de zonas aisladas y, sobre todo, permite el arraigo y
consolidación de las personas en sus áreas de residencia y producción, evitando la
desertización del campo.
• Adoptar las medidas necesarias para ofrecer acceso en todo el territorio a banda ancha
de calidad para que haya conexión en igualdad de oportunidades para todo el mundo.
• Promover un precio asequible de acceso a internet, con el objetivo de que el servicio, a
igual velocidad y calidad, no cueste más que el coste medio del mismo en los países
de la UE.

• Aprobar una Ley para regular el desarrollo de los derechos digitales que incluirá:

o Derecho a la formación digital para acceder a todas las oportunidades que
ofrece la sociedad en red. En la sociedad red la brecha digital es una brecha
de oportunidades.
o Derecho a la neutralidad de red como garantía de un internet abierto,
equitativo, innovador y en libertad. Los servicios de conexión a internet fijo o
móvil deben garantizar a todo el mundo: el mismo acceso a todos los espacios
de internet, que no se ralentice ni corte tráfico alguno, sea del tipo que sea y
que todo ello tenga el origen y destino que tenga, salvo los casos específicos
de gestión adecuada de red y de legalidad.
o Derecho a la privacidad y protección de datos personales. Hay que garantizar
un marco legal efectivo de protección de datos personales, que permita operar
de forma consciente, informada y transparente en la relación entre proveedor
de contenidos y persona usuaria.
o Derecho a la seguridad y secreto absoluto de las comunicaciones electrónicas
y de los datos que circulan por la red, con las salvaguardas de legalidad
adecuadas.
o Derecho a la reparación y rectificación en el caso de publicación de posibles
delitos o actos en que posteriormente se pruebe su falsedad.
o Derecho al conocimiento, acceso y reutilización de los datos generados y en
poder de las administraciones públicas, adoptando una estrategia integral de
open data o apertura de datos. Así como también a disfrutar de las
innovaciones, creaciones, productos no fungibles y conocimiento generado con
presupuesto público.
o Derecho a la gestión del patrimonio y la huella digital.
o Derecho al olvido. Capacidad de borrar la huella digital a petición, siempre que
sea razonable, y a disponer de nuestro patrimonio digital (cuentas de correo,
de redes sociales, etc.) libremente, pudiendo decidir en cualquier momento que
sus contenidos sean borrados o transmitidos libremente a los herederos.

// 25

CULTURA

1. DÓNDE ESTAMOS

La cultura es la expresión de nuestra humanidad y, como tal, es un bien de primera necesidad
y un derecho a ejercer. Es aquello que nos define, configura nuestro imaginario colectivo y se
convierte en factor de cohesión social. La Cultura es una de nuestras fortalezas como país.
Tiene una importancia económica decisiva, es una oportunidad para el bienestar de la
ciudadanía, es un sector estratégico para nuestra proyección en el exterior, y goza además de
un reconocimiento constitucional.

Sin embargo, ha sido una de las mayores víctimas de la acción del Gobierno del PP. A la
extensa lista de decisiones que han degradado y afectado negativamente al sector cultural, hay
que añadir las que no se han tomado y la desatención de asuntos cruciales para la pervivencia
y el futuro de las industrias de la cultura. Todo ello ha supuesto un empobrecimiento del sector
cultural, que ha resistido gracias a la dedicación de profesionales y artistas. Esta política ha
situado a nuestro sector cultural en inferioridad de condiciones para competir con los países de
nuestro entorno.

Esta senda bien definida de degradación de la cultura en España solo se puede explicar por
una combinación de prejuicio ideológico y de una clamorosa falta de visión de la enorme y
trascendental oportunidad de futuro que supone la cultura para nuestro país.

Los recortes a la inversión cultural, el establecimiento del IVA cultural más alto de la Unión
Europea, la aprobación de una Ley de Propiedad Intelectual sin diálogo (ni social, ni político), la
falta de medidas reales de fomento del mecenazgo, no son sino la cúspide de una política
fallida.

Han sido años de pérdida de empleo, cierre de empresas, inestabilidad laboral, profesional y
empresarial, y nula gestión de las políticas de fomento cultural. Una sociedad incapaz de
reconocer y proteger el valor de la creación, no tiene las garantías necesarias para poder
aprovechar la oportunidad de desarrollo que es la sociedad del conocimiento. En este sentido,
a la Ley de propiedad intelectual y el impacto del IVA hemos de añadir la desaparición del
contenido curricular del aprendizaje de enseñanzas artísticas y sus lenguajes, lo que supone
cercenar parte del desarrollo integral de la persona e incumplir un elemento esencial del
derecho a la educación, así como mantener la desigualdad de oportunidades en el acceso a la
cultura a la que toda la ciudadanía tenemos derecho.

Es importante también resaltar que en la cultura se da también una clara desigualdad que
exige la acción efectiva de los poderes públicos. Es el caso de la igualdad de género que en
muchos casos, como la creación, la producción y especialmente la visibilidad de la contribución
de la mujer al desarrollo de la cultura en España no está lo suficientemente valorada.

España tiene en la diversidad una seña de identidad valiosa que debe ser preservada y
cuidada como un valor común. La falta de coordinación entre el Gobierno central y
Comunidades Autónomas ha supuesto una merma en la capacidad de la acción política, en la
extensión del derecho de acceso a la cultura y en el uso eficiente del conjunto de los recursos
públicos.

La irracionalidad de la reforma local y la falta de cooperación con ayuntamientos han
deteriorado aún más las condiciones de acceso a la cultura en el conjunto del país, aún más en
nuestro entorno rural –ejemplo de ello es la devaluación de la calidad de servicios tan
importantes como el de bibliotecas-.

Nos hemos alejado del resto de Europa donde las industrias de la cultura y la creatividad son
entendidas como un sector de oportunidad y ocupan el centro de las estrategias de Estado.
España puede y debe incorporarse a esta senda, dado que tiene condiciones naturales muy
ventajosas para competir en el mercado global.

// 26


Un proyecto político progresista ha de señalar como punto de partida la consideración de que
la cultura es, ante todo, un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas y una obligación del
Estado para con ellos, constitucionalmente garantizada, siendo un elemento esencial para
desarrollar plenamente la ciudadanía democrática, el crecimiento y la madurez de nuestra
sociedad.

La cultura constituye también uno de los sectores de oportunidad de desarrollo más dinámicos
e importantes de nuestro país. El primer paso es tomar conciencia de esta potencialidad.

Debemos pues entender la cultura desde una doble dimensión: como recurso y como derecho.

Como recurso, el sector cultural representa para la economía del país más del 3% del PIB y
genera más de medio millón de empleos directos.

La cultura es un sector determinante para la creación de empleo y el cambio de modelo de
crecimiento. Nuestro objetivo será que la actual contribución de la Cultura a la economía
aumente sustancialmente y converja con el conjunto de la UE. Hay sólidas razones para
respaldar este enorme potencial, como el hecho de que seamos uno de los países con mayor y
mejor patrimonio histórico cultural, que compartamos lengua con más de 400 millones de
hispanohablantes, o por el hecho de que tengamos empresas, museos y artistas de primer
nivel mundial en todos los sectores de la creación.

Al tiempo, la cultura debe tener el soporte y protección de los poderes públicos para que la
ciudadanía tenga garantizado el derecho de acceso a la misma, los creadores puedan impulsar
su trabajo con garantías y dignidad profesional, y el patrimonio común histórico, cultural y
artístico tenga el apoyo y protección que necesita para ser preservado como bien común para
la sociedad.

Es imprescindible que en España exista una auténtica política de Estado para la Cultura, que
haga del diálogo su divisa, que sea capaz de generar las sinergias necesarias con las
industrias culturales y creativas a través de políticas culturales que incluyan una ley de
mecenazgo que estimule el intercambio, que mejore las condiciones socio-laborales de artistas
y de otros agentes culturales que conforman el sector, los derechos de los creadores, que
ayude a la red de teatros, librerías, centros culturales o galerías, y que garantice el derecho
efectivo de la ciudadanía de acceso a la cultura y que fomente y estimule su consumo. La
cultura debe ser una prioridad de Estado y de país.

3. PROPUESTAS

La administración y el gobierno de la Cultura

• Promover un Acuerdo Social y Político por la Cultura, que haga de la misma una
prioridad política. Recuperar el diálogo y el acuerdo con el sector, la cooperación entre
instituciones, especialmente con Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
• Crear el Consejo de Cultura como entidad de cooperación entre los y las creadoras, las
industrias culturales y las administraciones públicas. Elaborará un informe anual sobre
el estado del sector e informará de los asuntos que el Gobierno solicite.
• Recuperar el Ministerio de Cultura que desarrolle una política que responda a la
concepción federal que defendemos y que promueva la pluralidad cultural y lingüística
de España.
• Incrementar de forma sostenida la dotación de Cultura en los Presupuestos Generales
del Estado para lograr recuperar su peso sobre el total del gasto público y alcanzar los
niveles de los países de nuestro entorno. Porque la Cultura no es un bien de consumo
// 27

accesorio (un lujo y, por tanto, prescindible), es una necesidad de toda la sociedad y de
cada ciudadano y ciudadana.
• Aprobar una Ley Orgánica de reconocimiento de la pluralidad lingüística de España.
Una ley que defienda y promueva en toda España todas las lenguas como patrimonio
cultural que nos identifica.
• Difundir las lenguas oficiales españolas a través del Instituto Cervantes, en
cooperación, en el caso de que existan, con los organismos dependientes de las
CCAA. Promover que el Instituto Cervantes desarrolle en España programas de
enseñanza de español - y también del resto de las lenguas de España-, para ampliar
así el conocimiento de nuestro idioma y cultura y su difusión internacional, generando
además una nueva fuente de riqueza.
• Hacer de la Cultura uno de los elementos cruciales de la influencia y presencia de
España en el mundo así como factor de cooperación, especialmente con América
Latina. Este objetivo requiere una racionalización y coordinación de los diferentes
organismos que se ocupan de la difusión y promoción internacional de nuestra cultura.
• Elaboraremos una Ley de Mecenazgo, en dicha ley se incluirá un sistema de
bonificaciones a la exportación, en línea con las establecidas en los países de nuestro
entorno europeo, a fin de competir en los mercados internacionales.
• Como estado miembro de la UE impulsaremos una política europea para la cultura y
las industrias de la creatividad europeas.
• Incorporar al mundo de la creación, promoción, a artistas y gestores culturales en las
delegaciones oficiales internacionales en el marco de una estrategia exterior para la
difusión, presencia y programación en otros países, para lo que contaremos con la
participación de las CCAA.

Los servicios culturales que ha de prestar/garantizar el Estado

• Elaborar una Ley sobre el Derecho de Acceso a la Cultura, en colaboración con las
CCAA y los Ayuntamientos, que defina las prestaciones básicas de acceso a los
servicios culturales para toda la ciudadanía en todo el territorio, con medidas
especialmente dirigidas a facilitar el acceso a la cultura a la ciudadanía con
discapacidad, personas mayores y menores de edad y así como colectivos más
alejados de la oferta cultural por razones socioeconómicas.
• Proponer un Programa de Apoyo a la Red Básica de Acceso a la Creación Cultural
mediante la cooperación con CCAA y las administraciones locales destinado al apoyo y
manteniendo de establecimientos culturales sean éstos públicos o privados, con
especial atención a las pequeñas y medianas librerías, bibliotecas, centros de música
en vivo, museos y teatros y que tendrá una especial atención a localidades pequeñas
y entornos rurales.
• Recuperar en el ámbito curricular escolar la enseñanza artística y musical,
promoviendo también la progresiva implantación de nuevos lenguajes como el digital,
el audiovisual o el cinematográfico.
• Promover de forma integral y mediante programas específicos de cooperación territorial
el apoyo a la creación de nuevos públicos, especialmente en la infancia y la
adolescencia, con especial atención al fomento y práctica de la lectura, en la promoción
de las diferentes disciplinas artísticas, incluidos los lenguajes audiovisuales y el cine.
• Recuperar y mejorar el Programa para el Fomento de la Lectura, de Apoyo al Libro y
las Bibliotecas, prestando atención tanto al libro impreso como al digital. Las
bibliotecas públicas están llamadas a desempeñar un papel fundamental en nuestra
sociedad, de tal manera que deben ser objeto de protección. Por ello deben estar
// 28

dotadas de los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de las
nuevas funciones que la sociedad demanda que incluirá la promoción de la lectura
mediante el Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación. Entre los objetivos
está la compra de libros, así como la mejora de instalaciones y su adaptación TIC.
• Establecer ayudas para acercar a autores y autoras al público en todo el
territorio, promoviendo la compra de ejemplares en las librerías de cercanía.
• Revisar el concepto, la definición, el gobierno y la financiación de los equipamientos de
ámbito estatal, mediante un marco jurídico adecuado para conseguir los objetivos
asignados a cada uno de los equipamientos. La fórmula de gestión que se utilizará será
el contrato-programa evaluable.
• Reformar la Ley de Patrimonio Histórico para ampliar su potencial, su protección, así
como desarrollar y reconocer nuevas realidades como el patrimonio inmaterial.
• Armonizar, mediante colaboración entre administraciones, los sistemas de catalogación
e información del Patrimonio Histórico Español de forma que sea una herramienta
eficaz para la protección y salvaguarda de nuestros bienes culturales
independientemente del territorio en que se encuentren.
• Revalorizar el Patrimonio Histórico con medidas que fomenten su conservación, su
protección y su difusión, aumentando el nivel de participación social y de expertos en el
desarrollo de las citadas políticas. Potenciar el Consejo de Patrimonio Histórico
convirtiéndolo en un organismo eficiente. Ratificar las convenciones internacionales
que incidan en su conservación y protección y establecer mecanismos y sanciones
para evitar el expolio y reforzar los sistemas de control para evitar las exportaciones
ilegales.

• Promover una regulación para la disciplina de la arquitectura, que ordene y proteja los
aspectos fundamentales ligados a la misma.

• Actualizar la política del 1,5% cultural, tanto para agilizar sus procesos como para
revisar los criterios de aplicación de este tipo de financiación, que posibilite actuaciones
fundamentalmente en los Conjuntos Históricos declarados.

• Elaborar un Plan de Intervenciones Urgentes priorizado en función del estado, valor o
papel social de los bienes culturales.

• Crear un programa de formación especializada de gestores y promotores culturales en
todos los ámbitos de la cultura, museos y el patrimonio.

Las funciones sociales y económicas de la cultura. La acción del Estado en su fomento

• Aprobar una Estrategia para el Desarrollo de las Industrias Culturales y de la
Creatividad que permita que sea un sector determinante para el cambio de modelo
de crecimiento, con especial atención al espacio hispanohablante y la
consolidación de nuevos mercados y aumentar la presencia de nuestra oferta
cultural en el exterior.
• Impulsar un marco de contrato-programa con los medios de comunicación públicos
que asegure los correspondientes contratos de coproducción y distribución
internacional.

// 29

• Impulsar un acuerdo estable con el ICO que asegure la creación de un fondo de
capital riesgo y capital nido dirigido entre otros a la modernización e
internacionalización de las empresas culturales y creativas españolas.

• Aprobar un Estatuto del Artista para atender a la profesión cultural como una
realidad específica que refleje la intermitencia en la contratación y la cotización, de
contingencias de salud, maternidad, jubilación o desempleo. Además incluirá
medidas específicas para hacer efectiva la igualdad de género, con especial
atención a la reincorporación a la actividad profesional tras la maternidad y
la conciliación de la vida laboral y familiar. Incluiremos planes
específicos de transición laboral, y recualificación a lo largo de la vida
laboral, incluyendo sistema de reconocimiento de competencias profesionales.
Además promoveremos medidas encaminadas a mejorar la situación de jubilación
de autores, intérpretes y artistas, así como aquellas medidas que hagan
compatible la percepción de derechos con la misma.

• Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales: Es imprescindible el inmediato
establecimiento del IVA cultural al tipo reducido y será una de nuestras primeras
medidas de Gobierno. Esto supone rebajar el IVA cultural del 21 al 10% de
manera inmediata. A partir de ahí el Gobierno de España impulsará que se
reconozca la necesidad de un IVA cultural en el seno de la toda la UE que permita
su armonización, con el reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos
menores del 10%. Hasta que esta modificación se produzca, solicitaremos una
autorización de la Unión Europea a España para aplicar el tipo súper reducido al
4% para la cultura. Asimismo promoveremos el mantenimiento del IVA del libro en
el 4%, e impulsaremos en el seno de la UE su equiparación para el libro
electrónico.

• Aprobar una Ley de la Participación Social y del Mecenazgo recogiendo las
distintas herramientas de micro-mecenazgo (crowdfunding), al apoyo a la
producción y el consumo cultural mediante desgravaciones a la ciudadanía en el
IRPF y en el impuesto de sociedades de las empresas, premiando el aumento en
el compromiso en el tiempo.

• Reformar la Ley de Propiedad Intelectual con el objeto de hacer efectiva la
necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador,
compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural. Al tiempo
apoyar las medidas en defensa de los derechos de los creadores y las industrias
de contenidos generados en la economía digital.

• La compensación por copia privada cumplirá estrictamente la transposición de las
normas europeas.

• Promover las exigencias de transparencia y gobernanza democrática para las
Entidades de Gestión de Derechos Colectivos, así como la creación de instancias
de mediación entre estas entidades y las asociaciones de usuarios de los
derechos. Se promoverán igualmente instancias de dialogo entre las entidades de
gestión de los titulares de derechos y los consumidores que promuevan un mejor
conocimiento recíproco de las necesidades de cada colectivo.

• Establecer para los municipios de menos de 50.000 habitantes una exención total
por parte del Estado del canon bibliotecario que será abonado mediante una
// 30

partida en los Presupuestos Generales del Estado, y establecer asimismo una
línea presupuestaria anual para ayudar al resto de municipios como es habitual en
el resto de la UE.

La igualdad de género en el ámbito cultural

• Promover la igualdad efectiva de género en la gestión y la promoción cultural, así
como la necesaria visibilización de la contribución de las mujeres al desarrollo
cultural con el conocimiento de su obra.
• Promover un Plan de Igualdad en la Cultura evaluable y aplicar los planes de
igualdad en aquellos organismos públicos culturales dependientes de cada una de
las Administraciones. Asegurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres, en
la composición de los tribunales de selección, comisiones de valoración, órganos
de dirección y de gobierno. Asegurar la paridad en los organigramas de Museos,
Centros de Arte y Patronatos.

• Establecer un programa de ayudas a la creación, producción, promoción y
programación, de las obras teatrales, cinematográficas, escénicas y literarias
realizadas por mujeres.

• Promover la programación específica de exposiciones retrospectivas que pongan
en valor la obra de artistas mujeres.

• Impulsar la creación de un archivo que documente la obra de artistas mujeres en la
Historia del Arte Español Contemporáneo.

• Recuperar el patrimonio artístico producido por las artistas españolas y desarrollar
una línea específica para dar a conocer y acercar a autoras y su obra al público
más joven, especialmente en bibliotecas, centros educativos y culturales.

Apoyo y promoción de la creación cultural

• Atender la creación contemporánea favoreciendo el trabajo de creadores y
creadoras tanto consagrados como emergentes en los equipamientos culturales de
ámbito estatal y buscar la cooperación con CCAA y Ayuntamientos.
• Desarrollar un sistema de ayudas con la finalidad de completar la formación de
quienes se dedican a la creación. Estas ayudas se destinarán, preferentemente, a
estancias en centros de primer nivel. El gobierno desarrollará un programa de
intercambios entre creadores y creadoras de España y de otros países.
• Crear y desarrollar un Plan Estatal para la música que contemple el impulso a la
creación, desarrollo de los estudios y programación del conjunto de todas las
músicas. Dentro del mismo se establecerá un programa de Cooperación
Territorial para las músicas populares/actuales que promueva la creación, la
visibilidad de nuevos talentos, la formación y la distribución en medios sociales de
comunicación, incluidas televisiones públicas y a lo largo del territorio.

• Impulsar, de acuerdo con las CCAA, una red de incubadoras de ideas para que las
propuestas creativas puedan cristalizar en iniciativas concretas que puedan
combinarse con incentivos al emprendimiento apoyando así un futuro laboral
cultural.
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Cine y Audiovisual

• Garantizar el cumplimiento de la ley del cine por parte de las televisiones en el
apoyo a la producción cinematográfica española.
• Promover la atracción de rodajes, producción y postproducción en España
mediante un sistema de incentivos fiscales.

• Apoyar al cine español actualizando el sistema de ayudas públicas, haciendo
cumplir la ley del cine y abordando las modificaciones legislativas necesarias para
establecer incentivos fiscales más eficaces para el desarrollo de la industria
cinematográfica, en línea con las medidas existentes en otros países de la Unión
Europea. Lo haremos a través de una mesa de trabajo conjunta para el sector.

• Establecer algún sorteo de Lotería Nacional destinado específicamente a la
financiación del cine y otras industrias culturales como sucede en otros países
europeos.
• Posibilitar a TVE y las TV públicas en general realizar promoción de su propia
producción considerándola patrocinio cultural, asegurar cuotas de producción y
programación tanto española como europea y promover que sigan financiando la
producción de calidad. Promover que TVE apoye el talento y lleve a cabo
producciones de calidad, en la que participen empresas y profesionales de todas
las CCAA, que ayuden a mejorar la imagen de nuestro país dentro y fuera de
nuestras fronteras. Promover la educación audiovisual en los centros educativos
fomentando el interés por la cultura, el desarrollo del talento, la capacidad crítica y
contra la piratería.

Artes Escénicas y Musicales

• Promover en este mandato la elaboración mediante el diálogo con el sector de un
Plan estratégico de las Artes Escénicas que incluya la promoción del mismo en el
ámbito educativo y promueva los centros con Sala Escénica.
• Fomentar la creación contemporánea y ayudar a consolidar en España un sector
de las artes escénicas y musicales de primer nivel.

• Impulsar un plan de creación, promoción e internacionalización de textos teatrales
y coreografías en coordinación con los centros de producción de las CCAA.

• Encargar a la Conferencia Sectorial de Cultura el diseño de un plan con el objetivo
de consolidar las empresas, las compañías y los conjuntos en los distintos
lenguajes, así como medidas para fomentar las coproducciones entre territorios y
un circuito descentralizado que fomente la diversidad, el intercambio y el
incremento del consumo. La Conferencia tomará en consideración los informes del
Consejo de Cultura y de los municipios.

• Tomar las medidas necesarias para que compañías que dependen del Ministerio
de Cultura lleguen con sus actuaciones a todos los territorios, y se promuevan
coproducciones con compañías públicas de otras administraciones. Modernizar y
adaptar sus estructuras administrativas a modelos de gestión más actuales y
compatibles con el proceso de creación artístico.

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• Aprobar un Plan Estatal para la música que contemple un marco de impulso a la
creación, el desarrollo de los estudios y la programación de todo tipo de músicas.

Videojuego

• Establecer un plan Específico de desarrollo de la creación y producción del
Videojuego en España. Llevar a cabo incentivos para desarrollar videojuegos
adaptados para las personas que necesiten un sistema aumentativo/alternativo de
comunicación o tengan movilidad reducida.
• Establecer y fortalecer el crecimiento en la especialización de los estudios
aplicables a este sector.

• Impulsar la densidad e internacionalización del sector considerándolo fundamental
para la digitalización de nuestra economía y de especial importancia para el
fomento de la creatividad.
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| LA DEFENSA DE LO PÚBLICO
LA DEFENSA DE LO PÚBLICO: RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA,
POLÍTICA E INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
En Europa, la crisis económica y financiera, además de derivar en una crisis social, se ha
convertido también en una crisis política. Y especialmente lo ha hecho en los países del sur, en
los que el impacto de la recesión está primando las medidas de recortes, abandonando las
políticas de impulso del crecimiento. Esta estrategia económica está produciendo grandes
tensiones políticas y sociales.
En un contexto en el que las decisiones emanan de autoridades transnacionales poco
representativas y en las que la racionalidad económica se antepone a cualquier tipo de
consideración social, se cuestiona cada vez más la capacidad que tienen los actuales sistemas
políticos a la hora de defender el bien común.
En poco tiempo las reglas del juego político parecen haber cambiado. El voto parece haber
perdido fuerza como principal instrumento de la ciudadanía para influir en las decisiones
políticas. Y la soberanía popular parece haber quedado diluida.
España no escapa del descontento de la ciudadanía, cuya confianza en las instituciones y en
los políticos ha disminuido. Por ello, es necesario plantearse cuál es el alcance de la
desafección política, cuáles son sus causas y efectos y, sobre todo, qué propuestas puede
hacer el PSOE para afrontar este problema.
La situación se agrava con los casos de corrupción. En una situación de enorme dificultad, la
ciudadanía está viendo cómo algunas personas llegan a la actividad política para anteponer
sus intereses particulares y su lucro personal al bien común. Estos casos de corrupción están
sumiendo a la población española en una profunda desesperanza y en desconfianza hacia casi
todas las instituciones democráticas, donde los partidos políticos ocupan un lugar especial.
El principal objetivo de las propuestas de este programa electoral es lograr que la política sea
el instrumento fundamental para cambiar la realidad y que la ciudadanía vuelva a creer en ella.
Para ello, debemos realizar un diagnóstico de la situación actual, analizando de forma rigurosa
cómo hemos llegado a este escenario. Sólo así podremos concluir las propuestas necesarias
para fortalecer a la política.
Además de poner de manifiesto los motivos de la desconfianza ciudadana en las instituciones
políticas y de proponer medidas concretas para desactivarlos, es preciso propiciar un cambio
que incorpore a la actividad política una “mentalidad institucional”, un sentido de la
imparcialidad y una voluntad de honradez que en demasiadas ocasiones se echan de menos.
La regeneración democrática solo se conseguirá desde la autoexigencia de la representación
política para cumplir con sus obligaciones, incluidas aquellas que no tienen por qué estar
plasmadas en leyes ni reglamentos. Una democracia más cercana a la ciudadanía tiene que
promover formas de participación ágiles y efectivas, hacerse más transparente, no renunciar a
la autocrítica cuando ésta tiene fundamento e introducir de una vez por todas el hábito de
rendir cuentas del nivel de cumplimiento del programa político, sin dejar de dar razones que
justifiquen los incumplimientos cuando éstos son inevitables.
Ante este escenario, nuestro sistema político tiene por delante 10 importantes desafíos:
1. Democratizar las instituciones europeas. Una parte de la crisis política solo se
entiende por el papel que han jugado las instituciones europeas durante la crisis
económica actual. Hay que aumentar el control y la transparencia también en
Europa.
2. Mejorar la representación política, la participación ciudadana y la transparencia.
Nuestra democracia ha mostrado algunos déficits, todos propios de sociedades tan
avanzadas y tan exigentes como la nuestra, que hay que resolver. Entre otros, y
para ser coherentes con el proceso de secularización de la sociedad española, se
debe avanzar hacia el establecimiento coherente de la laicidad del Estado.
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3. Igualdad de las mujeres y hombres. En nuestras sociedades, las mujeres son el
50% de la población pero siguen sin disfrutar de plenos derechos de ciudadanía.
Garantizar los derechos de las mujeres es el desafío más importante que tenemos.
Garantizar una sociedad libre de violencia de género es un reto inexcusable.
4. El combate y la prevención de la corrupción para recobrar la confianza. Una de las
razones por las que la ciudadanía ha perdido la confianza en los partidos y en sus
representantes es la aparición de numerosos escándalos de corrupción. Combatir
esta lacra va a exigir de cambios que los y las socialistas queremos liderar.
5. La igualdad en la diversidad. En toda sociedad existen numerosas minorías étnicas
o religiosas, y poblaciones de distintas orientaciones sexuales o identidades de
género que no han visto reconocidos sus derechos en igualdad de condiciones
con el resto. A pesar de los avances durante gobiernos socialistas, debemos seguir
caminando en cuestiones como la memoria histórica o la igualdad de trato y la no
discriminación.
6. Partidos Políticos renovados para un tiempo nuevo. La democratización interna de
los partidos y el aumento de su transparencia son objetivos necesarios si
queremos alcanzar un mayor control sobre el actor más importante en una
democracia representativa.
7. Un gobierno abierto que garantice una mayor participación y transparencia. La
revolución tecnológica no solo permite abrir nuevos canales de participación
ciudadana, sino que además nos va a exigir una mayor transparencia de las
instituciones.
8. Una administración pública más moderna. Tras el impulso que realizamos los y las
socialistas a nuestra administración pública consideramos que es necesaria una
nueva etapa de reformas. Para ello necesitamos recuperar el prestigio de la
función pública y liderar los cambios para establecer una administración púbica
moderna, transparente, eficiente, eficaz y al servicio de la gente.
9. Un nuevo poder local como garantía de cercanía a la ciudadanía. Los
ayuntamientos son la administración más próxima a los ciudadanos y ciudadanas.
Por ello, un poder local más democrático y mejor financiado son condiciones
necesarias para prestar servicios públicos de calidad.
10. Una sociedad más justa y más segura. Para el partido socialista la seguridad es la
garantía de la libertad. Una justicia eficiente y de calidad es fundamental para la
defensa de los derechos y las libertades.
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DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN UNA EUROPA
FEDERAL
1. DÓNDE ESTAMOS
Europa sigue sumergida en una crisis múltiple. De las elecciones de mayo de 2014 ha salido
una Comisión presidida por Juncker, candidato de la derecha europea, quien encabeza un
gobierno europeo de fuerzas políticas diversas y una Cámara Parlamentaria en la que son
necesarios pactos entre los grandes partidos europeos para vencer la ingobernabilidad o el anti
europeísmo.
Los y las socialistas siempre hemos apoyado la construcción europea, entendida no sólo como
un gran mercado sino como un proyecto basado en la solidaridad, el interés mutuo y la
soberanía compartida. Así debemos impulsar el liderazgo de la socialdemocracia en la
economía social de mercado como instrumento de creación de riqueza, apostando por una
economía productiva del conocimiento e intensiva en la creación de empleo, base del progreso
social y económico para el mantenimiento de la Europa Social.
Nuestro objetivo es caminar hacia una Europa más unida política, cultural y socialmente . A
pesar de los años de historia juntos, Europa todavía está por hacer. Sesenta años después del
inicio de esta idea genial y generosa, de construir un espacio común, supranacional, de unidad
en la diversidad, de paz y de progreso, el edificio corre riesgos de demolición. Superar los
neonacionalismos antieuropeos, el populismo irresponsable, el euroescepticismo, las
gravísimas consecuencias sociales y políticas de la crisis económica, la recomposición de una
arquitectura institucional de nuestra moneda común insuficiente e inadecuada, son tareas
urgentes y vitales.
Recuperar la ilusión en el proyecto europeo, fortalecer sus ideales, legitimar su democracia,
mejorar su funcionamiento, reivindicar la ciudadanía europea frente a la tentación local-
nacionalista, serán solo algunas de las próximas responsabilidades de los socialistas europeos.
Porque el PSOE y el Socialismo europeo, estarán al frente de ese proyecto de más y mejor
Europa, de una Europa Federal que articule el poder y la organización política futura sobre
cuatro espacios democráticos concéntricos: la ciudad, la región, el Estado y Europa. Esa es
nuestra idea de la democracia territorial, que reivindica identidades plurales y mixtas, que
combina subsidiariedad y solidaridad, que asume el reto de la supranacionalidad en la
globalización y que aspira a ideales humanos de dignidad y justicia, por encima de fronteras y
egoísmos nacionales.
Hay dos caminos sucesivos para hacer esa Europa. Uno responde a objetivos para los
próximos años, el otro es un camino de luces largas que marca el horizonte.
3. PROPUESTAS
Nuestras propuestas en el corto plazo hacia una Europa Federal se pueden resumir en los
siguientes puntos:
• Promulgar una Carta de Derechos Humanos Básicos de la Ciudadanía Europea.
• Recuperar el poder político de la Comisión Europea que le corresponde como Gobierno
de la Unión Europea. Potenciar su independencia frente a los Gobiernos de los
Estados miembros, contribuir al pleno desarrollo de sus competencias y velar porque
responda ante el Parlamento Europeo a la par que estreche sus lazos con los
parlamentos nacionales. Se contemplará la composición paritaria de ambos sexos en
los miembros que formen parte de la Comisión Europea.
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• Aumentar la participación de los parlamentos nacionales y autonómicos y de la
sociedad civil en la gobernanza de la Unión. Esto exige:
I. Dar una mayor viabilidad legislativa a las iniciativas populares de la ciudadanía.
II. Potenciar la COSAC y los mecanismos de cooperación interparlamentaria para
lograr una mayor cohesión de los procedimientos legislativos nacionales y europeos.
III. Hacer partícipe a la ciudadanía del debate político y económico europeo,
construyendo una rendición de cuentas entre representante y representado similar a la que
actualmente poseen los sistemas políticos nacionales y regionales. El objetivo es generar una
conciencia política europea que vaya más allá de las fronteras internas.
• Mejorar los controles a los responsables de la Unión. Esto exige:
I. La Moción de Censura contra un comisario aisladamente.
. II. La introducción de un mecanismo de Moción de Censura Constructiva en el PE al
Presidente de la CE.
• Cambiar la ley electoral europea que permita:
I. Que todos los europeos y las europeas puedan votar, cualquiera que sea su
residencia en el mundo.
II. El establecimiento de una lista de diputados y diputadas de
circunscripción común para toda Europa, encabezada por el candidato/a a presidir la
Comisión.
III. Algunas disposiciones comunes a las normativas electorales nacionales (edad
mínima para el voto, paridad de género, proporcionalidad, etc.)
• Legitimar políticamente al Presidente o Presidenta del BCE. Para ello la persona
candidata deberá comparecer en el Parlamento Europeo en el momento de su
elección, el cual deberá ratificarlo mediante votación por mayoría cualificada.
• Aumentar la transparencia de todas las instituciones europeas haciendo obligatorio su
registro de transparencia y modificando los órganos comunitarios de control de
legalidad y accountability (Corte de Auditores).
• Aumentar las funciones del Parlamento Europeo. En su momento y, mediante reforma
de Tratados, dotándole de capacidad de Iniciativa Legislativa.
• Reformar el Marco Financiero anual y hacerlo coincidir con las elecciones europeas,
para que los electores puedan decidir también la asignación de los recursos
económicos. En ese sentido, se deberá impulsar una mayor dotación de recursos
propios en el marco de un presupuesto comunitario.
• Configurar una auténtica política común para la lucha contra el terrorismo y la
criminalidad organizada, la seguridad informática, el control de las fronteras exteriores,
incluyendo el reforzamiento de la Agencia Frontex, y liderar el impulso de la figura del
Fiscal Europeo.
• Dotar a la democracia europea de un soporte de comunicación social, de apoyo
mediático, de pedagogía educativa y de divulgación masiva. Para ello:
I. Intensificar los programas existentes en el intercambio cultural y académico
(Programas Erasmus, Leonardo, becas, voluntariados…)
II. Apoyar la introducción de la temática europea en los planes de estudios europeos.
// 38

III. Crear una red de voluntariado europeo en la que el funcionariado de las
instituciones europeas deberán viajar a sus países de origen para que, bajo un Programa
escolar, muestren y presenten las instituciones europeas y sus experiencias. Favorecer la
movilidad o permuta del funcionariado de cualquier Estado miembro para enriquecer y dar un
impulso europeo a la administración de cada Estado.
A medio plazo, hay que abordar un proyecto de reforma de nuestros Tratados hacia
una Europa Federal. Tendrá como principales objetivos:
• Abordar un nuevo ciclo europeo en el que una nueva Convención elabore una
Constitución para una Europa Federal que, de forma clara, concisa y comprensible
reconozca la doble legitimidad de la UE, ciudadanía y Estados, oficialice los símbolos
de la Unión, establezca la atribución de competencias, reorganice la estructura
institucional y de poderes e incluya la carta de derechos fundamentales y sus
garantías.
• Fortalecer la identidad europea y el relato europeo de la integración para construir un
“demos” europeo. Ello exige avanzar en muchos planos, como construir Partidos
Políticos europeos, crear medios de comunicación pan-europeos y fomentar el tejido de
una sociedad civil transnacional en Europa que favorezca la extensión de una
conciencia europea compartida.
// 39

LA REFORMA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
1. DÓNDE ESTAMOS
España es una democracia moderna consolidada. Por ello, también es cierto que nuestro
sistema político tiene problemas homologables a las democracias de nuestro entorno y, por
tanto, debemos emprender reformas que permitan restaurar la confianza que han perdido
muchos ciudadanos y ciudadanas en sus instituciones.
Atravesamos una grave crisis política e institucional que mina la confianza de la ciudadanía en
nuestro sistema político y que afecta a la legitimación misma de sus instituciones y de sus
representantes.
Esta crisis política es reflejo de la ola de malestar democrático que se ha extendido por Europa
en el contexto de la crisis económica y financiera de los últimos años. No solo como
consecuencia de la crisis social que la crisis económica ha provocado en términos de
desigualdad, desempleo, pobreza y desprotección pública, sino también porque en demasiadas
ocasiones ha parecido que la política no dirigía la economía, sino al revés, que las decisiones
políticas se tomaban extramuros de las instituciones o que incluso no había alternativa posible
a las decisiones tomadas, prescindiendo de la valoración que mereciesen por parte de la
ciudadanía.
Por ello, cualquier programa dirigido a recuperar el pulso de nuestro país para impulsarlo a
nuevas y ambiciosas metas para la España del siglo XXI, debe abordar necesariamente una
tarea de renovación de la representación política. El objetivo es doble: fortalecer los vínculos
con la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra
democracia. Nosotros iniciamos el camino, introducimos los mecanismos de participación en
nuestra organización, y en ello debemos avanzar a nivel institucional en la Legislación de
Partidos, contribuyendo al desarrollo de nuestra democracia exclusivamente de carácter
representativo hacia una “democracia participativa” donde la participación política directa del
ciudadano se equilibre con la representativa, haciéndole sujeto activo y directo del ejercicio del
poder, también a través de los Partidos Políticos.
Además, una democracia solo puede ser considerada como tal si contempla la igualdad real,
no solo la formal, entre mujeres y hombres. Una sociedad que discrimina al 50% de su
población soporta una grave carencia democrática.
A pesar de los logros conseguidos, las mujeres se siguen enfrentando a numerosos obstáculos
a la hora de desarrollar su proyecto de vida y especialmente, a la hora de participar en las
esferas pública y laboral. Para el PSOE, es prioridad acabar con el déficit democrático que
supone la escasa presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones y en la mayoría
de los campos, desde la cultura al deporte, desde las embajadas a los juzgados, y en todas las
esferas de la sociedad.
Queremos una democracia de calidad, una democracia paritaria, por lo que es necesaria la
participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos.
Los y las socialistas apostamos por la reforma de la representación política con un objetivo
claro: mejorar lo que ahora tenemos, no debilitarlo, y fortalecer lo público. No toda reforma
supone mejorar nuestro actual sistema, que tiene fortalezas que deben ser preservadas. Por
eso planteamos reformar el sistema político, no su demolición.
Para mejorar la representación, debemos garantizar la igualdad entre hombres y mujeres como
un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio
reconocido en nuestra Constitución. Es necesario realizar un nuevo pacto social que incluya a
las mujeres.
// 40

Defendemos que la democracia representativa es la mejor opción para una sociedad
contemporánea desarrollada. Para el PSOE, no hay política sin democracia representativa y sin
el conjunto de normas e instituciones que le dan sustento y que son la garantía de las
libertades de todos y de todas. Vamos a plantear reformas que den estabilidad al sistema
político y contribuyan a mejorar la convivencia entre personas que pensamos distinto. Vamos a
plantear reformas que fortalezcan la política.
Debemos atrevernos a plantear reformas audaces, que no sean meros retoques o parches.
Primero, porque la crisis política es real y profunda y responde a factores que no van a
desaparecer sin más. Segundo, porque también las reformas institucionales deben plantearse
con ambición modernizadora, no pensando en lo que hicimos mal en los últimos treinta y siete
años, sino en lo que podemos hacer bien en las próximas décadas.
La experiencia democrática más larga y los cambios sociales exitosos producidos en los
últimos años, han desembocado en una ciudadanía más activa y también más insatisfecha. La
democracia española necesita una urgente modernización, que la haga más abierta, más
transparente, más cercana y, en definitiva, más participativa, donde el ciudadano se sienta
sujeto activo y directo del ejercicio del poder.
Es la hora de que la ciudadanía vuelva a sentir la política como algo cercano, como algo propio
y, ante todo, útil.
3. PROPUESTAS
Reformas del sistema parlamentario
• Impulsar la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado con el objeto de
corregir el carácter rígido del parlamentarismo español, dotando de mayor agilidad y
dinamismo a los debates, potenciando el papel del parlamentario individual y su
actividad en su circunscripción, además de sus funciones de control e impulso sobre el
Gobierno.
• Garantizar que la fijación del orden del día del Pleno y de las Comisiones no sea
acordada por las personas que conforman un solo grupo parlamentario.
• Regular las comparecencias urgentes del Presidente del Gobierno y de los Ministros y
Ministras para que no puedan rehuir el debate parlamentario en cuestiones de
actualidad.
• Establecer la celebración de los debates sobre los Consejos Europeos con carácter
previo a su reunión.
• Regular que la inadmisión a trámite de cualquier iniciativa (pregunta, solicitud de
información, solicitud de creación de Comisiones de investigación o de Subcomisiones)
no se acuerde por los miembros de un solo grupo parlamentario.
• Establecer la obligatoriedad de que se puedan presentar preguntas orales en Pleno al
Gobierno sin formulación previa y que la mitad de todas las preguntas sean planteadas
por Diputados y Diputadas sin previa notificación a la Presidencia.
• Incorporar al expediente legislativo las gestiones y trabajos relacionados con cualquier
iniciativa legislativa en tramitación, tanto por los diputados y diputadas como por los
grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar la total transparencia de la
actividad parlamentaria.
• Constituir en cada Cámara un órgano específicamente encargado de realizar un
seguimiento del cumplimiento dado a las mociones y proposiciones no de ley
aprobadas por el Parlamento, que pueda dirigir requerimientos al Ejecutivo para exigir
en la práctica lo acordado por las Cámaras.
// 41

• Con el objetivo de avanzar en un modelo federal, trabajaremos en un acercamiento de
las instituciones a la ciudadanía y territorios, y en ese sentido, proponemos trasladar el
Senado a Barcelona.
• Tramitar como proyectos de ley los decretos-leyes cuando así lo soliciten dos grupos
parlamentarios o una tercera parte de los diputados y diputadas.
• Culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado.
• Fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y
organismos reguladores mediante el establecimiento de un sistema para el
nombramiento de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública de las
vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de las personas
candidatas por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos informes
se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes
comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por parte del Parlamento.
Reformas en el sistema electoral
• Modificar la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General desde el
consenso con los siguientes objetivos:
I. Impulsar los medios y realizar las reformas legislativas necesarias para facilitar el
voto electrónico.
II. Revisar el procedimiento electoral.
III. Reformar el sistema de voto de la ciudadanía residente fuera de España para
facilitar una mayor participación con medidas como la desaparición del voto rogado.
IV. Reforzar el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a la ciudadanía
de origen extranjero, facilitando su inscripción de oficio en el censo electoral.
V. Establecer para la elección de diputados y diputadas un sistema de listas
desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección
finalmente de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más
personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios. Se considerará
la posibilidad de desbloquear las listas también para las elecciones municipales.
VI. Mejorar la proporcionalidad
VII. Posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad
que hoy no pueden ejercerlo.
VIII. Regular la celebración de debates electorales, con la creación de una Comisión
Independiente de Organización de Debates formada por profesionales del periodismo
de reconocido prestigio.
IX. En el marco de la Ponencia para la reforma de la LOREG, abrir el debate sobre la
posibilidad de otorgar el derecho de sufragio a los jóvenes mayores de 16 años
Estatuto y condiciones del ejercicio de la política
• Establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del
Gobierno.
• Establecer que quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad en su
partido solo reciban un sueldo.
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• Incluir en las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales intereses específicos
o sectoriales del parlamentario, así como todas las actividades desarrolladas ajenas a
esa condición.
• Aprobar un Programa de racionalización del régimen retributivo de los Altos Cargos de
la Administración General del Estado y del personal directivo del Sector Público Estatal,
buscando los consensos para aplicar dicha racionalización en el resto de
Administraciones Públicas.
• Limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política y promover que las CCAA
supriman los aforamientos en los Estatutos de Autonomía.
• Establecer para cualquier responsable político o empleado público la prohibición de
aceptar regalos, salvo los de carácter protocolario que pertenecerán a la administración
y se inscribirán en un registro accesible al público.
• Regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de
puertas giratorias, con incompatibilidad en los años posteriores al desempeño del
cargo, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan
incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido
responsabilidades de regulación o gestión.
• Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción
y violencia de género, convirtiéndolo en un instrumento que solo se aplique de forma
excepcional y atienda primordialmente a la reinserción en la sociedad. Incorporar la
necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los
indultos concedidos.
• Establecer sanciones para aquellos cargos públicos o electos que no hagan públicas
sus declaraciones de bienes patrimoniales, abriendo el expediente de responsabilidad
correspondiente.
Reformas para los derechos y la participación política de las mujeres
• Modificar la Ley de Régimen Electoral para garantizar la paridad mediante el sistema
de listas cremallera, con una representación equilibrada de hombres y mujeres al 50%.
• Incluir la perspectiva de género en los Presupuestos Generales del Estado
contabilizando y estableciendo partidas suficientes que la desarrolle en todos los
ministerios dando especial reconocimiento al trabajo no remunerado.
• Modificar la Ley de Igualdad para incluir sanciones en caso de incumplimiento que
consigan reforzar la representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los
órganos e instituciones del sector público y en todos los niveles de representación
pública, así como en los órganos de decisión y dirección colegiados de empresas u
organizaciones del ámbito privado.
• Recuperar el Instituto de la Mujer como organismo especializado dedicado a los
derechos de las mujeres.
// 43

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA GARANTIZAR SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD
1. DÓNDE ESTAMOS
Tras cuatro años de Gobierno del Partido Popular, la Administración española se encuentra en
el peor momento de su historia desde la transición democrática. Los recortes presupuestarios
han laminado los derechos sociales de la ciudadanía. Las políticas de externalización y
privatización han reducido la calidad y puesto en entredicho la equidad del sistema de
bienestar. La cooperación autonómica se ha situado en mínimos históricos y la administración
electrónica se ha estacando en España. La reforma del Gobierno del Partido Popular ha puesto
en peligro la prestación de servicios públicos de calidad por parte de las Administraciones
Locales.
El Gobierno ha maltratado a las personas empleadas en el sector público, empeorando sus
condiciones laborales, retributivas y de protección social, llegando incluso a descalificarlas
abierta y públicamente. La congelación de las ofertas de empleo público y la reducción de
plantillas han provocado que las Administraciones tengan hoy 300.000 personas menos,
muchos de ellos en servicios públicos esenciales. Además, se ha producido una politización de
la Administración sin precedentes.
La obsesión por la austeridad ha reducido la eficacia de las políticas públicas. La planificación
estratégica y la definición de objetivos de servicio público se han sustituido por políticas
cortoplacistas que tienen como única finalidad gastar menos, aunque paradójicamente los
supuestos ahorros no se ven por ningún lado.
Se ha abandonado prácticamente todo intento por evaluar los programas públicos,
ninguneando a la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos.
Con este bagaje no es de extrañar que, según datos del propio Gobierno, la satisfacción de la
ciudadanía con los servicios públicos haya caído 20 puntos desde 2011.
Los y las socialistas sabemos que los poderes públicos son el mejor instrumento para la
transformación social y para alcanzar el modelo de sociedad más igualitaria al que aspiramos.
En la Administración descansa la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía, el
impulso de la actividad económica, la promoción de la igualdad de oportunidades y el
mantenimiento de la cohesión social. No hay política con resultados sin una buena
Administración.
Es la Administración la que convierte los compromisos en realidades, la que transforma
proclamaciones en derechos efectivos, la que empodera a la ciudadanía frente a todos los
poderes sociales, económicos o culturales que comprometen sus derechos y su autonomía
personal. El diseño de una buena Administración es esencial para la izquierda que representa
el PSOE.
Por eso, estamos en condiciones de plantear un ambicioso programa para transformar las
Administraciones Públicas, de tal forma que éstas no solo atiendan las necesidades actuales
de la sociedad, sino que estén también en disposición de liderar transformaciones sociales
durante los próximos lustros.
La crisis económica, los cambios políticos, sociales y tecnológicos, el mayor protagonismo de
la ciudadanía en la esfera pública y las políticas destructivas del PP motivan la necesidad y
urgencia de un esfuerzo transformador.
El Programa de Administración Pública que planteamos los y las socialistas pretende ser el
reflejo organizativo y procedimental del programa político general del PSOE. Es el proyecto de
Administración propia de un proyecto socialdemócrata moderno.
// 44

Ofrecemos los instrumentos para que las políticas de refuerzo del Estado de Bienestar, de
Igualdad, de revitalización democrática, de desarrollo sostenible, de reforma fiscal o de
fomento del empleo estén bien diseñadas y presupuestadas, sean implantadas de manera
eficaz y puedan ser evaluadas correctamente.
De este modo, planteamos una estrategia y un compromiso firme con políticas innovadoras de
recursos humanos que permitan poner de nuevo en valor el trabajo de las personas que
trabajan en la función pública; con el fortalecimiento de los servicios públicos frente a la
externalización desaforada de servicios esenciales; con nuevos modelos organizativos
adaptados a la realidad del Estado autonómico; con políticas de simplificación e innovación
tecnológica; con una apuesta decidida por la transparencia, la evaluación y la rendición de
cuentas.
En definitiva, la revalorización de lo público como estrategia; el progreso y el bienestar de la
sociedad como objetivo
3. PROPUESTAS
• Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar y, en todo caso, priorizar la gestión
pública directa de los servicios públicos esenciales. Las Administraciones sólo podrán
encargar a entidades privadas la prestación de servicios públicos cuando se justifique
su conveniencia desde el punto de vista económico y social. La Administración
dispondrá, en todos los casos, de potestades efectivas, de control, de supervisión,
inspección y sanción para asegurar la equidad y la calidad del servicio, garantizando en
todo momento la transparencia de su actuación.
Innovación administrativa al servicio a la ciudadanía
• Modificar la regulación de los procedimientos administrativos para que desaparezcan
definitivamente todas las cargas administrativas que no se deriven de una exigencia de
interés general.
• Establecer la cobertura legal y normativa necesaria para propiciar la innovación y la
adaptabilidad tecnológica en las Administraciones públicas. Crear un laboratorio de
innovación pública con la participación de los particulares y de los propios empleados
públicos.
• Retomar los niveles de inversión en tecnologías de la información para obtener una
Administración al servicio de la ciudadanía más simple, más ágil, más cercana, y más
participativa, ofreciendo servicios electrónicos de la máxima calidad.
• Hacer realidad la Administración sin papeles y la interoperabilidad real entre e intra las
administraciones mediante el uso obligatorio de plataformas y sistemas de tramitación
electrónicos.
• Extender a todos los procedimientos de la Administración del Estado la posibilidad de
utilizar la notificación electrónica. Avanzar hacia la existencia de un registro electrónico
único y simplificar el sistema de identificación digital de la ciudadanía ante la
Administración.
• Aprobar un Estatuto de los derechos de la ciudadanía en relación con la administración
electrónica que establezca con mayor claridad los derechos y garantías de calidad, de
responsabilidad, de seguridad y de gratuidad en el acceso de los ciudadanos y
ciudadanas a los servicios públicos electrónicos, además de constituir un auténtico
marco relativo a la privacidad y protección de datos. Estableceremos igualmente las
condiciones para que la información pública sea abierta y reutilizable.
• Rendir cuentas de manera permanente por parte de las Administraciones públicas ante
la ciudadanía. Para cada ámbito de actividad se crearán sistemas de objetivos,
variables e indicadores que garanticen el seguimiento continuo y permitan a quienes
// 45

desarrollan la acción política, la gestión así como a la ciudadanía valorar la eficacia y el
impacto de cada actuación pública. Los resultados servirán para proseguir, modificar o
abandonar, en su caso, los distintos programas, así como para exigir las
responsabilidades que pudieran deducirse por un uso inadecuado de los recursos
públicos.
• Impulsaremos el diseño de políticas públicas y de planes estratégicos, así como la
evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el impacto y la
rentabilidad del gasto público. Reforzaremos el papel de la Agencia Estatal de
Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos, dotándola de medios adecuados, y
propiciaremos la participación de la ciudadanía en la mejor gestión de los Servicios
Públicos.
Organización y colaboración interadministrativa
• Optimizar la organización de los Ministerios para reducir gastos de funcionamiento,
generar economías de escala y hacer que los recursos públicos se dirijan
prioritariamente a atender a la ciudadanía. Crear organismos interdepartamentales que
gestionen el personal, la contratación, los inmuebles o las tecnologías para toda la
Administración del Estado. Sólo podrán crearse y mantenerse empresas y fundaciones
públicas por razones de necesidad social, de sostenibilidad económica y eficiencia en
la gestión.
• Impulsar la colaboración entre Administraciones para eliminar ineficiencias y evitar el
derroche de recursos, con garantía en todo caso de la calidad de los servicios, la
satisfacción de los derechos de la ciudadanía y la autonomía institucional.
• Promover organismos mixtos de gestión entre el Estado y las Comunidades y
Ciudades Autónomas.
Contratación pública
• Impulsar un sistema de contratación pública transparente, eficiente en la asignación del
gasto público, que asegure la calidad de los bienes y servicios y que sea sostenible
ambiental y socialmente. Limitar las posibilidades que actualmente tienen las
Administraciones para contratar directamente con terceros sin concurrencia ni
publicidad. Sancionar el fraccionamiento de contratos para evitar la aparición de
nuevos casos de corrupción, y mejorar el seguimiento de la ejecución para impedir que
surjan sobrecostes. En todas las licitaciones superiores a 300000 euros, las sesiones
públicas de la Mesa de Contratación serán retransmitidas mediante streaming.
• Incorporar elementos de carácter social y de igualdad en los procedimientos de
contratación pública, tanto en el diseño del objeto de los contratos como en los criterios
de adjudicación de los mismos. En los contratos que superen un determinado importe
exigir como requisito de solvencia, o establecer como criterio de adjudicación, que las
empresas sigan determinadas prácticas de responsabilidad social corporativa: que
tengan aprobados planes de igualdad, que tengan implantados procesos de gestión
medioambientalmente sostenible, que posean un porcentaje mínimo de personas con
discapacidad, que no superen determinado porcentaje de temporalidad en los contratos
de su plantilla o que hayan suscrito compromisos contra la corrupción. Crear un código
de buenas prácticas para la contratación pública al que se podrán adherir todas las
empresas que tenga interés en trabajar con las Administraciones Públicas.
• Incorporar a los contratos públicos la obligatoriedad de Pactos de integridad con el fin
de prevenir la corrupción y favorecer la competencia leal con los máximos estándares
de transparencia y el control de su cumplimiento.
• Incluir en la legislación de contratos públicos incentivos específicos para favorecer la
contratación con centros especiales de empleo o de inserción social, con PYMES y con
empresas que impulsen la investigación, el desarrollo y la innovación.
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• Establecer las medidas oportunas para que las empresas que contraten con la
Administración respeten, como un mínimo necesario, las condiciones laborales y
retributivas del convenio colectivo. Impulsar la aprobación de un Plan de actuaciones
de la Inspección de Trabajo para comprobar el cumplimiento de esta medida. Las
Administraciones Públicas llevarán a cabo un riguroso seguimiento y control de la
ejecución de los contratos públicos haciendo uso, cuando así se requiera, de la
potestad sancionadora y de la capacidad para rescindir los contratos ante
incumplimientos de los adjudicatarios.
Empleados Públicos
• Recuperar progresivamente los derechos que han perdido en los últimos años quienes
trabajan en la función pública. En los primeros tres meses de Gobierno nos sentaremos
con los representantes de los empleados públicos para alcanzar un pacto de salarios y
de condiciones laborales. La mejora de la situación económica del país se reflejará,
progresivamente, en la recuperación de su poder adquisitivo.
• Aprobar medidas concretas para prestigiar la imagen de quienes trabajan en empleos
públicos, acercarla a la ciudadanía, y defender su dignidad y competencia profesional.
Revitalizar de manera permanente el Diálogo Social en la Administración Pública.
• Modificar el acceso al empleo público para garantizar que las Administraciones cuenten
con los mejores profesionales. Revisar sistemas, pruebas y programas para reducir el
componente memorístico, valorar la experiencia profesional previa e introducir periodos
evaluables de formación y prácticas. Articular un sistema de ayudas para que la
escasez de recursos económicos nunca pueda suponer un obstáculo para preparar,
con garantías, las pruebas de ingreso al servicio público.
• Implantar sistemas para evaluar la actividad de los empleados públicos, de modo que
un buen desempeño de su función suponga el reconocimiento de su dedicación y
profesionalidad. Estableceremos, igualmente, sistemas efectivos para mejorar la
carrera y la formación en el empleo público.
• Aprobar un Estatuto del Directivo Público que permita profesionalizar la función
directiva en nuestras Administraciones. Establecer criterios objetivos para seleccionar
las mejores candidaturas. Se promoverá al tiempo una mayor incorporación de las
mujeres a los puestos directivos en la Administración Pública.
• Aprobar Ofertas de Empleo Público suficientes y adecuadas a las necesidades de un
Estado social reforzado, asegurando que las tasas de reposición no menoscaben la
calidad de los servicios públicos. Adoptaremos las medidas normativas necesarias para
solucionar la precaria situación de quienes trabajan en situación de interinidad.
Continuaremos aproximando la regulación de los distintos tipos de personal al servicio
de las Administraciones Públicas, en línea con lo establecido en el Estatuto Básico del
Empleado Público.
Buen Gobierno en las Administraciones Públicas: Participación, transparencia, ética
pública y prevención contra la corrupción
• Regular la actividad de lobby ante el Poder Legislativo, el Gobierno y la Administración.
Crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas. Los representantes públicos deberán
dar cuenta de los contactos que mantienen con estos lobbies e informar del contenido
de las pretensiones o propuestas formuladas. Todo lobista registrado deberá informar
periódica y públicamente de sus actividades. Aprobar un código ético para la actividad
de lobby y dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de las prerrogativas y los
recursos necesarios para supervisar y sancionar los incumplimientos, tanto del sector
público como del sector privado.
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• Mejorar las garantías jurídicas de los ciudadanos y ciudadanas para recurrir contra las
decisiones administrativas. Eliminar la obligatoriedad del recurso de alzada y
convertirlo en potestativo.
• Aprobar una nueva Ley de Expropiación Forzosa que otorgue garantías suficientes a
las personas expropiadas y evite prácticas inadecuadas que puedan dar lugar a
resultados injustos. La nueva Ley mejorará la información, agilizará el procedimiento y
reformará los Jurados Provinciales de Expropiación. Permitirá que la Administración
pueda desistir de la expropiación cuando el precio fijado suponga un grave quebranto
para las arcas públicas, en coherencia con el régimen de valoraciones establecido en
la legislación estatal sobre suelo.
• Poner a disposición electrónica de la ciudadanía en formatos comprensibles y
reutilizable toda la información que no se considere por Ley materia reservada o cuya
difusión sea susceptible de vulnerar derechos. En particular, cada Administración
deberá publicar en su web, accesible a toda la ciudadanía, los presupuestos, el grado
de ejecución presupuestaria y la situación de la deuda.
• Modificar la Ley de Transparencia para permitir un efectivo acceso a la información y
restringir al máximo la posibilidad de inadmitir solicitudes de información pública y
evitar denegaciones de acceso sin fundamentación concreta o la falta de respuesta a
las solicitudes. Por otro lado, establecer en los procedimientos de información pública
aplicables a los procesos de reclasificación y de recalificación de suelo, la obligación de
exponer las variaciones económicas producidas en dichos procesos para impedir la
especulación y los eventuales procesos de corrupción.
• Aplicar con el máximo rigor la normativa sobre incompatibilidades y conflictos de
intereses a los altos cargos de la Administración. Dotar a la Oficina de Conflictos de
Intereses de la independencia funcional y los medios necesarios para realizar el
seguimiento y las inspecciones necesarias que eviten cualquier situación de conflicto
de interés, tanto durante, como después del ejercicio de cargo público.
• Elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar
a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de permanencia en esta
situación a cuyo término se pierde la condición. Estudiar también la pertinencia de
aplicar un régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros
dos años de la excedencia voluntaria por interés particular.
• Implantar sistemas de control interno efectivos en las empresas públicas y fundaciones,
lo que permitirá garantizar la buena gestión financiera y mejorar el sistema de
auditorías que realiza la Intervención General de la Administración del Estado sobre
dichas entidades, para reducir malas prácticas y actuaciones fraudulentas.
• Crear dentro de la Intervención General de la Administración del Estado una unidad
que actúe como Oficina especializada antifraude en materia de gasto público. Esta
nueva unidad actuará como enlace con los órganos jurisdiccionales y con la Fiscalía y
serviría de apoyo a dichos órganos como peritos judiciales.
• Reforzar la independencia de los órganos de control interno en las Administraciones
Locales, de modo que el nombramiento y fijación de retribuciones del funcionariado de
administración local con habilitación de carácter estatal no dependa de los órganos
políticos a los que éstos deben controlar.
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TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
1. DÓNDE ESTAMOS
Los y las socialistas creemos que es necesario avanzar hacia una democracia más abierta,
transparente y participativa
Para alcanzar estos objetivos, el gobierno abierto es una pieza fundamental. Es, ante todo, una
nueva actitud política, en la que la ciudadanía se sitúa en el centro y en la que se asume con
convicción de que una democracia sólida requiere una gestión del Estado transparente para
garantizarla. Un gobierno abierto que hace a los propios Gobiernos, a las administraciones y a
las sociedades más eficientes al utilizar todo el talento que existe en la sociedad, y pone a
disposición las herramientas y los procedimientos que permiten sacar el mejor resultado.
Nuestra firme convicción en la necesidad de avanzar hacia el gobierno abierto no es nueva.
Cuando hemos gobernado, hemos dado pasos para conseguirlo. El Ejecutivo socialista se
adhirió a la “Alianza para el Gobierno Abierto” en septiembre de 2011, formando parte del
segundo grupo de países que comenzaron a integrar la red, adquiriendo desde ese momento
los compromisos establecidos.
La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno aprobada por el
gobierno del PP, tal y como está concebida, no permite avanzar en los objetivos primordiales,
pues se caracteriza más por sus formalidades externas que por procurar una verdadera
respuesta institucional e independiente que permita crear las condiciones para ofrecer a la
ciudadanía un verdadero canal participativo.
El derecho a la participación a través del compromiso social y de la solidaridad debe estar
garantizado para que toda la ciudadanía pueda ejercerlo. Para esto, es imprescindible que
vaya asociado a una estrategia pública de información a la población de deberes y derechos, y
de información sobre los espacios existentes para la participación ciudadana y la promoción y
apoyo de las organizaciones del tercer sector. Lo que supone un compromiso público de las
instituciones en la promoción de la participación y el voluntariado.
Asumimos el compromiso inmediato de impulsar la instauración de una política pública y de
Estado para la transparencia de la gestión. Una política pública implica gobernar para todos y
con todos, por ello la participación ciudadana tiene que poder ser: accesible, comunicativa,
comprensible, global, sometida a control y en defensa de lo público.
La transparencia como modelo de gestión de un Estado no puede ser coyuntural, sino que
debe permitir profundizar en el respeto institucional y la búsqueda del consenso. Por eso un
programa de transparencia es inviable sin el apoyo de toda la ciudadanía y sin el apoyo de
sectores directamente involucrados.
Para la implantación de un gobierno abierto es necesario que existan las condiciones para que
la ciudadanía participe, facilitadas, por ejemplo, por el acceso a las herramientas tecnológicas.
Asimismo, es necesario implicar a toda la Administración, es decir, es preciso promover y
aplicar políticas de gobierno abierto en la infraestructura misma del Estado, aplicando un
cambio profundo en la cultura administrativa que haga de la función pública y de los servicios
públicos espacios abiertos al diálogo y a la colaboración.
La ciudadanía tiene el derecho a conocer a qué se destina cada céntimo público, llevando al
extremo el concepto de “bolsillos de cristal” de los representantes públicos y “paredes de
cristal” en las administraciones públicas.
3. PROPUESTAS
• Impulsar la Estrategia Estatal de Gobierno Abierto, que será transversal para todos los
ministerios, con medidas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por
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parte de los responsables públicos, así como la participación y la colaboración en los
ámbitos ejecutivo, legislativo y de la administración pública.
• Transformar los portales web del gobierno en espacios Gobierno Abierto,
implementando adecuadamente los pilares de transparencia, participación y
colaboración.
• Impulsar una cultura de la participación desde edades tempranas a través de la
asignatura de educación para la ciudadanía, así como fomentar el voluntariado y la
acción civil. Este voluntariado y acción civil nunca serán sustitutivos de las tareas y
responsabilidades que el Estado debe asumir y garantizar, sino que serán un
complemento a las mismas.
• Impulsar un Marco Estatal de apoyos y ayudas al Tercer Sector de Acción Social que
establezca una normativa estatal de subvenciones adaptada a las características del
tercer sector de acción social que garantice su independencia, sostenibilidad y
viabilidad.
• Impulsar el compromiso público de las instituciones con la promoción del voluntariado y
con las organizaciones del tercer sector como elemento de construcción de capital
social y de crecimiento personal, mediante el desarrollo reglamentario de la Ley de
Voluntariado. 45/2015 de 14 de octubre, facilitando los espacios de interlocución con
las organizaciones representativas del voluntariado y del tercer sector. Impulsar la
cooperación de las administraciones públicas competentes en la materia y las
entidades de voluntariado para la mejora en la formación de las personas voluntarias,
de acuerdo con los criterios de regularidad, calidad y adaptación a las condiciones
personales de las personas voluntarias.
• Promocionar la investigación sobre voluntariado, e impulsar la creación del
observatorio del voluntariado, dedicado a la investigación y medición sobre
voluntariado con una visión amplia y que integre a las diferentes administraciones y las
entidades de voluntariado.
• Incorporar el Gobierno Abierto en los temarios obligatorios para el acceso a la función
pública y establecer programas de formación continua del funcionariado.
• Establecer programas de formación continua para quienes trabajan en la función
pública en materia de transparencia.
• Modificar Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para
cubrir las lagunas que se pusieron de manifiesto durante la discusión parlamentaria y
solventar las deficiencias técnicas existentes.
• Adoptar el mecanismo señalado anteriormente para la elección de los órganos
constitucionales y organismos reguladores para la designación de los miembros del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
• Primar la publicidad activa, publicando toda la información disponible sin necesidad de
que nadie solicite dicha información, siguiendo el principio de que toda información
pública debe ser conocida por la ciudadanía, salvo que se vulneren derechos
fundamentales.
• Establecer sanciones en caso de incumplimiento de la transparencia activa.
• Hacer del Portal de Transparencia un verdadero portal de Gobierno Abierto con los
archivos en formatos abiertos y reutilizables. Un portal que en un formato más
amigable y comprensible posibilite la generación de valor de la ciudadanía.
// 50

• Facilitar el acceso a los datos de manera automática y desasistida a través de
mecanismos y tecnologías abiertas, articulando sistemas de apoyo en particular para
medianos y pequeños ayuntamientos para su implementación.
• Establecer y automatizar los procesos y flujos necesarios para que la información
presentada sea actualizada y presentada en tiempo real.
• Definir, con la participación de las organizaciones que defienden la transparencia, una
serie de indicadores, de carácter cuantitativo pero sobre todo que evalúen aspectos
cualitativos, que sirvan para medir el grado de transparencia de cada Administración.
Se publicará anualmente el ranking de las administraciones más transparentes.
• Obligar a la rendición de cuentas de todos los cargos públicos a través del portal de
transparencia para conocer: sus declaraciones de renta, bienes e intereses, la agenda,
viajes que realiza con dinero público y su cometido, las iniciativas impulsadas,
presentadas o participadas.
• Aprobar una Ley de participación ciudadana.
• Promover campañas de difusión de los distintos instrumentos de participación y
colaboración.
• Crear un portal de Participación Ciudadana dentro de la plataforma de Gobierno
Abierto, donde la ciudadanía podrá presentar:
I. Propuestas que deberán ser respondidas en abierto en un plazo máximo
predeterminado admitiendo las firmas electrónicas.
II. Preguntas al gobierno.
III. Propuestas del gobierno que deberán abrirse a la participación ciudadana a través
del portal.
IV. Consultas ciudadanas del gobierno sobre todas las cuestiones que considere
oportuno de interés general
• Potenciar la iniciativa legislativa popular reduciendo a 300.000 las firmas acreditadas
requeridas para su presentación. Se reconocerá el derecho a sus promotores de
acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas.
• Crear la Oficina Ciudadana en el Congreso de los Diputados – Diputado y Diputada
351-, para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía con las cámaras.
Un espacio físico y digital donde la ciudadanía podrá:
I. Solicitar información, gestionar peticiones y entrevistas con representantes políticos,
publicando a tal efecto estadísticas periódicas.
II. Registrar preguntas parlamentarias que cuenten con un número de apoyos
ciudadanos.
III. Participar en debates y consultas públicas que la cámara, los grupos políticos o los
diputados y diputadas abran para la participación.
• Incorporar a las iniciativas legislativas la “huella legislativa” para facilitar el
conocimiento y la comprensión de la procedencia, el trámite y las modificaciones de las
leyes, así como la justificación y argumentación de la posición de los diputados y
grupos políticos. También se deberá sumar “huella participativa” resultante de los
procesos participativos que se hayan abierto.
// 51

• Garantizar que en el procedimiento legislativo ordinario se celebren las sesiones que
fueren necesarias de la comisión legislativa competente para realizar las
comparecencias y audiencias sobre los proyectos de ley que se acuerden.
// 52

REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
1. DÓNDE ESTAMOS
El artículo 6 de la Constitución española reconoce a los partidos políticos como las instituciones
a través de las cuales se garantiza el pluralismo político, uno de los valores superiores de
nuestro ordenamiento jurídico.
A los partidos políticos nos corresponde asegurar la calidad representativa de las instituciones
democráticas y no lo estamos haciendo adecuadamente. Para ello es importante abrir canales
de comunicación entre representantes y representados, mejorar la receptividad y la rendición
de cuentas, adecuar las estructuras internas y los modos de funcionamiento a nuevas formas
de participación democrática.
Por supuesto, en esta cuestión, como en las demás, no todos los partidos somos iguales.
Mientras que en algunos partidos la ausencia de democracia interna es palmaria y todas las
decisiones importantes recaen en un reducido número de dirigentes, e incluso en una sola
persona, otros llevamos ya años introduciendo mecanismos de participación, como las
primarias para elegir a candidatos y dirigentes orgánicos.
En este sentido, unos partidos más democráticos, participativos, abiertos y transparentes son
también unos partidos mejor inmunizados contra la corrupción. Y es precisamente la corrupción
de los políticos y la corrupción en los partidos una de las principales causas de la desafección
política de la ciudadanía.
Por supuesto, la reacción de los partidos frente a la corrupción surgida en su seno tampoco
ha sido la misma. Mientras unos hacen todo lo posible por negar, tapar y ocultar, tratando
incluso de entorpecer la acción de la justicia, otros plantamos cara al problema y asumimos un
compromiso con la ciudadanía.
Las últimas propuestas legislativas del Gobierno del PP resultan, a este respecto, totalmente
insuficientes y no son más que un intento de enmascarar su nula asunción de responsabilidad
política por los casos de corrupción que le afectan.
El PSOE está escuchando las demandas de una sociedad cada vez más exigente y quiere
responder a ellas con propuestas responsables y sensatas, sin concesiones hacia el
inmovilismo o el populismo.
Para combatir la desafección política de la ciudadanía es necesario dotar de contenido a la
relación entre representantes y representados a través de los partidos políticos. Para que esto
sea posible, es absolutamente imprescindible que la cultura democrática penetre en el interior
de los partidos, de la misma manera que es absolutamente imprescindible profundizarla en el
seno de la sociedad. No hay democracia sin demócratas, pero tampoco la puede haber sin
partidos democráticos.
Por ello, el PSOE se plantea una profunda reforma del régimen jurídico aplicable a los
partidos con el fin de desarrollar plenamente su función constitucional como “instrumento
fundamental para la participación política”, más allá de su participación en los procesos
electorales, dando cumplimiento de manera efectiva al mandato de que su “estructura interna y
su funcionamiento deberán ser democráticos” (artículo 6 de la Constitución Española).
El segundo gran objetivo que nos planteamos es que los partidos políticos estén mejor
inmunizados frente a la corrupción. Para ello, además del reforzamiento de la democracia y de
los controles internos, es necesario acometer una reforma del modelo de financiación de los
partidos.
La reforma de la financiación de los partidos no solo es un medio para la prevención de la
corrupción, sino que debe servir también para la reconstrucción del vínculo de identificación y
// 53

de confianza entre la ciudadanía y los partidos. En este sentido, apostamos por un modelo de
financiación pública suficiente que pueda complementarse con las aportaciones de pequeña
cuantía provenientes de personas físicas.
3. PROPUESTAS
• Refundir la Ley de Partidos Políticos y la Ley sobre Financiación de los Partidos
Políticos en una sola Ley de Partidos. En esta nueva ley, se contemplarán como
principales novedades los siguientes aspectos:
Sobre la democracia interna y los derechos de las personas afiliadas
• Dotar de mayor capacidad de participación de los afiliados o militantes mediante la
elección directa de determinados cargos orgánicos.
• Regular la selección de las candidaturas a la presidencia de los gobiernos nacional y
autonómicos y a las corporaciones locales (a partir de una determinada población)
mediante sufragio directo y secreto de las personas afiliadas del ámbito territorial
correspondiente. Los estatutos de los partidos establecerán el procedimiento, pudiendo
abrir la participación a quienes no están afiliados.
• Reconocer y proteger las libertades de expresión y de asociación interna de las
personas afiliadas
• Considerar los programas electorales como un compromiso vinculante con la
ciudadanía de los cuales habrá que rendir cuentas, para cuya garantía adoptaremos
las medidas oportunas.
Sobre la financiación
• Vincular la financiación que los partidos reciben del Estado, además de al resultado
electoral en número de escaños y de votos, a elementos de democracia interna de los
partidos, como la celebración de primarias, la limitación de mandatos o la paridad en
las listas electorales.
• Establecer incentivos fiscales regresivos para las aportaciones privadas a los partidos,
previendo un sistema de devolución para las personas que no realizan la declaración
del IRPF.
• Regular un sistema de microdonaciones a través de Internet para donaciones inferiores
a 200 euros (en cómputo anual por cada persona física), garantizando la identificación
de los donantes ante el órgano de control.
• Dotar de transparencia a todos los ingresos públicos y privados, con desglose de las
aportaciones de donantes, afiliados y cargos públicos. Detallar los gastos, con
indicación expresa de retribuciones a responsables internos y empleados, gastos
externos y de funcionamiento.
• Informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas
recibidas, de los créditos contratados y de los acuerdos de renegociación de deudas
con las entidades financieras. El Tribunal de Cuentas deberá publicar con carácter
inmediato la información recibida e identificar a los donantes una vez superen la
cantidad de 200 euros anuales.
• Retener toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus
cuentas al Tribunal de Cuentas.
// 54

• Regular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de
corrupción de sus cargos públicos u orgánicos deben hacerse responsables
patrimonialmente de dichos actos.
• Establecer la obligación para los Partidos políticos de publicación de la liquidación de
gastos e ingresos electorales, teniendo en cuenta un techo de gasto.
• Reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas para auditar en
tiempo real las cuentas de las organizaciones políticas, con una mayor capacidad
sancionadora.
• Cumplir estrictamente las Recomendaciones GRECO sobre transparencia financiera de
los partidos políticos.
// 55

UN NUEVO MARCO LEGAL PARA LOS AYUNTAMIENTOS. FINANCIACIÓN
LOCAL Y OTROS ENTES LOCALES
1. DÓNDE ESTAMOS
El municipalismo ha constituido desde la fundación del PSOE una de nuestras señas de
identidad. Los municipios han sido la base de la movilización social y de nuestra acción política,
y los gobiernos municipales han constituido el principal instrumento de integración y cohesión
social. La prestación de servicios básicos ha sido impulsora del desarrollo y de la mejora de la
calidad de vida de las personas.
La Ley para la Reforma Local aprobada en esta legislatura por el Gobierno del PP ha supuesto
un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía.
También a la consideración que hasta ahora se había tenido del municipio como gobierno
político, convirtiéndolo en un mero gestor de decisiones ajenas. Los Ayuntamientos han
sido las administraciones públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e
insolidarias.
La crisis económica en la que estamos inmersos plantea nuevos retos para las entidades
locales, retos que, unidos a la necesaria derogación de la Ley para la Reforma Local, nos
abren un escenario que debe estar protagonizado por las propuestas, el diálogo y el consenso
político para resolver con eficacia los problemas que vienen arrastrando las entidades locales
y cuyos primeros afectados son los ciudadanos y ciudadanas.
Debemos abordar las reformas necesarias con el fin de dotar a los Ayuntamientos de las
condiciones y capacidades políticas y económicas adecuadas que les permitan ofertar a la
ciudadanía los servicios que ésta les demandan. Dichas reformas deben estar regidas por el
principio de autonomía local consagrado en la Constitución y en la Carta Local Europea.
El principal objetivo de los y las socialistas es aplicar el principio de subsidiariedad.
Entendemos que las entidades locales son las administraciones más próximas a la ciudadanía.
Por ello, reforzar su carácter democrático y mejorar su capacidad para prestar servicios deben
ser las prioridades.
Para alcanzar estos dos objetivos no sólo debemos cambiar las reformas que ha realizado el
PP en los últimos años, sino que además necesitamos tener muy claro qué modelo de gobierno
local defendemos.
El primero de los rasgos de esta idea de democracia local debe ser la participación de la
ciudadanía en las decisiones más importantes de los ayuntamientos. Consideramos que
todavía existe un enorme campo inexplorado de mecanismos de participación.
La segunda característica ha de ser la transparencia. La ciudadanía necesita saber de forma
clara qué hace la administración que tienen más próxima. Sólo así se podrá juzgar y controlar a
los gobiernos locales y a sus representantes con responsabilidad
El tercer rasgo es la suficiencia presupuestaria. Desde hace mucho tiempo nuestros
ayuntamientos necesitan unas competencias claras y unos ingresos suficientes para llevarlas a
cabo. Por ello, porque creemos que solo una administración que atiende a sus ciudadanos y
ciudadanas es una administración útil, nos proponemos caminar hacia un modelo de
autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales que asegure una mayor capacidad
de gobierno y una prestación de servicios de calidad. En esta línea se habilitarán mecanismos
para ajustar los intereses y las amortizaciones de los préstamos recibidos por las entidades
locales para el Plan de Pago a Proveedores.
// 56

3. PROPUESTAS
• Derogar la LRSAL (Ley de Reforma Local) llevada a cabo por el PP.
• Aprobar una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, que garantice un
sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de
los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan
desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y
transparencia de la gestión pública.
• Impulsar, desde el consenso, una nueva ley de Haciendas Locales que dote de
estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de
forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la
participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las
Comunidades Autónomas (PICAs).
• Apostar por un nuevo modelo de Desarrollo Urbanístico y Territorial volcado
preferentemente en la intervención en la Ciudad Consolidada con criterios de
sostenibilidad (apoyado en la rehabilitación y regeneración urbana) frente al anterior
modelo expansionista basado en el "todo urbanizable".
• Integrar a la FEMP, como observador, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
• Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio de
encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y
eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con
criterios de máxima trasparencia, racionalidad y democracia. .
• Reconocer el carácter especial de los Cabildos y Consells Insulares, contribuyendo a
hacer de estas instituciones de doble naturaleza, local y autonómica, reconocida por la
ley de bases de Régimen Local y por los respectivos Estatutos de Autonomia, unas
administraciones más cercanas a la ciudadanía.
• Potenciar la existencia de Áreas Metropolitanas como entidades que prestan
determinados servicios públicos de forma más eficaz y eficiente.
• Primar financieramente la cooperación, colaboración y coordinación en red
supramunicipal con el objeto de racionalizar los costes, la eficiencia y la eficacia de los
servicios locales.
• Aprobar un plan de acción para los pequeños municipios y entidades locales menores ,
que propicie su supervivencia, así como su evolución demográfica, social y económica,
y un nivel adecuado de recursos.
• Impulsar la intermunicipalidad a través de mancomunidades y consorcios adecuados a
las necesidades reales del mundo rural, que permita el máximo ejercicio de
competencias locales y la mejor respuesta a las demandas ciudadanas.
• Aplicar preferentemente la gestión pública y directa de los servicios consorciados o
mancomunados haciendo compatible la garantía en la prestación del servicio, la
excelencia empresarial y la mejor contribución a la creación de empleo.
• Impulsar la aplicación de la Ley para el desarrollo sostenible en el medio rural, evitando
así su despoblación, envejecimiento y desaparición.
// 57

