Psoe

MANUAL
DEL
CANDIDATO
elecciones europeas 2014
PROGRAMA
ELECTORAL
ELECCIONES GENERALES 2015

| ÍNDICE
| UNA ECONOMÍA AL SERVICIO
DEL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA 142
| I.I Una economía 4.0, Más productiva 148
|1. Reindustrialización 151
|1.1.Digitalización 152
|1.2 I+d+i 157
|1.3. Empresas más grandes y dinámicas 163
|1.4 Emprendedores 170
|1.5 Capital humano para la economía 4.0 173
| I.II. Un mercado laboral más eficiente 176
|2.1. Reformar el sistema público de empleo 177
|2.2. Elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores como
carta de derechos e igualdad en las relaciones laborales 180
|2.3. Una inspección de trabajo centrada en hacer realidad
el estado de derecho en los centros de trabajo y
velar por empleos de calidad 185
| I.III. Economía verde: prosperidad Más allá del pib 188
|3.1 Transición energética 188
|3.2 Medioambiente y sostenibilidad:
Nuestra riqueza, nuestro futuro 196
| I.IV. Sectores 204
|4.1. Turismo: un modelo turístico innovador,
sostenible y competitivo 204
|4.2. Industrias culturales, creativas,
del conocimiento y la comunicación (icc) 207
|4.3. Sector de la automoción 209
|4.4. Transporte, movilidad e infraestructuras 211
|4.5 Agricultura, ganadería, Pesca y desarrollo rural 215
|4.6 Industria aeroespacial, Naval y de Defensa 224
| II. Estabilidad presupuestaria.
Envolvente financiera para sostener el estado
del bienestar y reducir las desigualdades 227
| III. Instituciones y mercados inclusivos:
Por una economía de las oportunidades
al servicio de las personas. 236
|IV. Avanzar en la integración económica
Europea: hacia un gobierno del euro 247

| ÍNDICE
| EL ESTADO SOCIAL 256
| Medida de choque contra la desigualdad:
Ingreso mínimo vital 262
| Qué queremos de europa en política social 264
| La demografía en españa: un país más joven 267
| Profundizar en el sistema de protección por desempleo 269
| Pensiones públicas económica y socialmente sostenibles:
Una oferta de seguridad social para la ciudadanía 271
| Sanidad 277
| Consolidar los servicios sociales.
Recuperar la atención a las personas
en situación de dependencia 296
| Infancia 302
| Familias. Nuevos modelos de familia 307
| Personas mayores 309
| Discapacidad: capacidades diferentes
y derechos de ciudadanía 312
| El deporte 316
| Vivienda y desarrollo urbanístico 323
| NUESTRA VISIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO 334
| España en un mundo globalizado 339
| Paz y seguridad 348
| La cooperación española más allá de 2015:
razones éticas y prácticas para el cambio 354
| Política migratoria 361
| Derechos de ciudadanía en el exterior 371
| PROPUESTA SOCIALISTA DE REFORMA
CONSTITUCIONAL: POR UN NUEVO
PACTO DE CONVIVENCIA 378

| INTRODUCCIÓN
UN PROYECTO SOCIALDEMÓCRATA PARA ESPAÑA.
EL CAMBIO QUE UNE.
Los españoles y las españolas hemos sido convocados a elecciones. Después de cuatro
años de gobierno de la derecha el cambio es necesario y urgente. Un cambio que una.
Que repare a un país fracturado social y territorialmente. Que reconcilie a la sociedad
con sus instituciones democráticas. Que nos vuelva a encaminar al diálogo y al acuerdo
como forma normal de la política. Los socialistas queremos emprender ese camino para
hacer frente a los cuatro desafíos ante los que se encuentra España: la desigualdad, la
falta de oportunidades, la desconfianza en la política y la convivencia entre españoles.
Somos el segundo país con mayor desigualdad de la Unión Europea. No somos un país
pobre y, sin embargo, en nuestro país hoy hay pobreza. Y si la pobreza siempre hiere,
hoy nuestro país conoce la pobreza más lacerante, que es la pobreza infantil. No es un
problema de medios, tenemos recursos para evitar esa pobreza. Falta solo un gobierno
con la sensibilidad y la diligencia necesarias. Y eso está al alcance de una papeleta de
voto. Ese es un cambio posible, un cambio que una lo que la derecha ha dividido. Nuestro
país se ha vuelto desigual de muchas maneras, en los salarios entre hombres y mujeres,
también en las pensiones entre hombres y mujeres nuestro país se ha vuelto más
desigual. También hemos visto crecer la desprotección para las personas dependientes
o que tienen alguna discapacidad, y desprotegidas se han vuelto desiguales. Nosotros,
que tanto luchamos por construirlo, debemos recomponer nuestro Estado del Bienestar
y adecuarlo a la sociedad del siglo XXI.
¿Cómo se va a ganar la vida España? Nuestra sociedad ofrece pocas oportunidades. El
créditonollegaalosempresarios,alascooperativas,alosautónomos.Cuestaemprender
en España y necesitamos crear riqueza y empleo. Necesitamos cambiar nuestro modelo
económico. Debemos proteger y mejorar nuestras actuales fuentes de riqueza, como
el sector hotelero, pero también necesitamos industria, ciencia e investigadores,
necesitamosimpulsarlaeconomíayelempleoverdeparahacerfrentealcambioclimático
y hacer que nuestro crecimiento respete nuestro patrimonio natural, necesitamos más
empresas, internacionalizadas, digitalizadas, con trabajadores capacitados. Setecientos
mil jóvenes necesitan una oportunidad de reinserción formativa, una oportunidad para
volver a comenzar. El crédito, la educación, son oportunidades para las españolas y los
españoles. Las sociedades más justas son las que tienen igualdad de oportunidades, y
las más prósperas son las que, además, tienen abundancia de oportunidades. También
para empezar de nuevo cuando se fracasa, también para las segundas oportunidades.
Elcréditoenlapolíticasellamaconfianza.Recuperarlaconfianzaeseltercerdesafío.Los
españoles debemos reconciliarnos con nuestras instituciones democráticas. Y para eso
necesitamos hacer frente al mal de la corrupción, con medidas de transparencia dentro
y fuera de los partidos. Los socialistas hemos empezado por nosotros mismos. Hoy, con
la publicación de las cuentas de todos nuestros candidatos y dirigentes, somos el partido

| INTRODUCCIÓN
más transparente de España según la ONG Transparencia Internacional. Vamos a llevar
esa exigencia de transparencia al gobierno de todas las instituciones democráticas.
Queremos que los ciudadanos estén más cerca de la toma de decisiones. Por eso nos
proponemos modificar la ley electoral, para desbloquear las listas electorales, revitalizar
la democracia interna de los partidos, reducir el número de aforados en España, para
hacer respetar la división de poderes y poder contar con instituciones que sirvan a todos
los españoles y no a quienes las gobiernan.
Nuestrocuartodesafíoeslaconvivencia.Nuestraconvivenciasehadeterioradodemanera
preocupante en los últimos años. La mayoría absoluta de la derecha se ha convertido en
un muro para el diálogo en nuestro país. Así ha sido con el diálogo social, y así ha sido
en la relación del gobierno central con las Comunidades Autónomas. El separatismo ha
aprovechado la falta de diálogo para lanzar una peligrosa amenaza a la convivencia en
Cataluña. Como demócratas, los socialistas estamos convencidos de que no hay nada
por encima de la ley y no hay nada más fuerte que la palabra, nada más poderoso que el
diálogo. Dentro de la ley y la Constitución, estamos dispuestos a establecer un diálogo
que suture todo lo que se ha roto estos años, un diálogo que nos lleve a un pacto de
unidad y convivencia. Desde el comienzo de la democracia los socialistas hemos estado
en todos los acuerdos de convivencia. Los españoles y las españolas debemos restaurar
nuestro pacto de convivencia y llevarlo a nuestra Constitución.
Los socialistas hemos aceptado los principales desafíos que tiene nuestra sociedad,
porque estamos convencidos de que sólo si los ganamos habremos garantizado que
España siga por mucho tiempo por la senda de prosperidad, de justicia y de libertad
que emprendieron nuestros mayores en 1978. Si ellos fueron capaces de hacerlo,
nosotros estamos obligados a conseguirlo de nuevo. Estamos obligados a ser fieles
a nuestra historia y a nuestros valores, a ser reconocibles, porque el socialismo, la
socialdemocracia, sigue siendo la opción política más avanzada en el mundo del siglo
XXI.
UNA SOCIALDEMOCRACIA RENOVADA
En los países desarrollados, el principal agente de cambio y progreso lo encarnan
los partidos socialdemócratas. Los partidos liberales y conservadores han sido
demasiado complacientes con las injusticias sociales. Por su parte, los partidos de la
izquierda radical se han mantenido siempre en un plano excesivamente voluntarista,
sin asumir los límites de la acción política. Es incontestable que son los partidos
socialdemócratas los que más han contribuido en la práctica a la mejora social, los
que, más allá de proclamas ideológicas, han conseguido mejorar la suerte de los más
desfavorecidos.
Como todo movimiento político, la socialdemocracia bebe de unos valores, que son los
que inspiran sus políticas y sus propuestas de gobierno. Los valores socialdemócratas
tienen ya más de 100 años. Se caracterizan por la lucha a favor de la justicia social y
la autonomía personal. El propósito último consiste, hoy igual que hace un siglo, en
hacer posible el ejercicio de la libertad: que los ciudadanos tengan los recursos y las

| INTRODUCCIÓN
oportunidades que les permitan no solo vivir con dignidad, sino también vivir libremente,
llevando a cabo con autonomía sus proyectos de vida.
El rasgo distintivo de la socialdemocracia es el reformismo. No aspiramos a acabar con
la economía de mercado, pero sí a reformarla, a embridarla, a ponerla al servicio de
un orden social justo. Nuestras reformas son compatibles con el funcionamiento de la
economía de mercado, reconocemos que el mercado y la iniciativa privada son fuerzas
extraordinarias de desarrollo, pero es necesario encauzar esas fuerzas y someterlas a
un ideal de progreso. El reto histórico de la socialdemocracia ha consistido en encontrar
el cauce para unir avances sociales y progreso económico.
Losvaloresyprincipiosrectoresdelasocialdemocraciapermanecendesdesusorígenes.
En todo caso, se han expandido, cubriendo preocupaciones cada vez más amplias, desde
la igualdad de género hasta la sostenibilidad del planeta. Otra cosa son las políticas, los
programas de gobierno, las propuestas de cambio y transformación. Las políticas sí han
ido cambiando, adaptándose a los cambios que se han sucedido en todos los órdenes.
En este sentido, la crisis económica que hemos vivido durante los últimos ocho años
ha trastocado muchas cosas y nos obliga a replantear cuáles son las mejores recetas
para incorporar al proyecto socialdemócrata. Desde nuestro punto de vista, la crisis ha
supuesto un retroceso sin precedentes en la libertad y autonomía de las personas. Se
han cerrado oportunidades, se han truncado carreras, se ha deteriorado el nivel de vida
de mucha gente. La crisis no solo ha generado un gran sufrimiento, sino que, además, ha
sido tremendamente injusta, cebándose en los grupos más precarios y desfavorecidos.
Aparte de sus consecuencias económicas, la crisis ha producido pobreza, desigualdad y
pérdida de cohesión social. La sociedad está hoy más dividida que hace unos años. Hay
líneas de ruptura claras entre quienes más tienen y quienes menos tienen, pero también
entre jóvenes y mayores. Ha habido una quiebra generacional: las generaciones más
jóvenes tienen menos oportunidades y están en una posición más desfavorable que las
generaciones mayores.
Ante estas nuevas realidades, políticas que durante décadas habían dado buenos
resultados, se han revelado insuficientes. De ahí que el PSOE, al igual que otros
muchos partidos socialdemócratas, se haya embarcado en un proceso de revisión de
sus políticas, aprendiendo de los errores y aciertos del pasado. La Conferencia Política
de noviembre de 2013 fue un hito importante en esta fase de renovación. El PSOE llega
con nuevas ideas, con propuestas que permitirán afrontar los problemas que genera
la fuerte desigualdad que la crisis ha producido. No basta con crecer para combatir
la desigualdad. No podemos volver a crecer a lomos de la especulación financiera y la
formación de burbujas, ni podemos hacerlo a costa del derroche y la explotación abusiva
de los recursos naturales. Nuestras propuestas pasan por una estrategia de crecimiento
sostenible, sobre la base del conocimiento y el empleo de calidad, que nos permita
atacar a fondo la desigualdad.

| INTRODUCCIÓN
CRECIMIENTO, IGUALDAD, DEMOCRACIA
Se abre paso un nuevo consenso: sabemos que niveles excesivos de desigualdad
comprometen a medio plazo el crecimiento económico y la estabilidad institucional. La
socialdemocracia es la fuerza política mejor situada para afrontar este reto, nuestro
objetivohaconsistidosiempreenbuscarformasdecrecimientoqueevitenladesigualdad.
Nosotros defendemos que para crecer y, a la vez, reducir la desigualdad, es necesario
reforzar la política, estableciendo un control democrático de la economía de mercado.
Resulta necesario reforzar las instancias del poder político representativo para acabar
con los privilegios y las posiciones de dominio de los grandes grupos económicos, y
para que los políticos no sucumban a las presiones de dichos grupos. El mercado tiene
que funcionar libremente, hay que dejar vía libre al talento y la iniciativa privada, a la
competencia y a la meritocracia, pero siempre y cuando las condiciones de partida
sean razonablemente justas para todos. Cuanto más desigual sea la distribución inicial
de recursos y oportunidades, más desigualdad generará el mercado. Por eso, los
socialdemócratas creemos que es fundamental llevar a cabo reformas ambiciosas que
hagan más igualitaria la distribución de oportunidades y recursos antes de que operen
los mecanismos de mercado.
Para luchar contra la desigualdad y generar crecimiento, hay que dar mayor voz al
ciudadano. Necesitamos una democracia robusta, en la que las instituciones funcionen
efectivamente como un medio para canalizar las demandas ciudadanas. Las sociedades
más igualitarias son también las que tienen un orden institucional de mayor calidad,
con fuerte control ciudadano de los actos políticos, transparencia en su funcionamiento
y administraciones eficientes libres de injerencias partidistas.
Lacorrupciónesunobstáculoparalaconsecucióndeunasociedadigualitariayconbuenas
estructuras de gobierno. Los ciudadanos han visto con justificada alarma la proliferación
de escándalos políticos relacionados con la especulación urbanística, la financiación
irregular de partidos y la connivencia entre el poder político y el poder económico.
Solo con instituciones eficaces, limpias y transparentes será posible emprender
reformas que conjuguen crecimiento e igualdad. La corrupción afecta negativamente a la
economía, pero sobre todo erosiona la confianza ciudadana en la política, imposibilitando
la formación de consensos amplios a favor de políticas encaminadas a mejorar el país a
medio y largo plazo. Son imprescindibles reformas democráticas que detengan el efecto
corrosivo de la corrupción sobre el sistema político.
El PSOE es el partido que tiene mayor capacidad en España para actuar de forma integral
y ambiciosa sobre los tres desafíos a los que nos enfrentamos: promover un crecimiento
estable y sostenible, reducir la desigualdad y reforzar la democracia. Somos el único
partido que defendemos que estos tres retos tienen que solucionarse conjuntamente.
La derecha se ha desentendido de la desigualdad, sólo le interesa el crecimiento. Y, por
su parte, la izquierda radical no tiene propuestas creíbles de crecimiento y piensa que la
desigualdad se puede reducir por decreto. Los socialdemócratas estamos convencidos

| INTRODUCCIÓN
de que con instituciones sólidas, imparciales y democráticas es posible conciliar
crecimiento e igualdad. Esa es nuestra apuesta para un tiempo político nuevo.
LOS RETOS GLOBALES DE LA SOCIALDEMOCRACIA
La lucha contra la desigualdad tiene también una dimensión supranacional. Las
políticas económicas y sociales de corte socialdemócrata que se lleven a cabo desde el
Estado serán tanto más eficaces cuanto más se avance a la hora de afrontar los desafíos
globales. No es cierto que en tiempos de globalización los Estados y sus gobiernos se
hayan quedado sin margen de maniobra. Pero para que las políticas nacionales puedan
funcionar adecuadamente, es preciso ir avanzando en problemas que desbordan el
ámbito de acción de los actuales Estados.
Laglobalización,porsímisma,nosuponeunaamenazaparaelproyectosocialdemócrata.
Al contrario, si se logran encauzar las fuerzas desatadas por la globalización en la
dirección adecuada, pueden ponerse al servicio de un orden mundial más justo. El peligro
radica más bien en la desregulación, en la falta de voluntad para establecer unas reglas
de juego a nivel global. El PSOE tiene un compromiso sólido con la construcción de
estructuras de gobernanza supranacionales que permitan regular los flujos financieros
y tomar medidas para que las economías de mercado sean sostenibles desde el punto
de vista medioambiental. Los problemas de la energía, de los flujos migratorios, de la
transferencia tecnológica, de la competencia a la baja en los sistemas impositivos y en
los mercados de trabajo, sólo podrán abordarse con eficacia en la medida en la que se
avance en esas estructuras de gobernanza global.
Estos compromisos no pueden ser invocados como planes a largo plazo. Los
socialdemócratas no nos resignamos a esperar hasta que la situación cambie por si
sola. Por la cuenta que nos trae a todos, debemos tomar la iniciativa desde el primer
día. Nuestra sociedad podrá ser mejor gobernada en la medida en que haya una mejor
regulación de las fuerzas de la globalización y se reduzcan las incertidumbres que se
asocian con los grandes desafíos futuros de la energía y el medio ambiente.
ESTADO DEL BIENESTAR
La ofensiva neoliberal ha ido erosionando el modelo social que ha traído a España y
Europa el mayor período de bienestar de su historia. Las políticas de liberalización y las
fuerzas de la globalización nos obligan a replantearnos cómo podemos construir, en
estas nuevas condiciones, sociedades más justas, más iguales y más prósperas.
La justicia social es resultado de esfuerzos en niveles muy distintos. En el más básico,
las medidas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos civiles y sociales es
fundamental. Los gobiernos socialistas de la última etapa hicieron grandes avances en
este terreno, por ejemplo en todo lo relativo a la igualdad de género y los derechos
civiles y sociales. No obstante, aún queda por avanzar en este terreno y, entre otros, nos
comprometemos a continuar los esfuerzos dirigidos a garantizar la igualdad real entre
hombres y mujeres.

| INTRODUCCIÓN
Más allá de los derechos, la inversión en educación es un pilar fundamental de nuestro
programa.Enlamemoriadelosespañoles,lasgrandesreformaseducativasquehatenido
España se asocian al PSOE. Somos el partido que históricamente más ha aumentado el
gasto en educación y en ciencia y que con más determinación ha apostado por la cultura.
La mejora de nuestro sistema educativo y e investigador resulta imprescindible para la
modernización del país y para igualar oportunidades. Lo mismo cabe decir del Estado
del bienestar: en España, nuestro Estado del bienestar es fruto de las políticas llevadas
a cabo por los sucesivos gobiernos del PSOE.
El orgullo por los logros alcanzados en el pasado no puede, sin embargo, llevarnos
a la complacencia. Nuestro Estado del bienestar tiene que hacer frente a problemas
importantes. Su sostenibilidad fiscal está en entredicho. Para poder desarrollar
políticas sociales, es necesario reformar profundamente nuestro sistema impositivo.
Durante la crisis, los ingresos del Estado cayeron brutalmente (cerca de siete puntos
porcentuales del PIB), generando un déficit enorme que se ha paliado con recortes que
han afectado muy negativamente a la sanidad, la educación y otras políticas sociales.
España solo podrá tener un Estado del bienestar eficaz si el Estado garantiza un nivel
de ingresos públicos comparable al del resto de países de la UE. De ahí que la reforma
de la fiscalidad sea uno de los elementos fundamentales de nuestro programa. La
insuficiencia de los ingresos deriva de dos factores: un sistema impositivo mal diseñado
y un volumen insoportable de fraude fiscal. Los recursos en la lucha contra el fraude
siguen siendo escasos, el número de inspectores fiscales, por ejemplo, está muy por
debajo de la media europea. El Estado no puede seguir ignorando este grave problema
y debe poner remedio a una política de laxitud con las empresas defraudadoras. Por
otro lado, el sistema es poco eficiente en la recaudación y no responde a unos criterios
mínimos de equidad, con una presión fiscal excesiva sobre los asalariados.
Uno de los compromisos más firmes del PSOE consiste en acometer de una vez una
reforma fiscal en profundidad, de manera que los impuestos se recauden de forma más
justa y se acabe con el fraude. Sin una reforma de esta naturaleza, el Estado de bienestar
será extremadamente frágil.
Por otro lado, nuestro Estado del bienestar se caracteriza, en términos comparados, por
redistribuir poco, es decir, por producir poca igualdad. El PSOE apuesta por políticas
sociales universales, pero estas deben estar diseñadas de modo que tengan un impacto
significativo en los hogares con menores recursos. Hay políticas redistributivas que
están todavía por desarrollar: por ejemplo, seguimos muy retrasados, con respecto a
los países europeos de mayor tradición socialdemócrata, en educación de 0 a 3 años,
que los estudios identifican como una de las políticas clave en la generación de igualdad.
El Estado de bienestar tiene que ser ágil y flexible, de modo que pueda afrontar los
retos nuevos del corto y medio plazo. En el corto plazo, han surgido con la crisis
problemas de pobreza y exclusión que no se solventan a través de los pilares clásicos
(pensiones, sanidad, educación y ayuda a la dependencia): de ahí que el PSOE se haya
comprometido a avanzar mediante el desarrollo de otras formas de redistribución como
el ingreso mínimo vital. En el medio plazo, nuestro Estado del bienestar tiene que estar

| INTRODUCCIÓN
preparado para el cambio demográfico que ya se está produciendo y para canalizar los
flujos migratorios que tendrán como destino España y el resto de países europeos. Son
desafíos de gran calado que solo la socialdemocracia puede resolver satisfactoriamente.
POLÍTICAS PARA GENERAR CRECIMIENTO E IGUALDAD
El PSOE se compromete a revisar, perfeccionar y expandir nuestro Estado de bienestar.
Pero, a la vez, creemos que la lucha contra la desigualdad no puede llevarse a cabo
solamente con políticas sociales de gasto. Lo que nos ha enseñado la crisis económica
es que el Estado de bienestar no es suficiente para frenar y revertir el aumento de la
desigualdad.
El Estado del bienestar en buena medida se basa en políticas que ofrecen remedio a
los excesos. El mercado genera desigualdad que a través de políticas redistributivas
se intenta remediar o corregir. Sin renunciar en absoluto a este instrumento, que
es extremadamente potente y ha sido clave para producir cohesión social, el PSOE
propone una batería de medidas para impedir que surja tanta desigualdad. Medidas
que introduzcan mayor igualdad en origen, de modo que los mecanismos de mercado
generen menos desigualdad.
Estas medidas constituyen una forma de introducir mayor control democrático sobre el
poder económico. En España el poder económico está demasiado concentrado e influye
demasiado sobre el poder político. Es imprescindible que existan partidos políticos
sólidos, que canalicen las demandas de la sociedad civil y resistan las presiones de los
grandes grupos corporativos. En este sentido, es preciso regular mejor el tránsito entre
la política y la gran empresa (las llamadas puertas giratorias) y asimismo entre el sector
privado y los altos niveles de la administración. Del mismo modo, debe haber una mayor
protección de los consumidores frente a los abusos de las grandes empresas, abusos
que pueden ser tanto económicos como medioambientales. Es igualmente necesario
acabar con los privilegios fiscales de las grandes empresas especialmente con respecto
al impuesto de sociedades.
Por todo ello, la lucha contra la desigualdad es solidaria con políticas de reactivación
económica que son esenciales para el futuro de España. Nuestro tejido empresarial es
demasiado desigual: hay un conjunto de grandes empresas con proyección internacional
en sectores como banca, telecomunicaciones, energía y obra pública, que tienen mucha
influencia en la vida económica del país; el resto es sobre todo empresa muy pequeña
que produce poco valor añadido y que es muy sensible al ciclo económico, lo que explica
en buena medida que la tasa de paro aumente tanto en los periodos recesivos frente a
otros países de nuestro entorno.
Españanecesitaunaestructuraempresarialmásequilibrada.Hacenfaltamásempresas
grandes y más empresas medianas. Las empresas pequeñas y microempresas
necesitan reforzarse y aumentar de tamaño para resistir el ciclo económico, hacerse
más productivas, abrirse a los mercados internacionales e introducir innovación. Eso
solo es posible mediante un trato fiscal adecuado y, sobre todo, mediante un acceso más

| INTRODUCCIÓN
fácil al crédito. Los pequeños empresarios españoles se han distinguido desde hace
años por pagar mayores intereses y tener peor acceso al crédito que sus equivalentes
en el resto de países de la UE. Las entidades financieras han preferido apostar por
grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructuras. De ahí que, para remediarlo, el
PSOE considere que puede ser necesario crear un Banco Público de Inversiones que
facilite el emprendimiento y los proyectos de expansión empresarial de las pequeñas
empresas.
Este tipo de dualización que se da en las empresas también se observa en el mercado de
trabajo,compuestoporungrupoampliodetrabajadores,normalmenteadultosyvarones,
que tiene estabilidad y derechos laborales, rodeados por un cinturón de precarios,
normalmente jóvenes y mujeres, sin estabilidad, con salarios muy bajos, sin protección y
con trabajos muchas veces de baja cualificación. Este dualismo es una de las principales
fuentes de desigualdad en España y debe ser corregido con prontitud y ambición. La
solución debe venir, además de nuevas reformas de las reglas e instituciones laborales,
sobre todo de políticas activas de empleo, fomento de la actividad empresarial y una
política decidida de reindustrialización que produzca empleo de calidad.
Un empleo de mayor calidad en empresas más fuertes y más grandes redundará en una
economía más sólida, más competitiva, más productiva y con una menor tasa de paro.
El papel del Estado será fundamental para reorientar el modelo económico español, por
ejemplo a través de la inversión en Investigación y Desarrollo. El PSOE, en sus etapas de
gobierno, se ha caracterizado por promover aumentos sostenidos de la I+D, que se han
visto frenados cuando la derecha ha estado en el poder. El papel dinamizador del Estado
es obvio en materia de I+D, y es hoy más necesario que nunca. Durante los años de la
crisis, el gobierno de la derecha ha optado por un modelo sin futuro, basado en ganar
competitividad a través de salarios bajos. Pero sabemos que, si queremos conseguir
un país próspero y justo, tenemos que competir en capital humano, productividad y
tecnología punta.
España debe volver a invertir en infraestructuras urbanas e industriales para hacerlas
eficientes, asegurando la transición a un modelo económico compatible con la
sostenibilidad medioambiental, es decir, realizando una transición energética en toda
regla. La apuesta por las energías renovables será clave.
El cambio de modelo económico no puede realizarse en una legislatura; se trata de un
proceso gradual, que requiere reformas profundas y que sólo podrá tener éxito si se
da un amplio consenso social. Dicho consenso se tiene que materializar en un revisión
de nuestro contrato social: no puede ser que las reformas estructurales consistan
únicamente en desregular, liberalizar y dejar desprotegidos a amplios colectivos en
nombre de una supuesta eficiencia económica. A la vez que se mejoran y modernizan
nuestras estructuras productivas, el Estado debe desarrollar también los instrumentos
de protección y compensación para que nadie quede descolgado en el camino. Las
reformas sin consenso son una receta para el fracaso.