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
1. DÓNDE ESTAMOS
La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestra
sociedad. Los efectos de la corrupción son demoledores. La corrupción es un fenómeno que
afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones y los derechos de la ciudadanía.
En otras palabras, influye negativamente en el desarrollo de las instituciones, reduce la calidad
del gobierno y de la democracia. Además, afecta negativamente al Estado de Derecho y el bien
común destruyendo la confianza en las instituciones públicas. Es un fenómeno que, por otro
lado, no es unitario ni unidireccional, en tanto que no se concentra en un solo sector
económico, en una sola institución, y no se explica por un solo factor. Pero no sólo eso, la
corrupción es una máquina de generar desigualdades.
De todos los países de la Unión Europea España es el que en los últimos 3 años ha sufrido los
mayores cambios en la percepción de la corrupción. La corrupción percibida se refiere, sobre
todo, a una forma de hacer política basada en la constante intromisión de los intereses
particulares en la toma de decisiones políticas con efectos muy perversos para el bienestar
colectivo. Según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de la población española cree que la
corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país.
A esta percepción se une la de la impunidad alimentada por la lentitud de los macro-procesos
penales. El tiempo medio para dictar sentencia está en casi 10 años. De tal manera que
corrupción más impunidad deriva en desconfianza institucional, máxime en momentos de
profunda crisis económica.
Nuestro objetivo es construir un futuro que nos aproxime a los países social y económicamente
avanzados. Ha llegado el momento de dar un salto histórico para mejorar las bases
institucionales de nuestra democracia.
La transparencia y la obligación permanente de rendir cuentas y asumir responsabilidades
públicas son condiciones imprescindibles frente a la corrupción política. Pero hay que ir más
lejos. Hay que endurecer las sanciones y poner más medios a disposición de los jueces.
Es crucial que se garantice el acceso pleno de la ciudadanía a la información pública. Además,
se deben realizar campañas de sensibilización y toda clase de esfuerzos para erradicar la
tolerancia social con las formas menores de corrupción, que constituye el semillero moral de
los comportamientos más graves. Se trata de construir una cultura de la ejemplaridad en la
Administración Pública que permita restablecer la confianza de la ciudadanía en las
instituciones, recuperar el prestigio de la política y combatir los recelos actualmente existentes
sobre la fuerza de las leyes y la equidad del sistema judicial.
Queremos no solo sancionar los delitos, que también, sino, sobre todo, evitar que se
produzcan. Por tanto, hay que avanzar tanto en medidas preventivas como sancionadoras. Ello
exige no sólo atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Administración, así
como cambiar el comportamiento de los partidos políticos y de las empresas.
La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas supone un escenario en
el que la actividad empresarial vinculada a fenómenos de corrupción hace peligrar la existencia
misma de la empresa. De ahí que no solo se previenen estos hechos con el establecimiento de
una normativa coercitiva y sancionadora como la existente, sino que es necesario fortalecer
también las buenas prácticas y una cultura empresarial de cumplimiento.
Conscientes de las repercusiones negativas que supone la corrupción para la estabilidad del
país y su desarrollo económico y social, debemos fomentar e incentivar la implantación y
desarrollo de modelos de buenas prácticas en la gestión pública y trabajar en el
restablecimiento de la ética pública y empresarial.
// 58

3. PROPUESTAS
• Elaborar un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Dicho plan
trazará la estrategia de gobierno para enfocar un programa de actuación transversal e
integral.
Medidas de prevención para el sector público
• Revisar los deberes y obligaciones del funcionariado y autoridades públicas y cargos
públicos:
I. Establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio de quienes trabajan
en el sector público.
II. Establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio para quien acceda
a un cargo público, así como la obligación de comunicar cualquier tipo de variación
patrimonial durante el ejercicio del cargo y al finalizar su mandato.
III. Revisar las normas reguladoras de los conflictos de intereses.
IV. Obligar a las personas que conforman el Gobierno y Altos Cargos de la
Administración del Estado a presentar una declaración y certificación de la
Administración tributaria de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
V. Prohibir el nombramiento y obligar al cese de altos cargos cuando se les abra juicio
oral por algún delito relacionado con la corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de
influencias, financiación ilegal de los partidos políticos, etc) delitos contra la Hacienda
Pública, contra la Seguridad Social y delitos de fraudes de subvenciones y ayudas
públicas, y blanqueo de capitales.
VI. Suspender a concejales y parlamentarios cuando se les abra juicio oral por algún
delito relacionado con la corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias,
financiación ilegal de los partidos políticos, etc), delitos contra la Hacienda Pública,
contra la Seguridad Social y delitos de fraudes de subvenciones y ayudas públicas, y
blanqueo de capitales, estableciendo los mecanismos oportunos para que, en caso de
que el concejal o parlamentario resultara absuelto por sentencia firme en el transcurso
de su mandato, se le restituya en su cargo.
• Revisar las normas de contratación pública:
I. Establecer en los pliegos de condiciones de los contratos públicos pactos de
integridad por los que las empresas licitadoras se comprometen a evitar cualquier
práctica que pueda ser considerada de corrupción.
II. Restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y de
utilización del procedimiento negociado sin publicidad.
III. Fortalecer los mecanismos para impedir o regular la revisión de costes.
IV. Extender el ámbito de control del recurso especial de contratación a importes más
bajos, con la finalidad de eliminar ámbitos exentos de control previo independiente.
V. Revisar las causas legales de prohibición de contratación con las AAPP.
VI. Reforzar los requisitos de control y de exigencia de información con empresas que
realicen operaciones financieras en países o territorios considerados legalmente como
paraísos fiscales.
// 59

• Revisar y/o establecer normas sobre conflicto de intereses en los diversos órganos de
las AAPP en los que se toman decisiones como las mesas de contratación pública,
entre otros.
• Establecer la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos con las
Administraciones Públicas y la obligatoria restitución e indemnización por daños y
perjuicios cuando los mismos se hayan obtenido o cuyo mantenimiento haya sido
logrado por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades
de corrupción.
• Fortalecer e impulsar el posicionamiento de España en los espacios internacionales de
lucha contra la corrupción (GRECO, OCDE, UN, etc.).
• Revisar las normas reguladoras de las entidades públicas empresariales y sociedades
mercantiles estatales, fundaciones públicas, entre otras, para reforzar e intensificar los
mecanismos de prevención, control y supervisión.
• Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito que castigue el incremento patrimonial de
autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato,
cuando no puedan justificar la causa de este incremento.
. Medidas de prevención en el sector privado
• Regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la política
(Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del
tráfico de influencias.
• Establecer beneficios en la contratación con el sector público para aquellas empresas
que firmen Pactos de integridad.
• Establecer beneficios relacionados con la reputación. Establecer listas blancas de
empresas dando publicidad a las empresas que hayan firmado pactos de integridad y
desarrollen buenas prácticas, permitiendo facilitar la prevención de la corrupción en la
contratación pública.
• Establecer las condiciones para facilitar que en la empresa se puedan implementar las
normas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que constituyen un valor
competitivo no solo a nivel empresarial, sino también de la economía de un Estado y
monitorizar periódicamente su cumplimiento
Medidas de represión
• Revisar y reformar los actuales delitos contra la Administración Pública:
I. En los delitos existentes revisar las conductas que dan lugar a que se puedan
adoptar resoluciones contrarias a derecho, manipular las convocatorias, concursos o
pliegos de contratación, fraccionamiento artificial y/o fraudulento de contratos.
II. Revisar los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y
violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y
exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas.
III. Establecer penas agravadas para los delitos cometidos por funcionarios públicos o
autoridad.
IV. Reforzar las penas privativas de libertad en los delitos contra la Administración
pública así como las penas de inhabilitación absoluta, especial y suspensión para
empleo o cargo público.
// 60

• Tipificar entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro en las
conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias u organizaciones
de cualquier clase que no tengan otro fin que actuar en el mercado encubriendo
actividades económicas ajenas de fraude y corrupción.
• Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos rebajando significativamente
la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión y tipificar la
manipulación de cuentas anuales de los partidos políticos.
• Reformar y revisar de forma integral las medidas contra el fraude fiscal, el fraude de
subvenciones y fraude a la Seguridad Social; entre otras, las más significativas:
I. Prohibición por Ley de la amnistías fiscales.
II. Revisión de las infracciones administrativas y los delitos
III. Revisión de las medidas antielusión y antievasión
IV. Revisión de las cuantías constitutivas de delito
V. Revisión de las penas y la prescripción.
VI. Revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las
infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 euros y la identidad de sus
autores.
• Revisar la competencia jurisdiccional para el enjuiciamiento de delitos de funcionarios
públicos y autoridades:
I. Revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción
para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política.
II. Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados
para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal,
especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se
concentra más del 80% de los casos de corrupción.
III. Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a un proceso penal
moderno, ágil y con las garantías propias de un Estado de Derecho.
• Establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción:
I. Establecer atenuantes específicas para los supuestos de autodenuncia para más
delitos que los actualmente previstos.
II. Limitar y condicionar las sentencias de conformidad a la existencia de una
cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el esclarecimiento del
caso o descubrimiento de otros, así como el obligado pago de la responsabilidad civil
derivada del delito.
III. Regular la protección de quien denuncie prácticas corruptas e ilegales tanto en la
Administración Pública con en el sector privado, a fin de proteger a la
ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias.
• Revisar las normas reguladoras del comiso para asegurar que la persona condenada
por un caso de corrupción responda con bienes patrimoniales, también los futuros.
// 61

Medidas de control
• Crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito
del sector público del Estado, incluida la Administración militar, y de las
Administraciones Locales, con competencia para revisar las actuaciones y
procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades
que puedan derivarse de ellos. La Oficina podrá relacionarse directamente con la
Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflictos de Intereses y actuará en las CCAA
tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración.
• Establecer expresamente la obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas por
parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración de la
Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses, así como de cualquier órgano
administrativo, agencia, organismo autónomo o entidad pública empresarial de
cualquiera de las administraciones públicas.
• Ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas y establecer el deber de colaborar con el
mismo de cualquier tercero que pueda estar relacionado con la actividad económico
financiera que se estuviera fiscalizando.
• Poner en marcha en las AAPP planes de prevención contra la corrupción, en los que se
determine el funcionario responsable de cada expediente, los protocolos de actuación
cuando ese funcionario al que se puede exigir responsabilidad por un expediente
irregular detecta algún indicio de corrupción y los instrumentos de protección que tiene
frente a posibles represalias.
• Articular y coordinar el intercambio de información interinstitucional entre las entidades
que ejercen funciones de prevención, control, investigación y sanción contra el fraude y
la corrupción.
Otras medidas para fortalecer las buenas prácticas y prevenir la corrupción
• Introducir en los distintos niveles educativos materias de contenido formativo en valores
contra la corrupción. Introducir módulos en estudios de grado y máster de Ética de la
Empresa.
• Realizar campañas de información para sensibilizar sobre la intolerancia con toda
forma de corrupción y comunicar los detalles de la normativa para la prevención contra
ésta en todos los ámbitos, como las Campañas de Tolerancia Cero con la corrupción o
Campañas como La Transparencia es rentable.
// 62

UNA JUSTICIA QUE PROTEJA NUESTROS DERECHOS
1. DÓNDE ESTAMOS
El sistema judicial está en crisis como consecuencia de las deficiencias estructurales,
organizativas, procesales y presupuestarias sufridas en los últimos años.
Este modelo desfasado y costoso ha generado una desigual distribución de los recursos
materiales y personales y de la carga de trabajo que asumen los órganos judiciales. Unos
sobresaturados de trabajo e infradotados conviven con otros que no alcanzan el mínimo de
carga de trabajo fijado por el CGPJ, lo que genera justicias de distintas velocidades según el
partido judicial.
La sobrecarga de trabajo se traduce en ralentización, en incumplimiento de los plazos
procesales previstos en la ley y en la imposibilidad de ofrecer a la ciudadanía un servicio
público de calidad en condiciones de igualdad.
El actual proceso penal, basado en la figura del juez instructor, nos aleja de los sistemas
europeos de justicia (con las graves disfunciones que ello comporta) e impide el cumplimiento
de las garantías constitucionales, sitúa la imparcialidad en un segundo nivel y resta agilidad y
eficacia a las resoluciones judiciales, lo que aumenta la sensación de impunidad y la
desconfianza de la ciudadanía.
Este panorama está lejos de la eficacia que la ciudadanía demanda, aumenta su desconfianza
en un sistema judicial del que se siente cada día más alejado y menos protegido e incrementa
su percepción de que existe una clara desigualdad en función de la carga de trabajo del partido
judicial y la capacidad económica de los que intervienen en los procesos judiciales.
Hay que añadir a este panorama el debilitamiento y desnaturalización del órgano de gobierno
del tercer poder del Estado, el CGPJ, tras la última reforma operada por el Gobierno del PP,
que desvirtúa y modifica sustancialmente la naturaleza jurídica del órgano que el constituyente
diseñó. Todo ello motivó la presentación por el Grupo Parlamentario Socialista de un recurso
de inconstitucionalidad, pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional.
En un contexto de globalización y competencia internacional, la ineficacia del sistema judicial
tiene consecuencias negativas, pues la falta de un sistema eficaz que garantice la aplicación y
eficacia de las normas genera inseguridad jurídica y reduce el atractivo de un país como lugar
de inversión.
Justicia y crisis económica
La crisis económica ha incrementado la demanda de justicia: primero, en las jurisdicciones
social y mercantil y luego en la civil como consecuencia de la reforma laboral del PP, de las
ejecuciones de créditos hipotecarios, del endeudamiento familiar y de las cláusulas abusivas en
los productos bancarios. El gobierno del Partido Popular ha dificultado el acceso a la justicia
precisamente cuando las personas más afectadas por la crisis necesitaban con carácter
urgente la tutela de los tribunales.
En esta pasada legislatura se han desmantelado las medidas de apoyo a los tribunales (1.500
jueza y jueces sustitutos fueron mandados a casa) sin alternativas organizativas ni funcionales,
al tiempo que se ha reducido drásticamente la oferta pública de jueces y fiscales y se han
recortado los presupuestos en materia de justicia. Los y las socialistas nos comprometemos a
aumentar los recursos humanos y técnicos de la Administración de Justicia.
Los cambios legislativos de la última legislatura han intentado reducir la demanda de justicia,
no satisfacerla, limitando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al sistema judicial
mediante nuevas tasas procesales, con nuevos requisitos y reducción de la justicia gratuita, y
mediante la propuesta de privatización del Registro Civil. El PSOE se compromete a eliminar
toda esa serie de trabas y limitación de derechos de acceso a la justicia.
// 63

El recurso a la justicia gratuita, único horizonte de protección de las familias más vulnerables,
atraviesa, por contraste, una etapa caracterizada por la precariedad, los recortes
presupuestarios, y la falta de apoyo institucional en un servicio público esencial para garantizar
la tutela judicial efectiva. Es el momento de que el próximo gobierno socialista acometa
cambios de calado que mejoren el derecho a la justicia gratuita tanto para demandantes como
para profesionales.
Derechos y libertades
La crisis ha sido la excusa para sustituir el espacio democrático de la protesta, de la huelga y
de la manifestación por un sistema autoritario plasmado en una Ley de Seguridad Ciudadana
que en muchos aspectos supone un retroceso de las libertades públicas. Ahora, es posible
sancionar antiguas faltas con sanciones más severas que las previstas en el Código Penal y
sin sumisión al previo control judicial.
A lo anterior conviene sumar la reforma del Código Penal más autoritaria que se ha producido
en la España democrática, aprobada en solitario por el PP con olvido de que el consenso en
materia penal forma parte inescindible de su legitimación intrínseca.
La introducción de la cadena perpetua, aunque se llame revisable, como vértice del sistema de
penas, abandona dramáticamente la finalidad de reinserción social que la Constitución exige
para todas las penas.
La reforma del Código Penal ni era necesaria ni está precedida de estudios que la avalen en
términos de eficacia. En España la criminalidad baja de modo sostenido desde 2003, y
paradójicamente contamos con las tasas de población reclusa más alta de Europa. El aumento
de la presión penal va a incrementar ese desequilibrio, sobre todo en perjuicio de los sectores
sociales más desfavorecidos, con el coste que ello supone no solo en términos de libertades y
derechos de la ciudadanía, sino también económicos.
Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía
Un programa de justicia incide directamente en la médula del Estado de Derecho, por lo que
debe ser un programa universal que abarque a todos, que comprometa a todos, que considere
a todos.
Un programa de justicia ha de construir los cimientos para que los derechos y libertades de la
ciudadanía sean iguales y homologables para todos y todas.
Planteamos una revisión urgente y consensuada del Código Penal para garantizar los
principios propios de un Derecho Penal democrático que, en lugar de dirigirse contra la
ciudadanía que ejerce sus derechos democráticos, lo haga contra aquellos que no les dejen
expresarlos o que dificulten su ejecución.
Uno de nuestros objetivos prioritarios será garantizar la máxima protección a las víctimas de la
violencia de género: hay que revisar las dotaciones y reforzar los recursos humanos
especializados para la evaluación de los riesgos y la protección más efectiva, sin que sufra el
añadido de tener que abandonar hogar, familia y amigos, y establecer protocolos de actuación
que aseguren la coordinación de las instituciones y departamentos ministeriales o autonómicos
para garantizar una protección integral de las víctimas de violencia de género. Se garantizará
que todos los territorios tengan juzgado de Violencia de género y protocolos de actuación.
Protegeremos el derecho a una vivienda digna de las numerosas familias devastadas por los
efectos de la crisis económica que han sido desahuciadas o están en alto riesgo de serlo, por
la actitud de las entidades financieras, que en muchos casos han actuado con malas prácticas,
y que además se han visto obligadas a acudir a prestamistas privados para obtener los
empréstitos que las entidades bancarias no les concedían.
// 64

Al respecto impulsaremos la modificación legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Ley Hipotecaria a los efectos de adoptar la legislación española a las exigencias de las
resoluciones de los Tribunales Europeos y finalizar con las situaciones de indefensión de la
ciudadanía frente a las entidades financieras en los procedimientos de lanzamiento y en las
ejecuciones hipotecarias, así como en los casos de anulación de licencias urbanísticas de
adquirentes de buena fe.
Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía y de los
consumidores
Deben codificarse de modo efectivo muchos derechos políticos y sociales que en la
Constitución de 1978 se esbozaban como principios inspiradores.
Así, es necesario consolidar los derechos de los consumidores en España por medio de una
legislación integral que respete el marco de competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas, que se adapte a los requerimientos de la Unión Europea y que
cuente con instrumentos efectivos para la resolución de conflictos, tanto en vía judicial como
mediante mecanismos extrajudiciales. Extenderemos, además, la tutela propia de los
consumidores a las pequeñas empresas.
Potenciaremos una mayor cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Consumo.
Hay que establecer un nuevo marco de derechos civiles no solo en su proyección
constitucional, sino también en la regulación civil de las relaciones familiares, que acoja las
nuevas formas de familia y que permita nuevas fórmulas en materia hereditaria. Asimismo, hay
que revertir el intento de privatización del Gobierno del PP en materia de registros.
Una Justicia al servicio de la ciudadanía
Debemos suprimir las trabas que impiden que la ciudadanía pueda acceder a la justicia en
condiciones de igualdad. Es prioritario que la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras
autónomos y las pymes puedan defenderse en igualdad de condiciones en todas las
contiendas judiciales, sobre todo en aquellas que mantengan con las grandes corporaciones,
que cuentan con las mejores maquinarias de asesoramiento legal a su disposición.
Es necesario facilitar de forma efectiva la adecuada información y asesoramiento previo a la
ciudadanía en su relación con la justicia que permita su acceso al itinerario real del proceso en
todas sus fases, incluida la ejecución.
Suprimiremos trámites innecesarios o duplicados que alargan innecesariamente los
procedimientos judiciales.
Regularemos la justicia gratuita para que proteja a todas aquellas familias, así como a
ciudadanos y ciudadanas individualmente, a los que la crisis económica ha abocado a una
situación de extrema vulnerabilidad.
También ofreceremos a la ciudadanía nuevas formas intra y extrajudiciales que permitan
resolver con inmediatez y de forma no gravosa los pequeños conflictos que inciden en la vida
cotidiana.
Un nuevo modelo de Justicia
Un Gobierno socialista impulsará una administración de Justicia de calidad, organizada desde
el prisma de la eficiencia y eficacia, con plena incorporación de las nuevas tecnologías, que
garantice la tutela judicial efectiva, asegure la participación de la ciudadanía, proteja sus
derechos y resuelva de forma rápida y eficiente sus litigios y controversias, ofreciendo
seguridad jurídica.
Abordará, a su vez, la reorganización de la planta judicial de forma racional para que el nuevo
mapa judicial se acomode a las nuevas realidades sociales, territoriales y demográficas y
// 65

permita una equilibrada distribución de la carga de trabajo y una inversión racional de medios
materiales y personales. También afrontará la ya ineludible reforma en profundidad del proceso
penal.
Buscaremos un acuerdo amplio para revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal de
modo que se potencie la profesionalidad, la formación técnica y la especialización de sus
integrantes, garantizando que se realice a través de procesos públicos, abiertos, y
transparentes, y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Se establecerán ayudas
públicas para su preparación, logrando una integración social en la Administración de Justicia.
Implementaremos una financiación suficiente de la justicia que garantice que el proceso de
cambio sea efectivo y se realice de forma cohesionada en todo el territorio nacional.
3. PROPUESTAS
Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía
• Eliminar la "ley mordaza" y revisión urgente de las sanciones que esta ley ha agravado
y el mecanismo de desjudicialización que ha introducido.
.
• Revisar el Código Penal, para volver a los principios del Código Penal de la
democracia, armonizando el sistema de penas y reinstaurar el sistema penal de última
ratio con dotaciones económicas suficientes e introducción de un sistema de penas y
medidas alternativas a la prisión que contribuyan a un mejor control de la criminalidad.
• Derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable.
• Suprimir aquellas penas privativas de libertad que por su escasa entidad no cumplen ni
el papel intimidatorio para el infractor ni la finalidad reeducativa, sustituyéndolas en su
caso por otras alternativas a la prisión, como la libertad vigilada o los trabajos sociales
reeducadores que se consideran más ajustadas a la gravedad del delito cometido y a
las necesidades de tratamiento del delincuente.
• Revisar los tipos e incrementar las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto
de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio,
el medio ambiente y el urbanismo.
• Derogar el artículo 315.3 CP, sobre el ejercicio del derecho de huelga.
• Ampliar la dotación de personal en psiquiatría, psicología, trabajo social, educadores y
especialmente el número de unidades penitenciarias especializadas para la atención a
los problemas psiquiátricos, o de otra índole, de los internos e internas.
• Recuperar el principio de jurisdicción universal y creación de protocolos para la
incorporación de las resoluciones de las cortes internacionales.
• Implementar instrumentos para la revisión y reparación de errores judiciales.
Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de consumidores y usuarios
• Elaborar un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la
protección de los y las consumidores de modo integral identificando sus derechos y los
mecanismos para su protección efectiva.
• Revisar, en el marco de la tutela al consumidor, el régimen jurídico de obligaciones y
contratos.
// 66

• Aprobar un régimen real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la
insolvencia de quienes adeuden.
• Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias.
• Eliminar las cláusulas suelo.
• Fortalecer la formación de judicatura y magistratura en derecho de consumo.
• Crear centros de protección integral de los y las consumidores.
• Facilitar a las personas consumidoras el asesoramiento, consejo y sugerencia para
solucionar el conflicto: mediación, conciliación, arbitraje de consumo o un juicio rápido
siempre que la cuantía no supere los 6000 euros.
Una Justicia al servicio de la ciudadanía
• Aprobar una ley que desarrolle la Carta de Derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas,
reactive el Plan de Transparencia Judicial aprobado por el Gobierno socialista en 2005
y garantice e incentive la participación activa de la ciudadanía en la administración de
Justicia.
• Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas, que
quedarán solo para sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón
de euros anual.
• Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización,
dotándola de medios suficientes y adecuados para que toda la ciudadanía, en función
de su nivel de renta y capacidad económica, pueda hacer efectivo su derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva.
• Revisar los procedimientos judiciales con supresión de aquellos trámites innecesarios y
adecuando los plazos para que sean debidamente cumplidos, asegurando la
previsibilidad y seguridad jurídica.
• Desarrollar una ley de justicia cívica, de carácter preventivo, e implementar
los mecanismos de mediación o conciliación en todos los órdenes jurisdiccionales,
incluido el penal.
• Fijar por ley una financiación suficiente de la administración de Justicia proveniente de
los Presupuestos Generales del Estado.
Un nuevo modelo de Justicia
• Aprobar una nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización
territorial de los partidos judiciales y la especialización de los órganos judiciales,
favoreciendo el acercamiento y la accesibilidad del ciudadano a la Administración de
Justicia.
• Crear un modelo de Justicia de proximidad, de base o de primer grado para resolver
los litigios de escasa complejidad y que requieren un tratamiento más ágil.
• Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales. El
conjunto de jueces de instancia de una misma demarcación constituirán un único
Tribunal bajo la dirección de una Presidencia y con una única oficina judicial común
que prestará servicio a todos ellos.
• Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la
investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías encargado
// 67

de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales durante todo el proceso
así como del estatuto de protección integral de la víctima e instaure la segunda
instancia penal.
• Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la
institución, delimitando las facultades del fiscal general del Estado y potenciando las
funciones del Consejo Fiscal, de las Juntas de Fiscales y de la Junta de Fiscales de
Sala.
• Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial con servicios comunes de
atención a la ciudadanía, registro y reparto de asuntos, tramitación, actos de
comunicación y ejecución, auxilio judicial y ejecución de resoluciones.
• Implantar en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal
y definitiva creación de las unidades administrativas.
• Completar el proceso de implantación de las TIC en 2020, de modo que como regla
general todas las comunicaciones entre juzgados y tribunales y la ciudadanía serán por
vía electrónica.
• Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder
Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir las funciones del
CGPJ al objeto de asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el
sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad.
• Incorporar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una dotación económica
suficiente que permita acabar con la justicia de dos velocidades y favorecer la
implantación y desarrollo del nuevo modelo de forma cohesionada y en idénticas
condiciones en todo el territorio español.
• Crear el Centro Nacional de Menores Desaparecidos. Habida cuenta del aumento del
número de menores que desaparecen, son secuestrados o son objeto de abusos
sexuales o de cualquier tipo de explotación, incluyendo la sustracción por uno de sus
progenitores, se creará un único centro donde se llevarán y tramitarán todos los
supuestos mencionados, evitando a los padres la sobre victimización de no tener una
única Administración a la que poder acudir, y que se encargará de atender a los padres
coordinando las labores de búsqueda entre las diferentes administraciones y órganos,
hasta que se produzca la resolución del caso.
// 68

MÁS SEGURIDAD CON DERECHOS
1. DÓNDE ESTAMOS
Los años 2004-2011 constituyeron un buen período para la seguridad de los españoles y
españolas.
Mal que le pese a la derecha, fue un Gobierno socialista el que puso fin al terror mantenido
durante más de cincuenta años por la banda terrorista ETA. Ese final lleva el nombre de un
Presidente, de un Ministro del Interior y un Lehendakari socialistas. Y, a su lado, el esfuerzo
anónimo de policías nacional y autonómicas, guardias civiles, jueces y fiscales, funcionariado
de prisiones y agentes de los servicios de inteligencia, autoridades y policías de países que se
comprometieron con nuestra lucha y, sobre todo, millones de españoles que se negaron a
aceptar el chantaje terrorista que nos privó de más de ochocientas vidas, causó miles de
heridos y dañó en forma irreparable a innumerables hijos y padres, maridos y mujeres,
parientes y amigos. Todos ellos lograron vencer a una banda que, desarbolada, anunció en
noviembre de 2011 que abandonaba definitivamente la lucha armada.
Sólo queda la entrega definitiva de las armas, el reconocimiento del dolor causado, la petición
de perdón a las víctimas y la satisfacción de la reparación debida. Entonces, sólo entonces, las
víctimas se sentirán definitivamente honradas y el Estado de derecho podrá culminar la paz
ganada con tanto esfuerzo.
Ese esfuerzo contó también con una difícil pero, pese a sus crisis, mantenida unión de los
demócratas, congregados en torno a pactos que nos comprometían a todos y que sirvieron
para acelerar, primero, y respaldar, después, la unión frente al terrorismo de la inmensa
mayoría de la ciudadanía.
Una unión que, antes, sirvió para enfrentar la investigación, el enjuiciamiento y las condenas
de quienes perpetraron en Madrid, el 11 de marzo de 2004, el mayor atentado de nuestra
historia y de quienes, posteriormente, han intentado mantener una amenaza latente de corte
yihadista contra nuestra convivencia colectiva.
Los 192 fallecidos y los más de 1.800 heridos en aquella tragedia siguen en nuestra memoria y
han estado en la base misma del Acuerdo antiterrorista propuesto por el PSOE al Gobierno, en
enero de 2015, para hacer frente, de nuevo con todos los ciudadanos y ciudadanas, al
terrorismo yihadista y a la violencia extremista.
Junto a ello, 2004-2011 fueron los años en los que más baja fue la tasa de criminalidad, en los
que más creció la dotación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de Jueces y de
Fiscales, en los que más se transformó el régimen penitenciario, en el que la protección civil se
vio reforzada por la creación y acción creciente de la UME y en los que la seguridad vial, por
fin, fue una esperanza crecientemente mejorada.
Todo ello, por lo demás, se llevó a cabo con los medios ordinarios del Estado de Derecho, pues
no fue ni se sintió necesario emprender una tarea de reformas legislativas destinadas a limitar,
condicionar o restringir los derechos y libertades de la ciudadanía. Fueron, así, los años en los
que los y las socialistas demostramos que la seguridad no tiene por qué limitar la libertad sino
que contribuye efectivamente a ella.
Por el contrario, cada vez que existe un problema de seguridad la derecha siempre plantea una
falsa dicotomía entre libertad y seguridad, reduciendo los derechos de la ciudadanía. Pero
seguridad sin libertad nos conduce a una sociedad autoritaria. Siguiendo esta filosofía, dos
elementos definen con claridad la gestión del Gobierno del PP en materia de seguridad: menos
derechos para todos y uso partidista del poder coactivo del Estado. Con esos objetivos ha
desarrollado todo un paquete legislativo que restringe de forma dramática los derechos de la
ciudadanía (Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada) y dos leyes de
personal, de Guardia civil y policía, que reducen los derechos de los miembros de ambos
cuerpos.
// 69

Hemos asistido a una reiterada utilización partidista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en beneficio propio y con acompañamiento mediático.
Deberemos afrontar la reforma de las leyes que en este ámbito han desfigurado la concepción
de la seguridad como elemento inescindible del respeto a los derechos de la ciudadanía (Ley
de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento
Criminal y Ley contra la Violencia de Género).
Hay que dotar de más y mejores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para así
desarrollar medidas preventivas con más eficacia y establecer con claridad sus derechos y
obligaciones en una sociedad democrática del siglo XXI.
Deberemos primar los elementos de coordinación y colaboración entre policía y guardia civil y
entre éstas y el resto de policías del Estado. No podemos desaprovechar un caudal tan ingente
de recursos e información como se hace actualmente, y ello deberá hacerse manteniendo las
competencias de cada cuerpo sin que quepa la competencia entre ellas. Para ello,
estableceremos un Mando Único sobre policía y guardia civil, con Unidades Centrales
conjuntas de coordinación.
En el ámbito penitenciario, proponemos volver al espíritu y la letra de la Constitución, que prevé
la reeducación y reinserción social como elemento esencial que debe orientar las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad. Para ello, el tratamiento, con programas
específicos atendiendo a los perfiles de los reclusos, debe convertirse en el eje de la política
penitenciaria, así como el cumplimiento en medio abierto y el desarrollo de las penas y
medidas alternativas a la prisión. Todo ello, sin desatender, e incluso intensificando, las
medidas de seguridad, control e información sobre aquellos internos especialmente peligrosos
pertenecientes a bandas armadas y miembros de delincuencia organizada.
En el ámbito de la seguridad vial, debemos incrementar la formación tanto de la ciudadanía
desde la escuela, como de los conductores y conductoras y de quienes imparten la formación.
Es preciso que la seguridad vial se aborde de forma global, y se pase del concepto de
circulación, donde el protagonista es el automóvil, al de movilidad, donde el protagonista es la
persona y sus diversas formas de desplazarse.
3. PROPUESTAS
Reformas legislativas
• Derogar la Ley de seguridad ciudadana y aprobar una nueva Ley que refuerce y proteja
a las personas, y asegure que el marco legislativo facilita el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión y reunión pacífica.
• Colocar cámaras de vigilancia con grabación, en todos los calabozos de España, para
garantizar la seguridad de los detenidos y los policías. Estas grabaciones quedarán
archivadas.
• Reformar la Ley de seguridad privada para garantizar que solo podrá prestarse como
un servicio complementario, subordinado y nunca alternativo de la seguridad pública,
sometido a controles e intervenciones administrativas, donde se respeten plenamente
los derechos laborales de los y las trabajadoras y de la ciudadanía.
• Reformar las leyes de personal de guardia civil y policía para establecer claramente los
derechos y obligaciones de sus miembros.
• Reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para su actualización y modernización.
// 70

En materia policial
• Reponer de forma proporcional y graduada las vacantes de las dotaciones de Catálogo
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
• Implantar un programa de formación permanente y de actualización de conocimientos
técnicos y jurídicos de todas las personas que componen las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, para que puedan realizar sus funciones con eficacia y seguridad
jurídica.
• Fortalecer la coordinación y cooperación policial convocando, al menos dos veces al
año, las Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas con Cuerpo de Policía.
• Dotar de personal y recursos técnicos y materiales para la potenciación de las
unidades centrales del cuerpo nacional de policía y de la guardia civil encargadas de la
investigación y persecución de los delitos económicos y fiscales.
• Poner en marcha un programa de I+D, con la colaboración de las Universidades y otros
organismos públicos, para la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y
equipamientos profesionales, que permitan una mejor investigación de los delitos y un
mayor esclarecimiento de éstos por la policía nacional y la guardia civil y su progresiva
descentralización mediante la creación de Unidades Territoriales de ambos cuerpos.
• Elaborar un protocolo claro y jurídicamente seguro, que regule la actuación que deben
seguir los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados a la
vigilancia de nuestras fronteras.
En materia de terrorismo yihadista
• Incrementar los efectivos dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista.
• Reorientar la estrategia contra el terrorismo para hacer frente al terrorismo
internacional y a las formas más violentas.
• Restablecer el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), unificándolo con
el Plan de Protección y Prevención antiterrorista.
• Restablecer instrumentos jurídicos, policiales, educativos y sociales capaces de
prevenir la actuación delictiva y combatirla con eficacia para proteger a la ciudadanía y
preservar la tranquilidad social.
En el ámbito penitenciario
• Llevar a cabo un nuevo diseño de plantillas y de cuerpos al servicio de la
administración penitenciaria.
• Impulsar y priorizar las actuaciones educativas, formativas y laborales y de tratamiento,
en especial, los Programas de Tratamiento para condenados por violencia de género,
agresores sexuales, internos de régimen cerrado, personas con discapacidad,
enfermos mentales, drogodependientes y prevención de suicidios.
• Fomentar medidas alternativas a la prisión que permitan una reinserción social efectiva.
Además, potenciar mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje para resolver
disputas, y las unidades externas de madres
• Introducir nuevos modelos de gestión e intervención, como los módulos de respeto.
Impulsar y generalizar en todos los centros penitenciarios las unidades terapéuticas y
educativas (UTEs), como modelo alternativo a la prisión tradicional.
// 71

• Implementar nuevos programas de intervención con otros colectivos de especial
atención como personas de conducta especialmente violenta o acogida de internos
primarios.
• Desarrollar y consolidar el régimen abierto, exceptuando internos especialmente
peligrosos pertenecientes a bandas armadas, en concreto, integristas yihadistas y
miembros de delincuencia organizada, condenados por violencia de género, agresores
sexuales y delitos económicos que creen alarma social.
• Fomentar la colaboración y la cooperación entre Administraciones, agentes sociales,
ONGs, etc, con el objetivo de favorecer la reinserción social, formativa y laboral de los
y las internas.
• Intensificar las medidas de seguridad, control e información sobre aquellos internos
especialmente peligrosos pertenecientes a bandas armadas, en concreto, integristas
yihadistas y miembros de delincuencia organizada.
En materia de seguridad vial y movilidad sostenible
• Conformar la educación vial como una herramienta de prevención de accidentes para
lo que se requiere medidas específicas como, entre otras, integrar la formación en
Seguridad vial en los planes de formación obligatoria o promover la creación de un
grado oficial para formar profesionales en Movilidad y Seguridad Vial.
• Reformar los centros de reconocimiento médico para mejorar el cumplimiento de sus
funciones y de los servicios que realizan.
• Revisar el régimen jurídico de los examinadores de tráfico.
En materia de protección civil
• Implementar la nueva Ley de protección civil en colaboración y coordinación con todas
las administraciones afectadas.
// 72

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1. DÓNDE ESTAMOS
Violencia de género
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión.
Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes
de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal
para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o
ex compañero sentimental.
Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia y el número de asesinatos se mantiene en
cifras escalofriantes. Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas
o ex parejas desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales de
víctimas mortales de violencia de género. Una violencia ante la que no podemos ni queremos
permanecer impasibles.
Prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual
Un gobierno socialista puso en marcha el primer Plan Integral de Lucha contra la trata con fines
de explotación sexual (2009-2012), en el marco de la defensa de los derechos humanos. Fue el
primer plan global de nuestro país que prestó una especial atención a las víctimas, persiguió a
los traficantes y proxenetas, apostó por la prevención y por las campañas de sensibilización. El
problema se abordó de forma integral y coordinada entre todas las administraciones. Un Grupo
Interministerial de Coordinación (Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del
Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social y Asuntos Exteriores y Cooperación) realizó un
seguimiento y evaluación del plan y elaboró una Memoria anual. También con el gobierno
socialista se tipificó, por primera vez, el delito de trata en el artículo 177 bis del Código Penal.
Posteriormente, la Unión Europa aprobó la Estrategia para la erradicación de la trata de seres
humanos (2012-2016).
La legislación española no considera el ejercicio de la prostitución como un delito, tampoco lo
es el lucro económico de la prostitución ajena (proxenetismo), solo considera como delito el
ejercicio coercitivo sobre la prostitución y la trata. Sin embargo, la Resolución del Parlamento
Europeo, de 26 de Febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la
igualdad de género asegura que la prostitución, forzada o no, constituye violaciones de la
dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos. También señala que
considerar la prostitución como un “trabajo sexual” legal, despenalizar la industria del sexo en
general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres de la violencia
y explotación sino que produce el efecto contrario.
Una sociedad decente, madura y democrática exige avanzar hacia una sociedad segura y libre
de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia
así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para
conseguirlo. Exige avanzar hacia un gran pacto de Estado que implique a todas las
Administraciones Públicas para dar respuestas efectivas y de carácter integral que garanticen a
las mujeres e hijos/as víctimas de violencia el derecho a una vida sin violencia y reponer las
dotaciones económicas que se han ido recortando en estos años.
// 73

Queremos un modelo donde se proteja a las víctimas pero no se les revictimice. En la
actualidad, se empieza a usar el término superviviente para referirnos a las mujeres que han
sido capaces de recuperar su personalidad y su vida. Debemos ofrecer a las mujeres y sus
hijos e hijas un plan personal, social y laboral.
No podemos olvidar la importancia de la formación de todos los agentes que actúan,
principalmente: judicatura, abogacía, equipos psicosociales, forenses y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Es necesario el reconocimiento legal de que los y las menores que viven situaciones de
violencia en su hogar, son víctimas directas de esa violencia tal y como establece el Convenio
de Estambul.
Naciones Unidas define la trata de seres humanos con fines de explotación sexual como “el
fenómeno de esclavitud del siglo XXI”. Ha negado a la prostitución la categoría de trabajo
porque no reúne las condiciones de dignidad y respeto humano que requiere una actividad
laboral.
La prostitución, la trata y tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación es una de las
manifestaciones más crueles de desigualdad. Suponen una vulneración de los más
elementales derechos humanos al atentar contra la libertad, la integridad, la salud, la vida, la
seguridad y la dignidad de las personas.
La situación de la prostitución en España se caracteriza por su invisibilidad debido a la
clandestinidad en la que se desarrolla y que es la causa principal de su desconocimiento,
porque la prostitución que se conoce, la que es visible, la de la calle, es la minoritaria.
Por ello, nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a erradicar la prostitución y la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, a favorecer la dignidad de las mujeres, a garantizar
alternativas, terminar con las redes; acabar con las mafias, con la esclavitud; proteger y asistir
a las víctimas; cooperar con los países de origen; y concienciar a la ciudadanía de que es un
comercio ilícito.
3. PROPUESTAS
• Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido
recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención,
a la recuperación integral de las víctimas y a su asistencia social, dependientes tanto
de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los
Ayuntamientos.
• Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios
públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los
servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
• Poner en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las
mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro,
en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del
proceso.
// 74

• Como herramienta de prevención de la violencia de género, publicar la lista de
maltratadores con sentencia firme. Es una medida disuasiva, proactiva y ajustada a
Derecho que ayudará a prevenir el maltrato.
• Establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las
mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
• Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género.
• Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y
de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
• Poner en marcha un Plan Integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores
víctimas de violencia de género.
• Proceder, de manera inmediata, a la reforma de la legislación en materia de familia y
menores para garantizar la obligatoria suspensión del régimen de visitas de menores
por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena por violencia
de género con el objetivo de que éstos no se conviertan en instrumentos de maltrato en
manos de sus padres. En ningún caso se le otorgarán derechos de visita ni custodia a
maltratadores condenados.
• Rechazar la custodia compartida impuesta, especialmente, en supuestos de violencia
de género para garantizar el derecho superior del menor y para que éste no quede en
ningún caso desprotegido.
• En consonancia con el Convenio de Estambul, el juez podrá suspender la guarda y
custodia y el régimen de visitas cuando haya indicios de delito de violencia de género.
• El llamado Síndrome de Alienación Parental será inadmisible como acusación de una
parte contra la otra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o
atribución de custodias de menores.
• Crear una Comisión Parlamentaria que trate específicamente la violencia de género.
• Exigir que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como
forenses, fiscalía y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados
especializados de violencia de género tengan certificada, previamente a ocupar su
puesto, una formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.
• Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas
de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la
CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que
España ha ratificado.
• Elaborar Planes de detección precoz para poder actuar desde los inicios de la violencia
de género.
• Impulsar estrategias de prevención y programas de atención a mujeres adolescentes
víctimas.
• Elaborar programas específicos contra la violencia de género a través de las TICs con
especial incidencia en la población joven.
// 75

• Aprobar en nuestra legislación medidas que desarrollen políticas encaminadas a la
abolición de la prostitución.
I. Reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa (el que alquila
habitaciones) en los términos del Convenio de Naciones Unidas, lo que permitirá
desmantelar la industria del sexo.
II. Introducir la figura de penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo medie o no
consentimiento de la persona prostituida.
III. Sancionar la demanda y compra de prostitución.
• Promover un acuerdo global para perseguir, de forma coordinada y eficaz entre todos
los países que se sumen al mismo, la deleznable lacra de la Trata de Personas con
fines de explotación sexual.
• Impulsar una Ley Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la
persecución de oficio del delito, evite la publicidad de contenido sexual y ponga en
marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las
personas que han sido explotadas.
// 76

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
1. DÓNDE ESTAMOS
Si existe un ámbito que ha sido especialmente castigado por las políticas del Partido Popular
ha sido el relativo a los derechos sexuales y reproductivos. Al final de esta legislatura, el PP
decidió modificar la legislación para restringir el derecho a interrumpir su embarazo a mujeres
de 16 y 17 años, un colectivo especialmente vulnerable. Las mujeres jóvenes, en situaciones
de gran complejidad y dificultad, se van a ver abocadas a un problema de consecuencias
difíciles de medir en el ámbito familiar si comunican su situación o a realizar un aborto
clandestino, con el correspondiente riesgo. Imponer el consentimiento de terceros a las niñas
menores de 18 años es contrario a las obligaciones contraídas en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
El segundo ataque que ha realizado el PP a la salud sexual de las mujeres ha sido la limitación
del acceso a los tratamientos públicos de reproducción asistida. En la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización han dejado
fuera a mujeres de más de 40 años, lesbianas y madres solas. El gobierno justificó la decisión
con la siguiente frase: “La ausencia de varón no es un problema médico sobre el que la
Sanidad tenga que hacerse cargo”. Esta argumentación muestra que estamos ante un ataque
ideológico a los derechos de las mujeres.
El Partido Socialista fue el impulsor en 2010 de la Ley de la salud sexual y reproductiva y de
interrupción del embarazo. Esta ley contó con los apoyos de todos los grupos salvo el PP.
Apostamos por recuperar ese marco legal y desarrollarlo en su totalidad. No solo debemos
garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en los plazos fijados, sino que debemos
profundizar en el desarrollo de la primera parte de la ley, la relativa a la salud sexual, ya que el
objetivo de esta Ley Orgánica es el de evitar los embarazos no deseados.
El Gobierno también ha de velar por la educación sexual y reproductiva de colectivos
especialmente sensibles y con serias dificultades: el de las mujeres prostituidas, el de las
mujeres inmigrantes y el de las mujeres con algún tipo de discapacidad.
3. PROPUESTAS
• Preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres de
16 y 17 años tal y como estaba previsto en la ley de educación sexual y reproductiva y
de interrupción voluntaria del embarazo de 2010.
• Impulsar políticas activas de educación y prevención a través de campañas
informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar a nivel general y, de
forma específica, con el desarrollo de programas educativos, a acordar con las
Comunidades Autónomas, dirigidos a los sectores poblacionales de mayor riesgo,
como es la juventud.
• Colaborar con las Comunidades Autónomas para favorecer la implantación y buen
funcionamiento de una red de centros de salud sexual y centros jóvenes.
• Ofrecer educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas
las etapas educativas.
• Promover programas y acciones específicas que tengan como destinatarias a las
mujeres que ejercen la prostitución y a las mujeres que proceden de otros países y
que, principalmente por razones culturales, integración y a veces incluso de idioma,
suelen tener mayores dificultades y un mayor número de embarazos no deseados y
enfermedades de origen y/o transmisión sexual.
// 77

• Garantizar un correcto y adecuado acceso a todos los programas y recursos de salud
sexual y reproductiva a las mujeres con algún tipo de discapacidad.
• Restablecer la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud los
tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres.
• La mutilación genital femenina es una grave violación de los derechos humanos, un
acto de violencia contra las mujeres y una muestra extrema de la desigualdad de
género, que atenta no solo contra los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, sino que les niega su derecho a la salud. En España, desde el año 2003,
constituye un delito recogido en el ordenamiento jurídico del Código Penal, con penas
de seis a doce años de prisión. Más de 65.000 mujeres y niñas residentes en territorio
español proceden de países donde se practica la MGF, constituyendo un factor de
riesgo importante (aunque no determinante por sí solo). Por ello, es totalmente
imprescindible que desde el gobierno se asuma el compromiso de la erradicación de
estas prácticas, fomentando y llevando a cabo protocolos como los diseñados en
Aragón, Cataluña o Navarra, donde el sistema educativo, el sistema sanitario y los
Servicios Sociales se coordinan (combinando perspectiva de género y perspectiva
transcultural) para la prevención y detención de mutilaciones, especialmente a niñas y
adolescentes y la puesta en marcha de planes de coeducación, de forma obligatoria,
en cada centro educativo.
// 78

IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD
1. DÓNDE ESTAMOS
El último Gobierno socialista en España convirtió la igualdad de trato y de oportunidades en
uno de los temas centrales de su agenda, ambicionando una sociedad cada vez más decente;
una sociedad en la que las instituciones no discriminaran a personas y colectivos, donde los
poderes públicos velaran porque dentro de la misma sociedad civil no se produjera abuso,
discriminación, comportamientos humillantes hacia personas y colectivos. No parece
exagerado afirmar que, a lo largo de las dos últimas legislaturas de gobierno socialista, nuestro
país se puso a la vanguardia mundial en la lucha contra las discriminaciones.
Por el contrario, durante estos años de gobierno popular no se ha avanzado e incluso se ha
recortado en las políticas públicas específicas de igualdad y se han atacado derechos
fundamentales.
El PSOE asume como compromiso principal la implementación de un modelo claro para y por
la igualdad. Si hay una seña de identidad del socialismo que resume todo lo demás es la
defensa de la igualdad. La igualdad es principio y valor fundamental de la acción política de un
partido de izquierdas como el nuestro.
Pretendemos situar de nuevo al Partido Socialista a la vanguardia de la lucha contra la
discriminación, con una serie de propuestas programáticas que sitúan la igualdad y los
derechos de la ciudadanía como elemento vertebral de nuestras políticas de gestión de la
diversidad. Por ello, las políticas de igualdad, sin abandonar la tradicional aproximación de la
mejora de las condiciones socio-económicas de los sectores vulnerables, deben adoptar el
enfoque de extensión de los derechos de ciudadanía.
3. PROPUESTAS
Igualdad de Trato y no discriminación
• Impulsar un proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que garantice la
igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad
sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
incorporando a nuestro ordenamiento la Autoridad contra la Discriminación, con
competencia en todos los campos y por todos los motivos de discriminación, autónoma
y eficaz, los mecanismos de inversión de la carga de la prueba y la ampliación de la
legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación.
• Aprobar, tras el estudio y seguimiento del fenómeno, una Ley Integral Contra los
Delitos de Odio que incluya medidas de prevención, sensibilización y sanción, así como
de ayuda, denuncia y atención a las víctimas. Los delitos de odio deben ser
perseguibles de oficio, su prescriptibilidad debe prolongarse y su sanción penal debe ir
acompañada de formación.
• Implantar fiscalías especializadas en la persecución de los delitos relacionados con la
discriminación, la intolerancia y el odio.
• Sensibilizar, formar e informar a todas las personas de la Administración de Justicia y
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acerca de la tipología,
características y necesidad de combatir la discriminación y los delitos de odio.
• Impulsar un Plan de Acción contra las Discriminaciones que afronte el fenómeno de
manera integral, tanto desde el punto de vista de los motivos de discriminación, como
de los ámbitos en los que se produce. Coordinará las actuaciones de las distintas
administraciones públicas, reforzando la formación de los empleados públicos,
// 79

operadores jurídicos y sociales. Establecerá medidas de apoyo y acompañamiento a
las víctimas de la discriminación, así como a las organizaciones que trabajan en estos
ámbitos, para la obtención de justicia, reconocimiento y reparación e incluirá
indicadores concretos para medir los resultados de las medidas, su dotación y memoria
económica.
• Impulsar la aplicación efectiva de la Ley de Partidos para ilegalizar los partidos
racistas, xenófobos, y los que promuevan la discriminación, el odio y la violencia.
Medidas contra la discriminación racial y étnica
• Impulsar un Plan integral contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada,
incluyendo la formación antidiscriminatoria, los Derechos Humanos y la Tolerancia
activa en todos los ámbitos educativos.
• Incorporar en los planes educativos la diversidad étnica/racial y la interculturalidad, con
el objetivo de visibilizar la diversidad étnica y racial de la sociedad española.
• Apostar por la Mediación Social Intercultural como herramienta de prevención y
resolución de conflictos, para favorecer la convivencia y potenciar la comunicación.
• Promover la declaración de un Día de la Memoria de la Esclavitud e impulsar la
creación del Instituto de Cultura Afro como instrumentos de reconocimiento de la
diversidad cultural y de apoyo a la comunidad negra, afroespañola, africana y de
afrodescendientes en España.
• Impulsar, promover y apoyar en nuestro país las líneas de trabajo e intervención
establecidas por Naciones Unidas en la Declaración del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes 2015 / 2024.
Medidas para la inclusión social del Pueblo Gitano
• Impulsar la creación de la Delegación del Gobierno para el Pueblo Gitano como
órgano político y administrativo de coordinación de las acciones del gobierno para la
población gitana y de colaboración con el resto de administraciones públicas
autonómicas y locales para promover políticas de desarrollo de la comunidad gitana.
• Elaborar un Libro Blanco sobre la discriminación y para la Inclusión Social del Pueblo
Gitano, que establezca una nueva Estrategia Nacional de Inclusión de la Población
Gitana, ampliando sus ejes de intervención actuales (vivienda, salud, empleo y
educación) a los ámbitos de la cultura y la lucha contra la romofobia.
• Apoyar la creación del European Romani Institute (ERI), el proyecto del Instituto de
Cultura Gitana Europeo. En este sentido, se impulsará desde el Gobierno de España la
promoción, reconocimiento y apoyo del romanó, como expresión de la lengua y cultura
del pueblo gitano, de acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por
España en este ámbito.
Combatir la discriminación por discapacidad
• Desarrollar plenamente la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de alcanzar la plena
inclusión de las personas con discapacidad, respetando su dignidad y garantizando el
pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, y la autonomía
personal.
• Reforzar la protección jurídica contra la discriminación y delitos de odio por razón de
discapacidad, garantizando el desarrollo autonómico del sistema de infracciones y
sanciones previsto en la actual legislación y su efectiva puesta en marcha,
promocionando el sistema de arbitraje previsto e incorporando indicadores.
// 80

• Revisar la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y,
especialmente, la referida a los internamientos forzosos, la restricción del derecho de
sufragio y la esterilización no consentida.
Medidas para la igualdad efectiva de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e
intersexuales y contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género
• Aprobar una Ley para la Igualdad efectiva de lesbianas, gais, transexuales,
bisexuales e intersexuales y contra la discriminación por orientación sexual e identidad
de género para:
I. Implementar en todos los niveles educativos y de forma transversal una adecuada
educación en valores y reconocimiento de la diversidad sexual y familiar, desarrollando
especialmente programas contra el acoso escolar hacia los adolescentes y jóvenes y
familias LGTBI , la formación de profesionales y el desarrollo de materiales didácticos.
II. Impulsar en el ámbito sanitario programas encaminados a hacer frente a la
discriminación, los prejuicios y otros factores sociales que menoscaban la salud de las
personas debido a su orientación sexual o identidad de género.
III. Garantizar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios
públicos, actores judiciales, agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y personal de las administraciones públicas.
IV. Impulsar estudios sobre la situación de la población LGTBI y la discriminación por
orientación sexual e identidad de género, incorporando además la variable de la
orientación sexual y la identidad de género en los diferentes estudios sociológicos que
se realicen.
V. Recuperar y mantener la memoria histórica de lucha del movimiento LGTBI, así
como promover la creación y difusión de la cultura de temática LGTBI.
• Aprobar una ley integral para las personas transexuales que:
I. Impulse un plan de inserción laboral y fomento del empleo para las personas
transexuales.
II. Actualice la Ley de Identidad de Género: elimine el requisito de la temporalidad del
tratamiento y del diagnóstico por disforia de género ,inclusión de menores en la Ley; y
que posibilite la adecuación de nombre y de sexo en la tarjeta de residencia de
personas transexuales extranjeras.
III. Establezca un protocolo que no indique patología alguna para la atención de las
personas transexuales en la sanidad pública, y considerar como una prestación más
de la cartera de servicios sanitarios obligatorios el tratamiento de reasignación de
sexo.
IV. Implemente un protocolo de trato, intervención educativa y apoyo para menores y
mayores transexuales y las personas intersexuales, su derecho a ser tratados
conforme a su identidad sexual incluyendo el uso de uniformes, la realización de
actividades y el uso de instalaciones segregadas, así como medidas contra la
transfobia.
• Incorporar de forma transversal en todos los niveles educativos la enseñanza de
educación sexual que incorpore la formación sobre los derechos sexuales y los
derechos reproductivos e integre la diversidad sexual y familiar.
• Garantizar el acceso de todas las personas, con independencia de su orientación
sexual y estado civil, a la reproducción asistida dentro del sistema sanitario público.
// 81

• Impulsar medidas que garanticen y faciliten el acceso a la adopción nacional de las
parejas LGTBI y promover acuerdos con terceros países para impulsar la adopción
internacional, así como dar una adecuada respuesta a los problemas que se producen
en el ámbito del registro y la filiación de las parejas del mismo sexo.
• Abordar y promover medidas ante la violencia intrafamiliar en las parejas del mismo
sexo.
• Promover programas de atención y apoyo a la población mayor y dependiente LGTBI
que impidan la discriminación, la desatención o la violencia hacia esta población en
todos los ámbitos, y especialmente en centros de días y residencia de mayores.
• Mejorar los mecanismos existentes para el estudio y otorgamiento, en su caso, de la
condición de asilado y el acceso a la protección subsidiaria por motivos de
persecución fundada en la orientación sexual o identidad de género, así como la
denuncia de las políticas y actuaciones de aquellos gobiernos que penalicen o
discriminen por motivos de orientación sexual e identidad de género.
• Impulsar los programas de cooperación al desarrollo que promuevan y garanticen los
derechos humanos de las personas LGTBI.
• Promover la conmemoración institucional del 28 de junio, día del Orgullo LGTBI, y del
17 de mayo, día internacional contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género (LGTBIfobia), y apoyar institucionalmente la celebración del World
Pride 2017 en Madrid.
Medidas para garantizar la no discriminación por edad
• Revisar toda aquella legislación, norma o práctica para evitar una discriminación
basada en la edad, analizando aquellos elementos que dificultan el acceso de las
personas a actividades laborales, profesionales, políticas y sociales, con criterios
exclusivos de edad.
• Analizar las limitaciones en función de la edad respecto al acceso de las personas a
actividades, recursos y servicios públicos o privados.
• Realizar un Plan de Actuación Intergeneracional, a fin de impulsar el encuentro entre
generaciones, fomentando el conocimiento y educando contra los estereotipos,
sensibilizando respecto a la no discriminación por edad, evitando que ésta no sea
motivo de exclusión e impulsando iniciativas que hagan del ámbito público y político un
espacio intergeneracional.
Garantizar la no discriminación por creencias, convicción u opinión
• Promover e impulsar iniciativas que eduquen a la Ciudadanía en los Valores Comunes
tales como Educación para la Ciudadanía y el programa de Alianza de Civilizaciones.
• Impulsar los Observatorios contra la Islamofobia y contra el Antisemitismo que velen
por la no discriminación hacia la población musulmana y judía en España, y promuevan
medidas, análisis y estrategias para combatirlas.
• Promover Cementerios Públicos No confesionales.
Medidas para la no discriminación por enfermedad.
• Promover la eliminación de todas aquellas actitudes, normas y prácticas que generen
estigma, discriminación y/o trato diferente por motivos de enfermedad, en los ámbitos
laboral, social, escolar y económico, así como impulsar el estudio y revisión de las
actuales limitaciones por motivos de enfermedad en el acceso al empleo y los
// 82

servicios a fin de modificar aquellas normativas que no se adecuen a las necesidades
de salud actuales.
• Incidir y ampliar la protección contra la discriminación por motivo de enfermedad, a la
familia y al entorno de la persona afectada por la enfermedad.
• Impulsar medidas sobre la importancia de un uso adecuado del lenguaje, por parte de
los medios de comunicación, para evitar que se generen connotaciones negativas y
una estigmatización social por motivos de salud, por parte de la sociedad y de la
opinión pública.
• Poner en marcha el Pacto Social contra la Discriminación de las personas con VIH
elaborado por el anterior gobierno socialista con la colaboración de múltiples actores y
extenderlo y adaptarlo para que dé cobertura a las personas que padecen hepatitis
virícas.
// 83

LAICIDAD
1. DÓNDE ESTAMOS
Desde el PSOE, frente a quienes responden a los desafíos con menos derechos, menos
democracia e imposición ideológica, perseguimos con carácter general la igualdad, la
solidaridad, el respeto a la libertad de conciencia y religiosa y la convivencia en libertad para,
desde la diversidad, construir más ciudadanía y más igualdad.
Dar una respuesta clara y concluyente en este sentido es para el PSOE fundamental, porque
un Estado que no define con claridad la libertad de conciencia y de religión es un Estado que
permite desequilibrios y desigualdades, privilegia a una parte de la ciudadanía y renuncia a la
igualdad plena y a la libertad de conciencia; de ahí que apostemos con nitidez por la
construcción de un Estado laico.
La consecución formal de este Estado laico, con separación efectiva entre el poder de las
instituciones democráticas y las religiosas, se logra con la aprobación de la Constitución de
1978. Nos encontramos en una fase de consolidación no sólo jurídica sino también cultural del
proceso de construcción de una laicidad efectiva del Estado y de su encaje con el pluralismo
cultural y religioso de la sociedad española.
La laicidad del Estado reclama su neutralidad y la defensa de la libertad de conciencia.
Defendemos la igualdad y la convivencia en libertad.
A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales perviven cuatro cuestiones que
deben afrontarse con determinación:
La asimetría de la normativa jurídica del derecho de libertad religiosa
Esta situación de desigualdad efectiva de las diversas confesiones religiosas debe afrontarse
con un diálogo abierto entre el Estado y el conjunto de las confesiones de acuerdo con los
principios de igualdad y neutralidad exigidas por la laicidad del Estado. De la misma manera
que la libertad de conciencia y la laicidad exigen tratar por igual las convicciones, el Estado no
puede distinguir unas convicciones sobre otras, ni unas confesiones de otras.
La pervivencia de confesionalidad en actos, símbolos y espacios públicos
En sintonía con el artículo 16 de la Constitución, el Estado debe actuar de acuerdo con el
principio de neutralidad. Así, se evitará cualquier tipo de confusión entre funciones públicas y
funciones religiosas en todo lo referente a actos institucionales, símbolos y espacios públicos.
La autofinanciación de las confesiones religiosas
Optamos por la contribución activa y voluntaria de las personas afines a sus iglesias como
medio adecuado para lograr una plena autonomía de las mismas en su sostenimiento.
El sistema de asignación tributaria actual no es aceptable debiendo de ser suprimido en
aplicación del principio de laicidad.
La enseñanza de la religión en los centros públicos
Defendemos una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y
respeto de las creencias privadas. De ahí que, en nuestro modelo de escuela pública no quepa
la integración, ni en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales.
// 84

Promoveremos la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos
de integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural y para evitar, por
ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos.
3. PROPUESTAS
• Actualizar en la Constitución el principio de laicidad según la interpretación del TC, y
suprimir la referencia a la Iglesia Católica. Contemplar en este precepto el
sometimiento de los representantes de los poderes públicos al principio de neutralidad
religiosa en sus actuaciones, que deberá regir también en la organización de actos
institucionales. Incluir que la objeción de conciencia por motivos ideológicos, religiosos
o de creencias solo se reconoce en los casos expresamente previstos por la
Constitución o la ley.
• Aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia que establezca un
estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas.
• Introducir criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos.
• Las tomas de posesión o promesa de cargo se harán únicamente ante un ejemplar de
la Constitución.
• Elaborar un protocolo para la organización de actos de Estado de carácter civil.
• Conservar los símbolos religiosos institucionales de edificios de carácter público
cuando se encuentren en espacios destinados al culto o cuando formen parte de los
elementos estructurales, estéticos o artísticos de la edificación o monumento. Los
demás, previa catalogación y dictamen, se retirarán.
• Denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede.
• Avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas.
• Establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que
no estén afectos a uso de culto o social.
• Reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que
desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha
inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique
la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o
cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser
de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como
tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.
• Proceder a la transformación de los lugares de culto en los centros públicos en lugares
de oración multiconfesionales.
• Establecer un nuevo y renovado marco legislativo que vele por el buen uso y correcto
funcionamiento de aquellos bienes inmuebles de interés cultural pertenecientes a la
iglesia católica o a otras instituciones, y que establezca mecanismos que eviten que
los inmuebles lleguen a encontrarse en situación de abandono.
• Promover Cementerios Públicos No confesionales.
• Recuperar iniciativas que educan a la población en los valores comunes como es la
Educación para la Ciudadanía.
// 85

UNA VISIÓN PROGRESISTA DE LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN
1. DÓNDE ESTAMOS
El ser humano es un ser social que se caracteriza por su capacidad para el lenguaje y su
inclinación, casi su necesidad, a comunicarse con los que le rodean y con la sociedad en su
conjunto. Por tanto, la información y la comunicación no son meras mercancías, ambos
conforman el derecho fundamental a la libertad de expresión, fundamental para la
supervivencia de la democracia. Por ello, el Estado debe actuar como sujeto activo para
garantizar su preservación.
La comunicación y la cultura son el espacio de la innovación y la fuente de los cambios
sociales hacia una sociedad democrática profunda, el caldo de cultivo donde se pronuncian y
se gestionan los disensos y el más poderoso mecanismo de transformación social. Son,
además, fuente de contenidos simbólicos y económicamente valiosos. El surgimiento de los
ordenadores personales, la telefonía móvil e internet han transformado nuestra sociedad,
afectando también a los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión al acelerar
el flujo de la información.
Somos testigos en las últimas dos décadas de la aparición de diarios digitales sin coste para el
usuario, de las versiones digitales libres o de pago de los periódicos en papel, y sobre todo de
la fenomenal novedad de los blogs, microblogging y las redes sociales en internet, como
Facebook o Twitter, que permiten una experiencia de comunicación y transmisión y recepción
de información carentes de mediadores como han sido tradicionalmente la prensa y los medios
audiovisuales de masas. Las personas que consumen información se han convertido también
en creadores de contenidos lo que ha repartido la generación de información, y favorecido la
aparición de nuevos “influenciadores”. Los y las periodistas han perdido peso social.
Los medios de comunicación en España presentan una estructura organizativamente pegada a
los soportes tradicionales, y están viviendo una crisis de credibilidad que proviene en gran
medida de su dependencia económica. Ésta es aún mayor en la información regional y local,
donde la debilidad del sector de los medios de comunicación es más perceptible, y donde se
hace más necesario el apoyo a proyectos periodísticos plurales pilotados por profesionales
independientes.
Los medios de comunicación públicos pasan por un momento muy delicado, que afecta a su
credibilidad informativa y a su viabilidad económica.
El regreso al gobierno del PP ha supuesto un ataque al modelo de radio y televisión pública
independiente y plural que introdujo la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de
titularidad estatal.
Se ha vuelto, de esta forma, a un sistema de elección de la Presidencia y de las vocalías del
Consejo de RTVE que ha gubernamentalizado de nuevo la Corporación, lo que ha redundado
en la manipulación de los servicios informativos, con clara vulneración de los principios de
independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor.
A ello se ha añadido la pérdida de calidad de la programación, como consecuencia de una
drástica reducción de los recursos vinculados con el cumplimiento de las obligaciones de
servicio público y de la caída del resto de ingresos como consecuencia de la crisis económica.
El sistema de financiación previsto por la Ley de 2009 no previó tres circunstancias relevantes
en el tiempo: la litigiosidad en torno a las aportaciones previstas, las estrategias de los
operadores para evitar o reducir los pagos y un escenario prolongado de crisis económica y su
repercusión negativa en el capítulo de ingresos del Estado.
En fin, y en relación con el conjunto del sector audiovisual, el Gobierno ha mostrado un escaso,
por no decir nulo, interés en su función de supervisión, función que es vital para garantizar
derechos básicos en una sociedad democrática como son el derecho a la libertad de expresión
y a la información libre y veraz. Éste es el sentido de la supresión por el Gobierno del Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales
// 86

Los y las socialistas apostamos por un proyecto de sociedad donde la información sea un bien
público, la comunicación un proceso participativo e interactivo, el conocimiento una
construcción social compartida, y las tecnologías de la información y la comunicación un
soporte que empodere a la ciudadanía y potencie las relaciones sociales.
Junto a los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, emerge el derecho de
la ciudadanía al acceso y transmisión de la información y opinión, como un derecho autónomo,
clave en la Sociedad de la Comunicación, que ha de caracterizarse por la defensa del
pluralismo.
Hoy en día la pérdida de peso social de la profesión de periodismo es evidente: ya no es el
único que informa, pues internet y las redes sociales han convertido a la ciudadanía en un
generador de contenidos. Sin la intermediación del periodista se corre el riesgo de que puedan
perderse valores inherentes al propio hecho informativo como la independencia, acabando
devaluándose el propio derecho a la información. La independencia, el rigor informativo o el
fomento de una actitud crítica en la ciudadanía son consustanciales al ejercicio de la profesión
periodística y a los procesos formativos de las facultades de comunicación; por ello desde el
PSOE defendemos también el papel de intermediación que desarrollan los medios de
comunicación así como el papel del periodismo en este sentido, por lo que legislaremos a favor
de fortalecer la posición de estos profesionales, que son tan importantes para el buen
funcionamiento de la democracia.
Con relación a la concentración de los medios en grandes grupos de comunicación y a su
dependencia económica, se requiere de una actuación decisiva por parte de los poderes
públicos con la constitución efectiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que
contribuya a la protección de los pequeños proyectos empresariales o comunitarios así como
una regulación de los conflictos de interés.
Asimismo, es preciso colocar el valor de la transparencia en el centro de la actividad de la
comunicación profesional. Los medios de comunicación deben también cumplir unos
estándares de transparencia respecto a su organización y financiación.
Es necesario acometer, a su vez, una serie de medidas tendentes a garantizar una radio y una
televisión pública estatal independiente y plural, que cumpla con su función de servicio público
y con los principios de objetividad, rigor, y pluralismo.
Igualmente debemos asegurar la estabilidad financiera de la Corporación RTVE, fijando unos
ingresos suficientes para que pueda desarrollar su función de servicio público con
independencia, calidad y capacidad de satisfacer las necesidades democráticas, sociales y
culturales mayoritarias de la ciudadanía y con la necesidad de preservar el pluralismo de los
medios de comunicación en España.
3. PROPUESTAS
Pluralismo en los medios de comunicación
• Puesta en funcionamiento del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para garantizar
la supervisión, la transparencia y el pluralismo en el convergente sector audiovisual y el
de las telecomunicaciones, así como el cumplimiento de la misión y las obligaciones
legales atribuidas a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual.
• Favorecer fórmulas de cooperativismo entre periodistas y otras fórmulas para
garantizar el pluralismo, promoviendo una oferta de calidad.
// 87

Imparcialidad, pluralismo, calidad y sostenibilidad financiera de los medios de
comunicación públicos
• Regresar al modelo de elección de la Presidencia y las consejerías de la Corporación
RTVE mediante una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso de los Diputados
para garantizar la independencia y el pluralismo en la elección de sus órganos de
dirección. Dicha elección se realizará de acuerdo con el sistema de nombramiento
propuesto para los órganos constitucionales y organismos reguladores.
• Fusionar y actualizar en una Ley la normativa encadenada en el tiempo, desde 2006
hasta 2015, que regula la actividad de la Corporación RTVE.
• Mejorar el sistema de financiación de la Corporación RTVE, con nuevos ingresos y con
nuevos mecanismos que garanticen la continuidad, la suficiencia e independencia
financiera de la Corporación.
• Asegurar un sistema integral de información, con indicadores cualitativos y
cuantitativos sobre la calidad y la presencia de los distintos grupos sociales y
formaciones políticas en los espacios informativos de RNE y TVE, que permita evaluar
el pluralismo, la imparcialidad y el acceso de los distintos grupos, haciendo especial
hincapié en el respeto a la igualdad de género en los contenidos.
• Elaborar un Estatuto que regule la condición de Servicio Público de la Agencia EFE en
aquellas actividades que tengan esta naturaleza. Dicho Estatuto fijará el control
parlamentario de su actuación.
Transparencia en la publicidad institucional
• Velar por que las adjudicaciones de publicidad institucional por parte del Estado se
hagan de acuerdo con los criterios objetivos de implantación social y territorial y de
difusión y penetración del correspondiente medio informativo, así como la libre
concurrencia y la igualdad de todos los medios de comunicación, como marca la
normativa vigente, todo ello con total transparencia.
• Detallar y hacer pública la cuantía de la inversión en publicidad institucional por medio
y los criterios que se siguen para dicha contratación.
• Exigir que los medios den a conocer periódicamente los ingresos que reciben por parte
de cada administración por publicidad institucional y qué porcentaje de sus ingresos
supone.
Nuevas tecnologías y medios de comunicación
• Promover líneas de crédito y ayudas financieras del Instituto de Crédito Oficial,
específicamente diseñadas para el sector de la prensa escrita, tanto para empresas
como para autónomos.
• Establecer líneas de subvenciones y préstamos reembolsables para la renovación
tecnológica del sector de la prensa escrita.
• Fomentar la constitución de pymes y cooperativas de profesionales para la constitución
de empresas de información digital.
• Ofrecer ayudas dentro de la tipología de proyectos de I+D+i orientados al desarrollo de
productos y servicios digitales nuevos o, sustancialmente mejorados y la mejora de su
eficiencia energética.
• Potenciar la televisión inteligente o híbrida como un nuevo modelo de negocio que
generará riqueza y empleo, que favorecerá la libertad y el pluralismo de los medios de
comunicación audiovisual pero garantizando unas condiciones óptimas de
// 88

competitividad y de regulación para salvaguardar unos intereses sociales de
importancia primordial, entre los que se encuentran la protección de los menores de
edad y la no discriminación por razón de origen étnico o cultural , género, orientación
sexual, religión, discapacidad o nacionalidad.
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MEMORIA HISTÓRICA
1. DÓNDE ESTAMOS
En el año 2007, el gobierno socialista aprobó la ley por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley de Memoria Histórica), con un amplio consenso.
Solo tuvo el voto en contra del Partido Popular y de ERC.
Lideramos, así, una de las reivindicaciones históricas de colectivos muy sensibilizados con
nuestra más reciente historia. En esta ley se ampliaron y reconocieron los derechos de todos
aquellos que padecieron la persecución y la violencia de la Guerra Civil y de la Dictadura
franquista.
Si evaluamos su aplicación, es una ley que tuvo un alto grado de cumplimiento. De esta forma,
se ha procedido a la declaración personal de reparación y reconocimiento como víctimas del
franquismo de miles de personas. Se han mejorado las prestaciones que venían percibiendo
las víctimas de la guerra y el franquismo y se han reconocido prestaciones a nuevos colectivos,
como los denominados “niños de la guerra”, las víctimas del tardofranquismo o las personas
homosexuales que fueron represaliadas por serlo.
Se intensificó la labor de retirada de símbolos franquistas. Se concedió la nacionalidad
española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales. Se creó, en 2008, la
Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para una atención e información
centralizada al colectivo. Se articuló un procedimiento para el acceso a archivos, incluidos los
históricos.
Se elaboró un mapa de fosas y se articularon protocolos para la localización, exhumación e
identificación de los desaparecidos y se apoyó con dinero público esta tarea. Se hizo hasta que
el PP llegó al Gobierno y redujo a 0 € esta partida presupuestaria y suprimió la Oficina de
Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Consideramos que hay que dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica. Las
recomendaciones de Naciones Unidas marcan el camino a seguir en la gestión de la memoria
histórica. Básicamente, el Estado debe asumir directamente la gestión de las políticas y
actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Se trata de que su
aplicación se lleve a cabo de manera efectiva y no dependa de la voluntad del gobierno de
turno.
3. PROPUESTAS
• Recuperar y reforzar la dotación de partidas presupuestarias relacionadas con las
exhumaciones.
• Asegurar la coordinación con Ayuntamientos y asociaciones en las actividades de
exhumación e identificación y actualización permanente de los mapas de fosas.
• Proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y
asociaciones de víctimas, caminando así hacia una mayor dignificación y
reconocimiento de su trabajo.
• Proceder a la reapertura y potenciación de la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra
Civil y la Dictadura, que creó el Gobierno socialista para el cumplimiento de los
objetivos contemplados en la Ley de Memoria Histórica.
• Crear Bancos de ADN con la urgencia y celeridad que obliga la avanzada edad de
muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la
Dictadura.
// 90

• Asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de símbolos
franquistas en instituciones y lugares públicos, para evitar la aplicación arbitraria que se
está produciendo en algunos municipios.
• Excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad
que ensalce o defienda la Dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la
xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las
víctimas.
• Aplicar con carácter urgente el nuevo significado dado al Valle de los Caídos por la Ley
de Memoria Histórica, dando efectividad a las recomendaciones del informe de la
Comisión de Expertos en la materia. El conjunto monumental deberá dejar de ser un
lugar de homenaje a las víctimas de una de las partes implicadas en la Guerra Civil,
para convertirse en un espacio para la cultura de la reconciliación, de memoria
colectiva democrática, dignificación y reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra
Civil y de la Dictadura.
• Promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las
recomendaciones de Naciones Unidas.
• Estudiar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales
franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.
• Abrir los archivos de instituciones y dependencias oficiales con información sobre la
represión franquista. Asegurar que se razone debidamente en derecho la clasificación y
secreto de los documentos. Respaldar las investigaciones que profundicen en la
recuperación de la memoria histórica.
• Abordar el robo de miles de bebés en España, entre 1940 y 1990, como un problema
de Estado. Articular los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda
la verdad sobre estos delitos de lesa humanidad, como han sido calificados por la
Comisión de Naciones Unidas en el informe sobre personas desaparecidas. Dotar de
cobertura jurídica, psicológica y asistencial a las víctimas.
• Establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día
de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo.
• Fomentar en el sistema educativo los contenidos que se deriven de todos los trabajos
realizados a favor de la memoria histórica.

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UNA ECONOMÍA
AL SERVICIO DEL
BIENESTAR DE
LA CIUDADANÍA

| UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL BIENESTAR DE TODA LA
CIUDADANÍA
Crear empleo estable, dignamente retribuido, es el objetivo que orienta todo el programa
económico socialista. Como prueba de que salimos de la crisis y no solo de la recesión, como
demostración de nuestra voluntad de cambio al servicio de toda la ciudadanía.
Los y las socialistas queremos preparar a España para superar los retos y aprovechar las
oportunidades del siglo XXI en beneficio de toda la ciudadanía. Esto implica, en el ámbito
económico, apostar por una economía eficiente y competitiva, creadora de empleo, que no
desconozca el marco transnacional en el que se desenvuelve, con un sistema energético
limpio, que genere una prosperidad que beneficie de forma incluyente a todos, que implique
una disminución de las desigualdades. Actuaremos en el corto plazo pensando en la España
que queremos para el medio y el largo plazo, apostando por la digitalización de los sectores
productivos de la economía, la transición energética, la innovación y el desarrollo, las políticas
que incrementen la cohesión social y la transformación sostenible de nuestra sociedad como
vectores de prosperidad, productividad y empleo, a medio plazo.
Superar la crisis económica exige maximizar el crecimiento económico mediante la mejora de
la productividad de nuestra economía pero garantizando también una redistribución de los
frutos de ese crecimiento que reduzca las desigualdades. Se trata de garantizar que no sólo
cumplimos con los requisitos impuestos desde Europa (reducción del déficit,
fundamentalmente) sino también que el crecimiento económico generado se dirija, de forma
prioritaria, a reducir la desigualdad.
La economía española está superando la mayor recesión de su reciente historia democrática.
La está superando, en gran medida, gracias a un contexto favorable, ajeno a las decisiones de
política económica nacional, en el que destacan una caída espectacular de los precios del
petróleo y una importante intervención del Banco Central Europeo en los mercados de deuda.
Pero ni la continuidad de la recuperación está asegurada, ni hemos resuelto los muchos
desperfectos sociales sufridos como consecuencia de las políticas conservadoras aplicadas
durante estos años. El modelo impuesto de devaluación salarial no es sostenible en el tiempo
ya que perjudica la reactivación del consumo de las familias, pone en riesgo la financiación de
las pensiones públicas, al reducir las bases de los cotizantes y, además, agudiza
peligrosamente las diferencias amenazando la cohesión social nacional. Necesitamos un
cambio en el rumbo de la política económica que no solo tenga como objetivo conseguir un
mayor crecimiento estable sino un mejor reparto social de los frutos del mismo. Necesitamos
reorientar nuestro tradicional modelo de crecimiento hacia premisas de mayor eficiencia en el
uso y consumo de recursos.
Todo ello, teniendo en cuenta las nuevas realidades a las que nos enfrentamos como país,
después de que el mundo haya sufrido una gran crisis financiera internacional propiciada por
los principios neoliberales de estado mínimo y no intervención en los mercados globales.
Nuevas realidades como las derivadas de los cambios económicos y políticos experimentados
tras la internalización del capital como factor productivo.
• Hoy, una cuarta parte del PIB mundial está generada ya por actividad internacional, bien a
través de filiales en el extranjero de alguna multinacional o bien a través de la exportación,
y la previsión es que el comercio mundial se multiplique por dos o tres en términos reales
en los próximos veinte años.
• En las últimas tres décadas el comercio mundial se ha multiplicado por diez, pero el stock
de inversiones directas extranjeras por más de 40. Las empresas ya no se limitan a
exportar, sino que invierten en el extranjero, compran empresas o establecen nuevos
centros de producción. Además crean Cadenas de Valor Global, es decir ‘descomponen’
un único proceso de producción (ejemplo un coche) en varios subprocesos (ejemplo I+D,
producción del circuito eléctrico, del motor etc. ensamblaje final...), que se desarrollan en
// 93

distintos países y que generan tráfico de productos y servicios intermedios entre las
distintas ubicaciones. Hoy casi el 60% del comercio mundial está integrado en cadenas de
valor global (CVG), controladas generalmente por alguna multinacional.
La globalización y la tecnología están acelerando el ritmo al que las economías menos
avanzadas se acercan al nivel de desarrollo alcanzado en otras partes de mundo. Fruto de
estas dos grandes megatendencias, el desarrollo y la riqueza ya no están tan concentrados en
un puñado de países occidentales y los países emergentes están asumiendo cada vez más
protagonismo en la economía y la política mundial. Este cambio trae consigo mucho más que
un simple movimiento geográfico: es una verdadera revolución para nuestra forma de hacer
negocios y gestionar empresas.
Además, la extrema movilidad que produce la globalización implica una extrema competencia,
que reduce drásticamente la capacidad de actuar de los Gobiernos en muchos ámbitos. El
resultado es una carrera hacia abajo en muchas áreas, desde condiciones laborales hasta
fiscalidad, incrementando la desigualdad por la vía de un menor peso en la renta nacional de
las personas asalariadas y en unas mayores dificultades para hacer sostenible el Estado de
Bienestar. Ahí nace la desigualdad del siglo XXI.
• Es decir, el aumento de la competencia y del tamaño del mercado tiene como
consecuencia el aumento de la desigualdad salarial, en la que los trabajos poco
cualificados son los grandes perdedores.
• Estudios rigurosos muestran que el factor educación (años de escolarización) explicaría por
sí solo el 80% del diferencial de renta per cápita entre España y los países más avanzados
de la OCDE. Por eso, a medio plazo el aumento del crecimiento potencial de nuestra
economía y la reducción de la desigualdad van íntimamente ligados a la mejora del nivel
educativo y formativo de nuestro capital humano, para adaptarse a los retos de un mundo
globalizado. Este es sin duda uno de los grandes desafíos de nuestro país.
España está bien situada para ganarse un lugar en el tablero global de las próximas décadas.
Es el quinto país en el mundo por su grado de internacionalización, con una exposición al
exterior (suma de comercio exterior e inversión directa) del 166% del PIB, similar a la de
Alemania y superior a la de Francia. Y, además, presenta una dinámica positiva y un buen
equilibrio entre exportación, recepción y emisión de inversiones.
Nuestras grandes empresas del Ibex 35 están internacionalizadas y ya facturan más dinero
fuera que dentro de España. Pero el fenómeno se ha extendido también a las pymes españolas
que se están internacionalizando y presentan un dinamismo relevante, sobre todo en el sector
servicios.
Los gobiernos nacionales no pueden hacer política económica hoy en día sin tener en cuenta
estas realidades cambiantes y su impacto sobre la ciudadanía. La dinámica de la globalización
altera las relaciones entre mercados internacionales, gobiernos nacionales y democracia, de
manera antes impensables. Nuestra pertenencia a la UE, que sigue siendo el intento más serio
de unidad política supranacional, nos permite enmarcar la lógica de la globalización bajo el
paraguas de unas estructuras comunitarias, imperfectas, pero que pueden sernos de ayuda
frente a los desafíos de los mercados internacionales, como vimos cuando el rescate a que
fuimos sometidos en 2012 como consecuencia de la falta de confianza en una parte de nuestro
sistema financiero. Cuando teníamos cerradas todas las fuentes de financiación externas, lo
que nos llevó a una severa sequía de créditos que agudizó la crisis interna, el rescate de
nuestras entidades bancarias encabezado por el Banco Central Europeo significó un punto de
inflexión positivo.
Todas estas nuevas realidades existentes imponen una dinámica política, tanto en los ámbitos
supranacionales, como en cada uno de los países, diferente a la existente hace unas décadas.
Con ello no se invalida la acción política nacional. Pero los condicionantes de lo posible se han
visto alterados. E ignorar esta realidad, no es una opción sensata. Ahora, para conseguir los
// 94

mismos objetivos, tenemos que aplicar otras soluciones, como las que proponemos los y las
socialistas en este programa, un programa reformista que persigue impulsar aquellas
transformaciones que impulsan la productividad, generan cohesión social y reducen privilegios.
En definitiva, que reduzcan la desigualdad.
Reducir la desigualdad es una reforma estructural necesaria para poder crecer y hacerlo de
forma sostenible. Para ello necesitamos que la productividad de nuestra maquinaria económica
sea máxima, en un contexto de competitividad mundial y de respeto al equilibrio ecológico. Y,
para conseguirlo, impulsaremos todas las reformas estructurales que permitan que nuestro
aparato productivo funcione al máximo, aprovechando todas las oportunidades abiertas por las
nuevas tecnologías, creando empleo estable y de calidad y, sin contradecir los objetivos
adquiridos en la lucha contra el cambio climático. Pero no queremos solo mejorar la
competitividad de nuestra economía, sino también poner en marcha políticas sociales
específicas que acorten los plazos de salida de la pobreza o reduzcan las distancias sociales
no justificadas. Necesitamos crecer para repartir. Queremos incrementar la riqueza nacional -
en un contexto muy diferente al existente antes de la crisis vivida- pero, a la vez, poner en
marcha mecanismos activos que ayuden a distribuir los frutos de ese crecimiento de una
manera equitativa de acuerdo con una concepción justa de la sociedad.
La distribución de la renta disponible en España, ha sufrido un empeoramiento durante la crisis
muy superior al de la media de la OCDE. Si en 2003 la renta del 20% más rico era de 5,7 veces
la renta del 20% más pobre, ahora esa cifra ha subido hasta 8,4 veces, lo que supone más de
un 47% de incremento. No sólo ha empeorado la distribución de la renta sino que se ha
producido una cierta polarización social: la distancia entre las personas más ricas y las más
pobres ha aumentado mucho más que la desigualdad total.
Una parte del aumento de la desigualdad obedece a causas estructurales mientras que otra
parte es coyuntural y está vinculada a la gestión nacional de la actual crisis.
Esto quiere decir que el fenómeno de aumento de la desigualdad en España no se resuelve
automáticamente con la salida de la crisis, no hay una sola manera de salir de la crisis. Luchar
contra la desigualdad requiere políticas específicas como las que hemos aplicado los y las
socialistas en otros momentos de nuestra historia reciente y que se desprenden de nuestro
ideario político tradicional. Por eso defendemos una salida de la crisis que, sin olvidar la
necesaria preocupación por el equilibrio presupuestario y la competitividad de nuestra
economía, no se olvide de las personas y que tenga también en la agenda la eliminación de las
desigualdades.
Una alternativa económica socialdemócrata de futuro para nuestro país exige tener en cuenta
que luchar contra la desigualdad, regenerar las instituciones y acabar con los privilegios,
apoyar a las empresas y el crecimiento económico, son elementos que se retroalimentan y se
necesitan mutuamente. Se trata de poner la igualad y la decencia a trabajar, de entender que
los objetivos de redistribución de la renta, de transparencia, la participación democrática, y
acabar con la utilización de las instituciones por el partido que apoya al Gobierno, no son un
lujo, sino que es la base sobre la que construir ese desarrollo al que aspiramos en España. En
realidad, ello implica: más ingresos públicos, un gasto público más eficiente, una mayor
competencia en los mercados y una mayor productividad.
Lograr una economía realmente competitiva, de alta productividad e inclusiva requiere
proponer un marco institucional que favorezca la participación de los individuos en la creación
de riqueza económica, sin espacios de privilegios. Una economía más inclusiva debe remover
los obstáculos al dinamismo, que han caracterizado durante décadas a la estructura económica
española, para permitir el acceso a la riqueza de una mayoría de la ciudadanía y empresas, y
de esta forma poder desplegar todo el potencial creativo y dinámico.
La economía española no puede desconocer tampoco los aspectos medioambientales. Un
Planeta que tendrá 9.000 millones de habitantes en 2050 requiere basar su prosperidad –
incluso su supervivencia- en un modelo económico mucho más eficiente en el uso de sus
recursos, mucho más prudente en la generación de externalidades negativas para el entorno.
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La premisa de un ¨mejor crecimiento y un mejor clima¨ orienta una recuperación económica
sostenida en el tiempo constituyendo una vía clara de generación de prosperidad y empleo. No
puede concebirse una reducción de emisiones de CO2 que no venga acompañada de creación
de empleo, de eficiencia energética o de mejoras en la habitabilidad de las ciudades y en la
salud de sus conciudadanos y conciudadanas. Es un proceso con gran potencial para generar
beneficios, estabilizar nuestras cuentas e invertir en nuestro futuro. Pero requiere realinear
políticas, diseñar estrategias de apoyo para los sectores más vulnerables y facilitar procesos de
decisión en el corto plazo que sean coherentes con las necesidades del largo plazo.
La ciudadanía del siglo XXI, el más global de todos, debe estar preocupada por el trato que se
da a cada uno de los habitantes de la tierra, desde la convicción de que existe una
responsabilidad individual para esforzarse en aprovechar las oportunidades existentes para
llevar a cabo los diferentes proyectos de vida personal, pero también de que existe una
obligación social para eliminar obstáculos y facilitar la igualdad inicial de oportunidades para
que cada uno pueda hacerlo en las condiciones más equitativas posibles.
Sólo mejorar la productividad de forma sostenible para repartir mejor reduciendo las
desigualdades representará una verdadera salida para todos de la crisis económica. Y eso
exige un cambio en la política económica y de reformas, en la línea de lo comprometido en este
programa.
PRINCIPALES RETOS DE LA ECONOMÍA
1. Crear empleo estable, con derechos y dignamente retribuido.
2. Cambiar el modelo productivo, para ser competitivos por valor añadido y talento, en vez
de por salarios bajos.
3. Mejorar la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas para afrontar los retos de la
economía del siglo XXI, a través de reformas en el sistema educativo y formativo.
4. Distribuir los frutos del crecimiento para que no se beneficien solo unos pocos, entre
otras medidas a través de una reforma del sistema fiscal progresiva, mientras
combatimos la creciente desigualdad social mediante una subida del SMI y un plan de
choque contra la pobreza, creando el Ingreso Mínimo Vital.
5. Incrementar los recursos dirigidos a la I+D+i creando un auténtico sistema nacional de
investigación e innovación, al tiempo que impulsamos la sociedad del conocimiento
mediante la plena digitalización de la economía.
6. Propiciar una transición energética hacia una economía verde, sostenible y generadora
de empleo.
7. Sanear nuestras cuentas públicas, para sacar a España del procedimiento de Déficit
Excesivo a través de una reforma fiscal y el control de la eficiencia en el gasto público.
8. Incrementar el tamaño medio de nuestras empresas para mejorar su empleo, su
productividad y su capacidad de internacionalización e innovación .
9. Reescribir las reglas de juego para reforzar la competencia empresarial, la buena
gestión de las empresas y la protección de los derechos de los consumidores y
usuarios
10. Actualizar el marco de relaciones laborales a través de un nuevo Estatuto de los
Trabajadores, recuperar la negociación colectiva y el valor del pacto social.
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I. UNA ECONOMÍA 4.0, MÁS PRODUCTIVA
DÓNDE ESTAMOS
La mejora de la productividad es la clave para el desarrollo sostenible de la economía española
y la asignatura pendiente de nuestra economía para incrementar las rentas futuras y abordar
con más eficacia los grandes problemas que ahora nos aquejan. Para competir preferimos
mejorar la productividad que reducir costes ajustando a la baja los salarios o el empleo.
Los datos siguen situándonos muy lejos de los niveles de productividad de las economías
avanzadas. Las consecuencias de esta debilidad son muy relevantes para nuestro país: menor
capacidad de generar renta y elevar los salarios, peor aprovechamiento de los recursos
productivos y un nivel de competitividad más bajo.
Varias razones explican el lento avance de la productividad en España:
• La primera es que parte del esfuerzo inversor no resulta productivo, no genera valor.
• Una segunda es la especialización productiva en actividades con poca capacidad de
generar bienes y servicios que adquieran valor en los mercados por su contenido
tecnológico e innovador y por su calidad.
• La tercera es el pequeño tamaño de muchas empresas.
• Una cuarta son los conocimientos y competencias de los y las trabajadoras.
• La quinta es el escaso peso de las inversiones de las empresas en formación, en
mejoras organizativas, en uso intensivo de las nuevas tecnologías para producir y
comercializar bienes y servicios, en innovación, marca, publicidad y reputación,
factores todos ellos que ayudan a las empresas a generar valor.
El tejido empresarial español se ha transformado extraordinariamente en las últimas décadas,
pero necesita un nuevo impulso para acelerar la salida de la crisis económica y, sobre todo,
para competir con garantías en la economía global, a través de una economía más dinámica,
más tecnológica, con más I+D+i, nuevas empresas innovadoras y el desenvolvimiento de
nuevos sectores como, por ejemplo, los servicios avanzados de la economía digital.
Asistimos a una digitalización progresiva de la economía, la sociedad y la política. Digitalización
que está transformando nuestras vidas, nuestra economía y nuestra sociedad. No nos
encontramos ante un cambio incremental, sino ante un cambio radical. Las tecnologías
digitales tienen dos propiedades que las hacen poderosas: están creciendo de modo
exponencial, y, además, son una innovación generalista y combinatoria, que penetra y,
combinándose, transforma todos los procesos, productos y servicios que conocemos.
España tiene cuatro grandes fortalezas empresariales:
La primera es que contamos con empresas líderes mundiales en los sectores de las
telecomunicaciones y tecnologías de la información, automoción, energía y energías
renovables, banca, construcción y gestión de infraestructuras, agroalimentación, biomedicina,
moda y textil, calzado, contenidos digitales y turismo-hostelería.
La segunda es la creciente capacidad de internacionalización de las empresas españolas,
demostrada antes y sobre todo durante la crisis, tal y como lo refleja el aumento de nuestra
cuota mundial de exportaciones.
// 97

La tercera es el gran atractivo de España como sede de empresas y para los profesionales
extranjeros altamente cualificados y el capital tecnológico, gracias a la estabilidad política, a la
buena evolución de los datos macroeconómicos de los últimos treinta años, las
infraestructuras, el nivel de desarrollo, las ciudades atractivas, el clima, la cultura y la
gastronomía, la red de servicios públicos y los niveles de seguridad.
Y la cuarta, nuestra posición geoestratégica. España está situada en un punto de paso
obligado de las rutas marítimas internacionales que comunican Asia, América, Europa y África.
España está situada en una encrucijada mundial de transporte de mercancías y viajeros. El
Estrecho de Gibraltar es la segunda ruta marítima más transitada del mundo y su importancia
estratégica global en relación con los mercados emergentes de Asia, África y América se verá
incrementada con las ampliaciones del Canal de Panamá y del Canal de Suez.
Sin embargo, existen también importantes debilidades que lastran la competitividad de la
economía española. Somos el decimotercer país del mundo por tamaño de PIB, pero no
estamos entre las treinta economías más competitivas: el informe del World Economic Forum
(WEF) de 2013 sitúa a España en la posición global número 35 y, en el indicador que mide la
facilidad para hacer negocios, el Doing Business del Banco Mundial, ocupamos la posición 37.
Las trabas burocráticas o fiscales a las que se enfrentan nuestros emprendedores y
emprendedoras son notablemente superiores a las de los países de nuestro entorno.
Aunque España tiene un gran número de empresas que compiten con éxito en los mercados
internacionales, en comparación con los países más prósperos, el número de empresas es
menor y nuestro tejido empresarial está más atomizado.
Por otra parte, y relacionado con lo anterior, España gastó en I+D el 1,24% del PIB en 2013,
muy lejos del 2,02% del promedio de la UE y por debajo del máximo histórico del 1,40% del
PIB del año 2010 y adicionalmente a esto, solo el 52% de esa I+D supone inversión privada,
cuando la recomendación de la UE sería del 67%.
Además, las empresas españolas se concentran en ramas de menor intensidad tecnológica
que las de los países más desarrollados de la UE, así como utilizan menos las denominadas
tecnologías facilitadoras relacionadas con la nueva revolución industrial 4.0, tales como las
tecnologías digitales, la supercomputación, la nanotecnología, etc..
Asimismo, España –también Europa– tiene un problema de natalidad de empresas
innovadoras que con el tiempo se conviertan en líderes mundiales: desde 1975, solo ha nacido
una compañía en la zona euro que actualmente esté entre las 500 más grandes del mundo: la
española Inditex. En el mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, el Estado de California (que
tiene menos habitantes que España) ha producido 26 empresas de este tipo.
NUESTROS OBJETIVOS
La economía 4.0 es la plasmación del cambio de modelo de crecimiento que necesita España
para asegurar más empleo y de mayor calidad.
Un cambio que tiene como primer objetivo mejorar la productividad de la economía, impulsando
los sectores industriales y sectores avanzados de alto valor añadido.
Para conseguirlo es absolutamente prioritario incrementar el tamaño medio de nuestras
empresas y robustecerlas de manera que todo su crecimiento no se base en uso de fondos
propios o apalancamiento privado y público.
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Es necesario impulsar la digitalización de todos los sectores económicos y de la sociedad en
general.
La economía 4.0 tiene que ser más global, más internacionalizada. Con mayores niveles de
inversión en I+D y con mayor absorción tecnológica de las empresas.
La economía 4.0 es dinámica, con más actividad emprendedora y mayores niveles de natalidad
empresarial. Una economía que también se propone actualizar las políticas dirigidas a los
sectores industriales maduros.
La mejora del tejido empresarial y del modelo económico de nuestro país ha de incorporar,
necesariamente, las limitaciones y oportunidades que ofrecen nuestros recursos naturales.
Nos marcamos como un objetivo irrenunciable apostar por un modelo eficiente en el uso de los
recursos, capaz de generar riqueza y bienestar sin destruirlos. Es el momento de mejorar la
productividad mediante un modelo capaz de ofrecer industria, servicios y bienes de equipo para
sociedades que, conocedoras de la limitación de los recursos, buscan la eficiencia y la
reducción drástica de externalidades negativas.
Vamos a facilitar una transición responsable, a sabiendas de que, si no reaccionamos
urgentemente, llegaremos tarde, despilfarraremos recursos y deberemos afrontar mayores
costes no sólo ambientales: también sociales y económicos.
1. REINDUSTRIALIZACIÓN
Un modelo que priorice la productividad debe extenderse a partir de un claro refuerzo del papel
de la industria en la economía ya que su aportación a los incrementos de productividad es
superior a la de los demás sectores.
Sin embargo en lo que llevamos transcurrido del Siglo XXI, se ha intensificado la disminución
del peso de la industria en Europa, especialmente como consecuencia del efecto negativo de la
crisis financiera de 2008. Cinco años después de iniciada la crisis, la aportación del sector
industrial al PIB de la UE-28 fue del 15% y del 14% la aportación al empleo total, cifras muy por
debajo de lo deseable. En el caso español este fenómeno se ha agudizado y, así, en los
últimos 15 años el porcentaje del empleo industrial respecto al total pasó del 20% al 13% y el
valor añadido del sector del 19% al 12%.
Es necesario implementar políticas para cumplir con el objetivo de la Estrategia Europea 2020
de aumentar al 20% el peso del sector industrial en el PIB.
No es extraño, por tanto, que crezca la reivindicación de un esfuerzo público mayor en favor de
políticas que impulsen una reindustrialización de España entendida en un sentido moderno que
incorpore actividades económicas amplias y procesos productivos basados en el impulso a la
innovación tecnológica. De hecho reindustrializar es hoy concentrar en las empresas todas las
mejoras disponibles para que eleven su productividad y competitividad. Reindustrializar es hoy
la mejor garantía para atraer talento e I+D, desarrollo y diseño tecnológico y empleo de
calidad.
Poco a poco en más actividades se está tendiendo a economías de coste marginal cero. Esto
hace que el concepto industrial predominante hasta ahora vaya transformándose en otro que
posiblemente irá en aumento en los próximos años. Los grandes centros de producción que
centralizan la fabricación de productos y después lo distribuyen a centros de consumo en la
mayoría de los casos alejados, es previsible que pueda pasar a un nuevo concepto con centros
más pequeños que dispongan de herramientas que permitan producir mucho más cerca del
consumidor final.
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Los y las socialistas no somos ajenos a estos nuevos paradigmas y por ello crearemos las
condiciones para que España pueda afrontar estos cambios con éxito, y coloque a nuestra
economía en los puestos de salida ante estos cambios.
También, será decisiva la creación de un sistema de inteligencia económica, que elimine
asimetrías de información, aspecto donde las pymes actualmente se ven desfavorecidas frente
a las multinacionales con más medios para acceder a esa información estratégica. Esta
información facilitará también la toma de decisiones de los actores públicos en materia
económica.
1.1.DIGITALIZACIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen inmensas repercusiones en
todas las dimensiones de nuestras vidas. La capacidad de las tecnologías digitales para
superar o, al menos reducir tiempos y distancias, han propiciado su desarrollo y masificación.
España se encuentra en una zona intermedia de la Unión Europea, con niveles saludables de
conectividad y capital humano digital, pero alejada de países desarrollados y con tamaño
similar al nuestro, como Reino Unido, Alemania o Francia. Existe pues un amplio margen de
mejora y desarrollo en cuanto a la integración digital de la sociedad, al uso de Internet en
aspectos clave como la economía, y a la prestación de mejores servicios públicos usando estas
tecnologías.
Para conseguir un desarrollo y crecimiento sostenible que nos permita dar un salto cualitativo,
los y las socialistas nos proponemos impulsar un cambio transcendental en nuestra sociedad y
economía: la Transformación Digital de España. Un cambio estructural que requiere coordinar
e integrar muchas políticas en diversos ámbitos, y que está guiada por un objetivo de país: que
en 2020, el uso masivo e inteligente de las tecnologías digitales sea un medio eficaz para
reducir las desigualdades; para abrir más y mejores oportunidades de desarrollo; y para
garantizar el respeto de los derechos de toda la ciudadanía española.
PROPUESTAS
Elaborar una Estrategia Integral para la Transformación Digital de España que contenga: (1)
una hoja de ruta con medidas: la Agenda Digital 2020, (2) una institucionalidad público-privada
para gobernarla: el Consejo Nacional para la Transformación Digital y (3) un instrumento para
seguir y hacer transparente el progreso de su aplicación: el Observatorio Digital. Esta iniciativa
se hará dando participación sector privado, el tercer sector, la ciudadanía y la Universidad.
Conectividad digital de calidad para todos
• Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de alta calidad son
prioridades para la Transformación Digital del país. Nos fijamos como metas conseguir
que antes de 2020 todos los hogares españoles puedan disponer de conectividad con
banda ancha de, al menos, 30 Mbps, y que, al menos, la mitad de los hogares
españoles tengan conexiones de más de 100 Mbps, así como garantizar la calidad de
las conexiones móviles y el acceso a estos servicios a las personas más
desfavorecidas.
• Poner en marcha el plan “Toda España Conectada”, que garantice un acceso
universal a la banda ancha de alta velocidad a precios asequibles en todo el territorio
nacional, con especial atención a las zonas rurales. Para ello, extenderemos la
obligatoriedad de cobertura móvil a todos los centros urbanos y empresariales,
integraremos entidades territoriales, actualizaremos la legislación referente al
despliegue de redes y adjudicaciones de espectro radioeléctrico, y promoveremos la
disposición de los recursos público-privados que garanticen la prestación de los
// 100

servicios de banda ancha. Este plan incluirá un programa social de conectividad para
los colectivos más desfavorecidos que facilite su acceso a banda ancha en
condiciones aceptables.
• Impulsar el plan “Banda Ancha de Calidad” para garantizar la calidad del servicio
entregado por las operadores y la experiencia de usuario. Este plan contemplará
iniciativas legislativas y técnicas que permitan el monitoreo de las redes y garanticen
el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cobertura, velocidad y calidad.
• Desarrollar un programa de apoyo a los municipios para extender redes locales que
complementen la cobertura de banda ultra-ancha de localidades, instituciones públicas
y hogares. Esta iniciativa contribuirá a reducir la brecha digital en aquellos lugares más
vulnerables del país que poseen pocas alternativas de conectividad, los cuales se
definirán en conjunto con las respectivas entidades regionales y locales.
• Crear un marco de cooperación público-privado para el desarrollo de redes y servicios
digitales de última generación, con la participación del sector privado, el sector público,
la Universidad y el sistema nacional de I+D+i, impulsando la participación internacional
en este ámbito.
Servicios públicos digitales para un Gobierno innovador, accesible y abierto.
El uso estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como de la
innovación, es clave para aumentar la calidad de vida de las personas, mejorar la prestación de
los servicios públicos, y estrechar la interacción de la ciudadanía con un Estado más abierto,
transparente y participativo. El despegue de nuestra nueva forma de ejercer el Gobierno de
España descansa sobre un objetivo principal: alcanzar un Estado que responda a las
demandas ciudadanas en forma oportuna y en igualdad de condiciones, independiente de su
ubicación geográfica. Para ello, planteamos las siguientes medidas:
• Extender los esfuerzos en materia de administración electrónica para evolucionar el
nivel de madurez de los trámites y procedimientos de las distintas Administraciones.
Se adoptarán medidas para ofrecer a la ciudadanía y a las empresas servicios
digitales más fáciles de usar, impulsando la carpeta ciudadana, repositorio único de
trámites y documentos digitales. De cara a alinear las iniciativas legislativas y
reglamentarias con el objetivo de una administración y una sociedad orientada a la
innovación, además de las memorias habituales de impacto, se obligará a dichas
disposiciones a tener una memoria de impacto innovador, de manera que se evite que
la legislación y normativa se encuentre desalineada con el desarrollo tecnológico de la
sociedad española.
• Se creará el Laboratorio de Innovación Pública para analizar, diseñar y promover de
manera conjunta con los responsables administrativos y con los agentes sociales y
económicos las procesos de transformación digital en la Administración General del
Estado para aprovechar al máximo las posibilidades de la digitalización en las
Administraciones Públicas.
• Impulsar iniciativas para mejorar, a través de las tecnologías digitales, la eficacia y
eficiencia de los servicios públicos de las distintas Administraciones, especialmente
aquellos relacionados con la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, la
cultura y la justicia.
• Desarrollar el plan “Gobierno Abierto” para favorecer la transparencia de las
instituciones. El plan ampliará el catálogo de la información que el Gobierno debe
publicar de manera proactiva; obligará a la utilización de formatos abiertos por defecto;
simplificará los mecanismos de acceso a los datos; creará los mecanismos para que la
ciudadanía conozca en todo momento los proyectos y las políticas que diseña el
gobierno y establecerá procedimientos para que puedan participar en su diseño y
// 101

seguimiento; y creará laboratorios para la innovación pública abiertos a la participación
de la ciudadanía, el sector público y el sector privado.
• Mejorar la “Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes” para impulsar la
implantación de servicios públicos en colaboración con la ciudadanía basados en
tecnologías digitales Smart City. Lo haremos con un espíritu de colaboración público-
privada junto a los actores de las distintas entidades involucradas, con un espíritu de
extender esta experiencia a otras Administraciones.
Un nuevo modelo económico basado en la Economía Digital y la Sociedad de la
Información
• Conseguir que más del 50% de las PYMES con plantillas de más de 10 personas
utilice herramientas y procesos digitales para la mejora de su productividad y realice
habitualmente operaciones de comercio electrónico con sus clientes y proveedores.
Además, aspiramos a un crecimiento del Sector Digital del 50% en 2020 respecto a los
valores del año 2013, y a la creación de más de 1.000 start-ups digitales. Lanzar
proyectos de incentivación de consorcios entre empresas líderes, PYMES y agentes
investigadores para la creación de proyectos tractores ligados a la transformación
digital de la Economía, mediante el apoyo de las Administraciones Públicas mediante
préstamos y subvenciones, complementadas con iniciativas europeas asociadas.
• Lanzar el plan estratégico para el “Desarrollo de la Economía Digital”. Este plan
incluirá actuaciones en tres ámbitos: (1) la transformación y renovación de los sectores
económicos a través del uso de tecnologías digitales, (2) el crecimiento e
internacionalización de nuestra industria TIC y de contenidos digitales, y (3) el impulso
al emprendimiento e innovación digital. Crear el plan “PYME Digital” para impulsar la
transformación digital de las PYMES españolas. El plan incluirá incentivos fiscales,
asesoramiento, herramientas y ayudas para la implantación de tecnologías digitales
para la optimización e innovación de los procesos de negocio.
• Desarrollar el programa “España Economía 4.0” para la modernización y dinamización
de los sectores industriales tradicionales de España, con énfasis en la Agricultura,
Ganadería, Pesca, Minería, Energías Renovables, Turismo, Logística, y Construcción,
entre otros. El programa incluirá la definición de planes sectoriales específicos para la
aceleración de la transformación digital de las empresas de estos sectores.
• Establecer un programa de “Transferencia Tecnológica para la Economía Digital” que
abrirá líneas de investigación y centros de innovación y transferencia tecnológica
digital en áreas de alto potencial ligadas a la Economía Digital (Internet de las Cosas,
Big Data, Robótica, Smart Home, Telemedicina, Biotecnología, Manufactura Digital
3D, Cloud Computing, Microelectrónica, y Mecatrónica, entre otras).
• Lanzar en el primer año de legislatura el programa “Start-Up Spain”, una iniciativa para
la incubación, aceleración y escalamiento de emprendimientos de base tecnológica
destinado a atraer emprendedores y emprendedoras nacionales e internacionales para
su implantación en España, poniendo particular énfasis en aquellas regiones con
menor desarrollo tecnológico y zonas rurales.
• Desarrollar el plan “España Ecosistema Digital” destinado a mejorar nuestro
ecosistema de emprendimiento e innovación digital. El plan pondrá en marcha
servicios de información y asesoramiento para alinear las Start-Ups con los servicios y
productos de mayor potencial y demanda, con énfasis en los sectores económicos
establecidos, incluida las Administraciones Públicas Además, se actualizarán los
instrumentos de financiación venture capital, se lanzarán actuaciones que incluirán
fondos de capital riesgo y fondos de garantía específicos para empresas de la
Economía Digital.
// 102

• Impulsar las iniciativas que permitan la transformación digital de los sectores
vinculados a los pilares del Estado de Bienestar (educación y sanidad), convirtiéndolos
en generadores de innovación para su traslación al sector productivo.
Competencias para la inclusión y formación digital
De nada sirven las infraestructuras digitales a quien no saben utilizarlas. Por eso,
aspiramos a ampliar las competencias digitales de todos los españoles y españolas, invirtiendo
en educación y formación digital de calidad a través de contenidos y recursos digitales que
favorezcan la inclusión social, las habilidades personales, la empleabilidad y la inserción
laboral. Para ello, lanzaremos las siguientes medidas:
• Desarrollar el plan “Capacitación Digital”, con la colaboración de todos los interesados
(tercer sector, voluntariado, Administraciones, sector privado) con el objetivo de formar
a personas y pequeños emprendedores en competencias y habilidades digitales. Se
pondrá énfasis en aquellos colectivos en riesgo de exclusión digital.
• Desarrollar el plan “Competencias Digitales para los Trabajadores” para mejorar las
posibilidades de empleabilidad y desarrollo profesional de los y las trabajadoras a
través de habilidades y capacidades en Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Lo haremos en coordinación con los agentes sociales.
• Crear el plan “Educación Digital”. Este plan impulsará la utilización de contenidos,
recursos y herramientas digitales en todos los niveles del sistema educativo español,
en coordinación con las distintas entidades administrativas, universidades y empresas.
Todos los planes anteriores prestarán una atención especial a las desigualdades de género y
territoriales del país.
Garantía y promoción de los derechos en la era digital
Desde el punto de vista de los valores y derechos de ciudadanía y consumo, el mundo digital
debe ofrecer la misma protección que el mundo físico. Sin embargo, dada las peculiaridades
del primero, será necesario articular nuevos procedimientos para seguir defendiendo con
eficacia estos derechos y valores en la era digital, a la vez que se facilita el desarrollo de
productos y servicios digitales que mejoren el bienestar general de la sociedad española. Para
ello, revisaremos la legislación en materias clave en el ámbito digital, como la protección de
datos personales, los derechos de los consumidores y de autor, la ciberseguridad, o la
neutralidad de la red. En particular, proponemos:
• Poner en marcha un programa de protección de los derechos de los consumidores en
el mundo digital, asegurando un lenguaje sencillo y comprensible de los contratos, con
mecanismos claros y ágiles de vinculación y desvinculación de los mismos.
• Tomar medidas legislativas que aceleren la convergencia al Mercado Único Digital de
la Unión Europea, y permitan la eliminación de trabas que permitan el desarrollo de los
modelos de negocio asociados de forma segura y confiable.
• Desarrollar programas de ciberseguridad para incrementar la seguridad y confiabilidad
en las redes y plataformas, con especial incidencia en la prevención en ciudadanía y
empresas. Reforzar el INCIBE y crear un polo de excelencia en ciberseguridad en
León para concentrar empresas y formación, en colaboración con el resto de las
Administraciones. Se reforzarán los programas específicos de protección de menores
en la red y de apoyo al uso responsable de la misma entre la juventud. Impulsar la
protección efectiva de los menores en Internet, con la creación del Centro de
// 103

Seguridad del Menor en la Red, coordinado desde Red.es, que promueva programas
de formación, sensibilización y concienciación para menores, padres, madres y
educadores y educadoras, coordine la colaboración público-privada de las iniciativas
en este ámbito y se integre en las redes europeas de protección al menor en la red,
Insafe e Inhope
• Garantizar la igualdad y libertad de acceso de la ciudadanía a los servicios digitales
mediante la puesta en marcha de una legislación que apoye y defina la neutralidad de
la red, plataformas y dispositivos y la prohibición de cualquier discriminación no
justificada.
• Abordar el diseño de una política de igualdad de género en el entorno digital, que
incluya el diseño de mecanismos de promoción y medición de la participación de las
mujeres y niñas en el acceso y uso de las TIC, así como en la capacitación,
empoderamiento y educación en competencias digitales.
1.2 I+D+i
Las empresas son las protagonistas de la política industrial y de la política de innovación. Sin
embargo, el papel clave que juegan el personal científico y los centros de investigación como
motores o drivers del cambio tecnológico es indiscutible. Concretamente, es claro que (1) una
economía fuertemente innovadora necesita una sólida base de ciencia básica y aplicada, sin la
cual, por ejemplo, no nacerían la mayoría de start-ups tecnológicas; y (2) muchos proyectos de
I+D empresarial tienen un componente científico desarrollado por universidades, centros de
investigación, centros tecnológicos o científicos individuales.
También es posible apreciar, como demuestran los datos de Eurostat en relación con los
países de nuestro entorno, cierta correlación entre inversión pública (sobre todo, deducciones
fiscales) en I+D+i y creación de empleo cualificado.
Las economías más innovadoras y competitivas del mundo nos demuestran que la política
científica debería priorizar, dentro de las áreas de investigación, aquellas que puedan tener un
impacto mayor en el conjunto de la economía y la sociedad estableciendo acciones
estratégicas específicas que sirvan de catalizador de la innovación empresarial.
PROPUESTAS
• Duplicar la inversión pública no financiera en I+D+i civil en la legislatura, ajustando la
inversión dedicada a operaciones financieras a las necesidades y capacidad real de
absorción por empresas e instituciones. Al final de la legislatura los recursos
destinados a operaciones no financieras alcanzarán como mínimo el 50% de la
inversión pública total, y ésta representará al menos el 2,5% del gasto público en los
Presupuestos Generales del Estado.
• Potenciar la Red INNPULSO de ciudades innovadoras para incorporar las entidades
locales a la Estrategia Nacional de Innovación con una adecuada dotación de recursos.
• Crear el Estatuto jurídico de Joven Empresa Innovadora, que unifique y clarifique el
marco regulatorio de aplicación para que el conocimiento generado en los centros de
investigación se transfiera a la sociedad.
• Reforzar el papel de las OTRIs (Oficinas de Transferencia y Resultados de la
Investigación) de las Universidades y OPIs para poner en valor el stock de
conocimiento y saber disponible.
• Restablecer como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una inversión
total, pública y privada, del 3% del PIB y defender en las Instituciones Europeas la
// 104

aplicación de la “regla de oro” que permite que las inversiones en I+D+i no computen
como gastos en el cálculo del déficit público.
• Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, dirigido por la Presidencia del
Gobierno.
• Convertir el CDTI en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y
mayores recursos para que pueda realizar con plena eficacia las funciones previstas
por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, evitando la dispersión de
programas y convocatorias de ayudas entre departamentos. En particular,
potenciaremos el papel del CDTI para ayudar a nacer y crecer empresas tecnológicas
también mediante la capitalización de las mismas en aquellas fases donde apenas hay
agentes privados por el alto riesgo tecnológico y financiero inherente, es decir desde la
fase de capital semilla y arranque hasta la de maduración y expansión de la empresa.
• Expedir sin coste alguno las certificaciones tecnológicas necesarias para las
deducciones fiscales por I+D de las empresas, con el fin de mejorar la eficacia del
sistema de incentivos fiscales a la I+D+i. España tiene uno de los sistemas de
incentivos fiscales a la I+D de las empresas más generosos de la OCDE. Sin embargo,
muchas empresas españolas que realizan I+D, sobre todo PYMEs, no utilizan las
deducciones fiscales existentes por razones de seguridad jurídica y por el coste
relativamente elevado de las certificaciones que se exigen. Mejoraremos aspectos tales
como los tiempos para lograr la acreditación, estableceremos el silencio positivo para la
auditoría de gastos, la igualación de las bonificaciones de productos y las de procesos
o la estabilidad de los incentivos para el futuro.
• Mejorar el marco fiscal para favorecer la reinversión y el cambio tecnológico,
mejorando las deducciones por reinversión en actividades de alta y media tecnología y
creando una reserva contable por obsolescencia tecnológica.
• Establecer un nuevo programa de estímulo de la cooperación público-privada en
investigación industrial que, basado en la experiencia del programa CENIT, financiará
con subvenciones de hasta el 50% proyectos orientados a una investigación de largo
plazo en áreas tecnológicas de futuro y con potencial proyección internacional.
• Aplicar criterios de optimización en la definición, redefinición y dotación de Parques
Científicos y Tecnológicos con el objetivo de fortalecer estas infraestructuras, de modo
que se transformen en clúster empresariales innovadores y espacios favorecedores de
la circulación de conocimiento.
• Rebajar el tipo de interés de los créditos blandos del Gobierno de España que financian
proyectos de I+D+i empresarial, tomando como referencia el tipo al que se endeuda el
Estado.
• Impulsar la Compra Pública Innovadora (CPI). Dedicaremos el 3% de todas las nuevas
inversiones públicas a Compra Pública Innovadora e incluiremos en la CPI criterios de
eficiencia y sostenibilidad ambiental. La CPI estimula la “demanda temprana”, permite
a las empresas validar nuevas tecnologías y tiene un efecto demostrador ante clientes
–públicos y privados- de terceros países, que piden referencias sobre empresas
españolas que optan a licitaciones en el extranjero. Permite además mejorar los
servicios públicos a la ciudadanía, incorporando tecnologías y procedimientos
novedosos.
• Potenciar y ampliar el Sello de PYME Innovadora, como por ejemplo en Francia, que
sirva para visibilizar y estimular las actividades de innovación empresarial y permita
simplificar drásticamente trámites administrativos relacionados con el fomento de la
innovación. Y que estos sellos también puedan puntuar en los procedimientos de
licitación como empresas comprometidas con el desarrollo y la mejora continua.
// 105

• Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una red de
centros tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing Institutes de EEUU y
el Fraunhofer-Institut de Alemania. a red de CEII estará formado por una serie de
Institutos para la Innovación Industrial en torno a los “productos y tecnologías
facilitadoras” (tales como nanotecnología, micro-nano electrónica, materiales
avanzados, fotónica, biotecnología industrial o sistemas de producción avanzados) en
los que colaborarán empresas, universidades, centros de investigación y
administraciones públicas.
• Mejorar el entorno fiscal y financiero para hacerlo accesible de forma preferente a las
PYMEs que desarrollen actividad innovadora vinculada a la generación de puestos de
trabajo o que integren innovación. Rebajar al 0% el tipo de interés de los créditos
blandos del Gobierno de España que financian proyectos de I+D empresarial y
reconocer al inversor comprometido con el emprendimiento y la innovación.
• Asegurar que los incentivos fiscales puedan ser extendidos a los inversores, ya sean
personas físicas, sociedades de capital riesgo o fondos de inversión, que inviertan en
jóvenes empresas innovadoras, dado que éstas frecuentemente no pueden aprovechar
los incentivos al no tener beneficios en los primeros años de vida.
• Promover medidas específicas de apoyo para la participación de las PYMEs en los
proyectos I+D con grandes empresas, estimulando de forma eficiente los binomios
Empresa Tractora–PYME para fomentar el desarrollo tecnológico y permitir a las
PYMEs alcanzar la dimensión necesaria para incrementar su productividad, competir
internacionalmente y desarrollar actividades innovadoras más ambiciosas.
• Impulsar un Plan para la Internacionalización de Empresas Innovadoras que incluirá los
aspectos fiscales y financieros, el establecimiento de alianzas estables en otros
continentes, la mejora y adaptación de los programas de colaboración científica y
tecnológica actuales y el aumento del porcentaje de fondos nacionales vinculados a
cooperación internacional en I+D, así como el impulso de nuevos programas, entre
otras líneas de actuación.
Medidas para impulsar la industria manufacturera
La reindustrialización de España no puede basarse exclusivamente en el desarrollo de
industrias de tecnología punta o intensivas en capital. Es necesario también la potenciación de
sectores de gran importancia tradicional en España como son la industria agroalimentaria, las
relacionadas con el textil y el calzado, el equipamiento del hogar, la industria química y
farmacéutica, entre otros. En conjunto, estos sectores representan cerca del 40% del total de
las exportaciones, por encima del 20% que representan los bienes de equipo o del 15% que
suponen los alimentos sin procesar o el sector de la automoción.
Se trata, en general de sectores cuya importancia va más allá de su participación en el PIB. El
predominio de las PYMES, su carácter intensivo en empleo que requiere cualificaciones
específicas, sus fuertes eslabonamientos dentro de la cadena de valor en relación con las
industrias extractivas, les confieren una importancia estratégica para lograr una economía
equilibrada y armónica en su conjunto. Asimismo, la localización multipolar frecuente de estos
sectores en los diferentes territorios formando distritos o clusters industriales implantados por
todo el territorio nacional les confiere una gran importancia para la cohesión territorial y la
dinamización de entornos con una base económica débil y sin facilidad para dotarse de
alternativas en el corto plazo.
Todas estas actividades se caracterizan por un importante predominio de las pequeñas y
medianas empresas, un intenso proceso de innovación tecnológica de la mano no sólo del
cambio en las tecnologías de producción sino también de la integración de actividades de
desarrollo reciente en otras más tradicionales dando lugar a nuevos campos de desarrollo
como la domótica o los textiles inteligentes, y al mismo tiempo una intensa competencia
// 106

internacional proveniente de países de reciente incorporación a los flujos del comercio
intraindustrial a nivel mundial. Casos de éxito de empresas españolas de estos sectores que
ocupan lugares de liderazgo a nivel mundial deben servir de estímulo y trampolín para que más
empresas sigan su ejemplo.
Buena parte de las medidas de reindustrialización presentadas en este capítulo tienen en el
sector de las industrias manufactureras un ámbito fundamental de aplicación para mejorar la
capacidad de competir de la economía española en su conjunto. Junto a esas presentamos las
siguientes propuestas específicas para este sector:
PROPUESTAS
• Elaborar planes sectoriales de diagnóstico de necesidades de innovación a nivel
nacional a propuesta y con participación de las CC.AA. interesadas en cada sector,
asociaciones empresariales o grupos de empresas, para impulsar el desarrollo de
nuevos procesos y productos con mayor contenido tecnológico. Las universidades, los
organismos públicos de investigación y los centros de investigación privados serán
invitados a participar.
• Impulsar la creación de clusters sectoriales o territoriales en torno a universidades,
centros tecnológicos o empresas de tamaño mediano-grande para llevar a cabo el
desarrollo tecnológico y la aplicación productiva de los planes sectoriales de
necesidades de innovación. Implicar al CDTI en la financiación de los proyectos
surgidos en el marco de estos planes, en coordinación con los organismos
competenciales correspondientes de cada Comunidad Autónoma.
• Apoyar la creación y funcionamiento de unidades de servicios avanzados en materia de
innovación en régimen de cooperación entre empresas para superar limitaciones de
escala, tales como servicios de diseño y desarrollo de producto, de gestión de
plataformas en la red, de análisis de laboratorio y certificación de cumplimiento de
normas técnicas, prospectiva de mercados, gestión logística de abastecimientos y
distribución, publicidad, servicios de gestión administrativa compartida incluyendo la
licitación conjunta de pymes a contratos públicos.
• Apoyar estrategias conjuntas de empresas para la apertura de nuevos mercados y el
reforzamiento de la presencia en los actuales, en colaboración con las Cámaras de
Comercio y Oficinas Comerciales, Turísticas y Culturales del Gobierno de España en el
exterior así como como con ferias internacionales de referencia en cada sector.
• Reforzar la complementariedad entre la promoción exterior de los productos españoles
y el papel que los turistas que visitan España pueden desempeñar también como
embajadores de los productos de consumo españoles (p. ej. a través del turismo de
compras, el consumo de productos en servicios de restauración o su uso en los
alojamientos turísticos).
La protección de la propiedad industrial y la promoción de patentes.
Para incentivar la innovación e incrementar sus beneficios, es esencial proteger los derechos
de propiedad Intelectual e industrial. En una época de rápido cambio tecnológico, es necesario
equilibrar esta protección a la propiedad industrial –que proporciona incentivos para la primera
innovación, para que no bloquee futuras innovaciones e impida que haya demandas judiciales
abusivas.
Por lo tanto, proponemos:
• Elaborar un plan estratégico a medio plazo de promoción de propiedad industrial, con
la participación de todos los agentes del sistema, que contemple las acciones a realizar
// 107

para aprovechar el potencial económico que pueden representar las innovaciones
producidas por el sistema de I+D. Establecer, dentro de dicho plan un marco
regulatorio que potencie y facilite la colaboración entre empresas y Universidades u
Organismos públicos de Investigación.
• Mejorar el funcionamiento de la Administración en relación a la propiedad industrial, en
particular en la calidad de sus resoluciones y en los tiempos en que realiza su trabajo,
fomentando el acceso directo de la creatividad y la innovación a los registros,
simplificando trámites y facilitando el acceso a los mismos a través de internet de
manera que se equipare la Oficina Española de Patentes y Marcas en calidad y
excelencia tanto a la Oficina Europea de Patentes como a la Oficina de Armonización
del Mercado Interior.
• Impulsar la resolución extrajudicial de conflictos en materia de propiedad industrial
como medio para la agilización y simplificación de los mismos.
• Defender la libertad de elección del software en las Administraciones Públicas,
fomentando el uso de software abiertos y evitando la imposición de determinados tipos
de software sobre otros que limiten la capacidad de las AAPP de adaptarse a las
necesidades cambiantes del entorno. Establecer claramente la no patentabilidad del
software. Crear un marco regulatorio realidad de la situación.
• Establecer una tarifa especial de ¨coste cero¨ para el registro de patentes surgidos en
el ámbito universitario o científico en proyectos de investigación cuyos objetivos estén
recogidos en los Planes Nacionales de I+D.
• Incorporar un nuevo supuesto en el que proceda someter una patente a un régimen de
licencias obligatorias para garantizar el equilibrio entre el interés general y el interés
individual del titular de la patente. Este supuesto se producirá en aquellos casos en los
que el invento haya demostrado tener efectos determinantes para el tratamiento
médico de pacientes cuya salud corre un riesgo severo y los precios resulten abusivos
atendiendo al coste de producción o de comercialización en otros países, y además
supongan una carga excesiva para el servicio de salud o para los pacientes que deban
sufragarlo.
• Continuar apoyando el castellano, y a las demás lenguas oficiales, como lenguas
tecnológicas, sin que se perjudique a los intereses de las empresas españolas en el
ámbito de la patente unitaria europea, y estimularemos la presencia de expertos y
expertas españolas en los organismos internacionales más destacados en Propiedad
Industrial.
• Promover un sistema alternativo y gratuito para la protección del Diseño Industrial, con
especial atención a las pymes y sectores tradicionales
• Crear un marco jurídico para la protección de las denominaciones de origen no
agrícolas
1.3. EMPRESAS MÁS GRANDES Y DINÁMICAS
El tamaño medio de nuestras empresas es demasiado pequeño lo cual tiene consecuencias
importantes en su capacidad para mejorar su productividad y exportar. Es por tanto necesario
apostar decididamente por su crecimiento para que nuestras empresas medianas, con su
potencial productivo y de creación de empleo estable y de calidad, jueguen un papel esencial
en nuestra economía.
Para ello, no es sólo necesario fortalecer las empresas de hoy sino también crear el caldo de
cultivo para las empresas del futuro, las que están por nacer.
Es necesario bajar las barreras (burocráticas, fiscales y laborales), que impiden o dificultan su
creación.
// 108

También es necesario ayudar a las empresas a crecer, a fusionarse, a expandirse. En la
economía española los umbrales de 6 millones de euros y 50 empleados, a efectos
administrativos, fiscales y laborales, producen un efecto escalón, que se traduce en un menor
incentivo para las pequeñas en convertirse en medianas. Hay que luchar contra estas barreras
que limitan el crecimiento de las empresas españolas y facilitar su internacionalización, el
acceso a financiación y una cierta unidad de mercado.
Medidas para incrementar el tamaño medio de las empresas
• Fomentar el capital riesgo empresarial para potenciar segundas y terceras rondas de
financiación, mediante un tratamiento fiscal favorable para el inversor.
• Favorecer a través de préstamos participativos y desde capital riesgo público el
crecimiento y diversificación de las PYMES, en proyectos que conlleven generación de
empleo a largo plazo.
• Fomentar las agrupaciones sectoriales o “clúster” empresariales, en colaboración con
las CCAA, a partir de parques tecnológicos o industriales, como elementos necesarios
para la mejora de la competitividad de los sectores industriales en las regiones,
dotándoles al mismo de un importante apoyo financiero.
• Posibilitar que las PYMES puedan formar Uniones Temporales de Empresas (UTES)
de una forma más sencilla, ágil y económica.
• Actuar para combatir la morosidad empresarial que tanto perjudica a las pequeñas
empresas. Aprobaremos la implantación de un Régimen sancionador en materia de
morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio del
Estado y disuadir los retrasos en los pagos. También unificaremos los plazos de pago
que deben cumplir todas las empresas en España y exigiremos a las empresas
contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los
plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
• Poner en marcha medidas equivalentes al Small Business Act de EE.UU. para dedicar
una parte sustancial del gasto de las Administraciones Públicas al fomento directo, en
calidad de proveedor, de la creación, desarrollo y colaboración de nuevas empresas y
desarrollo de PYMEs existentes, mediante una competencia mayor y más equitativa en
la concesión de contratos públicos, con énfasis especial en la innovación y las
actividades de reducción de la huella ecológica.
• Mejorar el entorno de negocios empresarial con el objetivo de que, en dos legislaturas,
España esté entre los 10 primeros países del mundo en el Índice Doing Business.
• Sustituir el sistema de licencias por un sistema de acreditaciones –abierto y sin cupo-.
Extender el silencio administrativo positivo y la Declaración Responsable del
empresariado para empezar a operar. Fomentar el reconocimiento mutuo entre CCAA
de las licencias y permisos para hacer efectiva la unidad de mercado.
• Impulsar un registro único de documentación administrativa oficial para cada persona
física y jurídica, con el fin de desplazar a la Administración la carga de la prueba en la
aportación de la documentación ya entregada.
• Facilitar la transmisión empresarial y la adopción de mejores prácticas en las pymes,
adoptando una plataforma española que conecte las empresas con especialistas en
fusiones y adquisiciones, derecho, auditoría, contabilidad, fiscalidad, bancos y todos
aquellos intermediarios y agencias dedicadas a la transmisión de empresas.
// 109

• Llevar a cabo una experiencia piloto en colaboración con CCAA y Diputaciones para
crear los denominados "Equipos de apoyo", que serán funcionarios especializados en
el asesoramiento in situ de empresarios y emprendedores de cara a la mejora de la
productividad empresarial y de la tramitación y puesta en marcha de empresas, pero
desde un ámbito muy cercano de tutorización real y aplicada al caso.
Medidas para facilitar la internacionalización de la empresa
• Crear España Global. Centralizar los organismos vinculados con la internacionalización
bajo un único esfuerzo en torno a una iniciativa “España Global” provista de una
identidad jurídica que le permita operar con flexibilidad y autosuficiencia financiera (con
capitalización estatal e ingresos privados). Coordinar esta iniciativa con los
instrumentos existentes en las Comunidades Autónomas.
• Reforzar el ICEX: Dentro de España Global y reconducir su actividad de la generalidad
a la especialización y concentración de su acción. Anualmente se establecerá un plan
de acción de carácter rotatorio a un número escogido de países y sectores.
• Crear el programa “empresa global” de apoyo específico a empresas de
internacionalización acelerada.
• Elaborar un Plan que potencie el papel internacional de las empresas españolas como
proveedores de servicios desde nuestro país, especialmente tecnológicos.
• Aumentar los incentivos para que las grandes multinacionales españolas (IBEX) actúen
como tractoras de la internacionalización de nuestras PYMEs.
• Potenciar la entidad “Invest in Spain” y fomentar inversiones emblemáticas en los
sectores prioritarios y en nuevas tecnologías (a través de misiones internacionales y
desgravaciones fiscales).
• Dar entrada a la participación privada en los organismos (estatales y autonómicos) de
apoyo a la internacionalización.
• Aumentar la dotación del Fondo para la Internacionalización de Empresas (FIEM) hasta
los 500 millones de Euros anuales, y se reformará su normativa para permitir una
tramitación de los créditos mucho más ágil. Se dará prioridad a la financiación de
proyectos en los que participen más de una empresa española, especialmente PYMES.
• Abrir una línea especial de avales y garantías, a cargo del ICO, especializada en
proyectos de licitaciones públicas en terceros países para consorcios de empresas
españolas.
• Potenciar la actividad que desarrolla la Compañía de Seguros de Crédito a la
Exportacion (CESCE) en el impulso a las exportaciones de las empresas españolas
garantizando su continuidad dentro del sector público.
• Transformar la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), en un
verdadero banco de desarrollo. Para ello, se potenciará la actividad de dicha sociedad
en el área de fondos de inversión y fondos soberanos. En este sentido es preciso una
separación clara de la actividad entre COFIDES y el ICO, concentrándose este último
en la actividad nacional.
// 110

• Potenciar el acompañamiento institucional y diplomático para las transacciones
económicas internacionales: Evitaremos que las empresas españolas puedan incurrir
en malas prácticas en sus inversiones extranjeras que mermen la capacidad
competitiva y repercutan negativamente en el valor empresarial y garantizaremos el
cumplimiento del Convenio OCDE contra la corrupción en transacciones económicas
internacionales.
Financiación empresarial: más allá del crédito bancario
La dificultad de buena parte de las empresas para obtener nuevo crédito que favorezca el
crecimiento económico sostenido, como consecuencia de las imperfecciones del mercado de
crédito y el escaso desarrollo de otras formas de financiación, genera problemas que impiden o
dificultan la creación de nuevas empresas y limitan el crecimiento o abocan al cierre a las ya
existentes. Es decir, limitan nuestro tejido empresarial y nuestro desarrollo económico.
Es por tanto necesario un enfoque que actúe en al menos tres frentes principales: (i)
reformando la ley de segunda oportunidad para resolver los problemas de sobre
endeudamiento de PYMES, micro empresas y personas que trabajan por cuenta propia; (ii)
mejorando el acceso a la financiación de PYMES, start-ups y personas autónomas, a través de
mecanismos de financiación pública, fundamentalmente el ICO y; (iii) desarrollando y
fortaleciendo los mecanismos de financiación no bancaria.
La dependencia de la financiación bancaria es una constante histórica de la economía
española. En nuestro país la financiación empresarial a través de bancos se cifra en torno al
80%. Una cifra muy superior, por citar solo dos ejemplos, al 55% en Alemania o, incluso, al
30% en EE.UU.
Es necesario apostar por la diversificación de las fuentes de financiación de las empresas,
sobre todo de las PYMES. Debemos crear el marco que permita impulsar vías de financiación
alternativas, convergiendo hacia las pautas europeas de financiación, más equilibradas, en las
que el crédito bancario ha de perder protagonismo en términos relativos.
El recurso a los mercados de valores de renta variable –que sí son utilizados habitualmente por
las grandes empresas-, la emisión de bonos o títulos corporativos, los préstamos a través de
fondos de inversión (direct lending) o los mecanismos de financiación alternativa -colectiva
(crowfunding) o de inversores providenciales (business angels)- son, por ello, elementos a
potenciar como instrumentos de financiación de nuestras empresas (sobre todo de las
PYMES).
Asimismo, resulta necesario reforzar como Banco Público el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
como instrumento de financiación de empresas y autónomos, que les permite afrontar
proyectos de inversión o sus necesidades de liquidez, y colaborar con las agencias
autonómicas que disponen de fondos propios para tal fin.
Medidas para potenciar la diversificación
• Reforzar los mercados de valores alternativos tanto para instrumentos de deuda como
de capital, dirigido a empresas medianas.
• Atraer inversiones en España de Fondos Soberanos. Es necesario adoptar una
estrategia sistemática para potenciar en España fondos de capital bilaterales (sobre
todo de capital riesgo, capital expansión y venture capital).
// 111

• Crear un Fondo de circulante y de descuento de facturas, como instrumento de
financiación a corto plazo, que se constituirá con aportación mixta de capital público
(ICO-BEI) y privado, que facilitará liquidez a compañías solventes enfrentadas a la
imposibilidad de acceder a financiación bancaria.
• Lanzar un Fondo Estratégico de Innovación y Reindustrialización (FEIR), como gran
fondo estatal público-privado llamado a impulsar las inversiones en capital-riesgo y
capital semilla en innovación y sectores prioritarios, movilizando capitales privados,
integrando bajo el mismo paraguas los fondos de inversión públicos existentes y
dispersos, actuando como paraguas o “fondo de fondos”, con una orientación
preferente hacia las nuevas empresas innovadoras y de sectores de alta tecnología,
así como hacia aquellas provincias o comarcas que carezcan de un tejido industrial sig
nificativo en el territorio.
• Reforzar el sistema de garantías recíprocas. Incentivaremos el aumento de tamaño de
las Sociedades de Garantía Recíproca con fusiones o consolidaciones para crear un
mercado a nivel nacional. Al tiempo, reforzaremos las contra-garantías públicas
aumentando los recursos de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
• Evitar que las cooperativas de crédito desaparezcan, estableciendo que las funciones
de supervisión de las mismas sean asumidas por el BCE y el Banco de España en el
marco de la Unión Bancaria.
• Reactivar el mercado de titulizaciones de empresas y de bancos, favoreciendo:
o La flexibilización para empresas pequeñas de la emisión de deuda garantizada
por activos.
o Un nuevo esquema de transparencia de información de entidades que se
quieren financiar mediante emisiones.
• Potenciar mecanismos de financiación alternativos, como los business angels y el
capital riesgo a través de la revisión de su marco regulatorio y su régimen fiscal.
• Impulsar el Crowdfunding, modificando la Ley de Financiación Empresarial en dos
aspectos: (i) incorporar medidas de transparencia que ayuden a limitar los riesgos para
los inversores. (ii) aumentar los límites de inversión.
Medidas para reforzar el ICO
• Crear una ventanilla única del ICO, que atienda y canalice todas las diferentes líneas
de financiación y productos financieros que ofrece simplificando la complejísima
maraña de ayudas, que suponen costes de información y gestión elevados, a la que se
enfrentan las empresas.
• Conseguir que el ICO actúe como una auténtica Banca Pública de Inversiones
• Establecer un amplio menú de líneas de financiación y ofrecimiento de apoyo
estratégico. El ICO ayudará al empresariado a diseñar la mejor estrategia de
financiación. Las líneas de financiación incluirán provisión de garantías para préstamos
a PYMES, garantías recíprocas, servicios de intermediación para la obtención de
créditos, líneas de financiación directa (limitando el porcentaje del proyecto que se
// 112

financia, como hace el BEI), líneas de mediación a bancos vinculadas a financiación a
PYMES, emisiones de deuda finalista, capital riesgo, o microcréditos.
• Crear una línea ICO exclusiva para nuevas empresas, dedicada a cubrir la financiación
de inversión y liquidez de las empresas, en particular PYMES, con un año de carencia
para la devolución del crédito.
• Incrementar los niveles de financiación empresarial. Para estimular la concesión de
líneas ICO por parte de las entidades financieras a las empresas, en particular en
segmentos estratégicos como las start-ups, PYMES, proyectos de internacionalización,
etc. el ICO compartirá riesgos con la banca privada y para ello reforzará ampliamente
el departamento de Análisis de Riesgos.
• Asimismo, se reforzará la profesionalización e independencia del gobierno corporativo
del ICO, ampliando la representatividad del Consejo de Administración e incorporando
consejeros independientes profesionalmente reconocidos en el ámbito financiero.
Además, se reforzará y expandirá la red física en el conjunto del país para permitir una
mayor capacidad de llegada a las PYMES y sectores estratégicos.
• Financiar vivienda pública de alquiler. Una línea de actuación del ICO será financiar la
construcción de viviendas sociales para integrarse en el parque público de viviendas de
alquiler, en línea con los objetivos de los planes estatales de vivienda, así como para
financiar actuaciones de rehabilitación y renovación de viviendas individuales
especialmente la rehabilitación sostenible.
• Favorecer el asesoramiento legal y financiero de las estrategias de internacionalización
de empresas españolas, incluyendo el acceso a la financiación de organismos
internacionales como el BEI o los bancos de desarrollo. Establecer acuerdos entre el
ICO y las entidades financieras nacionalizadas utilizando la red de oficinas para la
distribución de créditos del ICO.
Estrategia para Bankia.
• No malvender Bankia. La privatización de Bankia se llevará a cabo, de acuerdo con las
autoridades europeas, en el momento que permita recuperar todo o la mayor parte del
valor invertido por el Estado. Apoyar, mientras tanto, la gestión dirigida a convertir a
Bankia en un banco comercial ejemplar, de modo que su modelo de negocio y su
gestión sea referencia para todas las entidades financieras españolas.
La SAREB
• Mejorar la gestión de la SAREB, el “banco malo”, para evitar que se convierta en un
riesgo mayor para el Estado como avalista. Respetando los derechos del accionariado
privado que ha invertido en la SAREB, revisaremos su funcionamiento para introducir la
máxima transparencia y rendición de cuentas en su gestión y contabilidad, y para
contribuir, de acuerdo con las CCAA, en coordinación con las entidades locales , a
crear un parque de vivienda social de alquiler al que puedan acogerse, también,
familias desahuciadas de su vivienda habitual. Impondremos condiciones estrictas y
transparentes a la venta de sus activos inmobiliarios a fondos de inversión.
Una bien entendida unidad de mercado
Las empresas que operan en mercados fragmentados son menos competitivas, cuentan con
menos posibilidades de crecer y de aprovechar las economías de escala.
// 113

Para una correcta aplicación del principio de unidad de mercado y garantizar el correcto
equilibrio entre éste y el principio de autonomía, pondremos en marcha las siguientes medidas:
• Modificar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado de 2013, para incorporar un
procedimiento de colaboración entre diferentes administraciones basado en la lealtad
institucional. Asimismo, garantizar la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio
de la actividad económica en el ámbito de todo el país, así como la libertad de
circulación y establecimiento de los operadores económicos, sea cual sea su
procedencia.
• Reformar la Ley para hacerla compatible con el ordenamiento vigente a escala
europea, en particular respecto a las razones imperiosas de interés general que
suponen la concreción de los principios de proporcionalidad para justificar requisitos o
restricciones en el acceso a las actividades económicas, ya sean servicios o de
cualquier otro tipo. Hacerlo, en particular, respecto a la conocida como “Directiva de
Servicios”, que establece una serie de principios básicos para la libre circulación, en
especial el principio de eficacia nacional de los medios de intervención administrativa.
• Promover un acuerdo a través del diálogo transparente y directo con todas las
administraciones para reducir las diferencias fiscales entre CCAA (imposición, tasas,
subvenciones), que constituyen buena parte de las dificultades que complican la unidad
del mercado.
• Incorporar en el Consejo para la Unidad de Mercado a las principales organizaciones y
asociaciones empresariales, para que puedan transmitir las preocupaciones de sus
asociados
• Plantear a escala comunitaria en la Unión Europea esta cuestión con el fin de
garantizar el funcionamiento del Mercado Único porque sólo a escala europea se
puede garantizar la existencia de niveles de competitividad suficientes para crecer con
vigor, crear empleo de calidad y mantener el modelo social europeo y seguir
reforzándolo.
1.4 EMPRENDEDORES
Consideramos fundamental apostar por dinamizar la economía española y hacerla más
inclusiva, garantizando el derecho a emprender, como fórmula fundamental para asegurar el
crecimiento económico y la creación neta de empleo en los años venideros.
Los poderes públicos han de ser un aliado y no un estorbo para aquellos que tienen talento,
ideas y disposición para asumir riesgos empresariales.
Medidas de fomento del emprendimiento y la creación de start-ups
• Las Administraciones Públicas elaborarán un “plan estratégico para la promoción de la
cultura emprendedora juvenil” en colaboración con los agentes sociales, Universidades
y los centros de Formación Profesional, en el marco del Plan Integral de Empleo
Juvenil, donde se incluirá la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como parte
fundamental del cambio de mentalidad empresarial de nuestro país.
• Reformar de la Ley de Segunda Oportunidad: (i) eliminaremos el periodo de 5 años en
el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas; (ii) daremos a los
créditos públicos un tratamiento similar al que gozan las entidades mercantiles en los
// 114

concursos; (iii) reduciremos los requisitos o condicionantes para poder acceder a la
exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural; iv) otorgaremos facultades al
juez para valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de
préstamo responsable por los bancos; v) protegeremos la situaciones de colectivos
especialmente vulnerables. Por ejemplo, si el deudor tuviese a cargo a un menor de
edad o a una persona en situación de dependencia para paralizar la ejecución
hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa; vi) en estos casos y si fuese
necesario, promoveremos la puesta a disposición de la familia de una vivienda en
régimen de alquiler social procedente del parque público existente; vii) cuando se
produzca la ejecución de garantía real sobre la vivienda habitual del deudor,
aprobaremos que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía
por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación que sirvió para la
concesión del préstamo.
• Crear un Fondo Estratégico de Capital Riesgo Tecnológico: un “fondo de fondos”
público-privado que impulse las inversiones en capital riesgo tecnológico de primeras,
segundas y terceras rondas de financiación, integrando la estrategia de los fondos
públicos del ICO, CDTI, COFIDE, etc.
• Crear un fondo de Capital Riesgo específico, dirigido a las spin off del ámbito de la
investigación aplicada y nacida del tejido investigador de las universidades españolas,
mediante el desarrollo de proyectos de emprendimiento.
• Lanzar una Estrategia Nacional de Impulso a los Emprendedores Tecnológicos, que
incluya medidas a medio plazo fiscales, regulatorias, financieras y de apoyo específicas
para este tipo de empresas. El objetivo de esta estrategia es que en España se puedan
crear en cada año de la legislatura 1.000 Start-ups tecnológicas con un fuerte
componente de innovación, ligadas a la economía digital e internet.
• Aumentar las líneas de financiación específicas para la creación de empresas.
Aumentar las dotaciones del ICO para préstamos a nuevas empresas y potenciar el
programa Neotec del CDTI.
• Establecer un modelo de atracción del talento que permita, mediante la conciliación de
la vida personal y laboral, crear áreas de innovación y desarrollo de industrias creativas
en el marco de las áreas urbanas y especialmente alineadas con los proyectos de las
“smart cities”.
• Crear un Visado Start-Up a coste simbólico y mínimos trámites dirigido a
emprendedores extranjeros en proyectos de nuevas tecnologías, especialmente
alumnado extranjero de nuestros centros universitarios y escuelas de negocios que
impulsen proyectos empresariales tras completar sus estudios.
• Crear viveros de empresas específicos para el microemprendimiento en los Parques
Científicos y Tecnológicos basados en clúster empresariales innovadores, que
permitan establecer sinergias con las grandes empresas asentadas en dichos
territorios .
• Permitir que aquel personal autónomo que haya fracasado y se haya acogido a
segunda oportunidad pueda beneficiarse de todos aquellos incentivos y medidas de
apoyo que tienen los nuevos emprendedores (Segunda Start-Up). Esto debe incluir
también a las entidades financieras públicas, como el ICO o el CDTI que deben valorar
// 115

positivamente a los emprendedores que hayan emprendido con éxito o fracaso
proyectos con anterioridad.
• Reducir y simplificar los trámites y costes administrativos para la creación de
empresas, a través de: (i) extensión de la tramitación telemática a todas las
operaciones; (ii) extensión del silencio administrativo positivo de manera general y
generalizar la Declaración Responsable de los nuevos emprendedores; (iii) creación de
una empresa en un día por vía telemática.
• Crear la Excedencia para Emprender: Las circunstancias personales, profesionales y
familiares suponen uno de las mayores limitaciones para muchos potenciales
emprendedores y emprendedoras, especialmente a partir de los 35-40 años de edad, a
la hora de asumir un proyecto empresarial. A efectos de solventar esta situación,
crearemos la ¨Excedencia para Emprender¨, con reserva de puesto de trabajo para
aquellas personas que la necesiten para iniciar un proyecto empresarial.
• Fomentar la creación de proyectos de emprendimiento que conecte a los
emprendedores españoles en el exterior con los proyectos de emprendimiento que se
desarrollen en España, aprovechando los conocimientos mutuos de dichos proyectos y
mercados para la internacionalización empresarial.
• Acercar la cotización a la Seguridad Social de las personas autónomas a sus ingresos
reales. En consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo, España debe
avanzar en la posibilidad de que los autónomos coticen por los rendimientos netos que
reciben.
• Cambiar, en materia de cotizaciones de autónomos, el periodo de pago de las
cotizaciones de mensual a trimestral, para adaptarlas mejor a las actividades
estacionales o temporales.
• Reformar el sistema de pago de impuestos por la actividad económica de las personas
emprendedoras, haciendo que se ajuste a los ingresos realmente percibidos, lo que
facilitará el inicio de la actividad y responder mejor a las situaciones de crisis del
negocio. Estableceremos un sistema de retención más vinculado al nivel de ingresos
que perciben, disminuyendo el tipo de retención en tramos de ingresos más bajos.
• Reformar la capitalización de la prestación por desempleo: Extender el pago en una
sola vez de la prestación por desempleo para todos los colectivos de desempleados
con independencia de la edad, siempre que se justifique la necesidad de inversión,
incluyendo en ella la adquisición de activos tangibles o intangibles o la inversión para
sufragar gastos necesarios para la puesta en marcha de la actividad.
1.5 CAPITAL HUMANO PARA LA ECONOMÍA 4.0
El capital humano es un activo imprescindible para aprovechar productivamente los recursos,
pues se requiere ser eficaz en actividades rutinarias –en las que ahora se usa también mucho
capital- pero, sobre todo, disponer de las capacidades que facilitan enfrentarse a situaciones
complejas y cambiantes.
La cualificación de los recursos humanos es la base de la productividad pero no está
garantizada solo por alcanzar un título educativo. Importan la cantidad y calidad de los
conocimientos y también las competencias, destrezas y habilidades adquiridas para el
desempeño productivo de las ocupaciones. El uso de más capital humano y un mejor
aprovechamiento del mismo son condiciones necesarias para que España invierta mejor y
// 116

cambie su tejido productivo, de manera que este factor es, en última instancia, un elemento
crucial.
PROPUESTAS
• Impulsar un programa de difusión entre las familias y en las escuelas de:
• La cultura del esfuerzo, de la cooperación y del emprendimiento.
• La importancia de los idiomas para la empleabilidad y el desarrollo
profesional, especialmente del inglés
• La necesidad de formación continua a lo largo de la vida y sus ventajas
• Poner en marcha una campaña de reconocimiento y apoyo social a los centros
educativos, y en especial a los que desarrollan programas de mejora de sus resultados,
en conocimientos, competencias o programas de inclusión educativa y social.
• Crear ayudas de posgrado para proyectos formativos orientados a la preparación de
tecnólogos y emprendedores, en centros de excelencia, nacionales e internacionales,
cofinanciadas mediante aportaciones de particulares y empresas y públicas. El objetivo
es comprometer a la sociedad en la preparación profesional de personas capaces de
liderar las transformaciones que la economía española necesita.
• Crear un fondo público-privado para atraer talento investigador a las unidades de
excelencia de las universidades y centros de investigación. El objetivo es reforzar la
capacidad de generación y transmisión de conocimiento de las unidades más
productivas en este terreno, con la colaboración de las empresas y prestando especial
apoyo a la investigación aplicada.
Es necesario aumentar la tasa de población con cualificaciones medias: El incremento de la
cualificación no podrá basarse en un crecimiento continuado de las cualificaciones superiores,
sino que tendrá que fundamentarse en el crecimiento de las cualificaciones intermedias, es
decir, del bachillerato y de los ciclos medios de formación profesional. Una vez acabada la
etapa formativa inicial, la ciudadanía deben poder acceder al sistema de Formación en
cualquier momento de su vida profesional. Ello exige ampliar la oferta formativa, hacerla más
flexible y cercana a los ciudadanía.
La formación profesional está llamada a desempeñar un papel estratégico imprescindible en la
mejora de la productividad de las empresas españolas y será un factor clave en el desarrollo
del nuevo modelo productivo.
Proponemos las siguientes medidas para impulsar la Formación Profesional:
• Aumentar el número de plazas de formación profesional de grado medio en al menos
200.000. Incentivaremos la oferta pública de plazas que responda a las necesidades
derivadas del nuevo modelo de crecimiento inteligente, sostenible y cohesionado.
Especialmente se priorizarán acciones formativas extensas en aquellos sectores de
alta empleabilidad o vinculados a actividades emergentes, todo ello de acuerdo a los
estudios y prospecciones del mercado de trabajo que realicen los Observatorios de los
Servicios Públicos de Empleo
• Mejorar la Calidad, potenciando la autonomía organizativa y de gestión de los centros
de FP.
// 117

• Promover la ampliación y la renovación de los Centros Integrados de Formación
Profesional incorporando a esta red los actuales centros de Referencia Nacional.
• Definir un modelo de formación en alternancia que permita una adecuada formación en
los centros de trabajo sin que esto suponga un deterioro de la formación en los centros
educativos.
• Promover en colaboración con todas las empresas y con las administraciones públicas
un plan de formación específico de todo el profesorado, que permita la actualización de
sus competencias, el dominio de las nuevas herramientas profesionales y el
desenvolvimiento eficaz en los nuevos entornos productivos.
• Incorporar a todas las enseñanzas profesionales un segundo idioma extranjero para
facilitar la externalización de las empresas y para evitar que el idioma se convierta en
un obstáculo para acceder a más oportunidades laborales.
• Crear un Sistema Integrado de Formación Profesional que permita la obtención tanto
de títulos de Formación Profesional como de Certificados de Profesionalidad.
• Impulsar la FP a distancia, mejorando y desarrollando las plataformas de formación on
line. Esta oferta formativa, semipresencial u on line en la mayoría de los casos, debe
convertirse en el instrumento más adecuado para que las personas que participen en el
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales.
• Facilitar que los centros puedan aportar la logística necesaria para que las Pymes
desarrollen en sus instalaciones proyectos de innovación e investigación y también se
conviertan en semilleros de empresas.
• Impulsar la incorporación de España al proceso de convergencia europea en
Formación Profesional y eliminar los obstáculos a la movilidad transnacional del
profesorado y alumnado de Formación Profesional.
• Poner en marcha un programa de formación + acreditación para que 700.000 jóvenes
adquieran la formación básica necesaria para su recualificación profesional.
// 118

2. UN MERCADO LABORAL MÁS EFICIENTE
España tiene un problema estructural en relación al empleo, tanto en términos cuantitativos,
como de calidad. Nuestro modelo productivo es poco intensivo en trabajo como demuestra el
hecho de que solo en plena burbuja inmobiliaria fuéramos capaces de alcanzar el nivel medio
de desempleo de los países de la Unión Europea. Para crear empleo suficiente y de calidad
necesitamos mucho más que reformas en el mercado laboral. Necesitamos una transición en
la oferta productiva, como la propuesta en este programa.
La crisis económica y las medidas adoptadas por el gobierno conservador para hacer frente a
la misma han dejado una preocupante secuela en nuestro mercado laboral en términos de un
nivel de paro muy elevado, rebajas salariales, precariedad inaceptable e inseguridad en las
condiciones laborales y deterioro de la negociación colectiva.
La primera medida que adoptó el PP cuando llegó al poder fue su reforma laboral. Cuatro años
después el paisaje es desolador. Hoy tenemos casi 5 millones de personas en nuestro país
que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de 2,1 millones llevan más de 2 años en
situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45 años. Estas son las grandes
víctimas de esta crisis, las grandes olvidadas. Más de 400.000 jóvenes han tenido que
abandonar su país porque aquí no hay ni futuro ni esperanza y 2 millones de menores de 34
años están en el paro: España ostenta el vergonzoso record de ser el país con la tasa de
desempleo juvenil más alta de todos los países de la Unión Europea.
La situación no es menos dramática para los que trabajan. La marca España de empleo con el
Gobierno del PP es la precariedad y el subempleo: trabajo a tiempo parcial no querido, ultra-
temporalidad, salarios de pobreza, degradación de las condiciones de trabajo y muerte de la
negociación colectiva. 9 de cada 10 contratos de trabajo que se celebran en nuestro país son
temporales, con una duración media de menos de 54 días, y un tercio de los cuales es,
además, a tiempo parcial.
Desde que gobierna el PP, los salarios de los trabajadores y trabajadoras han caído cerca de
un 5% y su poder adquisitivo es hoy el mismo que tenían a principios de los años 90. No es
extraño, pues, que en nuestro país existan hoy más de 2,5 millones de trabajadores pobres y
que más del 13% vivan en hogares por debajo del umbral de la pobreza.
España es el país de la Unión Europea con mayores diferencias salariales entre los que más y
menos ganan y la brecha salarial entre mujeres y hombres es de un 24%, lo que significa que
una mujer tiene que trabajar 80 días más que un hombre para ganar lo mismo que él. En
nuestro país se realizan cada semana más de 10 millones de horas extraordinarias ilegales, la
mayoría de las cuales ni siquiera se cobra, y la explotación laboral se ha vuelto una práctica
común en cientos de centros de trabajo.
Finalmente, desde que entró en vigor la reforma laboral del PP, el número de convenios
colectivos se ha reducido prácticamente a la mitad, y quienes están protegidos por la
negociación colectiva que antes eran casi 11 millones, hoy son menos de 6 millones.
El empeoramiento de las condiciones laborales y la destrucción de empleo son fruto de una
política gubernamental que apostó por un ajuste económico vía devaluación de las condiciones
laborales, la desprotección frente al desempleo y el vaciamiento de las políticas públicas de
empleo.
Frente a esta realidad, los y las socialistas nos reconocemos en el reto fundamental de nuestra
sociedad: promover empleos de calidad que garanticen una vida digna, aumentar las
oportunidades para los y las jóvenes, garantizar de forma real y efectiva la igualdad entre
mujeres y hombres tanto en la distribución social de los cuidados y trabajos domésticos, como
en la retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto, garantizar la
igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y en la
promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.
// 119

Dada la magnitud de este reto, nuestro compromiso es afrontarlo desde una perspectiva
integral. La precarización del empleo y de las relaciones laborales no responde exclusivamente
a los aspectos institucionales y legales de nuestro mercado laboral, sino que hunde sus raíces
en nuestro patrón de crecimiento económico, la baja productividad, el pequeño tamaño
empresarial, el carácter estacional de nuestro sistema productivo, la debilidad, en definitiva, de
una economía centrada en la competencia vía costes y con poco músculo innovador y
tecnológico.
La profundidad y duración de la crisis han generado un cuello de botella, especialmente
dramático, en el mercado laboral: personas paradas de larga duración. Un drama que se
complica conforme se avanza en edad, y que aún se complica más en familias con todos sus
miembros en paro.
2.1. REFORMAR EL SISTEMA PÚBLICO DE EMPLEO
Tras la reforma laboral, y de forma paralela, se han reducido en un 40% los fondos destinados
a políticas activas de empleo, lo que, junto con las reducciones realizadas en las CCAA
gobernadas por el PP, ha supuesto el desmantelamiento efectivo de los servicios públicos de
empleo.
En materia de inversiones hemos pasado de un gasto medio de 1.300 euros por
desempleado/año en 2011 a 700 euros/año; muy lejos aún de los países europeos más
desarrollados que destinan más de 3.000€ por persona desempleada al año.
Estos años no han servido para acometer el proceso de recualificación y formación que
necesitaba nuestro país, tanto para las personas ocupadas como para las desocupadas:
tenemos casi 3 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que
necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza de
encontrar un trabajo.
Ha sido una legislatura perdida justo en el momento en que más necesaria era la formación
como uno de los motores para recuperar empleo de calidad.
Los y las socialistas nos proponemos abordar este reto mediante la reforma de nuestro sistema
público de empleo, impulsando las políticas activas y pasivas de empleo y transformando de
raíz el sistema de formación, y todo ello con base en el diálogo y el consenso con los agentes
sociales.
PROPUESTAS
Sistema Público de Empleo, un pilar fundamental de la política de empleo
• Duplicar las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo, exigiendo una
evaluación de la eficacia de las mismas.
• Elaborar un Plan Estratégico 2016-2025 que incluya, entre otros aspectos, el
cambio de modelo de atención a las personas en situación de desempleo, una
correcta articulación de las relaciones entre el servicio estatal y los autonómicos,
mayor financiación, mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas, sana
colaboración con entidades privadas y digitalización.
• Crear la Agencia Pública de Empleo y cualificación como instrumento para una
gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema con la sustitución automática
del actual Servicio Público de Empleo Estatal y mayor coordinación con las CCAA.
La creación de esta agencia respetará en todo caso las competencias en políticas
de empleo que tienen asumidas las Comunidades Autónomas. Garantizando, en
todo caso, el principio de caja única de la Seguridad Social, se gestionarán de
// 120

forma unificada tanto las políticas activas como las prestaciones de desempleo,
con un proceso ágil, moderno y sin duplicidades. Cada persona desempleada
tendrá una atención única e integral, en la que se realizará un seguimiento de su
caso desde el primer momento: se le reconocerán las prestaciones que le
correspondan por la Seguridad Social y se iniciará el itinerario personalizado de
inserción de forma simultánea, activándose la orientación y formación profesional,
según sea el caso.
• Fortalecer, asimismo, la actuación local por el empleo. Los servicios públicos de
empleo concretaran con la máxima transparencia sus actuaciones en la dimensión
local y las coordinaran todas ellas con las actuaciones locales en el marco del
desarrollo económico y la plena integración social del territorio. Los planes locales
de empleo contendrán el diagnóstico económico y social del empleo del ámbito
territorial, los ejes del desarrollo estratégico del territorio elaborado con el máximo
consenso político y social, la valoración de todas las actuaciones pública en el
territorio, y, finalmente de la priorización de las medidas sociales y económicas que
favorezcan un crecimiento socialmente inclusivo y sostenible en el medio natural.
Recuperación de las políticas activas de empleo
• La Agencia Pública de Empleo desarrollará una verdadera acción pública de
colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y
trabajadoras. El servicio de intermediación aspirará a ocupar un papel central en la
contratación en el mercado de trabajo. Se dotará de recursos humanos
especializados en la selección de personal.
• La acción pública de colocación priorizará la selección de personal de PYMES,
siendo un servicio gratuito, eficaz y que garantiza la igualdad de oportunidades en
el acceso al empleo.
• La orientación profesional personalizada tendrá la consideración de derecho y
ofrecerá las pautas y servicios necesarios para conseguir una colocación adecuada
a las personas desempleadas.
• Implantar políticas de activación económica, dirigidas a aquellos colectivos más
vulnerables económicamente, especialmente las personas en situación de
desempleo mayores de 45 años. Para ello, con la colaboración especial de las
Corporaciones Locales, se desarrollarán programas de formación-empleo que
permitan una experiencia laboral, al tiempo que adquieren una cualificación, a los
parados de larga duración. En especial a aquellos pertenecientes a familias con
todos sus miembros en paro.
• Recuperación del subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años en
las condiciones preexistentes antes de la entrada en vigor del RDL 20/2012.
• Desarrollar el Plan de Garantía Juvenil como instrumento fundamental de
activación para la juventud desempleada. Se promoverán programas de segunda
oportunidad para luchar contra las consecuencias del abandono escolar temprano.
Se diseñarán actuaciones para aquellos que carezcan de experiencia a través de
programas de primera experiencia profesional.
• Promoveremos la creación de un fondo de lucha contra el desempleo entre los
países de la Eurozona.
Formación integral al servicio del empleo
• Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las
personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia
de género, y destinar la inversión que actualmente se dedica a las mismas a
// 121

formación para el empleo.
• Diseñar la gobernanza, planificación y estrategia del sistema de formación
profesional para el empleo con todos los agentes implicados en ella y gestionar la
formación para el empleo a través de los centros públicos integrados, centros
privados de calidad e infraestructura propia del sistema educativo. Este sistema de
formación profesional para el empleo será evaluado periódicamente.
• Permitir la capitalización de la prestación por desempleo para que las personas
desempleadas puedan desarrollar procesos de formación/reciclaje profesional que
deriven en la obtención de un título de grado o postgrado universitario.
• Aprobar un programa de formación + acreditación para que 700.000 jóvenes
adquieran la formación básica necesaria para su recualificación profesional. Un
programa para la reinserción formativa de la juventud que ha abandonado el
sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan. Su objetivo es ofrecer
a 700.000 jóvenes la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel 2
imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses.
El programa se desarrollará con la suma de estas tres acciones: (i) oferta pública
de cursos de competencias clave de nivel 2; (ii) elaboración de un dispositivo de
formación a distancia para realizar estos cursos; (iii) realización masiva de pruebas
de acreditación de las competencias clave.
• Consideración de la acreditación del reconocimiento de las competencias
profesionales como un derecho, simplificando los procedimientos de evaluación y
manteniendo la validez y la fiabilidad. Otorgar validez académica a la acreditación
para el acceso a ciclos formativos (equipararla a una prueba de acceso a ciclos:
nivel 2, Equivalente a ESO y Nivel 3, Equivalente a Bachillerato). Se establecerá un
sistema de formación y acreditación de tutores y formadores de empresa.
• Establecer planes y programas de formación y reciclaje en el marco de las políticas
activas de empleo que faciliten acceso de las mujeres a los mismos. Promover
políticas activas de acceso al empleo y a la mejora de la cualificación profesional
de las mujeres en sectores, profesiones y categorías en las que se encuentren
infrarrepresentadas, de manera especial en el campo de las nuevas tecnologías y
en los trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo.
2.2. ELABORAR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES COMO CARTA DE
DERECHOS E IGUALDAD EN LAS RELACIONES LABORALES
Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que
estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema
de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Un modelo
que ya ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. Un modelo que preocupa a la OIT y a la OCDE por las consecuencias que origina en
el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía y en el deterioro de nuestro clima social. Y la
sustituiremos por una norma dialogada con los agentes sociales.
Son muchas las condiciones que han cambiado desde que se aprobó el primer Estatuto de los
Trabajadores. La globalización y una economía que hoy se extiende prácticamente a escala
mundial; nuestro ingreso en la Unión Europea; la plena incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo; el uso intensivo de las nuevas tecnologías; el cambio profundo en las
formas de organizar la empresa y la producción; o la apertura de nuestras empresas al
comercio exterior. Todos estos cambios en la realidad económica y social demandan también
un cambio de la misma intensidad y dirección en nuestro marco de relaciones laborales.
Aprobaremos, con carácter inmediato, un decreto-ley que recupere la centralidad de la
negociación colectiva, eleve el salario mínimo interprofesional, garantice los derechos de los
// 122

trabajadores y combata de manera eficaz la precariedad en el empleo, que son las prioridades
que hoy tienen los trabajadores de nuestro país. En paralelo, abriremos un proceso de diálogo
social desde la voluntad de acuerdo con los Sindicatos y las organizaciones empresariales que
culmine en la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que deberá garantizar la
igualdad salarial entre mujeres y hombres y derechos laborales como la formación profesional,
la igualdad en el acceso al empleo, la seguridad y salud en el trabajo o el reconocimiento de
nuevos derechos como la libertad religiosa, el secreto de las comunicaciones y el derecho a la
propiedad científica e intelectual de los trabajadores; incorporar la negociación y el acuerdo en
los procesos de adaptación de las empresas para el mantenimiento del empleo; recuperar la
causalidad y proporcionalidad del despido, incluyendo la revisión de los costes del mismo, y la
razonabilidad en los despidos colectivos; garantizar que el despido sea la última medida en los
procesos de reestructuración empresarial y asegurar una tutela judicial efectiva frente al
despido. Así mismo, en la reforma constitucional que proponemos los socialistas se verán
reflejados como derechos laborales, entre otros, el derecho a la seguridad, salud y dignidad en
el trabajo y la tutela judicial efectiva ante los despidos injustificados.
PROPUESTAS
• Recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores como carta de
derechos: garantizar los derechos laborales más clásicos, como el derecho a la
formación profesional o la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, e
incorporar al Estatuto de los Trabajadores el reconocimiento de derechos tan
básicos como la seguridad y salud en el trabajo, la libertad religiosa, el secreto de
las comunicaciones, incluso las que tienen que ver con el uso de internet, del
correo electrónico o las redes sociales; y el derecho a la propiedad científica e
intelectual de los trabajadores.
• Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso, mantenimiento y
promoción en el empleo. A este fin nos proponemos:
o Registrar planes de igualdad negociados para garantizar que se conviertan
en normas de obligado cumplimiento.
o Impulsar la incorporación y promoción de la mujer en trabajos emergentes
en el nuevo modelo productivo.
o Revisar todas las normas relativas a los permisos parentales para evitar
que la neutralidad en su formulación impulse que sean mayoritariamente
las mujeres los que disfruten de ellos, avanzando hacia el concepto de
corresponsabilidad en la asunción de las responsabilidades familiares más
que en el de conciliación de la vida laboral y familiar;
o Levantar la suspensión que hoy sufre el permiso de paternidad pasando
de 2 a 4 semanas y, progresivamente, hacer coincidir su duración con la
del permiso de maternidad, además de configurarlo como obligatorio e
intransferible;
o Desarrollar la prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la
Seguridad Social, a fin de evitar la desprotección que supone que un tercio
de los nacimientos de nuestro país no genere prestaciones de
maternidad/paternidad. A este fin, todas las mujeres demandantes de
empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva
de maternidad disfrutarán de una prestación no contributiva por esa
contingencia de 6 semanas de duración;
o Ratificar el Convenio 189 de la OIT al objeto de consolidar la igualdad de
derechos laborales y de Seguridad Social de las mujeres que trabajan en
el hogar familiar.
// 123