| INTRODUCCIÓN
ESPAÑA EN EUROPA
La desigualdad ha crecido en la mayor parte de los países desarrollados durante los
últimos años. La tendencia se remonta a la ofensiva neoliberal que se inició en los países
anglosajones a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Poco a poco se ha ido
extendiendo por otros países. Y durante la crisis se ha generalizado. Tras el shock de la
crisis, España se ha situado en posiciones de cabeza en cuanto a niveles de desigualdad,
tanto en la Unión Europea como en el conjunto de países de la OCDE. La brecha social se
ha agrandado dramáticamente a lo largo de la crisis. En España, la devaluación interna
ha sido especialmente fuerte entre quienes menos ingresos obtienen.
La crisis social se ha manifestado de muchas formas. En primer lugar, en una tasa
de paro mucho más elevada que en cualquier otro país europeo (con la excepción de
Grecia). En segundo lugar, en nuevas formas de pobreza y exclusión (pobreza energética,
malnutrición infantil y familias desahuciadas). En tercer lugar, en una pérdida de la
calidad y cobertura de los servicios sociales, que han sufrido un deterioro preocupante.
Los Estados europeos han renunciado a buena parte de sus instrumentos de política
económica, sin que haya surgido todavía un sistema eficaz de gobernanza económica a
nivel europeo. La política monetaria se encuentra en manos del Banco Central Europeo
y la política fiscal, a su vez, está fuertemente condicionada por la política monetaria
y por las reglas y planes que se establecen en las instituciones europeas. Con todo,
esta cesión de soberanía no se ha traducido en nuevos centros de toma de decisión en
política económica que estén sometidos a un control democrático efectivo.
Este desfase entre una política nacional sujeta a importantes constricciones y una política
supranacional aún insuficiente resulta perjudicial para el proyecto socialdemócrata. Así
se ha constatado durante los interminables años de la crisis del euro, que para el Sur de
Europa ha supuesto un retroceso social y económico que costará tiempo superar.
El PSOE hará todo cuanto esté en su mano para perfeccionar el sistema de gestión de
la Unión Económica y Monetaria, impulsando la unión bancaria y fiscal de los Estados y,
especialmente, luchando por la recuperación del modelo social europeo como emblema
de la Unión Europea. Para buena parte de la ciudadanía de España y de otros países
endeudados, que han sufrido las consecuencias directas de las políticas de ajuste, la
Unión ha dejado de identificarse con un modelo social que protege a las personas frente
a los embates de la globalización.
Nos negamos a que el pago por estar en el euro y disfrutar de sus innegables ventajas
(estabilidad monetaria, baja inflación, etc.), sea el desmantelamiento del sector público y
los servicios sociales. El proyecto europeísta debe construirse sobre bases más sólidas,
con una mayor solidaridad fiscal entre territorios, con planes de inversiones a escala
continental y con la vista puesta en garantizar y proteger un modelo de bienestar que
debe ser el rasgo definitorio de Europa. La UE, además de un mercado único y una
unión monetaria, ha de proporcionar unos derechos de ciudadanía fuertes, garantizando
principios como la libre circulación de personas.

| INTRODUCCIÓN
Se trata de un proyecto que tardará tiempo en culminar y que se enfrenta a múltiples
obstáculos. Hoy más que nunca es preciso revitalizar el proyecto europeo y creemos
que tanto España, uno de los Estados grandes e influyentes de la UE, como el Partido
de los Socialistas Europeos, del que el PSOE es un componente esencial, tienen la
responsabilidad urgente de liderar el proceso que nos lleve a una mayor integración
política entre los países de la Unión. Sólo mediante una mayor integración podrán
superarse los problemas de gobernanza que impiden a la UE tener un papel más activo
y eficaz en los asuntos económicos y en las crisis internacionales.
LA CRISIS INSTITUCIONAL
Nuestro país ha vivido una crisis democrática profunda. Se ha hundido la confianza
en las instituciones y en los partidos políticos. Una causa importante del deterioro de
nuestro sistema representativo ha sido la corrupción que ha aflorado en los últimos
tiempos. Pero otra tiene que ver con la crisis económica y con la forma en la que se
han impuesto las políticas de ajuste. Se ha instalado una fuerte desconfianza hacia los
partidos políticos que se detecta también en muchos otros países de la UE.
Por un lado, se acusa a los políticos de haber abusado de su posición de poder en su
propio beneficio económico o en el de su organización. Por otro, se protesta porque
los políticos no han hecho lo que la ciudadanía demandaba ni han dado explicaciones
convincentes por ello. En general, cabe decir que los niveles de exigencia democrática
de los ciudadanos han aumentado en estos años de crisis.
No se trata de negar responsabilidades porque este problema nos afecta a todos, pero
ahora de lo que se trata es de sacar enseñanzas a partir de lo que no se hizo bien y
ofrecer a la ciudadanía un programa honesto y realista de regeneración democrática
que esté a la altura de las nuevas exigencias sobre el funcionamiento de la política.
Para arreglar el problema de la corrupción, además de seguir aprobando reglamentos
y formas de fiscalización cada vez más duras, necesitamos un país más flexible, con
mayores dosis de confianza política y social y menor judicialización. Eso solo se puede
conseguir si modificamos de raíz los incentivos que favorecen las prácticas corruptas.
Por ello, el PSOE está convencido de que es necesario introducir más transparencia
en la toma de decisiones y una rendición de cuentas más efectiva. Para conseguir este
objetivo, es necesario que dos instancias externas a los partidos y los representantes
políticos se impliquen a fondo en el proceso de control de los actos políticos. Por un lado,
los ciudadanos; por otro, las distintas administraciones.
Para atraer a los ciudadanos a la política, hay que darles más voz y más canales de
participación en la conformación de las decisiones colectivas. Solo con una ciudadanía
activa, atenta y bien informada se puede evitar que el mandato popular de las elecciones
quede torcido por las presiones económicas y los grupos de interés. Una ciudadanía
crítica dificultará que los políticos se desvíen de los compromisos adquiridos ante el
electorado. La revolución tecnológica y digital hace posible que los ciudadanos puedan
ejercer un mayor control sobre las decisiones políticas. El PSOE aprovechará estos

| INTRODUCCIÓN
nuevos mecanismos participativos para que el proceso de deliberación y crítica tenga un
peso importante en las consideraciones de los representantes políticos.
Pero hay muchas decisiones que pasan desapercibidas incluso para el ciudadano más
alerta. Por ello, es necesario que las administraciones funcionen con independencia
del partido político que haya en el poder y que se establezcan sistemas de control que
minimicen el riesgo de que los cargos políticos puedan influir y manipular concursos
públicos, contratas, externalización de servicios, etc.
Hace falta una nueva forma de entender la relación entre políticos y ciudadanos. Hemos
aprendido durante la crisis que las políticas impuestas desde arriba no funcionan nunca
como se pretende. La única forma de que las reformas se lleven a término y tengan las
consecuencias buscadas pasa por consensuarlas con la ciudadanía, estableciendo los
mecanismos de compensación necesarios para aquellos que quedan en una posición
más frágil y vulnerable. Solo mediante políticas integrales, que incorporen la protección
social como una condición de posibilidad del éxito de las reformas que necesita España,
podrá transformarse el país sin provocar nuevas divisiones sociales. La regeneración
democrática debe consistir también, pues, en restablecer el vínculo entre representantes
y representados, lo que requiere un estilo más deliberativo y consensual de toma de
decisiones.
Los socialdemócratas no podemos aceptar que la política, en nombre de la eficiencia,
se haga en contra de la ciudadanía o a costa de los más desfavorecidos. La eficiencia
no puede desligarse de la justicia. Este ha sido el principal error de los partidos
conservadores y liberales, así como de los partidarios de soluciones tecnocráticas.
LA CRISIS TERRITORIAL
A la crisis económica y política de España, se ha superpuesto una crisis territorial. El
problema generado por el secesionismo en Cataluña, y la inacción del Gobierno del PP,
han añadido una tensión adicional a los problemas económicos e institucionales del
país.
Aunque en un primer momento el PSOE pareció estar en minoría, el tiempo nos ha
ido dando la razón. Ante las posturas extremas e intransigentes de secesionistas y
centralistas, la opinión pública catalana, cada vez con más claridad, se está decantando
por una opción federal como la que han defendido desde hace tiempo los socialistas
catalanes y españoles. En Cataluña una mayoría social se muestra partidaria de un
cambio en el statu quo: son muchos quienes consideran que el actual modelo de
relación entre Cataluña y el resto de España resulta insuficiente y debe ser revisado.
La irresponsabilidad de los partidos nacionalistas catalanes y las circunstancias
propias de la crisis económica, han provocado que el deseo de cambio haya derivado
hacia una demanda separatista que no ha sido respondida desde hace tiempo con
inteligencia por el Gobierno de la Nación. Sin embargo, la opinión pública catalana
ha ido evolucionando hacia opciones intermedias, opciones como la del federalismo
que ha defendido el PSOE. La única solución que, en este momento, está encima de

| INTRODUCCIÓN
la mesa y, tal y como demuestra la experiencia de otros países, la más eficiente en
sociedades plurales como la nuestra.
La reforma federal exigirá una reforma constitucional, en la línea de lo aprobado en el
Documento de Granada de julio de 2013. La propuesta no está encaminada solamente
a resolver el problema catalán, sino que aspira a dar solución a los principales retos
del sistema territorial de las autonomías mediante una reforma del sistema de
financiación, una definición clara del reparto de competencias, una verdadera cámara
de representación territorial, el blindaje de los derechos sociales de los que podrá
disfrutar todo español con independencia del territorio en el que resida y mecanismos
de cooperación y negociación que garanticen la lealtad institucional.
EL PROYECTO SOCIALDEMÓCRATA DEL PSOE
Lasocialdemocraciallevaunsiglorenovándose.LacrisisquehavividoEspañanosobliga,
una vez más, a revisar las políticas que pueden hacernos avanzar en la consecución de
nuestros ideales últimos, una sociedad próspera e igualitaria, una España unida, en
la que los ciudadanos tengan autonomía y seguridad para poder ejercer su libertad
personal.
Lo que proponemos es un cambio que una todo lo que la derecha ha dividido: empleo y
derechos,educaciónyoportunidades,políticaylimpieza,futuroyesperanza.Aspiramosa
una democracia fuerte, con instituciones sólidas, limpias y responsables, con un sistema
de justicia eficaz y diligente, que asegure el cumplimiento de la ley. Una democracia que
funcione en una sociedad bien articulada, con derechos civiles y sociales extensos que
garanticen la igualdad de todo tipo, la económica, la de género y la inter-generacional,
una sociedad en la que los ciudadanos puedan educarse y formarse, pueda elegir la vida
que quieran llevar y disfrutar de una cultura enriquecedora.
Somos conscientes de que a muchos esos ideales pueden parecer excesivamente
lejanos. Al fin y al cabo, nuestro país ha vivido un retroceso en estos últimos años. Hay
una percepción muy extendida de que el resultado de la crisis ha sido injusto y que los
poderes públicos no han defendido a todo el mundo por igual. La crisis ha introducido
demasiadas fracturas en nuestra sociedad. Ha habido una fractura generacional: los
jóvenes se han encontrado con un mercado laboral taponado, que no ofrecía trabajo en
condiciones aceptables. Ha habido una fractura social: ha aumentado la pobreza y la
desigualdad, con un riesgo de exclusión que afecta a demasiadas familias. Ha habido
una fractura de género: las mujeres han sido más duramente golpeadas por la crisis
que los hombres. Ha habido una fractura institucional: la distancia entre representantes
y representados ha crecido y las instituciones gozan de menor legitimidad que en el
pasado. Y ha habido también una fractura territorial: la crisis ha alejado a muchos
catalanes del proyecto de una España común y plural.
El cambio político que ofrece el PSOE a la sociedad española se propone cerrar esas cinco
fracturas, la inter-generacional, la social, la de género, la institucional y la territorial.
Proponemos un nuevo contrato ciudadano que restablezca la confianza política y nos

| INTRODUCCIÓN
permita poner en marcha un proyecto de cambio integrador, que refuerce la cohesión
social y ponga la gestión de gobierno al servicio de la justicia y el interés general.
El contenido de ese contrato renovado con la ciudadanía pasa por hacer políticas de
crecimiento que contribuyan a la igualdad, pasa por devolver a España un Gobierno
para la mayoría. El PSOE quiere cambiar España, convertir a España en un país más
innovador y más igualitario, con un tejido empresarial más sólido, que genere alto valor
añadido y se vuelque hacia el exterior, con menor dualidad en el mercado de trabajo, con
mayor protección de los trabajadores, con un sistema fiscal que recaude lo suficiente
y lo haga equitativamente, con una administración al servicio del ciudadano y de la
empresa. Un país más moderno en el que nadie se sienta dejado a su suerte y en el que
no haya desigualdades derivadas del privilegio, la posición dominante y el origen social
y familiar; una España moderna que ofrezca oportunidades, protección y solidaridad a
sus ciudadanos.

HACIA
LA ESPAÑA DEL
CONOCIMIENTO

| HACIA LA ESPAÑA DEL CONOCIMIENTO
LAS BASES PARA UN PROYECTO DE FUTURO:
HACIA LA ESPAÑA DEL CONOCIMIENTO
El conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la
sociedad y su auténtica perspectiva de futuro. La educación, la cultura, la ciencia y
la investigación son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. En ellas se
basa la efectiva innovación, que tiene a su vez una profunda dimensión social.
Un programa que afronte semejante desafío ha de ser consciente de las causas y
atender con realismo y eficacia las raíces con las que nutrir todo el sistema para que
resulte efectivamente transformador. Se trata de una tarea colectiva que requiere
participación y procedimientos claros y compartidos. Para ello es imprescindible
restablecer los consensos y recomponer lo que se ha venido desarticulando por
ausencia de procesos de acuerdo, reemplazados por acciones esporádicas de
una legislación elaborada inadecuadamente. Se requiere estabilidad, legislativa y
normativa, de objetivos y de recursos. Ello solo es posible si se sustenta en grandes
acuerdos sociales y políticos por la educación, por la ciencia y por la cultura. Para lo
cual es imprescindible contar expresamente con la sociedad, con las comunidades
educativas, con los agentes sociales, con la gente de la creación y la investigación, con
las personas más directamente implicadas y que cuentan con la experiencia capaz de
ofrecer y de abrir posibilidades.
La posibilidad de acceso al derecho a la educación mediante un sistema público
y el desarrollo cultural son la base de una sociedad equitativa, con igualdad de
oportunidades y con posibilidades para lograr una verdadera calidad, que no se
reduzca a determinados resultados en la adquisición de conocimientos, por otra
parte imprescindibles. La empleabilidad y la preparación para el ejercicio profesional
precisan de una formación consistente y versátil, pero no es un mero aprendizaje
técnico. Se trata de derechos decisivos para el pleno ejercicio de la ciudadanía
que han de garantizarse desde la primera infancia. Esto implica, a su vez, tener al
alcance recursos con independencia de la comunidad en la que se viva, lo que supone
implementar programas de cooperación interterritorial.
Todos los análisis internacionales nos muestran que hay una correlación entre la
inversión en conocimiento y el desarrollo social y económico de los países. El giro hacia
una sociedad del conocimiento, hacia la innovación, hacia el incremento drástico de
la productividad y hacia la generación de valor añadido solo se puede sostener sobre
la base de una participación activa del recurso más importante con el que cuenta una
sociedad: un capital humano formado, con iniciativa, productivo y capaz de contribuir
activamente al proceso de transformación económica y social que necesita España.
Los centros de investigación y muy singularmente las universidades constituyen una
referencia decisiva y son el verdadero horizonte del progreso social y económico a

través de la generación y la transferencia del conocimiento, y es preciso articular
estrategias que definan la singularidad en sus entornos geográficos y sociales y
lograr en torno a ellos polos de mejora en todos los sentidos. Asimismo, debemos
evitar que la inversión en los mismos se convierta en algo que se realiza en tiempos
de bonanza y se recorta drásticamente o suprime cuando los recursos escasean, a
menudo sin dar tiempo a la consolidación de las inversiones previas realizadas y sin
la necesaria planificación.
Todo esto requiere programas y acciones específicas, también para la formación
permanente y la incorporación de personas especialmente cualificadas. Para hacerlo,
se precisa acordar los procedimientos más adecuados. Lo que ha de acompañarse
de programas de innovación educativa y de creación artística y cultural, concebidos
como vertebradores de una sociedad que afronta el reto de progresar justamente.
El programa presentado concibe la educación, la ciencia y la cultura como vértebras
constitutivas de una sociedad equilibrada, con posibilidades y justa, y aporta
compromisos específicos para lograrlo. Para que sea en efecto así es preciso que
el conocimiento se sitúe en la escala de valores como un factor decisivo que ha de
ampararse asimismo con los compromisos y los recursos necesarios.
No cabe hablar de una nueva economía que no sea una economía del conocimiento y
que no tenga en su núcleo la educación y la cultura. Ofrecemos, por ello, los cauces
y las medidas para lograrlo y lo hacemos con una perspectiva acorde con los retos
europeos establecidos para las próximas décadas, comenzando por los objetivos
marcados para el 2020, en cuyo marco se inscriben estas acciones.
España tiene por delante 10 importantes desafíos para que la ciudadanía esté en las
mejores condiciones de afrontar los retos del siglo XXI:
1. España debe alcanzar definitivamente un gran acuerdo social, político e
institucional en torno a la educación como derecho que se desarrolla a la
largo de toda la vida, que haga posible un sistema educativo universitario y no
universitario estable, fundamentado en la igualdad entre mujeres y hombres,
en la equidad, asentado en la inclusividad, orientado a la excelencia en los
resultados y basado en la cooperación institucional y la disposición a la mejora
continua en todas las instituciones educativas.
2. Debemos mejorar la capacitación profesional docente y la capacidad de
autonomía de las instituciones universitarias y no universitarias para que
puedan hacer un uso eficaz de las competencias que tienen atribuidas y superar
con éxito los retos que plantea la educación en el siglo XXI. El reconocimiento y
la dignificación social de los profesionales de la educación es el símbolo de las
sociedades más avanzadas.
3. Uno de los principales desafíos que tenemos como país es conseguir que la FP
tenga el reconocimiento y la inversión que se merece por parte del conjunto de

la sociedad. Ello ayudaría a mejorar la empleabilidad de toda la población así
comosucapacidadparaemprenderproyectosempresariales,iniciativassociales
y desenvolverse en el trabajo autónomo. Debemos conseguir que la formación
profesional se convierta en una herramienta eficaz para el futuro de la juventud,
lo cual solo será posible con una actualización de la oferta académica, acorde
con las necesidades del mercado laboral. Asimismo, debemos recoger medidas
que favorezcan la incorporación de las mujeres a la formación profesional y los
ciclos formativos donde aún se encuentran menos presentes.
4. Tenemos pendiente como sociedad el reconocimiento y el sentimiento de orgullo
de la diversidad de las culturas y las lenguas de España como una realidad
política y cultural de una inmensa riqueza con un gran potencial de proyección
hacia el mundo. Las culturas son un valor social imprescindible para construir
una sociedad democrática, para compartir y reconocer de forma activa, tanto
la diversidad entre españoles y españolas como lo que nos es común. Poner de
relieve la importancia de la política cultural, mediante la creación de los cauces
necesarios que asienten un tratamiento integrado permitirá que sea un punto
de apoyo para el aumento de la influencia de España en la escena internacional,
desarrollando una estrategia de presencia y fomento de la cooperación a
través del español y demás lenguas oficiales y las personas que se dedican a la
creación.
5. La cultura, el mundo de la creación y las industrias de la creatividad ya
constituyen un sector económico importante que supera el 3% del PIB y el 2,9%
del empleo, pero debe ser transformado en un sector estratégico en el nuevo
modelo de desarrollo socio-cultural y económico justo y sostenible para la
creación de empleo de calidad en España.
6. Hacer de la ciencia una prioridad de Estado, avalada por un amplio acuerdo
social y político que dé respaldo al impulso de un conjunto de medidas que
recoja y priorice el interés público y colectivo para que España forme parte
de los ocho primeros países del mundo por su investigación científica y sea
destino internacional preferido en la carrera profesional de investigadores e
investigadoras.
7. Necesitamos una mayor transferencia y circulación de conocimiento entre otras
instituciones de educación superior, universidades, centros de investigación y
sector productivo, creando un marco integral que las favorezca, estableciendo
una nueva generación de instrumentos e incentivos y redefiniendo y potenciando
las estructuras de interfaz, como centros y parques tecnológicos, parques
científicosycampusdeexcelenciainternacional.Sololograndoestacoordinación
e interconexión España puede situarse entre los mejores.
8. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las enseñanzas
universitarias, asegurando que todas las personas que deseen cursar estudios
universitarios y tengan la capacidad para ello puedan hacerlo, con independencia

de su situación socioeconómica o su lugar de residencia, teniendo presentes las
demandas de la sociedad. Buscaremos y promoveremos que los estudiantes
reciban una educación que contemple al mismo tiempo la formación científica
y la humanística, de tal manera que persiga la creación de una ciudadanía
plenamente capaz y con capacidad crítica.
9. Fomentar una cultura pública, política, social y empresarial del emprendimiento
y la innovación, que junto con una nueva Estrategia, con avales suficientes,
convierta a la innovación en el principal factor de competitividad de nuestra
economía y para la mejora de los servicios públicos, incorporando a nuestro
país entre los 10 primeros del Índice Global de Innovación.
10. Aplicar políticas transversales con el objetivo de hacer fácil la adaptación de
la sociedad a la realidad digital, avanzar en la digitalización del conjunto de
la economía, de la administración y de la sociedad asegurando la igualdad de
oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías y el reconocimiento de los
nuevos derechos vinculados a las TIC.