• Reconocer el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual:
o se aprobará una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin
de considerar como tales las que se ocasionen o agraven en el centro de
trabajo y se tenga en cuenta el criterio epidemiológico para declarar su
existencia. Los trastornos musculoesqueléticos , propios de muchas
actividades realizadas por mujeres, tendrán la consideración de
enfermedad profesional;
o se potenciará la integración de la prevención en la empresa y se facilitará
la existencia de servicios de prevención propios. Nuestro objetivo es que,
en el plazo de una legislatura, todas las empresas con una plantilla de más
de 100 personas tengan integrada alguna de las especialidades
preventivas. Se actualizará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
incorporando una perspectiva de género.
• Poner fin a la figura de los falsos autónomos y terminar con las becas que
encubren verdaderos contratos de trabajo con campañas específicas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cambios normativos en una doble
dirección:
o Las personas autónomas económicamente dependientes que hoy regula el
Estatuto del Trabajo Autónomo pasarán a formar parte del ámbito del
Estatuto de los Trabajadores, para que tengan los mismos derechos
laborales y de Seguridad Social y se les aplique la negociación colectiva;
o el nuevo Estatuto de los Trabajadores incorporará una definición de la
condición de becario o becaria, de modo que exigirá que la finalidad de su
actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva,
requiriéndose en todo caso que la persona becada se encuentre
incorporada a un programa formativo curricular. Y se garantizarán sus
cotizaciones a la Seguridad Social
• Establecer tres modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo
indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo
temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales; y un contrato de
relevo y para la formación:
o se derogará el contrato de fomento de emprendedores.
o no podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos
temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de 1 año, aunque
la negociación colectiva podrá extenderlo hasta 2 y determinar tasas
máximas de temporalidad en los distintos sectores de actividad productiva,
incluidas las administraciones públicas.
o las empresas que abusen de la contratación temporal pagarán más
cotizaciones sociales, porque su abuso supone un sobre coste para todos
en el pago de las prestaciones por desempleo.
o Se actuará para que las contrataciones de temporada que se plasman en
contratos temporales se reconduzcan a la modalidad fija discontinua con
plenitud de derechos.
• Subir el salario mínimo interprofesional para que alcance, en el término de dos
legislaturas, el 60% del salario medio neto, que es la cuantía que señala la Carta
Social Europea como retribución mínima suficiente. Esta subida se acompasará a
la evolución de nuestra economía.
• Acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para ello se potenciarán
las inspecciones de trabajo y se incrementará el régimen sancionador. . Todas las
empresas tendrán un registro donde consten de manera desagregada los salarios
// 124

y complementos salariales que perciben los trabajadores y las trabajadoras de su
plantilla. Así mismo todas las empresas elaborarán obligatoriamente un plan o
estrategia de lucha contra la desigualdad salarial.
• Crear un Observatorio de Competitividad y Productividad que emita
recomendaciones oficiales que informen a los agentes sociales de distintas
variables que inciden en la competitividad empresarial y su evolución, como son los
costes financieros, los energéticos, la política de innovación empresarial e
inversiones tecnológicas, los modelos de organización empresarial y tamaño
óptimo de las empresas y el crecimiento salarial necesario para mantenerse en
línea con las subidas existentes en los países de la zona euro, en aras de mejorar
nuestra competitividad como país e impulsar una mayor relación entre
productividad y salarios. Debe quedar absolutamente claro que este observatorio
únicamente emite recomendaciones y no imposiciones que pudieran dañar la
autonomía colectiva de organizaciones sindicales y empresariales para pactar las
políticas salariales que consideren adecuadas.
• Eliminar el prestamismo laboral y hacer efectivo que los trabajadores y
trabajadoras contratados por las empresas de servicios cobren lo mismo que los
que realizan el mismo trabajo que ellos pero contratados por la empresa principal:
a igual trabajo debe corresponder igual salario.
• Impulsar un modelo de empleo de calidad que partirá de la ejemplaridad de la
propia administración, tanto en la contratación que efectúe como en la que
subcontrate. En todas las licitaciones públicas se exigirá el cumplimiento, cuando
menos, del convenio colectivo aplicable, porque los derechos sociales no pueden
ser objeto de puja.
• Configurar los procesos de reestructuración empresarial de forma que el despido
de trabajadores sea la última medida que se adopte. Los acuerdos en expedientes
de regulación de empleo deben tener mayor seguridad jurídica y evitar el uso del
despido disciplinario como mecanismo de regulación de empleo.
• Garantizar el derecho al tiempo en el trabajo y la jornada como un derecho del
trabajador y una forma eficiente de mejorar la producción, así como una garantía
para la conciliación. Se limitarán y controlarán de forma exhaustiva las horas
extraordinarias en las empresas para aumentar las contrataciones y mejorar la
conciliación laboral y familiar.
• Promover desde la Administración y en el marco de la negociación colectiva unos
horarios laborales más acordes con los países de nuestro entorno y que permita
una conciliación efectiva de la vida laboral y familiar, así como desarrollar unas
jornadas de trabajo más adecuadas con el objetivo de la conciliación en los
diferentes sectores y articuladas dentro del marco de la negociación colectiva, así
como en actividades de ocio y en los medios de difusión.
• Regular de nuevo el trabajo a tiempo parcial de modo que recupere su vocación de
elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las
responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas. Para ello el
horario de trabajo deberá estar determinado en el contrato y la realización de horas
complementarias tendrá que estar prevista en convenio colectivo; en todo caso, las
modificaciones en dicho horario de trabajo y la antelación con la que debe
comunicarse al trabajador o trabajadora deberá articularse de acuerdo a lo
contemplado en la negociación colectiva.
• Recuperar la fortaleza de la negociación colectiva como instrumento de igualdad. A
este fin, serán las organizaciones y secciones sindicales las que ejerzan la
negociación colectiva y pacten los descuelgues salariales. Los comités de empresa
y delegados de personal ejercerán funciones de información, consulta y
participación. Los acuerdos interprofesionales deben tener un papel central en el
diseño de la estructura convencional y la ultraactividad del convenio colectivo.
// 125

• Las medidas de flexibilidad interna que prevea el futuro Estatuto de los
Trabajadores deberán ser acordadas con la representación de los trabajadores o,
en caso de desacuerdo, solventadas con la autorización de procedimientos como
la mediación o el arbitraje.
• Elaborar una ley de participación institucional que clarifique el papel y la
financiación de las organizaciones sindicales y empresariales, y potencie la
mediación y el arbitraje como fórmula natural de solución de conflictos en el ámbito
de las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
• Ratificar el Tratado Internacional de la Carta Social Europea revisada de 1996,
firmada por España en el año 2000, pero no ratificada por las Cortes, y el Protocolo
de Reclamaciones Colectivas para dotar a los derechos sociales y laborales de la
ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras españoles de una herramienta
importante para su reconocimiento y defensa, así como para colocar a España en
el nivel que le corresponde en los estándares de vocación europeísta.
2.3. UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO CENTRADA EN HACER REALIDAD EL ESTADO DE
DERECHO EN LOS CENTROS DE TRABAJO Y VELAR POR EMPLEOS DE CALIDAD
La economía sumergida sigue siendo uno de los problemas más importantes de nuestro
país. Daña la contabilidad nacional, erosiona la recaudación fiscal y mantiene fuera del
sistema a miles de trabajadores que, en consecuencia, sufren desprotección legal y falta de
derechos de seguridad social. La falta de altas a la seguridad social, la proliferación de horas
extraordinarias ilegales, los excesos de jornada y, sobre todo, la utilización masiva y
fraudulenta del contrato a tiempo parcial configuran verdaderos escenarios de explotación
laboral, que daña tanto a los trabajadores como al propio sistema. Por ello, la economía
irregular es necesario abordarla de forma integral. Necesitamos una Inspección centrada en
velar por empleos de calidad.
La apuesta que hace el Partido Socialista por un empleo de calidad y por un nuevo marco en
las relaciones laborales, como es el nuevo Estatuto de los Trabajadores, debe ser
garantizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En este sentido, para asegurar el derecho al trabajo y conservar al mismo tiempo las
libertades económicas y la economía de mercado se deberá vigilar la "competencia desleal"
entre empresas, evitando el "dumping social" a través de la Inspección de Trabajo.
La Inspección de Trabajo debe concentrarse en una prioridad fundamental: hacer que el
Estado de Derecho sea una realidad en los centros de trabajo combatiendo la precariedad
laboral.
Debemos recuperar una Inspección de Trabajo que centre su actuación en velar por un
equilibrio real entre empresario y trabajador. El eje de su actividad debe ser la tutela de los
derechos básicos de los trabajadores: salarios, jornada, descansos, contratación, seguridad
y salud laboral, protección de la seguridad social. Protegiendo tanto al trabajador como al
empresario que cumple la norma y se ve perjudicado por aquellos que consideran los
incumplimientos sociales como un ahorro de costes. Las organizaciones sindicales y
empresariales, en su ámbito de negociación, tendrán un papel de colaboración con la
Inspección de Trabajo
El cumplimiento de la función de garantía de la Inspección debe verse acompañada de una
nueva regulación de las Infracciones y Sanciones del Orden Social.
// 126

PROPUESTAS
Modernización y mejora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
• Incrementar el número de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de los
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social de forma progresiva, hasta alcanzar
los 3000 efectivos. Y elaborar un plan de lucha contra la explotación y precariedad
laboral.
• Facilitar el intercambio de información con otros organismos de la Administración,
especialmente la Agencia Tributaria, impulsando el uso compartido de las bases de
Hacienda y Seguridad Social.
• Crear una unidad especial de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y de
la Inspección Médica del INSS para la revisión de la actuación médica de las
Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, especialmente en relación con el
reconocimiento de enfermedades profesionales y el control del absentismo laboral.
• Modernizar los medios técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
impulsando decididamente el uso de las nuevas tecnologías.
• Incrementar el seguimiento por parte de la Inspección del Trabajo de la puesta en
marcha de los Planes de Igualdad y de la imposición de sanciones en caso de
incumplimiento, así como la supervisión por parte de la autoridad laboral
competente de los controles de los convenios colectivos respecto a la introducción
de medidas de igualdad de género.
• Implementación de mayores recursos materiales y humanos para la Inspección de
Trabajo a fin de mejorar su actuación en sectores donde se emplean
mayoritariamente inmigrantes, en prevención de la existencia de abusos.
• Reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo en la vigilancia del
cumplimiento de la cuota por parte de las empresas a las personas con
discapacidad.
Una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptada a combatir la
precariedad
• Garantizar, en dicha ley, coherencia y proporcionalidad entre los distintos derechos
que debe proteger.
• Incumplir la norma tendrá la misma consecuencia, una infracción en Seguridad
Social tendrá la misma consecuencia que una comparable en relaciones laborales.
• Revisar el sistema sancionador del orden social con vistas a:
o reforzar la cuantía de las sanciones en materia de relaciones laborales
para intensificar el reproche social de la vulneración de las condiciones de
trabajo y potenciar el efecto disuasorio de las sanciones;
o individualizar las sanciones en materia de contratación, jornada,
descansos y horas extraordinarias.
// 127

3. ECONOMÍA VERDE: PROSPERIDAD MÁS ALLÁ DEL PIB
España necesita salir del estancamiento en el que ha estado inmersa en los últimos años y
recuperar su capacidad de cohesión social. Necesita redefinir un modelo económico y de
convivencia que asegure prosperidad y empleo sostenible, prosperidad y empleo de calidad
para todos ahora y en el futuro, con respuestas inclusivas que no dejen atrás a nadie, ancladas
en un diagnóstico correcto de los retos de nuestros días y en la voluntad de construir un
proyecto común.
Un “mejor crecimiento y un mejor clima” y la reorientación de nuestro modelo tradicional de
desarrollo hacia premisas de mayor eficiencia en la producción y consumo de recursos facilitan
una recuperación económica sostenida en el tiempo, generando prosperidad y empleo.
Favorece la innovación en la producción de bienes y servicios y libera rentas hoy despilfarradas
que podrán ser reinvertidas en objetivos que merecen mayor prioridad: políticas sociales,
servicios públicos, investigación e innovación.
En coherencia con los esfuerzos de la comunidad internacional en la Cumbre de París para
coordinar la transición colectiva a una economía baja en carbono y resiliente a los efectos del
cambio climático, España ha de aprender a conocer sus vulnerabilidades y fortalezas, a definir
la hoja de ruta que le permita invertir en su propio futuro contribuyendo al esfuerzo global de
forma solidaria.
3.1 Transición energética
Un plan estratégico, horizontes 2030 y 2050, para la transición energética
Queremos suscitar un amplio consenso sobre la hoja de ruta de la transformación de nuestro
modelo energético. Queremos definir una política energética de largo alcance, que asegure a la
ciudadanía el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en
factor de competitividad y en motor de innovación, desarrollo y generación de empleo,
reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, impulsando el
autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad de suministro, y luchando eficazmente contra el
cambio climático.
Por ello, impulsaremos un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las
fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de
una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años y facilitar la transición energética
hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un
marco predecible y garante de precios estables.
Disponer de un Pacto de Estado de la Energía es necesario para dar continuidad a las
decisiones más estratégicas y separar el desarrollo del sector con independencia de los
Partidos que formen Gobierno. Queremos energía para todos limpia y asequible, sin superar
1,7 toneladas anuales de CO2e per cápita en 2050 (actualmente emitimos 7,3) y, para ello,
debemos asegurar objetivos coherentes a 2030.
Con esta meta, debemos reducir las emisiones de CO2e mas de un 40% sobre el nivel de
1990, de acuerdo con el objetivo de la UE, mejorando la eficiencia energética en un 2% anual y
superando en 2030 el 70% de participación de las energías renovables en la generación
eléctrica en un sistema energético más electrificado
Esta ha sido una legislatura perdida. No ha habido ni visión sobre los retos y las prioridades, ni
búsqueda de consenso, ni coherencia en las decisiones. Se ha renunciado al cumplimiento de
las obligaciones europeas, a la promoción de la eficiencia o a la incorporación de un solo
megawatio renovable.
Las orientaciones estratégicas de esta transición permitirán recuperar la estabilidad y la
previsibilidad de la evolución de la política energética y de su marco regulatorio, así como la
seguridad jurídica para los inversores, que tanto ha sufrido estos últimos años.
// 128

Además, el Gobierno de España no ha explorado todas las posibilidades jurídicas de recuperar
determinados pagos en exceso realizados por el sistema eléctrico, así como para evitar
posibles sobre-retribuciones de las actividades del sector eléctrico (tanto por el sistema como
por un mercado no siempre bien diseñado). Todo ello necesario para encontrar un equilibrio
que evite que sean siempre los consumidores quienes soporten los costes derivados del déficit
generado.
-‐ Nos dotaremos de una Comisión para la Transición Energética, desarrollaremos
escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2 que permitan identificar los
retos y oportunidades del cambio de modelo, garantizando el derecho a un bien básico,
esencial y primordial para el bienestar de la ciudadanía como el acceso a la energía, la
protección de los más vulnerables y la erradicación de la pobreza energética en los
hogares y en la movilidad de las personas.
-‐ Los ejes principales serán la eficiencia energética, la electrificación equilibrada en todo
el territorio nacional, y las energías renovables, reduciendo la presencia de
combustibles fósiles, restringiendo las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas
y petróleo y prohibiendo el empleo de las técnicas de fractura hidráulica (fracking).
-‐ Revisaremos la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de Villar de Cañas e implantaremos un calendario de cierre de las centrales nucleares
con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña, que culminará
en la fecha límite del 2028, de tal manera que podrá abordarse el gran salto hacia el
nuevo modelo a lo largo de la próxima década. En este mismo contexto, adoptaremos
las decisiones sobre las instalaciones nucleares, incluidas las relativas al
almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la
seguridad.
Paralelamente, impulsaremos un plan de actuación industrial y de adaptación
económica para las zonas de transición energética.
-‐ Urge además, entre otras acciones, incorporar el combate contra la pobreza energética
como prioridad de la política energética española. Legislaremos un marco de cobertura
social sobre un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que
garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de
subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.
La transformación habrá de ser pragmática y gradual, instrumentada por la eficiencia
energética y las energías renovables e impulsadas por el desarrollo tecnológico, por la lucha
contra el cambio climático, y no por el agotamiento de los recursos fósiles. Su éxito requiere
que aprendamos a valorar los riesgos y las oportunidades de nuestras decisiones empleando –
en línea con las mejores prácticas en otros países de nuestro entorno- la información
obligatoria sobre la intensidad de carbono de los presupuestos públicos y la actividad
financiera.
-‐ Aprobaremos una Ley de Transición Energética y propondremos un informe anual al
Parlamento sobre los progresos en la transición energética y hacia una economía libre
de emisiones.
En esta transición debemos encontrar una solución justa para la minería del carbón española,
que combine nuestro compromiso con ZERO emisiones con la necesidad de avanzar en la
autonomía energética de nuestro país y la seguridad del suministro.
// 129

-‐ Esto implica mantener el consumo de carbón nacional en la forma prevista en los
acuerdos con el sector y el cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de
13 de septiembre de 2012. Ello exige, también, extremar las formas de combustión
limpia del carbón y requiere la aplicación de innovaciones tecnológicas dirigidas a la
reducción de emisiones y la captura del CO2, incluidas las centrales térmicas a partir
de gasificación inyectada.
Y todo necesita verse acompañado de medidas de reindustrialización, desarrollo alternativo y
protección social de las comarcas afectadas.
Debemos apostar por mejorar la competencia real entre los operadores que intervienen en el
sector eléctrico y por desplazar el centro de gravedad desde las grandes empresas
suministradoras hacia los consumidores, que asumirán un papel mucho más activo tanto en la
gestión de su consumo como en la generación de su energía.
Una buena proporción de los consumos eléctricos tradicionales podrán descargarse del
sistema, mientras otros enormemente intensivos en carbono encontrarán en la electricidad
limpia una buena alternativa.
Será un sistema con más generación distribuida y de pequeña escala, en su mayor parte
renovable, basada en un gran desarrollo de servicios energéticos orientados a gestionar más
eficientemente el consumo.
La innovación tecnológica, la maduración y el abaratamiento de las energías renovables, y en
particular de la energía fotovoltaica, las telecomunicaciones y la automatización de los hogares
nos ayudan en esa dirección, pero además, los socialistas valoramos la contribución de ese
nuevo modelo energético a la democratización económica, al fortalecer el protagonismo de la
ciudadanía en la gestión de la energía.
Para hacer viable la transición hacia ese modelo, será necesario impulsar la modernización de
las redes de distribución, la generalización de contadores inteligentes y los sistemas más
avanzados de gestión de los consumos, así como la generación distribuida, incluyendo en la
medida en que se estime adecuado y contribuya a facilitar la transición, los contadores
individuales de calefacción y agua caliente, tal y como están definidos en la Directiva
2012/27/UE.
Un consumo energético inteligente: eficiencia y “Zero emisiones”
Afrontaremos una reforma fiscal ecológica que obedezca principalmente a principios
severamente disuasorios, gravando en mayor medida las actividades más contaminantes,
eliminando ciertos beneficios fiscales ambiental y socialmente injustificables y bonificando las
prácticas más sostenibles.
Se trata de establecer un sistema más justo, tanto en términos recaudatorios como
redistributivos. La nueva fiscalidad debe ser verde en su objeto imponible (quien contamina
paga y restaura), verde en su grado de presión fiscal (se trataría de que quien contamine
pague, no de que contamine quien pueda pagar) y verde en sus objetivos, esto es, como
instrumento disuasorio y no únicamente recaudatorio.
-‐ Nuestra hoja de ruta debe plantearse la reducción de la intensidad energética en, al
menos, un 2% anual, y alcanzar 1,7 toneladas de CO2e per cápita y año en 2050.
-‐ La Ley de Transición Energética contemplará un Marco Director para la Eficiencia
Energética que asegure que la nueva demanda de energía contemple el uso de
las tecnologías más eficientes.
// 130

La mejora de la eficiencia energética de los edificios y del comportamiento térmico de los
edificios y la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de
rehabilitación de vivienda, constituirá un objetivo prioritario.
-‐ Para ello revisaremos las normas de edificación y rehabilitación, y desarrollaremos
instrumentos financieros específicos de apoyo e impulsaremos las empresas de
servicios energéticos.
-‐ Además desarrollaremos un ambicioso plan de actuación para los edificios públicos y la
contratación pública, y apoyaremos la incorporación las tecnologías más eficientes en
el consumo de energía, y el desarrollo de la cogeneración.
El transporte absorbe el 30% de la energía que consumimos, generando además serios
problemas de contaminación y ruido. Promoveremos la renovación del parque de vehículos,
impulsaremos la industria orientada a producir vehículos limpios y apostaremos por revisar en
profundidad nuestro modelo de movilidad, pasando de la actual política de transportes e
infraestructuras a una verdadera política de movilidad sostenible.
Ello requiere incorporar estos criterios en el planeamiento urbanístico y de infraestructuras,
desarrollar el transporte combinado de mercancías, en el que adquieran un mayor peso el
ferroviario y el marítimo; promover el transporte público de calidad, en particular en el acceso y
la movilidad en las ciudades, restringiendo el acceso con vehículo privado a las grandes
ciudades en paralelo al desarrollo de aparcamientos disuasorios; y utilizar inteligentemente la
fiscalidad del transporte, no aumentando sino redistribuyendo la carga fiscal, como instrumento
complementario.
Requiere también una estrategia ambiciosa de impulso a los vehículos híbridos y eléctricos
para sustituir las gasolinas y gasóleos por electricidad generada crecientemente con energías
renovables.
Queremos además repensar nuestras ciudades, impulsar un pacto con los alcaldes y
alcaldesas para invertir en ciudades saludables, prósperas y eficientes en el uso de recursos.
Será necesario reinventar nuestras infraestructuras, acondicionar nuestros edificios, repensar
las respuestas a las necesidades de movilidad, impulsar ciudades eficientes en consumo de
suelo, agua y energía; minimizando residuos y gestionándolos como recursos, como
yacimientos de materias primas reutilizables en una economía circular e inteligente.
Las ciudades son protagonistas del cambio climático, de nuestra salud, de nuestro tiempo y
nuestra prosperidad. Regeneración urbana y rehabilitación integral antes que nueva
construcción, eficiencia en la edificación, racionalidad en la movilidad, inteligencia en la
urbanización y ecología integrada. Estas son las claves de un urbanismo sostenible y
responsable donde la ciudad sea entendida como lugar de cohesión social, conocimiento,
cultura y convivencia entre todos los que la habitan.
-‐ Nuestro objetivo debe ser viviendas Zero emisiones, empezando por un impulso
masivo de la rehabilitación y exigir que las nuevas construcciones cumplan con
este principio. Este país debe digerir el enorme stock de vivienda y suelo ya puesto en
el mercado pero no podemos permitirnos un parque que arrastra una gran parte del
consumo energético nacional.
-‐ Hemos de impulsar hogares saludables, eficientes, renovables; soluciones para una
movilidad eficaz, limpia, silenciosa y asequible, sin externalidades no computadas por
nadie y sufragadas por todos y todas.
-‐ No hay mejor política energética que la del ahorro energético. Por ello presentaremos
un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración
// 131

Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas
actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos
nuevos en el sector. Para el éxito de este plan, platearemos medidas normativas, de
carácter administrativo, de financiación y de información para facilitar la rehabilitación y
la eficiencia energética de la edificación.
-‐ En el ámbito de los edificios públicos nos fijamos como objetivo la rehabilitación
energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la
Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo
al resto de administraciones.
Las energías renovables, eje de la lucha contra el cambio climático
El futuro de la energía, y en particular del sector eléctrico, es renovable. El desarrollo
tecnológico está mejorando los rendimientos y abaratando los costes de las energías
renovables fortaleciendo su competitividad.
El éxito depende, sobre todo, de tres factores:
-‐ un uso inteligente de la energía, eficiente y sobrio
-‐ un sector eléctrico limpio de emisiones
-‐ mayor electrificación de otros consumos energéticos
El apoyo de la economía digital ayudará a todo ello a la vez que facilita un vector de empleo y
modernización del tejido industrial del país, una garantía de prosperidad social y reducción de
costes y un factor de innovación en prestaciones, servicios y producción industrial.
Las energías renovables, eólica, solar, biomasa, biogás, hidráulica, marina, geotérmica,
además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, aprovechan recursos autóctonos,
reducen los riesgos asociados a la dependencia energética, contribuyen a crear un tejido
empresarial generador de desarrollo y empleo, tienen un impacto económico positivo
distribuido por el territorio, especialmente en la fijación de empleo en el mundo rural, y mejoran
la balanza de pagos.
En este orden de cosas y sabiendo lo que contribuye nuestra masa forestal a la lucha contra el
cambio climático, elaboraremos un programa de valoración energética de las masas forestales
de nuestro país y su aprovechamiento residual como biomasa.
En el desarrollo de las energías renovables en España se han alcanzado muchos éxitos, pero
también se han cometido algunos errores. De todo ello hemos aprendido. Creemos que
España aún tiene un gran recorrido en estos ámbitos, y queremos seguir impulsándolo.
España no se puede permitir que las empresas españolas de tecnología punta, innovadoras en
este campo abandonen nuestro país. Estamos muy orgullosos de haber conseguido hacer del
sector eólico una historia industrial y energética de éxito, que se ha proyectado más allá de
nuestras fronteras.
Nos gusta que España sea cuna de innovaciones en tecnología solar de concentración.
Debemos aprovechar la energía fotovoltaica, cuya evolución tecnológica y de costes ha sido
muy positiva en los últimos años, y se proyecta hacia el futuro como una tecnología muy
competitiva que proporcionará un gran impulso a la descentralización del modelo energético.
// 132

Disponemos del mejor recurso solar de Europa, y estamos decididos a convertir el desarrollo
de ese recurso en una historia de éxito energético, industrial y tecnológico, y en un motor de
cambio de nuestro modelo energético.
Para hacerlo posible:
-‐ Impulsar las redes inteligentes y un marco regulatorio para el autoconsumo que
contribuya a su impulso y garantice la seguridad del suministro.
-‐ Asegurar la adecuada interconexión de las redes con nuestros vecinos, como garantía
de mayor eficacia del sistema.
-‐ Abordar una transición energética hacia un nuevo modelo con escenarios a corto,
medio y largo plazo con las energías renovables y la eficiencia energética como
principales protagonistas. Para iniciar esta transición es necesario un marco regulatorio
estable, restaurar la seguridad jurídica y derogar las normas retroactivas, cuestión
sobre la cual el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad.
-‐ Eliminar las trabas al desarrollo del autoconsumo energético, incluido el
denominado "impuesto al sol", contenidas en el Real Decreto sobre esta cuestión
aprobado por el Gobierno del PP para promover así un marco regulatorio estable y
propicio a la generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso en la
descentralización de la generación eléctrica, lo cual constituirá una gran fuente de
empleo e impulso tecnológico.
Un libro blanco para la reforma del sector eléctrico
El mercado eléctrico necesita una profunda reforma. Ni ha protegido hasta ahora los intereses
de los consumidores, ni proporciona el marco adecuado para impulsar las inversiones de la
transición energética en el futuro.
Diseñado en su momento para que el precio esperado sirviera como señal económica para
impulsar inversiones en generación térmica de bajo coste fijo y alto coste variable, ciclos
combinados de gas natural fundamentalmente, no ha resuelto de forma satisfactoria el reto de
integrar la política contra el cambio climático, y no sirve para impulsar las inversiones en
tecnologías libres de CO2.
Las energías renovables necesitan un marco retributivo que asegure un retorno a largo plazo
de la inversión que el mercado no proporciona. Pero al mismo tiempo, el funcionamiento del
mercado tal y como está diseñado no es capaz de evitar las distorsiones que generan las
múltiples señales hoy presentes en nuestra regulación –primas, pagos por capacidad,
cuestionando su utilidad como señal económica promotora de decisiones económicas
eficientes.
Necesitamos un libro blanco en el que se analice y replanteen opciones, incluido el tratamiento
retributivo de las centrales desarrolladas antes de la liberalización del sector.
-‐ El mercado eléctrico necesita una profunda reforma que, en un marco de competencia
y al mínimo coste, permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva
generación necesaria para la transición energética, reduciendo la incertidumbre sobre
los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo
que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada
momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por
potencia renovable.
// 133

-‐ Impulsaremos una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética, como
condición indispensable para impulsar la coherencia entre lo que pagamos y lo que
recibimos, lo que queremos y lo que necesitamos dejar atrás.
-‐ Por otro lado, la reforma del mercado eléctrico debe permitir la recuperación de la
confianza en nuestro país y proporcionar una solución satisfactoria al perjuicio causado
a miles de pequeños inversores que habían confiado en la regulación para destinar sus
ahorros en inversiones renovables.
Una reforma fiscal ecológica
La fiscalidad del sector energético se caracteriza por la arbitrariedad y el desorden. Poner un
precio al carbono es imprescindible para orientar las señales de inversión, pero ni resulta por sí
solo suficiente ni el mercado europeo de derechos de emisión cubre de forma completa y
homogénea esta función.
España tiene margen para revisar su política fiscal. Manteniendo el mismo nivel de presión
fiscal es posible orientar mejor las decisiones, gravando lo que se quiere desincentivar y
primando aquello que beneficia a la sociedad. Hoy por hoy, las tecnologías y las energías
primarias para la generación de electricidad han sido sometidas a impuestos que no se
corresponden con criterios de eficiencia o equidad, sino que han sido resultado de decisiones
arbitrarias para repartir, de acuerdo con las preferencias del Gobierno, los ajustes para reducir
el déficit de tarifa.
Sin embargo, consumos difusos de energías fósiles, como las gasolinas y los gasóleos para el
transporte, han quedado al margen de los aumentos impositivos introducidos por el PP en el
sector energético. Además, los sectores difusos no están sometidos al sistema europeo de
derechos de emisión negociables, por lo que en su caso sólo puede pagarse el precio del
carbono a través de la fiscalidad.
Crearemos un fondo verde para la transición energética. Un fondo que será alimentado con
parte del impuesto al CO2 con tres líneas básicas:
- Una social, para acompañar a las familias y colectivos vulnerables subvencionando
las inversiones que garanticen el ahorro y la eficiencia energética en sus hogares,
la bonificación en el transporte público y la garantía de un mínimo consumo de
electricidad a precio bonificado.
- Una segunda línea estará destinada a facilitar el crédito para la inversión en ahorro
y eficiencia, con particular atención a las PYMES y al sector residencial. Tenemos
que impulsar el sector de la rehabilitación en nuestro país.
- Una tercera línea ofrecerá préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad
limpia en los sectores de la logística y las empresas del sector del transporte de
personas y mercancías.
3.2 Medioambiente y sostenibilidad: nuestra riqueza, nuestro futuro
Cualquier crecimiento que se base en el consumo ilimitado de recursos limitados está
condenado al fracaso. Debemos apostar por un desarrollo sostenible y satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer las de generaciones venideras.
- Queremos empleos y crecimiento verdes, impulsando en línea con la Comisión
Europea (“Empleo verde. Hacia una economía circular”) la consolidación y el
crecimiento de empleo justo y perdurable. Propugnamos una economía que
apueste por una gestión sostenible de nuestro capital natural.
// 134

- Queremos una estrategia común hacia una nueva economía, coherente con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: la economía del desarrollo justo, circular y
sostenible; que prevenga y controle la contaminación, que disminuya el impacto en
salud y las distorsiones en la competitividad; que asegure el acceso a agua,
alimentos y energía, que vele por los océanos y disponga de una capacidad de
vigilancia y tutela públicas, garantes de un uso responsable de los recursos.
Dos principios básicos informarán nuestro programa de gobierno: equidad en el acceso a
beneficios y atribución de costes y seguridad para nuestra sociedad dentro de los límites de los
ecosistemas.
1. Medio ambiente y equidad: punto final a la privatización de los beneficios en
favor de unos pocos y la socialización de las cargas
España sufre hoy las consecuencias de haber impulsado durante el boom un patrón económico
insostenible. Queremos recuperar la visión integral de la legislación y nuestras
políticas, reconociendo en el marco de la reforma constitucional los derechos
ambientales como garantía para las generaciones futuras. Impulsaremos una fiscalidad que
corrija y grave adecuadamente el deterioro ambiental y promueva la protección y resiliencia de
nuestros ecosistemas.
Defendemos el derecho al medioambiente como derecho a disfrutar de un aire limpio, de agua
de calidad, de entornos de vida saludables y de alimentos seguros. Por ello, nos
comprometemos a derogar todas las leyes de privatización y especulación desplegadas a lo
largo de la X Legislatura con este patrimonio público para devolvérselo a la sociedad así como
a poner en marcha un Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental Integradas, y recuperar
el Observatorio de la Sostenibilidad homologándonos así a los parámetros de países de
nuestro entorno.
Trabajaremos para conocer y medir mejor nuestra riqueza en la contabilidad nacional y en el
modo en que es disfrutada por la ciudadanía, incorporando indicadores de desarrollo sostenible
en las cuentas públicas. Recuperaremos la capacidad de análisis de un observatorio técnico,
independiente y solvente para disponer de información rigurosa y actualizada de la evolución
de los parámetros de sostenibilidad de nuestra economía.
- Recuperar las políticas de Cambio Climático, aprobar una ley que establezca
objetivos y su actualización, impulse la seguridad y la prosperidad, impulsar el
mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias
para el desarrollo sostenible, aplicar estrategias de adaptación que favorezcan
soluciones basadas en ecosistemas e infraestructuras verdes.
- Se encomendará al Banco de España la elaboración de un informe sobre la
exposición de la economía y el sector financiero a riesgos climáticos y de carbono y
realizaremos una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 del país,
que remitiremos anualmente al Parlamento para impulsar la transparencia e
incorporar a todos los planes de inversión e infraestructuras informes preceptivos
sobre intensidad de carbono y resiliencia a los efectos del cambio climático.
- Impulsar la educación ambiental apostando por la formación y la investigación que
permita el avance de las enormes posibilidades de desarrollo que ofrece la llamada
economía verde.
// 135

2. Biodiversidad: de la protección de especies y espacios a los sistemas clave para
el desarrollo sostenible.
La biodiversidad como concepto global ha reemplazado a la protección de espacios, especies
y paisajes como objetivo final de las políticas de gestión de la naturaleza. Los servicios
ecosistémicos son el marco conceptual en el que definir políticas y proyectos, sobre el que
impulsar el equilibrio entre los tres pilares del desarrollo sostenible.
- Promover la adopción y aplicación de Planes estratégicos para la biodiversidad
- Garantizar la preservación y gestión responsable del territorio, los bosques y los
espacios forestales, en coordinación con gobiernos autonómicos y actores locales,
en el contexto de planes actualizados, garantes de los beneficios ambientales y los
servicios que aportan los sistemas naturales a la sociedad.
- Preservar y recuperar especies amenazadas, consolidar bancos genéticos;
fortalecer la Red de Parques Nacionales como reservas estratégicas y la Red
Natura 2000 como espacio para la conservación activa, proveedoras de servicios
ambientales, centros neurálgicos para la investigación, la preservación y la
resiliencia frente a los impactos del cambio climático y otras amenazas
antropocéntricas.
Es imprescindible poner el énfasis en el valor de los montes con políticas que faciliten su
protección, promuevan los incentivos adecuados, aseguren la colaboración entre las distintas
Administraciones con competencias en esta materia, garanticen el bienestar de las
comunidades rurales y dispongan de las herramientas de planificación, fiscales y de medios
humanos que estos objetivos requieren.
Los bosques son parte clave del espacio rural, requieren una visión de conjunto sobre el valor
del territorio y un reconocimiento de su contribución y de la buena gestión de sus habitantes.
Por ello, trabajaremos en 3 ejes:
- Uso sostenible del bosque, los espacios forestales y la biomasa residual. Impulso
de los aprovechamientos sostenibles y la regeneración del bosque, la generación
de empleo en su mantenimiento y certificación de sus productos tanto los
maderables como los no maderables. Por ello, aprobaremos un marco financiero
estable que prime el buen uso del bosque y su papel como Sumidero Verde de
Carbono e impulsaremos una estrategia de marca de calidad para los productos
forestales sostenibles.
- Invertir en los profesionales. Impulsaremos un estatuto básico para agentes y
bomberos forestales en un marco de mejora continua de su capacidad profesional
y regulador de un mínimo común legislativo de sus importantes funciones en la
defensa y protección de nuestro patrimonio natural y biodiversidad.
- Ningún incentivo perverso y sí una sólida política para la prevención de incendios:
recuperaremos la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas
forestales incendiadas y aprobaremos una estrategia integral de prevención de
incendios, reconociendo el valor del bosque vivo y bien gestionado.
Protección animal
- Garantizar de forma efectiva la protección y defensa de los animales culminando la
elaboración de la Ley Marco de Bienestar Animal que siente las bases de una
// 136

normativa mínima en todas las CCAA, de acuerdo con los informes realizados por
el Grupo de Trabajo de Alto Nivel constituido a propuesta del Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados.
- Establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios que impidan
situaciones de maltrato animal en los espectáculos públicos y festejos populares
realizados en todo el territorio nacional. A tal efecto se tendrán también en cuenta
las directrices que contiene dichos informes sobre bienestar animal.
3. Agua: fuente de vida y bienestar, clave para la economía
El agua es el bien natural más importante para la vida y el bienestar; es clave para la
prosperidad humana del hombre y fundamental en el desarrollo de actividades económicas
básicas de nuestro entorno. Es, además, un bien ambiental que requiere preservación y
cuidado, en línea con los planteamientos y principios de la Directiva Marco del Agua y sus
exigencias de evaluación periódica.
Solo podremos garantizar el abastecimiento, el mantenimiento de un derecho básico al agua
para toda la ciudadanía, si hacemos un seguimiento correcto de la cantidad y calidad del
recurso hídrico, garantizando una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua.
Asimismo, se impulsará las tecnologías de desalación priorizando el uso de energías
renovables y los sistemas de ahorro y eficiencia energética en las mismas, de cara a conseguir
que sean una herramienta fundamental para garantizar la disponibilidad de agua.
Se asumen pues los valores de la economía circular, pensando a largo plazo para definir las
actuaciones a corto, identificando qué tipo de infraestructuras básicas e inteligentes, son
coherentes con el uso eficiente del recurso y la priorización en cantidad y calidad en función de
las distintas prioridades. Solo así garantizaremos el agua para hoy pero también para
generaciones futuras.
- Garantizar el acceso universal a un agua de buena calidad (con un mínimo
vital), así como el saneamiento antes de su devolución a los cauces naturales
respetando la calidad ambiental. Por ello, estableceremos una política de
discriminación positiva en el caso de las personas en riesgo de exclusión
social para asegurarles un nivel básico de consumo de agua potable para cubrir
sus necesidades esenciales.
- Establecer mecanismos para facilitar la utilización de agua desalada a precios
asequibles, incluido el establecimiento de tarifas sociales. Todas estas
soluciones deberán ser compatibles con los requerimientos de sostenibilidad y
garantías de explotación, siempre dentro de la búsqueda del uso eficiente del
recurso, en línea con los principios de la Directiva Marco Europea del Agua.
- Garantizar el derecho básico al agua a la ciudadanía, sobre la base de un correcto
seguimiento de la calidad y cantidad de los recursos hídricos disponibles y una
gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua, en línea con la directiva
marco del agua.
- Prestar especial atención a los territorios afectados por la sequía y las medidas
previstas en los decretos para paliar los daños que éstas producen, así como las
proyecciones hídricas y climáticas que, necesariamente, han de ser tomadas en
consideración en los ciclos de planificación. En este contexto, haremos uso de las
desaladoras y demás infraestructuras existentes, impulsaremos la inversión en
// 137

eficiencia e identificaremos las medidas prioritarias y urgentes que faciliten una
gestión eficaz y satisfactoria de los recursos hídricos.
- Ningún hogar debería ser privado de un bien esencial para la vida como es el agua,
y los poderes públicos deben velar para que no se vea vulnerado este derecho.
Haremos efectiva la Iniciativa Legislativa Popular Europea para el reconocimiento
efectivo del agua como bien público, no comercial y cuyo acceso es un Derecho
humano, incorporando en un nuevo marco legal la restricción de que el
suministrador no podrá suspender el servicio de abastecimiento de agua a una
familia por razones económicas, cuando los recursos familiares no permitan cubrir
su pago, en tanto se tramitan las posibles ayudas sociales que pudiesen permitir
atender la cobertura de necesidades básicas y haya resolución administrativa
sobre las mismas.
En línea con los principios de la Directiva Marco del Agua, nos comprometemos a:
- Establecer una garantía pública de acceso universal al suministro vital básico, así
como un marco de tasas y precios públicos justos. Blindaremos por ley las
salvaguardas que impidan la mercantilización de los derechos concesionales,
impulsando un gran Pacto Social y Político por el agua que asiente los principios
rectores de ésta política: “Tutela pública, transparencia, sostenibilidad y
participación ciudadana”.
- En este sentido en un nuevo marco legislativo se planteará la ejecución de
auditorías de gestión de las concesiones administrativas de cara a verificar el
estricto cumplimiento de la normativa y también de las condiciones acordadas en
dicha concesión.
- No se realizará ninguna privatización de empresa pública estatal u organismo
público donde participe y tenga capacidad de decisión la Administración General
del Estado o gestione derechos de agua.
- Hacer de la Planificación Hidrológica un instrumento eficaz para garantizar en el
tiempo la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, así como el uso
eficiente del recurso atendiendo a las necesidades ambientales y las proyecciones
climáticas que exigen un gran esfuerzo de país en materia de mitigación y
adaptación.
- Acometer un ambicioso Plan de Restauración de ríos y humedales de gran
importancia en el patrimonio natural de España para así rescatar sus
funcionalidades principales como grandes corredores de vida natural
suministradores de servicios ambientales y autodepuración de las aguas.
- Elaborar un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y
Reutilización que haga absolutamente transparentes todos los escenarios de
gestión, especialmente los derechos y deberes emanados de los regímenes
concesionales en los que se clarifiquen los principios irrenunciables que garantizan
el agua como bien público.
// 138

4. El mar, conocimiento y protección. El litoral, un tesoro vulnerable.
En 2013, tras la entrada en vigor de la Ley de Protección del Medio Marino y la Sostenibilidad
de la Costa, se iniciaron los procedimientos para declarar áreas marinas protegidas. Todavía
estamos muy por debajo del porcentaje de protección exigido por nuestras obligaciones
internacionales.
Necesitamos conocer y proteger nuestros fondos marinos, ordenar los posibles usos del
espacio marino compatibles con la preservación de su biodiversidad y prohibir todos aquellos
cuyo riesgo no es asumible ni social, ni económica ni ambientalmente.
Por ello, proponemos:
- Prohibir las prospecciones de combustibles fósiles y la minería en el fondo marino,
limitar la explotación industrial a las actividades claramente compatibles con su
preservación, favorecer la pesca artesanal frente a alternativas industriales y no
discriminatorias, multiplicar por tres las áreas marinas protegidas y dotar de medios
adecuados las tareas de vigilancia y protección.
También la franja costera requiere un análisis estratégico sobre las oportunidades y amenazas
que ha de afrontar en las próximas décadas. Por ello, llevaremos a cabo una revisión de la ley
de Costas aprobada por el Partido Popular que ha sido declarada parcialmente nula por el
Tribunal Constitucional tras el recurso planteado por el PSOE.
5. Residuos y prevención de la contaminación.
Una economía circular demanda un mejor tratamiento de los residuos. España es el país que
menos residuos genera entre los países europeos de referencia (Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia). Pero, también, está muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de
residuos (sólo el 39% de residuos urbanos y el 89% de residuos industriales son tratados,
frente al 66% y el 96%, respectivamente de media de los citados países).
Para superar esta debilidad del modelo español, proponemos poner el acento en la política de
prevención y la economía circular.
Partiendo del principio rector que debe ser el de la reducción en la generación de residuos, nos
comprometemos a:
- Continuar con los esfuerzos de reducir los impactos ambientales, climáticos y sobre
la salud de los modelos de desarrollo.
- Desarrollar políticas concretas y ambiciosas a favor de la economía circular
mediante objetivos enfocados a conseguir el vertido cero, el reciclaje, la reducción
de los residuos, el ecodiseño de bienes y servicios que den lugar a productos de
más larga duración y la preparación para la reutilización y la reparación.
- Incrementar el ecodiseño, la utilización de materiales recuperados y el impulso de
la trazabilidad de todo tipo de productos.
- Fomentar la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.
- Incentivar la cooperación y compartir experiencias de éxito con otras ciudades, en
el marco de estrategias a largo plazo basadas en la cooperación académica.
// 139

- Subrayar las consecuencias que un cambio de modelo hacia una economía circular
supondrá en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Establecer procedimientos que faciliten el acceso a la información en materia de
gestión de residuos y asegurar la transparencia del sistema con el objetivo de que
empresas y la ciudadanía conozcan tanto la manera como las consecuencias de
disminuir la producción de residuos o de gestionarlos correctamente desde sus
ámbitos de acción.
- Mejorar el diseño y aplicación de los planes de prevención y tratamiento y
recuperar los planes nacionales de residuos tóxicos y de descontaminación de
suelos.
- Simplificar la gestión de los residuos de la actividad agraria desarrollando una
solución integral y armonizada.
- Introducir progresivamente sistemas de gestión de “Depósito, devolución y retorno”
en los flujos donde este sistema sea más eficaz.
// 140

4. SECTORES
España cuenta con sectores maduros, que por su peso en el PIB, por estar ligados a la
demanda pública, por su influencia en la ordenación del territorio, precisan de una revisión de
sus políticas de apoyo.
Nos referimos a sectores como el turismo, que aporta el 10,9% de nuestro PIB, la industria de
defensa, los contenidos digitales, la industria del automóvil, la industria manufacturera o los
sectores ligados a la agricultura y la pesca.
4.1. TURISMO: UN MODELO TURÍSTICO INNOVADOR, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
España cuenta con claro liderazgo internacional forjado a lo largo de las últimas décadas que la
sitúa en:
- El segundo destino mundial en ingresos por turismo (48,4 mil millones de euros).
- El tercer destino mundial por llegadas internacionales (65 millones de turistas).
- El país que mayor saldo obtiene de la balanza de pagos. Es el destino con mayor
fidelización. Los turistas que nos visitan muestran un alto nivel de satisfacción. El
83,5% nos ha visitado en más de una ocasión.
- El destino favorito de los europeos según el eurobarómetro de la Comisión Europea.
- El reconocimiento de su gastronomía internacionalmente. Algunos de los mejores chefs
de España han conseguido escalar el pódium mundial de la gastronomía, consiguiendo
dar a conocer la marca España a nivel mundial.
- El reconocimiento de su estilo de vida y su amplia y variada oferta de ocio y
entretenimiento. Ello la convierte en uno de los destinos que ofrece más diversión a los
turistas que lo visitan, otorgándole un valor añadido por el que están dispuestos a
pagar más.
Sin embargo, y a pesar de este liderazgo, y de los esfuerzos realizados durante las últimas
décadas, el turismo español ha ido evidenciando debilidades y problemas de competitividad,
que son consecuencia de su propio modelo de desarrollo, y que siguen sin ser resueltas,
provocando pérdidas de competitividad, especialmente, en determinados destinos maduros del
litoral mediterráneo y los archipiélagos:
- Una excesiva concentración espacial de la actividad. Especialmente en el litoral
mediterráneo y las islas, que suponen un valor añadido para el país , pero que cuentan
con un exceso de crecimiento y en algunos casos, un progresivo deterioro
medioambiental y paisajístico, que afecta a la calidad del entorno y les hace perder
competitividad.
- Un marco normativo complejo y heterogéneo, con normativas diferentes en función de
cada región, que ha perjudicado al sector empresarial.
- Una fuerte concentración de la demanda, tanto espacial como temporal, creando serios
problemas de estacionalidad.
- Una elevada dependencia de los mercados más próximos, en especial Reino Unido,
Alemania y Francia.
- Débil posicionamiento en los segmentos de demanda de mayor capacidad de gasto.
- Desequilibrios en la oferta, exceso capacidad y obsolescencia en determinados
equipamientos e infraestructuras en destinos maduros clave.
- Obsolescencia en los modelos de gestión de los destinos y una escasa y poco eficiente
cooperación público-privada en la estrategia de marketing internacional.
// 141

PROPUESTAS
Los cambios que afectan al mercado turístico y a la economía global exigen un cambio de
rumbo en la política turística y en las estructuras e instrumentos utilizados hasta el momento,
para seguir aprovechando el potencial de desarrollo que ofrece esta importante actividad.
El cambio de rumbo de la política de turismo que propone el PSOE va dirigido a:
• Avanzar en una política turística más transversal y colaborativa, con un fuerte
compromiso público y privado.
o Implicar mediante la participación y el consenso, al conjunto de las
Comunidades Autónomas y ayuntamientos en una estrategia turística global.
Además revisaremos los criterios para el reconocimiento de los Municipios
Turísticos.
o Estrechar la colaboración del sector público con el sector empresarial y el
conjunto de los agentes sociales
• Apostar por el conocimiento y el talento, promoviendo la cultura de la innovación en el
sector
o Formar a los mejores profesionales en las administraciones públicas y en las
empresas.
o Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales en las
empresas.
o Promover la implementación de herramientas tecnológicas eficaces, así como
su uso eficaz entre los profesionales del sector.
• Promover el cambio en las estructuras y los modelos de gestión actuales,
implementando nuevas fórmulas, en línea con la creación de entes gestores más
ágiles, profesionales y eficientes de naturaleza mixta (participación público-privada)
o Crear una red de conocimiento e innovación, con un instrumento de gestión
común, que integre las acciones desplegadas por el IET, Segittur y los centros
de conocimiento, innovación y observatorios de CC.AA, y de sectores
empresariales.
o Otorgar mayor peso y capacidad de coordinación en políticas turísticas al
Consejo Español de Turismo, como órgano de participación del sector.
• Revalorizar la oferta turística, promoviendo el desarrollo de productos de mayor valor
añadido y capacidad desestacionalizadora, como el patrimonio cultural y natural, con
mayor potencial para atraer nuevos segmentos de demanda, de mayor poder
adquisitivo y gasto.
• Incrementar los recursos y los esfuerzos en actualizar y llevar adelante la nueva
estrategia de marketing de España acordada con el sector, y las CCAA, orientada al
consumidor, en base a productos y segmentos de demanda, más innovadora en las
acciones, y con un modelo de gestión más colaborativo y con mayor participación de
los destinos y las empresas. Es necesario homogeneizar las marcas turísticas,
evitando una desmedida proliferación.
o Reorganizar toda la red internacional de oficinas de turismo conforme a los
nuevos objetivos y con una estructura y modelo de gestión más empresarial.
Con mayor capacidad de vender servicios y generar ingresos.
• Impulsar el Plan Turismo Litoral S. XXI, promoviendo la creación de las condiciones
necesarias para su impulso e implementación.
o Impulsar una política de rehabilitación y valorización integral del litoral
(espacios públicos, edificaciones residenciales e instalaciones turísticas), que
reoriente el modelo de crecimiento poniendo el foco en la rehabilitación de la
// 142

oferta existente y eliminación de la oferta que no cumple las exigencias
mínimas legales
o Establecer compromisos para reducir la carga ecológica
o Priorizar en estas zonas, la implementación del conjunto de propuestas
recogidas en el presente programa.
En definitiva, proponemos hacer del turismo una prioridad política, una política de estado para
avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo turístico, más competitivo, sostenible,
desestacionalizador e innovador, que haga del turismo un gran motor de prosperidad, elevando
su rentabilidad socioeconómica, generando más y mejor empleo, con cada vez mayores
grados de compromiso con su entorno y con los nuevos requerimientos de la demanda.
4.2. INDUSTRIAS CULTURALES, CREATIVAS, DEL CONOCIMIENTO Y LA
COMUNICACIÓN (ICC)
España tiene que apostar por ejercer el liderazgo internacional en el impulso de las industrias
culturales, creativas, del conocimiento y de la comunicación (a las que denominaremos, en
adelante, “ICC”). Una apuesta decidida por establecer políticas públicas digitales de acuerdo
con los sectores privados para la divulgación, creación y distribución de contenidos digitales
legales.
España tiene un desafío y una oportunidad única en relación con esta industria, dado el
potencial que nos proporciona un idioma como la lengua española, el segundo más hablado del
mundo. Una oportunidad que hay que encarar con una mirada participativa y con un proyecto
colectivo basado en la apuesta por la suma del talento y la creatividad, capaz de generar y
liderar un Mercado Digital de Contenidos.
Para potenciar el valor estratégico cultural y económico de las ICC y su valor como patrimonio
colectivo, es preciso:
- Proporcionar a las ICC fortaleza exterior como potencia creativa.
- Actuar con relevancia en el Mercado Único Digital Europeo.
- Impulsar y crear el Mercado Digital Iberoamericano de creaciones y contenidos.
- Ser un país de referencia y acogida del Talento y la creatividad, la Investigación y la
Digitalización de contenidos públicos y privados.
- Incentivos fiscales para las empresas promotoras de las ICC.
- Ruptura del aislamiento de la Patente Europea.
PROPUESTAS
Como arquitectura inicial del Plan 2030 para el Desarrollo del Mercado Digital de Contenidos y
apoyo a la industria cultural:
• Apoyar a las industrias de contenidos digitales como generadores de empleo, cultura,
desarrollo económico, cohesión social y aportación al PIB. Creación del Consejo
Nacional para el desarrollo e impulso de las ICC.
• Apostar por una remuneración justa en internet al sector creativo e innovador, el
fortalecimiento de sus derechos digitales y el retorno de los mismos. Reformaremos la
Ley de Propiedad Intelectual con el objeto de hacer efectiva la necesaria protección de
la propiedad intelectual de los derechos del creador y las industrias de contenidos
generados en la economía digital. En materia de compensación por copia privada se
cumplirá estrictamente la transposición de las normas europeas.
• Impulsar, en colaboración con el sector, una Estrategia de presencia, impulso y
desarrollo de las ICC y sus autores en el exterior, con especial atención al espacio
hispanohablante y la consolidación de nuevos mercados.
• Disminuir el IVA cultural al tipo reducido, tanto en los servicios analógicos como
digitales, así como la implementación de la igualdad de trato fiscal con el cumplimiento
// 143

de la legislación nacional. Defenderemos en las instituciones de la UE su disminución
hasta el tipo superreducido.
• Instaurar el principio de neutralidad tecnológica en relación a la distribución de
contenidos digitales para que el ciudadano tenga igualdad de oportunidades y de
acceso económico.
• Defender la libre circulación de derechos, bienes, servicios y licencias culturales.
• Impulsar una política de divulgación de las obras y prestaciones en dominio público
propiedad del Estado español.
• Establecer un plan Específico de desarrollo de la creación y producción del Videojuego
en España con medidas destinadas a impulsar el crecimiento de los estudios, impulsar
la densidad e internacionalización del sector y considerándolo sector fundamental para
la digitalización de nuestra economía y de especial importancia para el fomento de la
creatividad.
• Impulsar políticas de convergencia de humanismo y tecnología que articularemos a
través de los elementos siguientes:
o Impulso de la lengua española como bien económico tangible internacional
para las patentes, invenciones y creaciones.
o Defensa de la Propiedad Intelectual, de la oferta legal de contenidos y de la
lucha activa contra la piratería.
o Políticas que reviertan la creciente fuga de cerebros y fuga de talentos en la
ciencia, la investigación y las artes, y políticas encaminados al retorno de los
mismos.
o Medidas de apoyo y préstamos sociales a creadores, investigadores,
empresarios y productores de las ICC; laboratorios de creación, tecnología e
investigación.
o Financiación pública para la investigación y para programas de talento, y
financiación a programas de protección de los derechos a través de la
tecnología.
o Políticas de apoyo y acceso a la cultura para las personas con discapacidad y
con riesgo de exclusión social
o Divulgación e impulso del flamenco como patrimonio de la humanidad a través
de un canal digital “ad hoc” y difusión de nuestro patrimonio material e
inmaterial cultural como generador de sinergias con el sector del turismo.
4.3. SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
España es el noveno fabricante mundial de vehículos con más de 2,4 millones de vehículos
producidos en 2014. En el segmento de vehículos industriales, España es líder europeo desde
hace más de 15 años. En 2014, el sector de la automoción representó un 7,3% del PIB
nacional, que aumenta hasta el 10% si incluimos los sectores auxiliares, y empleó directa o
indirectamente a 1,8 millones de personas (8,7%). Además, se trata sin duda de un sector
perfectamente integrado en las cadenas de valor internacionales, que exporta el 85% de su
producción, siendo el tercer sector exportador en España, representando un 17,6% del total de
las exportaciones del país.
En los próximos años el sector de la automoción se enfrenta a una dura competencia
internacional, con el surgimiento de países asiáticos como grandes fabricantes. Para que el
sector de la automoción siga siendo un sector estratégico para nuestra economía es necesario
que sea capaz de mantener su actual posición de liderazgo en la adaptación de sus productos
a las innovaciones tecnológicas que se vayan produciendo.
// 144

PROPUESTAS
• Impulsar planes de ayudas a la compra: los actuales planes de subvenciones y ayudas
a la compra de vehículos, comenzados con los gobiernos socialistas, han sido exitosos
en la medida en que han contribuido a atemperar la caída de la demanda nacional
durante lo peor de la crisis. Pero es necesario su paulatina substitución por un
programa de subvenciones e incentivos a la compra de vehículos más eficientes desde
el punto de vista de emisiones y también más seguros pues el parque automovilístico
español tiene un promedio de antigüedad muy elevado (11,3 años).
• Apostar por la I+D+i en el sector del automóvil: La industria española del automóvil no
destaca por su esfuerzo en I+D+i. Con alguna excepción, las casas matrices delegan
poco en las filiales españolas la creación de desarrollos tecnológicos propios. Es por
tanto urgente incentivar al sector del automóvil para que aumente las inversiones en
I+D+i que desarrollan en nuestro país. Para ello restableceremos el programa CENIT
del CDTI, y abriremos una línea especial orientada al sector automotriz, en particular
dirigida al desarrollo del vehículo eléctrico e híbrido, el desarrollo de nuevos materiales
y la incorporación de las TIC en el vehículo, su capacidad de interrelación con otros
automóviles y con elementos de gestión del tráfico en las ciudades, con el objetivo de
mejorar la movilidad.
• Diseñar una estrategia de desarrollo del vehículo eléctrico, híbrido y del CNG: La
expansión del coche eléctrico, híbrido y de CNG y GLP requiere de una estrategia
integral que incorpore toda la cadena de valor, y construyendo una relación sólida y de
futuro con las redes de distribución, donde la actividad de post-venta adquiere un
carácter clave, así como los puntos de repostaje para el vehículo eléctrico. Esta
estrategia ha de contemplar la incorporación progresiva de estos vehículos en los
sistemas de transporte público.
• Reformar la fiscalidad asociada al automóvil, en el marco de nuestra reforma fiscal
ecológica: Asociada a los elementos anteriores de fomento de la demanda y de la
oferta de vehículos más eficientes, y a través de un proceso de diálogo con el sector,
se reformará la estructura fiscal actual, pasando a una fiscalidad en la que las
emisiones realizadas por el vehículo sean la variable principal.
• Reformar y endurecer el sistema de control de emisiones de gases contaminantes de la
industria automovilística, para evitar lagunas y deficiencias en las mediciones y los
controles de las emisiones.
• Desarrollar la industria auxiliar y de autopartes nacional: Pese a la importancia de la
industria de fabricación de componentes de automóvil, el elevado nivel de
importaciones de autopartes revela que existe margen para mejorar la integración de la
industria y el aumento del valor añadido producido en nuestro país. Para ello se
desarrollara una Estrategia Integral del Sector de Fabricación de Componentes y
Equipos que aborde entre otros las necesidades de (i) adaptación y modernización de
las plantas a los requerimientos de calidad y medioambientales; (ii) financiación para
las nuevas inversiones tanto en activo fijo como en I+D+i recuperando las condiciones
especialmente favorables de los Planes de Competitividad vigentes ente 2009 y 2011;
(iii) formación de la mano de obra, con especial enfoque hacia la formación profesional
dual.
• Establecer vigilancia del mercado: Es necesario establecer claramente las
responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en la comercialización de
piezas usadas de automoción, con el fin de proteger al ciudadano de prácticas que
puedan poner en juego su seguridad al volante. Por tanto, incrementaremos el control y
actuación administrativa ante talleres ilegales y la comercialización de piezas usadas,
falsificadas y no homologadas para proteger al ciudadano ante prácticas fraudulentas
// 145

que comprometan su seguridad. Establecer medidas de lucha contra la competencia
desleal.
4.4. TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
La dotación de grandes infraestructuras de transporte en España presenta hoy niveles propios
de países desarrollados que hace que la situación actual no se parezca en nada al punto de
partida de 1978. No obstante, persisten déficits de infraestructuras en ciertos modos y
territorios.
En un escenario de restricciones presupuestarias y partiendo de ese diagnóstico es necesario
establecer nuevas prioridades en este ámbito.
Las infraestructuras de transporte no serán nunca un fin en sí mismas. Nos comprometemos a
ser especialmente cuidadoso en su planificación y ejecución para dar al sistema de
transporte una clara orientación a la economía productiva y al servicio público, para mejorar las
condiciones de vida de la ciudadanía, manteniéndose como un instrumento eficaz de
ordenación y cohesión territorial.
La inversión en infraestructuras ha de modificar su enfoque tradicional, dando prioridad a
nuevos enfoques debiendo ser el resultado de un análisis objetivo en el que concurran las
necesidades reales del territorio, la sostenibilidad y equilibrio del sistema intermodal y la
suficiencia financiera para abordar dicha inversión:
- Vamos a poner el énfasis en el servicio de transporte que se facilita con la
infraestructura y no en la infraestructura en sí misma, enfrentándose a él con un punto
de vista global, del sistema de transporte como un conjunto.
- Se finalizarán las inversiones pendientes en materia de grandes infraestructuras. Se
completarán los distintos corredores pendientes, adecuando los proyectos a la
demanda realmente existente, a criterios de cohesión territorial y a la planificación
definida en la Red Transeuropea y atendiendo a las posibilidades de financiación de la
economía española.
- Se dará prioridad absoluta a las actuaciones necesarias para la mejora de la seguridad
del sistema de transporte. Para ello, se priorizarán las inversiones ligadas a la mejora
de índices de seguridad y accesibilidad en todos los modos de transporte.
- Prestar más atención a la mejora y mantenimiento de infraestructuras ya existentes que
a obras nuevas y a la mejora y corrección de los estrangulamientos puntuales.
- Centrar la atención en el transporte y la movilidad de pasajeros metropolitano, de
cercanías ferroviarias, de larga distancia, del transporte de mercancías, de la seguridad
vial, y dejar un poco de lado el paradigma de más y más cantidad de infraestructuras.
- La logística tiene un importante componente transversal, por lo que no tiene que ser
visto solamente como un sector específico, sino como un elemento muy relevante para
la competitividad de muchos sectores productivos, así como del territorio en sí mismo.
También tiene una gran importancia en relación con el medio ambiente y la
sostenibilidad.
- Es necesario tener una visión global de las infraestructuras logísticas y poner el énfasis
en el concepto de “cadena logística” y no en la visión de las infraestructuras aisladas.
En muchas ocasiones un buen desarrollo de ciertas infraestructuras no tiene el efecto
deseado porque se producen cuellos de botella en otros eslabones de la cadena
(conectividad portuaria, estrangulamientos en las infraestructuras lineales, falta de
infraestructuras nodales multimodales, etc).
// 146

PROPUESTAS
• Elaborar un Plan de Transportes y sus Infraestructuras que se someterá a la
aprobación del Parlamento, con el mayor consenso posible, para garantizar la
estabilidad de las actuaciones que, a medio y largo plazo, España necesita.
• Definir, desarrollar y gestionar cadenas logísticas completas, y no infraestructuras
aisladas, que respondan a las necesidades de los sectores productivos, a las políticas
de reindustrialización, al aprovechamiento del potencial geoestratégico de España en el
ámbito logístico, y a las políticas energéticas y ambientales. Trabajaremos para
garantizar que todas las regiones de España tengan costes logísticos similares,
realizando las inversiones necesarias en las infraestructuras de transporte.
• Desarrollar los corredores de la Red Transeuropea y otros corredores logísticos
relevantes mejorando los estándares operativos de las líneas y con puntos de acceso
adecuados a la Red (terminales intermodales interiores y conexión con las terminales
ferroportuarias). La mejora de los servicios ferroviarios es esencial para el objetivo de
trasvasar carga de la carretera al ferrocarril.
• Desarrollar nuevas infraestructuras centrándonos en actuar allí donde la prestación de
servicios encuentre cuellos de botella.
• Crear la figura de los Consorcios de Transportes para el tráfico de mercancías en los
que estarán representadas todas las Administraciones implicadas y contarán con los
cauces adecuados de participación de todos los sectores productivos que intervienen
en la cadena logística
• Impulsar las relaciones directas entre los grandes centros de
carga, en especial entre los puertos y los grandes centros de consumo
en áreas metropolitanas e industriales.
• Potenciar la implantación de desarrollos I+D+i que favorezcan la eficiencia del
transporte multimodal, como el caso de los SIT (Sistemas Inteligentes de Transporte).
Transporte terrestre
• Reforzar, tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías, el marco legal
para la defensa de los derechos de los usuarios.
• En el campo de la Seguridad Vial asumimos el compromiso de seguir impulsando el
Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2012.
• Promover acuerdos con los Ayuntamientos de las ciudades más importantes y con las
respectivas Comunidades Autónomas para la definición e implantación de Planes de
Movilidad Urbana.
• Desarrollar los compromisos adquiridos en los convenios firmados por la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de
Planes de Transporte de cercanías de las grandes ciudades y áreas metropolitanas.
// 147

• En el marco de una movilidad sostenible en las ciudades, y dentro de un proceso de
participación con la Mesa Nacional de la Bicicleta y otras entidades del sector,
proponemos presentar un Plan Estratégico de la Bicicleta, como existe en otros
Estados Europeos
• Identificar en el transporte de viajeros, y como paso previo al proceso de liberalización
promovido por la UE, de forma precisa y con criterios comunes, objetivos y
transparentes las “obligaciones de servicio público” y los “servicios comerciales”, tanto
en las concesiones de competencia estatal de transporte por autobús como en los
servicios de esta naturaleza prestados por Renfe Operadora. Esta liberalización no
comportará que ni antes, ni después Renfe Operadora renuncie a prestar nuevos
servicios rentables. La liberalización se producirá en los plazos marcados por la Unión
Europea.
• Negociar, en el transporte terrestre de mercancías, con todos los sectores que tengan
un interés directo en su desarrollo las nuevas pautas de utilización de infraestructuras
marcadas por la UE.
• Iniciar un proceso de implementación de sistemas”SMART ROAD” (Carretera
inteligente) que aumente el nivel tecnológico de nuestra red viaria y la permita ser
referente a nivel internacional en dicho ámbito.
• No se alargará la concesión de ninguna autopista una vez que esta haya expirado.
Transporte aéreo
• Implementar un Plan Estratégico para el Transporte Aéreo, que tenga unos objetivos
coherentes y medibles, abarcando aspectos como el transporte comercial, servicios
aeronáuticos, regulación del mercado, trabajos aéreos, seguridad, formación o
desarrollo de nuevas tecnologías.
• Dicho plan incluirá medidas para compensar los costes derivados de la insularidad,
favoreciendo el derecho a la movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de las Illes
Balears y Canarias, fomentando el incremento de rutas marítimas y aéreas con la
península y la mejora de horarios, frecuencias y tarifas. Se podrá favorecer también la
aplicación de tarifas plana en los vuelos interinsulares para reforzar la cohesión
territorial de los territorios insulares.
Transporte marítimo
• Impulsar el papel de los Puertos de Interés General como auténticas plataformas
logísticas con capacidad de generar más valor añadido a su actividad.
• Definir los Puertos del Estado como una agencia estatal en la que se integren
plenamente las Autoridades Portuarias de los puertos de interés general. Para ello, se
abrirá un proceso de negociación con las Autoridades Portuarias y Comunidades
Autónomas.
• Definir claramente los atributos que debe reunir un puerto para ser considerado de
interés general, simplificándose el sistema portuario de titularidad estatal, reduciendo el
número de Puertos de Interés General y el de Autoridades Portuarias y promoviendo la
gestión de más de un puerto por una única Autoridad Portuaria.
// 148

• Realizar un plan específico de mejora de la accesibilidad y de la operatividad de los
accesos viarios y ferroviarios a los Puertos de Interés General, interconectándolos
entre sí, y con las áreas logísticas a través de las redes transeuropeas de transporte.
Financiación de las infraestructuras de transporte
• Promover la participación del sector privado en la construcción y explotación de
infraestructuras de transporte, como un modo de complementar la inversión con fondos
públicos, y siempre que ello suponga un menor coste para los contribuyentes que la
financiación presupuestaria directa y que no exista riesgo previsible de generación de
pasivos ocultos en perjuicio del Estado.
• Evitar la traslación al Estado de los riesgos de la financiación, construcción y
explotación, que siempre corresponderán en su integridad al concesionario privado.
Otras infraestructuras
• Dar prioridad a nuevos ámbitos distintos de los de transporte tales como los
medioambientales, los llamados a satisfacer necesidades sociales básicas y en
materia de telecomunicaciones.
• Invertir en infraestructuras de tratamiento de residuos, protección y regeneración del
medio ambiente (de bosques, de costas…) y reducción de emisiones o en dotaciones
hospitalarias, educativas y de servicios sociales, para paliar los déficits que España
tiene todavía en este punto con países como Reino Unido, Italia, Alemania.
// 149

4.5 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Agricultura y ganadería
España tiene un Sector Agroalimentario muy potente, generador de riqueza y empleo y
referente social y cultural en todos los territorios.
Su importancia le hace acreedor de ser considerado por el PSOE como un Sector Estratégico
de la Economía Española y merecedor de una política agraria y de desarrollo rural que
complemente la desarrollada por la Unión Europea, potenciando sus fortalezas y atacando sus
debilidades.
Hemos generado también una ganadería que aporta cifras muy significativas combinando una
producción intensiva (porcino, aves, y conejos fundamentalmente) con una extensiva que
ocupa el territorio y que es fuente de actividad en amplias zonas del territorio que por su
orografía o sus condiciones climáticas están amenazadas de despoblamiento.
El medio rural español representa alrededor del 90% del territorio y en él viven el 20% de los
habitantes del país. La mayor parte del mismo –si excluimos las áreas periurbanas- se
encuentra afectado por la despoblación, fenómeno que se ha intensificado durante la crisis
económica. A ello contribuye la escasa vertebración social, la falta de capital y de actividad
económica y los menores servicios, en comparación con el medio urbano.
Aquellas zonas con sectores agrario y agroalimentario más desarrollados se enfrentan mejor a
los problemas del medio rural, ofreciendo generación de riqueza, empleo, cohesión social y
desarrollo a los territorios.
Necesitamos política rural que implique a todos y todas. Integradora, moderna, eficiente,
transparente y generadora de riqueza y futuro. La realidad y la experiencia de décadas de
políticas rurales con gobiernos socialistas demuestran que la articulación de una política de
base territorial y perspectiva global, apoyada en modelos con alta participación social, es el
camino seguro para la utilización racional de los recursos naturales, la integración de todas las
políticas sectoriales en un marco común estable y viable, y la creación de actividad económica
estable y sostenible.
Precisamente lo que ahora mismo más necesitamos. Es lo que no se ha hecho. Es lo que hay
que hacer.
El gobierno del Partido Popular ha hecho ostensible abandono de toda política rural territorial.
No ha existido el desarrollo rural como concepto. El balance es que gran parte de nuestro
territorio y de nuestra población ha caído en un escenario de invisibilidad.
Con ello se ha ignorado, y despreciado la capacidad y la propia existencia, de cerca de diez
millones de ciudadanos y ciudadanas. Por todo ello el PSOE se obliga a desarrollar una
política agraria y de desarrollo rural comprometida, con financiación y que consiga atacar las
debilidades de nuestro sistema productivo, corrija sus déficit estructurales actuales y apoye
decididamente todos nuestros factores de crecimiento.
- Es necesario comprometerse para aumentar el reconocimiento y el prestigio de las
actividades del sector primario, favoreciendo que la juventud se incorporen a estos
sectores con la misma ilusión que en otros ámbitos y no como factores de fracaso
escolar o por falta de capacidad para llevar a cabo otro tipo de actividades.
- Es preciso impulsar la I+D+i en el sector agrario y en la industria agroalimentaria
como elemento clave a la hora de consolidar y proyectar hacia el futuro un modelo
de desarrollo sostenible, capaz de afrontar los retos de competitividad y respeto
ambiental.
// 150

- Apoyaremos decididamente la profesionalización de los jóvenes, el desarrollo de
sus actividades en todos los ámbitos de la agricultura y de la industria
agroalimentaria
- Necesitamos también una política de desarrollo de las zonas rurales, en la que se
incluyan acciones dedicadas a la diversificación económica y a la implantación de
nuevas actividades no agrarias, así como la dotación de redes de banda ancha que
permitan incorporar al mundo rural a la economía digital y a la sociedad del
conocimiento.
Nuestro compromiso con la Agricultura y con el Medio Rural es firme y estará basado en las
siguientes PROPUESTAS:
- Realizar una adaptación de la Ley de Modernización Agraria, desarrollando un
Estatuto de la Agricultura Profesional que establezca beneficios fiscales en relación
a la transmisión de explotaciones con el objetivo de una mayor competitividad de
las mismas, que facilite la transferencias de derechos de ayudas y cuotas de
producción, el relevo generacional en el sector agrario, el arrendamiento de tierras
y las inversiones en innovación.
- Elaborar un nuevo Programa Nacional de Regadíos que asegure su sostenibilidad
económica y medioambiental, financiando actuaciones de mejora y consolidación
de las zonas regables actuales, que propicie la transferencia de tecnología al
sector y que contribuya al fomento del empleo en el medio rural.
• Los ahorros de agua conseguidos con los programas de modernización
permitirán la creación de Bancos Públicos de Agua y evitarán cualquier uso
especulativo del agua, destinando sus recursos a zonas con potencial de
producción agrícola y capacidad para generar empleo.
• Se realizará una apuesta decidida por la eficiencia energética de los regadíos y
de las plantas desaladoras para racionalizar su consumo energético, de forma
compatible con la optimización de la eficiencia hídrica.
• Se establecerá un “contrato de temporada flexible” de forma que los regantes
puedan tener suscrito con las compañías eléctricas un contrato con la potencia
necesaria para el mantenimiento de los equipos (8 meses) y otro de temporada
de riego para los meses de máximo consumo.
- Desarrollar, respecto a la Unión Europea, una estrategia de defensa del Sector
Agroalimentario que asegure su carácter estratégico para el conjunto de la Unión.
Exigiremos la defensa del modelo europeo frente a los posibles acuerdos con
terceros países y la revisión de las normas de competencia para fortalecer la
posición de los productores en la negociación de precios.
- Aprobar un Plan estratégico de la agricultura y ganadería española horizonte 2.030
que establezca las prioridades de la política agraria de ámbito nacional y que
proponga las líneas de actuación a corto plazo y largo plazo y los compromisos
económicos a asumir.
• Este plan estratégico, elaborado desde el principio de la
sostenibilidad, contendrá entre otros aspectos líneas de políticas activas a
favor de la mujer rural, la incorporación a la actividad agraria, el relevo
generacional, el mantenimiento de los sistemas de protección a la producción
// 151

que constituyen la sanidad animal, vegetal y la política de fomento en la
contratación de seguros agrarios, avanzando en los modelos de protección y
creando un marco nacional de seguros integrales de explotación.
- Elaboración de un Plan Estatal de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura que se
financiará con fondos nacionales y con los obtenidos con el sistema de topes de
ayudas de la PAC y de modulación.
- Apoyaremos y dotaremos de recursos las actividades agrícolas y ganaderas de las
zonas rurales de montaña cuyas posibilidades son muy limitadas debido a la
compleja orografía.
- Revisaremos el modelo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en
España aprobado por el gobierno del PP, realizando una apuesta clara por la
agricultura profesional y por el empleo, la agricultura familiar, y la diversificación
en el medio rural.
• Respetando la normativa de la UE, realizaremos una política más justa de
distribución de ayudas, modificaremos la definición de “agricultor activo” y
estableceremos un tope máximo en el cobro de las ayudas.
• Asimismo revisaremos, en colaboración con las CCAA, las ayudas acopladas
para la inclusión de nuevos sectores y el establecimiento de ayudas
especiales a las primeras 50 hectáreas.
•
La PAC también debe ser un instrumento de protección para los cultivos
tradicionales de las zonas desfavorecidas de nuestro país para garantizar la
conservación de las zonas rurales con grandes impedimentos orográficos.
- Recuperar los instrumentos de políticas de regulación de mercados que eviten la
actual volatilidad de los precios. Haremos una defensa a ultranza del
mantenimiento de una PAC fuerte que mantenga sus principios inspiradores
(abastecimiento de alimentos seguros y de calidad, desarrollo rural, empleo, etc.) y
que haga un esfuerzo por su simplificación
- Aprobar un Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica que contemple los
aspectos relacionados con la producción pero que aborde seriamente estrategias
para el fomento del consumo de productos ecológicos y para abordar su
internacionalización.
- Favoreceremos estrategias para apoyar los denominados “circuitos cortos” de
producción y consumo, estableciendo normativas específicas que lo propicien.
Para ello se adaptarán las normativas higiénico–sanitarias europeas al modelo de
pequeña explotación.
- Se planteará un marco específico de simplificación dentro de las normas
nacionales para la producción ecológica en los aspectos de declaraciones.
- Además se establecerán medidas de asistencia a la exportación y protección de los
productos artesanales elaborados dentro del marco de la producción ecológica.
- Asumimos respecto a la Industria Agroalimentaria los siguientes retos:
// 152