EDUCACIÓN
1. DÓNDE ESTAMOS
Los indicadores de convergencia europea, que valoran el grado de cumplimiento de
los Objetivos de Educación y Formación 2020, constatan que nuestro sistema educativo
ha logrado resultados académicos similares al resto de los sistemas educativos y, en
algunos casos, los ha superado.
Nuestra juventud es la mejor formada de la historia. Muy pocos países han logrado
que la nieta de unos abuelos analfabetos haya llegado a ser médica. Este es el mejor
indicativo de lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas. Por ello debemos
continuar mejorando el sistema educativo, haciendo posible que las limitaciones
económicas y sociales de partida no sean obstáculo en el acceso a la educación.
Sin embargo, debemos prestar una atención especial a las tasas de abandono escolar
temprano, porque, pese a que hemos logrado reducirla significativamente en los
últimos años, e incluso ya hay Comunidades Autónomas que han alcanzado el objetivo
previsto, todavía no cumplimos con el objetivo de la Estrategia Europa 2020.
El sistema educativo español es uno de los más equitativos de Europa y, a la vez,
uno de los más homogéneos. Las diferencias de resultados entre el alumnado de un
mismo centro es mayor que la diferencia de resultados entre el alumnado de distintas
Comunidades Autónomas.
El Partido Popular, amparado en alteración sustancial del derecho a la educación,
tal y como aparece definido en la Constitución, y en una visión sesgada del sistema
educativo, ha desarrollado una política cuyas consecuencias ha padecido toda la
comunidad educativa, retrocediendo en equidad de nuestro sistema educativo. Nunca
antes el sistema educativo estuvo tan desordenado, ni las familias habían tenido que
compensar con sus propios recursos y los de las organizaciones sociales, los recortes
del Estado, ni el futuro del alumnado había sido tan incierto (como consecuencia de
la obligación de aprobar unas reválidas para obtener la correspondiente titulación
aunque hubiera aprobado todas las asignaturas) y todavía se agravará más si llega a
hacerse efectivo el principio de demanda previsto en la LOMCE. La política de recortes
ha reducido de forma alarmante los medios humanos y materiales en todo el sistema
de educación pública, poniendo en grave peligro el nivel de calidad alcanzado con el
esfuerzo de toda la sociedad española en los últimos 30 años. El PSOE tendrá como
prioridad en su gobierno, restablecer esta situación dotando de nuevo al sistema de
educación público de los medios necesarios para alcanzar el nivel de calidad óptimo,
garantizando de esta manera de nuevo el principio de igualdad de oportunidades
La respuesta que desde el PSOE ofrecemos para acabar con esta situación no puede
ser más clara: hemos construido un sistema educativo que tenemos la obligación
de preservar y mejorar para las generaciones posteriores, por eso, en la próxima
legislatura vamos a reforzar y ampliar el derecho a la educación a lo largo de la vida.

2. NUESTROS OBJETIVOS
Ampliar y reforzar el derecho a la educación recuperando su sentido constitucional y
su carácter de derecho humano universal de modo que signifique no solo igualdad de
oportunidades en el acceso, sino ante todo, el derecho a una equitativa distribución de
oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas.
Construirunsistemaeducativoestablebasadoenlaequidadyorientadoalaexcelencia
que garantice la igualdad de oportunidades de aprendizaje, la coeducación, y el logro
de los mejores resultados educativos.
Promoveremos la suficiente oferta en centros públicos en todas las etapas para
garantizar el derecho a la educación. Asimismo garantizaremos una financiación
pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo.
Reconocimientopúblicoysocialdelhechodiferencialdelascooperativasdeenseñanza.
Que en el reglamento de conciertos educativos se tenga en cuenta la especificidad de
las cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social.
Reducir la tasa de abandono escolar temprano y mejorar las tasas de titulación
en todas las enseñanzas así como los resultados en las evaluaciones nacionales
e internacionales. Establecer un progresivo descenso de las ratios de alumnado
por clase como factor de atención individualizada y de éxito escolar. Trabajar con
el horizonte de la clase de 20 alumnos y alumnas en Primaria y la clase de 25 en
Secundaria.
Universalizar la educación desde los 0 hasta los 18 años, evitando todo tipo
de segregación y facilitando que todas las personas puedan obtener el título
correspondiente a la educación obligatoria y ampliando la oferta pública de formación
profesional.
Fortalecer la cooperación institucional entre todas las administraciones públicas,
los agentes sociales y la comunidad educativa para construir un sistema educativo
dotado de capacidad para mejorar permanentemente sus resultados.
Diseñar y desarrollar marcos curriculares orientados al aprendizaje de capacidades
y competencias que sean adaptables a las características de las personas y a las
singularidades propias de cada centro educativo y que respondan al mayor reto que
tiene la educación del siglo XXI (UNESCO), el aprender a conocer, a hacer, a convivir y
a ser, dentro de un contexto de alfabetización múltiple.
Impulsar un nuevo modelo eficaz y garante de Escuela inclusiva, comprometida con
los valores constitucionales y democráticos, con la igualdad entre mujeres y hombres,
la interculturalidad, la coeducación, la atención a la diversidad, el bilingüismo, los
estilos de vida saludables y que promueva la participación activa de toda la comunidad
educativa.

Definir un modelo de profesionalización docente acorde con las exigencias que plantea
el ejercicio efectivo del derecho a la educación y las características de un sistema
educativo abierto y en permanente proceso de mejora.
3. PROPUESTAS
• Establecer una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para
todo el sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5%
del PIB en dos legislaturas, y con la aspiración de alcanzar el 7% a medio plazo.
• Derogar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) así como la normativa
que ha contribuido a recortar la inversión en educación, dificultando la
contratación del profesorado vulnerando el derecho de acceder a la educación
por parte de un sector de la población y deteriorando todos los servicios
(comedores, transportes, libros de texto, entre otros).
• Derogar o paralizar las normas reguladoras de las evaluaciones externas,
evitando que puedan tener consecuencias directas sobre el expediente del
alumnado.
• Alcanzar un acuerdo político y social mediante el diálogo con todos los sectores
de la comunidad educativa una Ley básica de educación, con vocación de
permanencia, que, además de garantizar un sistema educativo estable, basado
en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad, permita
mejorar el aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias
en todas las enseñanzas.
• Promover la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las
enseñanzas independientemente del lugar de residencia, situación personal,
sociocultural y económica, para lo que habrá que garantizar la excelencia en
todos y cada uno de los centros educativos públicos y dedicar una especial
atención al medio rural y aquellos situados en zonas de desventaja social.
• Elaborar un Plan de Cooperación Territorial específico apoyo a la escuela rural
en el seno de la Conferencia Sectorial, con la colaboración de los Ayuntamientos,
en el que se analice los recursos necesarios, la formación específica del
profesorado, los servicios complementarios y con especial atención las
necesidades de transporte y apoyo material al alumnado.
• Presentar en el seno de la Conferencia Sectorial y en coordinación con las
medidas vinculadas a la Ley de dependencia, un programa de apoyo para la
escolarización, apoyo al alumnado y apoyo directo a las familias y personas
encargadas del cuidado de los alumnos y alumnas con necesidades especiales
que así lo precisen. Dotar a los centros con los recursos necesarios para atender
a la diversidad de su alumnado.

• Recuperar el verdadero sentido de las becas como un derecho, de manera
que el estudiante que cumpla los nuevos umbrales de renta y patrimonio que
estableceremos en las convocatorias, tendrá derecho a la misma. Además,
agilizaremos todo lo referente a la tramitación de becas para asegurarnos de
que el alumnado perciba las cantidades asignadas durante el primer trimestre
de estudio.
• Permitirelaccesoolacontinuidaddelosestudiosalalumnadoconindependencia
de su situación económica, estableciendo unos precios públicos (incluidos los
de tasas universitarias) asequibles.
• Además promoveremos mecanismos adecuados para establecer una gratuidad
real de los libros de texto.
• Ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años, impulsando y
facilitando la ampliación de la oferta pública de plazas y de servicios en todas las
enseñanzas, especialmente, en la Educación Infantil y la Formación Profesional.
Este proceso de ampliación de la escolarización debe constituir un objetivo
prioritario compartido por todas las administraciones públicas. Nuestro objetivo
es que de forma progresiva se extienda la obligación de las administraciones
educativas de ofertar plazas públicas hasta los 18 años, en esta legislatura. No
se trata de aumentar los años de escolaridad obligatoria, sino de garantizar y
ampliar las oportunidades de educación y formación sin discriminaciones desde
la temprana infancia hasta la mayoría de edad, así como facilitando que todas
las personas puedan obtener el título correspondiente. Para ello, buscaremos
fortalecer y priorizar la escuela pública así como el mantenimiento de las líneas
existentes en la misma.
• Potenciar la educación de personas adultas fomentando su desarrollo integral
a lo largo de la vida.
• Fortalecer la cooperación entre las Comunidades Autónomas dotando a la
Conferencia Sectorial de Educación de una mayor capacidad operativa y
haciendo de los Programas de Cooperación Territorial instrumentos de política
educativa que nos comprometan a todos en la búsqueda de soluciones eficaces
a problemas comunes.
• Definir un modelo de diseño y desarrollo del currículo, elaborado por personas
expertas y la participación educativa, acorde con la sociedad del conocimiento,
que facilite la adaptación de la respuesta educativa en cada centro, con atención
a la igualdad y la diversidad, que permita al alumnado y profesionales de la
educación superar los retos educativos que plantea una alfabetización múltiple.
• Promover un acuerdo con las CCAA, y la participación de la comunidad educativa,
para incorporar la enseñanza de técnicas y hábitos de estudio y fomentar que
el trabajo del alumno fuera del aula busque adquirir habilidades útiles a lo

largo de su vida: la creatividad, recursos sociales, deportivos, autoaprendizaje,
artísticos.Promovernosasí,quelas tareasextraescolaresdeestudiorespeten el
tiempo y las necesidades del alumnado, asegurando que sean un complemento
adecuado de la actividad lectiva sin convertirse nunca en una brecha social en
función de los recursos.
• Promover un modelo de educación integral, adecuada a la nueva ciudadanía del
siglo XXI, en la que se combinen la cultura científica y las humanidades, que se
complete con las artes y el deporte, con un aprendizaje a lo largo de la vida y en
la que se dote al alumnado de una visión crítica y transformadora de la realidad.
• Promover una escuela pública laica donde no quepa la integración de
enseñanzas confesionales, ni en el currículum ni en el horario escolar. Para
ello se promoverá las reformas del marco legal actual necesarias, así como
de los acuerdos internacionales. Promover la incorporación de la enseñanza
cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia, como
parte de nuestro patrimonio cultural, evitando, por ignorancia, los riesgos de
los fundamentalismos.
• Promover una escuela que defienda la ética pública y los valores democráticos,
para lo que recuperaremos la asignatura de Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos que, entre otros contenidos, recoja el conocimiento de
la Constitución Española, de las instituciones Europeas e internacionales y los
derechos humanos.
• Construir un modelo común para el aprendizaje de idiomas y un Programa
de Cooperación Territorial que, teniendo en cuenta las singularidades de las
Comunidades con lengua propia y las protegidas estatutariamente, y respetando
las distintas competencias atribuidas a las Comunidades, permita dominar el
uso de al menos un idioma extranjero, preferiblemente el inglés, en el que el
alumnado pueda alcanzar, semejantes niveles de competencia comunicativa
mínimos de acuerdo con los niveles de dominio del idioma establecidos
dentro del Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas. Además,
promoveremos planes de mejora para las Escuelas Oficiales de Idiomas y que
así puedan cumplir todos los fines por las que fueron creadas.
• Revitalizar y dotar de mayores competencias los Consejos Escolares, así
como crear nuevas mecanismos que permitan articular la participación de
la comunidad educativa. Poner en valor el papel del Claustro como órgano
imprescindible para la toma de decisiones en el ámbito pedagógico y en la
elección de los y las directoras. Elaboración del Estatuto del Estudiante similar
a la Ley del Estudiante Universitario pero en educación obligatoria.
• Crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que garantice que todo centro
escolar tendrá unas líneas básicas para el desarrollo de la vida escolar con
especial atención la prevención y la detección de los casos de ”bullying” o

acoso, la homofobia, la xenofobia y también los ocasionados por la diferencia
de género. Un sistema coeducativo que garantice la igualdad entre los sexos en
todos las etapas educativas, que proporcione una formación afectivo-sexual que
contemple la perspectiva de género y la diversidad LGTB y enseñe a resolver los
conflictos de forma pacífica y no sexista, de manera que sea la mejor prevención
contra la violencia de género.
• Potenciar el desarrollo de Planes de Igualdad en los Centros educativos y la
formación para la Igualdad del profesorado y de los equipos de orientación.
• Desarrollar programas para una información y educación integral, igualitaria
y respetuosa, que sea una herramienta fundamental para promover la salud
sexual y el bienestar de las personas en todas las etapas evolutivas y que
posibilite la construcción de referentes culturales y simbólicos que favorezcan
un concepto de la sexualidad integral que genere un espacio para una sexualidad
saludable.
• Aprobar un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización,
dignifique la función docente, regule sus condiciones de trabajo, asegure su
formación permanente, establezca los criterios para su promoción, derogue los
Decretos que han deteriorado sus condiciones laborales e incorpore un sistema
de acceso a la docencia similar al MIR sanitario. Incluir en el ámbito de las
posibilidades de formación del profesorado la enseñanza las lenguas de signos
españolas, al menos como optativa, con el objetivo de reforzar la integración de
personas con necesidades especiales de este tipo.
• Promover una evaluación sistemática y global de la educación. El sistema
educativo, tanto en su totalidad como en sus subsistemas o componentes, será
objeto de evaluación. En el sistema educativo no deben ser evaluado solo el
alumnadosinotambiénelprofesorado,loscentros,elcurrículumylaplanificación
y gestión de los recursos que son responsabilidad de las Administraciones
educativas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
• Actualizaremos la Acción Educativa en el Exterior para que facilite el acceso a la
educación a las personas de nacionalidad española que residen en el extranjero
y al tiempo potencie y desarrolle la difusión de la educación, la cultura y la
investigación españolas, desde la trasparencia de la gestión y la rentabilidad
de sus actuaciones, siempre con el objetivo de situar a España en el espacio
socio-educativo-cultural que le corresponde en el marco de la sociedad global.
Promovernos la agilización del proceso de convalidación y reconocimiento de
títulos para españoles y españolas que viven en el extranjero

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRADA
1. DÓNDE ESTAMOS
La Formación Profesional en nuestro país sigue estando poco prestigiada socialmente,
menos conectada con el mundo empresarial de lo que debería y todavía lejos de
converger con los mejores sistemas de educación y formación de Europa.
En consonancia con esta visión nos proponemos adaptar la normativa del Estado
para que en el transcurso de la próxima legislatura nuestro país pueda contar con
un Sistema de Formación Profesional abierto a los cambios sociales e integrador de
los actuales subsistemas de educación y de empleo. Estamos convencidos de que
avanzar en el proceso de construcción europea de una formación profesional de
calidad es la mejor respuesta que podemos dar a la crisis económica actual y, sobre
todo, a la creación de empleo.
El número de titulados y tituladas en FP en España es claramente insuficiente. Según
los datos aportados por el Mapa de la oferta de Formación Profesional en España
(2011), el número asciende a 4.664.859 (FPI+GM+FPII+GS), lo que representa un 24,6%
de la fuerza productiva necesaria para el año 2010, y un 22,97% de la fuerza productiva
necesaria para el año 2020. Este problema continuará si no se pone solución a la
escasez de plazas y alumnado de Formación Profesional de Grado Medio.
Los procesos de acreditación de competencias adquiridas en el entorno laboral deben de
ser otra apuesta básica en el cambio de modelo productivo. Los modelos de acreditación
deben de ser homogéneos, públicos y de oferta obligada para todo el Estado, para
evitar discriminaciones entre quienes trabajan por el hecho de vivir en una autonomía
determinada. Su gestión debe de ser autonómica en función de las especialidades y
con un reparto adecuado a sus necesidades y posibilidades siendo, en cualquier caso,
una función con garantía pública, con una planificación, coordinación y dirección de la
Administración General del Estado, quien podrá aportar, en su caso, compensación
económica a la comunidad gestora si superara el reparto autonómico equilibrado.
Respecto a la coordinación entre las enseñanzas para obtención de Títulos de FP y
las de Certificados de Profesionalidad, debe de hacerse una revisión profunda que no
requiere cambios en la Ley de las cualificaciones, sino en los desarrollos de la misma
efectuados por la Administración General del Estado, con el objetivo de mejorar las
enseñanzas que permiten la obtención de dichos Certificados, facilitar la integración
de los centros y entidades que los imparten y los centros de formación profesional, así
como de las titulaciones adecuadas del profesorado para impartirlos, para garantizar
la coherencia y validez del sistema.
El Partido Popular en lugar de mejorar el sistema ha creado nuevos problemas
que agravan los anteriores y provocan un empeoramiento generalizado del sistema
educativo.

El principal problema de la Formación Profesional era la alta demanda de nuevas
plazas en todos los territorios del Estado. En lugar de atender a este problema el PP
creó dos nuevos: la Formación Profesional Básica y la Formación Profesional Dual.
El empeño del PP en crear una Formación Profesional Básica que nadie necesitaba ha
provocado la segregación temprana de miles de estudiantes, les ha impedido obtener
el título de Graduado en Educación Secundaria a las primeras promociones y ha
endeudado a las administraciones públicas obligándolas a financiar todo el coste de
implantación de estas enseñanzas con cargo al Fondo Social Europeo o bien a cargo
de sus propios presupuestos. Todo ello para que, con los datos conocidos, asistan a
esta enseñanza menos alumnado del que asistía a los Programas de Cualificación
Profesional Inicial.
Otro tanto ha ocurrido con la torpemente llamada Formación Profesional Dual (una
mala imitación del modelo alemán que no cumple ninguna de sus características) una
modalidad de Formación Profesional que, en el mejor de los casos llegará al 5% de
todo el alumnado, pero que ha sido presentada como una alternativa a la Formación
Profesional actual y cuya implantación en todo el territorio ha sido muy desigual.
Lo cierto es que todo aquello que podría haber contribuido a la mejora de la formación
profesional, el aumento de plazas, la integración de la formación para el empleo y la
formacióndentrodelsistemaeducativo,elreconocimientodecompetenciasadquiridas
a través de la experiencia laboral, o el desarrollo del Proceso de Copenhague, ha
quedado por hacer. Por ello, debemos promover un acuerdo con las Comunidades
Autónomas, para desarrollar un programa que permita a las personas adultas un
desarrollo adecuado para su formación integral.
Uno de los principales desafíos que tenemos como país es conseguir que la FP
tenga el reconocimiento que se merece por parte del conjunto de la sociedad y,
especialmente, por las empresas. Ello ayudaría a mejorar la empleabilidad de toda la
población así como su capacidad para emprender proyectos empresariales, iniciativas
sociales y desenvolverse en el trabajo autónomo. Por todo ello, nuestro compromiso
es prestigiar y dignificar al máximo todas las enseñanzas profesionales, reconociendo
su condición imprescindible para el buen funcionamiento de la sociedad, dándoles
valor social y personal.
Por ello debemos ampliar el número de plazas y perfiles para que las personas que lo
deseen puedan acceder a las enseñanzas de formación profesional y certificados de
profesionalidad y mejorar las actuales tasas de titulación.
Impulsar una Formación Profesional que prepare al alumnado de forma integral y le
permita acceder con éxito al mercado laboral o conectar con el resto de niveles educativos.
Adaptar el Sistema Integrado de Formación Profesional a las necesidades del nuevo

modelo productivo primando los sectores emergentes y actualizando la oferta de
títulos en los sectores productivos tradicionales. Entre otras, daremos especial
importancia a todas las enseñanzas dirigidas a las ciencias medioambientales,
energías alternativas, tecnologías de la información y la comunicación, ciencias de la
salud y atención a la dependencia.
Mejorar el actual procedimiento de reconocimiento y acreditación de competencias
adquiridas en el puesto de trabajo, valorando significativamente el tiempo trabajado
en el sector para el que se solicita la acreditación.
Facilitar la transición desde la formación al empleo mediante la colaboración de los
servicios públicos de orientación e intermediación laboral con las empresas, con los
organismos públicos y con las organizaciones empresariales, sin que ello suponga la
sustitución de un puesto de trabajo estable.
Definir un modelo de orientación profesional y laboral que permita a todas las
personas conocer las posibilidades que ofrece el mercado laboral y definir su propia
carrera profesional.
3. PROPUESTAS
• Modificar la actual Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional para consolidar un Sistema Integrado de Formación
Profesional que permita la obtención tanto de títulos de Formación Profesional
como de Certificados de Profesionalidad, así como para mejorar la conexión de
los distintos grados, dando respuesta a las especificidades del medio rural.
• Incentivar la oferta pública de plazas que responda a las necesidades derivadas
del nuevo modelo de crecimiento inteligente, sostenible y cohesionado.
• Definir un nuevo modelo de financiación de todas las enseñanzas
profesionalizadoras que permita atender la demanda en las condiciones de
calidad exigibles.
• Incentivar la contratación de las personas que tengan títulos oficiales de
Formación Profesional o Certificados de Profesional, así como la contratación
de personas que estén dispuestas a formarse mientras trabajan.
• Impulsar la incorporación de España al proceso de convergencia europea
en Formación Profesional (Proceso de Copenhague) y facilitar la movilidad
transnacional del profesorado y alumnado de Formación Profesional.
• Promover la ampliación y la renovación de los Centros Integrados de Formación
Profesional incorporando a esta red los actuales centros de Referencia Nacional.
Además, y al objeto de reforzar la complementariedad y se contribuya así a

potenciar la relación entre la formación profesional y el mundo universitario, se
promoverá, con las administraciones autonómicas competentes, la posibilidad
de que Centros Integrados de Formación Profesional establezcan acuerdos de
colaboración con las universidades para rentabilizar los medios materiales pero
manteniendo siempre la relación administrativa actual.
• Definir un modelo de formación en alternancia que permita una adecuada
formación en los centros de trabajo sin que esto suponga un deterioro de la
formación en los centros educativos.
• Promover en colaboración con todas las empresas y con las administraciones
públicas un plan de formación específico de todo el profesorado, que permita
la actualización de sus competencias, el dominio de las nuevas herramientas
profesionales y el desenvolvimiento eficaz en los nuevos entornos productivos.
Otorgar especial atención al profesorado que se incorpore a nuevas titulaciones,
y a las personas que asuman en las empresas la responsabilidad de colaborar
en la formación del alumnado como monitores y monitoras
• Promover la posibilidad de crear una educación de adultos de modalidad no
presencialatravésdelasnuevastecnologíasquepermitanalcanzarlaformación
mínima necesaria para acceder al mundo laboral.
• Incorporar, progresivamente, a todas las enseñanzas profesionales un segundo
idioma extranjero para facilitar la internacionalización de las empresas y para
evitar que el desconocimiento de idiomas se convierta en un obstáculo para
acceder a más oportunidades laborales.