- Incrementar la dimensión empresarial, ganar visibilidad, asociada a marca de
calidad, incrementar la capacidad exportadora, superando el 25% actual, hasta
alcanzar el 40% de la producción total, eliminar las ineficiencias administrativas que
lastran las actividades productivas y comerciales y generar más valor por la vía de
la Innovación y la transferencia de tecnología.
- Incrementaremos, en el marco de un Plan Estratégico para la Industria
Agroalimentaria, la presencia de los productos españoles en los mercados
exteriores mediante una acción coordinada de las Administraciones Públicas con el
sector que permita la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los
actuales.
- Proponemos la simplificación de los trámites administrativos para la exportación de
productos agroalimentarios y fitosanitarios a través de sendos organismos que
reúnan las competencias dispersas en varios ministerios, conforme a estructuras
similares a países de nuestro entorno.
- Asumir el compromiso de luchar contra el desperdicio de alimentos para lo que
elaboraremos la legislación específica que asegure este objetivo, dando un paso
más a la situación actual que se basa en acuerdos voluntarios entre partes.
- Asumir el compromiso de elaborar los cambios normativos necesarios para
conseguir el objetivo de equilibrio de la cadena alimentaria que reparta justamente
esfuerzos y beneficios. Regularemos la venta a pérdidas y la figura del “mediador
de contratos”.
- Diseñar un Plan de recuperación de razas ganaderas autóctonas y de apoyo a la
ganadería extensiva que consiga detener la dinámica de disminución de censos en
ovino, caprino y de vacas nodrizas y asegure el mantenimiento de nuestro rico
patrimonio genético.
- Diseñar un Plan de selección y recuperación de variedades locales hortofructícolas
que consiga detener la pérdida de patrimonio agroalimentario de calidad.
- Fomentaremos la vertebración económica del sector productor, en particular
mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de concentración
de la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los productores en el
mercado.
- Prestaremos una especial atención a las Cooperativas agroalimentarias de
España, desarrollando una estrategia global que dé cobertura política y económica
a las acciones contempladas en el Plan estratégico del Cooperativismo, con el
objetivo de conseguir empresas más fuertes, más profesionalizadas y que puedan
asumir el reto de vender con valor y el reto de la internacionalización.
- Desarrollaremos medidas generen una discriminación positiva hacia los socios
cooperativistas, como los seguros agrarios, u otros. Prestaremos apoyo al PLAN
NACIONAL DE SEGUROS AGRARIOS, recuperando los niveles de inversión de
las Administraciones Públicas de años anteriores a la llegada del PP al gobierno.
// 153

• Pesca
España reúne flota que opera en todos los mares del mundo y en los caladeros comunitarios y
costeros, industria que transforma, conserva y congela los productos asentada en nuestro
territorio y con presencia en otros países, acuicultura en tierra y mar, marisqueo, depuración y
comercialización.
Debemos establecer como objetivo fundamental el impulso de una política pesquera europea
que iguale los derechos de acceso a recursos y ayudas de todos los pescadores de la UE.
Reconocer el papel estratégico de la pesca en la economía española nos permitirá crear
empleo y riqueza, liderar esta actividad en Europa y ser ejemplo en política de protección y
gestión de los recursos y del medio ambiente, de protección social de los trabajadores y
trabajadoras del mar y en la lucha contra la pesca ilegal.
Impulsaremos la cooperación interregional y transfronteriza, particularmente y por razones de
vecindad, especialmente con Portugal, Marruecos y Mauritania.
PROPUESTAS
- Fomentar las inversiones pesqueras mixtas en países terceros, crear un segundo
registro para buques atuneros y de palangre, promover acuerdos de pesca
sostenibles, participar en las organizaciones regionales de la pesca, asegurar las
importaciones de productos de la pesca en igualdad de condiciones que la
producción propia, priorizando ésta y promover la ampliación de la misión en el
Indico contra la piratería.
- Impulsaremos la defensa y exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de Pesca
con otros países.
- Promover cambios en los fondos europeos para la pesca que acaben con la
discriminación de las mujeres y de determinados colectivos de trabajadores del mar
y modificar el Programa Operativo Nacional para incluir todas las posibilidades de
ayuda que recoge el FEMP y que el reparto de los fondos con las CCAA se haga
con criterios objetivos y transparentes.
- Completar la ordenación de los caladeros nacionales, aprobar los planes de
gestión pendientes y desarrollar una buena política de cuotas, garantizando un
reparto justo y equilibrado entre flotas, artes y Comunidades Autónomas.
- Las políticas de pesca para la gestión de los caladeros litorales tendrán modelos
diferenciados para el Atlántico y el Mediterráneo por las especificidades de sus
flotas y sus modelos económico-sociales.
- Poner en marcha planes de recuperación, vedas, ordenar artes, recuperar fondos
marinos, repoblar especies, crear arrecifes artificiales, reservas marinas de interés
pesquero para proteger nuestro litoral y la actividad pesquera y reconocer el papel
de guardianes de la biodiversidad de los hombres y mujeres de la mar.
- Impulsar con medidas de apoyo al segmento de flota artesanal más frágil y de gran
calado social, y a los mariscadores, a través de programas de modernización de
los barcos, mejoras de infraestructuras y servicios en tierra y de diversificación de
sus actividades.
// 154

- Potenciar el Instituto Español de Oceanografía y coordinar el CSIC y los centros de
investigación autonómicos, redoblando la presencia de los científicos y científicas
españoles en todos los foros científicos de análisis y debate para obtener datos
científicos abundantes, de calidad y fiables.
- Equiparar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del mar con los demás
trabajadores: derechos laborales, sindicales, el derecho al voto, a prestaciones por
desempleo y reconocimiento de otras dolencias profesionales.
- Promover que las Cofradías de Pescadores tengan las mismas obligaciones de
paridad en sus órganos de gobierno que las administraciones públicas e incentivar
que las asociaciones de armadores, cooperativas, etc., incorporen a la mujer a sus
órganos de dirección.
- Articular, conjuntamente con las comunidades autónomas, un plan de acción con
las Cofradías de Pescadores, organizaciones de productores, asociaciones y
cooperativas para impulsar su papel de distribuidor y, allí donde la viabilidad
económica lo permita, de gestor de nuevas industrias manufactureras del producto
que capturan.
- Introducir las nuevas tecnologías en la vigilancia de la pesca ilegal, reforzar los
equipos humanos de la inspección pesquera, y formación e información para la
prevención de las actividades ilícitas.
- Colaborar con las CCAA en una acuicultura Marina y continental sostenible,
fomentando la Investigación para obtener nuevos alimentos más ecológicos para
los peces e incorporando nuevas especies de cultivo).
• Desarrollo rural
Asumir con absoluta prioridad el compromiso con la igualdad en el medio rural es irrenunciable
y para ello comprometemos una política de desarrollo rural de base territorial, de perspectiva
global, apoyada en modelos de máxima participación y que asegure la creación de la máxima
actividad económica estable y sostenible.
- Impulsar, en colaboración con las CCAA, un Plan de dotación de servicios básicos de
ciudadanía para garantizar las políticas de igualdad en el medio rural. Reactivaremos la
aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y su financiación para la
aplicación de los Planes de Zona.
- Actualizar la ley de Agricultura de Montaña y los programas de desarrollo destinados a
estas áreas que presentan hándicaps naturales para el ejercicio de las actividades
agrarias, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 130.2,
en el que se establece que se dispensará un tratamiento especial a las zonas de
montaña.
- Establecer beneficios especiales para los emprendedores y emprendedoras que
desarrollen actividad y creen empleo en el medio rural, especialmente en las zonas en
peligro de despoblamiento.
- Impulsar el desarrollo de las energías renovables, especialmente de la biomasa
por ser especialmente intensiva en mano de obra y sostenible
medioambientalmente, en el mundo rural por su contribución al desarrollo,
diversificando la actividad productiva, movilizando recursos financieros y generando
una amplia gama de oportunidades de empleo.
// 155

- Potenciar los grupos de acción local, los mecanismos de subsidiariedad y la capacidad
de los actores locales. Blindarlos jurídicamente de la posibilidad de manipulación o
utilización fraudulenta para intereses particulares. Permitir su trabajo de forma rigurosa
y transparente, disminuyendo la carga burocrática que supone la gestión de fondos.
- Fortalecer las redes, los mecanismos de comunicación, y los foros de difusión y puesta
en valor.
- Impulsaremos que los mecanismos nacionales y autonómicos permitan el acceso a
multifondos por parte de los Grupos de Acción Local para así facilitar la dinamización
más eficaz del medio rural.
En relación con los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por la Unión Europea
proponemos:
- Recuperar los niveles de cofinanciación de la Administración General del Estado a los
Programas de Desarrollo Rural que el actual gobierno ha reducido al 30%, asegurando
que esta financiación permite unos niveles homogéneos de apoyo al medio rural en
todo el Estado.
- Incluir en el Programa Nacional de Desarrollo Rural de España una partida
presupuestaria suficiente dedicada a medidas innovación en el medio rural.
- Asimismo exigiremos que los beneficiarios de las ayudas agrarias del Desarrollo Rural
vayan exclusivamente a los agricultores profesionales.
- Integrar de forma definitiva en las políticas rurales los aspectos ambientales en clave
de apuesta mutua.
- Impulsar un programa específico para el apoyo de las mujeres rurales que incorpore
acciones específicas, criterios de prioridad, beneficios fiscales y bonificaciones en las
cotizaciones sociales, en particular relacionados con la incorporación de las mujeres
rurales a la actividad emprendedora
- El programa prestará especial atención a las medidas de conciliación y
corresponsabilidad y tendrá una singular aplicación en el ámbito de los planes y
medidas de igualdad que deban adoptar las administraciones públicas en el ámbito
rural.
- Impulsar la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, aprobada por
el anterior Gobierno socialista, que no se ha puesto en marcha por la falta de voluntad
política del PP.
- Poner en marcha políticas concretas para los territorios despoblados, de especial
protección elaborando un mapa de la despoblación en España, en colaboración con
las CCAA, de provincias y comarcas que no lleguen a los 10 habitantes por Km2
aplicando criterios compensadores para el mantenimiento de servicios básicos en el
medio rural y las políticas de creación de empleo vía ayudas de Reindus por
despoblación en las mejores condiciones que permita la normativa de fondos europeos.
- Se procederá a catalogar en el territorio español aquéllas zonas que se consideren
prioritarias a efectos de lucha contra la despoblación y éxodo juvenil. En esta línea
impulsaremos la creación de una Zona de Inversión Territorial Integrada (ITI) que
incluya las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, dando continuidad territorial por el
corredor de Guadalajara (Sigüenza, Alcolea y Sierra Molina) y por Zaragoza
// 156

(Calatayud, Daroca) y a través de Cuenca la Manchuela albaceteña Sierra de Alcaraz y
Sierra del Segura.
- Evaluar, de cara a su mantenimiento, los Planes Especiales aprobados en las
anteriores legislaturas para Soria, Teruel, Jaén y el Noroeste de España y establecer
criterios objetivos para la elaboración de nuevos planes.
- Incluir, modificando la medida puesta en marcha por el PP, a los pequeños municipios
como receptores de los fondos FEDER reconociendo el papel de las zonas rurales en
el desarrollo urbano sostenible como herramienta fundamental para reducir los
desequilibrios económicos y sociales con el medio urbano.
- Nos comprometemos a promover la economía de los servicios en los espacios rurales
como base y/o complemento del desarrollo económico. La elevada dispersión espacial
del territorio ha de ser vista como una oportunidad de mayor calidad para el crecimiento
del turismo histórico-cultural, gastronómico y paisajístico de nuestros sistemas agrarios.
// 157

4.6 INDUSTRIA AEROESPACIAL, NAVAL Y DE DEFENSA
El sector industrial de defensa y seguridad en España es altamente intensivo en tecnologías
avanzadas y genera un volumen de actividad superior a los 9.400 M€ anuales, lo que supone
un 0,9% del PIB total y un 5,5% del PIB industrial.
La industria de defensa y seguridad es un sector de alta tecnología con incorporación masiva
de componentes digitales que puede servir de referencia en el proceso de reindustrialización.
El apoyo a ese sector y a su adaptación a la nueva situación es una cuestión relevante tanto
por lo que se refiere a la Política de Seguridad y la Defensa como al desarrollo general del
país.
Los sectores Aeroespacial y Naval tienen un interés estratégico para España y promueven la
innovación tecnológica tanto en el ámbito militar como civil. En el contexto de los procesos de
integración de la industria europea de la defensa España debe proteger sus activos industriales
y tecnológicos en ambos sectores dado el impacto que estos tienen en las capacidades
militares necesarias para nuestra seguridad, en la generación de empleo directo e indirecto de
alta cualificación en amplias zonas de Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla la Mancha o Madrid,
así como en la actividad económica de numerosas PYMEs con alto valor tecnológico.
España debe incrementar la eficiencia y la competitividad de la industria aeroespacial y naval
invirtiendo en tecnologías duales que permitan una mayor y más rápida transferencia de
conocimientos y el desarrollo de centros de excelencia en el marco de los programas de
innovación que toda la industria europea del sector lleva a cabo.
PROPUESTAS
• Racionalizar el uso de los recursos públicos destinados a defensa y seguridad con el
objeto de optimizar las inversiones y los activos ya disponibles.
o Dar prioridad a las inversiones en programas que soporten las capacidades
esenciales para asegurar la autonomía en la identificación de amenazas, la
definición de las respuestas y la continuidad operativa y en aquellos que resulten
imprescindibles para la introperabilidad con nuestros aliados
o Considerar de modo conjunto las necesidades de Defensa e Interior para aumentar
la transversalidad de los programas y evitar duplicidades
o Establecer organismos centralizados de compras
o Impulsar los programas de formación para una mejor operación de los recursos
• Desarrollar una base industrial capaz de satisfacer de modo autónomo las necesidades
esenciales de la defensa y la seguridad.
o Elaborar un plan industrial de medio plazo conjuntamente con el sector para
reforzar las fortalezas que incluirá las siguientes medidas:
-‐ Alinear mejor la planificación de las capacidades militares con los objetivos de la
estrategia de seguridad.
-‐ Planificar las capacidades y los programas de obtención a medio y largo plazo en el
marco de un proceso presupuestariamente sostenible
-‐ Dotar de mayor integración a la base industrial y tecnológica de la defensa en la
política industrial, tecnológica y comercial general del país.
// 158

o Transformar el actual entorno productivo asociado a la seguridad y la defensa en
un entorno empresarial capaz de diseñar, producir y proporcionar sistemas
intensivos en tecnologías avanzadas, favoreciendo la presencia de las PYMEs
innovadoras.
o Asegurar que la gestión de los nuevos programas de defensa se orienta a facilitar
el desarrollo de competencias industriales tecnológicamente avanzadas,
innovadoras y más competitivas en el entorno internacional
o Coordinar las actuaciones con la política de apoyo al I+D+i para reforzar la
capacidad de desarrollo de tecnologías duales y apoyado en las capacidades
tecnológicas de nuestra propia base industrial, tecnológica y científica.
o Impulsar la adopción de tecnologías digitales (Industria 4.0) en el sector de
defensa y seguridad
o Poner en marcha programas específicos de Formación profesional orientada hacia
la industria
o Apoyar, en el marco de la política europea común, los procesos de concentración
e integración a escala europea y nacional y favorecer la dimensión internacional
del sector, la capacidad de exportación y la competencia en mercados abiertos.
o Impulsar los programas de I+D+i que permitan el desarrollo de capacidades
industriales en ciberseguridad.
// 159

II. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. ENVOLVENTE FINANCIERA PARA SOSTENER EL
ESTADO DEL BIENESTAR Y REDUCIR LAS DESIGUALDADES
1. DÓNDE ESTAMOS
El modelo actual de recuperación no es sostenible porque se basa en demasiados supuestos
coyunturales (bajada del precio del petróleo, depreciación del euro, tipos de interés bajos) y en
una devaluación interna con salarios bajos, precariedad laboral y creciente desigualdad, que no
puede continuar y que no es nuestro modelo. Este modelo erosiona la cohesión social y limita
la capacidad productiva de nuestra economía, condenándonos a una senda donde las
ganancias de competitividad se basan exclusivamente en los bajos salarios y el deterioro de las
clases medias y bajas.
Siete años después de que nos golpeara la crisis financiera internacional, España sigue siendo
el segundo país de la eurozona con mayor déficit público en relación al PIB, el primero en
cuanto a mayor crecimiento de su deuda pública y uno de los países donde más ha crecido la
desigualdad en la Unión Europea. Eso nos sitúa bajo vigilancia de las autoridades europeas
por el llamado procedimiento de déficit excesivo, que nos obliga a reducirlo por debajo del 3%
cuanto antes y de manera pactada con la Comisión.
Los datos de esta legislatura son preocupantes.
Las administraciones que más han reducido el déficit son las Comunidades Autónomas donde
se sitúan los principales recortes habidos en sanidad, educación y políticas sociales. Y lo han
hecho incrementando su endeudamiento con el Gobierno Central. Ha sido, pues, un ajuste
realizado desde dos premisas ideológicas: recentralizar el Estado, otorgando competencias
impropias al Gobierno Central sobre unas Comunidades a las que se ha sometido mediante el
procedimiento de endeudarlas con el propio Estado Central (FLA…) y reducir la cobertura del
Estado de Bienestar. En paralelo, la Seguridad Social ha incrementado su déficit, a pesar del
aumento en el número de cotizantes y de la importante utilización del Fondo de Reserva
acumulado.
La próxima legislatura nos enfrentamos al reto de crear empleo, impulsar un cambio de modelo
productivo, reconstruir las grietas del estado de bienestar abiertas en la última legislatura, al
tiempo que continuamos con el proceso de consolidación fiscal exigente.
Los socialistas somos conscientes del fracaso del modelo de austeridad que ha dominado la
política económica europea. Por eso trabajaremos junto con otros partidos socialdemócratas en
favor de un modelo de crecimiento económico y social que beneficie a los trabajadores y
sectores medios de la sociedad, sin perjuicio de la estabilidad presupuestaria.
Para ello, proponemos un cambio estructural del sistema impositivo para incrementar la
recaudación sin subir los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores; una reordenación
y mayor eficacia del gasto público en la lucha contra la desigualdad y la creación de riqueza; y
un crecimiento económico de mayor calidad. Lo anterior, permitirá alcanzar, en los próximos
cuatro años, unos niveles de servicios públicos fundamentales y prestaciones sociales
homologables a la media de los países de la zona Euro. Y lo que es más importante,
contribuirá a reducir las desigualdades y, consiguientemente, a reactivar la creación de empleo,
sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos. Nuestras prioridades de gasto público se
orientarán a restablecer el gasto en las políticas del estado de bienestar, luchar contra la
pobreza y la inversión productiva.
// 160

Los socialistas adquirimos el compromiso de reducir progresivamente el déficit público hasta
situarlo en el entorno del 1% del PIB al finalizar la próxima legislatura, en función del ciclo
económico y los niveles de empleo, con una senda realista de ajuste que negociaremos con las
autoridades comunitarias quienes están abriendo nuevas posibilidades alejadas de la anterior
política austericida. Compromiso que cumplirá dos criterios: no incrementar la presión fiscal
individual de quienes ya pagan impuestos por las rentas del trabajo (80% de los
contribuyentes) y mejorar la eficiencia del gasto público.
Nuestro programa electoral respetará la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Pero la
consolidación de las cuentas públicas no puede pasar por dejar nuestro nivel de bienestar en
los niveles de los países menos desarrollados de la Unión Europea. La senda de consolidación
presupuestaria va a estar muy influida por la evolución cíclica de la economía. Desde el último
superávit en 2007, nuestros ingresos han caído un 3,1% del PIB y nuestros gastos se han
incrementado en un 4,7%, en gran parte como consecuencia de la crisis.
Pero nosotros queremos, además, reducir la parte estructural del déficit público, haciendo más
equitativo y justo nuestro sistema tributario actuando con decisión sobre quienes no
contribuyen todo lo que deberían y mejorando la eficiencia del gasto público como columna
vertebral de los Presupuestos anuales.
Estabilidad presupuestaria
Asumimos como hipótesis para los próximos cuatro años, una evolución macroeconómica que
partiendo de la realizada por el Gobierno, incorpora las últimas correcciones del FMI y de los
principales servicios de estudios del País.
A partir de ahí y en materia de estabilidad presupuestaria el PSOE se compromete a:
1. Cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria acordados con la Unión
Europea, haciendo el máximo uso de la flexibilidad que permiten las nuevas reglas
europeas.
2. Aprobar reformas estructurales que ayuden a incrementar la capacidad de crecimiento
de nuestra economía y su margen fiscal.
3. Estabilizar el nivel de deuda pública en relación al PIB, que se ha disparado en la
actual legislatura, terminando con una senda descendente de la deuda pública
4. Realizar un ajuste fiscal progresivo dejando el déficit en el entorno del 1% del PIB al
final de la legislatura en función del ciclo económico.
5. Incrementar los ingresos públicos del conjunto de las administraciones en alrededor de
2 puntos del PIB, aprovechando el efecto del ciclo y la puesta en marcha de medidas
tributarias y de lucha contra el fraude.
6. Introducir medidas de eficiencia y evaluación del gasto público, para hacer más con
menos.
7. Los ingresos extraordinarios procedentes de eventuales privatizaciones de activos del
Estado serán destinados íntegramente a amortizar deuda pública.
Frente a la imposible austeridad expansiva de algunos, que olvidan y relegan la cohesión social
a un segundo lugar, o frente a la peligrosa apuesta por los desequilibrios macroeconómicos
que ponen en riesgo los logros sociales alcanzados por la sociedad española, el PSOE se
decanta por el crecimiento sostenible y la redistribución expansiva, como motor de
modernización, de incremento de la productividad, de crecimiento económico y de generación
de empleo.
// 161

Ingresos públicos: Incrementar los ingresos más allá del ciclo
España no tiene una elevada presión fiscal agregada. De hecho, nuestros ingresos públicos en
relación al PIB se sitúan en el 37,8% frente al 45,2% del promedio de los países de la Unión
Europea y no superaron el 41%, ni en plena burbuja inmobiliaria. Nuestro problema es que esa
presión fiscal se concentra mucho sobre pocos contribuyentes y pocas bases imponibles. La
consecuencia es que el sostenimiento del gasto público recae de forma casi exclusiva sobre las
rentas del trabajo, fundamentalmente medias y bajas, que soportan directamente, e
indirectamente a través de las cotizaciones sociales, el grueso de la presión fiscal, en torno a
nueve de cada diez euros recaudados, según algunas estimaciones.
Necesitamos una nueva política fiscal que, simplifique nuestro sistema tributario, haciéndolo
más eficiente y que promueva la transición hacia un nuevo modelo económico, incentivando la
inversión productiva, el emprendimiento y la innovación, frente a otro tipo de actividades, que
deben ser desincentivadas como la especulación, la contaminación o aquellas que contribuyen
al cambio climático.
Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado sobre la tributación de la renta anual y del
factor trabajo. Aspiramos a desplazar el peso de la carga tributaria, en parte, hacia la riqueza y
el uso de recursos naturales finitos.
Al mismo tiempo, la fiscalidad debe recuperar el principio de equidad, tanto vertical, que pague
más quien más gana, como horizontal, es decir que a igual nivel de renta, tributación similar
independientemente de las fuentes de renta. Lograr una mayor equidad del sistema tributario,
implica luchar de forma decidida contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal e incorporar
todas las manifestaciones de capacidad económica, de manera efectiva al sistema tributario,
como reclama la Constitución. Ello ayudará a un reparto más justo de las cargas, a la
sostenibilidad y estabilidad del Estado del Bienestar y a una mayor competitividad de la
economía española y a la creación de empleo de calidad.
Gasto Público
España tiene un gasto público, en relación al PIB, inferior en cinco puntos a la media de los
países de la Unión Europea. A pesar de ello, el margen para ampliar las políticas de gasto es
limitado y por lo tanto es imprescindible establecer prioridades.
España tiene por delante aún un proceso de consolidación fiscal exigente para cumplir
nuestros compromisos de déficit y comenzar a reducir la deuda. En este contexto, es vital
seleccionar bien las prioridades de gasto. Prioridades que obedecerán al doble reto que nos
marcamos en la próxima legislatura: reparar los daños en nuestro sistema de bienestar
(sanidad, educación, políticas de empleo), preparándolo para los desafíos futuros, como el
envejecimiento de la población e impulsar el crecimiento económico creador de empleo, en un
contexto en que previsiblemente no contemos con condicionas tan favorables del exterior como
las que hemos disfrutado este último año.
3. PROPUESTAS
Lucha contra el fraude y la evasión
Nuestro principal problema no es la llamada doble tributación, sino la no tributación de la
riqueza y los grandes patrimonios. El caso más evidente, las que se ocultan del fisco,
cometiendo fraude fiscal. El fraude es la mayor fuente de distorsión del sistema económico. Por
consiguiente, proponemos para combatirlo:
• Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro
años.
// 162

• Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un porcentaje
real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión
recaudatoria.
• Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal
que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
• Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. En todo caso, se
modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean
considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y prescripción a los 10 años)
y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su
mitad superior.
• Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT
con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se
promoverá la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal
y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes.
• Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, se
considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de la
limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la estandarización
de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa.
• Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir
los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión
fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de los resultados de la
lucha contra el fraude y su comparación internacional.
Junto a lo anterior proponemos medidas dirigidas a promover una cultura ciudadana que
aliente el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a través de:
• Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del
marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso
general o individualizado a la amnistía fiscal.
• Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites
constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos a la
amnistía fiscal.
• Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las
autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso
de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser sancionadas
económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración,
retirada de la ficha bancaria en su caso.
• Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un
porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la fijación de
un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; (iii)
Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las
SICAV.
• Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha
convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de
exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.
// 163

• Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios
que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación
permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista recaudatorio como
desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las
memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales.
• Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple
como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también
de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión del correspondiente tipo
delictivo en el Código Penal.
• Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y
profesionalidad, evitando las injerencias políticas.
• Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la
colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta
en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos, evitando
cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia.
• Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el
ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre
los contribuyentes cumplidores y la administración tributaria.
Fiscalidad internacional
España debería liderar tanto en la UE, como en el ámbito de la OCDE y del G20, una agenda
ambiciosa en materia de una mayor transparencia en la fiscalidad europea e internacional, que
acabe con el fraude y la evasión fiscal, así como con los paraísos fiscales que contemple:
• Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar con la opacidad
de los llamados Tax Rulings (acuerdos fiscales de los estados miembros con empresas
multinacionales o también llamados trajes a medida) y los acuerdos de precios de
transferencia transfronterizos, emitidos en los últimos diez años.
• Impulsar y liderar, en el ámbito de la OCDE y del G20, la agenda del BEPS (Base
Erosion Profit Shifting) llevada a cabo en el seno de la OCDE que podrían culminar en
la negociación de un Tratado Multilateral sobre gobernanza fiscal mundial.
• Impulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y
que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista
consensuada de sanciones. De igual forma, España promoverá en la OCDE y el G-20
la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales.
• Apoyar las iniciativas para la mejora de la gobernanza fiscal europea, impulsando la
armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades), la superación de la
regla de unanimidad, y establecimiento de un campo de juego entre los 28 Estados
miembros sin margen para la opacidad o la competencia desleal.
• Abogar por la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de
derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan
del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal agresiva.
// 164

Reforma impositiva
Nuestra Constitución establece entre los deberes de los ciudadanos el contribuir al
mantenimiento de las cargas generales del Estado de acuerdo con la capacidad de pago de
cada uno. Por eso establece un sistema tributario progresivo en el que aporte
proporcionalmente más, quien más riqueza tiene y no solo quien más renta gane. Sin
embargo, la actual descoordinación entre el IRPF, IS, y el Impuesto de Patrimonio impide
gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que permite que
determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma adecuada al
sostenimiento de los gastos públicos.
En consecuencia, con el objetivo de incorporar de manera más efectiva la tributación de la
riqueza en nuestro sistema impositivo como manifestación de capacidad económica
establecida en la Constitución, proponemos:
• Crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos mencionados y,
en el plazo de seis meses, presentarán sus conclusiones sobre cómo mejorar la
incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Estas conclusiones
entrarán en vigor con los Presupuestos para 2017.
Mientras tanto:
• Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de
Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento.
• Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las
bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisaremos las múltiples
exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación.
Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de
Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya
generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de
modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.
• Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.
• Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan
aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales,
considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera necesidad.
• Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre
ellos España. Defenderemos que el ITF sea un impuesto de base amplia, que incluya
el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para
desincentivar la especulación financiera.
• Impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares
europeos. Dicha fiscalidad contemplaría los siguiente nuevos tributes: (i) Im-puesto
sobre las emisiones de CO2; se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se emiten,
discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos
de emisiones (ETS) y las que no; (ii) Impuesto sobre los óxidos nitrosos (NOX); (iii)
Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor: basado en las emisiones
potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la fusión de los actuales impuestos
de matriculación y circulación; (iv) Impuesto mixto sobre residuos industriales y
peligrosos o tóxicos; (v) Impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas;
Además, se reformarán los siguientes tributos ya existentes para hacer de ellos
verdaderos impuestos medioambientales: (i) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos;
// 165

(ii) Impuesto Especial sobre la Electricidad y; (iii) Canon de vertidos. Dicha fiscalidad
medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CC.AA. varias de las
cuales ya cuentan con figuras tributarias similares.
Un gasto público eficaz gestionado por una Administración moderna
El criterio de eficacia, tanto en la gestión de los ingresos como de los gastos públicos, presidirá
una profunda reforma de las administraciones públicas, congelada durante esta legislatura.
Las Administraciones Públicas deben organizarse y funcionar con la máxima eficacia al menor
coste posible. Es factible conseguir más y mejores servicios públicos sin incrementar
necesariamente el coste de los mismos si aplicamos los mecanismos correctos de reforma de
las Administraciones Públicas.
Una Administración innovadora y simplificada
Extender en todos los procedimientos de la Administración del Estado la posibilidad de utilizar
la notificación electrónica. Haremos posible la existencia de un registro electrónico único.
Impulsar la interoperabilidad real entre Administraciones mediante plataformas electrónicas
para que ningún ciudadano deba aportar ni un solo documento que ya obre en poder de la
Administración.
Reforzar el Centro de Transferencia de Tecnologías para que las Administraciones compartan
la tecnología con la que ya cuentan y la puedan reutilizar sin tener que contratar o adquirir
innecesariamente la que ya existe. La Administración del Estado pondrá a disposición del resto
de Administraciones Públicas la tecnología con la que cuenta a fin de ahorrar costes y evitar
gastos duplicados
Una Administración eficaz y que gaste mejor
Reformar los procedimientos internos de elaboración del proyecto de Presupuestos para
introducir en las Administraciones Públicas técnicas para la gestión por objetivos y resultados,
de modo que pueda conocerse en cada momento si hay que proseguir, modificar o suprimir
una actuación pública.
Reformar la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, para que el
precio no sea el único criterio de valoración y selección de contratistas en las licitaciones
públicas y se tengan en cuenta otros indicadores como la calidad, cláusulas sociales o de
compromiso anticorrupción.
Extender la evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el impacto y
la rentabilidad del gasto público. Reforzaremos el papel de la Agencia Estatal de Evaluación y
Calidad de los Servicios Públicos, y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIREF) a la que dotaremos de más recursos e independencia real.
Llevaremos a cabo una Auditoría del Gasto público de la administración central, siguiendo la
metodología de los organismos internacionales, para limitar las inercias, eliminar gasto
superfluo, establecer prioridades y mejorar la eficacia.
Reforma de la Financiación Autonómica
Para garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las Comunidades Autónomas,
nos comprometemos a negociar un nuevo Sistema de Financiación Autonómica que corrija los
déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad
recogidos en la Constitución Española, así como la prestación de los servicios públicos
esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y
ciudadanas , con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos
servicios.
// 166

III. INSTITUCIONES Y MERCADOS INCLUSIVOS: POR UNA ECONOMÍA DE LAS
OPORTUNIDADES AL SERVICIO DE LAS PERSONAS.
1. DÓNDE ESTAMOS
La economía española, como la mayoría de las economías avanzadas, es una economía mixta,
donde una mitad se rige estrictamente por las reglas del mercado y otra mitad está, o bien bajo
el control y la influencia directa del sector público, o se manifiesta en otras formas societarias,
como las fundaciones o empresas de economía social.
Toda política económica progresista tiene que proponer un marco institucional que entienda
esta diversidad económica y que favorezca la participación de los individuos en la creación de
riqueza económica, sin espacios de privilegios.
Durante el boom inmobiliario y de crédito se consolidaron unos vicios en nuestro modelo
económico en gran medida como consecuencia de una concepción ideológica que ha imperado
en las últimas décadas y que se traduce, simplificando, en que el beneficio y la rentabilidad
inmediatos se han hecho valores irrenunciables como objetivo general y prevalente tanto para
las empresas como para los Estados.
Una reducida red de personas e instituciones se encuentran en posición de condicionar, en
buena medida, la capacidad de nuestra sociedad para realizar con eficacia la consecución de
sus metas colectivas, y hacerlo, además acorde con sus intereses y prioridades, que no
necesariamente coincide con los de la gran mayoría de la población.
Esta concentración de poder en pocas manos se ve amplificada por la falta de una adecuada
estructura de mercado y por la falta de independencia y un correcto diseño de las instituciones
reguladoras de la economía como (CNMV, CNMC, Banco de España) y de otras que
intervienen en ella (Tribunal de Cuentas, Agencia Tributaria…) o, incluso, de las de nueva
creación (Autoridad Fiscal Independiente).
Una economía más inclusiva y exitosa debe remover los obstáculos al dinamismo, que han
caracterizado durante décadas a la estructura económica española, enfrentando a los
oligopolios, privilegios y corporativismos, para permitir el acceso a la riqueza de una mayoría
de la ciudadanía y empresas.
Los socialistas apostamos por la cultura del esfuerzo y el talento, por apoyar a quienes generan
riqueza innovando y por construir una economía de las oportunidades, que permita desplegar
todo el potencial económico de nuestro país.
La izquierda debe recuperar como propia la defensa de la sana competencia, del talento y del
esfuerzo, como mecanismo para romper intereses corporativos y expandir las oportunidades de
crear riqueza.
Defendemos una economía que fomente la diversidad, por eso vemos en la economía
colaborativa una oportunidad para facilitar la participación de la gente en el crecimiento y
bienestar, a la vez que se hace un uso más eficiente de los recursos.
Defendemos a las empresas capaces de crear riqueza y empleo y que consideran como un
activo mantener un alto nivel de responsabilidad social, con trabajadores, medio ambiente y
consumidores.
Una economía más inclusiva y democrática, nos permitirá alcanzar cuatro objetivos esenciales
para el progreso social y económico:
// 167

• Crear riqueza, porque si conseguimos que el éxito económico y empresarial no
dependa de los contactos, de los recursos económicos previos, sino de la capacidad,
creatividad y esfuerzo de las personas y empresas, favoreceremos el incremento de la
productividad.
• Combatir la desigualdad. Porque no se puede fiar toda la reducción de las
desigualdades a los impuestos y la transferencias de gastos y política social. Es
necesario también consolidar un modelo económico y social generador de igualdad, en
el que todos los agentes que intervienen en él sean corresponsables.
• Establecer modelos de crecimiento económico social y medioambientalmente
más respetuosos.
• Reducir los niveles de corrupción política y económica, al dificultar la captura de
rentas por decisiones ocultas al control democrático de ciudadanía, accionistas y/o
consumidores.
El marco institucional: instituciones y organismos públicos inclusivos
El papel del sector público es fundamental en nuestra economía. En España representa
alrededor del 40% de la economía, siendo además un importante factor de dinamización para
el resto de la misma. Por eso debe mejorar su actuación para convertirse en un sector de
referencia en prácticas de transparencia, garante de la inclusión social y promotor de la
sostenibilidad como principio necesario para garantizar el futuro.
Los socialistas creemos que es necesario que las instituciones públicas sean proveedores de
servicios eficientes y transparentes. Precisamente por ello abogamos por incorporar principios
de buen gobierno público, especialmente en el sector público empresarial (organismos
autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales) y fundacional, como
medida necesaria para luchar contra la corrupción y las malas prácticas.
Para impulsar el gobierno corporativo público proponemos:
• Garantizar que las entidades públicas tienen en cuenta en sus contratos todos los
criterios relacionados con la compra pública innovadora, sostenible, discapacidad,
igualdad, etc.
• Elevar el nivel de transparencia y de la información pública que publican las entidades
públicas, que debe ser homogénea y comparable para permitir la rendición de cuentas.
• Elaborar códigos éticos internos, formación y seguimiento del cumplimiento: que
proporcionen una orientación clara y detallada sobre la conducta que se espera de
todos los empleados así como programas de cumplimiento. Tendrán especial
relevancia los procesos de compra, inversión. En particular aquellos habilitados para la
denuncia confidencial por parte de los empleados que detecten alguna conducta no
ética o ilegal.
• Someter de manera regular a auditorías externas, independientemente de la labor que
realiza la IGAE, como sistema de control adicional. También habría que reforzar los
medios y mecanismos de control de la IGAE.
• Establecer techos de endeudamiento y otros ratios para entidades públicas no
sometidas a la disciplina de mercado que garanticen la viabilidad económica del ente.
Debemos evitar que se abuse de las condiciones específicas de las que disfrutan los
entes públicos, que a diferencia del sector privado, no se enfrentan a los dos
// 168

principales elementos que obligan a una mejora continua en la gestión: pérdida de
control y quiebra.
• Desarrollar procedimientos de selección, que aseguren que los miembros de los
órganos de dirección sean elegidos en base a su experiencia y capacitación que
asegure unos directivos más profesionales, responsables y orientados a la consecución
de los objetivos establecidos y se atenga a la igualdad de género.
• Fomentar las políticas activas de comunicación y consulta por parte de los entes
públicos y sus grupos de interés, yendo más allá de los requisitos legales establecidos
para generar credibilidad y confianza.
Mercados abiertos, competitivos y bien regulados
Una economía más democrática e inclusiva requiere de un marco institucional adecuado, que
favorezca la competencia, la inclusión social y que elimine regulaciones contraproducentes. El
Estado no solo es un importante impulsor de la actividad económica, sino que también es su
principal regulador.
Los socialistas defendemos la necesidad de garantizar la independencia y la suficiencia de
recursos de los organismos reguladores y de defensa de la competencia como condiciones
necesarias para promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva
y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores.
Para ello, nos comprometemos a:
• Modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos
reguladores, que se residenciará en sede parlamentaria con las siguientes mejoras:
convocatoria pública de las vacantes a cubrir; evaluación de la competencia e
idoneidad de los candidatos y candidatas por un Comité Asesor de composición
profesional variable -sus miembros serán designados para cada ocasión por
insaculación entre los propuestos proporcionalmente por los grupos parlamentarios y
se harán públicos los informes, con sesiones de audiencia en las correspondientes
comisiones del Congreso y Senado.
• Impulsar el reforzamiento los organismos de competencia y de regulación de mercados
dotándolos de mayor independencia funcional y recursos; evaluar el funcionamiento de
la CNMC desde su creación en 2013, y en su caso estudiar su transición hacia un
modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania, que cuente con un
Organismo Regulador para sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones,
sector audiovisual, transporte, sector postal) y el Organismo de Competencia,
diferenciando así la intervención ex-ante y ex-post como sucede en la mayoría de los
países de nuestro entorno. Este modelo dispondrá de la autoridad necesaria de
competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de
recursos financieros y suficiente personal cualificado.
• Reforzar a la CMNV atribuyéndole la supervisión de las empresas que auditen a las
Entidades de Interés Público.
Unas instituciones reguladoras independientes y fuertes deben ser complementadas con
mercados abiertos y accesibles.
La protección por su interés social de numerosas profesiones y servicios ya no tienen más
sentido que el impedir el desarrollo de la competencia y, de esta manera, de la innovación.
// 169

Para abrir mercados y acabar con situaciones injustas en materia de sobreprotección de
determinadas actividades económicas proponemos:
• Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial –
sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras-
para favorecer la entrada de nuevos competidores, dotando de transparencia a las
regulaciones.
• Eliminar licencias innecesarias o sustituyendo el sistema de licencias por un sistema
de acreditaciones, abierto y sin cupo, y extendiendo el silencio administrativo positivo y
la Declaración Responsable del empresario para empezar a operar, siempre que ello
no menoscabe la tutela del interés general y de los derechos e intereses legítimos de
terceros . Armonizando las licencias y permisos dentro del país, a través del
reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas haciendo así efectiva la unidad
de mercado sin perjuicio de sus competencias.
• Avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales,
revisando todas las barreras de entrada y eliminando todas aquellas que no sean
estrictamente justificadas. Los servicios no económicos de interés general quedan
excluidos.
• Promover la coordinación de la legislación sobre horarios comerciales con las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, para adaptarla a los nuevos tiempos y
formas de consumo; y eliminando restricciones injustificadas al establecimiento y a los
horarios de apertura siempre dentro del estricto cumplimiento de la legislación laboral.
• Actualizar la regulación de precios.
• Garantizar el pluralismo de los actores en la actividad económica, permitiendo la
entrada de formas societarias tales como asociaciones, fundaciones, cooperativas,
etc., en sectores económicos donde ahora no tienen acceso.
Defensor de las generaciones futuras
Existe una responsabilidad de las generaciones actuales para con las necesidades e intereses
de las generaciones futuras. Las decisiones políticas y económicas que adoptamos no afectan
sólo a quienes viven hoy, afectan y condicionan también a quienes todavía no han nacido.
Por eso es necesario establecer nuevos vínculos equitativos y globales de colaboración y
solidaridad entre generaciones, especialmente en materia de medio ambiente pero también en
relación con cuestiones tales como la paz y la seguridad la lucha contra la pobreza, las
pensiones, inversiones en infraestructuras o deuda pública. En consecuencia, es conveniente
incorporar en todo proceso de decisión pública, una perspectiva a largo plazo, que trascienda
los efectos inmediatos que tienen y tenga en consideración, también, sus efectos en
generaciones futuras.
Por eso proponemos, de acuerdo con la recomendación formulada por Naciones Unidas, la
creación de un Defensor de las generaciones futuras y la elaboración de su estatuto de
organización y funcionamiento como adjunto al Defensor del Pueblo.
El papel de la empresa y el buen gobierno corporativo.
La democratización económica debe partir desde el corazón mismo de la iniciativa económica
individual y colectiva: la empresa.
// 170

La empresa es un sistema vivo e interdependiente de su entorno interno y externo, a través de
las relaciones entre la propiedad, los inversores, los clientes y proveedores, los trabajadores y
la comunidad en la que se encuentra inserta.
Este concepto de empresa implica superar el concepto restringido de responsabilidad social
corporativa como un elemento de comunicación o de relaciones públicas, y situarlo allí donde
ejerce su máxima función, plenamente integrado con el modelo de gobernanza corporativa.
Los socialistas apostamos por un nuevo concepto de gobierno corporativo que vaya más allá
de la legislación actual o los códigos existentes en materia de RSC o de gobierno corporativo
para las sociedades cotizadas. Proponemos superar ciertos excesos que han marcado las
conductas empresariales de las últimas décadas, articulando un modelo de gobierno
empresarial que interrelacione a los agentes económicos y sociales desde una perspectiva de
mutua colaboración, facilitando la transparencia en la gestión, el uso de buenas prácticas, y los
necesarios mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia frente a conductas social,
ambiental o éticamente inaceptables.
Los grados de exigencia de dicho modelo serán coherentes con el impacto de las empresas y
por lo tanto establecerán obligaciones diferentes para empresas cotizadas, grandes empresas
no cotizadas y pequeñas y medianas empresas. La incorporación de las medidas que a
continuación proponemos debe ser gradual y consensuada con los actores. Proponemos la
apertura de un diálogo social sobre el gobierno corporativo, que lleve a la realización de un
gran pacto sobre la reforma del modelo. El resultado de dicho pacto social se materializará en
un Plan Estratégico de reforma del gobierno corporativo y, posteriormente, en las
modificaciones normativas necesarias.
En concreto, proponemos poner en práctica las siguientes medidas:
• Incorporar en la legislación correspondiente, un nuevo modelo de gobernanza
empresarial para las grandes empresas que: (i) refuerce el papel de la Junta de
Accionistas ante decisiones relevantes de la empresa; (ii) separe las funciones de
dirección estratégica (Consejo de Administración) de las de la gestión diaria y; (iii)
refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores, otorgando mayor
poder y relevancia a las comisiones delegadas del Consejo, por ejemplo los comités de
auditoría y remuneraciones, que deberán ser presididos por consejeros realmente
independientes.
• Fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de la
empresa, incorporando una representación de los mismos en el consejo de
administración o en el consejo de vigilancia de las empresas de más de 500
trabajadores.
• Limitar las participaciones cruzadas entre grandes empresas y el número de consejos
de administración que puede atender un consejero/a, así como reforzamiento del
control y supervisión de las llamadas operaciones vinculadas entre la empresa y los
consejeros.
• Limitar el número de reelecciones posibles en los mandatos de los consejeros/as
independientes para evitar la pérdida de las facultades que persigue su nombramiento
y hacer especial seguimiento a los cambios de clasificación que se realicen.
• Hacer efectiva una cuota mínima de un 40% de presencia de mujeres en los consejos
de administración de las grandes empresas cotizadas y de todas las empresas
públicas.
• Regular adecuadamente el comportamiento de los llamados Asesores de Voto o Proxi
Advisors, especialmente en lo referente a independencia, rendición de cuentas,
transparencia y conflicto de intereses, entre otros.
// 171

• Revisar las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos
directivos y consejeros/as, que han tenido tenencia a centrarse en el corto plazo y a
estar escasamente relacionados con el resultado obtenido. Entre algunas actuaciones,
proponemos:
- Modificar la regulación del Impuesto de Sociedades de modo que los gastos de
personal sólo sean deducibles hasta un máximo por trabajador.
- Modificar la Ley de Sociedades de Capital, para incluir la aprobación de las
retribuciones de altos directivos y miembros del Consejo de Administración por
la junta de accionistas, como punto independiente del orden del día, en
votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios.
- Medidas fiscales y de transparencia sobre las retribuciones variables
desproporcionadas en los salarios de los Directivos, desincentivando las
retribuciones variables que superen las retribuciones fijas establecidas y las
retribuciones desorbitadas en especie.
- Desincentivar los blindajes empresariales de los altos ejecutivos: (i)
prohibiendo que se contabilicen como gastos deducibles; (ii) gravando dichas
indemnizaciones excepcionales con un tipo adicional extraordinario del IRPF
por las cantidades percibidas en concepto de blindaje, salarios diferidos,
planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones
complementarias.
- Obligación de publicar en las cuentas anuales de la empresa, el nivel de
dispersión salarial entendido como la diferencia entre la remuneración
percibida por el primer ejecutivo/a, el salario mediano, el salario medio y el más
bajo de la empresa.
Una economía que respete la diversidad: economía social y economía colaborativa
Promoción de la economía social
La Ley de Economía Social aprobada en la última legislatura de gobierno socialista fue un gran
paso en el reconocimiento de la fortaleza de las empresas de la economía social para
mantener y crear empleo estable y de calidad.
Las empresas de la Economía Social son un modelo para avanzar en la democracia económica
y social. Nos comprometemos a establecer las políticas públicas de fomento de la economía
social y los incentivos necesarios para favorecer la creación de empresas competitivas,
responsables y sostenibles en las que las personas y el fin social primen sobre el capital.
Igualmente se desarrollarán propuestas relacionadas con la economía del bien común.
Proponemos lo siguiente medidas para fomentar las empresas de la economía social:
• Eliminar las barreras de naturaleza legal, administrativa o burocrática que impiden o
limitan el desarrollo de las empresas de Economía Social.
• Desarrollar cláusulas sociales de contratación que permitan que el valor diferencial de
la Economía Social sea tenido en cuenta en los procesos de contratación pública. Se
transpondrá la Directiva de la Unión Europea sobre contratación pública que permite la
reserva de contratos públicos a empresas sociales y de propiedad de trabajadores.
• Actualizar las normas que regulan a las empresas de la economía social con el objeto
de que mejoren y agilicen su gestión y, a su vez, se fortalezcan los principios y valores
// 172

que las caracterizan. En concreto, reformaremos la Ley de Cooperativas, para hacer
más operativo el funcionamiento económico y social de las Cooperativas.
• Mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, la filantropía y a la participación social
(micro mecenazgo) para facilitar el incremento de donaciones y consolidar la
independencia y financiación de las entidades de la economía social. Reformaremos la
Ley de Mecenazgo para regular la figura del ¨endowment¨, o fondo fiduciario que se
nutre de aportaciones de personas físicas o jurídicas para una finalidad social
específica.
• Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social que
destinen excedentes empresariales para que los trabajadores y trabajadoras
asalariados de estas empresas pasen a formar parte de las mismas con la condición de
socios trabajadores. Las Sociedades Laborales, modelo de democracia económica y
empleo estable, serán objeto de incentivación fiscal, tanto en su creación como en la
incorporación de socios y socias a las mismas. Se reformará la Ley de régimen fiscal
de las Cooperativas de 1990, actualmente desfasada por las distintas reformas
fiscales, para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.
• Generar mecanismos de diálogo permanente con las organizaciones representativas
de la Economía Social para participar en la elaboración de los Programas de Reforma
a presentar en la Unión Europea y medias de fomento de la Economía Social, en
particular en la generación de empleo y en la formación profesional del mismo en este
tipo de empresas. Impulsaremos y dinamizaremos el Consejo para el Fomento de la
Economía Social creado en 2011, pero que no se ha reunido ni una sola vez en la
última legislatura.
• Crear un Protectorado único de ámbito estatal para las fundaciones que, junto al
Registro único, sea un referente profesional y de calidad y que contribuya a mejorar la
gestión y la transparencia de estas entidades.
Un marco justo para el desarrollo de la economía colaborativa
El desarrollo de las tecnologías de la información en el ámbito de la digitalización de la
economía, los dispositivos móviles y las nuevas plataformas y aplicaciones ha dado lugar
durante los últimos años al desarrollo de nuevos modelos de consumo y está abriendo nuevas
opciones a la actividad económica. La era de la economía colaborativa supone un cambio
cultural en el que pasamos básicamente de una economía de propiedad y de tenencia a una
economía de acceso.
Sin embargo, al tratarse de un sector tan incipiente se encuentra con un marco regulatorio
previo a la eclosión de lo digital, no adaptado para responder a los retos que plantea. Es, por
tanto, necesario establecer un marco jurídico claro, para garantizar que se cumplan las normas
fiscales, de seguridad, responsabilidad, protección del consumidor y demás elementos de los
que nos hemos dotado en los diferentes actividades económicas para garantizar los derechos
de los usuarios y de la competencia, pero que al mismo tiempo, no poner puertas al campo
para tratar de impedir la innovación y el desarrollo de nuevas estrategias económicas.
Los socialistas queremos alentar un gran debate transversal en España sobre la Economía
Colaborativa involucrando a todos los actores implicados, para encontrar las formas en la que
la sociedad pueda maximizar las ventajas y transformar los riesgos en oportunidades, poniendo
en marcha las acciones para la evolución hacia la economía colaborativa que incluya los
cambios que resulten adecuados.
Tenemos la oportunidad de liderar en Europa el desarrollo de la economía colaborativa de la
mano de la sociedad de la información, situándonos a la cabeza en libre prestación de servicios
y protección del consumidor. Nos comprometemos a:
// 173

• Constitución de una subcomisión parlamentaria con el fin de trabajar con expertos,
empresas e instituciones que representan la economía colaborativa para identificar los
obstáculos para su desarrollo en nuestro país, con especial incidencia a los ámbitos
laboral y fiscal.
• Plantear medidas de competencia para que las nuevas plataformas digitales surgidas
por la economía colaborativa no se conviertan en nuevos monopolios digitales.
• Trabajar con los sectores tradicionales afectados por el desarrollo de la economía
digital, para identificar retos para el desarrollo de su actividad en el nuevo marco
económico.
• Facilitar e informar de las obligaciones fiscales a la ciudadanía que haga uso de las
plataformas colaborativas así como a los demás agentes implicados, potenciando
mecanismos que garanticen la trazabilidad de las transacciones electrónicas, y así
luchar contra la economía sumergida.
Protección de los consumidores/as
Una economía más democrática e inclusiva debe asegurar la participación de los
consumidores, garantizando elevados índices de protección de los mismos frente a los abusos
de las grandes empresas.
Proponemos lo siguiente medidas para mejorar la protección de los consumidores:
• Unificar en una única autoridad las competencias en materia de defensa de la
competencia y de la protección de los consumidores, al menos en lo que respecta al
ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las CCAA en
materia de consumo.
• Simplificar las condiciones y trámites para el ejercicio de los derechos legales de los
consumidores, creando un sistema de reclamación efectivo y eficaz y reforzar y facilitar
los mecanismos de acciones colectivas de consumidores y usuarios frente a
infracciones o abusos de las empresas.
• Poner en marcha un Plan Nacional de Apoyo al Sistema Arbitral de consumo que
potencie y fomente entre consumidores y empresas el recurso al arbitraje de consumo
como vía de resolución de reclamaciones.
• Promover cambios legislativos para extender la garantía legal actual de 2 años en los
productos y adaptarla la duración de la misma a la vida útil de cada producto.
• Prohibir y penalizar de forma estricta las prácticas de obsolescencia tecnológica
forzada de los productos por parte de las empresas.
• Mejorar los mecanismos de control de publicidad para evitar el daño por publicidad
engañosa a los consumidores, reforzando la colaboración con la Fiscalía General en
las acciones de cesación de las campañas publicitarias que induzcan a engaño. Ha de
vigilarse especialmente la publicidad dirigida a los menores.
• Promover, en el sector de las comunicaciones, la eliminación de las actuales barreras
para lograr una efectiva competencia en el sector. Por ejemplo, limitar la venta de
teléfonos móviles bloqueados por el operador, una mejor regulación de los períodos de
permanencia y las penalizaciones y que se informe claramente de todo ello al cliente
antes de contratar.
// 174

• Revisar y reforzar los esquemas de protección de inversores y consumidores de
servicios financieros, para recuperar la confianza de los ahorradores en los productos
financieros. Proponemos la unificación de los servicios de reclamaciones y de
protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) a los que
pueden acudir los clientes e inversores en única Autoridad de Protección Financiera y
resolución de disputas. Este nuevo servicio –a diferencia de los actuales- tendrá
capacidad de emitir, a instancias de los consumidores perjudicados, dictámenes
vinculantes para las entidades financieras (según el modelo británico).
• Promover los cambios normativos que penalicen a los prestamistas que utilicen los
tipos de interés usurarios y abusivos, y regularemos los préstamos personales no
bancarios para evitar situaciones de fraude y estafa.
IV. AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA: HACIA UN GOBIERNO DEL
EURO
1. DÓNDE ESTAMOS
El conjunto de la socialdemocracia siempre ha apoyado la construcción europea, entendida no
solamente como la consecución de un gran mercado sino como un proyecto político basado en
la solidaridad entre países. Así, los socialistas españoles, mediante el diálogo con el resto de
partidos progresistas europeos, debemos impulsar el liderazgo de la socialdemocracia hacia la
economía social de mercado como instrumento de producción de riqueza, apostando por una
economía productiva del conocimiento intensiva en la creación de empleo, como principal
instrumento de progreso social y económico para el mantenimiento de la Europa Social. De ahí
que los socialistas europeos sigamos aspirando a que la UE se convierta en un espacio
supranacional de corte federal que se caracterice por desarrollar el modelo social y de lugar a
una verdadera ciudadanía europea, con el objetivo último de alcanzar la Unión Política.
Las políticas europeas para salir de la crisis financiera han sido equivocadas, dominadas por
una mayoría conservadora que hizo de la austeridad su único objetivo. El coste del
“austericidio” ha sido enorme e innecesario social y económicamente para muchas sociedades
europeas, no solo las periféricas. El contraste con EEUU es notorio. El Gobierno Obama y la
Reserva Federal han enfrentado la crisis con políticas monetarias, reformas estructurales y
estímulos a la demanda, que han mejorado el crecimiento, aumentado el empleo y corregido el
déficit y deuda pública. Lo contrario de lo ocurrido en la zona euro.
Aunque sea con enorme retraso y demasiado sufrimiento, los países de la UE tienen que
cambiar de estrategia. La socialdemocracia sigue siendo la única esperanza para recuperar el
sentido de una economía social de mercado que está en la genética de la construcción
europea. Europa necesita políticas que respondan a los desafíos de competitividad de la
economía globalizada del siglo XXI, con inversión y estímulos de demanda, acompañadas de
reformas estructurales que mejoren la competitividad, sin precarización del empleo, ni
devaluación de los salarios.
Para ello, es esencial recuperar buena parte de los niveles de inversión pública y privada que
continúan a niveles muy inferiores a los previos a la crisis. En este contexto, el Plan Juncker,
aunque insuficiente, constituye un paso en la correcta dirección para impulsar el crecimiento,
tal y como los socialistas hemos exigido, y lo es más aún ahora que la ralentización del
crecimiento global puede debilitar las exportaciones europeas.
En consecuencia proponemos:
• El reforzamiento y aceleración de la puesta en marcha del Plan de Inversión Junker,
favoreciendo especialmente a los países que tienen unas mayores tasas de
desempleo, como España.
// 175

• Un presupuesto para la Eurozona para financiar bienes públicos europeos en ámbitos
como la energía, la lucha contra el cambio climático, la ciencia o la digitalización, que
financie las políticas propias de la Unión e impulse el crecimiento económico.
• Defender ante las instituciones europeas la creación de una política energética común
que permita a los Estados miembros mejorar su competitividad, luchar contra el cambio
climático y, a largo plazo, limitar la dependencia exterior.
Al mismo tiempo, es bien sabido que la Unión Económica y Monetaria (UEM) está incompleta,
por lo que no se encuentra suficientemente preparada para hacer frente a los choques
macroeconómicos asimétricos, como la crisis financiera y económica que se inicia en el verano
de 2007, ha puesto de relieve.
Es preciso, por tanto, profundizar y reforzar la UEM, tanto en sus elementos verticales como
horizontales. El recientemente publicado Informe de los 5 Presidentes ¨Completando la Unión
Económica y Monetaria Europea¨, constituye una buena base para la reflexión, pero se puede
y se debe ser más ambicioso, planteando propuestas de marcado carácter europeísta de
mayor trascendencia y calado. En definitiva, es el momento de poner en marcha un Gobierno
del Euro como meta hacia una Europa federal. Nuestras propuestas son las siguientes:
Unión Bancaria
La unión bancaria es un elemento fundamental de la unión monetaria para reforzar el sistema
financiero, garantizar que contribuya al crecimiento de la economía real y hacer frente a futuras
crisis financieras. La unión bancaria se asienta sobre tres pilares: regulación europea,
supervisión y resolución únicos para la zona euro. Es necesario avanzar en:
• Establecimiento de un verdadero cortafuegos (backstop) mediante el acceso del Fondo
Único de Resolución a la financiación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
• Creación de un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (FEGD).
• Aumento de la dotación del Fondo Único de Resolución.
• Completar el Mercado único de capitales
Unión fiscal
La UEM carece de una dimensión fiscal. Sin recursos fiscales no es posible suavizar el ciclo
económico de la Eurozona ni solventar los choques macroeconómicos asimétricos. El recurso a
la política monetaria no basta, al tiempo que el cumplimiento a rajatabla del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento ha resultado ser contra-productivo. Al mismo tiempo, la competencia
fiscal desleal, incluyendo los llamados "tax rulings", erosionan las bases fiscales nacionales y
distorsionan la libre competencia y el mercado interior. La unión fiscal se sostiene a su vez
sobre tres pilares: lucha contra el fraude y la elusión fiscal a escala europea, mayor
armonización fiscal y establecimiento de tributos europeos. Por ello, proponemos las siguientes
medidas:
• Aprobar la propuesta de Directiva que amplía el intercambio automático de información
a las llamadas resoluciones fiscales entre empresas y Estados miembros. Dicho
intercambio debe afectar tanto a las resoluciones fiscales transfronterizas como a las
nacionales y debe tener carácter retroactivo para incluir aquellos acuerdos firmados en
el pasado pero que siguen teniendo efecto en la actualidad. La información que se
derive del intercambio de información entre Administraciones fiscales debe igualmente
incluirse en los informes por países elaborados por las multinacionales y formar parte
de un Registro Central al que tenga acceso la Comisión Europea .
• Asegurar que los beneficios empresariales se graven donde se generan, mediante la
obligatoriedad de realizar informes de cuentas de resultados país por país que tendrán
carácter público.
// 176

• Elaborar una lista negra de empresas que cometen fraude fiscal, planificación fiscal
agresiva con la finalidad de eludir el pago de impuestos, o que colaboran en las
conductas anteriores. Las entidades mercantiles incluidas en esta lista no podrán
contratar con la Unión Europea.
• Elaborar una lista europea de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas en
materia fiscal que deberá actualizarse periódicamente conforme a una serie de criterios
comunes de carácter objetivo.
• Aprobar definitivamente la Directiva sobre la armonización de la base imponible
consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), armonizando el tipo mínimo
del impuesto y compartiendo la recaudación entre la UE y los Estados miembros para
luchar contra la elusión fiscal, garantizar unos ingresos sostenibles y reforzar el
mercado único para las empresas. Introducir con carácter obligatorio la BICCIS
conforme a un enfoque progresivo.
• Poner en marcha lo antes posible el Impuesto de Transacciones Financieras,
incluyendo a los productos derivados en su ámbito de aplicación, contemplando la
posibilidad de que parte de su recaudación se destine a combatir la pobreza y
exclusión dentro y fuera de la UE.
• Creación de un instrumento fiscal del Euro: que deberá incluir (i) un presupuesto para
financiar bienes públicos europeos en ámbitos como la investigación científica,
energía, lucha contra el cambio climático, o la digitalización y (ii) un seguro europeo de
desempleo que complemente los sistemas nacionales.
Unión Monetaria
La sostenibilidad y estabilidad futura del Euro requiere de un Banco Central Europeo que
pueda actuar como prestamista de última instancia, y dotado de instrumentos financieros y
monetarios que eviten la fractura de los mercados y los diferenciales de tipos de interés e
interviniendo en los mercados secundarios de deuda política cuando sea necesario y que rinda
cuentas de una manera más clara y democrática. Por ello, defenderemos ante las instituciones
europeas:
• Otorgar al BCE, junto a la estabilidad de precios, un mandato explícito para garantizar
la estabilidad financiera y monetaria, prevenir la inflación de activos en la zona euro, y
promover el crecimiento y el empleo.
• Ratificar por el Parlamento Europeo al Presidente del BCE y a los miembros de su
Comité Ejecutivo.
• Reforzar la rendición de cuentas y la capacidad de control del Parlamento Europeo
sobre el Banco Central.
• Publicar las actas completas de las reuniones de su Comité Ejecutivo, en línea con las
prácticas de la FED.
Unión financiera
La UEM no dispone de un soporte fiscal, y en consecuencia, tampoco cuenta con un Tesoro
que emita deuda pública europea, lo que permitiría apuntalar el Euro, contribuir a su estabilidad
financiera y financiar inversiones anti-cíclicas. Al mismo tiempo, es preciso reducir la pesada
carga de la deuda pública europea. Por tanto proponemos:
• Utilización del MEDE como Fondo de Amortización de Deuda.
• Emisión de títulos de deuda pública europea.
• Emisión mancomunada de deuda pública de los Estados miembros (Eurobonos).
// 177

Unión económica y social
Una auténtica unión económica y social requiere asegurar el máximo de convergencia
macroeconómica y productiva, es decir, hay que reducir los desequilibrios en las balanzas de
pagos, promover las reformas necesarias para impulsar el crecimiento y la productividad a
largo plazo y tener una visión macroeconómica conjunto de la Eurozona. Por ello, proponemos
las siguientes medidas:
• Cálculo y evaluación de la posición macroeconómica y fiscal agregada de la Eurozona.
• Con objeto de corregir los shocks asimétricos y reducir los desequilibrios
macroeconómicos, en particular por cuenta corriente, se penalizará tanto los déficits
como los superávits comerciales para estabilizar la situación económica de la
Eurozona.
• Simplificación del Semestre Europeo
• Creación de Agencias Nacionales de Competitividad para la puesta en marcha de las
reformas de impulso del crecimiento, emprendimiento y start-ups, y de la productividad
a largo plazo en la zona euro.
• Reformar el mandato del BCE para incorporar los objetivos de crecimiento económico y
creación de empleo en pie de igualdad con el control de precios
Además, el mercado de trabajo, al menos en la Eurozona, debe estar más integrado, al tiempo
que se armonizan los sistemas de pensiones y las medidas de protección del trabajador.
Proponemos:
• Construcción de un mercado de trabajo integrado en la zona euro que incluya la
portabilidad de las contribuciones a la Seguridad Social y el desarrollo de políticas
activas de empleo de dimensión europea.
• Establecimiento de un salario mínimo europeo, relativo al salario mediano de cada
país, empezando por la Eurozona.
• Avanzar en la armonización de la edad de jubilación, al menos en la Eurozona.
Unión política y ampliación de la Eurozona
La puesta en marcha de la unión fiscal y financiera supone en sí mismo un gran paso adelante
en la unión política federal, pero debe ir acompañado de una mejora de la gobernanza
democrática de la Unión y muy especial del euro para legitimar las decisiones que se proponen
y garantizar su éxito. Por lo tanto, se propone:
• Reformar la presidencia del Eurogrupo, para convertirlo en un Ministro de Economía
del Euro con poderes reforzados, responsabilidad que recaería en el actual Comisario
de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.
• Creación, dentro del Parlamento Europeo, de un Comité para el Euro con
competencias reforzadas y compuesto por europarlamentarios de los países miembros
de la UE con capacidad para abordar la puesta en marcha de la unión fiscal y de la
unión social.
• Estrechar la cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo,
en particular con el nuevo comité para el euro propuesto, y reforzar la implicación de
los parlamentos nacionales en el semestre europeo reformado.
// 178

• Representación única del euro en los organismos financieros internacionales.
• Inclusión del MEDE; del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la
Unión Económica y Monetaria.
// 179

| EL ESTADO SOCIAL
EL ESTADO SOCIAL
Durante casi un siglo, la ciudadanía de los Estados más prósperos y desarrollados del mundo
han estado de acuerdo en que la mejor forma de garantizar el progreso social, económico y
político de sus sociedades es sostener un sistema de protección social que contribuya a
corregir las fracturas sociales, garantice la igualdad de oportunidades y promueva un
crecimiento económico justo que sustente a una amplia clase media trabajadora. De este
sistema se espera protección frente a los riesgos fundamentales a los que una persona ha de
hacer frente a lo largo de su vida tales como la enfermedad, el desempleo, la ignorancia o los
inherentes a las necesidades de la vejez y la niñez. Dicha respuesta se articula a través de
políticas públicas integradas y coordinadas en todos los niveles de la Administración pública,
estatal, autonómica y local en los cuatro pilares del Estado del Bienestar en el ámbito de la
sanidad, la educación, las pensiones, la protección por desempleo, la lucha contra la pobreza,
la atención a la ciudadanía en situación de dependencia, de la igualdad de género y de apoyo a
las familias.
Los partidos socialdemócratas han sido actores clave en la consecución de este logro ya que
han sido ellos quienes han desarrollado y consolidado el Estado de Bienestar en toda Europa.
Los primeros gobiernos socialistas en la década de los 80 comenzaron a aglutinar los escasos
e incompletos programas de protección social existentes en España con el objetivo de edificar
sobre ellos un sistema de bienestar que pudiese homologarse a los que ya existían en los
países más desarrollados de nuestro entorno. Estaba prácticamente todo por hacer y las
políticas sociales que se pusieron en marcha pretendían abarcar a amplios sectores de nuestra
sociedad. Así, en materia de educación el objetivo básico era la universalización y la equidad.
En el ámbito sanitario se trataba de conseguir también la universalización en el acceso al
sistema y la mejora de las prestaciones y servicios. En protección por desempleo se garantizó
la protección de los trabajadores y la estabilidad económica en tiempos de elevado desempleo;
y en pensiones el sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional se completó
con pensiones no-contributivas. La construcción del Estado de Bienestar hizo converger a
nuestro país con el resto de Europa y llegó a obtener un amplio apoyo ciudadano.
En los albores del siglo XXI, con las bases del bienestar ya asentadas, los retos a los que se
enfrentaba el Estado de Bienestar en España eran más diversos y más complejos.
Nuevamente, los gobiernos socialdemócratas españoles, en línea con lo que ya venían
haciendo otros gobiernos europeos, fueron los responsables de desarrollar nuevas políticas
destinadas a modernizar y adaptar el Estado de Bienestar a los llamados Nuevos Riesgos
Sociales. Así, se pusieron en marcha iniciativas como el Plan Educa3, de creación de plazas
de escuelas infantiles, o la conocida como Ley de la Dependencia. Además de atender a las
necesidades de la infancia y de la tercera edad, estas medidas perseguían promover el empleo
femenino y la conciliación de la vida laboral y familiar, al tiempo que apoyaban a las familias
estimulando con ello la natalidad. Se reforzó también la Formación Profesional y la política de
becas, al tiempo que se ponía en práctica la renta de emancipación juvenil, medidas todas ellas
dirigidas a los segmentos más jóvenes de la sociedad.
La bonanza económica había ocultado, sin embargo, algunos de los problemas estructurales
del sistema como el incremento de las desigualdades y sus importantes implicaciones para la
sociedad. La llegada de la crisis impidió la consolidación de las medidas que habían sido
adoptadas por los gobiernos socialistas en los años anteriores, y las políticas aplicadas por el
Partido Popular en los últimos años han supuesto un grave retroceso en los programas de
protección social, empeorando la situación de muchas familias y debilitando enormemente la
capacidad del sistema para perseguir sus cometidos de asegurar el crecimiento económico y la
igualdad de oportunidades.
10 DESAFÍOS DESATENDIDOS POR NUESTRO ESTADO SOCIAL
Las limitaciones de nuestro Estado de Bienestar son fundamentalmente fruto de la interacción
de tres procesos:
• La inacabada construcción del Estado de Bienestar durante los años de bonanza
económica, durante la cual no se afrontaron algunos problemas estructurales, a pesar de
// 181

| EL ESTADO SOCIAL
algunas iniciativas socialistas importantes, como la Ley de Dependencia, que han sido
estranguladas por la crisis y por la política de recortes del PP.
• La inadaptación o falta de modernización de nuestro Estado de Bienestar a los Nuevos
Retos Sociales. La última legislatura ha sido tiempo perdido en la tarea necesaria de
adaptar el Estado de Bienestar a las transformaciones que se han venido produciendo en
el mercado de trabajo, las familias, las dificultades de la conciliación, la composición
demográfica del país y el entramado social de nuestras grandes ciudades en los últimos
lustros.
• Las estrategias de consolidación fiscal seguidas por el gobierno. La decisión
gubernamental de consolidar prioritariamente a través del gasto, sin una propuesta de
reforma fiscal seria, así como la voluntad de cargar la mayor parte del ajuste a los
Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas (que como es sabido dedican alrededor
del 70 por ciento de su presupuesto a las políticas de sanidad, educación y bienestar
social) están estrangulado el sistema de protección social.
Estos tres procesos provocan una serie de problemas que nuestro sistema de protección social
debería afrontar de manera urgente:
1. La dualización (tanto del mercado laboral, como del sistema de protección social). La
estructura de nuestro Estado de Bienestar no consigue afianzar derechos sociales para
poder disfrutar de la protección adecuada a amplias capas de la sociedad, con especial
incidencia en los colectivos más vulnerables.
2. La creciente desigualdad y pobreza. Esta dramática situación afecta especialmente a
colectivos jóvenes y a la infancia, comprometiendo la igualdad de oportunidades en la vida,
la justicia intergeneracional y nuestra competitividad futura en la economía del
conocimiento.
3. La ausencia de un mecanismo que garantice unos ingresos mínimos en caso de exclusión
económica. Con ello, a falta de una malla de protección de última instancia, se ha
condenado a cientos de miles de personas a situaciones de extrema vulnerabilidad, cuando
no de exclusión permanente. Esa condena tiene un alto coste social. Trunca itinerarios
vitales, dificulta la reintegración a una vida normalizada, restando oportunidades a estas
personas para realizar aportaciones valiosas a la sociedad.
4. Una base fiscal insuficiente cuando ha llegado la crisis y los ingresos públicos se han
derrumbado. España tiene margen para perseguir la justicia social, además de mediante el
gasto, a través de los ingresos. Nuestro sistema fiscal no logra grabar según la capacidad
económica, existe un significativo espacio para el fraude, la evasión y la elusión fiscal,
especialmente en la fiscalidad del capital.
5. El desempleo juvenil y la prolongación de los procesos de inserción en el empleo estable.
La falta de oportunidades laborales en las etapas de transición a la vida adulta produce
efectos “cicatriz” que repercuten negativamente en las trayectorias laborales futuras y, en
general, en las oportunidades vitales.
6. El abandono escolar prematuro. Detrás del mismo se manifiesta la desigualdad como factor
inductor: desigualdad en accesibilidad a escuela infantil, déficits en servicios de detección
temprana de riesgos de fracaso, falta de servicios de orientación a estudiantes en
transición entre niveles educativos, becas escasas y mal repartidas, entre otros.
7. La desigual participación de la infancia de los grupos más desfavorecidos en la escuela
infantil. Persiste una brecha significativa en las tasas de matriculación de niños y niñas de
familias de ingresos altos y medianos (que han aprovechado el compromiso público con
este tipo de políticas) y las familias de bajos ingresos.
8. La falta de políticas suficientes que atiendan la conciliación y el cuidado después de la
rápida incorporación de las mujeres al mercado laboral. El trabajo de las mujeres se ha
generalizado en las cohortes más jóvenes. Las familias españolas han transferido parte de
las responsabilidades de cuidado a los abuelos (generalmente a abuelas). No se resuelven
así los problemas de conciliación. Persisten problemas que requieren atención inmediata
antes de que las responsabilidades de cuidado vuelvan a provocar la re-feminización
indeseada del sistema y el retroceso en la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
9. El envejecimiento acelerado de la población, consecuencia del considerable aumento de la
esperanza de vida, y de la baja tasa de natalidad, planteará importantes retos para los
servicios sanitarios, que habrán de hacer frente a una creciente demanda por parte de un
// 182

| EL ESTADO SOCIAL
segmento de la población que padecerá situaciones de cronicidad. En paralelo, los
servicios sociales y de atención a la dependencia deberán también responder a las
crecientes necesidades de cuidados de larga duración. Asimismo, también afectará al
sistema de pensiones.
10. Carencias relacionadas con la capacidad institucional para mejorar la eficiencia y la
innovación. Existe una clara ausencia de un sistema de evaluación de las políticas y de un
buen sistema de información, así como un escaso número de efectivos en algunas áreas.
Cabe también mencionar el insuficiente control de los mecanismos de colaboración
público-privada y la ausencia de planificación conjunta entre las administraciones.
10 PROPUESTAS PARA RESPONDER A LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA
NUESTRA SOCIEDAD
El sistema de protección debe reforzarse estratégicamente desde 6 puntos de vista:
• El nuevo sistema de protección social ha de servir para ayudarnos a salir de la crisis y, al
mismo tiempo, sentar las bases para garantizar su propio futuro desde la justicia social, la
promoción del desarrollo económico y garantizando su sostenibilidad.
• Los sistemas de bienestar modernos no son solo, ni fundamentalmente, paliativos. Además
de proteger, deben servir también para anticipar y prevenir situaciones de necesidad como
la enfermedad, el desempleo, la precariedad, el fracaso escolar, la pobreza o la exclusión,
o cualquier otra injusticia social.
• Al ser preventivos, también son más sostenibles. Los recursos destinados a estas políticas
son inversiones (para anticiparnos, por ejemplo, al fracaso escolar, o la pobreza infantil)
que permitirán ahorrar recursos en el medio y largo plazo.
• El disfrute de políticas y servicios de protección social no debe hacerse a costa de las
generaciones futuras. En otras palabras, hay que invertir en juventud e infancia para
garantizar la sostenibilidad futura de nuestra sociedad y del propio Estado de Bienestar.
• Se trata de repensar el sistema para que, estando dirigido a la mayoría social mediante
servicios de la más alta calidad, tenga también en cuenta de manera prioritaria las
necesidades de los más desfavorecidos que en los últimos años tienen perfiles sociales
específicos.
• La gobernanza y la planificación del sistema de protección social debe realizarse por parte
de la Administración del Estado en coordinación con las CCAA.
Estas orientaciones estratégicas se concretan en 10 objetivos socialdemócratas:
1. Hay que luchar decididamente por el bienestar de la ciudadanía en general y,
especialmente, por el bienestar de juventud, proporcionando oportunidades en la
sociedad que demanda conocimiento, innovación y que nosotras y nosotros
queremos justa e igualitaria, pues son el colectivo más afectado por la crisis.
2. Desarrollar un sistema público de garantía de ingresos mínimos vitales, que
ofrezca recursos a las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad
y/o en riesgo de exclusión social.
3. Las niñas y niños merecen una atención prioritaria en el programa de gobierno
socialista. Tenemos que erradicar la pobreza infantil de nuestro país, incidiendo
aún más en la pobreza infantil severa, poniendo todos los mecanismos para
garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida.
4. De acuerdo con nuestros principios y valores de tradición socialdemócrata, nos
comprometemos a poner en marcha medidas por y para el bienestar social de las
familias.
5. Es también necesario promover una cultura de corresponsabilidad e igualdad de
género en el ámbito del hogar.
6. Conseguir que los colegios, las universidades o los centros sanitarios públicos
sean la primera opción que toda la ciudadanía se plantee a la hora de responder a
sus necesidades porque sepa que en ellos encontrará los mejores servicios en
términos de calidad y justicia social.
7. Los sistemas públicos de educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, que
constituyen los cuatro pilares del Estado de Bienestar, están entre los servicios
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| EL ESTADO SOCIAL
más valorados por la ciudadanía. Además, el sistema público de pensiones y la
sanidad pública son los que a su juicio más influyen en su bienestar. Recuperar el
modelo de Sistema Nacional de Salud de acceso universal y servicios de alta
calidad para las necesidades del conjunto de la sociedad actual es un desafío para
el PSOE de hoy.
8. Reforzar y completar el desarrollo del sistema de servicios sociales mediante un
nuevo pacto social con la ciudadanía y el conjunto de las Administraciones que
garantice la cobertura universal de las prestaciones básicas del sistema público.
9. El PSOE reitera su incondicional compromiso con estos sistemas de protección
social. La sostenibilidad del Estado de Bienestar será una absoluta prioridad para
un gobierno socialista, tanto desde un punto de vista político, como social y
financiero.
10. Es necesario reforzar la capacidad de las Administraciones para potenciar la
evaluación de impacto de los programas sociales y su rediseño, apostar por la
planificación conjunta entre las Administraciones responsables de las políticas
sociales incluyendo la debida formación de sus profesionales y trabajadores.
Asimismo, en un Estado de naturaleza esencialmente federal como el nuestro,
garantizando la igualdad de derechos entre españoles, deben aprovecharse al
máximo las ventajas de la gestión descentralizada. Por eso consideramos
necesario establecer la obligatoriedad de elaborar un informe de impacto social
previo a toda nueva planificación o legislación que se pretenda aprobar.
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| EL ESTADO SOCIAL
MEDIDA DE CHOQUE CONTRA LA DESIGUALDAD: INGRESO MÍNIMO
VITAL
1. DÓNDE ESTAMOS
La crisis económica ha generado en España un alarmante incremento de las desigualdades
pero lo preocupante es que los mecanismos de protección social de que disponemos
manifiestan una frustrante incapacidad de corregir esas desigualdades incluso en los periodos
de bonanza económica.
Todas las evidencias y la experiencia en los países con mayor justicia social demuestran que
la inversión social es el activo más sólido para el desarrollo y la competitividad del país.
España no es uno de estos países. Los efectos de la gestión de la crisis no se limitan a la
reducción de los recursos destinados a la protección e inversión social. Quizás la decisión más
ideológica se refiere a la eliminación de los derechos en el acceso a servicios y prestaciones,
ya que ésta tiene que ver con el modelo de convivencia y está en la base del concepto de
ciudadanía.
Simultáneamente, tanto desde el Gobierno de España como desde Gobiernos de
Comunidades Autónomas, se ha iniciado un proceso de progresiva privatización de la gestión
de los servicios públicos, derivando la gestión a empresas con ánimo de lucro servicios que
pretenden hacer efectivos derechos de ciudadanía.
La generación de desigualdad con el debilitamiento de la protección social ha hecho recaer
las consecuencias de la crisis sobre las clases medias y trabajadoras, especialmente las de
rentas más bajas, lo que ha disparado la cantidad de personas en riesgo de pobreza situando a
España con las mayores cifras de los países de la OCDE.
Nuestras políticas estarán orientadas a combatir estas alarmantes cifras de desigualdad, con
políticas basadas en el cambio de paradigma del modelo de convivencia, basado en una
sociedad más justa e igualitaria y capaz de generar oportunidades para todos. Recomponer el
maltrecho Estado de Bienestar y adecuarlo a las necesidades de la sociedad actual: capaz de
dar respuesta a los nuevos riesgos sociales surgidos de las características de la sociedad
actual y también de los efectos de la crisis. Nos proponemos preparar el Estado de Bienestar
para el siglo XXI. En paralelo, hay que abordar lo urgente: una desigualdad insostenible en
nuestro país. Para ello, proponemos un sistema de garantía de ingresos que ofrezca recursos
mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Esta propuesta de Garantía de Ingresos persigue dos objetivos principales:
1. Proporcionar a las familias sin ingresos suficientes una renta que les permita afrontar las
necesidades más básicas inherentes a la dignidad humana, en línea con la nueva
dimensión de los Derechos Humanos acordada por Naciones Unidas.
2. Invertir en la Infancia, mejorando sustancialmente la situación de los niños y niñas en
hogares con menos rentas y eliminado la pobreza más severa.
Esta propuesta nace con la vocación de constituir la última red de protección ante la
desigualdad generada por el funcionamiento del mercado ante la insuficiencia actual del
sistema de protección social para reducirla. Pretende actuar como un amortiguador para
situaciones de penuria económica, con carácter general, y como inversión en infancia, con
carácter específico.
El Sistema Integrado de Garantía de Ingresos busca cerrar la red de protección social, llegando
a las personas y familias sin recursos. Se estima que la propuesta del Sistema beneficiaría a
unas 730.000 familias y unas 1.847.000 personas, si aplicamos la media de 2,53 personas por
hogar, según el INE. E incorporaría a unos 2.300.000 niños y niñas que viven en hogares por
debajo del umbral de la pobreza.
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| EL ESTADO SOCIAL
3. PROPUESTAS
Establecer mediante una Ley un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital de carácter no
contributivo. Este sistema ofrecerá recursos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o
en riesgo de exclusión social. El Sistema incluirá:
A. Crear una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad,
sea cual sea la causa, como prestación no contributiva de la Seguridad Social. Para su
reconocimiento, la Seguridad Social contará con la colaboración de los servicios sociales de las
CCAA; mediante pacto con éstas, la gestión de esta prestación se coordinará con los Planes
de Inclusión Social y de Atención Integral a la Familia.
B. Incrementar la cobertura de la prestación por hijo a cargo y aumento de la cuantía, de forma
escalonada, en función de las rentas familiares. Solo estará vinculado a los ingresos del hogar
independientemente de la situación laboral de los padres.
// 186