UNIVERSIDADES
1. DÓNDE ESTAMOS
El sistema universitario público ha mantenido durante décadas un ritmo de
crecimiento tanto en alumnado como en profesorado y en titulaciones muy superior
al resto de los países de nuestro entorno. A partir de los 80, y en solo tres décadas, la
Universidad española pasó de ser una institución al alcance de unos pocos a abrir el
camino de la educación superior a todas aquellas personas con capacidad y voluntad
de seguir estudios universitarios. España logró así incorporarse al grupo de países
europeos con una proporción mayor de estudiantes universitarios, recuperando un
retraso histórico, si bien el sistema de becas seguía aún distante de alcanzar, por el
porcentaje del PIB dedicado a él, la media europea.
Este crecimiento continuado dio sus frutos y, como recoge el Informe español sobre
los objetivos europeos 2020 de educación y formación (2013), en 2010 España ya había
logrado alcanzar el objetivo previsto en cuanto a porcentaje de titulados superiores en
el grupo de edad entre 30 y 34 años.
Desgraciadamente esta situación se ha interrumpido bruscamente en la última
legislatura, hasta el punto de que miles de personas han tenido que abandonar sus
estudios o no han podido acceder a ellos. Esta situación contrasta con el enorme
aumento de las universidades privadas.
A la disminución del número de personas en las aulas habría que sumar el grave
deterioro en las condiciones del profesorado y de los equipos de investigación como
consecuencia de los recortes en la inversión y la imposición de una tasa de reposición
cero totalmente injustificada. Esta falta de oportunidades para nuestra juventud,
para quienes investigan, para quienes se dedican a la docencia universitaria, ha
frustrado las carreras investigadoras de miles de personas y provocado la salida del
país de muchas de ellas, con el consecuente envejecimiento de las plantillas de la
universidad e impidiendo el necesario relevo generacional, lo que de no subsanarse
afectará gravemente a nuestro sistema universitario público.
Así lo muestran numerosos estudios, entre ellos la encuesta sobre investigación y
transferencia de conocimiento de las universidades españolas elaborada por la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a través de las redes
OTRI y UGI. Según este informe, presentado recientemente, la financiación para
la investigación competitiva se redujo un 30% en los años 2012 y 2013. La CRUE ha
denunciado asimismo la pérdida de más de 5.000 profesores y profesoras desde 2011
hasta 2014.
Con el PP en el Gobierno hemos asistido a un debilitamiento de la articulación y
equidad del sistema universitario español; con la mayor subida de tasas de la historia,
incrementando las diferencias entre Comunidades Autónomas; sin un modelo marco

de financiación que garantice la suficiencia financiera de las universidades en todos
los territorios; y con el radical endurecimiento de los requisitos de las becas y una
reducción drástica de sus cuantías, lo que ha supuesto un enorme retroceso para la
igualdad de oportunidades.
Uno de los capítulos más recientes de la quiebra del sistema universitario ha sido
la reforma por decreto de los títulos universitarios, que de aplicarse devaluará los
títulos de grado, obligará al alumnado a pagar más por la misma formación y hará
posible que una misma titulación tenga duraciones diferentes entre universidades.
Esta situación supone una grave amenaza para las universidades públicas que es
necesario afrontar con eficacia y determinación. Hay que poner fin a una política
universitaria que está quebrando el sistema público e hipotecando el futuro de nuestro
país. Es evidente que en una sociedad basada en el conocimiento las universidades
están llamadas a ser un motor por el desarrollo inteligente y sostenible.
Debemos construir una política universitaria que renueve y fortalezca nuestras
instituciones de educación superior y las dote de un mayor autogobierno para que
puedan cumplir con mayor eficacia la alta misión que la sociedad les ha encomendado:
la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura; la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales; la difusión, valorización y
transferencia del conocimiento; y la difusión del conocimiento y la cultura a través de
la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
Esa política ha de construirse desde el consenso social, académico y político, el mismo
consenso que hizo posible tanto la modificación de la Ley Orgánica de Universidades
(2007) como la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011).
Nuestro principal objetivo será volver a ese consenso para, a partir de él, recuperar
unas universidades públicas que vuelvan a ser accesibles a todo el mundo, en las
que únicamente la voluntad y la capacidad de cada cual marquen los límites, y no
sus condiciones socioeconómicas o su lugar de residencia. Unas instituciones que
generen conocimiento científico y cultural y sean, a la vez, un agente activo en la
transferencia de ese conocimiento a la sociedad y su beneficio para el desarrollo, la
economía y la innovación en nuestro país.
Unas universidades más emprendedoras e innovadoras serán también los espacios
idóneos para el fomento del espíritu innovador y emprendedor de su alumnado, del
futuroprofesionaldenuestropaís.Paraellonecesitamosinstitucionesmásautónomas,
comprometidas y socialmente responsables. Urge dotar a las universidades públicas
de un modelo de financiación transparente que garantice la suficiencia, promueva la
eficacia y la eficiencia, y asegure la equidad.

Al tiempo de promover la mejora sobre la financiación, impulsaremos la mejora de
la transparencia institucional, mediante el cumplimiento efectivo del acuerdo de
implantación generalizada de sistemas de contabilidad de costes, distribuir los fondos
en función del rendimiento y resultados y el avance en los sistemas de información
para tomar decisiones.
Unnuevogobiernosocialistagarantizarálamejoradelacalidadylainternacionalización
del sistema universitario, estableciendo nuevos mecanismos y asegurando el eficaz
funcionamiento de los existentes. La ordenación de las enseñanzas universitarias
se realizará teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de las actuales
titulaciones y preservando la cohesión y consistencia del sistema universitario, así
como su proyección internacional. Uno de nuestros objetivos primordiales debe ser
el desarrollo de programas que permitan, además de la internacionalización de las
universidades españolas, el retorno de nuestros licenciados, de nuestras licenciadas,
integrándolos en los grupos de investigación y docencia de las universidades, donde
puedan aportar su experiencia y conocimiento conseguidos dentro y fuera de nuestras
fronteras durante estos años.
Finalmente, es importante diseñar y desarrollar un modelo de carrera profesional
para el personal docente e investigador y para el personal de apoyo especializado
a la investigación (técnico y de gestión) que favorezca y promueva la superación
continua de sus capacidades y competencias, con las garantías necesarias de
reconocimiento y acreditación institucional en todo el Estado e incorporando nuevos
mecanismos de movilidad nacional e internacional. Uno de nuestros objetivos
primordiales ha de ser el retorno de nuestra juventud investigadora, integrándola en
los grupos de investigación y docencia de las universidades, donde puedan aportar
su experiencia y conocimiento conseguidos dentro y fuera de nuestras fronteras
durante estos años.
3. PROPUESTAS
• Establecer el diálogo con las universidades como mecanismo esencial para
la definición de la política universitaria. Las medidas y reformas estarán
sustentadas en diagnósticos y objetivos compartidos, y contaremos para
su formulación con la participación de personas expertas nacionales e
internacionales independientes.
• Paralizar el conjunto de decisiones y reformas impuestas por el Gobierno que
han carecido del acuerdo, la participación y el riguroso diagnóstico para su
definición e implantación, entre ellas las referidas a creación y reconocimiento
de universidades; homologación de títulos; acreditación; y ordenación de las
enseñanzas. Derogaremos el Real Decreto que establece el conocido como
modelo 3+2, que ha modificado la duración de grado y master afectando a la
coherencia del sistema y a la igualdad de oportunidades.

• Promover, en el marco del Consejo de Universidades y de la Conferencia General
dePolíticaUniversitaria,unPlanEspecialdeActuacionesparalareparacióndelos
efectos del límite de la tasa de reposición, garantizando la necesaria financiación.
• Revisar el marco normativo vigente con el objetivo de aumentar la capacidad de
las universidades a la hora de establecer y desarrollar sus propias estructuras,
organización y gobernanza, de manera que puedan mejorar su eficacia,
eficiencia, flexibilidad institucional, capacidad de adaptación y competitividad
internacional, profundizando en la autonomía reconocida por la Constitución.
• Promover, en el seno del Consejo de Universidades y de la Conferencia General
de Política Universitaria, la realización de auditorías de calidad del sistema
universitario, con la participación de personas expertas independientes e
instituciones especializadas independientes, nacionales e internacionales.
Las auditorías incluirán un estudio detallado de la oferta por titulaciones y un
análisis prospectivo de inserción laboral de las mismas.
• Realizar un seguimiento sistemático del cumplimiento estricto por las
universidades de las condiciones de creación o reconocimiento, así como de los
requisitos específicos legalmente establecidos en materia de profesorado, en
particular,a las Universidades Privadas.
• Adoptar las medidas precisas para una aplicación plena, ágil y eficaz de la
acreditación de títulos, incorporando como elemento sustantivo de los procesos
de acreditación los resultados formativos logrados por las instituciones.
• Definir un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que sea
transparente, que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia,
que asegure la equidad y genere estímulos consistentes para la mejora de los
resultados y de la calidad. Para ello y en el marco de la Conferencia General
de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, promoveremos un
nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los
niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y
permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando
así la igualdad de oportunidades. En tanto este nuevo marco no sea aprobado,
eliminaremos el modelo de precios públicos fijado por el RDL 14/2012, de 20
de abril, de modo que por las Comunidades Autónomas puedan recuperar con
carácter inmediato los niveles de precios públicos de 2011.
• Establecerelcarácterdelasbecascomounderechosubjetivodetodaslaspersonas
que manifiesten objetivamente la necesidad de la ayuda, exigiendo los mismos
requisitos académicos que rigen para cualquier estudiante universitario. Se
tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas, territoriales y de insularidad.
• Promover un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en
situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de master en

universidades públicas, con el objetivo de mejorar su cualificación y facilitar su
incorporación al mercado laboral. Además, para las familias más necesitadas,
se implementará un programa de becas salario, y la posibilidad de otras ayudas
complementarias.
• Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido
que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos
injustos o cambios sobre sus condiciones socioeconómicas desde el inicio de la
crisis.
• Aumentar los recursos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades
en la participación en programas de movilidad internacional y doble titulación
para el Programa Erasmus y estableciendo nuevos tipos de ayudas dirigidas
a favorecer la movilidad del alumnado en el Espacio Iberoamericano del
Conocimiento, tanto en los estudios de Grado como en los de Master y Doctorado.
• Presentar, en el primer año, una propuesta del Estatuto del PDI previsto
por la Ley Orgánica de Universidades, que contemple el marco normativo
que regule las condiciones de trabajo y la carrera profesional del Personal
Docente e Investigador de las Universidades públicas, para que pueda ser
debatida y consensuada con las comunidades autónomas, las universidades,
organizaciones sindicales y profesionales e instituciones implicadas.
• Revisar, en este nuevo marco legal, el conjunto de procedimientos relacionados
con los procesos de acreditación del profesorado y su recertificación, con el
objetivo de reducir sustancialmente aquellos aspectos más burocráticos para
los profesores y profesoras, generando procesos más transparentes y ágiles,
sin afectar a su rigor ni garantías.
• Promover la constitución de una Comisión Mixta Conferencia General de Política
Universitaria – Consejo de Universidades para que, contando con el Consejo
Estudiantil Universitario del Estado y con la participación de los agentes sociales,
profesionales, personas expertas y otras instituciones interesadas, identifique
objetivos estratégicos en materia de PDI, las líneas de acción precisas para
alcanzarlos y los criterios para su evaluación, con el fin de dar respuesta a las
necesidades del sistema universitario español con el horizonte 2025.
• Reforzar el papel de los órganos consultivos, de cooperación y concertación del
sistema universitario, devolviéndolos a la normalidad en el cumplimiento de las
funciones que legalmente tienen establecidas.
• Impulsar, contando con las comunidades autónomas y con la colaboración de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y demás universidades,
un programa para la mejora de la calidad, extensión y refuerzo de campus
virtuales, fomentando la cooperación entre universidades, la innovación
tecnológica y metodológica, la generación de contenidos y la formación del

profesorado y del personal de administración y servicios, con las necesarias
garantías de calidad y con los recursos adecuados.
• Promover el compromiso de las universidades con la mejora de la cualificación
y el empleo de los titulados a lo largo de toda su vida laboral, incluyendo entre
otras medidas su progresiva especialización, el establecimiento de mecanismos
de vinculación con el tejido social y productivo de su entorno y la creación de
sistemas de formación específicos.
• Dar el protagonismo de la internacionalización a las universidades, con el
objetivo de atraer estudiantes, personal investigador y docente que mejore el
sistema universitario español, y que además contarán con el respaldo de las
representaciones diplomáticas de España y con planes regionales específicos,
con particular atención a los ámbitos europeo, iberoamericano, mediterráneo y
de la iberofonía.
• Desarrollar plena y efectivamente las funciones previstas por la Ley Orgánica de
Universidades para la Fundación Universidades y la posterior incorporación en
el Organismo Autónomo SEPIE.
• Recuperar el programa Séneca de intercambio de alumnado entre las diferentes
universidades españolas.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1. DÓNDE ESTAMOS
A lo largo de tres décadas, con amplio consenso, con gran esfuerzo de toda la sociedad
española y con el impulso de los gobiernos socialistas, se logró desarrollar un sistema
de Ciencia y Tecnología que ha alcanzado un notable nivel de calidad y reconocimiento
internacional. La Ley de Economía Sostenible y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, ambas aprobadas en 2011, marcaron un hito en ese proceso, con énfasis
en la calidad, la transferencia y circulación de conocimiento y la innovación.
En los últimos años, sin embargo, el Gobierno del PP ha revertido este proceso:
ha disminuido fuertemente la inversión en I+D, tanto en el sector público como en
el privado, renunciando al objetivo europeo de destinar el 3% del PIB en 2020; se
han limitado radicalmente las oportunidades de trabajo para nuestro personal
de investigación; se ha reducido y constreñido el sector público de I+D; y se han
despreciado sistemáticamente las bases de consenso y las previsiones de desarrollo
de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI).
De hecho, en esta legislatura la inversión en España en I+D ha retrocedido hasta
situarse en el 1,24% del PIB, alejándose respecto al máximo histórico del 1,40% que
se alcanzó en 2010, y el peso de la I+D+i civil en los Presupuestos Generales del Estado
ha caído prácticamente en un punto. Un nivel de inversión tan alejado de la media y
los objetivos europeos, está suponiendo un atraso en la mejora de la competitividad y
la necesaria modernización de nuestros sectores productivos, con especial incidencia
en el industrial.
Dentro de las cifras totales sólo el 40% de la inversión española en I+D proviene de
fondos privados, un porcentaje muy inferior al 55% de la media europea y muy lejos
del objetivo de la UE de que la aportación privada constituya los 2/3 de la inversión en
I+D.
Por otra parte, los instrumentos que catalizan la innovación y los centros donde se
replica y difunde son solo accesibles a unas pocas grandes empresas y limitada a la
especialización de los centros existentes. Ello impide que el país pueda desplegar
todo su potencial en la nueva economía vinculada al conocimiento, a la innovación
como factor de crecimiento y desarrollo económico.
Se ha abandonado el apoyo a la creación de parques científicos y el desarrollo
de la periferia innovadora de las universidades. La supresión, en la práctica, del
programa de campus de excelencia internacional ha frenado un buen número de
proyectos estratégicos que pretendían contribuir al fomento de la transferencia de
conocimiento y la innovación. Por otra parte, algunas de las medidas previstas por
la Ley Orgánica de Universidades y una buena parte de las de la LCTI están por
desarrollar.

Una consecuencia directa de esta situación es la escasa actividad española en la
generación de patentes. A modo de ejemplo, en el registro de Patentes, como indicador
de actividad científico-tecnológica aplicada, España únicamente aportaba un 0.33% de
las patentes triádicas registradas, ocupando la posición 26, con solamente 3 patentes
por millón de habitantes. La media europea era de 23,3 y la de los países de la OCDE
de 33,1. En los últimos años y coincidiendo con los recortes las cifras han empeorado.
La ciencia, la tecnología y la innovación son factores esenciales para el aumento
de la riqueza y del bienestar de la sociedad. Por eso, es cada vez más importante
que los gobiernos diseñen políticas adecuadas para fomentar la producción de
nuevos conocimientos y la aplicación de éstos en el sistema productivo y los servicios
públicos, sin olvidar fomentar las humanidades en la educación y reforzar la ética
tanto en el sistema productivo, como en la sociedad y en la investigación.
De hecho la innovación es un factor clave para la mejora de la competitividad, a la que
puede contribuir mediante la provisión de nuevos o mejorados productos o servicios
y, a través de su producción, mediante procesos nuevos o mejorados, que añaden
valor, incrementando la demanda o la productividad.
El alto grado de interacción entre las políticas universitaria, científico-tecnológica
y de innovación hace imprescindible abordarlas desde una perspectiva integral y
en estrecha articulación, pero preservando sus singularidades. Conviene en todo
caso distinguir dos niveles o tipos de políticas: las políticas orientadas a fomentar y
potenciar las actividades de I+D y las políticas orientadas a incentivar y potenciar la
innovación.
La articulación entre ambas no ha de hacer olvidar que son políticas diferentes
en cuanto a sus objetivos propios, sus instrumentos y sus tipos de actuación. Las
políticas orientadas a potenciar la innovación en el sistema productivo no solo afectan
a las actividades de I+D, sino a otros muchos tipos de actividad, y son mucho más
complejas y polifacéticas que éstas.
Por otra parte, debemos ser conscientes de que la calidad de vida que disfrutamos en
la actualidad se apoya en la Ciencia y los descubrimientos científicos. Pero no podemos
olvidar que todos estos descubrimientos son solo una pequeña parte visible de
muchos descubrimientos previos, realizados en algunos casos, decenas o centenares
de años antes. Es imposible saber hoy qué descubrimiento puede suponer un cambio
extraordinario en unos años. Por ello es fundamental el mantenimiento promover la
investigación básica. Y ello sin perjuicio del apoyo de aquellas investigaciones más
directamente relacionadas con la realidad económica y local del medio circundante.
Debemos retomar la senda de la modernización hacia la nueva economía, bajo
criterios de competitividad y sostenibilidad. Esta modernización, en torno a ese
nuevo paradigma: desarrollos basados en el conocimiento, en la innovación y el

emprendimiento, que solo será posible invocando la combinación efectiva de eficiencia
con equidad, crecimiento verde, inclusión y protagonismo de la toda la sociedad. No
basta con apostar por grandes proyectos e instalaciones o por liderazgos tecnológicos
fuertes en la gran empresa, hablamos de una nueva cultura empresarial globalizada
que se mueve allí donde aparece conocimiento e innovación.
En ese cambio, el papel de la Administración pasa por definir los elementos de
una política industrial moderna e innovadora en sí misma, basada en medidas que
dinamicen y acompañen a las inversiones privadas y que sean selectivas, dirigiéndose
a los sectores de carácter más estratégico.
3. PROPUESTAS
• Promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo
Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo
consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.
• Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del
Gobierno.
• Duplicar la inversión pública en I+D+i civil, que representará al menos el 2,5% de
losPresupuestosGeneralesdelEstadoalfinaldelalegislatura,yrecuperaremos
como objetivo estratégico el objetivo europeo de alcanzar una inversión total
del 3% del PIB. Defenderemos en las Instituciones Europeas la aplicación de la
“regla de oro” a las inversiones en I+D+i.
• Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación
del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades
autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y
otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de
excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los
que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios
y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.
• Fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del
sistema (universidades, organismos públicos de investigación y empresas e ins-
tituciones privadas), eliminando barreras normativas y procedimentales, teniendo
siempre presente la función y características propias de cada uno de ellos.
• Crear, en el plazo máximo de seis meses, la Agencia Estatal de Investigación;
y revisar y reformar en profundidad el sistema y en particular el CSIC y demás
organismos públicos que lo integran, su organización y gestión, con criterios
de excelencia y atendiendo para ello a las previsiones de la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación y a la mejora de su calidad, eficacia, eficiencia.

• Garantizar la suficiencia y regularidad de las convocatorias de proyectos de
investigación y de recursos humanos, ampliando la dotación del Fondo Nacional
y uniendo a la evaluación ex ante, para la concesión de los proyectos, la rendición
de cuentas ex post, de modo que el rendimiento y grado de consecución de
objetivos sea una variable para la concesión de proyectos futuros.
• Revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en
materia de I+D, aligerando sustancialmente los trámites burocráticos que ha de
realizar el personal investigador.
• Establecer una nueva línea de financiación competitiva, dirigida a financiar con
criterios de excelencia los programas institucionales de actividad científica,
tecnológica e innovadora de las universidades y organismos públicos de
investigación.
• Poner en marcha un Plan de Reforzamiento de Sectores Prioritarios, partiendo
de la valoración de la dimensión y peso internacional de las comunidades
científicas en los diferentes ámbitos, de la calidad de los resultados científicos
conseguidos en estos últimos años y del impacto tecnológico generado en otros
sectores.
• Incentivar la participación en el programa Horizonte 2020 y el aumento del
retorno hacia España.
• Impulsar un nuevo plan director de infraestructuras científicas.
• Elaborar y desarrollar un plan de difusión, comunicación y cultura científicas,
en colaboración con las comunidades autónomas, municipios, universidades,
organismos públicos de investigación y otras instituciones públicas o privadas,
que favorezca la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.
• Estimular la colaboración pública-privada en investigación.
• Definir y establecer programas específicos de impulso de la colaboración
entre universidades, organismos públicos de investigación, otros centros de
investigación públicos y privados y sector productivo, con atención especial a los
mecanismosdetransferenciaycirculacióndeconocimiento,entreotrasmedidas
estableciendo y dotando una nueva generación de programas e instrumentos de
apoyo a la transferencia.
• Permitir el acceso libre a propiedad intelectual de Organismos Públicos de
Investigación y de Universidades que no haya sido explotado en los últimos 3 años
cuando esté vinculado a iniciativas emprendedoras innovadoras generadoras de
empleo.

• Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una
red de centros tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing
Institutes de EEUU y el Fraunhofer-Institut de Alemania. La red de CEII estará
formada por una serie de Institutos para la Innovación Industrial en torno a los
“productos y tecnologías facilitadoras” (tales como nanotecnología, micro-nano
electrónica, materiales avanzados, fotónica, biotecnología industrial o sistemas
de producción avanzados) en los que colaborarán empresas, universidades,
centros de investigación y administraciones públicas.
• Fomentar la cultura innovadora y emprendedora, incorporando el factor de
impulso de la innovación y el emprendimiento desde el sistema educativo.
• Redefinirlosmecanismosdeproteccióndelapropiedadintelectual,adaptándolos
a la realidad y necesidades actuales y haciéndolos más atractivos tanto para
quienes inventan como para la academia.
• Incorporar la valoración de la propiedad intelectual y de la actividad
emprendedora, de manera real y mensurable, al currículo del alumnado
universitario y del personal docente e investigador.
• Impulsar de una manera sostenida mecanismos de desintermediación
financiera que acerquen el capital inversor a nuevos proyectos empresariales
con fondos públicos de capital y garantías especialmente en fases tempranas,
semilla y start up; racionalizando y coordinando a través de ventanillas únicas
que informen de los diferentes instrumentos existentes.
• Promover la compra pública y otros instrumentos de tracción de la innovación,
asegurando un marco estable de demanda pública de bienes y servicios
innovadores al que dedicaremos al menos el 3% de las nuevas inversiones
públicas.
• Establecer un sello de “producto innovador” para aquellas tecnologías
desarrolladas gracias a la financiación pública de I+D y, por tanto, previamente
validadas.
• Reforzar el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), otorgándole
más autonomía y mayores recursos para que pueda realizar con plena eficacia
las funciones previstas por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El CDTI asumirá, sin coste alguno para las empresas, la expedición de las
certificaciones tecnológicas necesarias para obtener las deducciones fiscales
por I+D.

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, LA SOCIEDAD RED
1. DÓNDE ESTAMOS
En España se dio un gran salto digital en la primera década del siglo XXI gracias a
las políticas públicas puestas en marcha por el gobierno socialista, principalmente
por el Plan Avanza (2006-2011). Unas políticas exitosas porque aunaron los esfuerzos
de todas las administraciones públicas, que multiplicaron por más de siete veces el
número de internautas en nuestro país y llevaron la cobertura de banda ancha básica
al 100% de la población.
Nuestro país tiene pendientes al menos dos retos fundamentales: trasladar los
beneficios de Internet a la vida cotidiana de la ciudadanía, impulsando un verdadero
espacio económico y social digital y disminuir la brecha digital social, generacional,
económica, de género y geográfica –especialmente entre el ámbito rural y urbano–.
Sin olvidar la existente con los países más avanzados con los que nuestra sociedad,
nuestra administración y nuestra economía compiten.
Estos retos, años después, siguen aún pendientes, y a ellos se han sumado otros en
el rápido camino que marca la revolución digital, pero también como consecuencia
del estancamiento sufrido durante los últimos cuatro años en políticas e inversión
pública por la falta de liderazgo político del gobierno del PP.
Las tecnologías digitales han supuesto una auténtica revolución que nos trae una
nueva sociedad: la sociedad en red. Estos nuevos tiempos requieren nuevas políticas.
Para el PSOE es fundamental que los valores progresistas (la igualdad, la libertad y
la justicia social) impregnen esta nueva realidad que afecta a todas las personas y a
todo.
Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una red de
centros tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing Institutes de EEUU
y el Fraunhofer-Institut de Alemania. La red de CEII estará formada por una serie
de Institutos para la Innovación Industrial en torno a los “productos y tecnologías
facilitadoras” (tales como nanotecnología, micro-nano electrónica, materiales
avanzados, fotónica, biotecnología industrial o sistemas de producción avanzados)
en los que colaborarán empresas, universidades, centros de investigación y
administraciones públicas.
Una sociedad innovadora nace de una ciudadanía preparada para el cambio. De un
modelo de formación más flexible y participativo, que atienda a las nuevas demandas
sociales, fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades en la sociedad y
para preparar a la ciudadanía para el cambio de modelo productivo y de desarrollo
necesario en España.

A medida que la sociedad evoluciona aparecen nuevos riesgos que la ciudadanía
afronta cada día. La informatización y digitalización de todos los aspectos de nuestra
vida profesional y cotidiana requiere medidas contra la brecha digital entre personas
de diferentes edades, formación, género o situación geográfica. La desigualdad futura
-ya presente- vendrá también por la capacidad de las personas de mantenerse al día
en el mundo digital.
Asimismo, cada vez urge más articular medidas para actualizar y garantizar derechos
propios de las sociedades democráticas, abordando fenómenos como la suplantación
de la identidad, la privacidad o el ciberacoso. Afrontaremos el reto de extender
derechos existentes así como de definir y proteger por ley nuevos derechos vinculados
a las TIC.
Existen nuevos valores de las nuevas generaciones que participan intensamente de
la red. Asumen su vida cotidiana en una red conectada, activa y abierta. Los partidos
políticos deben saber integrar estos nuevos valores en sus políticas públicas,
apostando por las tecnologías abiertas como garantía de las libertades y el acceso a
la información, como forma de garantizar la equidad del siglo XXI.
3. PROPUESTAS
• Poner en marcha una Estrategia para potenciar el Conocimiento en la Sociedad
Red, que incluirá la creación de espacios de acceso a la formación en el
uso avanzado de aquellas herramientas necesarias para tener acceso a la
información y la participación, a través de una metodología de aprendizaje que
permita acceder a la información y contrastarla, centros públicos de acceso que
ya existen en algunas comunidades autónomas, con especial implantación en el
medio rural.
• Activar planes para reducir la brecha digital, en cooperación con las CCAA y
el sector TIC, con acciones específicas destinadas a colectivos con más riesgo
de exclusión digital: personas mayores, personas con bajo nivel de estudios, el
espacio rural, personas autónomas y/o micro pymes sin presencia en la red o
uso de herramientas TIC para la productividad.
• Crear el Plan para la educación digital a personas jubiladas y mayores de
65 años que permita su incorporación a la sociedad digital y abrirles nuevas
perspectivas del conocimiento y relación social.
• Impulsar un plan de igualdad específico para reducir la brecha digital en
materia de género, que facilite y promueva una mayor presencia en la Sociedad
Digital de las mujeres como creadoras de contenidos en la red y promotoras de
proyectos TIC.
• Impulsar el plan “Educación Digital” para promover la utilización de contenidos,
recursos y herramientas digitales en todos los niveles del sistema educativo

y garantizar la igualdad de oportunidades durante la etapa de aprendizaje,
fomentando la divulgación digital y la innovación, incluyendo el aprendizaje
de lenguajes de programación, ética digital y ciberseguridad e incorporando
el uso de tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje, creando nuevos
perfiles formativos que den respuestas a las necesidades de la era digital y
haciendo especial hincapié en la ética aplicada al mundo digital y al control de
los problemas derivados de la ciberseguridad.
• Poner en marcha un plan soporte a la transformación y adaptación de los medios
de comunicación, liderando la consecución de un acuerdo entre agregadores
de noticias y medios de comunicación, salvaguardando los derechos a la
información de la ciudadanía.
• Crear un Plan para el Conocimiento Público, Accesible y Universal en Red, en
formatos libres y reutilizables, de los contenidos de conocimiento generados
por la Administración General del Estado (estudios, libros, investigaciones).
• Establecer planes de colaboración de las instituciones públicas con espacios
que generan, agregan y permiten el acceso al conocimiento libre, abierto,
compartido y de calidad en la red.
• Promover el uso de fuentes abiertas por parte de las administraciones públicas,
recuperando el CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación) como centro autónomo y
específico.
• Fomentar la participación de la sociedad y el aprovechamiento de las iniciativas
ciudadanas ya en marcha para extender un tejido comunicativo en el entorno
Red fundamentado sobre los datos abiertos (opendata) y los espacios digitales
abiertos.
• Facilitar, en colaboración con las CC.AA., el acceso a la red a todas las zonas
rurales, incluidas las de mayor dispersión, dado que facilita la posibilidad de
comunicación en tiempo real, el acceso a la formación a distancia y a la sociedad
del conocimiento, las relaciones económicas de zonas aisladas y, sobre todo,
permite el arraigo y consolidación de las personas en sus áreas de residencia y
producción, evitando la desertización del campo.
• Adoptar las medidas necesarias para ofrecer acceso en todo el territorio a
banda ancha de calidad para que haya conexión en igualdad de oportunidades
para todo el mundo.
• Promover un precio asequible de acceso a internet, con el objetivo de que el
servicio, a igual velocidad y calidad, no cueste más que el coste medio del mismo
en los países de la UE.

• Aprobar una Ley para regular el desarrollo de los derechos digitales que incluirá:
- Derecho a la formación digital para acceder a todas las oportunidades
que ofrece la sociedad en red. En la sociedad red la brecha digital es una
brecha de oportunidades.
- Derecho a la neutralidad de red como garantía de un internet abierto,
equitativo, innovador y en libertad. Los servicios de conexión a internet
fijo o móvil deben garantizar a todo el mundo: el mismo acceso a todos los
espacios de internet, que no se ralentice ni corte tráfico alguno, sea del
tipo que sea y que todo ello tenga el origen y destino que tenga, salvo los
casos específicos de gestión adecuada de red y de legalidad.
- Derecho a la privacidad y protección de datos personales. Hay que
garantizar un marco legal efectivo de protección de datos personales,
que permita operar de forma consciente, informada y transparente en la
relación entre proveedor de contenidos y persona usuaria.
- Derecho a la seguridad y secreto absoluto de las comunicaciones
electrónicas y de los datos que circulan por la red, con las salvaguardas
de legalidad adecuadas.
- Derecho a la reparación y rectificación en el caso de publicación de posibles
delitos o actos en que posteriormente se pruebe su falsedad.
- Derecho al conocimiento, acceso y reutilización de los datos generados
y en poder de las administraciones públicas, adoptando una estrategia
integral de open data o apertura de datos. Así como también a disfrutar
de las innovaciones, creaciones, productos no fungibles y conocimiento
generado con presupuesto público.
- Derecho a la gestión del patrimonio y la huella digital.
- Derecho al olvido. Capacidad de borrar la huella digital a petición, siempre
que sea razonable, y a disponer de nuestro patrimonio digital (cuentas de
correo, de redes sociales, etc.) libremente, pudiendo decidir en cualquier
momento que sus contenidos sean borrados o transmitidos libremente a
los herederos.

CULTURA
1. DÓNDE ESTAMOS
La cultura es la expresión de nuestra humanidad y, como tal, es un bien de primera
necesidad y un derecho a ejercer. Es aquello que nos define, configura nuestro
imaginario colectivo y se convierte en factor de cohesión social. La Cultura es una
de nuestras fortalezas como país. Tiene una importancia económica decisiva, es una
oportunidad para el bienestar de la ciudadanía, es un sector estratégico para nuestra
proyección en el exterior, y goza además de un reconocimiento constitucional.
Sin embargo, ha sido una de las mayores víctimas de la acción del Gobierno del PP. A
la extensa lista de decisiones que han degradado y afectado negativamente al sector
cultural,hayqueañadirlasquenosehantomadoyladesatencióndeasuntoscruciales
para la pervivencia y el futuro de las industrias de la cultura. Todo ello ha supuesto
un empobrecimiento del sector cultural, que ha resistido gracias a la dedicación
de profesionales y artistas. Esta política ha situado a nuestro sector cultural en
inferioridad de condiciones para competir con los países de nuestro entorno.
Esta senda bien definida de degradación de la cultura en España solo se puede explicar
por una combinación de prejuicio ideológico y de una clamorosa falta de visión de la
enorme y trascendental oportunidad de futuro que supone la cultura para nuestro
país.
Los recortes a la inversión cultural, el establecimiento del IVA cultural más alto de
la Unión Europea, la aprobación de una Ley de Propiedad Intelectual sin diálogo (ni
social, ni político), la falta de medidas reales de fomento del mecenazgo, no son sino
la cúspide de una política fallida.
Han sido años de pérdida de empleo, cierre de empresas, inestabilidad laboral,
profesional y empresarial, y nula gestión de las políticas de fomento cultural. Una
sociedad incapaz de reconocer y proteger el valor de la creación, no tiene las garantías
necesarias para poder aprovechar la oportunidad de desarrollo que es la sociedad
del conocimiento. En este sentido, a la Ley de propiedad intelectual y el impacto
del IVA hemos de añadir la desaparición del contenido curricular del aprendizaje de
enseñanzas artísticas y sus lenguajes, lo que supone cercenar parte del desarrollo
integral de la persona e incumplir un elemento esencial del derecho a la educación,
así como mantener la desigualdad de oportunidades en el acceso a la cultura a la que
toda la ciudadanía tenemos derecho.
Es importante también resaltar que en la cultura se da también una clara desigualdad
que exige la acción efectiva de los poderes públicos. Es el caso de la igualdad de
género que en muchos casos, como la creación, la producción y especialmente la
visibilidad de la contribución de la mujer al desarrollo de la cultura en España no está
lo suficientemente valorada.

España tiene en la diversidad una seña de identidad valiosa que debe ser preservada
y cuidada como un valor común. La falta de coordinación entre el Gobierno central
y Comunidades Autónomas ha supuesto una merma en la capacidad de la acción
política, en la extensión del derecho de acceso a la cultura y en el uso eficiente del
conjunto de los recursos públicos.
La irracionalidad de la reforma local y la falta de cooperación con ayuntamientos han
deteriorado aún más las condiciones de acceso a la cultura en el conjunto del país,
aún más en nuestro entorno rural –ejemplo de ello es la devaluación de la calidad de
servicios tan importantes como el de bibliotecas-.
Nos hemos alejado del resto de Europa donde las industrias de la cultura y la
creatividad son entendidas como un sector de oportunidad y ocupan el centro de las
estrategias de Estado. España puede y debe incorporarse a esta senda, dado que
tiene condiciones naturales muy ventajosas para competir en el mercado global.
Un proyecto político progresista ha de señalar como punto de partida la consideración
de que la cultura es, ante todo, un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas y
una obligación del Estado para con ellos, constitucionalmente garantizada, siendo
un elemento esencial para desarrollar plenamente la ciudadanía democrática, el
crecimiento y la madurez de nuestra sociedad.
La cultura constituye también uno de los sectores de oportunidad de desarrollo más
dinámicos e importantes de nuestro país. El primer paso es tomar conciencia de esta
potencialidad.
Debemos pues entender la cultura desde una doble dimensión: como recurso y como
derecho.
Como recurso, el sector cultural representa para la economía del país más del 3% del
PIB y genera más de medio millón de empleos directos.
La cultura es un sector determinante para la creación de empleo y el cambio de
modelo de crecimiento. Nuestro objetivo será que la actual contribución de la Cultura
a la economía aumente sustancialmente y converja con el conjunto de la UE. Hay
sólidas razones para respaldar este enorme potencial, como el hecho de que seamos
uno de los países con mayor y mejor patrimonio histórico cultural, que compartamos
lengua con más de 400 millones de hispanohablantes, o por el hecho de que tengamos
empresas, museos y artistas de primer nivel mundial en todos los sectores de la
creación.
Al tiempo, la cultura debe tener el soporte y protección de los poderes públicos para
que la ciudadanía tenga garantizado el derecho de acceso a la misma, los creadores
puedan impulsar su trabajo con garantías y dignidad profesional, y el patrimonio

común histórico, cultural y artístico tenga el apoyo y protección que necesita para ser
preservado como bien común para la sociedad.
Es imprescindible que en España exista una auténtica política de Estado para la Cultura,
que haga del diálogo su divisa, que sea capaz de generar las sinergias necesarias con las
industrias culturales y creativas a través de políticas culturales que incluyan una ley de
mecenazgo que estimule el intercambio, que mejore las condiciones socio-laborales de
artistasydeotrosagentesculturalesqueconformanelsector,losderechosdeloscreadores,
que ayude a la red de teatros, librerías, centros culturales o galerías, y que garantice
el derecho efectivo de la ciudadanía de acceso a la cultura y que fomente y estimule su
consumo. La cultura debe ser una prioridad de Estado y de país.
3. PROPUESTAS
La administración y el gobierno de la Cultura
• Promover un Acuerdo Social y Político por la Cultura, que haga de la misma
una prioridad política. Recuperar el diálogo y el acuerdo con el sector, la
cooperación entre instituciones, especialmente con Comunidades Autónomas y
los ayuntamientos.
• Crear el Consejo de Cultura como entidad de cooperación entre los y las
creadoras, las industrias culturales y las administraciones públicas. Elaborará
un informe anual sobre el estado del sector e informará de los asuntos que el
Gobierno solicite.
• Recuperar el Ministerio de Cultura que desarrolle una política que responda a
la concepción federal que defendemos y que promueva la pluralidad cultural y
lingüística de España.
• Incrementar de forma sostenida la dotación de Cultura en los Presupuestos
Generales del Estado para lograr recuperar su peso sobre el total del gasto
público y alcanzar los niveles de los países de nuestro entorno. Porque la Cultura
no es un bien de consumo accesorio (un lujo y, por tanto, prescindible), es una
necesidad de toda la sociedad y de cada ciudadano y ciudadana.
• Aprobar una Ley Orgánica de reconocimiento de la pluralidad lingüística de
España. Una ley que defienda y promueva en toda España todas las lenguas
como patrimonio cultural que nos identifica.
• Difundir las lenguas oficiales españolas a través del Instituto Cervantes, en
cooperación, en el caso de que existan, con los organismos dependientes de
las CCAA. Promover que el Instituto Cervantes desarrolle en España programas
de enseñanza de español - y también del resto de las lenguas de España-,
para ampliar así el conocimiento de nuestro idioma y cultura y su difusión
internacional, generando además una nueva fuente de riqueza.

• Hacer de la Cultura uno de los elementos cruciales de la influencia y presencia
de España en el mundo así como factor de cooperación, especialmente con
América Latina. Este objetivo requiere una racionalización y coordinación de los
diferentes organismos que se ocupan de la difusión y promoción internacional
de nuestra cultura.
• Elaboraremos una Ley de Mecenazgo, en dicha ley se incluirá un sistema de
bonificaciones a la exportación, en línea con las establecidas en los países de
nuestro entorno europeo, a fin de competir en los mercados internacionales.
• Como estado miembro de la UE impulsaremos una política europea para la
cultura y las industrias de la creatividad europeas.
• Incorporar al mundo de la creación, promoción, a artistas y gestores culturales
en las delegaciones oficiales internacionales en el marco de una estrategia
exterior para la difusión, presencia y programación en otros países, para lo que
contaremos con la participación de las CCAA.
Los servicios culturales que ha de prestar/garantizar el Estado
• Elaborar una Ley sobre el Derecho de Acceso a la Cultura, en colaboración con
las CCAA y los Ayuntamientos, que defina las prestaciones básicas de acceso a
los servicios culturales para toda la ciudadanía en todo el territorio, con medidas
especialmente dirigidas a facilitar el acceso a la cultura a la ciudadanía con
discapacidad, personas mayores y menores de edad y así como colectivos más
alejados de la oferta cultural por razones socioeconómicas.
• Proponer un Programa de Apoyo a la Red Básica de Acceso a la Creación Cultural
mediante la cooperación con CCAA y las administraciones locales destinado
al apoyo y manteniendo de establecimientos culturales sean éstos públicos o
privados, con especial atención a las pequeñas y medianas librerías, bibliotecas,
centros de música en vivo, museos y teatros y que tendrá una especial atención
a localidades pequeñas y entornos rurales.
• Recuperar en el ámbito curricular escolar la enseñanza artística y musical,
promoviendo también la progresiva implantación de nuevos lenguajes como el
digital, el audiovisual o el cinematográfico.
• Promover de forma integral y mediante programas específicos de cooperación
territorial el apoyo a la creación de nuevos públicos, especialmente en la infancia
y la adolescencia, con especial atención al fomento y práctica de la lectura, en
la promoción de las diferentes disciplinas artísticas, incluidos los lenguajes
audiovisuales y el cine.
• Recuperar y mejorar el Programa para el Fomento de la Lectura, de Apoyo al
Libro y las Bibliotecas, prestando atención tanto al libro impreso como al digital.

Las bibliotecas públicas están llamadas a desempeñar un papel fundamental
en nuestra sociedad, de tal manera que deben ser objeto de protección. Por
ello deben estar dotadas de los medios humanos y materiales necesarios para
el cumplimiento de las nuevas funciones que la sociedad demanda que incluirá
la promoción de la lectura mediante el Sistema Aumentativo y Alternativo de
Comunicación. Entre los objetivos está la compra de libros, así como la mejora
de instalaciones y su adaptación TIC.
• Establecer ayudas para acercar a autores y autoras al público en todo el
territorio, promoviendo la compra de ejemplares en las librerías de cercanía.
• Revisar el concepto, la definición, el gobierno y la financiación de los
equipamientos de ámbito estatal, mediante un marco jurídico adecuado para
conseguir los objetivos asignados a cada uno de los equipamientos. La fórmula
de gestión que se utilizará será el contrato-programa evaluable.
• ReformarlaLeydePatrimonioHistóricoparaampliarsupotencial,suprotección,
así como desarrollar y reconocer nuevas realidades como el patrimonio
inmaterial.
• Armonizar, mediante colaboración entre administraciones, los sistemas de
catalogación e información del Patrimonio Histórico Español de forma que sea
una herramienta eficaz para la protección y salvaguarda de nuestros bienes
culturales independientemente del territorio en que se encuentren.
• Revalorizar el Patrimonio Histórico con medidas que fomenten su conservación,
su protección y su difusión, aumentando el nivel de participación social y de
expertos en el desarrollo de las citadas políticas. Potenciar el Consejo de
Patrimonio Histórico convirtiéndolo en un organismo eficiente. Ratificar las
convenciones internacionales que incidan en su conservación y protección y
establecer mecanismos y sanciones para evitar el expolio y reforzar los sistemas
de control para evitar las exportaciones ilegales.
• Promover una regulación para la disciplina de la arquitectura, que ordene y
proteja los aspectos fundamentales ligados a la misma.
• Actualizar la política del 1,5% cultural, tanto para agilizar sus procesos como
para revisar los criterios de aplicación de este tipo de financiación, que posibilite
actuaciones fundamentalmente en los Conjuntos Históricos declarados.
• Elaborar un Plan de Intervenciones Urgentes priorizado en función del estado,
valor o papel social de los bienes culturales.
• Crear un programa de formación especializada de gestores y promotores
culturales en todos los ámbitos de la cultura, museos y el patrimonio.

Las funciones sociales y económicas de la cultura. La acción del Estado en su
fomento
• Aprobar una Estrategia para el Desarrollo de las Industrias Culturales y de la
Creatividad que permita que sea un sector determinante para el cambio de
modelo de crecimiento, con especial atención al espacio hispanohablante y la
consolidación de nuevos mercados y aumentar la presencia de nuestra oferta
cultural en el exterior.
• Impulsar un marco de contrato-programa con los medios de comunicación
públicos que asegure los correspondientes contratos de coproducción y
distribución internacional.
• Impulsar un acuerdo estable con el ICO que asegure la creación de un fondo
de capital riesgo y capital nido dirigido entre otros a la modernización e
internacionalización de las empresas culturales y creativas españolas.
• Aprobar un Estatuto del Artista para atender a la profesión cultural como
una realidad específica que refleje la intermitencia en la contratación y la
cotización, de contingencias de salud, maternidad, jubilación o desempleo.
Además incluirá medidas específicas para hacer efectiva la igualdad de género,
con especial atención a la reincorporación a la actividad profesional tras la
maternidad y la conciliación de la vida laboral y familiar. Incluiremos planes
específicos de transición laboral, y recualificación a lo largo de la vida laboral,
incluyendo sistema de reconocimiento de competencias profesionales. Además
promoveremos medidas encaminadas a mejorar la situación de jubilación de
autores, intérpretes y artistas, así como aquellas medidas que hagan compatible
la percepción de derechos con la misma.
• Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales: Es imprescindible el
inmediatoestablecimientodelIVAculturalaltiporeducidoyseráunadenuestras
primeras medidas de Gobierno. Esto supone rebajar el IVA cultural del 21 al 10%
de manera inmediata. A partir de ahí el Gobierno de España impulsará que se
reconozca la necesidad de un IVA cultural en el seno de la toda la UE que permita
su armonización, con el reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos
menores del 10%. Hasta que esta modificación se produzca, solicitaremos una
autorización de la Unión Europea a España para aplicar el tipo súper reducido
al 4% para la cultura. Asimismo promoveremos el mantenimiento del IVA del
libro en el 4%, e impulsaremos en el seno de la UE su equiparación para el
libro electrónico.
• Aprobar una Ley de la Participación Social y del Mecenazgo recogiendo las
distintas herramientas de micro-mecenazgo (crowdfunding), al apoyo a la
producción y el consumo cultural mediante desgravaciones a la ciudadanía en
el IRPF y en el impuesto de sociedades de las empresas, premiando el aumento
en el compromiso en el tiempo.

• Reformar la Ley de Propiedad Intelectual con el objeto de hacer efectiva la
necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador,
compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural. Al tiempo
apoyar las medidas en defensa de los derechos de los creadores y las industrias
de contenidos generados en la economía digital.
• La compensación por copia privada cumplirá estrictamente la transposición de
las normas europeas.
• Promover las exigencias de transparencia y gobernanza democrática para las
Entidades de Gestión de Derechos Colectivos, así como la creación de instancias
de mediación entre estas entidades y las asociaciones de usuarios de los
derechos. Se promoverán igualmente instancias de dialogo entre las entidades
de gestión de los titulares de derechos y los consumidores que promuevan un
mejor conocimiento recíproco de las necesidades de cada colectivo.
• Establecer para los municipios de menos de 50.000 habitantes una exención
total por parte del Estado del canon bibliotecario que será abonado mediante
una partida en los Presupuestos Generales del Estado, y establecer asimismo
una línea presupuestaria anual para ayudar al resto de municipios como es
habitual en el resto de la UE.
La igualdad de género en el ámbito cultural
• Promover la igualdad efectiva de género en la gestión y la promoción cultural, así
como la necesaria visibilización de la contribución de las mujeres al desarrollo
cultural con el conocimiento de su obra.
• Promover un Plan de Igualdad en la Cultura evaluable y aplicar los planes de
igualdad en aquellos organismos públicos culturales dependientes de cada
una de las Administraciones. Asegurar la presencia equilibrada de mujeres
y hombres, en la composición de los tribunales de selección, comisiones de
valoración, órganos de dirección y de gobierno. Asegurar la paridad en los
organigramas de Museos, Centros de Arte y Patronatos.
• Establecer un programa de ayudas a la creación, producción, promoción y
programación, de las obras teatrales, cinematográficas, escénicas y literarias
realizadas por mujeres.
• Promover la programación específica de exposiciones retrospectivas que
pongan en valor la obra de artistas mujeres.
• Impulsar la creación de un archivo que documente la obra de artistas mujeres
en la Historia del Arte Español Contemporáneo.
• Recuperar el patrimonio artístico producido por las artistas españolas y

desarrollar una línea específica para dar a conocer y acercar a autoras y su
obra al público más joven, especialmente en bibliotecas, centros educativos y
culturales.
Apoyo y promoción de la creación cultural
• Atender la creación contemporánea favoreciendo el trabajo de creadores y
creadoras tanto consagrados como emergentes en los equipamientos culturales
de ámbito estatal y buscar la cooperación con CCAA y Ayuntamientos.
• Desarrollar un sistema de ayudas con la finalidad de completar la formación de
quienes se dedican a la creación. Estas ayudas se destinarán, preferentemente,
a estancias en centros de primer nivel. El gobierno desarrollará un programa de
intercambios entre creadores y creadoras de España y de otros países.
• Crear y desarrollar un Plan Estatal para la música que contemple el impulso a
la creación, desarrollo de los estudios y programación del conjunto de todas las
músicas. Dentro del mismo se establecerá un programa de Cooperación
Territorial para las músicas populares/actuales que promueva la creación, la
visibilidad de nuevos talentos, la formación y la distribución en medios sociales
de comunicación, incluidas televisiones públicas y a lo largo del territorio.
• Impulsar, de acuerdo con las CCAA, una red de incubadoras de ideas para que
las propuestas creativas puedan cristalizar en iniciativas concretas que puedan
combinarse con incentivos al emprendimiento apoyando así un futuro laboral
cultural.
Cine y Audiovisual
• Garantizar el cumplimiento de la ley del cine por parte de las televisiones en el
apoyo a la producción cinematográfica española.
• Promover la atracción de rodajes, producción y postproducción en España
mediante un sistema de incentivos fiscales.
• Apoyar al cine español actualizando el sistema de ayudas públicas, haciendo
cumplir la ley del cine y abordando las modificaciones legislativas necesarias
para establecer incentivos fiscales más eficaces para el desarrollo de la
industria cinematográfica, en línea con las medidas existentes en otros países
de la Unión Europea. Lo haremos a través de una mesa de trabajo conjunta para
el sector.
• Establecer algún sorteo de Lotería Nacional destinado específicamente a la
financiación del cine y otras industrias culturales como sucede en otros países
europeos.