| EL ESTADO SOCIAL
QUÉ QUEREMOS DE EUROPA EN POLÍTICA SOCIAL
1. DÓNDE ESTAMOS
Europa sigue enfrentando desafíos extraordinarios. La crisis económica europea se ha
convertido en crisis política. El crecimiento de opciones antieuropeas es una señal de alarma,
especialmente cuando triunfan en países como Inglaterra o Francia. Todo ello tiene mucho que
ver con unos años marcados por los recortes sociales y una obsesión patológica por los ajustes
acelerados e inequitativos de los déficits públicos. Este camino ofreció pobres resultados en
términos de actividad económica y devastadores efectos en los niveles de cohesión social en
nuestras sociedades.
En estos últimos meses, Europa está iniciando un cambio de rumbo, todavía insuficiente, como
consecuencia de la presión de los socialistas europeos. Se ha puesto en marcha un plan de
inversión (Plan Juncker), se ha flexibilizado el cómputo de déficit de los Estados, se están
realizando serios avances en la unión fiscal europea, y la actuación del Banco Central Europeo
está cada vez más enfocada a estimular la actividad económica.
El reto de los socialistas europeos, ahora, es consolidar ese cambio, avanzando en la
recuperación del Estado de Bienestar también en el ámbito de la Unión, luchando contra la
desigualdad y garantizando un futuro a nuestros jóvenes y un nivel de vida digno a toda
nuestra ciudadanía.
Europa tiene que recuperar su alma social. En términos más políticos, Europa debe recuperar
las bases legitimadoras de su Contrato Social, aquél por el que la ciudadanía, sea cual sea su
condición social o personal, desarrollan su vida en condiciones de dignidad personal y en
igualdad de oportunidades. Desde la socialdemocracia, constructor histórico de ese ideal de
protección social que es el Estado de Bienestar, nos proponemos reconstruir y modernizar las
bases de ese modelo social que define a Europa mejor que nada ante el mundo.
3. PROPUESTAS
• Instaurar y formalizar en Europa el llamado “Pilar Social”, basado en un diálogo
permanente con los agentes sociales, a través del Comité Económico y Social
Europeo (CESE) y que eleve los derechos sociales al mismo nivel que las
libertades económicas. En ese marco, deben introducirse indicadores sociales
(nivel de empleo, calidad del empleo, asistencia sanitaria, niveles de pobreza,
desigualdad, exclusión social, etc.), que permitan evaluar el impacto de las
medidas macroeconómicas y modulen, en su caso, las exigencias del Pacto de
Estabilidad.
• Converger en el marco de Europa en costes salariales y en condiciones de
trabajo, porque es justo, económicamente bueno y permitirá culminar el
mercado interior.
• Apostar por un marco compartido de negociación colectiva europea, que
desarrolle también un Salario Mínimo Interprofesional para todos los países de
la Unión, calculado en base al coste de la vida y al salario medio en cada
Estado.
• Impulsar un Seguro Europeo de Desempleo que permita la interconexión de las
Oficinas de Empleo públicas y privadas, para que los jóvenes europeos
accedan a toda la oferta laboral de empleo.
• Avanzar en la Portabilidad de Derechos entre los países de la UE.
• Trabajar en la Unión para conseguir un Marco de prácticas laborales
reguladas, para impulsar la empleabilidad en el ámbito europeo, abriendo así
oportunidades profesionales a los jóvenes europeos, con unos niveles
salariales y de protección dignos.
• Impulsar la aprobación de un conjunto de Directivas en materia de Igualdad
Salarial y de Trato en las condiciones laborales y en la vida de las empresas.
// 187

| EL ESTADO SOCIAL
o En materia de salario igual para mujeres y hombres (entre el 20% y
30% de brecha salarial real en toda Europa)
o Para establecer cuotas de presencia femenina en los Consejos de
Administración.
o Para evitar cualquier discriminación por razón de raza, sexo, religión,
etc…
o Para extender permiso de paternidad y maternidad.
• Defender el compromiso de los Estados con la Carta Social Europea y las
recomendaciones de la OIT.
• En este sentido, ratificar la versión revisada de la Carta Social Europea.
• Desarrollar el compromiso de la carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea del derecho a una ayuda social para garantizar una existencia
digna.
• Establecer un Plan Europeo contra la pobreza con fondos de cohesión y
solidaridad europeos, para atender los problemas más agudos de exclusión
social.
• Impulsar un marco Europeo que permita aliviar la insolvencia de persones
físicas y jurídicas a través de la condonación, reestructuración de la deuda u
otras vías, dando lugar a la llamada "Segunda Oportunidad".
• Seguir avanzando en el fortalecimiento de los derechos de los consumidores
para garantizar el principio de accesibilidad y mejorar el acceso a la justicia y a
la reparación. Consumidores organizados e informados pueden y deben
contribuir a premiar y castigar las prácticas responsables o irresponsables
socialmente de las empresas y de sus marcas. Con ello, la cultura de la
Responsabilidad Social de las empresas, avanzará y eso será bueno para
todos.
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| EL ESTADO SOCIAL
LA DEMOGRAFÍA EN ESPAÑA: UN PAÍS MÁS JOVEN
España es ya un país envejecido y lo va a ser más en el próximo futuro: los mayores son ya
uno de cada cinco y para mediados de siglo habrá aumentado a uno de cada tres.
Para ralentizar, si no frenar, el proceso de envejecimiento, los poderes públicos deben actuar
sobre uno de los dos motores que lo generan: la muy baja natalidad. El otro, el continuado
incremento de la longevidad, constituye un motivo de celebración, aunque no esté exento de
costes varios.
La baja fecundidad lleva decenios instalada en la sociedad española, al igual que en el
conjunto de Europa, por lo que puede considerarse estructural. Las mujeres, en España, tienen
en promedio 1,3 hijos al concluir su vida reproductiva, una tasa que está muy por debajo del
nivel que se necesitaría para que el tamaño de cada generación no fuera inferior al de la
precedente, y que se sitúa en torno a los 2,1 hijos por mujer. Una fecundidad tan baja y
persistente aboca al declive del tamaño de la población y a un envejecimiento acelerado de la
misma.
Si éste apenas ha comenzado es por la inmigración recibida en los años que precedieron a la
crisis. Pero, en contra de lo que frecuentemente se cree, la inmigración puede ralentizar el
envejecimiento, pero para que constituyera la principal solución a los problemas derivados de
la evolución demográfica tendría que ser mucho más voluminosa y sostenida de lo que lo ha
sido.
El panorama que deparan las tendencias demográficas es gravemente preocupante y sólo el
aumento de la natalidad podría modificarlo. La experiencia de muchos países hace pensar que
elevar la natalidad es difícil. Pero las experiencias en Europa demuestran que elevar la
fecundidad en una medida limitada es posible, y también que tal elevación tendría
consecuencias muy positivas, en el medio plazo pero incluso en el corto.
Por otro lado, consideramos la igualdad de género un elemento crucial en las decisiones
reproductivas. Los valores de igualdad de género deben ser sólidos y estar ampliamente
instalados en la sociedad para que su efecto sea sustancial. Para elevar la tasa de fecundidad
se requiere que la igualdad de género sea efectiva en la sociedad, especialmente en los
ámbitos laborales, así como en la corresponsabilidad.
Para cambiar las tendencias demográficas es preciso que los poderes públicos desplieguen lo
que los expertos llaman ‘políticas amistosas para las familias’. Más que de políticas
pronatalistas, se trata de políticas sociales dirigidas a generar un entorno social más propicio
para el libre desarrollo de las preferencias reproductivas de la ciudadanía.
Destacan entre ellas:
• La firme apuesta por la educación infantil de 0-3 años con una amplia dotación
de escuelas infantiles públicas, apostando por la gratuidad progresiva.
• Medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y
personal: permisos de maternidad y paternidad de duración adecuada;
equiparación de ambos permisos de forma progresiva; excedencias laborales
con reserva del puesto de trabajo; facilitación de horarios sensibles a las
necesidades de madres y padres; establecer una adecuada política de
racionalización de horarios tanto en la administración pública como en las
empresas privadas, así como fomentar actividades extraescolares tanto en
periodos no lectivos como vacacionales.
• Reparto equitativo de tareas entre mujeres y hombres en el hogar y en la
crianza de los hijos.
• Políticas fiscales complementarias, en forma de desgravaciones relacionadas
con el tamaño de la familia o ayudas para sufragar los costes derivados del
nacimiento o adopción de los hijos para familias o personas por debajo de un
cierto nivel de renta.
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| EL ESTADO SOCIAL
• Medidas para hacer más habitables las ciudades para los niños y las niñas al
conseguir un entorno más favorable.
Solo una acción tan vigorosa como decidida de los poderes públicos puede alterar una
dinámica que aparece como inexorable. Y hace mucho que esa acción era urgente.
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| EL ESTADO SOCIAL
PROFUNDIZAR EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
1. DÓNDE ESTAMOS
La extensión de la pobreza y de la carencia de ingresos que se ha producido durante la crisis
tiene en buena medida como origen la falta de empleo y la falta de cobertura por desempleo.
Tenemos un sistema de protección por desempleo que es eficaz con tasas de desempleo por
debajo del 15% y que si bien ofrece una protección contributiva homologable con las de los
países de la UE, tiene una protección asistencial o no contributiva más pobre y de menor
intensidad que la de esos países.
Con estas características en una crisis que ha resultado ser muy profunda y demasiado larga,
los recortes que el Gobierno del PP ha practicado en relación con la protección por desempleo
(rebaja del porcentaje de la base en la prestación contributiva junto al endurecimiento de los
requisitos para la percepción del subsidio por desempleo para mayores de 52 años), han
producido una situación grave de desprotección y de carencia de rentas de millones de
personas.
El objetivo fundamental pasa, por tanto, por mejorar y ampliar el sistema de protección por
desempleo. Los trabajadores que pierden su empleo deben quedar dentro del sistema de
protección por desempleo y vincularse a políticas de activación, la finalidad es la
reincorporación al mercado laboral para lo que reforzaremos las políticas activas de empleo y
de intermediación laboral y su cobertura económica mientras ello no suceda.
Para las personas desempleadas demandantes de empleo, la alternativa a no tener empleo
debe consistir en un ingreso procedente de la propia protección por desempleo, porque es la
única fórmula que permite la “activación” de esos trabajadores de cara a la aplicación de
políticas activas de empleo.
3. PROPUESTAS
Ÿ Modificar la regulación del subsidio por desempleo para dar cobertura a todas aquellas
personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares, las mayores
de 45 años, aunque no tengan dichas responsabilidades, mujeres víctimas de violencia de
género y personas con discapacidad. Este subsidio por desempleo no podrá parcializarse y
tendrá una duración máxima de 24 meses, salvo para los parados mayores de 52 años, en
cuyo caso el umbral de renta se situará exclusivamente en la correspondiente a la persona
beneficiaria y no en la unidad familiar, la cotización será del 125% de las rentas y la
duración se extenderá hasta que encuentren un nuevo puesto de trabajo o accedan a la
pensión de jubilación.
Ÿ Junto a ello, es necesario impulsar en el ámbito de la UE un marco europeo de subsidios
por desempleo.
Ÿ Ayudas económicas para personas desempleadas que siguen procesos de formación y los
concluyen con éxito. La única forma plausible de integrar a las personas en situación de
desempleo al nuevo mercado de trabajo es mediante el reciclaje profesional, bien a través
de formación profesional del sistema educativo, formación profesional del sistema de
empleo o estudios universitarios. Para los desempleados que no estén bajo la cobertura del
subsidio para personas con responsabilidades familiares, proponemos un modelo de
“formación con éxito”. El diseño de este modelo sería el siguiente: la persona que, estando
en situación de desempleo emprenda un proceso formativo para mejorar sus oportunidades
de encontrar trabajo, tendrá una ayuda económica durante el tiempo que dure el proceso
// 191

| EL ESTADO SOCIAL
formativo. Esta ayuda económica se modulará en función del éxito de cada etapa del
proceso formativo, previa evaluación.
Ÿ Establecer un criterio unificado para la calificación de parados de larga duración, que
impida que se pierda dicha calificación salvo por la incorporación a un empleo estable.
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| EL ESTADO SOCIAL
PENSIONES PÚBLICAS ECONÓMICA Y SOCIALMENTE SOSTENIBLES:
UNA OFERTA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA
1. DÓNDE ESTAMOS
El sistema público de Seguridad Social y, dentro de él las pensiones, constituyen la pieza más
importante de nuestro Estado de Bienestar como plasmación de una acción solidaria y
redistributiva garante de la cohesión social. Desde 2012, la política aplicada por el Gobierno del
PP amenaza seriamente este conjunto de prestaciones sociales públicas en un triple sentido.
Amenaza para la sostenibilidad financiera
La Seguridad Social sufre un importante desequilibrio entre ingresos y gastos (en torno al 1%
en cada uno de los ejercicios) como consecuencia de la intensísima reducción del número de
cotizantes entre 2008 y 2013, y la consiguiente caída de los ingresos, así como por otras
medidas adoptadas por el PP, que han acentuado la minoración de los ingresos disponibles por
la Seguridad Social (“tarifas planas”; exclusión de una parte del salario de la cotización, y otras
medidas de fomento del empleo con cargo a cotizaciones; congelación del SMI; cambios
laborales que favorecen la devaluación salarial, entre otros).
Tal circunstancia ha llevado al Gobierno a recurrir al Fondo de Reserva, cuyo volumen se ha
reducido en un 40% (actualmente asciende a 39.500 millones de euros). Previsiblemente, este
desequilibrio se mantendrá hasta el principio de la próxima década, lo que podría suponer el
agotamiento del Fondo.
Cosa distinta son los retos a los que ha de hacer frente el sistema de Seguridad Social en el
medio y largo plazo. Más allá de la evolución de la productividad, se producirán tensiones
financieras derivadas de la intensificación del gasto de la Seguridad Social por el progresivo
incremento del número de pensionistas vinculado a la jubilación de la generación del baby
boom y al alargamiento de la esperanza de vida.
Insuficiencia protectora (inadecuación) en la articulación jurídica
En la etapa de gobierno del PP se han introducido algunas modificaciones de gran intensidad
que, de llegar a consolidarse, producirán una desfiguración del sistema público de pensiones.
Además del endurecimiento de la jubilación anticipada, los dos principales cambios son los
contenidos en la Ley 23/2013: el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se
desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un progresivo
empobrecimiento, que se ha visto agravado por la incidencia del copago farmacéutico de los
mismos y la introducción de un factor de sostenibilidad, a partir de 2019, del que resultarán
pensiones menguantes en función de la evolución –previsiblemente al alza– de la esperanza
de vida.
Los expertos estiman que el impacto de esta medida es el equivalente a 3,5 puntos
porcentuales de PIB en 2050. Es decir que, en lugar de gastar en esa fecha un 14-15% de PIB
–una cuantía importante, pero inferior a la que hoy gastan Francia, Italia o Austria–,
gastaremos un 12,3% muy similar al nivel de gasto actual. Con una importantísima diferencia:
entonces la población jubilada se habrá prácticamente doblado, lo que implica una rebaja
sustancial de las pensiones públicas.
Al mismo tiempo, persisten importantes deficiencias –insuficiencias protectoras–, entre las que
destacan la que afecta a las pensiones de las mujeres, cuya cuantía es casi un 40% inferior a
las de los hombres, y la que deriva de la interrupción de la política de dignificación de las
pensiones más bajas que se llevó a cabo entre 2004 y 2011.
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| EL ESTADO SOCIAL
El desprecio por el diálogo
Resulta particularmente grave que la actuación del Gobierno del PP en esta materia haya
estado marcada por la unilateralidad: los cambios estructurales introducidos por la Ley 23/2013
se han impuesto a pesar del rechazo frontal de todos los grupos políticos de la oposición y de
los sindicatos. Pero además, se ha producido la quiebra de un doble cauce de diálogo: el Pacto
de Toledo, foro parlamentario que ha servido de cauce para abordar las reformas necesarias
en materia de pensiones desde 1995 hasta la segunda renovación del pacto en 2011 y que
representa la expresión de un consenso básico en la defensa del sistema público de
pensiones; y el acuerdo social, que incrementa la legitimidad de las medidas que se han
acordado para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El gran objetivo es la defensa de la Seguridad Social y, en particular, de un sistema público de
pensiones basado en un régimen de reparto y articulado en torno a los principios de
solidaridad, contributividad y gestión pública. La consecución de ese objetivo se encauza a
través de un triple compromiso:
1. Un compromiso político, que implica recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como
expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del sistema
público de pensiones.
2. Un compromiso social, entendido como la apuesta por el diálogo y participación real de los
interlocutores sociales, expresión de la institucionalización de un gran acuerdo entre
generaciones, entre trabajadores activos y jubilados, para garantizar su mutuo bienestar.
3. Un compromiso jurídico-constitucional, que pasa por trasladar al ámbito jurídico los
consensos sociales alcanzados en materia de pensiones. Ello implica reforzar el marco
constitucional del derecho a las pensiones públicas y recuperar en lo sustancial el marco
legal vigente hasta la llegada del PP al gobierno.
En lo que se refiere a la sostenibilidad financiera, queremos corregir el actual y coyuntural
desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social sin merma de derechos para la ciudadanía,
pero también hacer frente a la intensificación del gasto en pensiones en el medio y largo plazo
provocado por el progresivo incremento del número de pensionistas que resulta de la jubilación
de la generación del baby boom y del alargamiento de la esperanza de vida.
La consecución de estos dos objetivos pasa por una reformulación y una ampliación de las
fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del sistema. Ello
implica:
Ÿ Incrementar el número de afiliados como directriz prioritaria de la política económica. El
buen funcionamiento del mercado laboral contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad
financiera del sistema de pensiones.
Ÿ Introducir ajustes en la regulación de las cotizaciones sociales y otras medidas que
permitan mejorar la recaudación:
§ Recuperación de la lucha contra el fraude como política prioritaria.
§ Atribución al Estado de la financiación de los gastos que escapan de la lógica
contributiva, así como el coste de todas las medidas de fomento del empleo.
Ÿ Incrementar progresivamente la aportación del Estado, vía impuestos, para hacer frente el
previsible incremento del gasto ligado al envejecimiento sin alterar la configuración del
sistema. De esta forma se equilibran las fuentes de financiación en la línea de la mayoría
de los países de nuestro entorno.
// 194

| EL ESTADO SOCIAL
En relación con la sostenibilidad social del sistema, queremos garantizar la adecuación de la
acción protectora de las pensiones y del resto de prestaciones de la Seguridad Social para
hacer posible la realización del mandato constitucional de promoción de la igualdad y de
suficiencia económica de las pensiones de jubilación. Cinco son los ámbitos en los que
queremos actuar:
1. Las pensiones de las mujeres. Son un 38% inferiores a las de los hombres, en buena
medida, por la discriminación que sufren las trabajadoras en el mercado laboral. Además, el
propio diseño del sistema de pensiones penaliza a las mujeres al vincular la cuantía de la
pensión exclusivamente a la trayectoria profesional, ignorando otro tipo de circunstancias y
hechos de gran trascendencia social.
2. Las pensiones más bajas. La lucha contra la pobreza y el reforzamiento de la equidad exige
una ambiciosa política de mejora de las pensiones mínimas del nivel contributivo y la elevación
del umbral de rentas establecido para el acceso a las prestaciones no contributivas y, en
consecuencia, su cuantía.
3. La mejora de las prestaciones familiares. La dignificación de la política familiar debe
constituir una prioridad política no solo por nuestro irrisorio nivel de gasto en términos
comparados, sino sobre todo por las cifras insoportables de pobreza infantil.
- Creación de una nueva prestación no contributiva para la implantación del
Ingreso Mínimo Vital.
- Incrementar la prestación por hijo a cargo.
4. Precariedad en el mercado de trabajo. El paro de larga duración, la irregularidad de las
carreras profesionales o la devaluación de los salarios son circunstancias que lastran las
cotizaciones y que pueden perjudicar los futuros derechos generados en el sistema de
pensiones.
5. Penosidad. El reforzamiento de la contributividad y su efecto (in)directo en la edad efectiva
de jubilación no incide de la misma forma en todos los trabajadores, sino que varía en función
del tipo de actividad profesional. Por razones de equidad hay que modular los mecanismos que
compensan la más reducida esperanza de vida cuando ésta deriva de una determinada
actividad profesional, aplicando coeficientes reductores de la edad de jubilación.
Como objetivo complementario, hay que concienciar a la ciudadanía de las implicaciones
sociales, económicas y políticas del cambio demográfico que va a suponer el envejecimiento
de la población.
Queremos plantearnos la progresiva ampliación de la población activa mediante la plena
incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo; un cambio de la política migratoria; la
plena integración de colectivos excluidos o marginados en el mercado laboral (especial
atención a jóvenes y trabajadores mayores); el incentivo de la prolongación voluntaria de la
vida laboral; y actuaciones ambiciosas en favor de la corresponsabilidad de hombres y mujeres
en los cuidados familiares.
Y aspiramos a favorecer el incremento de la natalidad, para corregir la anomalía que supone
que España sea uno de los países del mundo con la tasa de fertilidad más baja como
consecuencia, entre otros factores, de la precariedad y de la discriminación laboral de las
mujeres.
// 195

| EL ESTADO SOCIAL
3. PROPUESTAS
Marco general del modelo de pensiones públicas
• Reforzar el marco constitucional del derecho a la Seguridad Social.
• Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de esta legislatura: la regulación
de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, así como la
nueva regulación de las Mutuas (Ley 35/2014). Debe recuperarse también la centralidad
del Pacto de Toledo y del diálogo con los interlocutores sociales.
Sostenibilidad financiera
• Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la elevación gradual
de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas
(vinculada al incremento del SMI).
• Establecer la cotización de los trabajadores autónomos en función de sus rentas o
ingresos.
• Atribuir al Estado el coste de las medidas de fomento del empleo, con incidencia en los
ingresos de la Seguridad Social, así como la financiación de los gastos que escapan de la
lógica contributiva. De igual modo, incrementar progresivamente la financiación del Estado
a través de la creación de una nueva figura impositiva que tendrá carácter finalista y
vinculado a la financiación de las pensiones.
• Reforzar el Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación.
Adecuación y suficiencia de las prestaciones
• Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
• Incrementar las pensiones mínimas para garantizar los parámetros fijados por el Convenio
102 de la OIT.
• Recuperar nuestra medida incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la pensión de
viudedad para mayores de 65 que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60%,
que ha sido suspendida reiteradamente por el Gobierno del PP durante todo su periodo de
Gobierno.
• Elevar hasta el IPREM anual el umbral de rentas establecido para el acceso a las
prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.
• Recuperar la cotización por jubilación en los supuestos de percepción del subsidio
asistencial por desempleo hasta el 125% del salario mínimo.
• Mejorar la cotización de los trabajadores más jóvenes a través de la posibilidad de ‘adquirir’
periodos de cotización mediante la suscripción de un Convenio Especial, e incrementar las
bases mensuales de cotización de los contratos de aprendizaje y de formación.
• Reconocer a todas las mujeres un "bonus" de dos años de cotización por cada hijo (nacido
o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones.
• Incrementar sustancialmente la pensión de orfandad a través de una mejora de las
prestaciones familiares, en especial en casos de familias con menores rentas.
// 196

| EL ESTADO SOCIAL
SANIDAD
1. DÓNDE ESTAMOS
La aprobación de la Ley 14/1986 General de Sanidad significó un hito en la protección social y
sentó las bases para uno de los pilares del Estado de Bienestar más apreciados por la
ciudadanía española. El concepto de atención integral a la salud, la universalidad en el acceso
y la planificación de los centros y servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial
constituyen los grandes paradigmas de un Sistema Nacional de Salud que se ha revelado
como uno de los grandes aciertos de nuestra reciente democracia. De forma que en la
clasificación de Índice de Justicia Social de la Unión Europea, la sanidad es el servicio público
español con más alta clasificación; por tanto, un extraordinario instrumento al servicio de la
justicia social.
Estas características del modelo han logrado que la sanidad se comporte como un buen
instrumento redistributivo, a la vez que ha logrado unos niveles de calidad de entre los mejores
del mundo; lo que hace de nuestro Sistema Nacional de Salud uno de los más eficientes del
mundo en términos relativos, tanto en resultados en salud, como económicos o de cohesión
social. Estos resultados son percibidos con claridad por la ciudadanía de forma que en torno al
97 % se opone a cualquier recorte en los presupuestos destinados a sanidad.
Por ello, la eliminación del acceso universal como derecho de ciudadanía, la pérdida de calidad
por los recortes y las sucesivas tentativas de privatización llevadas a cabo por los Gobiernos
del PP, han tenido una consecuencia lógica en la percepción de la ciudadanía, de forma que en
las últimas encuestas del CIS empieza a aparecer la sanidad como preocupación de nuestra
ciudadanía.
A pesar de resultar una política exitosa en términos de modelo, en nuestro SNS predominan los
servicios asistenciales, especialmente orientados al tratamiento de procesos agudos; quedando
las medidas preventivas, de promoción de la salud y la rehabilitación y el tratamiento de
pacientes con procesos crónicos en un segundo plano, lo que introduce al sistema en una
tendencia de aumento de gasto sin que incremente la eficacia.
Ahora, esta debilidad se hace más evidente como consecuencia de los cambios demográficos
que se están produciendo, con un considerable incremento de la esperanza de vida combinado
con una baja natalidad, lo que conlleva una mayor prevalencia de la cronicidad. Y el sistema
sanitario debe ser capaz de adaptarse a las nuevas necesidades reorientando su enfoque para
ser capaz de dar las respuestas que la sociedad del momento necesita y, a la vez, garantizar la
sostenibilidad futura. Reorientación hacia medidas más vinculadas a las políticas de salud
pública, la rehabilitación y la atención a la cronicidad.
El Estado de Bienestar se enfrenta a considerables retos. La crisis económica ha evidenciado
algunas carencias que exigen plantearse la reconfiguración de las bases que lo han
sustentado. Ello, además, se suma a los cambios demográficos en nuestro país y los desafíos
que ellos comportan.
La población española envejece después de décadas de bajas tasas de natalidad. Una quinta
parte de la población tenía 60 años o más en 2013. En 2050, ese porcentaje será del 36%; es
decir uno de cada tres españoles.
Una tercera parte de la población española tiene por lo menos una enfermedad crónica:
diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales, infecciosas como la hepatitis
C, o reumáticas, entre otras.
El 5% de la población tiene varias enfermedades crónicas, que suponen ya en nuestro país el
80% de las consultas de Atención Primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios y más del 70%
del gasto sanitario total.
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| EL ESTADO SOCIAL
En la actualidad, hay en torno a 500.000 personas con demencia senil en España. Habrá un
millón en 2025. Se estima que una de cada cuatro personas de más de 65 años desarrollará
esa enfermedad antes de morir. La consecuencia será que la demanda asistencial y de
servicios sociales crecerá un 20% en los próximos 5 años.
Con las personas mayores y especialmente con aquellas más vulnerables, no se trata solo de
aportar pensiones dignas, sino de complementarlas con servicios dignos. Sostener la atención
continuada a las personas que van perdiendo su autonomía y su capacidad funcional, a medida
que envejecen, es un gran reto que debe afrontarse desde los sistemas sanitario y social.
Sostener y mejorar la atención a todas estas necesidades en Sanidad y Servicios Sociales
requiere un sistema fiscal justo, progresivo y solidario y ese será uno de los principales retos de
país; ya que la Sanidad hoy consume aproximadamente 1 de cada 5 euros de gasto público
Nuestros sistemas de Salud y de Servicios Sociales no están adaptados a las necesidades de
este siglo: demográficas, sociales y tecnológicas. Estos retos de salud del siglo XXI requieren
de enfoques novedosos e innovadores que trascienda al propio sector sanitario. Hoy
conocemos que la mejora de la salud y el bienestar de los pueblos se obtienen con políticas
que integren diseños y acciones desde todos los sectores de un gobierno, como desde la
propia ciudadanía, de manera que actuemos sobre los determinantes de la salud y las
condiciones de vida que inciden directamente sobre la salud y el bienestar de las personas. La
salud y el bienestar como elementos clave van de la mano, unidas, y además son considerados
parte esencial de una “economía vital” de nuestro Siglo, cuadrando un círculo en el que el único
gobierno posible, por efectividad y justicia, es aquel que deja claro que la salud debe ser
entendida, no como la ausencia de enfermedad, sino como el desarrollo óptimo y posible de las
potencialidades de cada persona en el seno de su proyecto vital. Este es probablemente el
mayor reto de la historia para nuestro Estado de Bienestar, un reto sanitario, económico y
social.
Numerosos informes internacionales indican que la Sanidad y el Medio Ambiente son los dos
principales retos económicos de los países modernos, a la vez que son responsables como
determinantes de salud de la ciudadanía.
Estos retos se han visto negativamente acentuados en esta última legislatura, no solo por la
lógica de recortes y austeridad, sino por la falta de modernización del concepto de bienestar y
de gobernanza de lo público. El Gobierno del PP no solo no ha protegido la sanidad y los
servicios sociales, sino que no los ha preparado para afrontar los desafíos sanitarios, sociales y
económicos mencionados anteriormente.
El PP ha modificado unilateralmente el modelo sanitario acabando con el carácter universal de
la sanidad pública que pasó de reconocerse por razón de ciudadanía a ser un sistema de
cobertura en función de estar asegurado.
Ha desinvertido en sanidad y servicios sociales mientras que otros países europeos los han
protegido en época de crisis. Ello ha supuesto la privatización de servicios públicos y el retraso
en la incorporación de tecnologías; en definitiva, el debilitamiento del sistema sanitario público
a favor de la asistencia y el aseguramiento sanitarios privados. En este sentido, se impone
recuperar el carácter público, universal y de calidad del Sistema Nacional de Salud,
estableciendo elementos claros de equidad y solidaridad en las políticas públicas que
neutralicen estas situaciones de desventajas y lucha contra la desigualdad e inequidad.
Esta lógica ha creado grandes desigualdades en salud, así como un crecimiento de las listas
de espera hasta cifras record. Las consecuencias han sido muy negativas para la ciudadanía y
han supuesto una ralentización de la modernización del país. Se han creado condiciones para
una recesión social, la recesión social que siente la España real.
Más aún, la continua deslealtad del gobierno del PP con las autonomías, centrifugando el gasto
en nuevas terapias sin aportar los fondos necesarios, como en el caso de los tratamientos
contra la hepatitis C, ha puesto en grave riesgo la sostenibilidad económica de sus sistemas
sanitarios, y por lo tanto la igualdad entre los españoles. Es necesario avanzar en un modelo
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| EL ESTADO SOCIAL
territorial donde los principios de subsidiariedad, lealtad institucional e igualdad rijan las
actuaciones del gobierno en materia de salud, y blindarlo para evitar en el futuro situaciones
parecidas a las provocadas por el PP en los últimos años.
En el caso de continuar la actual situación, ocasionada por la reforma del PP con el Real
Decreto Ley 16/2012, la insuficiencia financiera del sistema sanitario público y las iniciativas
privatizadoras, el sistema sanitario público seguirá deteriorándose y puede peligrar.
El país necesita por tanto una nueva visión. Un impulso modernizador que lo adapte a estos
nuevos tiempos.
El Estado debe seguir interviniendo en la lucha contra la desigualdad y crear condiciones
dignas para la ciudadanía. El Estado de Bienestar español en su diseño original ha sido un
éxito aunque hoy necesita modernizarse, ya que las condiciones han cambiado: las
expectativas ciudadanas, el coste creciente de las tecnologías, la innovación, la demografía y
las enfermedades crónicas, el reto climático y las desigualdades exigen un modelo nuevo, un
modelo que busca una nueva relación con la ciudadanía, una ciudadanía que exige una gestión
rigurosa y eficiente, que está bien informada, es activa y responsable, y no solo receptora
pasiva de servicios.
Los objetivos específicos para avanzar en la Sanidad en la dirección de un nuevo Estado
Social son los siguientes:
Asegurar una Sanidad Pública, Universal, Sostenible y de Calidad
La naturaleza de los retos a los que nos enfrentamos requiere servicios con acceso universal e
intervenciones desde la perspectiva de salud en todas las políticas.
El objetivo del PSOE es ofrecer a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios políticas
capaces de asegurar un Sistema Nacional de Salud sostenible desde el punto de vista social,
asistencial, profesional y financiero. Y que sea público, universal, gratuito en el acceso,
equitativo y de calidad, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en
un marco de amplia descentralización.
La salud en todas las políticas
Vivimos más años pero no estamos más sanos
Dar calidad de vida a la prolongación de la vida exige ejercer la gobernanza para la salud en
todas las políticas públicas. La existencia de los grandes desafíos de la salud y su anclaje con
soluciones que se encuentran interconectadas exigen respuestas multinivel. El enfoque ha de
ser cada vez más amplio, ancho y profundo. Aplicando la estrategia de salud en todas las
políticas públicas, de modo que todos los sectores y grupos políticos y sociales junto a la
ciudadanía contribuyan a la mejora de la salud y el bienestar de la población.
Los responsables políticos de un país tienen en sus manos promover una cultura de salud por
medio de la regulación y la política sanitaria y tienen la obligación de intervenir sobre los
determinantes de la salud tanto sociales como económicos y ambientales. Se trata de colocar
la prevención y la promoción de la salud como prioridad de gobierno, mejorando los estilos de
vida, cosa que tiene que ver con el sistema educativo, los medios de comunicación, la industria
agroalimentaria y también lógicamente con el sistema sanitario.
Los servicios actuales son insuficientes para prevenir ciertos problemas sociales. Han sido
diseñados para reaccionar que es la forma más cara de responder. El aumento incesante de la
esperanza de vida unido a la ausencia de políticas de salud pública - especialmente en
prevención de enfermedades ligadas a los estilos de vida están generando un incremento de
las enfermedades crónicas y el número de personas con dependencia (mayores frágiles, gran
// 199

| EL ESTADO SOCIAL
dependencia, personas con enfermedad mental severa crónica, etc.). Estos colectivos, con
necesidades múltiples y cada vez más complejas de abordar, plantean enormes retos a los
sistemas de salud y de servicios sociales que el modelo tradicional de atención es incapaz de
afrontar. Se trata, por tanto, de que las políticas de salud pública tengan carácter transversal y
se conviertan en un instrumento de cohesión y justicia social.
Asimismo, es necesario desarrollar mecanismos que movilicen a las empresas y a los
profesionales de salud ocupacional para que se incorporen intervenciones preventivas en el
lugar de trabajo.
Al Igual que se hizo una buena política de control del tabaco hay que extender esta práctica a
otros ámbitos. Por ejemplo, la obesidad infantil crece dramáticamente, cosa que quiere decir
más cáncer, más diabetes y más enfermedades cardiovasculares en esas edades. Por
ejemplo, los cuidados tempranos y la alfabetización en salud en la infancia ofrecen un retorno a
la inversión entre 5 y 7 euros por cada euro invertido.
Considerar la sanidad como una inversión, no como un gasto
Una sanidad pública fuerte es un activo que ayuda a un país a ser más competitivo y un pilar
para desarrollar un espacio importante generador de actividad económica, que ayuda a un país
a avanzar por una doble vía, la que supone una población más sana, y su contribución a la
economía del conocimiento.
La ciudadanía española considera la salud como el principal elemento que interviene en su
bienestar y en sus condiciones de vida. La concepción que el PSOE tiene de la sanidad pública
es de elemento esencial para esa calidad de vida, la cohesión territorial y el impulso a la I+D+i.
Para ello, hay que asegurar una visión estratégica al desarrollo futuro del Sistema Nacional de
Salud.
El Sistema Nacional de Salud tiene una insuficiente financiación. Por ello, en la reforma fiscal
que promoverá el PSOE la sanidad pública será un ámbito prioritario para el aumento de la
inversión.
Existe un creciente reconocimiento de que la sanidad no debe ser concebida como un gasto
sino como una inversión en bienestar y un elemento de tracción económica en un país, tanto
en lo que concierne a la investigación como al impulso del mercado laboral, ya que serán
necesarias nuevas profesiones para atender en la comunidad a las personas con necesidades
tanto sanitarias como de servicios sociales.
La cobertura social que proporcione la sanidad pública española es una inversión social en
tanto da calidad de vida a la ciudadanía, contribuyendo también al crecimiento económico, ya
que existe una relación entre la salud de los trabajadores y trabajadoras y su productividad. La
gente sana crea ventajas competitivas para las empresas y la sociedad en general gracias a
mejoras de productividad y la consiguiente reducción del gasto.
También, es vital invertir en los profesionales de la salud, tanto en cuanto a su mayor
participación en las decisiones del sector como en el apoyo en sus propuestas de mejora en
la calidad y seguridad de los pacientes, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria
adecuada en cualquier ámbito.
Debemos reconocer que el sistema sanitario ha sido capaz de aguantar los continuos recortes
llevados a cabo por los gobiernos del PP, en gran medida por la profesionalidad y el
compromiso de los profesionales de la salud, que a pesar del incremento de la presión
asistencial y la precariedad laboral, han mantenido la calidad asistencial del sistema.
Desarrollar organizaciones asistenciales y de cuidados con la personas en el centro
Situar a las personas y sus necesidades como el eje central de la atención de salud y a los y
las profesionales liderando el Sistema.
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| EL ESTADO SOCIAL
Situar a las personas en el centro de todo lo que hagamos y reconfigurar nuestro Sistema de
Salud para centrarlo en sus necesidades reales y que mantenga una alerta constante de la
forma en la que éstas están siendo atendidas. Los socialistas apostamos por el
empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones compartidas. Queremos construir
un "nosotros" entre la ciudadanía, los profesionales y las políticas.
En la actualidad, las estructuras y procesos que componen el Sistema Nacional de Salud no
funcionan de forma óptima. La consecuencia es que muchos pacientes no están siendo
atendidos en la parte del sistema de salud que corresponde a sus problemas.
Las estructuras de atención integral a la ciudadanía están desconectadas entre sí resultando
en una atención fragmentada y cara. Es necesario reforzar la mejor coordinación entre los
hospitales y la atención primaria y progresivamente crear sistemas locales integrados en los
que los diferentes prestadores de servicios colaboran y se coordinan, de manera que
alcancemos un modelo más integrado y más eficiente.
Esto implica reforzar la atención primaria, integrar la atención primaria y hospitalaria y expandir
los servicios en la comunidad.
Migrar de un modelo paternalista a uno basado en la confianza mutua y la
corresponsabilidad
Debemos asegurar que los ciudadanos y ciudadanas jueguen un papel activo en la gestión de
su enfermedad.
Todo ciudadano y toda ciudadana antes o después se convierte en paciente. Debemos
conseguir que se sientan implicados con su propia salud, no solo consumidores de servicios.
Esto debe suponer el acceso virtual a su historia clínica individual, la formación en la auto-
gestión por los pacientes de sus enfermedades, promoviendo mecanismo de codecisión con el
personal sanitario que le atiende o decisiones sobre cuidados en la fase del fin de la vida.
Los estudios indican que proporcionar a los pacientes acceso a su historia clínica personal
online disminuye la presión de trabajo de los médicos de atención primaria en un 11% y educar
a los pacientes con sistemas de autocuidados supone un ahorro entre el 8-21%. Los pacientes
auto-gestionados acuden menos al sistema y se adhieren mejor a la medicación y
comportamientos saludables. Para garantizar la igualdad de la ciudadanía en estos
autocuidados, será fundamental trabajar para evitar la brecha digital.
Por otro lado los ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso a la información relativa a los
resultados de los centros asistenciales, y participar de manera corresponsable en la
gobernanza del sistema.
En el marco de dar más voz a los pacientes y familiares es necesaria la regulación entorno a la
muerte digna en España.
Ser responsable y eficiente en la inversión sanitaria
Garantizar la sostenibilidad del Sistema de Salud que preserve y mejore para las nuevas
generaciones el patrimonio de un Sistema de Salud universal, público y gratuito, construido con
el esfuerzo colectivo de la población durante un extenso proceso histórico, basando la
sostenibilidad en una revisión ética, social y financiera de las bases que lo configuran.
Los problemas inflacionistas de gasto seguirán presionando sobre el sistema e incluso se
agudizarán, pero esta situación no se resuelve simplemente con más recursos. Se requiere una
gestión más eficiente basada en la evidencia científica.
En el corto plazo, hay que mejorar la calidad y la eficiencia simultáneamente. La eficiencia es
parte consustancial con la calidad de los servicios y viceversa. Por ello, una gestión activa del
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| EL ESTADO SOCIAL
gasto es fundamental en la sanidad. Esta gestión en el corto plazo creará condiciones de mejor
sostenibilidad en el sector a medio y largo plazo.
Será necesario aportar una parte mayor de los impuestos y más recursos para la sanidad, a la
vez que transformamos el modelo asistencial para que sea mucho más sostenible. Y hacerlo
con instrumentos que lo modernicen para que gane en agilidad. Es mejor transformar que
racionar.
Acelerar la revolución digital y tecnológica en la Sanidad
Estamos en plena sociedad de la información.
Su penetración en la sanidad ha sido desigual, y la falta de coordinación ha creado sistemas no
interoperables que dificultan la libre circulación de los ciudadanos y ciudadanas y el trabajo de
los profesionales.
La ciencia y las tecnologías han transformado radicalmente la realidad. No podemos pensar
que debemos comunicar y organizar nuestras respuestas en la sanidad como hace 35 años. La
tecnología es un medio que ofrece una plataforma de colaboración para organizar nuevos
modelos de cuidados y tele-cuidados. Por ejemplo, algunas personas con
enfermedades crónicas pueden hoy en día ser monitorizadas tecnológicamente a domicilio
evitando así numerosos ingresos al hospital y sufrimiento innecesario. También existen
experiencias muy positivas en menores diabéticos y asmáticos.
Activar la responsabilidad con el medio ambiente en la Sanidad
Lo más importante en relación con el medio ambiente tiene que ver con la seguridad del
entorno y su impacto en la salud, lo que hace imprescindible un Plan de Salud y Medio
Ambiente. Deberá tener un seguimiento de los impactos del medio ambiente sobre la salud de
la población.
En dicho Plan se debe priorizar el ahorro en consumo de agua, la gestión de residuos o la
eficiencia energética. Queremos que los 15.000 hospitales en Europa sigan funcionando 24
horas durante 365 días, pero para ello el sector deberá participar en la reducción de emisiones
de CO2.
Promover que las empresas privadas sean socialmente responsables participando en
proyectos sociales.
Asimismo las empresas privadas deberán participar de forma mucho más responsable en
ciertos problemas en la salud de las personas, especialmente afectada por el deterioro del
medio ambiente. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer, la obesidad o la diabetes afectan
a un cuarto de la población española y son un reto que no depende de un solo sector. Solo un
modelo realmente centrado en la prevención y la participación de varios sectores permitirá
controlar estas enfermedades. Igualmente se deberá regular la participación de la industria
farmacéutica en el sostenimiento del sistema avanzando en una responsabilidad social
corporativa de las mismas real y efectiva.
3. PROPUESTAS
• Reconocer como derecho fundamental en la Constitución el derecho a la protección de la
salud.
• Asegurar una Sanidad Pública, Universal, Sostenible y de Calidad, un derecho fundamental
que tenga garantizada la suficiencia financiera. El PSOE recuperará el carácter universal
de la asistencia sanitaria derogando el RDL 16/2012 con carácter inmediato a su llegada al
Gobierno.
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| EL ESTADO SOCIAL
• Promover una nueva Ley General de Sanidad. Una de las señas de identidad del Sistema
Nacional de Salud es su carácter UNIVERSAL. Y un gobierno del PP con un Real Decreto
Ley cambió en 2012 la naturaleza de este derecho (el de la Universalidad), recuperando la
distinción entre titulares y beneficiarios del aseguramiento. Por tanto, el PSOE recuperará
el carácter universal de la asistencia sanitaria derogando el RDL 16/2012 con carácter
inmediato a su llegada al Gobierno. La Ley General de Sanidad de 1986 (PSOE), creó el
Sistema Nacional de Salud, consiguiendo uno de los mejores sistemas sanitarios públicos
de nuestro entorno. El PSOE, después de 30 años, promoverá la redacción de una nueva
ley que se adapte a los nuevos escenarios económicos y sociales, que evite las
desigualdades sociales en salud y proteja al sistema sanitario público, para que éste no
vuelva a estar en peligro. Para ello, es imprescindible que junto a la solidaridad, equidad y
universalidad, la calidad y la eficiencia sean los principios fundamentales de la nueva ley,
interviniendo activamente en el Sistema Sanitario, creando medios participativos en
atención al desarrollo de la salud comunitaria, con usuarios, ciudadanos y ciudadanas
interesados, favoreciendo un nuevo Sistema basado en la participación ciudadana, la
trasparencia de gestión y, la máxima calidad.
• Reforzar la coordinación y la codecisión de las Comunidades Autónomas en el marco del
Consejo Interterritorial.
• Converger hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía en coordinación
con las CCAA, acabando con la multiplicidad de carteras creadas por el gobierno del PP.
Vamos a mejorar los instrumentos de cohesión reponiendo el Fondo de Cohesión Sanitaria,
con una adecuada dotación presupuestaria para impulsar acciones estratégicas que
fomenten la disminución de las desigualdades y la mejora continua de la equidad en salud
eliminando las barreras a la movilidad de los pacientes.
• Promover la dotación de recursos para la elaboración de un ambicioso Plan de
modernización de la atención a la salud mental con perspectiva de género, garantizando
que se pueda prestar una atención psicoterapeútica adecuada, reforzar los servicios de
salud mental infanto-juvenil para responder a patologías con incidencia creciente y
disponer de una red de atención integral multiprofesional especializada en la que es
imprescindible la coordinación entre salud, atención comunitaria y servicios sociales.
• Impulsar el desarrollo a nivel estatal y en las CCAA de la Ley 33/2011 general de Salud
Pública, como herramienta de cohesión territorial, de promoción, de vigilancia de la salud,
de prevención de enfermedades emergentes y de ordenación de la información en salud.
• Promover la creación de un Centro de control de enfermedades para dar apoyo a las
políticas de salud pública, evitando así situaciones tan lamentables como la gestión que el
gobierno del PP hizo en la crisis del ébola.
• Reforzar la gestión pública del sistema. Mantener la titularidad pública de los hospitales y
centros de salud y de los servicios sanitarios y clínicos que se prestan en los mismos, sin
perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un rol complementario, sometido a
criterios de complementariedad, transparencia, exigencias estrictas de garantías de calidad
y control, así como una evaluación pública periódica dando prioridad a entidades privadas
sin ánimo de lucro.
• Revisar el copago farmacéutico para tener en cuenta criterios de necesidad y cronicidad
para evitar que siga siendo una barrera de acceso, en especial para pensionistas, parados
y colectivos en situación de riesgo socioeconómico. En el ámbito de esa revisión,
contemplar el establecimiento de topes.
La Salud en todas las políticas
• Desarrollar un Plan de Salud, donde se reflejen las políticas de salud en el Estado. Lo
haremos desde el enfoque de la Salud en todas las políticas, dirigiendo la acción de
gobierno hacia los determinantes de la salud y las condiciones de vida que influyen en la
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| EL ESTADO SOCIAL
salud y el bienestar de las personas. Este plan tendrá su reflejo en los diferentes niveles
territoriales.
• Instaurar normativamente la evaluación del impacto en la salud de la planificación
urbanística y los proyectos industriales para su aplicación en todo el territorio nacional.
• Incluir la Atención Temprana Infantil como elemento de la Cartera Básica de Salud,
estableciendo las medidas necesarias para la coordinación con los otros sectores del
gobierno, así como el Plan de desarrollo de las medidas.
• Promover una cultura de salud reforzando el aprendizaje en salud desde la infancia y la
adquisición de competencias y hábitos de salud, en coordinación con Educación.
• Desarrollaremos la Ley General de Salud Pública de 2011, en especial el artículo 35.3 que
determina que se han de prever los efectos directos e indirectos de las políticas sanitarias
sobre la salud de la población y las desigualdades sociales en salud. Se presentará
anualmente un informe ante las Cortes Generales sobre el impacto en salud de las
actuaciones públicas y, cada dos años, una evaluación del impacto de la situación
económica y social en la salud de la ciudadanía, para adoptar las medidas de corrección
necesarias. Impulsaremos desde una mirada amplia la salud en todas las políticas.
• Desarrollar una Estrategia contra la Obesidad Infantil y los trastornos de alimentación, que
comprometa a todos los departamentos y que cuente con líderes sociales, profesionales de
la salud, asociaciones civiles y empresas. Garantizar la seguridad alimentaria, limitar el
acceso a bebidas azucaradas, grasas saturadas y tóxicos alimentarios en escolares y
controlar legalmente el uso de sal, alimentos procesados y derivados lácteos. Impulsar la
formación en la dieta equilibrada en el ámbito familiar y educativo.
• Desarrollar una Estrategia de promoción del ejercicio físico como instrumento de mejora y
consolidación de la salud en la ciudadanía.
• Exigir una corresponsabilidad activa de la industria agroalimentaria y la industria del
deporte en acciones preventivas sobre la obesidad, el principal problema de salud pública
de esta década.
• Desarrollar modelos de participación a nivel local que impliquen a la administración
sanitaria, educativa y de servicios sociales y a las corporaciones locales y las ONGs en el
desarrollo de políticas de fomento de hábitos de vida saludables avanzando en modelos de
Gobernanza local.
• Fortalecer la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
incorporando a través suya los criterios de salud en la planificación de políticas
relacionadas con los alimentos, la nutrición, las bebidas y el control del consumo.
• Reforzar la salud bucodental infantil y de colectivos vulnerables tanto desde el punto de
vista educacional como prestacional, impulsando la generalización de los Programas de
Atención Dental Infantil (PADI) en las Comunidades Autónomas que todavía no lo tienen.
• Regular, desde el consenso, el sector de las terapias naturales, que permita al ciudadano
acudir a estos técnicos con las debidas garantías.
Considerar a la Sanidad como una inversión, no como un gasto
• Reorientar el modelo de atención en salud, no sólo hacia la cronicidad y el envejecimiento,
sino además hacia la promoción de la salud bajo el paradigma de la salud positiva, hacia
una medicina predictiva y preventiva adaptada a los avances biotecnológicos y de la
genómica, además de reforzar el abordaje psicológico y emocional de la atención sanitaria
que se presta.
• La población infantil tiene que ser objeto de absoluta prioridad para asegurar un presente y
un futuro saludable a la sociedad. Ellos y sus familias han de ser objeto de especial
protección y de atención en las políticas que instauremos los socialistas. Para ello,
desarrollaremos un Plan Integral de Atención a la Infancia y la adolescencia hasta los 14
años de edad. Asimismo, daremos un abordaje prioritario a aquellos niños y niñas que
presenten un trastorno del desarrollo o riesgo de tenerlo, contemplando una Atención
Temprana Universal como elemento de la cartera básica de salud, con criterios de equidad,
proximidad y gratuidad en el acceso.
• El PSOE se compromete a desarrollar la normativa de salud laboral y crear los dispositivos
necesarios en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo así a
fortalecer las intervenciones preventivas de detección de riesgos laborales y de promoción
de la salud en el lugar de trabajo. y ofertar a los trabajadores los servicios y prestaciones
sanitarias que se requieran. Elaborar un Plan con medidas concretas para la integración
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| EL ESTADO SOCIAL
real de la prevención, fomentando un clima psicosocial beneficioso y luchando contra
cualquier tipo de acoso, laboral o sexual.
• Promover de acuerdo con las CCAA un proyecto de impulso de las investigaciones y las
innovaciones. Promover la investigación científica y la innovación conectándola con los
servicios reales que necesitan los pacientes tanto en tratamientos como en las mejoras de
calidad, asegurando la eliminación de aquellas barreras de acceso que perjudiquen a los
pacientes. Potenciar el trabajo cooperativo en investigación entre Comunidades
Autónomas. Potenciar la investigación pública y privada biomédica a escala europea y
nacional desarrollando planes estratégicos de investigación de forma integrada.
• Invertir en los profesionales de la Sanidad: reforzando la formación continuada;
reconociendo la calidad asistencial; fomentando la autonomía de gestión; implantando la
evaluación y acreditación periódica.
• Crear un marco de las políticas de investigación y formación de los profesionales sanitarios
que garantice su permanencia en el sistema público a través de la creación de estructuras
que retengan el talento y éste revierta sobre la mejora del SNS. El esfuerzo inversor se
hará desde la perspectiva del retorno a la sociedad, con un doble objetivo:
a) Transferencia a la práctica clínica.
b) Transferencia al sector biotecnológico e industrial.
• Potenciar la Carrera Investigadora tanto de los profesionales, en general, como de los
profesionales especialistas internos residentes en particular, estableciendo unos criterios
básicos para el reconocimiento de las carreras profesionales que permitan la movilidad de
los trabajadores; elaborando un plan de recursos humanos con el objetivo de reducir la
precariedad y la temporalidad.
• Potenciar el triple perfil de los profesionales: asistencial, docente e investigador. Para ello,
se realizará un esfuerzo inversor que se plasmará en líneas presupuestarias finalistas y
específicas en base capitativa a destinar a todas las Comunidades Autónomas,
incorporando más profesionales de enfermería, trabajo social, técnicos y especialistas.
• Vamos a trabajar para definir la planificación de necesidades de profesionales y apostamos
por desarrollar y potenciar nuevos roles para los profesionales de enfermería en el sistema
público de salud para la asunción de mayores competencias clínicas, de atención a la
cronicidad y de gestión para la mejora de la eficiencia del sistema. Desarrollaremos un
proceso basado en el consenso profesional e institucional para reparar los errores del
Gobierno de Rajoy con una nueva regulación de la prescripción enfermera, acorde con los
pronunciamientos de todos los grupos políticos en las Cortes Generales.
• Reconocer las competencias, generar posibilidades de promoción profesional e
incrementar la participación en la gestión del sistema a colectivos profesionales como
técnicos, auxiliares, etc.
• Promover el liderazgo de los profesionales de la salud en los cambios de modelo.
• Promoveremos medidas que fomenten la autonomía de gestión, el desarrollo de medidas
que potencien y reconozcan la aportación a la calidad asistencial, el refuerzo en la
formación sobre la gestión, la evaluación y acreditación profesional periódica, los planes de
formación y desarrollo profesional, reforzando especialmente la perspectiva de género y la
especificidad en violencia contra las mujeres.
Desarrollar organizaciones asistenciales con la persona en el centro
• Promover una Estrategia de Buen Gobierno y Gestión de las organizaciones del SNS que
contribuya a mejorar la calidad y la eficiencia de los centros, la rendición de cuentas y la
transparencia, la participación democrática, la autonomía y profesionalización de la gestión.
• Concebir la Atención Primaria de Salud como la puerta ordinaria de entrada al sistema
sanitario, promoviendo medidas que mejoren el uso de los servicios de urgencia y
reforzando también los servicios en la comunidad y domicilio.Impulsar la investigación en la
atención primaria con perspectiva de género, especialmente en materias de promoción de
la salud, prevención de la enfermedad y discapacidad.
• Garantizar la libertad de movimientos de los pacientes dentro del SNS, de modo que
puedan recibir atención sanitaria en cualquier Comunidad Autónoma, sea por razones
médicas, por desplazamientos temporales, o por libre elección, creándose para ello un
mecanismo de compensación de costes entre las CCAA.
// 205

| EL ESTADO SOCIAL
• Crear redes asistenciales que ofrezcan continuidad de cuidados socio-sanitarios.
• Establecer, conjuntamente con las CCAA, un Plan de Atención Integrada para ofrecer una
coordinación socio sanitaria. EI impulso de una estrategia de coordinación de los servicios
sociales y sanitarios permitirá obtener sinergias entre los dos sistemas, el sanitario y el
social, para lograr los mejores resultados en salud, autonomía personal e inclusión social.
• Conferir seguridad a la mujer maltratada y sus hijos para que sientan confianza con los
profesionales del sector y hagan visibles sus problemas. Asegurar, en coordinación con las
administraciones implicadas, la formación continua y la sensibilización de los profesionales
sanitarios en la atención integral y la aplicación y mejora de los protocolos en la atención
integral a las mujeres víctimas de violencia de género.
• Garantizar una atención de calidad a la salud sexual en el Sistema Nacional de Salud.
Abordar un Plan Integral de promoción de la salud sexual que garantice los derechos
sexuales.
• Garantizar la igualdad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las
mujeres. Implantar programas destinados a la reducción de las Infecciones de transmisión
sexual, especialmente entre la población juvenil.
• Los socialistas defendemos el derecho a la identidad de género, a que ninguna persona
pueda ser objeto de discriminación con motivo de su identidad de género. Nos proponemos
para ello trabajar por la despatologización de la transexualidad y por facilitar el acceso a la
atención sanitaria a estas personas para adecuar el sexo morfológico a la propia identidad
de género.
• Adaptar el sistema sanitario al estado de salud de la sociedad española, teniendo en
cuenta, en especial, el envejecimiento y la dispersión de la población, y la cronicidad de
las enfermedades. Ello, a su vez, debe ser conjugado con las nuevas tecnologías y la
eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Capacitar a las personas con
enfermedades crónicas de instrumentos y de formación suficiente para autogestionar su
enfermedad y reforzar su autonomía personal. Reforzar el Plan Nacional sobre Cronicidad,
impulsado desde la atención primaria, con el fin, no sólo de mejorar su salud, sino también
la percepción de sí mismos, así como su autoestima y confianza. Promover nuevas formas
de apoyo y de colaboración con los enfermos crónicos que son uno de cada cuatro
españoles; diseñando un modelo de intervención de “Pacientes Expertos”. Es necesario
dar voz a las personas con enfermedades crónicas y fortalecer su empoderamiento para
fomentar su implicación en la toma de decisiones compartida.
• Aumentar los programas de detección temprana de cáncer cervical, de colon y de mama.
Reforzar las Estrategias en cáncer y cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud.
Impulsar la atención multidisciplinar e integrada a estos pacientes. Articular sistemas de
información, en especial un Registro de Cáncer. Impulsar la investigación sobre el cáncer.
• Desarrollar una Estrategia Nacional que incluya la respuesta al VIH, las hepatitis víricas y
las Infecciones de Transmisión Sexual que contemple al menos líneas estratégicas tales
como la prevención de la transmisión, diagnóstico precoz, integración social y laboral de las
personas afectadas, lucha contra el estigma y la discriminación, mejora de la calidad de
vida de las personas afectadas, refuerzo del capital social (ONG y otros actores en la
respuesta a estas enfermedades), y teniendo como prioridad la situación de los colectivos
más vulnerables a la infección. Promover un amplio consenso político en torno a las
políticas de VIH, el sida, hepatitis vírica y otras ITS que promueva un marco estable y
continuado de intervención como política de estado. Avanzar en la lucha contra la
discriminación de estos colectivos. Recuperar la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida
para poder asumir el liderazgo y la coordinación de las políticas de prevención, asistencia,
cooperación internacional e investigación relacionadas con el VIH, el sida y otras ITS,
consignando en los Presupuestos Generales los recursos económicos destinados para su
funcionamiento y actividad. Impulsar la investigación tanto en el ámbito clínico, como
epidemiológico, preventivo y psicosocial. Este impulso debe llevarse desde varias
perspectivas: dotación de recursos, mejora en los déficits de gestión que impiden el
// 206

| EL ESTADO SOCIAL
aprovechamiento óptimo de recursos, así como la recuperación de iniciativas público-
privadas claves en la respuesta investigadora en el ámbito social y sanitario en España,
tales como la fundación FIPSE.
• Crear un sistema específico de detección, atención e investigación para las enfermedades
raras y las personas con grandes discapacidades. Considerar las peticiones de las
entidades y asociaciones de enfermedades raras en cuanto al tratamiento, prevención,
intervención e integración de las personas con este tipo de enfermedad.
• Avanzar en el conocimiento y visibilización social de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
mediante la actualización de datos disponibles y la investigación pública de esta
enfermedad. Mejorar la atención a estos pacientes para ofrecer una cobertura suficiente.
Revisar y ampliar el protocolo de ayudas técnicas. Incluir para estos pacientes terapia no
farmacológica: fisioterapia, logopedia y psicología.
• Garantizar la detección precoz de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) y el acceso a
un diagnóstico temprano. Promover la investigación y propiciar la transferencia de
conocimiento sobre los TEA. Favorecer el acceso a una intervención especializada en las
distintas etapas de la vida, incluyendo atención temprana. Proporcionar una atención
especializada e integral a la salud (incluyendo a la salud mental), garantizando la
coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y administraciones implicadas.
• Avanzar en prevención, investigación y conocimiento de la diabetes. Asegurar, desde el
SNS prestación de calidad a las personas con diabetes, que incluya las últimas
innovaciones tecnológicas. Avanzar en la información a los enfermos para impulsar su
autonomía, especialmente en edad infantil.
• Impulsar el conocimiento y la investigación del Alzheimer. Avanzar hacia el diagnóstico a
tiempo. Intervenir en prevención del avance/deterioro cognitivo.
• Reforzar la atención integral, multiprofesional y especializada a los pacientes
trasplantados.
• En relación a las personas con algún tipo de intolerancia alimenticia, reforzaremos el
control del etiquetaje y potenciaremos los acuerdos con la industria alimentaria para
incrementar la oferta y reducir los precios de dichos alimentos, especialmente para los
niños y las niñas.
• Crear un espacio de trabajo conjunto y continuado con los afectados por la Talidomida, en
el que abordar las medidas de reparación que den respuesta a la situación actual y a las
necesidades urgentes de estas personas en España, junto con la exigencia a la compañía
farmacéutica responsable la compensación justa a las personas afectadas.
Migrar de un modelo paternalista a uno basado en la confianza mutua y la
corresponsabilidad
• Impulsar que los centros de salud sean la base para una mayor autoconciencia de la
ciudadanía en la toma de medidas que mantengan y cuiden su salud. Se establecerán
medidas de educación para salud y capacitación, dirigidas a la ciudadanía, para mejorar el
conocimiento en materia de medicamentos y productos sanitarios, evitando su consumo
innecesario.
• Apoyar activamente el desarrollo de escuelas y procesos para educar a los pacientes en el
autocuidado de sus enfermedades.
• Dotar de una tarjeta sanitaria común para todo el territorio nacional que permita el acceso a
la historia sanitaria y la receta electrónica.
• Activar mecanismos para dar más voz a la ciudadanía convirtiendo el Sistema Nacional de
Salud en un sistema conectado con los pacientes.
• Facilitar el acceso a e-health y m-health para la ciudadanía y los/as pacientes.
// 207

| EL ESTADO SOCIAL
• Promulgar una ley de muerte digna y de cuidados paliativos. Si en la próxima legislatura
hay un consenso al respecto, abriremos el debate sobre la eutanasia.
Ser responsable y eficiente en la inversión sanitaria
• Invertir en sanidad con el fin de asegurar la suficiencia financiera y un crecimiento
presupuestario acorde con su desarrollo demográfico, la morbilidad de la población y
tecnológico. El Sistema Nacional de Salud tiene una insuficiente financiación. Por ello, en el
contexto de la reforma fiscal que promueve el PSOE, la sanidad pública tendrá la necesaria
suficiencia financiera. Nuestro objetivo es invertir más en sanidad pública, procurando que
la participación en el PIB alcance el 7% del PIB al final de la segunda legislatura.
• Ejercer una gestión activa del gasto mejorando los procesos y la calidad del sector.
• Para ello, vamos a situar en las Cortes Generales el sitio donde definir y monitorizar este
paquete de reformas y este proyecto estratégico común para los próximos años. En ese
espacio, el gobierno de España propondrá a los grupos parlamentarios, las Comunidades
Autónomas y los agentes sociales las medidas necesarias para asegurar la calidad, la
equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud como bien esencial para la
sociedad española.
• Identificar mejoras en las rutas asistenciales para los pacientes así como mecanismos de
gestión participativa por los profesionales de la salud.
• Promover mecanismos de financiación que se vinculen a la reducción de listas de espera y
la mejor calidad del servicio para los pacientes. Impulsar un proceso de evaluación
independiente para el seguimiento de la calidad a nivel estatal.
• Desarrollar una política de eficiencia en el gasto farmacéutico incorporando diferentes
procedimientos, entre ellos, el sistema de selección pública para medicamentos y
productos sanitarios sin patente; la actualización continua del precio de referencia; y el
impulso de los medicamentos genéricos.
• Incrementar la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios en todos
aquellos casos en los que las CCAA de forma voluntaria consideren que pueden mantener
un ahorro significativo por agregar sus necesidades de compra con otras Administraciones.
Acelerar la revolución digital y tecnológica en la Sanidad
• Desarrollar un Plan estratégico para la renovación tecnológica del Sistema Nacional de
Salud con criterios de eficiencia, mediante acuerdos con la industria y las CCAA, para la
aplicación de un proceso de compra planificada que permita una inversión que asegure la
mejor calidad asistencial.
• Reorientar la inversión digital hacia el apoyo de los clínicos con el fin de mejorar la calidad
de cuidados.
• Facilitar el acceso a sistemas de apoyo a la decisión clínica a los profesionales.
• Promover la utilización a escala de avances tecnológicos como los tele-cuidados y la tele-
monitorización.
• Extender la prescripción electrónica interoperable en todo el territorio nacional.
Promover la responsabilidad con el medio ambiente en la Sanidad
• Impulsar en el SNS un Plan de Salud y Medio Ambiente, con especial atención en el ahorro
del agua, la gestión de residuos y la eficiencia energética en los centros sanitarios.
Cooperar en el control medioambiental y en la evaluación de Impacto en Salud de las
actuaciones medioambientales.
// 208

| EL ESTADO SOCIAL
• Desarrollar el proyecto “El hospital verde”, para disminuir la emisión de CO2, y mejorar la
gestión de los residuos.
Promover que las empresas privadas sean socialmente responsables participando en
proyectos sociales
• Establecer procedimientos que regulen las relaciones de partenariado de la industria con
las instituciones sanitarias, sus centros, servicios y profesionales, así como la publicidad de
los medicamentos y productos sanitarios y la actividad promocional en los centros y las
aportaciones que dicha industria realice, para avanzar en un sistema de responsabilidad
social corporativa real y efectivo.
• Ampliar la posibilidad de que las farmacias participen en programas preventivos. Desde el
apoyo al actual modelo de farmacia que permite el acceso de la población a los
medicamentos, trabajaremos para ampliar la posibilidad de que las farmacias participen en
programas preventivos y de salud pública potenciando la actual colaboración del sector con
él SNS.
• Desarrollar la normativa de salud laboral y crear los dispositivos necesarios en todos los
niveles del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo así a fortalecer las intervenciones
preventivas de detección de riesgos laborales y de promoción de la salud en el lugar de
trabajo. Fortalecer el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual:
o Se adoptará una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin de
considerar como tales las que se ocasionen o agraven en el centro de trabajo y se
tenga en cuenta el criterio epidemiológico para declarar su existencia.
o Se potenciará la integración de la prevención en la empresa y se facilitará la
existencia de servicios de prevención propios. Nuestro objetivo será que, en el
plazo de una legislatura, todas las empresas de más de 100 trabajadores tengan
integrada la prevención.
o Se aprobará un protocolo para situaciones de protección de los profesionales
frente a las agresiones.
o Se impulsará la detección, declaración, registro y evaluación de enfermedades
relacionadas con el trabajo desde el Sistema Nacional de Salud.
Luchar contra la desigualdad e inequidad en salud
• De común todas las sociedades tienden a relegar las necesidades e intereses de las
personas más vulnerables, y este fenómeno se agudiza en los períodos de crisis e
inestabilidad económica o política. Para salvaguardar la pérdida de calidad de vida de
las personas, en especial la de los más vulnerables, las políticas públicas de salud que
propondremos irán encaminadas a promover la igualdad de oportunidades, y a
medidas dirigidas a mitigar las desigualdades e inequidad, preservando las
necesidades básicas y evitando las situaciones de riesgo y desprotección.

// 209

| EL ESTADO SOCIAL
CONSOLIDAR LOS SERVICIOS SOCIALES.
RECUPERAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
1. DÓNDE ESTAMOS
El Partido Popular ha roto consensos que se mantuvieron durante más de tres décadas. Ha
conducido al Estado de Bienestar en general, y al Sistema Público de Servicios Sociales en
particular, a un evidente deterioro de sus estructuras y de su capacidad de respuesta a los
problemas de la ciudadanía.
En materia de Servicios Sociales, los recortes han sido superiores a los 2.200 millones de
euros al año, a la par que se procedía a la continuada pérdida de profesionales destinados a la
atención de la población, al recorte en materia de atención a las personas en situación de
dependencia, en materia de ingresos básicos garantizados. Desde los PGE se ha reducido de
forma drástica la participación de la Administración General del Estado en el Plan Concertado
de Servicios Sociales en el momento que se han disparado las necesidades básicas de la
población, en especial, los 8,5 millones de usuarios de los servicios sociales municipales.
La mal titulada Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local ha sido un
ataque frontal dado que sus disposiciones socavan elementos estructurales y estratégicos del
Sistema. Además inhabilita a la administración más próxima a la ciudadanía para atender los
problemas sociales desde la proximidad.
Asimismo, ha habido un desmantelamiento de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y
Atención a la dependencia o la reclamación de la adecuada atención a la infancia.
La Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia nació de la voluntad de un gobierno socialista,
respondiendo a una creciente necesidad derivada del incremento de la esperanza de vida y las
consiguientes limitaciones que el envejecimiento conlleva. Con el reconocimiento del derecho
de las personas en situación de dependencia a ser atendidas por los poderes públicos, se daba
respuesta a un nuevo riesgo social derivado de la estructura demográfica y también del modelo
de estructura familiar y de sociedad actual.
Tras cuatro años de gestión del Partido Popular, el reconocimiento del derecho se ha
condicionado y se ha recortado la inversión que lo garantizaba. Recortes que han modificado
en distintas ocasiones el calendario de aplicación, dejando fuera del reconocimiento y
prestaciones del sistema a cientos de miles de dependientes moderados, que ha reducido las
cuantías por cuidados en el entorno familiar en al menos un 15%, que ha eliminado los dos
niveles que tenía cada uno de los tres grados de dependencia, que ha modificado a la baja las
prestaciones y la intensidad de los servicios, o que ha eliminado la cotización a la Seguridad
Social por parte de la AGE del régimen especial de cuidadores.
El enfoque integral sobre el fenómeno de la drogadicción fue la base de la puesta en marcha
del Plan Nacional sobre Drogas, que parte de considerar el consumo de drogas como un
problema de salud, al que hay que responder con una red pública de protección.
Pero a lo largo de esta legislatura, hemos asistido a un cambio sustancial en el abordaje del
asunto, que se puede resumir en tres ejes: reorientación hacia un enfoque represivo, severos
recortes en los recursos destinados a este fin y abandono de la investigación.
Varias de las leyes impulsadas esta legislatura ponen el acento en los aspectos represivos
para las personas consumidoras de drogas, introduciendo sanciones graves, y olvidan los
aspectos preventivos y rehabilitadores.
// 210

| EL ESTADO SOCIAL
Nuestro objetivo es la consolidación de un sistema público, universal, gratuito, equitativo y de
calidad de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, capaz de hacer
efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía a un conjunto de servicios sociales básicos que
garanticen la protección social a todas las personas que vivan en España. Un Sistema Nacional
de Servicios Sociales sostenible desde el punto de vista social, asistencial, profesional y
financiero. Para ello desarrollaremos una reforma que debe sustentarse en compromisos
efectivos que afecten al conjunto de las Administraciones Públicas a través de mecanismos de
cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales.
La principal manifestación de ese compromiso debe ser la aplicación efectiva del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Hay que garantizar la financiación, incluyéndola en el nuevo modelo de financiación
autonómica pendiente de acuerdo entre AGE y CCAA como un servicio esencial más.
considerando a los servicios sociales como una inversión, no como un gasto.
Se garantizará la atención profesionalizada y el respeto de la voluntad de las personas por
permanecer en el domicilio y continuar siendo atendidos, siempre que sea posible, por las
personas a las que están emocionalmente ligadas, con los apoyos técnicos o económicos que
se consideren procedentes.
Con el objeto de evitar que el cuidado de las personas en situación de dependencia se
convierta en una responsabilidad de la mujer, se priorizará la atención profesional,
reconociendo el valor de los cuidados en el entorno familiar, lo que requiere proporcionar la
formación, las herramientas, dispositivos y el apoyo profesional necesario a todas las personas
cuidadoras. Recuperaremos las cotizaciones a la seguridad social con cargo a la
Administración General del Estado de los cuidadores de personas en situación de
dependencia.
La coordinación del Sistema de Servicios Sociales se debe plantear más allá de la
coordinación entre los sistemas de salud y servicios sociales, por ello es imprescindible
establecer la coordinación formal entre los sistemas de servicios sociales y los de educación,
empleo, vivienda, etc., especialmente para aquellos ciudadanos con necesidades complejas
como los mayores pluripatológicos dependientes, personas con grandes discapacidades,
personas con enfermedad mental severa crónica.
Asumimos el compromiso de liderar este proceso de reforma clave para el futuro de nuestro
país.
3. PROPUESTAS
Consolidar los Servicios Sociales
Ÿ Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del
Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a
servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía.
Ÿ Aprobar, de acuerdo con las CCAA y las corporaciones locales, una Ley marco de
Servicios Sociales de ámbito estatal que fije normativamente los elementos básicos
relativos al Sistema Público de Servicios Sociales, asegurando unos Servicios Sociales
Universales y Sostenibles.
Ÿ Relanzar y reforzar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
desde la AGE para consolidar las estructuras de los Servicios Sociales de Atención
Primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas. De forma que garanticen iguales
derechos para toda la ciudadanía.
Ÿ Derogar la recientemente aprobada Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
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| EL ESTADO SOCIAL
Ÿ Coordinar con las Comunidades Autónomas la implementación de una tarjeta social que
permita a las personas que se puedan identificar como usuarios/as o potenciales
usuarios/as de los servicios sociales.
Ÿ En coordinación con las Comunidades Autónomas, revisar y reforzar el Catálogo de
Servicios Sociales actual y el contenido del Plan Concertado de Prestaciones Básicas para
adaptarlos a la nueva reorganización que plantearía la nueva Ley Marco de Servicios
Sociales.
Dar una solución estructural a los problemas de exclusión por la falta de ingresos
básicos
Ÿ Aprobar un Plan Integral de Inclusión Social para la erradicación de la pobreza y la
exclusión social que integre políticas económicas y sociales sostenibles en las Estrategias
de Desarrollo Humano.
Dar solución inmediata a los problemas más graves de carencia material severa como
alimentación, energía, vivienda, suministro de agua, etc.
Ÿ Promover un acuerdo entre todas las Administraciones para, de manera urgente, acometer
medidas que contribuyan a paliar los efectos más graves de la crisis en materia de
vivienda, agua, alimentación y energía, especialmente en aquellas familias que carecen de
cualquier tipo de ingreso, centrándose especialmente en aquellas en las que haya menores
y personas con discapacidad.
Ÿ Elaborar una Estrategia para la Inclusión de Personas sin Hogar, que incluya un Plan
específico de Atención a Jóvenes Extutelados que aborde la formación, la vivienda y la
prestación que evite el riesgo de exclusión social.
Ÿ Tomar todas las medidas posibles para evitar que se produzcan desahucios en nuestro
país.
Mejora de la calidad de los Servicios Sociales
Ÿ Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la mejora de la calidad y
cobertura de los servicios sociales, incluidos los centros residenciales.
Ÿ Profundizar en la formación y especialización de los profesionales en los servicios sociales,
reforzando la formación continuada; desarrollando un modelo retributivo que reconozca la
calidad asistencial; fomentando la autonomía de gestión; implantando la evaluación y
acreditación periódica.
Ÿ Potenciar la generación de una comunidad científica que aporte nuevo conocimiento para
la sociedad, apostando por la innovación y las tecnologías de la información y la
comunicación a la promoción de la autonomía personal.
Ÿ Mejorar los sistemas de información en servicios sociales, definir los indicadores de calidad
y sistematizar la evaluación de las políticas públicas.
Ÿ Fomentar la participación de las personas usuarias de los servicios sociales a través de
órganos formales de participación ciudadana y del fomento del trabajo social comunitario a
través de los servicios sociales municipales.
Alianza con el Tercer Sector
Ÿ Crear una alianza con el Tercer Sector para seguir el desarrollo de la Ley 43/2015, de 9 de
octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
Ÿ Mantener un diálogo permanente con las entidades de la sociedad civil y las personas
usuarias de los Servicios Sociales.
Ÿ Transponer con carácter urgente la Directiva Europea sobre Contratación Pública, en la
que se destacan los servicios sociales como sometidos a un régimen de contratación
particular.
Ÿ Consensuar un Régimen Especial de Colaboración Contractual para la Cooperación Social
con el Tercer Sector y la incorporación de Cláusulas Sociales en la contratación pública.
Ÿ Desarrollar reglamentariamente la Ley del Voluntariado. Crear un espacio de interlocución
con la Plataforma del Voluntariado y realizar actuaciones encaminadas al conocimiento y
promoción del voluntariado. Impulsar la formación y la investigación, así como el
// 212