• Posibilitar a TVE y las TV públicas en general realizar promoción de su propia
producción considerándola patrocinio cultural, asegurar cuotas de producción y
programación tanto española como europea y promover que sigan financiando
la producción de calidad. Promover que TVE apoye el talento y lleve a cabo
producciones de calidad, en la que participen empresas y profesionales de
todas las CCAA, que ayuden a mejorar la imagen de nuestro país dentro y
fuera de nuestras fronteras. Promover la educación audiovisual en los centros
educativos fomentando el interés por la cultura, el desarrollo del talento, la
capacidad crítica y contra la piratería.
Artes Escénicas y Musicales
• Promover en este mandato la elaboración mediante el diálogo con el sector de
un Plan estratégico de las Artes Escénicas que incluya la promoción del mismo
en el ámbito educativo y promueva los centros con Sala Escénica.
• Fomentar la creación contemporánea y ayudar a consolidar en España un sector
de las artes escénicas y musicales de primer nivel.
• Impulsar un plan de creación, promoción e internacionalización de textos
teatrales y coreografías en coordinación con los centros de producción de las
CCAA.
• EncargaralaConferenciaSectorialdeCulturaeldiseñodeunplanconelobjetivo
de consolidar las empresas, las compañías y los conjuntos en los distintos
lenguajes, así como medidas para fomentar las coproducciones entre territorios
y un circuito descentralizado que fomente la diversidad, el intercambio y el
incremento del consumo. La Conferencia tomará en consideración los informes
del Consejo de Cultura y de los municipios.
• Tomar las medidas necesarias para que compañías que dependen del Ministerio
de Cultura lleguen con sus actuaciones a todos los territorios, y se promuevan
coproducciones con compañías públicas de otras administraciones. Modernizar
y adaptar sus estructuras administrativas a modelos de gestión más actuales y
compatibles con el proceso de creación artístico.
• Aprobar un Plan Estatal para la música que contemple un marco de impulso
a la creación, el desarrollo de los estudios y la programación de todo tipo de
músicas.

Videojuego
• Establecer un plan Específico de desarrollo de la creación y producción del
Videojuego en España. Llevar a cabo incentivos para desarrollar videojuegos
adaptados para las personas que necesiten un sistema aumentativo/alternativo
de comunicación o tengan movilidad reducida.
• Establecer y fortalecer el crecimiento en la especialización de los estudios
aplicables a este sector.
• Impulsar la densidad e internacionalización del sector considerándolo
fundamentalparaladigitalizacióndenuestraeconomíaydeespecialimportancia
para el fomento de la creatividad.

| LA DEFENSA DE LO PÚBLICO
LA DEFENSA DE LO PÚBLICO: RENOVACIÓN
DEMOCRÁTICA, POLÍTICA E INSTITUCIONES AL SERVICIO
DE LA CIUDADANÍA
En Europa, la crisis económica y financiera, además de derivar en una crisis social,
se ha convertido también en una crisis política. Y especialmente lo ha hecho en los
países del sur, en los que el impacto de la recesión está primando las medidas de
recortes, abandonando las políticas de impulso del crecimiento. Esta estrategia
económica está produciendo grandes tensiones políticas y sociales.
En un contexto en el que las decisiones emanan de autoridades transnacionales
poco representativas y en las que la racionalidad económica se antepone a cualquier
tipo de consideración social, se cuestiona cada vez más la capacidad que tienen los
actuales sistemas políticos a la hora de defender el bien común.
En poco tiempo las reglas del juego político parecen haber cambiado. El voto parece
haber perdido fuerza como principal instrumento de la ciudadanía para influir en las
decisiones políticas. Y la soberanía popular parece haber quedado diluida.
España no escapa del descontento de la ciudadanía, cuya confianza en las instituciones
y en los políticos ha disminuido. Por ello, es necesario plantearse cuál es el alcance de
la desafección política, cuáles son sus causas y efectos y, sobre todo, qué propuestas
puede hacer el PSOE para afrontar este problema.
La situación se agrava con los casos de corrupción. En una situación de enorme
dificultad, la ciudadanía está viendo cómo algunas personas llegan a la actividad
política para anteponer sus intereses particulares y su lucro personal al bien común.
Estos casos de corrupción están sumiendo a la población española en una profunda
desesperanza y en desconfianza hacia casi todas las instituciones democráticas,
donde los partidos políticos ocupan un lugar especial.
El principal objetivo de las propuestas de este programa electoral es lograr que la
política sea el instrumento fundamental para cambiar la realidad y que la ciudadanía
vuelva a creer en ella. Para ello, debemos realizar un diagnóstico de la situación
actual, analizando de forma rigurosa cómo hemos llegado a este escenario. Sólo así
podremos concluir las propuestas necesarias para fortalecer a la política.
Además de poner de manifiesto los motivos de la desconfianza ciudadana en las
instituciones políticas y de proponer medidas concretas para desactivarlos, es
preciso propiciar un cambio que incorpore a la actividad política una “mentalidad
institucional”, un sentido de la imparcialidad y una voluntad de honradez que en
demasiadas ocasiones se echan de menos. La regeneración democrática solo se

conseguirá desde la autoexigencia de la representación política para cumplir con
sus obligaciones, incluidas aquellas que no tienen por qué estar plasmadas en leyes
ni reglamentos. Una democracia más cercana a la ciudadanía tiene que promover
formas de participación ágiles y efectivas, hacerse más transparente, no renunciar
a la autocrítica cuando ésta tiene fundamento e introducir de una vez por todas el
hábito de rendir cuentas del nivel de cumplimiento del programa político, sin dejar de
dar razones que justifiquen los incumplimientos cuando éstos son inevitables.
Ante este escenario, nuestro sistema político tiene por delante 10 importantes
desafíos:
1. Democratizar las instituciones europeas. Una parte de la crisis política solo se
entiende por el papel que han jugado las instituciones europeas durante la crisis
económica actual. Hay que aumentar el control y la transparencia también en
Europa.
2. Mejorar la representación política, la participación ciudadana y la transparencia.
Nuestra democracia ha mostrado algunos déficits, todos propios de sociedades
tan avanzadas y tan exigentes como la nuestra, que hay que resolver. Entre
otros, y para ser coherentes con el proceso de secularización de la sociedad
española, se debe avanzar hacia el establecimiento coherente de la laicidad del
Estado.
3. Igualdad de las mujeres y hombres. En nuestras sociedades, las mujeres
son el 50% de la población pero siguen sin disfrutar de plenos derechos de
ciudadanía. Garantizar los derechos de las mujeres es el desafío más importante
que tenemos. Garantizar una sociedad libre de violencia de género es un reto
inexcusable.
4. El combate y la prevención de la corrupción para recobrar la confianza. Una de las
razones por las que la ciudadanía ha perdido la confianza en los partidos y en sus
representantes es la aparición de numerosos escándalos de corrupción. Combatir
esta lacra va a exigir de cambios que los y las socialistas queremos liderar.
5. La igualdad en la diversidad. En toda sociedad existen numerosas minorías
étnicas o religiosas, y poblaciones de distintas orientaciones sexuales o
identidades de género que no han visto reconocidos sus derechos en igualdad de
condiciones con el resto. A pesar de los avances durante gobiernos socialistas,
debemos seguir caminando en cuestiones como la memoria histórica o la
igualdad de trato y la no discriminación.
6. Partidos Políticos renovados para un tiempo nuevo. La democratización interna
de los partidos y el aumento de su transparencia son objetivos necesarios si
queremos alcanzar un mayor control sobre el actor más importante en una
democracia representativa.

7. Un gobierno abierto que garantice una mayor participación y transparencia. La
revolución tecnológica no solo permite abrir nuevos canales de participación
ciudadana, sino que además nos va a exigir una mayor transparencia de las
instituciones.
8. Una administración pública más moderna. Tras el impulso que realizamos los y
las socialistas a nuestra administración pública consideramos que es necesaria
una nueva etapa de reformas. Para ello necesitamos recuperar el prestigio de la
función pública y liderar los cambios para establecer una administración púbica
moderna, transparente, eficiente, eficaz y al servicio de la gente.
9. Unnuevopoderlocalcomogarantíadecercaníaalaciudadanía.Losayuntamientos
son la administración más próxima a los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, un
poder local más democrático y mejor financiado son condiciones necesarias
para prestar servicios públicos de calidad.
10. Una sociedad más justa y más segura. Para el partido socialista la seguridad es
la garantía de la libertad. Una justicia eficiente y de calidad es fundamental para
la defensa de los derechos y las libertades.

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN UNA EUROPA FEDERAL
1.DÓNDE ESTAMOS
Europa sigue sumergida en una crisis múltiple. De las elecciones de mayo de 2014
ha salido una Comisión presidida por Juncker, candidato de la derecha europea,
quien encabeza un gobierno europeo de fuerzas políticas diversas y una Cámara
Parlamentaria en la que son necesarios pactos entre los grandes partidos europeos
para vencer la ingobernabilidad o el anti europeísmo.

Los y las socialistas siempre hemos apoyado la construcción europea, entendida
no sólo como un gran mercado sino como un proyecto basado en la solidaridad, el
interés mutuo y la soberanía compartida. Así debemos impulsar el liderazgo de la
socialdemocracia en la economía social de mercado como instrumento de creación
de riqueza, apostando por una economía productiva del conocimiento e intensiva en
la creación de empleo, base del progreso social y económico para el mantenimiento
de la Europa Social.
2.NUESTROS OBJETIVOS
Nuestro objetivo es caminar hacia una Europa más unida política, cultural y
socialmente. A pesar de los años de historia juntos, Europa todavía está por hacer.
Sesenta años después del inicio de esta idea genial y generosa, de construir un
espacio común, supranacional, de unidad en la diversidad, de paz y de progreso, el
edificio corre riesgos de demolición. Superar los neonacionalismos antieuropeos, el
populismo irresponsable, el euroescepticismo, las gravísimas consecuencias sociales
y políticas de la crisis económica, la recomposición de una arquitectura institucional
de nuestra moneda común insuficiente e inadecuada, son tareas urgentes y vitales.
Recuperar la ilusión en el proyecto europeo, fortalecer sus ideales, legitimar su
democracia, mejorar su funcionamiento, reivindicar la ciudadanía europea frente a
la tentación local-nacionalista, serán solo algunas de las próximas responsabilidades
de los socialistas europeos.
Porque el PSOE y el Socialismo europeo, estarán al frente de ese proyecto de más y
mejor Europa, de una Europa Federal que articule el poder y la organización política
futura sobre cuatro espacios democráticos concéntricos: la ciudad, la región, el Estado
y Europa. Esa es nuestra idea de la democracia territorial, que reivindica identidades
plurales y mixtas, que combina subsidiariedad y solidaridad, que asume el reto de la
supranacionalidad en la globalización y que aspira a ideales humanos de dignidad y
justicia, por encima de fronteras y egoísmos nacionales.
Hay dos caminos sucesivos para hacer esa Europa. Uno responde a objetivos para los
próximos años, el otro es un camino de luces largas que marca el horizonte.

3.PROPUESTAS
Nuestras propuestas en el corto plazo hacia una Europa Federal se pueden resumir
en los siguientes puntos:
• Promulgar una Carta de Derechos Humanos Básicos de la Ciudadanía Europea.
• Recuperar el poder político de la Comisión Europea que le corresponde como
GobiernodelaUniónEuropea.PotenciarsuindependenciafrentealosGobiernos
de los Estados miembros, contribuir al pleno desarrollo de sus competencias y
velar porque responda ante el Parlamento Europeo a la par que estreche sus
lazos con los parlamentos nacionales. Se contemplará la composición paritaria
de ambos sexos en los miembros que formen parte de la Comisión Europea.
• Aumentar la participación de los parlamentos nacionales y autonómicos y de la
sociedad civil en la gobernanza de la Unión. Esto exige:
- Dar una mayor viabilidad legislativa a las iniciativas populares de la
ciudadanía.
- Potenciar la COSAC y los mecanismos de cooperación interparlamentaria
para lograr una mayor cohesión de los procedimientos legislativos
nacionales y europeos.
- Hacer partícipe a la ciudadanía del debate político y económico europeo,
construyendounarendicióndecuentasentrerepresentanteyrepresentado
similar a la que actualmente poseen los sistemas políticos nacionales
y regionales. El objetivo es generar una conciencia política europea que
vaya más allá de las fronteras internas.
• Mejorar los controles a los responsables de la Unión. Esto exige:
- La Moción de Censura contra un comisario aisladamente.
- La introducción de un mecanismo de Moción de Censura Constructiva en
el PE al Presidente de la CE.
• Cambiar la ley electoral europea que permita:
- Que todos los europeos y las europeas puedan votar, cualquiera que sea
su residencia en el mundo.
-Elestablecimientodeunalistadediputadosydiputadasdecircunscripción
común para toda Europa, encabezada por el candidato/a a presidir la
Comisión.

- Algunas disposiciones comunes a las normativas electorales nacionales
(edad mínima para el voto, paridad de género, proporcionalidad, etc.)
• Legitimar políticamente al Presidente o Presidenta del BCE. Para ello la persona
candidata deberá comparecer en el Parlamento Europeo en el momento de su
elección, el cual deberá ratificarlo mediante votación por mayoría cualificada.
• Aumentar la transparencia de todas las instituciones europeas haciendo
obligatorio su registro de transparencia y modificando los órganos comunitarios
de control de legalidad y accountability (Corte de Auditores).
• Aumentar las funciones del Parlamento Europeo. En su momento y, mediante
reforma de Tratados, dotándole de capacidad de Iniciativa Legislativa.
• Reformar el Marco Financiero anual y hacerlo coincidir con las elecciones
europeas, para que los electores puedan decidir también la asignación de los
recursos económicos. En ese sentido, se deberá impulsar una mayor dotación
de recursos propios en el marco de un presupuesto comunitario.
• Configurar una auténtica política común para la lucha contra el terrorismo y la
criminalidad organizada, la seguridad informática, el control de las fronteras
exteriores, incluyendo el reforzamiento de la Agencia Frontex, y liderar el
impulso de la figura del Fiscal Europeo.
• Dotar a la democracia europea de un soporte de comunicación social, de apoyo
mediático, de pedagogía educativa y de divulgación masiva. Para ello:
-Intensificarlosprogramasexistentesenelintercambioculturalyacadémico
(Programas Erasmus, Leonardo, becas, voluntariados…)
- Apoyar la introducción de la temática europea en los planes de estudios
europeos.
-Crear una red de voluntariado europeo en la que el funcionariado de las
instituciones europeas deberán viajar a sus países de origen para que, bajo
un Programa escolar, muestren y presenten las instituciones europeas y
sus experiencias. Favorecer la movilidad o permuta del funcionariado de
cualquier Estado miembro para enriquecer y dar un impulso europeo a la
administración de cada Estado.
A medio plazo, hay que abordar un proyecto de reforma de nuestros Tratados hacia
una Europa Federal. Tendrá como principales objetivos:
• Abordar un nuevo ciclo europeo en el que una nueva Convención elabore
una Constitución para una Europa Federal que, de forma clara, concisa y
comprensible reconozca la doble legitimidad de la UE, ciudadanía y Estados,

oficialice los símbolos de la Unión, establezca la atribución de competencias,
reorganice la estructura institucional y de poderes e incluya la carta de derechos
fundamentales y sus garantías.
• Fortalecer la identidad europea y el relato europeo de la integración para
construir un “demos” europeo. Ello exige avanzar en muchos planos, como
construir Partidos Políticos europeos, crear medios de comunicación pan-
europeos y fomentar el tejido de una sociedad civil transnacional en Europa que
favorezca la extensión de una conciencia europea compartida.

LA REFORMA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
1.DÓNDE ESTAMOS
España es una democracia moderna consolidada. Por ello, también es cierto
que nuestro sistema político tiene problemas homologables a las democracias
de nuestro entorno y, por tanto, debemos emprender reformas que permitan
restaurar la confianza que han perdido muchos ciudadanos y ciudadanas en sus
instituciones.
Atravesamos una grave crisis política e institucional que mina la confianza de la
ciudadanía en nuestro sistema político y que afecta a la legitimación misma de sus
instituciones y de sus representantes.
Esta crisis política es reflejo de la ola de malestar democrático que se ha extendido
por Europa en el contexto de la crisis económica y financiera de los últimos años. No
solo como consecuencia de la crisis social que la crisis económica ha provocado en
términos de desigualdad, desempleo, pobreza y desprotección pública, sino también
porque en demasiadas ocasiones ha parecido que la política no dirigía la economía,
sino al revés, que las decisiones políticas se tomaban extramuros de las instituciones
o que incluso no había alternativa posible a las decisiones tomadas, prescindiendo de
la valoración que mereciesen por parte de la ciudadanía.
Por ello, cualquier programa dirigido a recuperar el pulso de nuestro país para
impulsarlo a nuevas y ambiciosas metas para la España del siglo XXI, debe abordar
necesariamente una tarea de renovación de la representación política. El objetivo
es doble: fortalecer los vínculos con la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de
nuestras instituciones y de nuestra democracia. Nosotros iniciamos el camino,
introducimos los mecanismos de participación en nuestra organización, y en ello
debemos avanzar a nivel institucional en la Legislación de Partidos, contribuyendo al
desarrollo de nuestra democracia exclusivamente de carácter representativo hacia
una “democracia participativa” donde la participación política directa del ciudadano
se equilibre con la representativa, haciéndole sujeto activo y directo del ejercicio del
poder, también a través de los Partidos Políticos.
Además,unademocraciasolopuedeserconsideradacomotalsicontemplalaigualdad
real, no solo la formal, entre mujeres y hombres. Una sociedad que discrimina al 50%
de su población soporta una grave carencia democrática.
A pesar de los logros conseguidos, las mujeres se siguen enfrentando a numerosos
obstáculos a la hora de desarrollar su proyecto de vida y especialmente, a la hora
de participar en las esferas pública y laboral. Para el PSOE, es prioridad acabar con
el déficit democrático que supone la escasa presencia de mujeres en los puestos de
toma de decisiones y en la mayoría de los campos, desde la cultura al deporte, desde
las embajadas a los juzgados, y en todas las esferas de la sociedad.

Queremos una democracia de calidad, una democracia paritaria, por lo que es
necesaria la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los
ámbitos.
Los y las socialistas apostamos por la reforma de la representación política con un
objetivo claro: mejorar lo que ahora tenemos, no debilitarlo, y fortalecer lo público.
No toda reforma supone mejorar nuestro actual sistema, que tiene fortalezas que
deben ser preservadas. Por eso planteamos reformar el sistema político, no su
demolición.
Para mejorar la representación, debemos garantizar la igualdad entre hombres
y mujeres como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho
fundamental y un principio reconocido en nuestra Constitución. Es necesario realizar
un nuevo pacto social que incluya a las mujeres.
Defendemos que la democracia representativa es la mejor opción para una sociedad
contemporánea desarrollada. Para el PSOE, no hay política sin democracia
representativa y sin el conjunto de normas e instituciones que le dan sustento y que
son la garantía de las libertades de todos y de todas. Vamos a plantear reformas
que den estabilidad al sistema político y contribuyan a mejorar la convivencia entre
personas que pensamos distinto. Vamos a plantear reformas que fortalezcan la
política.
Debemos atrevernos a plantear reformas audaces, que no sean meros retoques o
parches. Primero, porque la crisis política es real y profunda y responde a factores que
no van a desaparecer sin más. Segundo, porque también las reformas institucionales
deben plantearse con ambición modernizadora, no pensando en lo que hicimos mal
en los últimos treinta y siete años, sino en lo que podemos hacer bien en las próximas
décadas.
La experiencia democrática más larga y los cambios sociales exitosos producidos
en los últimos años, han desembocado en una ciudadanía más activa y también más
insatisfecha. La democracia española necesita una urgente modernización, que la
haga más abierta, más transparente, más cercana y, en definitiva, más participativa,
donde el ciudadano se sienta sujeto activo y directo del ejercicio del poder.
Es la hora de que la ciudadanía vuelva a sentir la política como algo cercano, como
algo propio y, ante todo, útil.

3. PROPUESTAS
Reformas del sistema parlamentario
• Impulsar la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado con el objeto
de corregir el carácter rígido del parlamentarismo español, dotando de mayor
agilidad y dinamismo a los debates, potenciando el papel del parlamentario
individual y su actividad en su circunscripción, además de sus funciones de
control e impulso sobre el Gobierno.
• Garantizar que la fijación del orden del día del Pleno y de las Comisiones no sea
acordada por las personas que conforman un solo grupo parlamentario.
• Regular las comparecencias urgentes del Presidente del Gobierno y de los
Ministros y Ministras para que no puedan rehuir el debate parlamentario en
cuestiones de actualidad.
• Establecer la celebración de los debates sobre los Consejos Europeos con
carácter previo a su reunión.
• Regular que la inadmisión a trámite de cualquier iniciativa (pregunta, solicitud
de información, solicitud de creación de Comisiones de investigación o de
Subcomisiones)noseacuerdeporlosmiembrosdeunsologrupoparlamentario.
• Establecer la obligatoriedad de que se puedan presentar preguntas orales
en Pleno al Gobierno sin formulación previa y que la mitad de todas las
preguntas sean planteadas por Diputados y Diputadas sin previa notificación a
la Presidencia.
• Incorporar al expediente legislativo las gestiones y trabajos relacionados
con cualquier iniciativa legislativa en tramitación, tanto por los diputados y
diputadas como por los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar la
total transparencia de la actividad parlamentaria.
• Constituir en cada Cámara un órgano específicamente encargado de realizar
un seguimiento del cumplimiento dado a las mociones y proposiciones no de
ley aprobadas por el Parlamento, que pueda dirigir requerimientos al Ejecutivo
para exigir en la práctica lo acordado por las Cámaras.
• Conelobjetivodeavanzarenunmodelofederal,trabajaremosenunacercamiento
de las instituciones a la ciudadanía y territorios, y en ese sentido, proponemos
trasladar el Senado a Barcelona.
• Tramitar como proyectos de ley los decretos-leyes cuando así lo soliciten dos
grupos parlamentarios o una tercera parte de los diputados y diputadas.

• Culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado.
• Fortalecerlaactuaciónimparcialeindependientedelosórganosconstitucionales
y organismos reguladores mediante el establecimiento de un sistema para el
nombramiento de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública
de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de las
personas candidatas por un Comité Asesor de composición profesional variable
cuyos informes se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en
las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado y la elección final
por parte del Parlamento.
Reformas en el sistema electoral
• Modificar la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General desde
el consenso con los siguientes objetivos:
- Impulsar los medios y realizar las reformas legislativas necesarias para
facilitar el voto electrónico.
- Revisar el procedimiento electoral.
- Reformar el sistema de voto de la ciudadanía residente fuera de España
para facilitar una mayor participación con medidas como la desaparición
del voto rogado.
- Reforzar el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a la
ciudadanía de origen extranjero, facilitando su inscripción de oficio en el
censo electoral.
- Establecer para la elección de diputados y diputadas un sistema de listas
desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia sobre
la elección finalmente de sus representantes e incentive una rendición
de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes
parlamentarios. Se considerará la posibilidad de desbloquear las listas
también para las elecciones municipales.
- Mejorar la proporcionalidad
- Posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con
discapacidad que hoy no pueden ejercerlo.
- Regular la celebración de debates electorales, con la creación de una
Comisión Independiente de Organización de Debates formada por profe-
sionales del periodismo de reconocido prestigio.

- En el marco de la Ponencia para la reforma de la LOREG, abrir el debate
sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio a los jóvenes
mayores de 16 años
Estatuto y condiciones del ejercicio de la política
• Establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia
del Gobierno.
• Establecer que quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad
en su partido solo reciban un sueldo.
• Incluir en las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales intereses
específicos o sectoriales del parlamentario, así como todas las actividades
desarrolladas ajenas a esa condición.
• Aprobar un Programa de racionalización del régimen retributivo de los Altos
CargosdelaAdministraciónGeneraldelEstadoydelpersonaldirectivodelSector
Público Estatal, buscando los consensos para aplicar dicha racionalización en el
resto de Administraciones Públicas.
• Limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política y promover que las
CCAA supriman los aforamientos en los Estatutos de Autonomía.
• Establecer para cualquier responsable político o empleado público la prohibición
de aceptar regalos, salvo los de carácter protocolario que pertenecerán a la
administración y se inscribirán en un registro accesible al público.
• Regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el
fenómeno de puertas giratorias, con incompatibilidad en los años posteriores
al desempeño del cargo, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años
para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el
que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.
• Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de
corrupción y violencia de género, convirtiéndolo en un instrumento que solo se
aplique de forma excepcional y atienda primordialmente a la reinserción en la
sociedad. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a
las Cortes Generales sobre los indultos concedidos.
• Establecer sanciones para aquellos cargos públicos o electos que no hagan
públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, abriendo el expediente de
responsabilidad correspondiente.

Reformas para los derechos y la participación política de las mujeres
• Modificar la Ley de Régimen Electoral para garantizar la paridad mediante el
sistema de listas cremallera, con una representación equilibrada de hombres y
mujeres al 50%.
• Incluir la perspectiva de género en los Presupuestos Generales del Estado
contabilizando y estableciendo partidas suficientes que la desarrolle en todos
los ministerios dando especial reconocimiento al trabajo no remunerado.
• Modificar la Ley de Igualdad para incluir sanciones en caso de incumplimiento
que consigan reforzar la representación equilibrada entre hombres y mujeres
en todos los órganos e instituciones del sector público y en todos los niveles
de representación pública, así como en los órganos de decisión y dirección
colegiados de empresas u organizaciones del ámbito privado.
• Recuperar el Instituto de la Mujer como organismo especializado dedicado a los
derechos de las mujeres.

ADMINISTRACIONESPÚBLICASPARAGARANTIZARSERVICIOSPÚBLICOSDE
CALIDAD
1.DÓNDE ESTAMOS
Tras cuatro años de Gobierno del Partido Popular, la Administración española se
encuentra en el peor momento de su historia desde la transición democrática. Los
recortes presupuestarios han laminado los derechos sociales de la ciudadanía.
Las políticas de externalización y privatización han reducido la calidad y puesto en
entredicho la equidad del sistema de bienestar. La cooperación autonómica se ha
situado en mínimos históricos y la administración electrónica se ha estacando en
España.LareformadelGobiernodelPartidoPopularhapuestoenpeligrolaprestación
de servicios públicos de calidad por parte de las Administraciones Locales.
El Gobierno ha maltratado a las personas empleadas en el sector público, empeorando
sus condiciones laborales, retributivas y de protección social, llegando incluso
a descalificarlas abierta y públicamente. La congelación de las ofertas de empleo
público y la reducción de plantillas han provocado que las Administraciones tengan
hoy 300.000 personas menos, muchos de ellos en servicios públicos esenciales.
Además, se ha producido una politización de la Administración sin precedentes.
La obsesión por la austeridad ha reducido la eficacia de las políticas públicas. La
planificación estratégica y la definición de objetivos de servicio público se han
sustituido por políticas cortoplacistas que tienen como única finalidad gastar menos,
aunque paradójicamente los supuestos ahorros no se ven por ningún lado.
Se ha abandonado prácticamente todo intento por evaluar los programas públicos,
ninguneando a la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos.
Con este bagaje no es de extrañar que, según datos del propio Gobierno, la satisfacción
de la ciudadanía con los servicios públicos haya caído 20 puntos desde 2011.
Los y las socialistas sabemos que los poderes públicos son el mejor instrumento para
la transformación social y para alcanzar el modelo de sociedad más igualitaria al que
aspiramos.
EnlaAdministracióndescansalaprotecciónygarantíadelosderechosdelaciudadanía,
el impulso de la actividad económica, la promoción de la igualdad de oportunidades y
el mantenimiento de la cohesión social. No hay política con resultados sin una buena
Administración.
Es la Administración la que convierte los compromisos en realidades, la que
transforma proclamaciones en derechos efectivos, la que empodera a la ciudadanía
frente a todos los poderes sociales, económicos o culturales que comprometen sus

derechos y su autonomía personal. El diseño de una buena Administración es esencial
para la izquierda que representa el PSOE.
Por eso, estamos en condiciones de plantear un ambicioso programa para
transformar las Administraciones Públicas, de tal forma que éstas no solo atiendan
las necesidades actuales de la sociedad, sino que estén también en disposición de
liderar transformaciones sociales durante los próximos lustros.
La crisis económica, los cambios políticos, sociales y tecnológicos, el mayor
protagonismo de la ciudadanía en la esfera pública y las políticas destructivas del PP
motivan la necesidad y urgencia de un esfuerzo transformador.
El Programa de Administración Pública que planteamos los y las socialistas pretende
ser el reflejo organizativo y procedimental del programa político general del PSOE. Es
el proyecto de Administración propia de un proyecto socialdemócrata moderno.
OfrecemoslosinstrumentosparaquelaspolíticasderefuerzodelEstadodeBienestar,
de Igualdad, de revitalización democrática, de desarrollo sostenible, de reforma fiscal
o de fomento del empleo estén bien diseñadas y presupuestadas, sean implantadas
de manera eficaz y puedan ser evaluadas correctamente.
De este modo, planteamos una estrategia y un compromiso firme con políticas
innovadoras de recursos humanos que permitan poner de nuevo en valor el trabajo
de las personas que trabajan en la función pública; con el fortalecimiento de los
servicios públicos frente a la externalización desaforada de servicios esenciales; con
nuevos modelos organizativos adaptados a la realidad del Estado autonómico; con
políticas de simplificación e innovación tecnológica; con una apuesta decidida por la
transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas.
En definitiva, la revalorización de lo público como estrategia; el progreso y el bienestar
de la sociedad como objetivo
3. PROPUESTAS
• Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar y, en todo caso, priorizar la
gestiónpúblicadirectadelosserviciospúblicosesenciales.LasAdministraciones
sólo podrán encargar a entidades privadas la prestación de servicios públicos
cuando se justifique su conveniencia desde el punto de vista económico y social.
La Administración dispondrá, en todos los casos, de potestades efectivas, de
control, de supervisión, inspección y sanción para asegurar la equidad y la
calidad del servicio, garantizando en todo momento la transparencia de su
actuación.

Innovación administrativa al servicio a la ciudadanía
• Modificar la regulación de los procedimientos administrativos para que
desaparezcan definitivamente todas las cargas administrativas que no se
deriven de una exigencia de interés general.
• Establecer la cobertura legal y normativa necesaria para propiciar la innovación
y la adaptabilidad tecnológica en las Administraciones públicas. Crear un
laboratorio de innovación pública con la participación de los particulares y de
los propios empleados públicos.
• Retomar los niveles de inversión en tecnologías de la información para obtener
una Administración al servicio de la ciudadanía más simple, más ágil, más
cercana, y más participativa, ofreciendo servicios electrónicos de la máxima
calidad.
• Hacer realidad la Administración sin papeles y la interoperabilidad real entre e
intra las administraciones mediante el uso obligatorio de plataformas y sistemas
de tramitación electrónicos.
• Extender a todos los procedimientos de la Administración del Estado la
posibilidad de utilizar la notificación electrónica. Avanzar hacia la existencia de
un registro electrónico único y simplificar el sistema de identificación digital de
la ciudadanía ante la Administración.
• Aprobar un Estatuto de los derechos de la ciudadanía en relación con la
administración electrónica que establezca con mayor claridad los derechos
y garantías de calidad, de responsabilidad, de seguridad y de gratuidad en el
acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos electrónicos,
además de constituir un auténtico marco relativo a la privacidad y protección
de datos. Estableceremos igualmente las condiciones para que la información
pública sea abierta y reutilizable.
• Rendir cuentas de manera permanente por parte de las Administraciones
públicas ante la ciudadanía. Para cada ámbito de actividad se crearán sistemas
de objetivos, variables e indicadores que garanticen el seguimiento continuo
y permitan a quienes desarrollan la acción política, la gestión así como a la
ciudadanía valorar la eficacia y el impacto de cada actuación pública. Los
resultados servirán para proseguir, modificar o abandonar, en su caso, los
distintos programas, así como para exigir las responsabilidades que pudieran
deducirse por un uso inadecuado de los recursos públicos.
• Impulsaremos el diseño de políticas públicas y de planes estratégicos, así como
la evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el
impacto y la rentabilidad del gasto público. Reforzaremos el papel de la Agencia
Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos, dotándola de medios

adecuados, y propiciaremos la participación de la ciudadanía en la mejor gestión
de los Servicios Públicos.
Organización y colaboración interadministrativa
• Optimizar la organización de los Ministerios para reducir gastos de fun-
cionamiento, generar economías de escala y hacer que los recursos públicos
se dirijan prioritariamente a atender a la ciudadanía. Crear organismos
interdepartamentales que gestionen el personal, la contratación, los inmuebles
o las tecnologías para toda la Administración del Estado. Sólo podrán crearse y
mantenerse empresas y fundaciones públicas por razones de necesidad social,
de sostenibilidad económica y eficiencia en la gestión.
• Impulsar la colaboración entre Administraciones para eliminar ineficiencias
y evitar el derroche de recursos, con garantía en todo caso de la calidad de
los servicios, la satisfacción de los derechos de la ciudadanía y la autonomía
institucional.
• Promover organismos mixtos de gestión entre el Estado y las Comunidades y
Ciudades Autónomas.
Contratación pública
• Impulsar un sistema de contratación pública transparente, eficiente en la
asignación del gasto público, que asegure la calidad de los bienes y servicios
y que sea sostenible ambiental y socialmente. Limitar las posibilidades que
actualmente tienen las Administraciones para contratar directamente con
terceros sin concurrencia ni publicidad. Sancionar el fraccionamiento de
contratos para evitar la aparición de nuevos casos de corrupción, y mejorar
el seguimiento de la ejecución para impedir que surjan sobrecostes. En todas
las licitaciones superiores a 300000 euros, las sesiones públicas de la Mesa de
Contratación serán retransmitidas mediante streaming.
• Incorporar elementos de carácter social y de igualdad en los procedimientos
de contratación pública, tanto en el diseño del objeto de los contratos como
en los criterios de adjudicación de los mismos. En los contratos que superen
un determinado importe exigir como requisito de solvencia, o establecer como
criterio de adjudicación, que las empresas sigan determinadas prácticas de
responsabilidad social corporativa: que tengan aprobados planes de igualdad,
que tengan implantados procesos de gestión medioambientalmente sostenible,
que posean un porcentaje mínimo de personas con discapacidad, que no superen
determinado porcentaje de temporalidad en los contratos de su plantilla o que
hayan suscrito compromisos contra la corrupción. Crear un código de buenas
prácticas para la contratación pública al que se podrán adherir todas las
empresas que tenga interés en trabajar con las Administraciones Públicas.

• Incorporar a los contratos públicos la obligatoriedad de Pactos de integridad con
el fin de prevenir la corrupción y favorecer la competencia leal con los máximos
estándares de transparencia y el control de su cumplimiento.
• Incluir en la legislación de contratos públicos incentivos específicos para
favorecer la contratación con centros especiales de empleo o de inserción
social, con PYMES y con empresas que impulsen la investigación, el desarrollo
y la innovación.
• Establecer las medidas oportunas para que las empresas que contraten con la
Administración respeten, como un mínimo necesario, las condiciones laborales
y retributivas del convenio colectivo. Impulsar la aprobación de un Plan de
actuaciones de la Inspección de Trabajo para comprobar el cumplimiento de esta
medida. Las Administraciones Públicas llevarán a cabo un riguroso seguimiento
y control de la ejecución de los contratos públicos haciendo uso, cuando así
se requiera, de la potestad sancionadora y de la capacidad para rescindir los
contratos ante incumplimientos de los adjudicatarios.
Empleados Públicos
• Recuperar progresivamente los derechos que han perdido en los últimos
años quienes trabajan en la función pública. En los primeros tres meses de
Gobierno nos sentaremos con los representantes de los empleados públicos
para alcanzar un pacto de salarios y de condiciones laborales. La mejora de la
situación económica del país se reflejará, progresivamente, en la recuperación
de su poder adquisitivo.
• Aprobar medidas concretas para prestigiar la imagen de quienes trabajan
en empleos públicos, acercarla a la ciudadanía, y defender su dignidad y
competencia profesional. Revitalizar de manera permanente el Diálogo Social
en la Administración Pública.
• Modificar el acceso al empleo público para garantizar que las Administraciones
cuenten con los mejores profesionales. Revisar sistemas, pruebas y programas
para reducir el componente memorístico, valorar la experiencia profesional
previa e introducir periodos evaluables de formación y prácticas. Articular un
sistema de ayudas para que la escasez de recursos económicos nunca pueda
suponer un obstáculo para preparar, con garantías, las pruebas de ingreso al
servicio público.
• Implantar sistemas para evaluar la actividad de los empleados públicos, de
modo que un buen desempeño de su función suponga el reconocimiento de su
dedicación y profesionalidad. Estableceremos, igualmente, sistemas efectivos
para mejorar la carrera y la formación en el empleo público.

• Aprobar un Estatuto del Directivo Público que permita profesionalizar la función
directiva en nuestras Administraciones. Establecer criterios objetivos para
seleccionar las mejores candidaturas. Se promoverá al tiempo una mayor
incorporación de las mujeres a los puestos directivos en la Administración
Pública.
• Aprobar Ofertas de Empleo Público suficientes y adecuadas a las necesidades
de un Estado social reforzado, asegurando que las tasas de reposición no
menoscaben la calidad de los servicios públicos. Adoptaremos las medidas
normativas necesarias para solucionar la precaria situación de quienes trabajan
en situación de interinidad. Continuaremos aproximando la regulación de los
distintos tipos de personal al servicio de las Administraciones Públicas, en línea
con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Buen Gobierno en las Administraciones Públicas: Participación, transparencia,
ética pública y prevención contra la corrupción
• Regular la actividad de lobby ante el Poder Legislativo, el Gobierno y la
Administración. Crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas. Los
representantes públicos deberán dar cuenta de los contactos que mantienen
con estos lobbies e informar del contenido de las pretensiones o propuestas
formuladas. Todo lobista registrado deberá informar periódica y públicamente
de sus actividades. Aprobar un código ético para la actividad de lobby y dotar a la
Oficina de Conflictos de Intereses de las prerrogativas y los recursos necesarios
para supervisar y sancionar los incumplimientos, tanto del sector público como
del sector privado.
• Mejorar las garantías jurídicas de los ciudadanos y ciudadanas para recurrir
contra las decisiones administrativas. Eliminar la obligatoriedad del recurso de
alzada y convertirlo en potestativo.
• Aprobar una nueva Ley de Expropiación Forzosa que otorgue garantías
suficientes a las personas expropiadas y evite prácticas inadecuadas que
puedan dar lugar a resultados injustos. La nueva Ley mejorará la información,
agilizará el procedimiento y reformará los Jurados Provinciales de Expropiación.
Permitirá que la Administración pueda desistir de la expropiación cuando el
precio fijado suponga un grave quebranto para las arcas públicas, en coherencia
con el régimen de valoraciones establecido en la legislación estatal sobre suelo.
• Poner a disposición electrónica de la ciudadanía en formatos comprensibles y
reutilizable toda la información que no se considere por Ley materia reservada
o cuya difusión sea susceptible de vulnerar derechos. En particular, cada
Administración deberá publicar en su web, accesible a toda la ciudadanía, los
presupuestos, el grado de ejecución presupuestaria y la situación de la deuda.

• ModificarlaLeydeTransparenciaparapermitirunefectivoaccesoalainformación
y restringir al máximo la posibilidad de inadmitir solicitudes de información
pública y evitar denegaciones de acceso sin fundamentación concreta o la falta
de respuesta a las solicitudes. Por otro lado, establecer en los procedimientos
de información pública aplicables a los procesos de reclasificación y de
recalificación de suelo, la obligación de exponer las variaciones económicas
producidas en dichos procesos para impedir la especulación y los eventuales
procesos de corrupción.
• Aplicar con el máximo rigor la normativa sobre incompatibilidades y conflictos
de intereses a los altos cargos de la Administración. Dotar a la Oficina de
Conflictos de Intereses de la independencia funcional y los medios necesarios
para realizar el seguimiento y las inspecciones necesarias que eviten cualquier
situación de conflicto de interés, tanto durante, como después del ejercicio de
cargo público.
• Elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para
pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de permanencia
en esta situación a cuyo término se pierde la condición. Estudiar también la
pertinenciadeaplicarunrégimendeconflictosdeintereseseincompatibilidades
durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular.
• Implantar sistemas de control interno efectivos en las empresas públicas y
fundaciones, lo que permitirá garantizar la buena gestión financiera y mejorar
el sistema de auditorías que realiza la Intervención General de la Administración
del Estado sobre dichas entidades, para reducir malas prácticas y actuaciones
fraudulentas.
• Crear dentro de la Intervención General de la Administración del Estado una
unidad que actúe como Oficina especializada antifraude en materia de gasto
público. Esta nueva unidad actuará como enlace con los órganos jurisdiccionales
y con la Fiscalía y serviría de apoyo a dichos órganos como peritos judiciales.
• Reforzar la independencia de los órganos de control interno en las
Administraciones Locales, de modo que el nombramiento y fijación de
retribuciones del funcionariado de administración local con habilitación de
carácter estatal no dependa de los órganos políticos a los que éstos deben
controlar.

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
1.DÓNDE ESTAMOS
Los y las socialistas creemos que es necesario avanzar hacia una democracia más
abierta, transparente y participativa
Para alcanzar estos objetivos, el gobierno abierto es una pieza fundamental. Es, ante
todo, una nueva actitud política, en la que la ciudadanía se sitúa en el centro y en la
que se asume con convicción de que una democracia sólida requiere una gestión del
Estado transparente para garantizarla. Un gobierno abierto que hace a los propios
Gobiernos, a las administraciones y a las sociedades más eficientes al utilizar todo
el talento que existe en la sociedad, y pone a disposición las herramientas y los
procedimientos que permiten sacar el mejor resultado.
Nuestra firme convicción en la necesidad de avanzar hacia el gobierno abierto no es
nueva. Cuando hemos gobernado, hemos dado pasos para conseguirlo. El Ejecutivo
socialista se adhirió a la “Alianza para el Gobierno Abierto” en septiembre de 2011,
formando parte del segundo grupo de países que comenzaron a integrar la red,
adquiriendo desde ese momento los compromisos establecidos.
La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno aprobada
por el gobierno del PP, tal y como está concebida, no permite avanzar en los objetivos
primordiales, pues se caracteriza más por sus formalidades externas que por
procurar una verdadera respuesta institucional e independiente que permita crear
las condiciones para ofrecer a la ciudadanía un verdadero canal participativo.
El derecho a la participación a través del compromiso social y de la solidaridad
debe estar garantizado para que toda la ciudadanía pueda ejercerlo. Para esto,
es imprescindible que vaya asociado a una estrategia pública de información a la
población de deberes y derechos, y de información sobre los espacios existentes para
la participación ciudadana y la promoción y apoyo de las organizaciones del tercer
sector. Lo que supone un compromiso público de las instituciones en la promoción de
la participación y el voluntariado.
Asumimos el compromiso inmediato de impulsar la instauración de una política pública
y de Estado para la transparencia de la gestión. Una política pública implica gobernar
paratodosycontodos,porellolaparticipaciónciudadanatienequepoderser:accesible,
comunicativa, comprensible, global, sometida a control y en defensa de lo público.
La transparencia como modelo de gestión de un Estado no puede ser coyuntural, sino
que debe permitir profundizar en el respeto institucional y la búsqueda del consenso.
Por eso un programa de transparencia es inviable sin el apoyo de toda la ciudadanía y
sin el apoyo de sectores directamente involucrados.

Para la implantación de un gobierno abierto es necesario que existan las condiciones
para que la ciudadanía participe, facilitadas, por ejemplo, por el acceso a las
herramientas tecnológicas. Asimismo, es necesario implicar a toda la Administración,
esdecir,esprecisopromoveryaplicarpolíticasdegobiernoabiertoenlainfraestructura
misma del Estado, aplicando un cambio profundo en la cultura administrativa que
haga de la función pública y de los servicios públicos espacios abiertos al diálogo y a
la colaboración.
La ciudadanía tiene el derecho a conocer a qué se destina cada céntimo público,
llevando al extremo el concepto de “bolsillos de cristal” de los representantes públicos
y “paredes de cristal” en las administraciones públicas.
3. PROPUESTAS
• Impulsar la Estrategia Estatal de Gobierno Abierto, que será transversal para
todos los ministerios, con medidas para fomentar la transparencia y la rendición
de cuentas por parte de los responsables públicos, así como la participación y la
colaboración en los ámbitos ejecutivo, legislativo y de la administración pública.
• Transformar los portales web del gobierno en espacios Gobierno Abierto,
implementando adecuadamente los pilares de transparencia, participación y
colaboración.
• Impulsar una cultura de la participación desde edades tempranas a través de la
asignatura de educación para la ciudadanía, así como fomentar el voluntariado
y la acción civil. Este voluntariado y acción civil nunca serán sustitutivos de las
tareas y responsabilidades que el Estado debe asumir y garantizar, sino que
serán un complemento a las mismas.
• Impulsar un Marco Estatal de apoyos y ayudas al Tercer Sector de Acción
Social que establezca una normativa estatal de subvenciones adaptada a las
característicasdeltercersectordeacciónsocialquegaranticesuindependencia,
sostenibilidad y viabilidad.
• Impulsar el compromiso público de las instituciones con la promoción del
voluntariado y con las organizaciones del tercer sector como elemento de
construcción de capital social y de crecimiento personal, mediante el desarrollo
reglamentario de la Ley de Voluntariado. 45/2015 de 14 de octubre, facilitando los
espaciosdeinterlocuciónconlasorganizacionesrepresentativasdelvoluntariado
y del tercer sector. Impulsar la cooperación de las administraciones públicas
competentes en la materia y las entidades de voluntariado para la mejora
en la formación de las personas voluntarias, de acuerdo con los criterios de
regularidad, calidad y adaptación a las condiciones personales de las personas
voluntarias.