| EL ESTADO SOCIAL
intercambio formativo y de buenas prácticas, en colaboración con administraciones y
entidades del voluntariado. Crear el Observatorio del Voluntariado.
Recuperar la atención a las personas en situación de dependencia
Ÿ Recuperar los principios inspiradores de la Ley para el adecuado cumplimiento de sus
objetivos. Modificar la Ley para incluir la eliminación de las medidas incorporadas en la
actual legislatura, suprimir las restricciones incorporadas en materia de incompatibilidades
y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal, con equidad mediante
derecho en el sistema público de servicios sociales, que se han visto gravemente
afectadas.
Ÿ Derogar el incremento del copago introducido en esta legislatura.
Ÿ Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento e inspección.
Reforzar la gestión pública del sistema, priorizando la titularidad pública de los recursos
sociales, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar actividades
complementarias. Desarrollar los aspectos de la ley, como el caso del asistente personal.
Ÿ Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia que se
vinculen a la reducción de listas de espera, la incorporación al sistema de todas las
personas en situación de dependencia moderada, la mejor calidad del servicio prestado, y
la creación de empleo de calidad.
Ÿ Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos y
potenciar la red de centros y servicios, ya que ambas medidas generan empleo estable y
garantizan atenciones de calidad a las personas dependientes.
Ÿ Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley por la AEVAL a fin de detectar las
carencias existentes en su aplicación, y poner en marcha las mejoras que se requieran a
partir de las conclusiones y recomendaciones de dicha evaluación.
Ÿ Incorporar con carácter inmediato al Régimen General de la Seguridad Social a los
cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia.
Las adicciones: enfoque integral, de la prevención a la reinserción
Ÿ Reeditar el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), enmarcado en un sistema sanitario y
social de carácter público.
Ÿ Abordar el consumo del alcohol en menores de edad, en coordinación con las
Comunidades Autónomas, partiendo del consenso social, desde la sensibilización
comunitaria, implicando a las asociaciones juveniles y al sistema educativo en sus
diferentes etapas.
Ÿ Mejorar los sistemas de información sobre drogas y adicciones, reforzando las capacidades
del Observatorio Español sobre Drogas.
Ÿ Impulsar la investigación, con mejora de la dotación de recursos, en los aspectos más
necesarios por menos conocidos (nuevas sustancias, diferencias de género, condiciones
sociales, motivaciones de consumo…) promoviendo la rápida transferencia de resultados a
la práctica clínica.
Ÿ Reforzar la cooperación internacional, tanto en la lucha policial, como en programas
destinados a la erradicación de cultivos y en los programas asistenciales a
drogodependientes.
Ÿ Promover el debate con participación de todos los actores implicados para abordar la
situación del consumo de cannabis en nuestro país y participar en los organismos
internacionales que estudien la modificación de la Estrategia UNGASS para conocer las
líneas generales de un posible consenso internacional sobre el cannabis.
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| EL ESTADO SOCIAL
INFANCIA
1. DÓNDE ESTAMOS
La protección de la infancia es uno de los grandes retos para la sociedad española actual.
Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida las cifras de niños y niñas que
viven bajo el umbral de la pobreza se sitúa en el 30,1% frente al 22,2% de la población general.
Esto significa que más de 2,3 millones de niños y niñas viven en hogares bajo el umbral de la
pobreza.
Las alarmantes cifras de pobreza infantil unidas a la concentración del fracaso escolar en los
niños pertenecientes a familias de rentas más bajas, sitúan el problema más allá de una
cuestión de justicia social, de cohesión social o de equidad. Se convierte en un asunto
intergeneracional y estratégico de país: está comprometiendo la capacidad de desarrollo y la
competitividad futura.
A pesar de esta alarmante situación hemos visto cómo el sistema de protección social resulta
incapaz de dar respuesta a las nuevas necesidades. La gestión de la crisis realizada por el
Partido Popular ha incrementado las desigualdades y ha empobrecido fundamentalmente a los
más pobres, quienes a menudo se han visto abocados a situaciones de infraprotección o
desprotección.
Las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia han sufrido un severo retroceso a lo largo de
esta legislatura. A la escasa cuantía de las prestaciones destinadas a la infancia, se unen los
recortes en los servicios públicos, que inciden sobre todo en las rentas más bajas. La
eliminación del Programa Educa 3, los cambios en las becas sustituyendo el derecho por renta
por los resultados académicos, los recortes en las cuantías, la eliminación de la universalidad
en el acceso a la sanidad, los copagos, inciden todos ellos en la merma de la capacidad
redistributiva de los servicios públicos y lejos de romper el ciclo de las desventajas suponen un
incremento del círculo vicioso del riesgo de exclusión.
Así, los beneficios fiscales introducidos por el PP para familias numerosas y monoparentales
favorecen a las rentas medias y altas, dejando al margen a quienes no cotizan a la Seguridad
Social y benefician poco a quienes tienen empleos precarios con bajas cotizaciones.
Los niños y niñas merecen atención prioritaria. Por eso el PSOE articulará medidas para
erradicar la pobreza infantil severa de nuestro país, promoviendo así la igualdad de
oportunidades desde las primeras etapas de la vida. Las familias con menores serán objeto de
especial atención cuando se vean implicadas en procesos de desahucio, para evitar su
desalojo o garantizarles alternativas habitacionales inmediatas. Se reforzarán, así mismo, los
servicios de protección infantil, haciendo especial énfasis en favorecer programas de
acogimiento. Garantizaremos el acceso a escuelas infantiles de calidad a todas las familias que
quieran escolarizar a sus hijos y promoveremos la incorporación de los colectivos más
desfavorecidos a estos centros. Combatiremos la degradación de la calidad los servicios de
escuela infantil provocada por la externalización de la provisión a iniciativas empresariales sin
las necesarias garantías.
Invertir en infancia, y en particular en la lucha contra la pobreza infantil, ha sido históricamente
un empeño de partidos socialistas en toda Europa, que expresa y fomenta valores centrales del
discurso socialdemócrata: justicia equidad y cohesión, eficiencia y competitividad o solidaridad
intergeneracional.
Las políticas dirigidas a hogares con niños y niñas deben valorarse no solo porque promueven
la justicia social y la equidad, sino porque promueven la capitalización de los recursos humanos
de un país y, en última instancia, impulsan el crecimiento económico.
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3. PROPUESTAS
Medidas contra la pobreza infantil: invertir en la infancia, invertir en un futuro más justo
y próspero
Ÿ Eliminar la pobreza infantil severa, inaceptable en una democracia avanzada, mediante una
política de garantía de rentas (Sistema integrado de Ingreso Mínimo Vital).
Ÿ Renovar en profundidad el compromiso con la infancia y adolescencia con un nuevo Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, dotado de recursos económicos y
humanos necesarios para que permita su aplicación efectiva.
Ÿ Promover que las rentas del trabajo permitan una vida digna a las personas, a las familias y
a sus hijos e hijas. Para ello, revertiremos la situación actual de devaluación salarial con un
Nuevo Estatuto de los Trabajadores, incrementando la cuantía del Salario Mínimo
Interprofesional; y mejorando la cobertura por desempleo.
Ÿ Reducir la privación material de las familias y de los niños y niñas con baja renta,
especialmente en lo relativo a vivienda, mediante una política integral de vivienda y
rehabilitación, que incluya una efectiva Ley de segunda oportunidad para deudores
hipotecarios, asegurando, en su caso, un alojamiento alternativo, adecuado y asequible en
casos de desahucios de familias con hijos. Asimismo, se adoptarán medidas que tengan
impacto en la reducción de la pobreza energética.
Ÿ Promover una alimentación sana y equilibrada para las necesidades nutricionales de la
infancia. De manera inmediata, promover la adecuada alimentación de la infancia en riesgo
de exclusión social, de forma que se garantice una dieta equilibrada y tres comidas diarias,
de forma acordada con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Ÿ Crear un Registro de Sentencias por Impago de Alimentos para conseguir la efectividad del
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
La educación como garantía de igualdad y progreso social
Ÿ Extender de manera progresiva el primer ciclo de Educación Infantil que permita la
compensación de desigualdades de origen. Como primer paso, nos comprometemos a un
renovado y ambicioso Plan educa 3, para que, de acuerdo con las CCAA. y los municipios,
se incremente la cobertura en la etapa 0-2 y universalice a los niños y niñas de 2 años,
incluyendo un sistema de becas para asegurar la gratuidad a los niños y niñas de familias
bajo el umbral de la pobreza. Progresivamente se extenderá la gratuidad al resto de la
ciudadanía.
Ÿ Eliminar los mecanismos selectivos y de exclusión escolar en el sistema educativo que ha
introducido el Gobierno del PP con la LOMCE, que contribuyen a la reproducción
intergeneracional de las desigualdades en educación.
Ÿ Mejorar las tasas de escolarización e idoneidad en Bachillerato y Formación Profesional,
especialmente de los adolescentes y jóvenes con dificultades personales y sociales.
Ÿ Reducir el abandono prematuro y el fracaso escolar y mejorar significativamente las
competencias básicas.
Ÿ Recuperar las becas como derecho según la situación de las rentas familiares y de las
cuantías. Se realizarán las modificaciones legales oportunas para impedir que se retire una
beca o no se conceda porque el padre o la madre, o el tutor legal, haya dejado de pagar
una deuda con la administración pública o impuesto, siempre que se demuestre su
insolvencia para pagarlo, de tal forma, que se garantice los derechos de la beca a quien
permite estudiar o comer. Asimismo, será inembargable por administraciones públicas o
privadas.
Ÿ Promover la educación en la igualdad de oportunidades y de trato, el respeto a la
diversidad, la convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la
educación en los derechos humanos, recuperando la asignatura de Educación para la
ciudadanía; e impulsando la participación de los niños y niñas en la educación informal,
mediante el apoyo a las organizaciones de infancia.
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Derecho universal a la protección de la salud. La atención al niño sano
Ÿ Desarrollar las acciones más efectivas en la prevención de la obesidad infantil con los
recursos económicos necesarios, en el marco de una Estrategia contra la Obesidad Infantil
y los trastornos de alimentación, especialmente en los ámbitos familiar y comunitario y
escolar.
Ÿ Reforzar la atención a la salud de niños, niñas y adolescentes en las Estrategias de Salud,
especialmente en lo referido a la salud mental infanto-juvenil y a la educación afectivo-
sexual en el marco de la salud sexual y reproductiva.
Ÿ Incluir en la Cartera de Servicios las medidas de prevención y detección precoz con
evidencia científica de su eficacia y pertinencia.
Ÿ Aprobar una Estrategia integral frente a la violencia contra la infancia de acuerdo con los
servicios sociales, las CCAA y la FEMP y la participación de organizaciones de infancia.
La calidad de los servicios sociales de infancia
Ÿ Reforzar las políticas preventivas dirigidas a evitar las circunstancias que dan lugar a la
necesidad de separar a los menores de su entorno familiar.
Ÿ Elaborar una Guía de Buen Gobierno en la protección de la infancia, con todas las partes
implicadas.
Ÿ Crear un programa I+D+I sobre infancia, mediante la financiación de estudios a las
Universidades y Centros de investigación.
Ÿ Reforzar el nivel de atención primaria de Servicios Sociales de atención a la infancia,
orientado a la promoción de la participación, prevención y detección precoz riesgo social.
Adopción y acogimiento
Ÿ Mejorar los beneficios sociales y fiscales de las familias acogedoras, proporcionalmente a
las responsabilidades que asumen.
Ÿ Promover campañas de sensibilización sobre el acogimiento familiar y las familias
colaboradoras.
Ÿ Promover, de acuerdo con las CCAA, el acogimiento familiar de calidad, con el fin de que
los niños, niñas y adolescentes tengan experiencias positivas de vida familiar, con apoyo a
las familias acogedoras, en calidad e intensidad necesaria.
Ÿ Garantizar el acogimiento familiar frente al residencial para los niños y niñas menores de
seis años
separados temporalmente de sus familias de origen,
salvo en supuestos de
imposibilidad, debidamente acreditada. Garantizar el acogimiento familiar profesionalizado
para las situaciones que lo requieran.
Ÿ Desarrollar programas de atención a niños y niñas en situaciones de riesgo con el fin de
mantener, cuando sea posible, a los menores en sus familias en las mejores condiciones
posibles, previniendo la separación innecesaria de sus familias.
Ÿ Establecer políticas urgentes encaminadas a impulsar la adopción internacional, iniciando
los procedimientos para la apertura en países donde sí adoptan el resto de miembros de la
UE y que permita que nuestras familias puedan disfrutar de las mismas opciones a las que
optan el resto de los ciudadanos europeos.
Ÿ Desarrollar programas de atención integral a los y las jóvenes de más de 18 años a la
salida de los dispositivos de protección infantil, que tengan como objetivo la promoción de
su autonomía personal.
Ÿ Reforzar el nivel de atención primaria de Servicios Sociales en el seguimiento de las
adopciones y acogimientos
Hacer efectiva la participación de la infancia
Ÿ Presentar un informe del Gobierno sobre calidad de vida de la infancia, que servirá de base
para la construcción de un Pacto parlamentario sobre políticas de infancia.
Ÿ Impulsar la participación de niños, niñas y adolescentes, como sujetos activos, no como
meros objetos de protección. Para ello, cooperaremos de manera especial con la
Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), y teniendo en cuenta las actuaciones de
participación de la infancia impulsadas desde los municipios.
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FAMILIAS. NUEVOS MODELOS DE FAMILIA
1. DÓNDE ESTAMOS
La progresiva incorporación de la mujer a la vida económica, social y laboral junto a los
avances en derechos civiles ha modificado radicalmente la estructura familiar, dando lugar a
modelos diversos que requieren de una regulación tanto en su reconocimiento jurídico como en
el régimen de ayudas.
El modelo de familia con doble fuente de ingresos se ha generalizado. En estas condiciones,
los problemas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal se han hecho cada vez más
acuciantes. Ello requiere atención inmediata antes de que las responsabilidades de cuidado
vuelvan a provocar la re-feminización indeseada del sistema y el retroceso en la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Además de la conciliación, la escasa cuantía de las ayudas familiares, de hijos a cargo ha sido
una constante en el sistema de protección social si lo comparamos con el resto de países
europeos. De forma que si contemplamos los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de
Vida del INE, podemos comprobar que todas las familias con hijos a cargo se sitúan en un
riesgo de pobreza por encima de la media de la población (22,2%), hasta alcanzar el 42% en
las monoparentales.
Esta situación se ha visto agravada por las políticas de recortes y retrocesos del Partido
Popular. El impacto de la reforma laboral ha sido más intenso en las mujeres y ha dificultado la
conciliación. La desaparición del Programa Educa 3 y la supresión del concepto educativo han
significado un enorme lastre para las familias de menos recursos y un elemento desigualdad
para los niños y niñas. Los recortes en las ayudas a cuidadores familiares y la supresión de la
cotización a la Seguridad Social ha sido otro elemento de empobrecimiento en las familias
afectadas y de hándicap a la conciliación.
El PSOE va a ofrecer respuestas a las necesidades de todas las familias. Promoveremos
medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Esto supone
desarrollar iniciativas que permitan a las familias buscar fuera los cuidados de niños y niñas o
personas dependientes en todas aquellas situaciones en que los miembros de la unidad
familiar puedan ver comprometidas sus oportunidades de participación en el mercado de
trabajo y de realización profesional por dichas responsabilidades de cuidado.
Paralelamente, nos proponemos insistir en la cultura de corresponsabilidad en el ámbito del
hogar, fundamentando un nuevo Pacto de Género. La principal herramienta en este sentido es
el desarrollo de programas de permisos parentales iguales y no transferibles para hombres y
mujeres, homologables a los que se han aplicado en los países escandinavos. Junto a esta
herramienta, hay que seguir insistiendo en la necesidad de que organismos públicos y
empresas se abonen a nuevas formas de organización horaria y prácticas de flexibilidad que se
acomoden a las necesidades de las familias, incluido el teletrabajo.
3. PROPUESTAS
Nueva Ley de familias
Ÿ Elaborar una Ley de Familias con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y
el acceso a los bienes y servicios públicos, contribuyendo a la redistribución de la renta y la
riqueza de las familias. Dicha reforma incluirá a todos los modelos de familia, con
independencia de circunstancias tales como el estado civil, la orientación sexual o el origen
de la filiación, y atenderá situaciones que requieren protección y que actualmente no se
contemplan en la ley, o se hace de manera insuficiente, entre las cuales se incluirán las
// 217

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familias monoparentales, las numerosas, las que cuenten con progenitores o hijos e hijas
con discapacidad, o las familias acogedoras.
Desarrollo de Servicios que favorezcan la conciliación y la natalidad
Ÿ Desarrollar los servicios públicos con criterios de equidad orientados a: romper el ciclo de
las desventajas de origen en los niños y niñas; proporcionar un sistema de cuidados a los
adultos, de forma que se favorezca la conciliación para hombres y mujeres y se facilite la
natalidad.
Ÿ Fomentar las nuevas tecnologías vinculadas a los cuidados en el domicilio.
Medidas laborales de apoyo a la conciliación
Ÿ Aplicar las 4 semanas previstas en la Ley de Igualdad de los permisos de paternidad de
manera obligatoria e intransferible e ir progresivamente ampliando la duración del mismo
hasta hacerlo coincidir con el permiso de maternidad.
Ÿ Introducir criterios de flexibilidad en el disfrute de estos permisos, adaptándolo a las
necesidades de la familia.
Ayudas por hijo o hija a cargo
Ÿ Extender la cobertura y cuantías de la prestación no contributiva de la Seguridad Social por
hijo a cargo a todas las familias bajo el umbral de la pobreza, incluida en el Ingreso Mínimo
Vital.
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PERSONAS MAYORES
1. DÓNDE ESTAMOS
Las personas mayores son una parte importante de la sociedad en términos cuantitativos
(8.400.000 habitantes en España son mayores de 65 años), pero también desde el valor de lo
que son, de lo que representan y de lo que aportan.
En España, el sector de población mayor de 65 años representa el 18,05% de la población
total, pero hay que destacar una tendencia demográfica al mayor envejecimiento, ya que
actualmente el 31,4% de las personas mayores tienen más de 80 años, de las que el 59% son
mujeres.
Junto al proceso creciente de envejecimiento demográfico, desde hace años se están
produciendo profundos cambios sociológicos que afectan a las formas de vida y a la propia
composición y estructura de las familias y también a las relaciones personales y sociales que
se vienen desarrollando en nuestro país. En este sentido, se observa una tendencia en las
personas mayores a permanecer en su hogar, lo confirma el hecho de que más de un millón y
medio de personas de más de 65 años viven solas. En el caso de las mujeres, las que viven
solas representan una cuarta parte.
En España se ha incrementado un fuerte apoyo familiar entre generaciones; el 70% de los
abuelos y abuelas cuidan o han cuidado a sus nietos y el 49% lo hacen a diario.
Responder a los nuevos requerimientos de la sociedad española, consciente de los cambios
demográficos que reflejan que las personas de edad son un grupo de la población que está
aumentando paralelamente al incremento de la esperanza de vida.
El incremento de la esperanza de vida y una mejora de las condiciones físicas e intelectuales
es fruto del éxito del sistema de protección social, de universalización de las pensiones, de la
sanidad y del sistema de servicios sociales con la incorporación de la ley de promoción de la
autonomía personal y la atención a las personas dependientes.
Este es el momento para introducir los cambios que nos permitan realizar las reformas sociales
dirigidas a garantizar “el envejecimiento como un éxito y una oportunidad”, y también como un
activo, no solamente como un demandante de recursos; aprovechando sus habilidades y
herramientas y contando con su participación activa en la vida social, cultural y política.
El Partido Socialista se suma a la idea de la OMS del “envejecimiento activo”, como proceso
de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar
la calidad de vida a medida que las personas envejecen.
3. PROPUESTAS
Mantenimiento y Sostenibilidad de las pensiones
Ÿ Mantener nuestro compromiso con el sistema público de pensiones.
Ÿ Derogar la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Ÿ Reinstaurar el papel del Pacto de Toledo como espacio necesario de debate, acuerdo,
estabilidad y garantía del Sistema de Pensiones, apoyando la participación y
representación en este foro del Consejo Estatal de Personas Mayores.
Ÿ Revisar el copago farmacéutico para tener en cuenta criterios de necesidad y cronicidad
para evitar que siga siendo una barrera de acceso, en especial para pensionistas en
situación de riesgo socieconómico.
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| EL ESTADO SOCIAL
Promoción del aprendizaje permanente a lo largo de la vida (Plan concertado con las
CCAA)
Ÿ Promover programas culturales y universitarios para personas mayores.
Ÿ Impulsar la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación de las personas mayores.
Modernización y nuevos Programas de Turismo Cultural y Social del IMSERSO
Ÿ Fortalecer el programa que permite el acceso al ocio a las personas mayores a unos
precios razonables, permitiendo al mismo tiempo unos claros retornos económicos y
laborales derivados del mantenimiento de la actividad económica y el empleo durante la
temporada baja.
Ÿ Impulsar, en el marco de la Unión Europea, un programa comunitario de turismo cultural y
social que permita la movilidad entre países de las personas mayores, lo que supondrá un
apoyo a la demanda turística de los diferentes Estados miembros y además los
intercambios pueden constituir un impulso notable en la promoción de las ideas
europeístas dentro de este importante y creciente colectivo de población.
Envejecimiento activo en los entornos rurales
Ÿ Impulsar un Plan Concertado con las CCAA para la promoción del envejecimiento activo en
entornos rurales que incluya luchar contra la brecha digital, generalizar programas de
teleasistencia y programas interactivos.
Mejorar los marcos jurídicos y administrativos para garantizar que las personas mayores
estén mejor protegidas
Ÿ Revisar la regulación de la incapacidad y la tutela, adecuándola a la Convención de
Naciones Unidas para impedir que muchas personas mayores con deterioro cognitivo
pierdan su capacidad de actuar o tomar decisiones.
Ÿ Promover y difundir la autotutela.
Ÿ Difundir entre las personas mayores su derecho al testamento vital y a una muerte digna.
Ÿ Mejorar la protección de los consumidores especialmente de las personas mayores más
vulnerables, ante prácticas comerciales abusivas incluidas las bancarias, financieras y de
aseguramiento.
Ÿ Promover y regular la creación de Comités de Bioética Asistencial en Centros e
Instituciones prestadoras de servicios y de Comisiones de Humanización que contribuyan a
la personalización del cuidado.
Desarrollo de políticas de urbanismo y vivienda en las que se tengan en cuenta las
necesidades de las personas
Ÿ Facilitar el acceso a las ayudas para adaptación o rehabilitación de la vivienda para
abordar los desafíos del envejecimiento, fomentando así que las personas mayores no
tengan que abandonar su entorno, su barrio y su gente.
Ÿ Promover espacios domésticos abarcables y seguros y facilitando la incorporación de las
TICs.
Ÿ Apoyar y promover nuevos modelos colectivos e innovadores de convivencia que den
respuesta a las actuales demandas de las personas de edad avanzada relacionadas con la
soledad y la necesidad de atenciones y servicios para el mantenimiento de su calidad de
vida.
Ÿ Sumarnos al proyecto de la OMS sobre “ciudades amigas de las personas mayores”,
ciudades que se comprometen en avanzar progresivamente para que el entorno sea cada
día más fácil y amable, mejorar el mantenimiento del mobiliario urbano, el disfrute de
espacios verdes, la limpieza, la seguridad y la accesibilidad. Crear y mantener espacios
públicos de convivencia intergeneracional, evitando la creación de guetos por edades.
// 220

| EL ESTADO SOCIAL
DISCAPACIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES Y DERECHOS DE
CIUDADANÍA
1. DÓNDE ESTAMOS
En España, aproximadamente un 8% de la población tiene alguna discapacidad, de las que
casi el 60% son mujeres y el 58% tienen más de 64 años. Colectivo importante de la
ciudadanía con iguales derechos que deben formar parte de la sociedad sin que tengan que
sortear barreras y dificultades.
Durante esta legislatura, el PP se ha limitado a la elaboración del Texto Refundido de la Ley
General de los Derechos de las personas en situación de discapacidad y de su inclusión social,
sin que haya habido avances sobre los derechos regulados en la Ley 26/2011, de 1 de agosto,
de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, ni se ha abordado la modificación de leyes implicada en la aplicación
efectiva de la Convención
Por el contrario las personas con discapacidad en general y los menores, de forma especial,
han sufrido con dureza los cambios de la dependencia, en especial el incremento de los
copagos y la introducción de incompatibilidades.
No se ha abordado el desarrollo de la lengua de signos ni de otras alternativas a la eliminación
de las barreras tanto físicas como sensoriales.
El compromiso del PSOE para los próximos años es avanzar en un modelo de convivencia que
logre eliminar las barreras que dificultan a las personas con discapacidad el acceso a las
mismas oportunidades para su plena integración.
En esta dirección y como marco de referencia para los derechos de las personas con alguna
discapacidad, Naciones Unidas ha aprobado la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo el 13 de diciembre de 2006,
ratificado por España en abril de 2008. A partir de su entrada en vigor, el Gobierno socialista
impulsó la aprobación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación de la normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este marco pretendemos desarrollar nuestras medidas para hacer efectivos los derechos
recogidos en esta Convención.
3. PROPUESTAS
En derechos políticos y civiles
Ÿ Reformar el artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término “disminuido” por el de
personas con discapacidad, en la consideración de las capacidades diferentes de las
personas, derivadas de la formación, posibilidades diversas y la plena integración social y
laboral.
Ÿ Modificar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, las leyes orgánicas que regulan el
Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, el Código Penal y la Ley del Jurado, para adaptar
dichas normas a lo establecido por la Convención.
Ÿ Modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de hacer efectivo el
derecho a ejercer el voto a las personas con discapacidad que hoy lo tienen vedado.
// 221

| EL ESTADO SOCIAL
Desarrollo de los derechos sociales
Ÿ Emitir informes anuales sobre el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de
las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Ÿ Promover ámbitos de interlocución con las organizaciones representativas de los colectivos
de discapacidad.
Ÿ Diseñar la Estrategia de la Discapacidad en el Medio Rural.
Ÿ Aprobar un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que contemple las especiales
dificultades de las mujeres con discapacidad (casi el 60%) en los ámbitos laborales,
educativos, de acceso a servicios y, de forma específica, la Violencia de Género.
Educación inclusiva
Ÿ Aprobar un Plan Nacional de Reactivación de la Educación Inclusiva de Personas con
Discapacidad, que contemple planes de atención educativa individualizados que aborden
todas las dimensiones de la persona, incluida la educación sexual en personas con
discapacidad intelectual.
Ÿ Reforzar el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad dirigido a
incrementar el nivel formativo de las personas con discapacidad.
Ÿ Incluir en los planes de estudio universitarios la materia de “accesibilidad universal” en las
carreras que se identifiquen (ingenierías, arquitectura, tecnologías ambientales, trabajo
social…)
Derechos Laborales
Ÿ Elaborar una normativa marco para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en
el marco del nuevo Estatuto de los Trabajadores, que regule, con criterios innovadores, la
nueva realidad laboral de la discapacidad española.
Ÿ Promover la Estrategia de Inclusión Laboral 2015-2020, en favor de las personas con
discapacidad.
Ÿ Potenciar los Centros Especiales de Empleo como instrumentos imprescindibles de
generación de empleo de calidad para las personas con discapacidad, especialmente los
de Economía Social.
Ÿ Recuperar líneas de ayuda en políticas activas dirigidas a la discapacidad, orientadas a
favor de las mujeres con discapacidad y a aquellos casos con más baja empleabilidad.
Ÿ Establecer medidas específicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad en los
pliegos de contratación de bienes y/o servicios de las administraciones públicas.
Ÿ Reforzar las actuaciones de la Inspección del Trabajo en la vigilancia del cumplimiento de
la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad.
Accesibilidad universal: Convivencia sin barreras
Ÿ Introducir en todas las políticas que intervienen en el diseño del espacio público de
convivencia el concepto de accesibilidad universal.
Ÿ Mejorar, mediante un Protocolo de Intervención Temprana, la coordinación y colaboración
entre los servicios de los diferentes ámbitos implicados: salud, educación y servicios
sociales, sistemas de comunicación, desventajas educativas y formativas, barreras físicas
en el diseño urbano, medios de transporte, diseño de edificios públicos o viviendas.
Ÿ Aprobar un Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad a bienes y servicios de las
Administraciones Públicas, en el que se contemple la eliminación de barreras bajo el
criterio de Accesibilidad Universal.
Ÿ Modificar la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal para facilitar las reformas
dirigidas a asegurar la accesibilidad de los edificios.
Ÿ Promover un acuerdo entre las CCAA para destinar recursos a ayudas para la adaptación
de edificios.
Ÿ Crear un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto ejecutado en
obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1% se destine a la
// 222

| EL ESTADO SOCIAL
accesibilidad física y tecnológica, en aplicación de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Ÿ Regular la accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad intelectual, con el
objetivo de que puedan entender e interpretar el entorno.
Ÿ Mejorar la accesibilidad auditiva mediante el diagnóstico precoz y la intervención temprana.
Ÿ Desarrollar la Ley 27/2007 de 23 de octubre, que reconoce y regula los medios de apoyo a
la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Ÿ Facilitar aquellos medios técnicos que permiten la eliminación de barreras a estos
colectivos (audífonos, implantes, etc.)
Ÿ Exigir el cumplimiento de las cuotas de subtitulación, uso del lenguaje de signos y
audiodescripción de las cadenas de televisión públicas y privadas.
Ÿ Promover un plan de transporte accesible, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, que permita la eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas.
Prestaciones Públicas orientadas a la inclusión
Ÿ Compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el ejercicio
de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado de la persona con
la invalidez.
Ÿ Excluir de los ingresos computables a efectos de la carencia de rentas, el importe de las
becas o compensaciones por la realización de prácticas profesionales laborales de
personas con discapacidad.
Ÿ Derogar el incremento del copago en el Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia introducido en esta legislatura, así como el sistema de incompatibilidades.
Revisión de los copagos farmacéuticos.
// 223

| EL ESTADO SOCIAL
EL DEPORTE
1. DÓNDE ESTAMOS
El deporte se define como toda forma de actividad física que mediante una participación
organizada o no, tiene como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica,
el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición de todos
los niveles.
Si las cifras globales en torno al deporte muestran una realidad homologable con nuestro
entorno europeo, la gestión administrativa y política del deporte desde la responsabilidad del
Gobierno no lo es. El deporte en España pasa por graves problemas económicos y
organizativos, multiplicándose los conflictos en todos los sectores, provocados en gran medida
por la falta de liderazgo y de objetivos bien determinados del Gobierno del PP. Los graves
desencuentros en torno a la Licencia Única Deportiva, las inspecciones de trabajo al deporte
base, el ninguneo al COE, o a las Federaciones deportivas no afines, la desaparición de las
ayudas al deporte vía Presupuestos Generales del Estado, o la polarización en torno a los
deseos y prerrogativas de la Liga de Fútbol Profesional, han marcado un recorrido del Consejo
Superior de Deportes y de las políticas deportivas del Gobierno especialmente caótico y
rechazable.
El Gobierno ha ido, por otra parte, devaluando los presupuestos dedicados al Deporte, sin
inversiones, sin ayudas significativas al deporte base, al escolar o al universitario, acudiendo a
la concesión de beneficios fiscales, que no cubren apenas gastos en la mayoría, a la
celebración en España de competiciones internacionales y hundiendo el apoyo al deporte de
élite.
El deporte se considera un elemento cada vez más importante de la educación, debido a que
aporta valores y enseñanzas de gran importancia como el trabajo en equipo, la perseverancia o
la inclusión social.
Por lo que debe inculcarse a edades muy tempranas de manera que llegue a convertirse en un
hábito durante los 10 primeros años de vida.
Al mismo tiempo constituye un elemento de mejora de la calidad de vida de quienes lo
practican, previniendo muchos problemas de salud. Es una alternativa saludable y segura de
ocio para los jóvenes puesto que es un idioma universal que está configurado como uno de los
fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad actual.
Además el deporte es un fenómeno de promoción de nuestra imagen como país hacia el
exterior, sin olvidar su importante peso en nuestra economía, como constata el hecho de que
supone el 3% del Producto Interior Bruto y se ha convertido en un elemento de modernización
industrial y tecnológica.
El deporte es un fenómeno que ha ido adquiriendo una gran relevancia en la sociedad
española, principalmente durante los últimos años en los que hemos asistido a los mayores
éxitos individuales y colectivos de nuestros deportistas en una gran variedad de disciplinas. Ello
ha contribuido decisivamente a generar una cultura deportiva mayor en nuestra sociedad.
Por todo ello la política deportiva del Gobierno se debe abordar desde una perspectiva integral
y plantear una estrategia de objetivos que aspiramos alcanzar como país de cara al año 2025.
El primer compromiso de Gobierno debe consistir en elaborar un Plan Estratégico para el futuro
del deporte español. Con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes del
sector, en el que se delimiten los objetivos estratégicos del deporte, tanto en el gobierno
central, como en las Comunidades autónomas, en aquellas materias que afecten
// 224

| EL ESTADO SOCIAL
transversalmente, al deporte, y sobre todo, sus implicaciones para los agentes y sectores
implicados, dotando a los mismos de mayores competencias, como consecuencia de la
transformación, que ha sufrido el deporte en las últimas décadas. Esto exige como punto de
partida dotar a las políticas públicas deportivas de un doble consenso, político y sectorial,
definiendo así el sistema deportivo hacia el que queremos evolucionar.
En nuestro país, el sistema competencial convierte al deporte en una materia concurrente del
conjunto de administraciones públicas y niveles de gobierno.
Pero también es imprescindible la búsqueda de consenso en el sector, puesto que en torno al
deporte se articula una de las mayores manifestaciones del movimiento asociativo en España,
combinado con colectivos empresariales que tienen en el deporte su principal actividad.
Este doble consenso exige liderazgo y para ello reforzaremos el papel del Consejo Superior de
Deportes.
La Estrategia 2025 se basa en 4 objetivos:
Fortalecimiento de la actividad física en la sociedad e igualdad en el deporte
Nuestro proyecto debe pasar por seguir trabajando para obtener un acceso real a la actividad
física con las máximas garantías de calidad y seguridad. El deporte debe incorporarse a los
hábitos cotidianos de las personas; con nuestros chicos y chicas escolares haciendo ejercicio
físico diariamente de modo frecuente y continuado. Ello será clave para combatir uno de los
principales retos de salud como es la obesidad infantil. La actividad física y el deporte deben
incorporarse plenamente en la prevención primaria y secundaria del sistema público de salud.
Se debe buscar además una igualdad efectiva y real en la práctica deportiva de las mujeres,
así como en las funciones profesionales y directivas de las organizaciones deportivas. Estamos
decididos a romper la asimetría de género en el deporte, ya que como constata la última
encuesta de hábitos deportivos, hay una diferencia de 18 puntos entre la práctica deportiva
entre hombres y mujeres.
Promover e impulsar el acceso de la mujer a los puestos de responsabilidad y decisión en el
deporte, en especial en los órganos directivos de las federaciones deportivas, de forma
proporcional al número de licencias femeninas en cada una de ellas
.
Se hace necesario incentivar las competiciones universitarias y de educación primaria
y secundaria, integrando la actividad deportiva en el día a día de colegios, institutos e
universidades, facilitando así la continuidad de la actividad física, como complemento de la
formación educativa, así como fomentar las actividades deportivas mixtas.
El Ministerio de Sanidad ha prestado escasa atención a la práctica deportiva dentro de la
Estrategia NAOS, ya que sólo ha atendido a las dietas saludables, obviando los 30 minutos de
actividad física, que todos los documentos señalan dentro de la misma. En este sentido,
creemos, que se debe impulsar el área de la actividad física, que ha sido la gran olvidada de la
Estrategia NAOS.
Juego Limpio Deportivo
La UNESCO vincula el concepto de “juego limpio” a la honestidad, la dignidad, el respeto, el
trabajo de equipo y el compromiso como valores esenciales para una adecuada práctica
deportiva.
// 225

| EL ESTADO SOCIAL
Impulso del deporte como factor de crecimiento económico y generación de empleo
La práctica del deporte contribuye a la creación de empleo y al desarrollo económico
sostenible, tanto de la industria como de los servicios.
El deporte de alta competición constituye, por su impacto social, una pujante actividad
económica y aporta valor añadido a otros sectores por su potencial multiplicador como soporte
publicitario.
Consolidación de los éxitos deportivos de España
El éxito que ha conocido el deporte español en los últimos años se ha basado, en buena
medida, en la conceptualización de la política deportiva como una política de Estado y de
consenso político y sectorial. Es importante establecer las líneas de comunicación con las
entidades que desarrollan el deporte base, y conocer sus necesidades. Sin deporte base no
hay éxitos deportivos futuros.
Es imprescindible, por tanto, que se retome el consenso político e institucional en el que los
responsables políticos de los gobiernos autonómicos y los agentes sectoriales en su
ámbito, participen en la toma de decisiones de los principales asuntos que afectan a esta
materia.
3. PROPUESTAS
Ÿ Elaborar una ESTRATEGIA 2025 para el Deporte con cuatro ejes: Fortalecimiento de la
actividad física en la sociedad e igualdad en el deporte; Juego Limpio Deportivo y fomento
de los valores en el deporte; Impulso del deporte como factor de crecimiento económico y
generación de empleo; Consolidación de los éxitos deportivos de España.
Fortalecimiento de la actividad física en la sociedad e igualdad en el deporte
Ÿ Impulsar la regulación del ejercicio profesional del deporte, con el objetivo de proteger la
salud y la seguridad de los consumidores y usuarios de los servicios deportivos, así como
garantizar la calidad en la prestación de los mismos.
Ÿ Acordar con todos los sectores afectados una reformulación de la distribución de la
recaudación del impuesto sobre actividades del juego en todas sus modalidades, más
equilibrada, apoyando al deporte base y al femenino.
Ÿ Devolver a las políticas públicas deportivas un consenso social e institucional y sectorial.
Ÿ Elaborar una nueva Ley del Deporte y del Deporte Profesional, con el máximo consenso de
la ciudadanía, los deportistas, incluidos los que sufren algún tipo de discapacidad, y sus
organizaciones, para alcanzar la transparencia necesaria y las fórmulas democráticas
adecuadas para las organizaciones deportivas e incorporando una regulación profesional
de la actividad física en todos sus niveles.
A. Incluir en la legislación un Estatuto del Deportista que desarrolle sus derechos y
deberes, donde se dé respuesta a la definición del deportista profesional autónomo y
asalariado, a los derechos de imagen, a las licencias profesionales, a las bajas por
embarazo, a los derechos y obligaciones cuando participa en la selección nacional, a
las cotizaciones a la Seguridad Social de los deportistas de élites, a las profesiones
deportivas.
B. Introducir elementos de sostenibilidad económica de las entidades deportivas, la
negociación colectiva y la representación laboral de los deportistas profesionales,
abordar aspectos como el tope salarial o los derechos audiovisuales, así como
establecer mecanismos de resolución de conflictos y de control económico-financiero.
Ÿ Revisar y proponer las alternativas necesarias para regular convenientemente y de acuerdo
con la legalidad vigente en el ámbito laboral y las peculiaridades de cada modalidad
deportiva, las actividades remuneradas que se realizan en el seno de los clubes y
entidades deportivas; así como las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de
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| EL ESTADO SOCIAL
la consolidada red de voluntariado en el deporte, que realizan una labor altruista y cuya
compensación económica por los gastos que ocasiona la actividad desarrollada, en modo
alguno pueden considerarse como salario.
Ÿ Reforzar el papel del Consejo Superior de Deportes, mediante su transformación en un
auténtico órgano rector del Deporte.
Ÿ Impulsar desde el Consejo Superior de Deportes la creación del Consejo de Autoridades
Locales del Deporte, estableciendo mecanismos de cooperación directa en materia
deportiva, entre el gobierno central y las entidades locales.
Ÿ Consolidar un modelo de cooperación entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, respetuoso con las competencias autonómicas y que impida
hechos como la implantación unilateral de la Licencia Única Deportiva, el acoso con ánimo
de derribo del deporte base, el voluntariado deportivo, entre otros, eliminando o
minimizando los conflictos competenciales o solapamientos de funciones entre las
federaciones autonómicas y las estatales, prevaleciendo siempre los intereses generales y
deportivos.
Ÿ Retomar el impulso al Plan Integral de Actividad Física de manera coordinada con las
CCAA, gobiernos locales, organizaciones deportivas, sindicales y empresariales.
Ÿ Impulsar el deporte escolar, extendiendo las actividades deportivas a los centros
educativos. Para ello elaboraremos, en colaboración con las CCAA y los gobiernos locales,
planes de formación de entidades deportivas en los centros educativos y la creación de
competiciones escolares.
Ÿ Fomentar becas a aquellos talentos del deporte para que puedan cursar estudios y seguir
con su progresión deportiva.
Ÿ Fomentar las infraestructuras deportivas de uso público y gratuito e impulsar programas
y planes de adecuación de las infraestructuras que permitan avanzar en obtener un
acceso real a la actividad física con las máximas garantías de calidad y seguridad.
Ÿ Aprobar un plan de igualdad y participación entre mujeres y hombres, en el ámbito
deportivo.
Ÿ Garantizar el equilibrio en las ayudas, becas y convenios económicos públicos para el
fomento de la actividad en los distintos deportes, eliminando cualquier discriminación y
atendiendo exclusivamente a criterios de méritos deportivos y actividad desarrollada.
Ÿ Asesorar al alumnado de primaria, secundaria y bachillerato en la asignatura de educación
física, a través de un plan deportivo para el alumnado que no realiza ningún deporte
base con oferta de actividades de multideporte.
Ÿ Fomentar y difundir el deporte adaptado en todas las categorías.
Ÿ Incentivar desde las administraciones públicas la creación de competiciones de ámbito
territorial (municipal, comarcal, provincial...)
Juego Limpio Deportivo
Ÿ Perfeccionar los procedimientos para eliminar de raíz el dopaje y la violencia en el
deporte.
Ÿ Reforzar los medios y el papel de la Agencia Estatal Antidopaje mejorando la capacidad de
prevención y control a través de la elaboración de un protocolo de colaboración de la
agencia con Jueces, Fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sirva para
formar a operadores jurídicos e institucionales en la lucha contra una de las principales
lacras de nuestro deporte, previniendo el dopaje no solo en el deporte de alto nivel, sino
también en la actividad física cotidiana, así como en las competiciones no profesionales.
Ÿ Elaborar un Plan Nacional de Prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia en el Deporte: que dé cumplimiento efectivo a las disposiciones de la Ley
Orgánica que regula esta materia desde 2007 e incida sobre las medidas preventivas
desarrollando cursos y seminarios para los más jóvenes en colaboración con clubes y
federaciones.
Consolidación de los éxitos deportivos de España
Ÿ Transformar la Conferencia Interterritorial del Deporte en una auténtica Conferencia
Sectorial en la que los responsables políticos de los gobiernos autonómicos participen en la
toma de decisiones de los principales asuntos que afectan a esta materia.
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| EL ESTADO SOCIAL
Ÿ Apoyar e impulsar a las Federaciones Deportivas mediante un Real Decreto de
Modernización y Gobernanza de las Federaciones Deportivas, que defina instrumentos de
mejora de la gestión de las mismas, de aumento de la transparencia en sus relaciones
externas y de formación, así como de fomento de la igualdad de género en sus órganos
directivos.
Ÿ Modernizar el Programa ADO a partir del diálogo institucional y sectorial, para asegurar la
adecuada formación de nuestros deportistas durante el ciclo olímpico.
Ÿ Mejorar el reconocimiento social al deportista.
Ÿ Promover la elaboración de un Plan de Adaptación de los Deportistas Profesionales y de
Alto Nivel, que mejore la regulación en los siguientes aspectos:
o Realizar Convenios con instituciones educativas para adaptar la formación
académica de los deportistas de alto nivel (DAN).
o Reconocer el Estatuto de DAN para obtener una puntuación en el acceso a
diversos cuerpos funcionariales en los que se requieren pruebas físicas.
o Posibilitar la equiparación al Estatuto DAN con un título de formación profesional,
reconociendo la experiencia laboral de los deportistas.
o Crear la Oficina de Tutorización Laboral y Académica de los DAN que los apoye en
su formación académica y laboral.
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| EL ESTADO SOCIAL
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANÍSTICO.
1. DÓNDE ESTAMOS
La liberalización del suelo y la política del todo urbanizable puestas en marcha por el Gobierno
del PP en 1998, junto con la liberalización de las hipotecas (eliminando límites de tiempo y de
porcentajes de renta dedicados a la amortización), además del cambio de tipos fijos a variables
que hizo fácil el acceso al crédito, supusieron el arranque de la burbuja inmobiliaria. En 1997,
año de inicio del auge, el crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador) suponía el
28,4% del PIB de España. En 2007, año del pinchazo de la burbuja, dicha proporción había
ascendido hasta el 102,9% del PIB. La política monetaria era ya competencia
del Banco Central Europeo, que no adoptó ninguna medida para frenar tal aluvión de
financiación, que los bancos obtenían sobre todo en los mercados mayoristas de dinero
El efecto inmediato fue la sobrevaloración de los inmuebles y del suelo, el aliciente
para las recalificaciones urbanísticas por el incremento vertiginoso de los ingresos
municipales, la dinamización del sector inmobiliario, una amalgama de corrupción a
todos los niveles en forma de sobrefinanciación o de pago de obras y paralelamente la
constitución de una bolsa creciente de familias atrapadas por obligaciones
hipotecarias.
Un efecto social negativo fue que los precios de las viviendas crecieron muy por encima de los
salarios. En 1997 el precio de mercado de la vivienda equivalía a 4,3 salarios medios anuales,
y el esfuerzo de acceso era del 28,4% de los ingresos familiares. En 2007, el precio de la
vivienda equivalía a 9 veces el salario medio anual, con lo que el esfuerzo medio de acceso
superaba el 51,2% de los ingresos familiares. Esta proporción implicaba la imposibilidad de
acceso a la vivienda en propiedad mediante préstamo hipotecario a los hogares de nueva
creación
El estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008 no ha afectado a todos por igual: mientras
han surgido nuevas formas de negocio mediante una nueva especulación de un bien
indispensable como es la vivienda que permite se cuenten por millares los edificios construidos,
pero sin vida, que recorren todo el territorio nacional, existen miles de familias se enfrentan a
un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso que, con demasiada frecuencia, concluye con
desalojos y desahucios y el arrastre de deudas que les impiden rehacer su vida.
A 31 de diciembre de 2014 había en España 535.734 viviendas de nueva construcción no
vendidas, cuyo ritmo de reducción es muy moderado y de las que un 30% son de muy difícil
venta por su ubicación. Sareb tiene unos 100.000 inmuebles por vender. Todo ello revela que
se construyeron viviendas por inercia en 1997-2007 sin relación con la demanda efectiva de
viviendas.
El panorama actual en nuestras ciudades es que conviven dos realidades antagónicas: por un
lado, miles de viviendas vacías propiedad de entidades financieras, y por otro lado, miles de
familias sin capacidad de acceso a la vivienda, y que demandan a la Administración que les
garantice sus derechos constitucionales a una vivienda digna.
Tras una Legislatura en la que la perdida de la vivienda y el drama social de los desahucios
han monopolizado el debate público, sigue siendo muy complicado el acceso a la vivienda,
tanto en propiedad como en alquiler.
No debe perderse de vista el papel que ha desempeñado la construcción como motor de la
economía y de la creación de empleo. Una actividad constructiva bien modulada, ajustada a las
necesidades que imperan en la población, no sólo es conveniente sino necesaria para atender
una necesidad básica de la ciudadanía como es el acceso a la vivienda, así como para volver a
ser ese motor que produzca actividad económica en el territorio y con ello se genere empleo en
el segmento de población más castigado durante la crisis. No obstante, se debe ajustar el ritmo
de nueva construcción de viviendas a las previsiones de demanda. Y para compensar esa
ralentización, potenciar las políticas de rehabilitación de edificios para seguir disponiendo de un
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| EL ESTADO SOCIAL
parque que dé respuesta a la demanda ciudadana en todos los segmentos y sectores de
población.
Resulta absolutamente necesaria la formulación de un nuevo modelo territorial y urbano,
apoyado en el modelo de Ciudad Compacta, basado en explícitos criterios de sostenibilidad, y
el principio de accesibilidad universal, que incluya la variable medioambiental y el cambio
climático, el uso racional del suelo y del agua y que esté orientado más a la mejora y
recuperación de la ciudad preexistente y a la puesta en valor de los edificios vacíos, obligando
a cumplir su función social, más que a nuevas ocupaciones mediante la reclasificación del
suelo rústico, tal como se contempla en el epígrafe “Un nuevo Marco Legal para los
Ayuntamientos”.
Para conseguir lo anterior es necesario lograr una menor dependencia de los ayuntamientos
respecto de los ingresos derivados del planeamiento, reforzando las haciendas locales. Se
debe de impulsar sobre todo la rehabilitación de las viviendas existentes para frenar la invasión
de nuevos suelos. El suelo excesivo calificado como de urbanizable residencial debe de ser
objeto de recalificación a su condición previa y debe de pagar un IBI ligado al uso efectivo que
se esté dando al suelo. La garantía de una vivienda digna para todos los ciudadanos pasa por
un verdadero pacto social en el que la lucha contra los desahucios y la protección de la
vivienda, como verdadero núcleo cohesionador de las familias, prevenga la exclusión social, y
aúne los esfuerzos educativos, sanitarios, de empleo y sociales integradores, en general.
Asimismo, resulta imprescindible que se recupere el control por las Administraciones Públicas
de los procesos de desarrollo urbano, y se busque para ello la complicidad de la participación
ciudadana con el fin de asegurar que la iniciativa privada emprendedora contribuya al interés
general.
Necesitamos acciones reales para atajar un problema real, soluciones imaginativas como la
propiedad compartida o el uso temporal que permita a las familias continuar con su proyecto
vital, que gira sobre el hogar y la vivienda familiar.
El desarrollo urbano no es sólo vivienda, también debe estar previsto el espacio para la
industria (cada vez más limpia), las instalaciones técnicas (instalaciones de
telecomunicaciones). Los procesos de participación deben ser activos, las administraciones
deberán realizar consultas públicas dirigidas a todos los interesados y publicar un informe
previo de las necesidades satisfechas gracias al proceso de desarrollo puesto en marcha.
Los socialistas somos muy conscientes de que las medidas adoptadas durante los últimos años
para evitar los desahucios han sido insuficientes. Lo fueron las aprobadas la legislatura
pasada, como el aumento de las garantías para los consumidores que solicitaran préstamos
hipotecarios (abril 2009), el aumento de los ingresos inembargables hasta el 150% del SMI, o
la elevación del límite mínimo de adjudicación del bien hasta el 60% del valor de tasación en
los procedimiento de subasta (julio 2011). Y más aún lo están siendo las adoptadas por el
Gobierno del PP como lo demuestran el escuálido Código de Buenas Prácticas (CBP), el hasta
ahora escaso uso del Fondo social de Viviendas, creado en la D.A. 1ª de la Ley 1/2013 o una
Ley de Protección de Deudores Hipotecarios que no resuelve eficazmente los problemas reales
de la gente.
Los objetivos básicos de la política de vivienda serán los siguientes:
1º: Favorecer el acceso a la vivienda, con un esfuerzo nunca superior a la tercera parte de los
ingresos familiares, a los hogares con niveles bajos y reducidos de ingresos. Dicho acceso
podrá ser en propiedad o en alquiler, empleando vivienda nueva o usada, según circunstancias
de los mercados locales de vivienda.
2º: Facilitar alojamiento a los hogares desahuciados como consecuencia de sentencias de los
procedimientos de ejecución hipotecaria y por el impago del alquiler
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| EL ESTADO SOCIAL
Equilibrar la balanza evitando el debilitamiento de los inquilinos, eliminar las listas negras de
deudores, mantener las ayudas a la entrada, subsidiaciones de préstamos (que afectan a
300.000 familias que ya la venían percibiendo) y de renta básica de emancipación (la perciben
200.000 jóvenes). Las actualizaciones anuales del alquiler se efectuarán con las variaciones
correspondientes del Índice de Precios de Consumo. Modificación del artículo 13.1 de la nueva
normativa sobre alquileres (Ley 4/2013, BOE de 5 junio de 2013), impidiendo la resolución del
contrato de alquiler por incumplimiento de las obligaciones por parte del arrendador.La
construcción de viviendas ha sido utilizada durante muchos años como colchón del desempleo
del país, manteniendo procedimientos de construcción ineficientes, poca cualificación de los
trabajadores y, en consecuencia, el alejamiento de un tratamiento industrial en un sector clave
de nuestra economía, con el resultado de que nuestro parque de viviendas sea, en general, de
escasa calidad. Debemos revertir este proceso, potenciando la I+D+I, con el objetivo de
disponer viviendas más eficientes, económicamente accesibles, confortables y durables.
De igual modo, debemos recuperar la Vivienda de Promoción Pública y evitar la venta
especulativa de los parques públicos municipales de viviendas. La vivienda de promoción
pública debe de destinarse preferentemente al alquiler. Las viviendas protegidas de nueva
construcción han desaparecido del mercado por el cierre de la financiación crediticia al
promotor de este tipo de viviendas. Las entidades de crédito deben de financiar a largo plazo a
los promotores públicos de viviendas protegidas. El ICO deberá de garantizar una proporción
de la financiación, vía préstamos hipotecarios, de los objetivos de política de vivienda
protegida. Se debe de establecer en el planeamiento urbano una reserva de suelo suficiente
con destino al parque de viviendas de alquiler. Será imprescindible restablecer las reservas de
suelo para vivienda protegida o equivalente en el planeamiento urbanístico y el porcentaje
público de plusvalías que corresponde a la administración local.
El gobierno debe de coordinar la gestión de la política de viviendas protegidas por las CCAA,
estableciendo la correspondiente dotación presupuestaria para desarrollar una nueva política
de vivienda.
3. PROPUESTAS
Derecho a la vivienda
Ÿ Proponer la redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución, para garantizarlo de
manera efectiva.
Ÿ Promover un paquete de medidas destinadas a la rehabilitación de viviendas en las
Comunidades Autónomas, especialmente las de renta antigua, abandonadas, y situadas en
cascos antiguos de los municipios de las mismas que sean alquiladas a jóvenes o
adquiridas por jóvenes en régimen de propiedad, o alquiler con opción a compra. De esta
forma reavivaremos y modernizaremos los centros históricos, favoreciendo la creación de
nuevos espacios sociales y comerciales.
Ÿ Establecer un sistema que permita la compra en ejercicio de retracto por las
administraciones públicas, de aquellas viviendas protegidas, o cuyas características así lo
aconsejen, en un ejercicio de protección de las familias en determinadas zonas y bajo
determinadas premisas. El registro de la propiedad deberá reflejar la verídica situación
jurídica de un inmueble en todos los aspectos fundamentales que podrían afectar a la
titularidad y uso del mismo.
Ÿ Establecer la eliminación automática por parte de las entidades financieras y sin previa
exigencia del titular de una hipoteca de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.
Ÿ Procurar la permanencia en sus casas de quienes más están sufriendo la crisis económica,
y poner fin a estos desahucios.
Ÿ Facilitar la renegociación de las deudas con mediación pública y, en el caso de no poder
salvar la pérdida de la vivienda, evitar que esa pérdida arrastre además una deuda de por
vida.
Ÿ Reformar la ley de segunda oportunidad para, por un lado, permitir al juez paralizar la
ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea
imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio
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| EL ESTADO SOCIAL
establecido para la concesión del préstamo. Para ello será necesario modificar el Real
Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción
de carga financiera y otras medidas de orden social, optando por un modelo de segunda
oportunidad alternativo al contenido en dicha norma. Excluir de la ejecución de los avales
que se hayan podido producir en estos casos la vivienda habitual del avalista. También
incluiremos los siguientes aspectos: (i) eliminaremos el periodo de 5 años en el que las
deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas; (ii) daremos a los créditos públicos un
tratamiento similar al que gozan las entidades mercantiles en los concursos; (iii)
reduciremos los requisitos o condicionantes para poder acceder a la exoneración del
pasivo insatisfecho de la persona natural; iv) otorgaremos facultades al juez para valorar la
actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable por los
bancos; v) protegeremos la situaciones de colectivos especialmente vulnerables, por
ejemplo, si el deudor tuviese a cargo a un menor de edad o a una persona en situación de
dependencia para paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no
dolosa; vi) en estos casos y si fuese necesario, promoveremos la puesta a disposición de la
familia de una vivienda en régimen de alquiler social procedente del parque
público existente; vii) cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre la vivienda
habitual del deudor, aprobaremos que el valor de tasación del bien a efectos de la
ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de
tasación que sirvió para la concesión del préstamo. Abogamos por la figura del Convenio
de Acreedores con intervención de notario o autoridad judicial e impediremos por ley la
venta de deudas contraídas por los consistorios a fondos buitre en defensa del derecho
constitucional de acceso a la vivienda.
Ÿ Crearemos una oficina central anti desahucios que coordine la creación de oficinas por
todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento.
Ÿ Poner a disposición de la familia que haya aplicado la dación en pago una vivienda en
régimen de alquiler social.
Ÿ Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia
de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se
les facilite una vivienda en régimen de alquiler a un precio acorde a sus circunstancias
económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda
pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
Ÿ Restaurar los derechos de quienes adquirieron viviendas de promoción pública y de
aquellos afectados por tipos de interés en la adquisición de vivienda hoy no referenciados.
Ÿ Mantener los planes plurianuales de vivienda, ejecutados por las comunidades autónomas
y coordinados desde el gobierno. En los mismos se contemplaran ayudas para las
viviendas protegidas, una vez actualizado dicho tipo de instrumento de la política de
vivienda. Los planes plurianuales deberán tener apoyo presupuestario, superando la
anomalía que ha supuesto el Plan 2013-16, que no ha tenido apenas dotación
presupuestaria, con lo que en la práctica no ha habido política de vivienda en el periodo
2012-2015.
Ÿ Promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de
agua, luz y gas para impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de
vulnerabilidad por impago. Antes del corte del suministro se comunicará a la Administración
competente que en todo caso podrá mediar entre las partes.
Ÿ Crear un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho a techo de la
ciudadanía que se vea privada de él. Los ayuntamientos podrán disponer de viviendas
dentro de los parques de viviendas sociales de gestión pública.
Ÿ Asimismo, crear un fondo social de gestión pública destinado a combatir la pobreza
energética, cubriendo los gastos de las familias vulnerables.
Vivienda social
Ÿ Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida preferentemente en alquiler, con precio
de referencia tasado objetivamente, al margen del precio de mercado de la vivienda libre,
bajo estricto control público en la selección del destinatario de menores rentas y en el
seguimiento de su ocupación, estableciendo un esfuerzo razonable para toda la
ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en el máximo de un tercio
de la renta familiar disponible, así como estableciendo su calificación de protegida con
// 232

| EL ESTADO SOCIAL
carácter permanente. Los hogares destinatarios de las viviendas protegidas no deberán
tener ingresos superiores a los 3,0 IPREMs (1.863,9 euros/mes).
Ÿ Crear parques municipales de gestión pública de viviendas de alquiler social o al régimen
de derecho de superficie, a través de agencias regionales y locales , al que se podrán
incorporar las procedentes del stock de vivienda nueva sin vender o desocupada, previa
negociación con el propietario, las incluidas en inmuebles desocupados y rehabilitados, las
que, como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria con posterior desahucio,
hayan pasado a ser de titularidad de las entidades de crédito que estén participadas por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y no hayan sido posteriormente enajenadas
y las adquiridas por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración
Bancaria (Sareb).La negociación con Sareb deberá hacerse respetando los compromisos
de esta entidad de devolución de la deuda con la que adquirió la vivienda cedida.
Ÿ Incrementar progresivamente el peso del parque de vivienda pública, dentro del parque
total de vivienda.
Promoción del alquiler
Ÿ Ampliar el plazo de duración del alquiler como mínimo hasta 4 años a petición del
arrendatario.
Ÿ Revisar la regulación de las resoluciones de los contratos de alquiler basadas en retrasos o
impagos en el abono del arrendamiento, garantizando los derechos del arrendador a recibir
el alquiler acordado y la protección del arrendado, y también articulando sistemas de
mediación para los supuestos de insolvencia sobrevenida.
Ÿ Mantener la desgravación en el IRPF del 60% del importe obtenido por el arrendador, una
vez deducidos los gastos y reintroducir las desgravaciones fiscales al alquiler para las
rentas más bajas.
Ÿ Establecer garantías para el cobro de los arrendamientos y medidas de protección de los
mismos en los casos de insolvencia sobrevenida, lo que estimularía una mayor oferta de
vivienda de alquiler.
Ÿ Imponer una tasa transitoria sobre las viviendas desocupadas que mantienen las entidades
financieras fruto de los desahucios para incentivar su oferta como viviendas en alquiler.
Ÿ Mantener las ayudas al alquiler en los niveles de la etapa del Gobierno anterior.
Rehabilitación
Ÿ Desarrollar un Programa de Rehabilitación Sostenible de Viviendas, Edificios y Entornos,
que alcance al menos 200.000 viviendas y que incluya por sistema estudios y soluciones
de eficiencia energética y accesibilidad a todas las viviendas.
Ÿ Derogar las disposiciones de la Ley de Rehabilitación que impiden la incorporación de
familias de menor renta (2´5 IPREM).
Ÿ Crear líneas ICO para las actuaciones de rehabilitación y renovación en viviendas
individuales, especialmente en el medio rural, así como para las intervenciones en edificios
y en áreas urbanas degradadas, así como la construcción de nuevas viviendas protegidas
destinadas a integrar el parque público de viviendas en alquiler.
Ÿ Destinar estas líneas ICO en especial a mejorar la accesibilidad y a propiciar el ahorro
energético.
Ÿ Desarrollar un programa nacional, en colaboración con las Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos, para dotar de ascensores a edificios que no dispongan de los mismos y así
se dé respuesta a familias que tengan limitada la movilidad de sus mayores o de sus
miembros con alguna discapacidad, y carezcan de medios para su instalación.
Ÿ Fomentar la liberación de suelo perteneciente a Defensa no utilizado para la construcción
de viviendas sociales, de acuerdo con la planificación urbana de la ciudad compacta.
Ÿ Medidas fiscales de apoyo. Se estudiará una acomodación del tipo de IVA aplicable para
potenciar los procesos de rehabilitación y de regeneración urbana calificados como
protegibles.
// 233

| EL ESTADO SOCIAL
Participación Ciudadana y Transparencia.
• Potenciar los procesos de Participación Ciudadana en los procedimientos de
información pública del Planeamiento aplicando instrumentos, tanto
tradicionales como informáticos, de explícita divulgación social.
• Establecer en los procedimientos de información pública aplicables a los
procesos de reclasificación (paso de rústico a urbanizable) y de recalificación
de suelo (cambio de uso y/o incremento de edificabilidad) la obligación de
exponer las variaciones económicas producidas en dichos procesos como
medidas de explícita transparencia para conocimiento de la ciudadanía con la
finalidad básica de impedir la especulación y los eventuales procesos de
corrupción.
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NUESTRA VISIÓN
DE ESPAÑA EN
EL MUNDO

| NUESTRA VISIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO
NUESTRA VISIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO: UNA ACCIÓN
EXTERIOR DIRIGIDA A LAS PERSONAS
Tenemos un proyecto para España que debe estar sólidamente vinculado a nuestro entorno
exterior por dos motivos. En primer lugar, porque nuestros valores de paz, democracia,
progreso o sostenibilidad no se agotan en las fronteras y, en segundo, porque solo será posible
avanzar en ese proyecto si estamos bien conectados con el resto de Europa y del mundo. Las
interdependencias son tales, además, que nuestro bienestar depende de que ambas
dimensiones vayan en paralelo; es decir, proyectarnos más y contribuir a un mundo mejor para
tener un país mejor. Nuestra política exterior es un instrumento imprescindible para alcanzar
todos los demás objetivos del programa y sitúa a la ciudadanía en el centro de su acción. Se
trata de una política pública al servicio de los intereses y necesidades de las personas. Por
tanto participa de la necesidad de plena transparencia y constante rendición de cuentas, pero
además, como tal política pública adquiere pleno sentido con su proyección social.
A los ciudadanos y ciudadanas se dirigen, en primer lugar, el conjunto de acciones que
proponemos en defensa de la paz y la estabilidad en el mundo, la promoción y defensa de los
derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la cooperación internacional al
desarrollo y la lucha contra la pobreza, la gobernanza de la globalización económica o nuestra
respuesta al fenómeno de los flujos migratorios.
Esa es también nuestra visión para el proceso de construcción europea y para su lugar en el
mundo. Queremos una Europa que represente al conjunto de países europeos con una voz
coordinada en el mundo. Una voz exterior que sea coherente con los valores que encarna esta
Unión, las políticas sociales que sostienen nuestro estado de bienestar, la solidaridad y la
cohesión social.
España debe defender sus intereses en el exterior, los de sus empresas y el conjunto de la
sociedad civil, mediante la aplicación eficiente de sus instrumentos de diplomacia económica y
cultural, buscando una mayor sinergia y complementariedad externas de la política económica,
energética, educativa, científica o cultural. Eso permitirá además proyectar al mundo una
imagen atractiva de lo que queremos ser como país.
El PSOE denuncia la situación actual de la cooperación al desarrollo española, que ha caído a
niveles por debajo de los años noventa, lo que refleja la concepción del PP como una política
caritativa para años de bonanza económica. Pondremos en práctica una política de
cooperación previsible para los receptores, sostenible en el tiempo, fundada en la igualdad de
todos los hombres y mujeres y en la exigencia del respeto a sus derechos fundamentales.
El PSOE quiere una España que abandere las iniciativas a favor de un mundo sostenible. La
coherencia de nuestra política interior nos permitirá influir en los foros internacionales con
propuestas exigentes. Debemos aprovechar los resultados de la cumbre de Paris sobre
Cambio Climático en diciembre de 2015 avanzando en un compromiso vinculante y definitivo
para la reducción de emisiones contaminantes que incluya a las grandes potencias. Es nuestra
responsabilidad con los ciudadanos y ciudadanas que vivirán en el mundo en las próximas
generaciones.
Los flujos migratorios son uno de los mayores desafíos globales que tendremos en este siglo.
La situación en el Mediterráneo es ante todo un drama humanitario. El gobierno del Partido
Popular no ha estado a la altura, situándonos a la cola de los países europeos en la concesión
de estatutos de refugiados. El PSOE se compromete a restablecer una política justa en las
fronteras, a flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar la política de integración y a
proteger a las personas que huyen de la persecución, a las que ampara el derecho
internacional.
El PSOE está comprometido, asimismo, en seguir trabajando para mejorar los derechos de la
ciudadanía española en el exterior que durante el gobierno del PP han sido olvidados.
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La puesta en práctica de nuestra acción exterior debe ser un esfuerzo compartido al que deben
incorporarse todas las administraciones públicas y la sociedad civil y en el que debe tener un
papel destacado el Congreso de los Diputados. La política exterior que queremos se dirige a la
ciudadanía, y se decide con la ciudadanía.
España afronta 10 desafíos principales en materia de política exterior:
1) España debe ganar presencia internacional y ser un referente en la Unión Europea y
en el mundo.
El futuro de España se juega en un mundo globalizado. Con el PSOE, España volverá a
dedicar más recursos e interés a los asuntos internacionales y asumir así la influencia que le
corresponde por su población, economía, cultura e historia. Nuestro país se implicará
activamente en todos los foros en los que se decidan aspectos que afecten a nuestra
ciudadanía y asumirá su responsabilidad con ideas, propuestas y trabajando conjuntamente
con el resto de miembros de la Comunidad Internacional. Volveremos a ser referentes en
solidaridad internacional, promoviendo y defendiendo los Derechos Humanos y fomentando la
cooperación al desarrollo. Queremos proyectar una imagen más atractiva, que sea el reflejo de
los esfuerzos públicos y de la sociedad civil por presentar ante el mundo nuestros valores y
personalidad. Una imagen en la que a la ciudadanía le guste verse reconocida: tolerancia,
talento, modernidad, igualdad de género, solidaridad.
2) Reforzar el liderazgo de la Unión Europea en la gestión de la globalización.
La Unión Europea es indispensable para nuestra prosperidad y nuestra seguridad, para la
defensa de la Paz y los Derechos Humanos, para la promoción de la democracia y para
garantizar el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. El mundo necesita a la Unión
Europea para gobernar la globalización. Por ello, debemos asegurar que la UE tenga
capacidades básicas para dar respuesta a cualquier crisis, de cualquier naturaleza.
Contribuiremos a que la UE se implique decididamente en la lucha internacional contra el
terrorismo y el tráfico ilegal en todas sus modalidades. La Unión debe ser el actor central en
nuestras vecindades sur y este.
3) Contribuir a un orden internacional que sea más seguro, equilibrado y sostenible.
Ni la UE, ni mucho menos España están en condiciones de afrontar por sí solas las amenazas
violentas, la pobreza o la agudización de las desigualdades globales, las turbulencias
económicas y financieras, los retos energéticos y el cambio climático, o las epidemias y
pandemias. España contribuirá desde la Organización de Naciones Unidas, así como desde el
G20 y otros foros, a reformar y fortalecer las instituciones de gobernanza global para que sean
instrumentos eficaces ante esos desafíos y avancemos hacia un orden internacional basado en
el derecho. En tanto que seña de identidad del PSOE, nuestro Gobierno apostará
decididamente por el multilateralismo que representa el sistema de Naciones Unidas.
4) Fomentar el progreso y la seguridad compartidos.
Cuanto más justo, próspero y seguro sea el mundo, más lo será España. Y eso es
particularmente importante en los distintos ámbitos regionales a los que pertenecemos, donde
debemos defender una visión propia y tener más capacidad de acción. Nuestro futuro está
directamente unido al del resto del Mediterráneo. Participaremos activamente en el desarrollo y
la estabilidad del Norte de África, el Sahel y Oriente Medio. Ante la amenaza yihadista,
ofreceremos respuestas adecuadas que incluyan medidas decididas que atajen la violencia y
garanticen la seguridad, pero también mediación, diálogo y desarrollo para llegar a las causas
más profundas. Profundizaremos en la comunidad de valores e intereses compartidos con los
países latinoamericanos para que contribuya a nuestro desarrollo común y nos aporte valor
añadido en nuestra proyección global. Por la privilegiada posición española, defendemos la
conformación de un gran espacio atlántico en sus cuatro orillas: Europa, África y las dos
Américas.
// 237

5) Luchar contra la desigualdad
Cerca del 80% de la población mundial no cuenta con protección social integral, el 12% padece
hambre crónica y cerca de la mitad de los trabajadores tiene empleos precarios o informales.
Las 85 personas más ricas del planeta poseen la misma riqueza que los 3.500 millones de
pobres, la mitad de la población mundial. España debe ayudar a revertir esta situación. El
Gobierno socialista reconstruirá la política pública de cooperación que el PP ha desmantelado.
Nuestro esfuerzo se centrará en los países menos desarrollados y en la cobertura de las
necesidades sociales básicas.
6) Ganar competitividad a través de la internacionalización y la innovación.
La crisis nos ha demostrado la importancia de un buen encaje con el exterior sobre la marcha
de la economía. La acción exterior debe ser particularmente activa en la dimensión económica
y, además de contribuir a un entorno mundial de crecimiento y la estabilidad, debe ayudar a la
internacionalización del modelo productivo y del sistema científico-tecnológico. La promoción
comercial de nuestras empresas y la inversión extranjera deben vincularse especialmente a
una apuesta por el talento que, de manera más amplia, se refiere también a una política
educativa que conecte mejor a la ciudadanía del futuro con la globalización y a una política
cultural que ponga aún más en valor nuestras fortalezas: una lengua global, un patrimonio
cultural y un talento muy apreciados fuera de nuestras fronteras.
7) Articular mejor nuestra política energética con los desafíos globales.
España debe convertir una debilidad, nuestra elevada dependencia energética, en una
oportunidad que incida simultáneamente en un suministro mejor garantizado, competitividad y
sostenibilidad. En esa apuesta, es fundamental que la política energética esté bien vehiculada
a través de una acción exterior que contribuya a una mejor gobernanza energética y climática
mundial. Además, deben diversificarse fuentes –tanto externas como internas a partir de las
energías renovables- y mejorar infraestructuras de interconexión que podrían convertir a
España en un nodo europeo y mundial de primer orden.
8) Establecer un marco adecuado para responder a las necesidades de la ciudadanía en
el exterior
Desde enero de 2012, más de 1.300.000 personas, en su mayoría jóvenes, han salido de
nuestro país buscando las oportunidades y empleos que aquí no encuentran. Una población
muy capacitada se está yendo fuera debido a la pobreza y la desigualdad que han generado
los recortes del PP. Mejoraremos los derechos de la ciudadanía española en el exterior.
Eliminaremos el voto rogado. Recuperaremos el sistema sanitario universal. Reorganizaremos
el servicio exterior para ponerlo a su servicio.
9) Responder adecuadamente al fenómeno migratorio.
El Mediterráneo está viviendo una grave crisis humanitaria. El aumento de la violencia en Siria,
Libia, Mali y otros países africanos ha provocado millones de desplazados y cientos de miles
de ellos se encuentran a orillas del Mar Mediterráneo. En los últimos dos años han muerto más
de 5000 personas intentando cruzarlo. Los y las socialistas haremos una apuesta seria por la
cooperación migratoria con los países de origen, tránsito y destino. Asimismo, garantizaremos
el respeto absoluto de los Derechos Humanos, reconociendo efectivamente el derecho de asilo
y refugio, asegurando la efectiva protección internacional de aquellas personas que lo
necesiten, retirando las concertinas de nuestras fronteras y rechazando las devoluciones en
caliente. Seremos implacables con las mafias que trafican con seres humanos. Seguiremos
trabajando para integrar mejor a las personas inmigrantes y refugiadas que ya están entre
nosotros y nosotras, y a quienes lo estarán en el futuro, pues la inmigración es una oportunidad
para el enriquecimiento cultural, el respeto mutuo y la integración social en torno a los valores
democráticos y constitucionales.
// 238

10) Una acción exterior al servicio de los Derechos Humanos.
España debe contribuir, política y económicamente, a fortalecer el sistema universal de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, asumiendo un papel de liderazgo en todos los
órganos. Actualizaremos el Plan español de Derechos Humanos y mantendremos nuestro
compromiso con la erradicación mundial de la pena de muerte.
// 239

ESPAÑA EN UN MUNDO GLOBALIZADO
1. DÓNDE ESTAMOS
El futuro de España se juega en un mundo globalizado. Los centros de poder político y
económico son cada vez más heterogéneos. La diversidad social, la riqueza cultural y
lingüística, la innovación y la pujanza de nuestra sociedad permiten que España pueda jugar un
papel influyente en la globalización. Nuestra presencia en el mundo buscará contribuir a la
justicia y la prosperidad defendiendo nuestros legítimos intereses y proyectando nuestros
valores.
Los grandes desafíos que tenemos por delante requieren instancias globales o multilaterales
que los puedan liderar. Por ello, la acción exterior de España y de la Unión Europea son claves
para preservar nuestro modelo de sociedad y de bienestar. Cuanto más justo, próspero y
seguro sea el mundo, más lo será España. La política exterior es fundamental para defender
nuestros legítimos intereses y para proyectar nuestros valores. Para reducir las desigualdades,
para ser competitivos e innovadores, para hacer frente a las amenazas terroristas de toda
índole, para canalizar los movimientos migratorios, para enfrentarse a las epidemias y
pandemias, para garantizar la sostenibilidad medioambiental y el aprovisionamiento energético
España necesita presencia y acción internacional. Para construir la España que queremos,
tenemos que actuar también en el exterior, en un entorno volátil e inestable.
Con el gobierno del PP España ha perdido peso y presencia internacional y ha retrocedido
hasta la irrelevancia. Al gobierno del Partido Popular le ha preocupado más España como
Marca que España como país. Por ello, nuestro país no está jugando un papel acorde con su
peso y su responsabilidad. España ha retrocedido hasta la irrelevancia en materias en las que
éramos referentes mundiales como la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la
pobreza. Hemos estado ausentes de citas y foros internacionales en los que nos iba mucho en
juego. Se ha aprobado una Ley de Acción Exterior y de Servicio Exterior precipitadamente y sin
consenso. Esta ley no sirve ni a la realidad ni a la pluralidad de nuestro país, ni responde a los
objetivos estratégicos comunes para la acción exterior. En esta legislatura se ha
desaprovechado un formidable instrumento para defender nuestro modelo de sociedad y de
bienestar y para hacer frente a la crisis económica.
Los hombres y mujeres socialistas nos comprometemos a que la política exterior se dirija a la
ciudadanía y se guíe por la defensa de sus intereses y sus valores. En ese marco, queremos
que la acción exterior sea una política de estado con vocación de permanencia. Los y las
socialistas tenemos la ambición de que España sea activa, relevante e influyente en la Unión
Europea y en el mundo y de que eso redunde en beneficio de toda la ciudadanía. Queremos
que España sea actor y no mero espectador en la gestión de la globalización. Nuestro país
debe participar decisivamente en todos los ámbitos internacionales y ayudar a gestionar la
globalización.
Nuestra política exterior tendrá 6 objetivos:
• la construcción de la paz y la seguridad;
• la defensa de los derechos humanos;
• la lucha contra la pobreza y la desigualdad;
• la creación de un sistema económico justo y sostenible, enfatizando la lucha
internacional contra la corrupción, el blanqueo, la evasión y los paraísos fiscales;
• la preservación del medio ambiente;
• el avance de los intereses de España como Estado plural y de su ciudadanía.
Guiados por esos objetivos, actuaremos prioritariamente en 3 dimensiones:
• en la Unión Europea, porque la política exterior de nuestro país alcanza su máxima
proyección cuando lo hace junto con la de la Unión;
// 240

• en aquellas regiones donde podamos fomentar el progreso y la seguridad compartida:
América Latina, Magreb, Sahel, Oriente Medio y el Atlántico;
• en las instituciones multilaterales para construir un mundo más equilibrado y
sostenible.
Por una Unión Europea con liderazgo
La Unión Europea es una potencia indispensable para la defensa de la Paz, de los Derechos
Humanos y del Estado de Derecho. Es igualmente insustituible para garantizar un desarrollo
sostenible y para luchar contra la pobreza. Para gobernar la globalización, para construir un
mundo próspero, seguro y solidario necesitamos que la voz de la Unión Europea se oiga con
más fuerza en el mundo.
España puede volver a liderar el impulso de construcción de la UE. Las aportaciones realizadas
bajo gobiernos socialistas a lo largo de tres décadas figuran entre las más relevantes y
exitosas, en especial la ciudadanía europea y la política de cohesión. Debemos culminar una
Europa federal, más democrática, social, solidaria y globalmente relevante. Esa Europa es el
medio para superar la austeridad y los repliegues nacionalistas y populistas. La división entre
Estados miembros debilita la diplomacia europea. Nuestro objetivo es que la política exterior de
la UE esté en consonancia con su capital humano, su peso económico y los valores que
representa.
Fomentar el progreso y la seguridad
En un mundo globalizado, interconectado e interdependiente el crecimiento económico, el
progreso y la seguridad no dependen sólo de políticas y decisiones nacionales. Las soluciones
a la amenaza yihadista y al reto de los movimientos migratorios pasan también por el desarrollo
y la estabilidad en el Norte de África, el Sahel y Oriente Medio. El crecimiento económico y la
proyección de nuestros valores comunes se reforzarán si damos nuevo impulso a nuestra
relación con América Latina y dinamismo al espacio Atlántico.
El Mediterráneo es el mar que tiene las dos orillas más desiguales del planeta. La pobreza, el
paro y la falta de oportunidades de la orilla sur alientan la violencia, la radicalización y la
inestabilidad. El desarrollo y la estabilidad del Norte de África, el Sahel y Oriente Medio serán
prioritarios para nuestra política exterior.
La aparición del autodenominado Estado Islámico y la violencia yihadista contra valores e
intereses comunes necesitan respuestas adecuadas que incluyan medidas decididas para
garantizar la seguridad pero también diálogo y mediación. Nuestra acción exterior favorecerá la
comprensión mutua y el entendimiento entre países y sociedades. La Alianza de Civilizaciones,
asumida por Naciones Unidas, será un instrumento privilegiado así como los demás
instrumentos multilaterales de los que España forma parte y que favorecen el diálogo
interreligioso e intercultural. Trabajaremos para mantener las mejores relaciones con los países
de mayoría musulmana. Nuestro objetivo será, en todos los casos, promover los derechos
humanos, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo económico. Sin esos elementos
no puede haber ni desarrollo, ni estabilidad a largo plazo.
América Latina es imprescindible para España en todos los ámbitos. Con los países
latinoamericanos formamos una Comunidad de valores e intereses que contribuye a nuestro
desarrollo común y nos aporta valor añadido en nuestra proyección global. En los últimos
años, la región ha experimentado un considerable desarrollo económico y social con creciente
protagonismo de su sociedad civil. Al mismo tiempo, se ha desarrollado una nueva
arquitectura de cooperación e integración regionales en torno a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños y a espacios subregionales como el SICA, UNASUR,
MERCOSUR, ALBA o la Alianza del Pacífico. Nuestra política latinoamericana responderá a los
principios de igualdad, lealtad y respeto. Queremos superar la etapa de tensión del gobierno
del PP con algunos países de la región. Mantendremos y trabajaremos por las mejores
relaciones posibles con cada uno de ellos, en el marco de los valores que nos son comunes.
Hay que ir más allá de lo económico y recuperar la importancia central de la política, así como
// 241

avanzar en los campos social, del conocimiento y cultural. El esfuerzo hacia América Latina
tiene que ser de todo el Gobierno, con mayor presencia de nuestros responsables políticos.
El Atlántico, eje durante muchas décadas de las relaciones económicas y políticas mundiales,
está perdiendo centralidad frente a otras regiones del planeta. Europa mira cada vez más hacia
el Este y el eje Asia-Pacífico es una realidad dinámica y creciente. Para España, un Atlántico,
tanto norte como sur, consolidado como área de paz, seguridad, cooperación y progreso es de
vital importancia. Por ello, contribuiremos a generar un espacio económico y cultural más unido
que impulse los derechos humanos, el comercio, la cultura y la educación. En esa línea,
España influirá en la Unión Europea para que tanto América Latina como África constituyan
verdaderas prioridades de su política exterior. Consideramos que las relaciones transatlánticas
entre Estados Unidos y la Unión Europea son de la mayor trascendencia. Estados Unidos es el
socio estratégico imprescindible de la UE. En ese marco, nuestra aspiración es la de ampliar
sustancialmente el horizonte de nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Hacia un mundo equilibrado y sostenible
La crisis económica y financiera, la agudización de las desigualdades, el cambio climático, el
terrorismo y la delincuencia transnacional organizada son fenómenos que ningún país está en
condiciones de afrontar por sí solo. España contribuirá a reformar las instituciones de
gobernanza global para que sean instrumentos eficaces ante esos desafíos y para mejorar su
representación democrática. Nuestra pertenencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
durante los años 2015-2016, nos ofrece una plataforma única que debemos utilizar.
Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas serán guía de nuestra acción exterior. La lucha contra la pobreza y la
desigualdad, la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos son los
medios más eficaces para construir un mundo más justo, más equilibrado y más sostenible. Por
ello, el desarrollo de África, la atención a los movimientos migratorios desde y en ese
continente y a las enfermedades que lo azotan serán elementos básicos de nuestra acción
exterior. El rápido cambio y desarrollo de Asia, así como su creciente papel en la gestión de la
globalización plantean grandes oportunidades y desafíos a nuestra acción exterior en materia
comercial, medioambiental y de Derechos Humanos, en especial con China. Alcanzar una más
estrecha relación con los países asiáticos pasará a ser una variable de nuestra política exterior.
Este será el objetivo de España en su participación en el proceso Asia-Europe Meeting
(ASEM).
Los Derechos Humanos serán un eje fundamental de nuestra política interna e internacional. El
Gobierno del PP nos ha llevado a retroceder, en este campo, relegando el Plan de Derechos
Humanos que el gobierno socialista puso en marcha. Las luchas contra la pena de muerte y
contra la discriminación por razón de género tendrán un lugar preeminente.
3. PROPUESTAS
Contribuir a un mayor liderazgo de la UE en la gestión de la globalización
• Asegurar que la UE tenga todas sus capacidades básicas para dar respuesta a
cualquier crisis, de cualquier naturaleza.
• Promover que entre las prioridades de la política exterior de la UE se incluya a América
Latina y el Mediterráneo.
• Implicar a la UE más decididamente en la lucha internacional contra el terrorismo y el
tráfico ilegal en todas sus modalidades, incluida su financiación.
• Promover la cohesión social y el diálogo interreligiosos e intercultural como medidas no
militares para hacer frente a los movimientos extremistas que amparan la violencia.
• Trabajar en el seno de la UE para solucionar el conflicto en Ucrania sobre la base del
respeto a su integridad territorial y al Derecho Internacional. Ello facilitará el
restablecimiento del diálogo de la UE con la Federación de Rusia para construir un
marco de cooperación a largo plazo beneficioso para ambas partes.
// 242

• Reforzar la figura del Alto Representante, para que pueda ejercer sus
responsabilidades de forma más ágil y eficaz.
• Dotarnos de una estrategia para que la presencia de españoles y españolas en las
Instituciones Europeas y en el Servicio Europeo de Acción Exterior sea acorde con
nuestro peso como país.
• Reforzar los recursos materiales y humanos del Servicio Europeo de Acción Exterior
que potencie una política exterior europea con una única voz, definiendo de manera
más clara su composición, prioridades y funciones, entre las que solicitaremos que se
incluya la protección consular y la gestión de visados comunitarios.
• Potenciar a la UE como un actor exterior, por lo que un Gobierno de la Eurozona tiene
que asumir la representación europea en el FMI y el BM, y avanzar hacia una
coordinación efectiva de los miembros europeos del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas con el objetivo a medio plazo de alcanzar una representación única
de la UE.
• Reclamar la soberanía de Gibraltar y la aplicación del Derecho Europeo. Asimismo,
favorecer los cauces y los foros acordados para resolver problemas de convivencia. En
ese objetivo, proponer mantener en el peñón el Instituto Cervantes.
Promover los Derechos Humanos
• Impulsar un Plan renovado de Derechos Humanos.
• Defender la democracia y el Estado de Derecho, en especial, la libertad de expresión,
la libertad de movimiento y la libertad política, frente a aquellos países que la violen.
• Promover, en nuestras relaciones bilaterales y, en particular en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, el respeto de los derechos a la salud sexual y reproductiva
de las mujeres y niñas, así como medidas que persigan la igualdad de género y
consoliden las políticas de igualdad en la diversidad sexual.
• Promover activamente iniciativas dirigidas a convertir en una prioridad universal la
lucha contra la pena de muerte.
• Revocar la reforma del gobierno del Partido Popular en materia de Jurisdicción
Universal para que España pueda ser otra vez referente en la lucha contra la
impunidad y la defensa de los Derechos Humanos y para defender a nuestros
ciudadanos y ciudadanas víctimas de una infracción fuera de nuestras fronteras.
• Trabajar para la plena universalidad y una mayor eficacia de la Corte Penal
Internacional, así como una mayor presencia de España en su seno.
• Cumplir estrictamente las previsiones de la Ley sobre comercio de armas, reforzando el
control parlamentario y la transparencia y denegando su autorización cuando exista
riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la
dignidad inherente al ser humano; velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos
a la hora de firmar acuerdos internacionales.
• Promover que en ningún caso se produzca la extradición de una persona a un país
donde pueda sufrir graves violaciones de Derechos Humanos.
• Promover la internacionalización de la empresa responsable, adoptando un Plan de
Empresas y Derechos Humanos.
• Establecer mecanismos para el control y cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
• Impulsar el progreso y la seguridad compartida en el Norte de África, el Sahel y Oriente
Medio.
• Plantear una Estrategia Política Europea contra la radicalización y el terrorismo
yihadista dotada de elementos para garantizar la seguridad pero incluyendo también
los aspectos de integración, educación, cohesión social, diálogo y financiación.
• Apoyar la asistencia a los Gobiernos de países que luchan contra la amenaza
yihadista.
• Reconocer el Estado Palestino. Impulsaremos este reconocimiento también por parte
del resto de nuestros socios europeos.
• Promover la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de
las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho de autodeterminación
del pueblo saharaui. Esto facilitará el diálogo entre Marruecos y Argelia y favorecerá
// 243

una mayor integración, desarrollo y estabilidad en el Magreb. España impulsará el
seguimiento del respeto de los derechos humanos, tanto en el Sáhara Occidental como
en los campos de refugiados de Tinduf.
• Proponer la creación de un Banco de desarrollo Euro-Mediterráneo y desarrollar
plenamente el potencial de la Unión por el Mediterráneo, con sede en Barcelona, para
reforzar la política de vecindad de la UE con un mayor compromiso con el
Mediterráneo.
Diseñar una nueva relación con América Latina
• Contribuir al fortalecimiento de las Áreas Prioritarias de Cooperación establecidas por
la Cumbre Iberoamericana de Veracruz, reforzando la contribución de España a los
Espacios Iberoamericanos del Conocimiento, la Cohesión Social y la Cultura e
impulsando con determinación la integración estratégica de los Organismos
Iberoamericanos alrededor de los mismos.
• Establecer un marco preferente de relaciones con la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y las organizaciones y procesos regionales de
integración y concertación.
• Elaborar Planes de Acción para cada país que incluyan el diálogo con las
organizaciones de la sociedad civil y las Universidades.
• Articular una estrategia con América Latina para la potenciación y extensión del
español y de nuestras culturas en el mundo.
• Incorporar a las pymes a la creciente interrelación empresarial entre España y América
Latina y fomentar las inversiones latinoamericanas en España como instrumento de
recuperación económica.
• Promover la concertación política de los países iberoamericanos a través de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones con el objetivo de defender iniciativas
conjuntas a escala internacional, en especial, en Naciones Unidas.
• Acompañar y apoyar el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los
EE.UU., así como impulsar y liderar la construcción de un nuevo marco de relaciones
de la UE con la isla.
Participar en la creación de un espacio atlántico
• Más allá del ámbito de la defensa, promover que las relaciones económicas y
culturales, la lucha contra el terrorismo, la promoción del Estado de Derecho y de los
derechos humanos, la lucha contra los paraísos fiscales y posibles sinergias en
América Latina, Oriente Medio y el Sahel formen parte de nuestra agenda bilateral con
EEUU.
• Velar para que en la negociación de los tratados comerciales y en particular en el
Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP),
se garanticen los derechos sociales, medioambientales, sanitarios, de seguridad
alimentaria y la protección de datos personales alcanzados en la UE. Su formulación
final deberá contribuir al crecimiento económico sostenible y a la creación de empleo
de calidad. En materia de acceso a los mercados se tendrá en cuenta los "productos
agrícolas e industriales sensibles", que quedarán excluidos de la liberalización o
sujetos a adecuados periodos de transición. Y en la protección de las inversiones se
respetarán los procedimientos jurídicos regulares. En todo caso, se preservará
plenamente la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar
sobre sus propias políticas públicas, que en ningún caso podrán verse menoscabadas
por intereses privados.
• Revitalizar la iniciativa triangular "Atlántico Sur" (África, América y Europa),
proponiendo un marco de diálogo político para el desarrollo, el progreso, la seguridad y
el fortalecimiento institucional de esa región.
Trabajar conjuntamente con África
• Crear un plan de acción con África subsahariana para apoyar su enorme potencial de
desarrollo y aliviar la tensión migratoria que existe en sus países.
// 244

• Promover una política de inmigración comunitaria, que busque resolver los problemas
estructurales de los países africanos, luchar contra las redes ilegales que trafican con
seres humanos y canalizar los flujos migratorios legales.
Impulsar una mejor gobernanza global
• Promover la reforma del Consejo de Seguridad, del Fondo Monetario Internacional y
del Banco Mundial, haciéndolos más representativos del escenario global actual, más
democráticos y más eficaces.
• Consolidar nuestra participación en el G-20 para desde ese foro solicitar una mejor
regulación de las finanzas internacionales y una mayor coordinación contra los
paraísos fiscales.
• Fomentar una agenda para el Consejo de Seguridad que vaya más allá de la seguridad
militar e incluya también el flujo de personas refugiadas y desplazadas, la seguridad
alimentaria, la lucha contra las pandemias y el desarrollo sostenible.
• Profundizar y actualizar la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el
Terrorismo.
• Trabajar para que la Cumbre de París sobre cambio climático alumbre un acuerdo
global, eficaz y vinculante, impulsando un órgano de gobernanza mundial en materia
de medio ambiente.
Reformar el Servicio Exterior para que pueda cumplir objetivos estratégicos
• Elaborar una nueva norma consensuada con vocación de permanencia que sirva a una
política exterior de estado democrática con la participación de CCAA, Ayuntamientos,
empresas, sociedad civil, mundo académico y científico y representantes de la cultura.
• Impulsar las políticas comerciales y la diplomacia en las relaciones económicas
internacionales.
o Mayor participación para mejorar la defensa de los intereses españoles en los
organismos internacionales (UE, OCDE, UN, etc.)
o Asistir a las empresas españolas en el desarrollo de inversiones comerciales
en el extranjero para poder realizar inversiones regidas por las buenas
prácticas y transparencia.
// 245

PAZ Y SEGURIDAD
1. DÓNDE ESTAMOS
El orden internacional basado en el derecho, la estabilidad y la seguridad está seriamente
amenazado en Europa y en el mundo.
El conflicto en Ucrania no termina de encontrar solución. En otras partes del continente hay
unos “conflictos congelados” que requieren soluciones políticas para no empeorar la seguridad
regional y europea.
El norte de África y el Sahel padecen inestabilidades que están en las mismas puertas del sur
de Europa además de infiltrarse en África Subsahariana. La creciente desestabilización del
África Central y Occidental es preocupante, así como el área del Mediterráneo. El Estado
Islámico (EI) se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad mundial, utilizando la
guerra civil de Siria como resorte fundamental para su expansión territorial en Siria e Irak.
Libia está inmersa en una conflictividad interna caótica que facilita la implantación de grupos
terroristas. Salvo en Túnez, amenazado por el radicalismo y el terrorismo islamista, las
Primaveras Árabes en la mayoría de los casos, continúan con sus reivindicaciones al no haber
culminado en su totalidad.
En el Oriente Medio, el conflicto de Palestina sigue sin resolverse. Siria es presa de una larga
guerra civil que exporta inestabilidades a los países contiguos. Irak es víctima de divisiones
políticas, regionales, religiosas y étnicas así como del terrorismo.
En otras partes más lejanas, como en el Mar de China, hay tensiones políticas y territoriales
que pueden afectar a la paz regional y mundial. India y Pakistán, ambos Estados nucleares,
siguen enfrentados. Los talibanes controlan el noroeste paquistaní. Afganistán es una incógnita
de cara al futuro.
Hay que añadir a los desafíos globales la proliferación del armamento nuclear, la
ciberseguridad, y el acceso a la energía y al agua potable.
El terrorismo borra la distinción entre la seguridad interna y externa de un Estado y exige una
coordinación europea e internacional.
La pobreza, el cambio climático, las desigualdades y la falta de desarrollo alimentan estos
conflictos.
Europa sufre especialmente la amenaza terrorista y la piratería. La implicación activa de
seguidores europeos del autodenominado Estado Islámico o de Al Qaeda incrementa esta
amenaza.
Este conjunto de riesgos y amenazas afecta a todos los Estados y toda la ciudadanía de la
Unión Europea que, al tiempo que debe mantener la relación transatlántica en estas materias,
debe asumir su propia seguridad y defensa desde una perspectiva colectiva e integrada para
promover la paz internacional y la seguridad global fomentando un multilateralismo eficaz para
conseguirlo.
En España el PP no ha realizado una política de Defensa ni modernizado las estructuras
militares. Solo ha gestionado burocráticamente las Fuerzas Armadas. Su gran prioridad ha sido
pagar, fuera de los presupuestos y sin una negociación real, los multimillonarios Programas
Especiales de Armamento. Su Ministro de Defensa ha rehuido el Parlamento, negándose a
responder a las demandas de los grupos políticos.
// 246

Hacia un mundo más seguro
Un mundo más justo y más libre es un mundo más seguro y mejor. Para reforzar la seguridad
internacional es necesario luchar contra la desigualdad y la pobreza, y promocionar la
democracia y el estado de derecho. Favoreceremos el concepto de la Seguridad Humana, que
incluye la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, energética, personal,
comunitaria y política para fortalecer la paz y la seguridad internacionales en conformidad con
lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas.
La cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y la estabilidad, la diplomacia preventiva y
las soluciones negociadas, así como la defensa cuando sea imprescindible, son los pilares
esenciales para la seguridad de España, de la Unión Europea y de su ciudadanía.
Una Defensa común para Europa
La Unión Europea debe dar pasos efectivos para ser, también, una Alianza defensiva, para
poder dar una respuesta inmediata en caso de amenazas o agresiones a la integridad territorial
de los Estados Miembros. El objetivo es, a medio plazo, caminar hacia unas Fuerzas Armadas
Europeas, capaces de garantizar, por sí mismas, la seguridad colectiva de la Unión Europea y
de sus Estados Miembros. Una defensa común eficaz refuerza el pilar europeo de la OTAN al
tiempo que mejora la capacidad de la Unión Europea de actuar de forma autónoma.
España: su Seguridad y Defensa
Las Fuerzas Armadas están al servicio de la sociedad y desempeñan una extraordinaria misión
en la defensa de la paz y la seguridad en el mundo.
Los y las socialistas queremos unas Fuerzas Armadas con los recursos humanos y materiales
suficientes para desarrollar sus operaciones y cooperar con nuestros socios y aliados. Serán
proporcionados a las necesidades operativas y a las posibilidades económicas de nuestro país.
Unas Fuerzas Armadas transparentes en su gestión y actuación que se sientan cercanas a la
sociedad española a la cual sirven y sean respetuosas y valedoras de los principios
democráticos de dicha sociedad.
Unas Fuerzas Armadas profesionales altamente formadas y cualificadas, cuyos componentes,
sin excepción, puedan desarrollar sus carreras profesionales desde su entrada hasta su pase a
retiro, basándose en los principios de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y
experiencia.
3 .PROPUESTAS
Hacia un mundo más seguro
• Promover la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacerlo más
eficaz y operativo, esencial para velar por la paz mundial.
• Apoyar las labores por el desarme y la seguridad internacional de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en especial de su Primera Comisión.
• Apoyar el desarme nuclear y convencional y sus medidas de confianza.
• Apoyar de manera expresa y activa el acuerdo alcanzado con Irán sobre su Programa
nuclear.
• Respaldar los acuerdos para detener la proliferación de otras armas de destrucción
masiva, como las químicas y biológicas y de vectores de lanzamiento.
• Impulsar el desarrollo y progresiva aplicación del concepto de seguridad humana.
• Luchar contra las desigualdades, la pobreza, la opresión y la violación de los derechos
humanos.
// 247

• Emprender un diálogo fructífero con Rusia y mejorar la cooperación con acuerdos que
puedan contemplar la seguridad mutua respetando la integridad territorial de los
Estados y la no injerencia en los asuntos internos de terceros países. Apoyar en
Ucrania el respeto a los acuerdos de alto el fuego para dar paso a soluciones políticas
acordes con la voluntad de los ucranianos y sin injerencias.
• Fomentar el diálogo intercultural e interreligioso entre Instituciones como la Alianza de
Civilizaciones.
• Respaldar la participación de España en misiones internacionales de paz avaladas por
las Naciones Unidas u otras Organizaciones internacionales de las que formemos
parte.
• Favorecer la creación de un organismo coordinador de inteligencia en la Unión
Europea.
• Apoyar la coalición global contra el autodenominado Estado Islámico en la que España
participa política y militarmente. Suprimir todas las fuentes de financiación del
terrorismo.
• Apoyar los esfuerzos internacionales para una solución política en Siria, el acceso de
la ayuda humanitaria, y la supervisión de la inutilización de instalaciones de
producción de armas químicas. Apoyar un proyecto de convivencia común en Irak y su
unidad nacional.
• Priorizar la ciberdefensa, como una necesidad de primer orden para mantener el
funcionamiento del Estado y la capacidad productiva.
• Adoptar, junto con nuestros socios europeos, las medidas necesarias para garantizar
la seguridad energética.
Una Defensa Común para Europa
• Promover el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa con la finalidad de
construir a medio plazo unas Fuerzas Armadas Europeas que, además de garantizar la
defensa de los Estados de la Unión, contribuyan en la aportación de Europa a la paz,
estabilidad y defensa de los derechos humanos en el mundo, en el marco de las
Naciones Unidas y de la legalidad internacional.
• Activar la Cooperación Estructurada Permanente como prevé el Tratado de la Unión
Europea.
• Apoyar que la UE se constituya en proveedor principal de seguridad en su vecindad.
• Promover la presencia de la UE como tal en la estructura de mando de la Alianza
Atlántica.
• Actualizar la Estrategia Europea de Seguridad.
• Constituir un Cuartel General de Operaciones europeo con capacidad de planear y
dirigir operaciones civiles y militares.
• Impulsar la puesta en común y uso compartido de capacidades militares para ahorrar
recursos y evitar duplicidades.
• Promover la creación y puesta en marcha de un “Centro de Excelencia de Seguridad”
de la Unión Europea en el que puedan formarse funcionarios civiles y militares de
países de la Unión Europea.
• Fortalecer la Agencia Europea de Defensa y ampliar sus medios y objetivos.
• Revisar los repartos de costes que recargan a los países más dispuestos a participar
en operaciones militares.
España: su Seguridad y Defensa
• Realizar un plan de reestructuración orgánica y de infraestructuras de la Defensa para
fijar las capacidades militares que requiere la Defensa Nacional hasta 2025 y las
necesidades consiguientes de cuadros de mando, tropa y marinería, personal civil y
reservistas.
• Realizar la promoción interna de los y las militares de carrera, cualquiera que sea su
procedencia o empleo, mediante procedimientos de evaluación públicos y
transparentes.
// 248

• Dotar a los y las militares profesionales de tropa y marinería de una carrera profesional
completa.
• Modificar el Régimen Disciplinario, de forma que sin la debida tutela judicial efectiva no
se pueda privar de libertad por faltas administrativas.
• Aprobar una Ley de Programación Presupuestaria Plurianual de la Defensa Nacional
hasta 2020 que asegure su estabilidad financiera dentro de nuestras disponibilidades
económicas, y permita recuperar las capacidades militares necesarias en
adiestramiento y operatividad para el cumplimiento de las misiones que tienen
encomendadas las Fuerzas Armadas, incrementando el nivel de alistamiento del
conjunto de las Fuerzas Armadas.
• Dicha programación presupuestaria contemplará las partidas necesarias para
garantizar el adecuado mantenimiento del material utilizado por las Fuerzas Armadas,
fijando como prioridad en todo momento la seguridad de sus miembros. A tal fin:
o Se revisarán y, si fuera necesario se actualizarán, los programas de
mantenimiento.
o Se establecerá un programa de renovación del material que vaya a quedar
obsoleto.
o Al adquirir nuevo material se tendrá en cuenta el coste de su mantenimiento,
cuando éste sea preciso, al objeto de incorporarlo en las previsiones
presupuestarias una vez sea adquirido.
• Establecer un sistema integral para la reinserción laboral del personal de tropa y
marinería que termine su compromiso con las Fuerzas Armadas.
• Potenciar el desarrollo de la industria de defensa y seguridad española con especial
atención a las capacidades productivas esenciales, a sus componentes de
investigación, desarrollo e innovación, su competitividad, su financiación y su
coordinación con la industria militar europea.
• Fomentar acuerdos con el mundo de la educación, la cultura, la ciencia y, en definitiva,
todo el ámbito social para aumentar la difusión de la Cultura de Defensa.
• Potenciar el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. Asegurar su promoción en las
escalas de mando en condiciones de igualdad. Erradicar toda manifestación de acoso
sexual y laboral en el seno de las Fuerzas Armadas y sancionar con ejemplaridad los
supuestos en que se produzcan.
• Fomentar las acciones encaminadas a facilitar la conciliación de la vida familiar,
adecuación de las jornadas laborales, así como la implementación real en la
administración militar de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
• Profundizar el proceso de homologación de la jurisdicción militar a los demás órdenes
jurisdiccionales, incrementando las garantías de la independencia de los integrantes de
los órganos judiciales militares y el sometimiento al régimen sancionador establecido
en la LOPJ.
• Reformar la jurisdicción militar con arreglo a los siguientes principios:
o Homologar la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales.
o Profundizar la plena garantía de independencia de los integrantes de los
órganos judiciales militares.
o Atribuir al Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de todos los
órganos judiciales militares, unipersonales y colegiados.
o Garantizar la inamovilidad de quienes desempeñen funciones judiciales en los
órganos de la jurisdicción militar.
o Someter en exclusiva a las personas que forman parte de la Jurisdicción militar
al régimen sancionador previsto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
• Velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de comercio de
armas y material de doble uso.
// 249

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA MÁS ALLÁ DE 2015: RAZONES ÉTICAS Y
PRÁCTICAS PARA EL CAMBIO
1 .DÓNDE ESTAMOS
En 2015 los estados miembros de las Naciones Unidas han acordado el nuevo marco global
para la erradicación de la pobreza, la igualdad y el desarrollo sostenible durante la primera
mitad del siglo XXI. Uno de los rasgos distintivos de la nueva agenda es su universalidad, es
decir, la aplicación e implementación de los objetivos a todos los países, en su dimensión
social, económica y medioambiental. El nuevo escenario político español estará enmarcado en
plena aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que entran oficialmente en
vigor a finales de este año. La agenda constituye el programa más vanguardista y relevante de
progreso al que se haya enfrentado nunca la comunidad internacional.
En este nuevo escenario, España debe liderar las reformas necesarias para aplicar la nueva
agenda del desarrollo en sus políticas, adoptando las medidas institucionales necesarias y
creando los marcos de rendición de cuentas apropiados.
El planteamiento de esta nueva agenda de desarrollo se produce en un contexto de Gran
Recesión y de una reordenación de las prioridades en materia de política exterior que han
hecho de este sector una herramienta prescindible.
Esta deriva afecta en primer lugar a decenas de miles de seres humanos protegidos y
respaldados hasta ahora por la solidaridad española, pero sus implicaciones van mucho más
allá e influyen en la credibilidad de España en instituciones y regiones en las que se juegan
partidas de largo recorrido. Analicemos estas dos dimensiones:
• Siempre hemos concebido la cooperación como una herramienta de transformación y
cambio y como una filosofía de paz y justicia, una vocación de proyección de los
valores de nuestra sociedad.
• Por otra parte, entendemos que el nuevo escenario plantea retos estratégicos de
alcance global, regional y nacional. Un mundo más desarrollado es un mundo más
seguro y estable, y contribuir a su construcción puede tener un impacto muy positivo
en el posicionamiento internacional de España.
Si esto es cierto, las razones para reconsiderar nuestra trayectoria son tan prácticas como
éticas. España debe aprovechar el margen de maniobra político y presupuestario que ofrezca
la próxima legislatura para reconstruir su estrategia de cooperación, incorporarla al corazón de
la acción exterior y establecer círculos virtuosos entre algunos sectores estratégicos de nuestra
economía y el trepidante proceso de desarrollo que experimentan amplias regiones del mundo.
En legislaturas precedentes los gobiernos socialistas hicieron un esfuerzo para desarrollar una
política pública de cooperación coherente y alineada con la agenda internacional de desarrollo.
Definimos objetivos y metas claras y cuantificadas, garantizamos la previsibilidad de nuestros
flujos de ayuda; dotamos presupuestariamente esta política y, pusimos en marcha
herramientas de seguimiento y rendición de cuentas. No obstante, no logramos que todos los
logros alcanzados se consolidasen.
En solo una legislatura el PP ha sido capaz de desmantelar la política que tanto esfuerzo nos
llevó construir. La cooperación ha pasado de ser el rubro solidario de la identidad de España a
una política residual y testimonial, limitada en sus recursos y capacidades. Nos encontramos
con falta de coherencia y complementariedad de las políticas, los programas y proyectos de
cooperación y con la ausencia de las sinergias necesarias con otros actores, especialmente
con la Unión Europea. Se ha perdido profesionalidad, agilidad, independencia, transparencia y
rendición de cuentas.
Entre los años 2008 y 2013 el presupuesto de la cooperación española cayó en dos tercios
hasta situarse en su nivel más bajo desde 1990. El recorte en el esfuerzo sobre el PIB de la
ayuda multiplicó por cuatro la reducción media del esfuerzo en gasto público entre los años
2008 y 2013. Tres de cada cuatro receptores no gubernamentales han visto disminuir o
// 250

desaparecer su financiación pública y dos de cada tres padecen los impagos de la
Administración.
Estos años de excepción presupuestaria tampoco han sido aprovechados para abordar la
reforma de un modelo mejorable desde el punto de vista estratégico, profesional e institucional.
Con excepción de algunas ocasiones puntuales –como el despliegue de fuerzas de paz o la
campaña del Gobierno español para acceder a un puesto no permanente en el Consejo de
Seguridad de la ONU- la cooperación ha desaparecido del discurso y la práctica de la acción
exterior de España. Esta decisión ha afectado la imagen de nuestro país y debilitado su
posición en regiones del planeta como África Subsahariana, además de causar un perjuicio
irreparable en los socios de desarrollo que han visto como las mejoras experimentadas
anteriormente se destruyen a una velocidad inédita.
El Gobierno socialista va a reconstruir la política pública de cooperación que el PP ha
desmantelado, y la mejorará y trabajará para que España vuelva a estar a la cabeza del
compromiso global por el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Queremos una política de estado que conjugue las acciones bilaterales, multilaterales y
descentralizadas, basadas en la reactivación de toda la cooperación de las comunidades
autónomas y las entidades locales, con una fuerte base de participación ciudadana e
interinstitucional.
Los fundamentos de la política de cooperación socialista serán dos: la reducción de la pobreza
y el desarrollo sostenible.
La experiencia del Reino Unido y de los países nórdicos demuestra, además, las posibilidades
de un modelo en el que la solidaridad internacional refuerce los objetivos estratégicos del
propio Estado. Hay que incorporar el concepto de ‘diplomacia de la ayuda’ o ‘poder blando’ en
la política exterior que ha sido respaldado por indicadores objetivos como el Índice de
Presencia Global del Real Instituto Elcano.
Existen muchas formas diferentes de llevar a cabo este esfuerzo, pero en todas ellas la
estrategia de la cooperación española debe ceñirse a cuatro criterios esenciales:
1. El impacto sobre la pobreza y la sostenibilidad.
2. El valor añadido de las acciones, focalizando el esfuerzo en sectores que por su
especialización y experiencia permita multiplicar el valor de los recursos invertidos.
3. Los círculos virtuosos de I+D+i contra la pobreza, potenciando sectores como la
energía, la gobernabilidad, la seguridad alimentaria o la salud.
La cooperación española ha sido testigo directo de las posibilidades de este modelo a través
por ejemplo del programa de investigación en malaria, un ámbito central de interés para la
salud de millones de enfermos pobres que supuso además un espaldarazo científico y
económico para los equipos de investigación españoles, lo que abre la posibilidad a nuevos
proyectos.
Aunque nunca fue ese su objetivo primordial, la inversión de España en este ámbito supuso
retornos económicos de la magnitud de 5 euros por cada euro invertido.
4. La sostenibilidad y previsibilidad. Durante los próximos años seguiremos operando en
un entorno fiscal esencialmente restrictivo. La cooperación española merece salir del
foso presupuestario en el que ha sido recluida, pero la sostenibilidad y previsibilidad de
este proceso es tan importante como la velocidad con que se produzca.
// 251

Por otro lado, la política de cooperación del gobierno socialista tendrá las siguientes prioridades
temáticas:
• Derechos humanos. Definiremos toda la estrategia de la cooperación española sobre el
enfoque de los derechos humanos.
• Igualdad de hombres y mujeres. Si queremos sociedades justas debemos luchar contra
la vulnerabilidad de las mujeres, para que la igualdad sea una realidad.
• Infancia. Prioridad transversal de nuestra política de cooperación. La experiencia en
ámbitos como la nutrición y la salud infantil permitirán a nuestro sistema de
cooperación ejercer un papel de liderazgo en este ámbito.
• Sostenibilidad ambiental. A lo largo de 2015 tendrá lugar en París la COP21, en la que
deben definirse con detalle los compromisos de cada gobierno en materia de mitigación
y adaptación al cambio climático.
• Educación para el Desarrollo. Promoveremos la educación para el desarrollo a través
de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
• Salud. La salud puede ser uno de los círculos virtuosos en los que España apoye el
desarrollo de países terceros al tiempo que refuerza sus propias capacidades y
ventajas comparativas.
3. PROPUESTAS
Devolver la cooperación al corazón de la acción exterior de España
• Promover una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible, adecuada a la agenda
post 2015, que incorpore cuestiones como la defensa de los derechos humanos y la
gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, la sostenibilidad
ambiental, la coherencia de las políticas para el desarrollo y la participación de los
actores como ONGD, comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado.
• Definir toda la estrategia de la cooperación española sobre el enfoque de derechos
humanos.
• Recuperar la Comisión Delegada de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Reformar el Consejo de Cooperación para que juegue un papel relevante e influyente
ante las estrategias y actividades de la cooperación española.
• Recuperar la colaboración con los principales Organismos y Fondos multilaterales de
cooperación proporcionando financiación y expertos para integrarse en sus cuadros
directivos.
• Promover el alineamiento de nuestra Ayuda oficial al Desarrollo con un programa único
europeo, creando un Servicio Europeo del Voluntariado.
• Definir un nuevo plan estratégico (o director) de la cooperación alineado con las
directrices maestras de la acción exterior y que contemple una posición proactiva y
coordinada en los foros e instituciones en los que participa España.
• Potenciar la acción humanitaria desde un enfoque que vincule dicha acción con la
rehabilitación y el desarrollo de las poblaciones y zonas afectadas como el modo de
mejorar la coherencia de nuestras actuaciones.
• Participar de manera activa en los debates y la elaboración de políticas que tienen
lugar en el ámbito multilateral y en el seno de las instituciones europeas, actuando de
manera consecuente en nuestro propio país.
• Garantizar la profesionalización del cuerpo de funcionarios, personal laboral y otros
expertos involucrado en las acciones de cooperación, incluidos los cargos directivos,
mediante un plan de formación continua en la materia.
Otorgar valor a cada euro gracias a la especialización
• Priorizar la ayuda a los Estados fallidos, en conflicto o extremadamente pobres, en los
que la ayuda internacional constituye un verdadero salvavidas para la población. Este
grupo de receptores –definido por la ONU y atendido primordialmente con ayuda
// 252

humanitaria y de emergencia- debe formar parte de cualquier escenario geográfico que
se plantee la cooperación española.
• Reducir el número de países en los que España realiza cooperación al desarrollo de
acuerdo a criterios definidos y transparentes, como el impacto de los programas sobre
los grupos más vulnerables del país.
• Definir prioridades sectoriales de antemano de acuerdo a criterios objetivos como la
experiencia o el valor añadido con respecto a otros donantes, lo cual debe ser el
resultado de un proceso de evaluación de lo que ha ocurrido hasta ahora. La
coordinación con otros donantes debe ser un objetivo constante y en todos los casos
conviene considerar cuál es el canal más eficaz para destinar los recursos.
• Establecer prioridades claras y evaluables dentro de cada una de las tres vías
esenciales de cooperación pública: humanitaria, bilateral (incluyendo las subvenciones
a ONGD) y multilateral.
• Coordinar con la UE los principios y valores de la cooperación así como nuestras
contribuciones, sumándonos al liderazgo de otros países europeos en iniciativas y
países donde tengan una mayor experiencia y valor añadido.
Ofrecer impacto, transparencia y rendición de cuentas
• Reforzar las capacidades de la Administración para dar seguimiento y medición del
impacto de la ayuda española. La generación de conocimiento propio, la participación
en grupos de expertos y la permeabilidad a centros académicos y think-tanks privados
debe incorporarse a la práctica habitual de los organismos públicos de cooperación.
• Facilitar la disponibilidad de toda la información, junto con los datos que la sustentan,
de forma accesible y replicable en los portales públicos de transparencia.
• Reconsiderar la estructura administrativa para garantizar un doble objetivo: por un lado,
la solidez de la estrategia política; por otro, la calidad e independencia de la gestión de
los programas de cooperación. Estas reformas deben considerar aspectos como la
concentración institucional de las actividades de cooperación (hoy muy dispersas), el
régimen jurídico de la AECID y la autonomía de las oficinas de cooperación sobre el
terreno.
• Hacer un esfuerzo activo y permanente de pedagogía social para trasladar la
importancia de la ayuda, su impacto y las consecuencias de no realizarla.
Los recursos presupuestarios
• Plantear una senda realista para la recuperación presupuestaria en el medio plazo. Nos
comprometemos a aumentar los recursos disponibles hasta alcanzar la media
comunitaria. Buscaremos lograr el objetivo de financiación del 0,7% para la Ayuda
Oficial al Desarrollo a más largo plazo, que seguimos considerando un compromiso
ético y político y un hito en la historia de la solidaridad internacional.
• Plantear una estrategia sobre la cooperación reembolsable y el tipo de acciones que
puede desempeñar España con los recursos de otros (donantes terceros o el propio
país receptor, cuando se trata de naciones de renta media). La cooperación técnica y la
transferencia del conocimiento se prestan especialmente a esta posibilidad, cada vez
más demandada en regiones como América Latina.
• Establecer que la ayuda reembolsable no se destine a países altamente endeudados ni
a proyectos de necesidades básicas.
• Impulsar el Impuesto a las Transacciones Financieras que está a punto de ser aplicado
en la UE para garantizar que una parte sustancial de los recursos sea destinada a la
lucha contra la pobreza internacional, tal como refleja el espíritu de esta iniciativa
desde sus inicios.
• Modificar la Ley de Mecenazgo para promover de manera efectiva la participación
privada en proyectos de desarrollo (mediante su financiación o en forma de prestación
de servicios) y fortalecer el compromiso de las empresas y la ciudadanía en la
resolución de problemas colectivos. La Ley de Mecenazgo no debería contribuir, en
ningún caso, a reducir los recursos públicos destinados a las entidades no lucrativas.
// 253

La agenda de la no ayuda
• Elaborar un Libro Blanco del Desarrollo -similar al que se ha realizado en otros países
europeos- en el que se consideren, además de la cooperación, otros ámbitos de las
políticas públicas que sirven para construir la cooperación al desarrollo.
• Buscar la mejora del impacto de la inversión extranjera en el desarrollo (en materia
laboral y medioambiental) y establecer estímulos para el correcto comportamiento de
las compañías españolas.
• Trabajar en el marco de la Unión Europea para que la política comercial no anteponga
los intereses comerciales al derecho a la salud.
// 254

POLÍTICA MIGRATORIA
1. DÓNDE ESTAMOS
Los movimientos migratorios, además de un rasgo definitorio e ineludible de nuestro mundo
globalizado, son un importante desafío que entraña, a su vez, una oportunidad. Desarrollar esa
oportunidad, hacerla real, exige adoptar y aplicar decisiones complejas, adecuadamente
formuladas, que apuesten por una visión de largo alcance, que implica un cálculo a corto,
medio y largo. Esas decisiones, que deben basarse en criterios de legitimidad, de justicia y de
eficacia, conducirán a la obtención de importantes beneficios para todas las partes implicadas.
Es el porvenir de España el que está en juego, tanto como potencia demográfica como
económica en su entorno geoestratégico. Hoy día, todas las sociedades del mundo sufren
transformaciones vinculadas a los desplazamientos de poblaciones. No hay ni un solo país que
pueda pretender quedarse al margen de esa tendencia histórica. La realidad del siglo XXI está
marcada por potentes movimientos de emigración, inmigración, intercambios y
enriquecimientos identitarios. Nuestro país debe saber gestionar este reto con serenidad,
realismo, madurez, solidaridad y proyección hacia el futuro.
La crisis ha debilitado cruelmente, más allá de la estructura económica y social, el componente
orgánico y demográfico del país. El saldo migratorio viene siendo negativo desde el año 2010,
afectando tanto a las personas españolas como extranjeras. Centenares de miles de hombres
y mujeres jóvenes, educados, formados y competitivos, han dejado el país. Nuestro primer
deber es restablecer las condiciones globales para que regresen a España.
Esta crisis también ha generado movimientos significativos en el seno de las mismas
inmigraciones en España. Una parte de la población inmigrante, sobre todo euro-comunitaria,
ante una situación de desempleo duradero, ha decidido regresar –temporal o definitivamente- a
sus países de origen, o bien volver a emigrar a otros países de Europa. Cabe decir aquí que
estas reorientaciones han sido posibles precisamente porque la población inmigrante europea
disponía del derecho a la libre circulación en el espacio europeo.
En cambio, una parte de las otras migraciones, las no comunitarias, tras largos periodos en los
que contribuyeron a nuestro desarrollo económico y social, han perdido su estatus en nuestro
país y han visto sus derechos reducidos, negados por medidas injustas, e incluso inhumanas
(así, los efectos devastadores sobre el derecho a la salud de la población inmigrante irregular a
partir del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril).
Si una parte de la población inmigrante acepta en silencio esta dramática situación es porque,
entre otras razones, sabe que, al volver a su país de origen o cambiar de país de acogida,
perderá la posibilidad de reasentarse en España: el bloqueo de la libre residencia durante
varios años fuera de España disuade a este perfil de inmigrantes de la alternativa de
emprender otra suerte en otra parte.
Aunque el fondo humano de la solidaridad es inmenso en nuestro país, hay que decir
claramente que, a la hora de combatir los efectos de la crisis, las autoridades políticas no han
dado siempre ejemplo de respeto al derecho de los extranjeros. Nuestra obligación moral y
humana es restablecer la realidad de una España digna y civilizada, propia de un Estado social
y democrático de Derecho.
Por otro lado, las guerras civiles que ensangrientan el Mediterráneo (desde Siria –Irak hasta
Libia), así como el continente subsahariano (desde Somalia-Eritrea hasta Mali), provocan una
inevitable y descontrolada huida de personas refugiadas hacia Europa, dando lugar a tragedias
humanas que han convertido el mar Mediterráneo en el primer cementerio marítimo del mundo;
al tiempo, este escenario ha fomentado el auge de redes criminales organizadas dedicadas a la
trata de seres humanos.
Este panorama desolador ha dibujado, tal y como lo ha diagnosticado justamente la Comisión
europea, una situación de emergencia humanitaria directamente relacionada con la obligación
internacional de prestar auxilio a personas en peligro de muerte, y no con asuntos de
// 255

inmigración. Al mismo tiempo, afrontar este reto obliga a emprender estrategias de lucha contra
las mafias que sacan provecho de la desesperanza humana. Cabe añadir aquí que los países
que más pagan el tributo a este reto no son los europeos sino los del sur del Mediterráneo
(Magreb y Oriente Medio), que tienen muchos menos medios para hacerlo.
Ahora bien, las políticas migratorias de la Unión Europea, tal y como están formuladas hoy, no
están a la altura de esta situación. Y eso es así porque se inscriben en una perspectiva global
errónea: consideran que, al fin y al cabo, es el mercado de trabajo desregulado el que debe, en
relación con sus inputs, gestionar centralmente la inmigración y luego decidir por sí mismo las
necesidades del país, lo que, en realidad, conduce al debilitamiento de los derechos globales
de las personas asalariadas. Esta confusión, equiparada a la que se produce entre las
personas refugiadas y peticionarias de asilo y la inmigración económica irregular, está
fundamentando un tratamiento predominantemente de naturaleza represiva (policial y penal), y
no civil y administrativo de la diversas facetas de la inmigración y desde los derechos
fundamentales de las personas extranjeras.
En consecuencia, las estrategias de lucha contra la inmigración ilegal han condicionado la
gestión de los cauces legales migratorios, de tal modo que hemos asistido a un endurecimiento
paulatino del modelo de entrada y de las condiciones de permanencia de extranjeros y
extranjeras que ha revertido contra la población inmigrante económica no cualificada.
La finalidad de neutralizar el comúnmente recurrente “efecto llamada”, o factor de atracción
para flujos migratorios ilegales, ha sido el pretexto para restringir sobremanera los canales de
la inmigración legal en todas sus etapas (entrada, estancia, permanencia). Todo eso
desemboca en la utilización de la presencia de las personas inmigrantes como chivo expiatorio,
munición electoral desde una visión cortoplacista, partidista, instrumental, cuando deberían ser
parte del proyecto básico de convivencia social y, por tanto, ser objeto de un verdadero pacto
de Estado. Debemos escarmentar en cabeza ajena y aprender que esa instrumentalización
alimenta pulsiones racistas, xenófobas y beneficia la proliferación de opciones sociales y
políticas no democráticas.
También debe señalarse una situación de déficit político fruto del desmantelamiento de la
política de integración por parte del Gobierno Popular. Dejando sin presupuesto el Fondo
estatal para la integración y sin aprobar el plan estratégico de ciudadanía e integración que
habría correspondido a partir del año 2015, se ha vaciado de contenido este eje fundamental
de la política migratoria. Además, la última reforma del Código civil en materia de nacionalidad,
aprobada por enmienda y sin debate, ha incorporado un examen de idioma e integración para
todas las personas inmigrantes que quieran adquirir la nacionalidad española que resulta
injusto, porque impedirá el acceso a personas que no alcancen niveles culturales que no
suponen un estándar en la población española, y es arbitrario, porque no va a valorar la
verdadera trayectoria de integración.
Necesitamos una política basada en el realismo, la solidaridad, y desconectada de las luchas
partidistas. Necesitamos buscar el consenso más amplio posible porque se trata del porvenir
humano del país, y, a menudo, de futuros nacionales españoles y españolas.
En lo que sigue, presentaremos tres líneas básicas de actuación propias de un modelo de
política migratoria, subrayando, por otra parte, una exigencia que es un deber inaplazable en
materia de política de refugio y asilo. A partir de esas bases, formularemos nuestras
propuestas.
1. El primer pilar es una ordenación de las políticas migratorias conforme a los principios y
exigencias del Estado democrático de Derecho, el respeto a la dignidad de todo ser humano y
la garantía de los derechos humanos como prioridad de toda política pública, también de
inmigración. Cabe resaltar dos consecuencias de este principio:
// 256

1.1. La primera exigencia es restablecer una política justa de y en las fronteras. Eso supone
una política conforme al Estado de Derecho, presidida por los criterios de imperio de la ley,
seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos y fundamentales.
Partimos del rechazo de concepciones no realistas y enunciadas, la mayor parte de las veces,
en términos demagógicos, como la de “fronteras abiertas”. Pero eso no impide reconocer que,
en el tránsito de la frontera, es absolutamente prioritario, además de una obligación, garantizar
el respeto de la dignidad de todas las personas que llegan y el reconocimiento de sus derechos
fundamentales.
Al mismo tiempo, esos principios no son incompatibles con un sistema de tratamiento
diferenciado en las fronteras. Más concretamente, con el establecimiento de un régimen
específico en relación con los que denominamos “inmigrantes irregulares”, esto es, con quienes
tratan de alcanzar el territorio de soberanía española sin contar con la documentación
requerida y/o eludiendo el procedimiento legalmente establecido para el cruce de nuestras
fronteras. En todo caso, es preciso analizar la diversificación terminológica especialmente
compleja que contempla la legislación de extranjería vigente (denegación de entrada,
devolución, expulsión) y, sobre todo, evidenciar las malas prácticas en la gestión del tránsito de
fronteras que posibilitan un trato que, en varias ocasiones, ha alcanzado las características de
inhumano, y que ha sido objeto de denuncias y de evaluación negativa por instituciones
internacionales y por la propia Comisión Europea. Hemos de corregir las razones (y las bases)
que hacen posible ese trato incompatible con el respeto a la dignidad y los derechos humanos.
En consecuencia, debe ser objeto de profunda revisión el sistema de tratamiento de la persona
extranjera que pretende cruzar irregularmente la frontera y que es interceptada en el intento (el
denominado modelo de devolución). Eso exige, de un lado, procedimientos administrativos
ágiles y compatibles con los derechos fundamentales, la revisión de los convenios bilaterales
de retorno y repatriación y, en particular, del régimen de los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE).
1.2 La segunda exigencia es apostar por una política migratoria que flexibilice las vías de la
inmigración legal. Hay que reconocer y declarar públicamente, tal y como se hace en todos los
demás países europeos, que España necesita, en varios sectores, inmigrantes legales: el
concepto demagógico de inmigración “cero” es xenófobo, irreal y además ruinoso para los
intereses nacionales del país. Ahora bien, los canales de la inmigración legal han sido estos
últimos años seriamente dificultados y los propios residentes han visto sus derechos
restringidos. Por ello, es necesario implementar cauces de acceso legales y seguros.
Es urgente volver a la situación anterior a determinadas reformas de la legislación de
extranjería y apostar por una política migratoria que flexibilice las vías de la inmigración legal
en todas sus etapas, previendo también las posibilidades de ir y volver (visados de ida y
vuelta).
2. El segundo pilar es la toma de conciencia del principio de responsabilidad ciudadana como
ingrediente básico de una política de integración.
Tras años de derrumbe de las políticas de integración con el pretexto de la crisis económica es
necesario establecer un impulso que sitúe la integración y la gestión de la diversidad de nuevo
en la agenda política. Entendemos la integración como un proceso bidireccional de adaptación
mutua que requiere la participación activa de toda la ciudadanía: inmigrantes y españoles;
entendemos la integración como una responsabilidad compartida con un enfoque integral ya
que afecta a todas las facetas de la vida cívica, social, económica, cultural y política de la
personas y de los grupos sociales. Por tanto las políticas de integración y gestión de la
diversidad deben incorporarse de modo transversal a todas las políticas públicas orientadas a
la ciudadanía. Sin embargo, las políticas de integración deben tener un capítulo especial
dedicado a lo que se conoce como segundas generaciones. La Unión Europea defiende el
papel que tiene la educación para hacer factibles el principio de equidad y la participación
activa de los miembros de la sociedad. La diversidad cultural es una realidad y los centros
educativos han realizado un esfuerzo importante para adaptarse y ser referentes de una
sociedad plural e inclusiva. Además diferentes estudios han confirmado cómo los niños y niñas,
hijos e hijas de inmigrantes que cursan estudios en las diferentes etapas educativas tienen un
// 257

grado de identificación con el resto de estudiantes que nos hace ser optimistas en la
percepción de la educación como vehículo de inclusión. Sin embargo, los estudios publicados
también identifican dificultades de algunos colectivos que es necesario corregir con un refuerzo
positivo para garantizar que a todos alcance la igualdad de oportunidades
Flexibilizar los canales de la inmigración legal no significa solo reconocer que la persona
inmigrante es sujeto de derechos, sino también de obligaciones. Estas obligaciones (así, en el
ámbito tributario o de la Seguridad Social, o la escolarización de los hijos e hijas menores que
se encuentren a su cargo), junto a la necesidad de realizar esfuerzos tendentes a la integración
en la comunidad de acogida deben valorarse a la hora de promover su estabilidad en el
territorio español. En este sentido, la legislación de extranjería recurre a tales parámetros
valorativos para el disfrute de determinadas situaciones, por ejemplo, para la renovación de las
autorizaciones de residencia temporal, o para la renovación de una autorización de residencia
por reagrupación familiar. Flexibilizar debe significar asimismo atender otras realidades, como
por ejemplo, la de los y las estudiantes procedentes de terceros países. La legislación debe
ofrecer alternativas relacionadas con la realidad, que hagan compatibles las autorizaciones con
los períodos de estancia autorizados y con unas exigencias económicas acordes con su
capacidad.
La integración, para no ser mera y simple asimilación, ha de ser bilateral, esto es, no va dirigida
sólo a los y las inmigrantes, sino que debe contemplar acciones que favorezcan en nuestra
ciudadanía la sensibilización ante las exigencias de una política de igualdad inclusiva, desde la
información y formación en el respeto primordial a los derechos y la exigencia de cumplimiento
de los deberes de toda la ciudadanía y también de los residentes en nuestro país. Una política
de integración que se corresponde con las exigencias formuladas en los informes nacionales e
internacionales sobre indicadores de integración (entre estos últimos, por ejemplo, los informes
anuales MIPEX o el reciente informe de la OCDE).
España, como país de inmigración, tiene un papel eminentemente pedagógico. Debe dejar
claro a la ciudadanía el reconocimiento del derecho a la integración, a la movilidad social de los
y las inmigrantes, y éstos a su vez, también deben respetar las reglas de vida en común, los
principios fundamentales del Estado de derecho, la necesaria separación de lo confesional y de
lo político en el espacio público, de la igualdad de los géneros (principio innegociable bajo
ningún concepto) y de la libertad confesional y personal.
El acceso a la nacionalidad española por residencia, debe ser visto como corolario de un
proceso de integración de las personas extranjeras en España. A través de una Ley de
nacionalidad que se plantea también como una propuesta para abordar en lo que atañe a las y
los españoles en el exterior, debe adecuarse el acceso a la nacionalidad por residencia de las
personas extranjeras residentes en nuestro país, pues la adquisición de la nacionalidad
comporta la plenitud de derechos de ciudadanía.
3.El tercer pilar que debe orientar la actuación básica en política migratoria para que sus
programas e iniciativas permitan una gestión proactiva y mutuamente beneficiosa, es,
evidentemente, el diseño de una política de cooperación y codesarrollo con los países de
origen de los flujos migratorios y los de tránsito, que no esté supeditada a los intereses de las
élites de esos países, ni tampoco a nudos intereses de mercado o geoestratégicos, y que
tenga, más allá de los agentes fundamentales de las administraciones públicas, a los propios
inmigrantes y a los agentes de las sociedades civiles de los países de origen y de nuestro
propio país. Es decir, una verdadera cooperación descentralizada en materia de gestión de los
flujos migratorios.
Este apartado de la política migratoria, por ser el último, no es el menos importante. En
realidad, pone en juego nuestra capacidad, dentro del marco europeo, latino-americano,
africano o de otras áreas del mundo, de proponer una estrategia a largo plazo de gestión de la
demanda migratoria. Implica nuestra capacidad de vincular la regulación de los flujos
migratorios al desarrollo de los países productores de estos flujos y, por consiguiente,
cuestiona nuestra política global de cooperación con estos países.
// 258

La relación entre cooperación e inmigración no es una invención abstracta: corresponde a la
realidad de los hechos. Primero porque, a través de sus remesas, las personas inmigrantes
están contribuyendo al desarrollo de sus países de origen y al mantenimiento, allí, de sus
familiares próximos, lo que es una forma, ciertamente no ordenada económicamente, pero
potente, de cooperación positiva.
Aquí, además, hay que denunciar una hipocresía cuidadosamente escondida en las estrategias
de los países receptores de inmigración: si a menudo recuerdan su ayuda a la cooperación, no
dudan, desde la decisión tomada bajo las iniciativas británica y española, en junio de 2002, en
el Consejo europeo de Sevilla, de condicionar la readmisión obligatoria de las personas
inmigrantes ilegales a todos los acuerdos de cooperación que celebre la Unión Europea. Eso
es lo que podremos llamar la cooperación negativa.
Todos los Informes de ACNUR, de las propias Naciones Unidas y de las principales Agencias,
Centros e Institutos de investigación y ONG’s implicadas, coinciden en señalar que vivimos hoy
la mayor crisis de personas refugiadas de los últimos 25 años. En la actual crisis, el mayor
problema ha sido la ausencia de voluntad política por parte de los Estados de la Unión
Europea para cumplir sus obligaciones jurídicas respecto a las personas refugiadas.
En efecto, en esta crisis, los Gobiernos europeos dan muestra de su falta de voluntad para
asumir el cumplimiento de los deberes jurídicos que les vinculan como la Convención de
Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, es decir, del Derecho Internacional de
los refugiados. Desde el principio de “non-refoulement” (no devolución) hasta la garantía del
derecho a solicitar asilo o, en su caso, la protección subsidiaria, la práctica demuestra el
alejamiento de nuestras administraciones del principio de sujeción al imperio de la ley.
Necesitamos un sistema común europeo de asilo para reconocer y garantizar a estas
personas el ejercicio de su derecho al asilo, no para restringirlo y dificultar su acceso. Una
política basada en el deber de solidaridad al que se refiere, por ejemplo, el artículo 78 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ante emergencias como la que vivimos hoy. Y
ello inevitablemente comporta el establecimiento de cuotas, en la línea de la propuesta
presentada por la Comisión europea. Necesitamos unos criterios comunes que identifiquen la
autoridad que debe actuar para decidir quiénes tienen, y en qué condiciones, derecho al asilo y
quién debe hacerse cargo de las prestaciones que este derecho implica. No podemos
pretender, a la vez y sin contradicción, un verdadero sistema europeo de asilo que comporte
fondos de ayuda de la UE para los Estados que lo necesiten a fin de atender a las personas
refugiadas, y, a continuación, negarnos a asumir el deber de solidaridad, nuestra obligación de
hacernos cargo de una cuota de los refugiados que arriban a Europa.
3. PROPUESTAS
• Impulsar la política común europea de asilo e inmigración. Elaboraremos un Informe
marco sobre inmigración, protección internacional y cooperación, para analizar y
orientar la política migratoria exterior española y, a la vez, presentar iniciativas dirigidas
a la Unión Europea, pues el reto es común y se ha demostrado imprescindible para un
tratamiento adecuado a la dimensión global del fenómeno.
• Dotar a la gestión de la inmigración de una posición política y una estructura en la
Administración General del Estado adecuadas para llevar a cabo un tratamiento eficaz
e integrado de los flujos migratorios y de las políticas de integración.
• Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y
tránsito de los flujos de inmigrantes, abandonada en la última legislatura, y que debe
constituir un instrumento crucial para la ordenación y gestión legal de los movimientos
de personas.
• Derogar de manera inmediata el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que impuso
graves restricciones en el reconocimiento y garantía efectiva del derecho a la salud
para inmigrantes irregulares.
• Eliminar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones
municipales de los extranjeros residentes en España.
// 259

• Crear un Fondo para la financiación de las políticas de integración que, a su vez,
represente un marco de cooperación y concertación con administraciones de los
ámbitos regional y local, y también con la iniciativa social para la gestión coordinada y
concertada de las mismas.
• Fomentar la plena integración y la igualdad de oportunidades de las llamadas
segundas generaciones, dedicando especial atención al refuerzo de la formación
educativa: reactivando los programas de acogida educativa para paliar las carencias y
necesidades del alumnado extranjero, especialmente en niños y niñas procedentes de
la reagrupación familiar; previniendo el abandono temprano y el absentismo escolar en
centros de educación primaria y secundaria, incluyendo el apoyo a profesionales de la
educación, vinculando, en colaboración con los Ayuntamientos, la escuela a su entorno
y favorecer la creación de redes de colaboración para generar espacios de
convivencia, socialización y pertenencia; apoyando y formando al profesorado en la
gestión de la diversidad y en identificación de incidentes o actitudes racistas, xenófobas
o discriminatorias.
• Abordar una reforma de la nacionalidad por residencia, procurando el máximo
consenso, que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos establecidos
actualmente, la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la
valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen, como elemento
preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso. Asimismo, impulsaremos
la firma de Acuerdos de doble nacionalidad.
• Derogar la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, que pretende legalizar las denominadas
“devoluciones en caliente” en el espacio fronterizo entre Ceuta y Melilla y el territorio
del Reino de Marruecos.
• Retirar las denominadas concertinas en las vallas fronterizas que producen graves
riesgos para la integridad física de las personas.
• Modificar el actual modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De
acuerdo con el principio de proporcionalidad, en cada propuesta de internamiento se
tendrán en cuenta las circunstancias individuales y, en especial, el riesgo de
incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las
actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la
existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales
o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Para salvaguardar el
carácter no penitenciario de los CIE, así como los derechos de las personas internas,
se revisará el Reglamento de funcionamiento y régimen interior, y se reforzarán los
medios que permitan el adecuado control judicial de los mismos. Se revisará la
composición exclusivamente policial del personal de los CIE y se garantizarán las
condiciones necesarias de higiene y salud, así como la atención a las personas
internos mediante servicios de intérprete, asistencia psicosocial y sanitaria y acceso de
los servicios de defensa jurídica. Eliminaremos las trabas al acceso a los CIE por parte
de las ONG’s de apoyo a inmigrantes acreditadas por la administración.
• Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y
tránsito de los flujos de inmigrantes, abandonada en la última legislatura, y que debe
constituir un instrumento crucial para la ordenación y gestión legal de los movimientos
de personas: Revisar la política de visados y autorizaciones para flexibilizar la
movilidad de los flujos migratorios, en especial la regulación de los flujos migratorios
circulares o estacionales, introduciendo mecanismos de decisión descentralizada en la
tramitación y concesión de autorizaciones, que facilite la circulación legal de las
personas, su entrada y el retorno y las autorizaciones para estancias formativas.
• Priorizar los países de América y África con los que España debe llevar a cabo sus
políticas de Cooperación, Cooperación triangular, Desarrollo y Codesarrollo.
• Impulsar acciones positivas en relación con las mujeres inmigrantes y refugiadas en
situación de especial vulnerabilidad como las mujeres solas con cargas familiares.
• Mejorar procedimientos administrativos que permitan agilizar las concesiones y
renovaciones de autorizaciones, especialmente las de arraigo y reagrupación familiar.
• Transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva relativa a la prevención y
lucha contra la trata de seres humanos y a la prevención de las víctimas.
• Impulsar una estrategia contra el racismo y la xenofobia, que aúne políticas públicas e
iniciativas no gubernamentales, incidiendo especialmente en las acciones en materia
// 260

educativa y políticas de comunicación y sensibilización. Se creará un programa
específico de formación en estas materias para empleados públicos.
• Dar respuesta efectiva y urgente a la crisis de las personas refugiadas mediante el
apoyo a los países vecinos, el incremento del número de acogidos, la dotación de los
programas de reasentamiento, la aceptación de admisiones humanitarias y la
concesión de visados a personas con necesidades de protección internacional.
• Reforzar las oficinas de Asilo y la presencia en ellas de la representación oficial de
ACNUR, eliminando las malas prácticas y corrigiendo las instrucciones ministeriales
que restringen de facto la posibilidad de solicitar asilo.
• Elaborar una estrategia de acogida e integración de personas refugiadas en
coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales.
• Aprobaremos el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
“reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria”, permitiendo de esta
manera que se puedan aplicar todas las figuras jurídicas que están pendiente de
desarrollo. Así mismo supondrá la incorporación de las novedades introducidas por la
modificación de las Directivas que conforman el sistema común de asilo europeo.
// 261

DERECHOS DE CIUDADANÍA EN EL EXTERIOR
1. DÓNDE ESTAMOS
La emigración española ha constituido un fenómeno político, social y económico que ha
caracterizado nuestra historia. En la actualidad, hay más de dos millones de españolas y
españoles y sus descendientes que residen fuera del territorio español y va en aumento: desde
enero de 2012 más de 1.300.000 de personas, en su mayoría jóvenes, han salido de nuestro
país buscando las oportunidades y el empleo que aquí no encuentran.
Los y las socialistas hemos sido los grandes promotores del reconocimiento de los derechos de
la ciudadanía española en el exterior y de quienes retornan, dando, así respuesta a los
mandatos constitucionales que establecen principios rectores en los planos económico, social y
político como es el ejercicio del derecho de sufragio para aquellos españoles y españolas que
se encuentren fuera del territorio de España.
Esta es la “movilidad exterior” de la que hablaba el Gobierno del PP. Tenemos un país con una
población muy capacitada que se está yendo fuera debido a la pobreza y la desigualdad que
han generado los recortes del PP, esta huida económica de España nos provocará todavía
más pobreza a largo plazo.
Las partidas presupuestarias para la emigración y el retorno se han reducido en más de siete
millones de euros, un descenso del 42% respecto al último presupuesto aprobado por un
gobierno socialista en 2011.
Los derechos también han sufrido importantes recortes: se retira la tarjeta sanitaria a los 90
días, lo que supone que muchos de los nuevos emigrantes no se inscriban en los consulados
como residentes exteriores y haya una merma significativa en la prestación de servicios en
educativos y culturales.
El derecho al sufragio se ha visto seriamente dificultado en su ejercicio como consecuencia de
la implantación del voto rogado y otras barreras administrativas, lo que ha supuesto una
disminución de la participación electoral que se ha desplomado desde un 35% a un 5%.
Parte de la nueva emigración española, especialmente en la UE, no se registra en los
consulados y, por tanto, no aparece en el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el
Extranjero) dado que esa inscripción comporta en la práctica la pérdida de derechos. Esta
circunstancia conduce a que hoy desconozcamos el número de emigrantes españoles y
españolas en el exterior. Es indispensable que el Gobierno fomente la inscripción
salvaguardando los derechos de los que deciden emigrar y con esa finalidad realice las
modificaciones necesarias en el PERE.
El Partido Socialista está comprometido en seguir trabajando para mejorar los derechos de la
ciudadanía española en el exterior. Concretamente enfocaremos nuestra acción de gobierno en
mejorar el derecho a la participación política, en recuperar el sistema sanitario universal, en
homologar las pensiones públicas, en potenciar la vinculación con España de la ciudadanía en
el exterior y en reorganizar el servicio de España en el exterior. Es importante que haya una
plena aplicación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, para extender y
asegurar el estado de bienestar a nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras.
El PSOE va a tener como prioridad adoptar todas las medidas necesarias para promover el
retorno de quienes se marcharon buscando oportunidades que no hallan en España. Como
país no podemos permitir la salida de cientos de miles de jóvenes. Este es un drama personal y
colectivo, dejándonos descapitalizados de talento y abocándonos a un futuro incierto.
// 262

3. PROPUESTAS
Derechos de la ciudadanía en el exterior
• Aprobar una Ley de Nacionalidad, procurando el máximo consenso entre las fuerzas
políticas, que recoja los derechos de ciudadanía de los españoles y de las españolas
en el exterior. Basándose en los supuestos concretos de acceso a la nacionalidad
recogidos por los Acuerdos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior, la Ley dará respuesta a las situaciones de los descendientes de españoles
que no han podido acceder a la nacionalidad por motivo de género o edad tras la
última modificación en esta materia.
• Establecer un Plan Estratégico de Españoles y Españolas en el Exterior y Personas
Retornadas 2016-2020, incidiendo especialmente en las áreas sanitarias, educativas,
sociales y culturales.
• Con el fin de fortalecer la democracia e incrementar la participación, erradicaremos el
voto rogado, eliminaremos las barreras administrativas existentes en el procedimiento
del voto de los y las residentes en el exterior, y promoveremos el voto en urna en los
lugares en donde el número de residentes españoles y españolas sea significativo.
• Recuperar el Sistema Sanitario Universal, derogando la retirada de la tarjeta sanitaria
a los 90 días.
• Promover convenios bilaterales con los países de importante presencia de españoles
y españolas en el exterior para proporcionar cobertura sanitaria, tendiendo a la
equiparación de las prestaciones cuando éstas sean inferiores a las garantizadas por
el Sistema Nacional de Salud en España.
• Establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el
extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles retornados, que permita la
aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que
correspondan a cada situación y que eviten la necesidad de regularizaciones
posteriores.
• Elaborar un Plan Especial de Acción para que las Embajadas y Consulados de
España estén en condiciones de prestar un mejor servicio de asistencia y atención
necesaria a las personas.
• Dotar a los Consejos de Residentes Españoles en el Exterior de los medios materiales
y financieros adecuados al papel que vienen realizando en el asesoramiento,
información y comunicación con la población española en el exterior.
• Adoptar de una manera específica los recursos de la Administración electrónica, que
facilite la realización telemática de todo tipo de trámites administrativos a los
españoles y españolas que se encuentran en otro país.
• Promover experiencias en materia de voto electrónico en las elecciones a los
Consejos de Residentes Españoles en el Exterior, sirviendo estas acciones de
experiencias piloto en materia de procesos de votación.
• Favorecer el acceso de la ciudadanía española en el exterior a la cultura a través del
fomento de las actividades de las entidades asociativas y culturales de las
comunidades españolas (incluidas las “casas de España” y otras entidades similares
de carácter autonómico) y de la red del Instituto Cervantes.
Los derechos de los y las jóvenes y la nueva emigración
• Establecer un Plan Estratégico de Retorno que recoja medidas socio-laborales para
facilitar el retorno y la inserción de españoles y españolas procedentes del exterior, con
la puesta en marcha de programas sanitarios, de empleo, asistenciales, de vivienda,
educativos, de investigación, de asesoramiento y orientación. Se establecerá
específicamente un Plan de Retorno del Talento Científico y Profesional, que constará
de dos programas:
o Programa de Talento Investigador orientado al retorno de jóvenes
investigadores en colaboración con las Universidades y de empresas
intensivas en conocimiento.
o Programa Talento Profesional orientado al retorno personal directivo y técnico
joven en colaboración con las empresas.
// 263

• Garantizar la educación presencial de español, en las Agrupaciones de Lengua y
Cultura Española, especialmente para niños y niñas, y para quienes ya hayan cursado
enseñanza reglada en España.
• Llevar la enseñanza de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas a todas las
ciudades y países donde haya demanda.
• Crear un sistema de enseñanza on-line propio y evaluable para aquellos lugares donde
no se alcance el número necesario de alumnos para hacerlo presencial.
• Crear una Red Educativa Española en el Exterior para que se estudie bajo el mismo
sistema en todos los países donde ya existen programas.
// 264

PROPUESTA
SOCIALISTA
DE REFORMA
CONSTITUCIONAL

| REFORMA CONSTITUCIONAL
PROPUESTA SOCIALISTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
POR UN NUEVO PACTO DE CONVIVENCIA
La Constitución de 1978 nos ha proporcionado los mejores años de nuestra Historia. Gracias a
ella han sido posibles la garantía de los derechos y libertades, los fundamentos del Estado
social, la participación democrática en la toma de decisiones, o el desarrollo de una profunda
descentralización política a partir del reconocimiento de la diversidad de nuestro país; y, con
todo lo anterior, el incremento del bienestar de los españoles y la convivencia en armonía de
todos ellos.
Los socialistas nos sentimos orgullosos de nuestra Constitución, de nuestra participación en su
elaboración y defensa y de nuestra decisiva aportación a su aplicación y desarrollo por la
legislación ordinaria.
Sin embargo, la crisis económica que azota a España con dureza desde 2008, y las respuestas
dadas por los poderes públicos a la misma, han minado la confianza de los ciudadanos y
ciudadanas en el orden político surgido de la Constitución en tal medida que aquella crisis se
ha extendido hasta incorporar manifestaciones claras de una crisis también social, política,
territorial e institucional.
Sus síntomas se pueden observar todos los días. El reconocimiento formal de determinados
derechos sociales como principios rectores de la política social y económica, no ha impedido su
anulación o recorte y el consiguiente incremento de la necesidad, la pobreza y la sensación de
desamparo. Las dificultades de las instituciones democráticas para ordenar la economía de
acuerdo con los intereses generales y la corrupción que contamina la acción pública han
debilitado la legitimidad de la representación política y han acrecentado la reclamación de
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Las dificultades de
funcionamiento armónico del Estado de las Autonomías y de su financiación, conviven con la
evidencia, que no debemos ignorar, de que, en Cataluña, muchos ciudadanos se muestran
insatisfechos con la forma en que, en ese Estado, se reconoce su identidad.
La España de 2015 no es ya, en definitiva, la de 1978. Es una España en la que la mitad de la
población no participó en la aprobación de la Constitución y hoy reclama su espacio. Es una
España más moderna, más rica, decididamente descentralizada, integrada en la Unión
Europea, inmersa en la globalización económica, afectada por unas tecnologías de la
información y la comunicación que han cambiado la forma de entender el mundo y, también, la
forma de hacer política y de gestionar los asuntos públicos. Es una España constituida por
millones de ciudadanas y ciudadanos más plurales, más heterogéneos, más formados, más
participativos y más exigentes a la hora de reclamar el funcionamiento eficaz de sus
instituciones y el respeto a sus derechos y libertades.
Esta nueva realidad no ha tenido reflejo, hasta ahora, en reformas parciales de la Constitución
para irla adecuando a las necesidades y requerimientos de los nuevos tiempos, para tejer y
rehacer permanentemente los consensos políticos y ciudadanos que caracterizaron su
aprobación.
Nuestro Estado ahora necesita remodelarse para un nuevo largo periodo de convivencia con el
objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política y la
solidaridad territorial entre las generaciones vivas, un legado político que debemos dejar a las
futuras.
Cuatro razones fundamentales avalan la necesidad de la reforma:
Primera, que la realidad se ha transformado tan profundamente que necesitamos extender y
garantizar con suficiencia los derechos fundamentales, singularmente los derechos sociales
básicos.
Segunda, que la experiencia de estos casi cuarenta años ha puesto de relieve la existencia de
instituciones y mecanismos que no cubren de manera adecuada los objetivos del Estado
democrático y las exigencias de calidad democrática que demanda la ciudadanía.
// 266

Tercera, que la Constitución dejó prácticamente en blanco el modelo territorial, por lo que hay
que regular constitucionalmente lo que en 1978 se dejó muy abierto y sin precisar, actualizando
y relegitimando nuestro modelo para mejorar la convivencia entre españoles y fortalecer
nuestra unión ciudadana.
Cuarta, que nuestra vocación europeísta nos exige reforzar el compromiso con la Unión
Europea más social y decidida a la integración, articulando con ella nuestra relación, mejor y
más intensamente, desde la propia norma constitucional.
Sabemos que ni la Constitución resuelve por sí sola todos los problemas de nuestra
convivencia ni hay que recoger en ella todas las respuestas que los nuevos tiempos exigen.
Algunas de las reformas que necesitamos pueden llevarse a cabo mediante decisiones
normativas de rango ordinario; otras requieren formalmente la reforma constitucional o, al
menos, la merecen para dotarlas de la proyección simbólica que contienen; y aun otras solo
necesitan de una cultura política más democrática y colaborativa.
Los socialistas creemos que el tiempo para la reforma de la Constitución ya ha llegado. Y
también creemos que este convencimiento es crecientemente compartido por los ciudadanos.
Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con esperanza. Y también,
y sobre todo, con voluntad de diálogo y acuerdo.
Orgullosos de la Constitución, no pretendemos abrir un proceso constituyente sino mantener
los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los
ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad.
Convencidos de la función de integración de nuestra Constitución, marco común normativo
fundamental que debe permitir y garantizar la actuación de todas las opciones políticas
democráticas, no pretendemos imponer nuestras posiciones a nadie.
Por todo ello, sabemos que la reforma de la Constitución, en cuanto instrumento esencial de la
convivencia, sólo tendrá sentido y sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto, si cuenta con
el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas y de la ciudadanía. Sabemos, incluso, que,
si la reforma concluye con éxito, no incluirá algunas de las propuestas que nosotros
presentemos: los efectos del acuerdo compensarán con creces esas renuncias.
Hoy ofrecemos a los ciudadanos nuestra propuesta de reforma. Es una oferta abierta, llamada
a completarse y discutirse con las que formulen el resto de los actores políticos y también la
propia ciudadanía.
Queremos analizar todas ellas, discutirlas, buscar los puntos de convergencia, precisarlas y
concluir con un acuerdo final ampliamente mayoritario, especialmente cuando alguna de ellas
requiere el procedimiento agravado de reforma constitucional. Fuimos capaces de hacerlo con
generosidad; los ciudadanos se merecen que hoy volvamos a ponernos de acuerdo en su
nombre.
En concreto, planteamos modificar la Constitución con los siguientes cinco ejes u objetivos
generales para mejorar nuestro modelo de sociedad y de Estado:
- Una sociedad y un Estado con más justicia social: Incorporar a la Constitución
mecanismos que garanticen el Estado del Bienestar fortaleciendo los derechos
sociales
El Estado Social es una conquista compartida por todo el pueblo español: no es
patrimonio de nadie, es de todos. Es un factor de nuestro bienestar individual y
colectivo pero también un elemento productivo más que contribuye en un modo
especialmente positivo al desarrollo de nuestra economía y del país entero. Debemos
introducir en la Constitución mecanismos que garanticen su pervivencia, que lo mejoren
y lo desarrollen.
// 267

Proponemos por ello,
• Reformar el artículo 135 para incorporar las condiciones de salvaguarda de la
“Estabilidad Social” del Estado que figura en su actual texto con el fin de que, con
criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público un nivel
adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales.
• Reconocer como derechos fundamentales los derechos a la protección de la salud
y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad previstas
en la Ley, incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo
vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna.
• Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del
Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a
servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía.
• Mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo, incluyendo referencia expresa al
derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la
seguridad, salud y dignidad en el trabajo.
• Mejorar la regulación actual sobre protección a las familias, de acuerdo con un
concepto amplio de familia que comprenda las nuevas formas de convivencia, con
especial atención a la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Dotar de contenido el derecho a la vivienda mediante la previsión de obligaciones
concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio.
• Reforzar los derechos medioambientales y así reforzar la Alianza
Intergeneracional.
• Reforzar y ampliar el derecho a la educación
- Un Estado de Derecho revitalizado: Fortalecer y ampliar los derechos y
libertades
Aunque el Estado de Derecho y su elemento central, los derechos fundamentales,
gozan de un indiscutible vigor, también es necesario actualizar el catálogo de derechos,
reordenarlo en algunas materias, incorporar concepciones sociales que se han ido
abriendo paso, atender a realidades que no se pudieron tener en cuenta por el
constituyente en 1978 y, en otros casos, mejorarlos atendiendo a nuestra condición de
Estado miembro del Consejo de Europa y de la UE.
Así, proponemos:
• Atribuir a “las personas” y no solo a los españoles el derecho a la igualdad ante la
ley y a la no discriminación. Incluir nuevas causas de prohibición de la
discriminación.
• Incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad
entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y las
condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la
protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas,
al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de
género, y a la participación política.
• Eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona.
• Abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.
// 268

• Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los
representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones.
• Reconocer los derechos vinculados con la bioética.
• Facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros. Fortalecer el derecho de asilo,
garantizando su protección efectiva.
• Configurar un derecho autónomo a la protección de datos de carácter personal,
incluyendo el llamado “derecho al olvido”. Reconocer el derecho ciudadano al
acceso a la información pública.
• Actualizar la configuración constitucional del matrimonio contemplando
expresamente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
• Mejorar la atención de los poderes públicos a las personas con discapacidad,
suprimiendo la referencia a “disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales”.
- Una Sociedad y un Estado más democráticos: Mejorar la calidad democrática y
de las instituciones
España es una democracia moderna y consolidada, que atraviesa en la actualidad un
profundo deterioro por los serios efectos de una prolongada crisis económica, la
llamada Gran Recesión, que han sido agravados por la forma equivocada de
gestionarla, desde la UE y el Gobierno de España, mediante planteamientos en exceso
neoliberales, y por el acusado repliegue de las políticas democráticas frente a la
economía.
La ciudadanía también está escandalizada y desafecta con la política por los
impactantes casos de corrupción que han venido aflorando en estos años y, entre otros
aspectos, por las insuficiencias en la representación y en los elementos participativos
de nuestro sistema democrático.
Con el fin de recuperar y fortalecer el pacto ciudadano que sostiene a nuestras
sociedades y que se contempla en esencia en la Constitución, proponemos:
• Establecer la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos en la
elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones. Fortalecer la
transparencia sobre su organización y funcionamiento, especialmente sobre su
financiación. Incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres y
hombres en las candidaturas electorales.
• Introducir la obligación de que, tras el acto de convalidación de un decreto-ley, éste
sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia si así lo
solicitara una minoría cualificada.
• Limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos
relacionados con el ejercicio de su cargo. Suprimir la inmunidad parlamentaria.
• Incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los
Diputados. Desbloquear las listas.
• Remitir la fijación de los elementos del sistema electoral a la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, aprobada por mayoría cualificada.
• Rebajar las condiciones para presentar una iniciativa legislativa popular y dar
posibilidad a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus
propuestas.
// 269

• Fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y
organismos reguladores mediante el establecimiento de un sistema para el
nombramiento de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública de las
vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos
por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos informes se harán
públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes
comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por parte del Parlamento.
• Atribuir en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal
Constitucional. La mitad serán designados por el Congreso y la otra mitad por el
Senado. Los magistrados designados por el Senado lo serán de entre los
propuestos por las Comunidades Autónomas.
• Reformar el alcance y el procedimiento para la reforma constitucional con el
objetivo de deshacer la gran rigidez de la regulación actual.
- Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural: Reformar la estructura
territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo
El Estado Autonómico fundado ineludiblemente en la unidad del sujeto constituyente, el
pueblo español, en el que reside la soberanía, se ha consolidado y ha sido positivo
para la ciudadanía porque ha transformado la realidad de España y también la forma
de gobernar.
Sin embargo, creemos que, después de más de tres decenios y medio de evolución, y
a la vista de sus problemas estructurales y de funcionamiento y de las tensiones que en
su seno se han generado, es necesaria una urgente y amplia reforma constitucional del
modelo de Estado.
Dados los rasgos del Estado autonómico, su evolución debe adoptar las normas de
organización y funcionamiento de Estados con estructura federal.
El federalismo, en efecto, es un sistema que defiende la unidad del Estado, respetando
la diversidad, a partir de una distribución interna de poderes y responsabilidades que
combina los intereses generales del Estado y, simultáneamente, las aspiraciones e
intereses específicos, en nuestro caso, de las comunidades autónomas.
El federalismo, por ello, es un sistema que permite reconocer, respetar e integrar la
diversidad y las singularidades de los territorios de España, la cohesión social y la
igualdad, y ofrecer las respuestas más adecuadas a los problemas de nuestras
comunidades en un Estado integrador y eficiente.
El federalismo asume la importancia de los sentimientos y de las identidades, que son
diversas y compatibles y no tienen por qué ser excluyentes. Es, pues, el mejor espacio
para el desarrollo de las libertades democráticas y la incorporación armónica de las
exigencias de la diversidad social y política que expresan los pueblos de España.
El federalismo, en definitiva, fortalece simultáneamente la unidad del Estado, la
autonomía territorial, la convergencia y el compromiso con la UE, así como la igualdad
básica de toda la ciudadanía en sus condiciones de vida. Una igualdad que no se
resiente por las diversidades cuya gran riqueza, que es riqueza para todos, se expresa
libremente en las diferentes culturas y tradiciones, lenguas, instituciones y otras
singularidades y modos de vida de nuestros territorios y sus pueblos.
El 6 de julio de 2013, los socialistas aprobamos la Declaración de Granada sobre “Un
nuevo pacto territorial: la España de todos” y la Resolución “Hacia una estructura
federal del Estado”. En ella ya afirmábamos que el Estado de las Autonomías necesita
hoy una profunda revisión y una actualización urgente y defendíamos un Estado de las
Autonomías del siglo XXI con una estructura territorial de carácter federal capaz de
proporcionar respeto a las identidades diferenciadas dentro de España compatible con
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un compromiso colectivo con el proyecto común, solidaridad para reducir las
desigualdades territoriales, cooperación efectiva entre las Administraciones, igualdad
de derechos básicos de todos los ciudadanos y eficacia en la gestión de los recursos
públicos. Fue, y sigue siendo, una base sólida para abordar una reforma que
proporcionará resultados beneficiosos para todas las Comunidades.
De acuerdo con ese compromiso, los socialistas proponemos
• Incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre. Incorporar
la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
• Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de
establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad
de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios
de las respectivas Comunidades.
• Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial. Redefinir
sus funciones para vincularlas a las que derivan de la dimensión territorial
(legislación básica del Estado, leyes con incidencia territorial, leyes de financiación,
asuntos de la UE que afecten a las comunidades). Revisar su estructura y
composición optando entre un modelo intergubernamental o un modelo
representativo de las Comunidades.
• Incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre administraciones.
Precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las CCAA en relación con el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados de la UE.
• Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial,
incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las
competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos
competenciales de carácter horizontal del Estado.
• Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus
consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos;
insularidad; ultraperificidad; organización territorial o peculiaridades históricas de
derecho civil.
• Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus
condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos esenciales, en
el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, así
como la igualdad en el territorio en el que se resida.
• Establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas conforme a los principios de certeza, estabilidad, y
equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera,
suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial,
definiendo la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera con el
objetivo de dar la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a
través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos; el alcance del
concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios entendido como la
existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales; la
atención a la precisión del Tribunal Constitucional de que la contribución
interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando
asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita
garantizar el principio de igualdad; y el reconocimiento de los imprescindibles
instrumentos de cohesión, equilibrio y convergencia territorial.
• Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida y sostenida sobre los
principios de competencias propias, subsidiariedad y suficiencia financiera, el
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impulso a la cooperación intermunicipal y la protección de la igualdad de los
ciudadanos en el acceso a los servicios esenciales en los municipios rurales.
• Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo,
orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de
doctrina. Atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades la
culminación ordinaria de la resolución de los recursos judiciales. Garantizar la
independencia del Consejo General del Poder Judicial y posibilitar la
desconcentración en las Salas de Gobierno de los TSJ de determinadas decisiones
administrativas.
- Doble vocación europea e iberoamericana de España. Adecuar y reforzar
nuestra articulación con la Unión Europea y colocar a España a la vanguardia de
una Europa social. Reforzar nuestros lazos con los países hermanos de América
Latina
Somos Europa, y la Unión Europea es nuestro sistema político. Queremos que España
se sitúe a la vanguardia del proceso de integración de una Europa social y solidaria,
fuerte y unida, con un modelo social y de bienestar que se corresponda con una
sociedad democrática cohesionada y justa.
España necesita reafirmar en la Constitución su compromiso con el proceso de
integración de la UE, especialmente cuando está siendo cuestionado por eurófobos,
euroescépticos y por quienes apuestan por nuevos localismos y nuevas fronteras.
Igualmente debe tener acogida el específico compromiso de España con el espacio del
Mediterráneo.
Ese compromiso debe plasmarse con la introducción de una cláusula europea que
haga posible una mejor articulación jurídica y política con Europa y que asegure que
nuestro sistema de derechos y libertades fundamentales, así como su interpretación y
aplicación, responde al nivel de multiprotección propio de nuestra condición de Estado
miembro del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
Del mismo modo, en la Constitución debe tener reflejo el hondo sentimiento de
vinculación de España con los países hermanos de América Latina. Nuestra
vinculación histórica, lingüística, cultural y sentimental con América Latina, que alcanza
al mismo ser y sentido de España, merece también que aparezca reconocida
solemnemente en el Preámbulo constitucional como manifestación de una voluntad
permanente del pueblo español para hacer cada vez más sólido ese lazo fraternal,
construido a lo largo de siglos, mediante unas relaciones más intensas y solidarias,
basadas en el mutuo reconocimiento, la colaboración y la cooperación.
• Reafirmar en el Preámbulo de la Constitución nuestro compromiso con el objetivo
de hacer realidad una Europa unida en su diversidad.
• Reconocer el carácter vinculante del derecho europeo y su primacía respecto del
derecho interno en armonía con los principios, valores y derechos
constitucionalmente establecidos.
• Garantizar la participación de las CCAA en los procesos de formación de la
voluntad del Estado en todas las materias que sean de su competencia o sus
intereses pudieran verse sustancialmente comprometidos.
• Incluir una referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE y a la necesidad de adecuar la
interpretación del Título I a la jurisprudencia del TEDH y del TJUE.
• Reflejar en el Preámbulo de la Constitución la especial vinculación de España con
los países hermanos de América Latina, entre otros aspectos en los ámbitos
cultural, económico, político, educativo, científico y diplomático.
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Con esta propuesta, los socialistas damos el primer paso. Queremos compartir este camino
desde su inicio. Estamos convencidos de que sólo con la victoria del PSOE en las elecciones
generales del próximo mes de diciembre, se abrirá una nueva etapa reformista que actualice
nuestro marco de convivencia constitucional bajo la premisa del diálogo y el consenso. A tal fin,
el Partido Socialista convocará, tras las elecciones y con carácter inmediato, a las restantes
fuerzas parlamentarias con el propósito de acordar el procedimiento para emprender la reforma
de la Constitución y concitar, en torno a él, el mayor apoyo y la mayor participación ciudadana.
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