• Promocionar la investigación sobre voluntariado, e impulsar la creación del
observatorio del voluntariado, dedicado a la investigación y medición sobre
voluntariadoconunavisiónampliayqueintegrealasdiferentesadministraciones
y las entidades de voluntariado.
• Incorporar el Gobierno Abierto en los temarios obligatorios para el acceso a la
funciónpúblicayestablecerprogramasdeformacióncontinuadelfuncionariado.
• Establecer programas de formación continua para quienes trabajan en la
función pública en materia de transparencia.
• Modificar Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
para cubrir las lagunas que se pusieron de manifiesto durante la discusión
parlamentaria y solventar las deficiencias técnicas existentes.
• Adoptar el mecanismo señalado anteriormente para la elección de los órganos
constitucionales y organismos reguladores para la designación de los miembros
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
• Primar la publicidad activa, publicando toda la información disponible sin
necesidad de que nadie solicite dicha información, siguiendo el principio de
que toda información pública debe ser conocida por la ciudadanía, salvo que se
vulneren derechos fundamentales.
• Establecer sanciones en caso de incumplimiento de la transparencia activa.
• Hacer del Portal de Transparencia un verdadero portal de Gobierno Abierto con
los archivos en formatos abiertos y reutilizables. Un portal que en un formato
más amigable y comprensible posibilite la generación de valor de la ciudadanía.
• Facilitar el acceso a los datos de manera automática y desasistida a través
de mecanismos y tecnologías abiertas, articulando sistemas de apoyo en
particular para medianos y pequeños ayuntamientos para su implementación.
• Estableceryautomatizarlosprocesosyflujosnecesariosparaquelainformación
presentada sea actualizada y presentada en tiempo real.
• Definir,conlaparticipacióndelasorganizacionesquedefiendenlatransparencia,una
serie de indicadores, de carácter cuantitativo pero sobre todo que evalúen aspectos
cualitativos, quesirvanparamedirelgradodetransparenciadecadaAdministración.
Se publicará anualmente el ranking de las administraciones más transparentes.
• Obligar a la rendición de cuentas de todos los cargos públicos a través del
portal de transparencia para conocer: sus declaraciones de renta, bienes e
intereses, la agenda, viajes que realiza con dinero público y su cometido, las
iniciativas impulsadas, presentadas o participadas.

• Aprobar una Ley de participación ciudadana.
• Promover campañas de difusión de los distintos instrumentos de participación
y colaboración.
• Crear un portal de Participación Ciudadana dentro de la plataforma de Gobierno
Abierto, donde la ciudadanía podrá presentar:
- Propuestas que deberán ser respondidas en abierto en un plazo máximo
predeterminado admitiendo las firmas electrónicas.
- Preguntas al gobierno.
- Propuestas del gobierno que deberán abrirse a la participación ciudadana
a través del portal.
- Consultas ciudadanas del gobierno sobre todas las cuestiones que
considere oportuno de interés general
• Potenciar la iniciativa legislativa popular reduciendo a 300.000 las firmas
acreditadas requeridas para su presentación. Se reconocerá el derecho a sus
promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas.
• Crear la Oficina Ciudadana en el Congreso de los Diputados – Diputado y
Diputada 351-, para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía
con las cámaras. Un espacio físico y digital donde la ciudadanía podrá:
-Solicitarinformación,gestionarpeticionesyentrevistasconrepresentantes
políticos, publicando a tal efecto estadísticas periódicas.
- Registrar preguntas parlamentarias que cuenten con un número de apoyos
ciudadanos.
- Participar en debates y consultas públicas que la cámara, los grupos
políticos o los diputados y diputadas abran para la participación.
• Incorporar a las iniciativas legislativas la “huella legislativa” para facilitar el
conocimiento y la comprensión de la procedencia, el trámite y las modificaciones
de las leyes, así como la justificación y argumentación de la posición de los
diputados y grupos políticos. También se deberá sumar “huella participativa”
resultante de los procesos participativos que se hayan abierto.
• Garantizar que en el procedimiento legislativo ordinario se celebren las sesiones
que fueren necesarias de la comisión legislativa competente para realizar las
comparecencias y audiencias sobre los proyectos de ley que se acuerden.

REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
1. DÓNDE ESTAMOS
El artículo 6 de la Constitución española reconoce a los partidos políticos como las
instituciones a través de las cuales se garantiza el pluralismo político, uno de los
valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.
A los partidos políticos nos corresponde asegurar la calidad representativa de las
instituciones democráticas y no lo estamos haciendo adecuadamente. Para ello es
importante abrir canales de comunicación entre representantes y representados,
mejorar la receptividad y la rendición de cuentas, adecuar las estructuras internas y
los modos de funcionamiento a nuevas formas de participación democrática.
Porsupuesto,enestacuestión,comoenlasdemás,notodoslospartidossomos iguales.
Mientras que en algunos partidos la ausencia de democracia interna es palmaria
y todas las decisiones importantes recaen en un reducido número de dirigentes, e
incluso en una sola persona, otros llevamos ya años introduciendo mecanismos de
participación, como las primarias para elegir a candidatos y dirigentes orgánicos.
En este sentido, unos partidos más democráticos, participativos, abiertos y
transparentes son también unos partidos mejor inmunizados contra la corrupción. Y
es precisamente la corrupción de los políticos y la corrupción en los partidos una de
las principales causas de la desafección política de la ciudadanía.
Por supuesto, la reacción de los partidos frente a la corrupción surgida en su seno
tampoco ha sido la misma. Mientras unos hacen todo lo posible por negar, tapar y
ocultar, tratando incluso de entorpecer la acción de la justicia, otros plantamos cara
al problema y asumimos un compromiso con la ciudadanía.
Las últimas propuestas legislativas del Gobierno del PP resultan, a este respecto,
totalmente insuficientes y no son más que un intento de enmascarar su nula asunción
de responsabilidad política por los casos de corrupción que le afectan.
El PSOE está escuchando las demandas de una sociedad cada vez más exigente y
quiere responder a ellas con propuestas responsables y sensatas, sin concesiones
hacia el inmovilismo o el populismo.
Para combatir la desafección política de la ciudadanía es necesario dotar de contenido
a la relación entre representantes y representados a través de los partidos políticos.
Paraqueestoseaposible,esabsolutamenteimprescindiblequelaculturademocrática
penetre en el interior de los partidos, de la misma manera que es absolutamente
imprescindible profundizarla en el seno de la sociedad. No hay democracia sin
demócratas, pero tampoco la puede haber sin partidos democráticos.

Por ello, el PSOE se plantea una profunda reforma del régimen jurídico aplicable
a los partidos con el fin de desarrollar plenamente su función constitucional como
“instrumento fundamental para la participación política”, más allá de su participación
en los procesos electorales, dando cumplimiento de manera efectiva al mandato de
que su “estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos” (artículo
6 de la Constitución Española).
El segundo gran objetivo que nos planteamos es que los partidos políticos estén
mejor inmunizados frente a la corrupción. Para ello, además del reforzamiento de
la democracia y de los controles internos, es necesario acometer una reforma del
modelo de financiación de los partidos.
La reforma de la financiación de los partidos no solo es un medio para la prevención
de la corrupción, sino que debe servir también para la reconstrucción del vínculo
de identificación y de confianza entre la ciudadanía y los partidos. En este sentido,
apostamosporunmodelodefinanciaciónpúblicasuficientequepuedacomplementarse
con las aportaciones de pequeña cuantía provenientes de personas físicas.
3.PROPUESTAS
• Refundir la Ley de Partidos Políticos y la Ley sobre Financiación de los Partidos
Políticos en una sola Ley de Partidos. En esta nueva ley, se contemplarán como
principales novedades los siguientes aspectos:
Sobre la democracia interna y los derechos de las personas afiliadas
• Dotar de mayor capacidad de participación de los afiliados o militantes mediante
la elección directa de determinados cargos orgánicos.
• Regular la selección de las candidaturas a la presidencia de los gobiernos
nacionalyautonómicosyalascorporacioneslocales(apartirdeunadeterminada
población) mediante sufragio directo y secreto de las personas afiliadas del
ámbito territorial correspondiente. Los estatutos de los partidos establecerán
el procedimiento, pudiendo abrir la participación a quienes no están afiliados.
• Reconocer y proteger las libertades de expresión y de asociación interna de las
personas afiliadas
• Considerar los programas electorales como un compromiso vinculante con
la ciudadanía de los cuales habrá que rendir cuentas, para cuya garantía
adoptaremos las medidas oportunas.

Sobre la financiación
• Vincular la financiación que los partidos reciben del Estado, además de al
resultado electoral en número de escaños y de votos, a elementos de democracia
interna de los partidos, como la celebración de primarias, la limitación de
mandatos o la paridad en las listas electorales.
• Establecer incentivos fiscales regresivos para las aportaciones privadas a los
partidos, previendo un sistema de devolución para las personas que no realizan
la declaración del IRPF.
• Regular un sistema de microdonaciones a través de Internet para donaciones
inferiores a 200 euros (en cómputo anual por cada persona física), garantizando
la identificación de los donantes ante el órgano de control.
• Dotar de transparencia a todos los ingresos públicos y privados, con desglose de
las aportaciones de donantes, afiliados y cargos públicos. Detallar los gastos,
con indicación expresa de retribuciones a responsables internos y empleados,
gastos externos y de funcionamiento.
• Informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones
privadasrecibidas,deloscréditoscontratadosydelosacuerdosderenegociación
de deudas con las entidades financieras. El Tribunal de Cuentas deberá publicar
con carácter inmediato la información recibida e identificar a los donantes una
vez superen la cantidad de 200 euros anuales.
• Retener toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido
sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
• Regular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos
de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos deben hacerse responsables
patrimonialmente de dichos actos.
• Establecer la obligación para los Partidos políticos de publicación de la
liquidación de gastos e ingresos electorales, teniendo en cuenta un techo de
gasto.
• Reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas para auditar
en tiempo real las cuentas de las organizaciones políticas, con una mayor
capacidad sancionadora.
• Cumplir estrictamente las Recomendaciones GRECO sobre transparencia
financiera de los partidos políticos.

UNNUEVOMARCOLEGALPARALOSAYUNTAMIENTOS.FINANCIACIÓNLOCAL
Y OTROS ENTES LOCALES
1. DÓNDE ESTAMOS
El municipalismo ha constituido desde la fundación del PSOE una de nuestras señas
de identidad. Los municipios han sido la base de la movilización social y de nuestra
acción política, y los gobiernos municipales han constituido el principal instrumento
de integración y cohesión social. La prestación de servicios básicos ha sido impulsora
del desarrollo y de la mejora de la calidad de vida de las personas.
La Ley para la Reforma Local aprobada en esta legislatura por el Gobierno del PP ha
supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios
a la ciudadanía. También a la consideración que hasta ahora se había tenido del
municipio como gobierno político, convirtiéndolo en un mero gestor de decisiones
ajenas. Los Ayuntamientos han sido las administraciones públicas que han sufrido
las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias.
La crisis económica en la que estamos inmersos plantea nuevos retos para las
entidades locales, retos que, unidos a la necesaria derogación de la Ley para la
Reforma Local, nos abren un escenario que debe estar protagonizado por las
propuestas, el diálogo y el consenso político para resolver con eficacia los problemas
que vienen arrastrando las entidades locales y cuyos primeros afectados son los
ciudadanos y ciudadanas.
Debemos abordar las reformas necesarias con el fin de dotar a los Ayuntamientos
de las condiciones y capacidades políticas y económicas adecuadas que les permitan
ofertar a la ciudadanía los servicios que ésta les demandan. Dichas reformas deben
estar regidas por el principio de autonomía local consagrado en la Constitución y en
la Carta Local Europea.
El principal objetivo de los y las socialistas es aplicar el principio de subsidiariedad.
Entendemos que las entidades locales son las administraciones más próximas a la
ciudadanía. Por ello, reforzar su carácter democrático y mejorar su capacidad para
prestar servicios deben ser las prioridades.
Para alcanzar estos dos objetivos no sólo debemos cambiar las reformas que ha
realizado el PP en los últimos años, sino que además necesitamos tener muy claro
qué modelo de gobierno local defendemos.
El primero de los rasgos de esta idea de democracia local debe ser la participación de
la ciudadanía en las decisiones más importantes de los ayuntamientos. Consideramos
que todavía existe un enorme campo inexplorado de mecanismos de participación.

La segunda característica ha de ser la transparencia. La ciudadanía necesita saber
de forma clara qué hace la administración que tienen más próxima. Sólo así se podrá
juzgar y controlar a los gobiernos locales y a sus representantes con responsabilidad
El tercer rasgo es la suficiencia presupuestaria. Desde hace mucho tiempo nuestros
ayuntamientos necesitan unas competencias claras y unos ingresos suficientes para
llevarlas a cabo. Por ello, porque creemos que solo una administración que atiende
a sus ciudadanos y ciudadanas es una administración útil, nos proponemos caminar
hacia un modelo de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales que
asegure una mayor capacidad de gobierno y una prestación de servicios de calidad. En
estalíneasehabilitaránmecanismosparaajustarlosinteresesylasamortizacionesde
los préstamos recibidos por las entidades locales para el Plan de Pago a Proveedores.
3. PROPUESTAS
• Derogar la LRSAL (Ley de Reforma Local) llevada a cabo por el PP.
• AprobarunaLeydeRégimenLocalquerefuercelaautonomíalocal,quegarantice
un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien
definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio,
puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con
garantías de control y transparencia de la gestión pública.
• Impulsar, desde el consenso, una nueva ley de Haciendas Locales que dote
de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades
locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo
con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado
(PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).
• Apostar por un nuevo modelo de Desarrollo Urbanístico y Territorial volcado
preferentemente en la intervención en la Ciudad Consolidada con criterios de
sostenibilidad (apoyado en la rehabilitación y regeneración urbana) frente al
anterior modelo expansionista basado en el “todo urbanizable”.
• Integrar a la FEMP, como observador, en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
• Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como
espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes
y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una
mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por
los municipios, siempre con criterios de máxima trasparencia, racionalidad y
democracia.

• ReconocerelcarácterespecialdelosCabildosyConsellsInsulares,contribuyendo
a hacer de estas instituciones de doble naturaleza, local y autonómica,
reconocida por la ley de bases de Régimen Local y por los respectivos Estatutos
de Autonomia, unas administraciones más cercanas a la ciudadanía.
• Potenciar la existencia de Áreas Metropolitanas como entidades que prestan
determinados servicios públicos de forma más eficaz y eficiente.
• Primar financieramente la cooperación, colaboración y coordinación en red
supramunicipal con el objeto de racionalizar los costes, la eficiencia y la eficacia
de los servicios locales.
• Aprobar un plan de acción para los pequeños municipios y entidades locales
menores , que propicie su supervivencia, así como su evolución demográfica,
social y económica, y un nivel adecuado de recursos.
• Impulsar la intermunicipalidad a través de mancomunidades y consorcios
adecuados a las necesidades reales del mundo rural, que permita el máximo
ejercicio de competencias locales y la mejor respuesta a las demandas
ciudadanas.
• Aplicarpreferentementelagestiónpúblicaydirectadelosserviciosconsorciados
o mancomunados haciendo compatible la garantía en la prestación del servicio,
la excelencia empresarial y la mejor contribución a la creación de empleo.
• Impulsar la aplicación de la Ley para el desarrollo sostenible en el medio rural,
evitando así su despoblación, envejecimiento y desaparición.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
1.DÓNDE ESTAMOS
La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestra
sociedad. Los efectos de la corrupción son demoledores. La corrupción es un
fenómeno que afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones y los
derechos de la ciudadanía. En otras palabras, influye negativamente en el desarrollo
de las instituciones, reduce la calidad del gobierno y de la democracia. Además,
afecta negativamente al Estado de Derecho y el bien común destruyendo la confianza
en las instituciones públicas. Es un fenómeno que, por otro lado, no es unitario ni
unidireccional, en tanto que no se concentra en un solo sector económico, en una sola
institución, y no se explica por un solo factor. Pero no sólo eso, la corrupción es una
máquina de generar desigualdades.
De todos los países de la Unión Europea España es el que en los últimos 3 años
ha sufrido los mayores cambios en la percepción de la corrupción. La corrupción
percibida se refiere, sobre todo, a una forma de hacer política basada en la constante
intromisión de los intereses particulares en la toma de decisiones políticas con
efectos muy perversos para el bienestar colectivo. Según el Eurobarómetro de 2013,
el 77% de la población española cree que la corrupción es parte de la cultura de los
negocios en el país.
A esta percepción se une la de la impunidad alimentada por la lentitud de los macro-
procesos penales. El tiempo medio para dictar sentencia está en casi 10 años. De tal
manera que corrupción más impunidad deriva en desconfianza institucional, máxime
en momentos de profunda crisis económica.
Nuestro objetivo es construir un futuro que nos aproxime a los países social y
económicamente avanzados. Ha llegado el momento de dar un salto histórico para
mejorar las bases institucionales de nuestra democracia.
La transparencia y la obligación permanente de rendir cuentas y asumir
responsabilidades públicas son condiciones imprescindibles frente a la corrupción
política. Pero hay que ir más lejos. Hay que endurecer las sanciones y poner más
medios a disposición de los jueces.
Es crucial que se garantice el acceso pleno de la ciudadanía a la información pública.
Además, se deben realizar campañas de sensibilización y toda clase de esfuerzos
para erradicar la tolerancia social con las formas menores de corrupción, que
constituye el semillero moral de los comportamientos más graves. Se trata de
construir una cultura de la ejemplaridad en la Administración Pública que permita
restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, recuperar el prestigio
de la política y combatir los recelos actualmente existentes sobre la fuerza de las

leyes y la equidad del sistema judicial.
Queremos no solo sancionar los delitos, que también, sino, sobre todo, evitar que se
produzcan. Por tanto, hay que avanzar tanto en medidas preventivas como sancionadoras.
Ello exige no sólo atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Adminis-
tración, así como cambiar el comportamiento de los partidos políticos y de las empresas.
La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas supone un
escenario en el que la actividad empresarial vinculada a fenómenos de corrupción
hace peligrar la existencia misma de la empresa. De ahí que no solo se previenen
estos hechos con el establecimiento de una normativa coercitiva y sancionadora como
la existente, sino que es necesario fortalecer también las buenas prácticas y una
cultura empresarial de cumplimiento.
Conscientes de las repercusiones negativas que supone la corrupción para la
estabilidad del país y su desarrollo económico y social, debemos fomentar e incentivar
la implantación y desarrollo de modelos de buenas prácticas en la gestión pública y
trabajar en el restablecimiento de la ética pública y empresarial.
3. PROPUESTAS
• Elaborar un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Dicho
plan trazará la estrategia de gobierno para enfocar un programa de actuación
transversal e integral.
Medidas de prevención para el sector público
• Revisar los deberes y obligaciones del funcionariado y autoridades públicas y
cargos públicos:
- Establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio de
quienes trabajan en el sector público.
- Establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio para
quien acceda a un cargo público, así como la obligación de comunicar
cualquier tipo de variación patrimonial durante el ejercicio del cargo y al
finalizar su mandato.
- Revisar las normas reguladoras de los conflictos de intereses.
- Obligar a las personas que conforman el Gobierno y Altos Cargos de la
Administración del Estado a presentar una declaración y certificación de
la Administración tributaria de estar al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

- Prohibir el nombramiento y obligar al cese de altos cargos cuando se les
abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción (cohecho,
prevaricación, tráfico de influencias, financiación ilegal de los partidos
políticos, etc) delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad
Social y delitos de fraudes de subvenciones y ayudas públicas, y blanqueo
de capitales.
- Suspender a concejales y parlamentarios cuando se les abra juicio oral
por algún delito relacionado con la corrupción (cohecho, prevaricación,
tráfico de influencias, financiación ilegal de los partidos políticos, etc),
delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y delitos
de fraudes de subvenciones y ayudas públicas, y blanqueo de capitales,
estableciendo los mecanismos oportunos para que, en caso de que el
concejal o parlamentario resultara absuelto por sentencia firme en el
transcurso de su mandato, se le restituya en su cargo.
• Revisar las normas de contratación pública:
- Establecer en los pliegos de condiciones de los contratos públicos pactos
de integridad por los que las empresas licitadoras se comprometen a
evitar cualquier práctica que pueda ser considerada de corrupción.
- Restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y
de utilización del procedimiento negociado sin publicidad.
- Fortalecer los mecanismos para impedir o regular la revisión de costes.
- Extender el ámbito de control del recurso especial de contratación
a importes más bajos, con la finalidad de eliminar ámbitos exentos de
control previo independiente.
- Revisar las causas legales de prohibición de contratación con las AAPP.
- Reforzar los requisitos de control y de exigencia de información con
empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios
considerados legalmente como paraísos fiscales.
• Revisar y/o establecer normas sobre conflicto de intereses en los diversos
órganos de las AAPP en los que se toman decisiones como las mesas de
contratación pública, entre otros.
• Establecerlanulidaddelassubvenciones,bonificaciones,ayudasycontratoscon
las Administraciones Públicas y la obligatoria restitución e indemnización por
daños y perjuicios cuando los mismos se hayan obtenido o cuyo mantenimiento
haya sido logrado por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo
de modalidades de corrupción.

• Fortalecer e impulsar el posicionamiento de España en los espacios
internacionales de lucha contra la corrupción (GRECO, OCDE, UN, etc.).
• Revisar las normas reguladoras de las entidades públicas empresariales y
sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas, entre otras, para
reforzar e intensificar los mecanismos de prevención, control y supervisión.
• Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito que castigue el incremento
patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período
de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.
Medidas de prevención en el sector privado
• Regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la
política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción
que derivan del tráfico de influencias.
• Establecer beneficios en la contratación con el sector público para aquellas
empresas que firmen Pactos de integridad.
• Establecer beneficios relacionados con la reputación. Establecer listas blancas
de empresas dando publicidad a las empresas que hayan firmado pactos de
integridad y desarrollen buenas prácticas, permitiendo facilitar la prevención de
la corrupción en la contratación pública.
• Establecer las condiciones para facilitar que en la empresa se puedan
implementar las normas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que
constituyen un valor competitivo no solo a nivel empresarial, sino también de la
economía de un Estado y monitorizar periódicamente su cumplimiento
Medidas de represión
• Revisar y reformar los actuales delitos contra la Administración Pública:
- En los delitos existentes revisar las conductas que dan lugar a que se
puedan adoptar resoluciones contrarias a derecho, manipular las
convocatorias, concursos o pliegos de contratación, fraccionamiento
artificial y/o fraudulento de contratos.
- Revisar los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de
documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias,
malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades
prohibidas.
- Establecer penas agravadas para los delitos cometidos por funcionarios
públicos o autoridad.

- Reforzar las penas privativas de libertad en los delitos contra la
Administración pública así como las penas de inhabilitación absoluta,
especial y suspensión para empleo o cargo público.
• Tipificarentrelasmodalidadesdeldelitodeencubrimientolafiguradeltestaferro
en las conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias
u organizaciones de cualquier clase que no tengan otro fin que actuar en el
mercado encubriendo actividades económicas ajenas de fraude y corrupción.
• Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos rebajando
significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de
prisión y tipificar la manipulación de cuentas anuales de los partidos políticos.
• Reformar y revisar de forma integral las medidas contra el fraude fiscal, el
fraude de subvenciones y fraude a la Seguridad Social; entre otras, las más
significativas:
- Prohibición por Ley de la amnistías fiscales.
- Revisión de las infracciones administrativas y los delitos
- Revisión de las medidas antielusión y antievasión
- Revisión de las cuantías constitutivas de delito
- Revisión de las penas y la prescripción.
- Revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad
de las infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 euros y la
identidad de sus autores.
• Revisar la competencia jurisdiccional para el enjuiciamiento de delitos de
funcionarios públicos y autoridades:
- Revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía
Anticorrupción para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y
corrupción política.

- Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales
adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al
Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías
provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de corrupción.

- Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a un proceso
penal moderno, ágil y con las garantías propias de un Estado de Derecho.

• Establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de
corrupción:
- Establecer atenuantes específicas para los supuestos de autodenuncia
para más delitos que los actualmente previstos.
- Limitar y condicionar las sentencias de conformidad a la existencia de
una cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el
esclarecimiento del caso o descubrimiento de otros, así como el obligado
pago de la responsabilidad civil derivada del delito.
- Regular la protección de quien denuncie prácticas corruptas e ilegales
tanto en la Administración Pública con en el sector privado, a fin de
proteger a la ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier
clase de represalias.
• Revisar las normas reguladoras del comiso para asegurar que la persona
condenada por un caso de corrupción responda con bienes patrimoniales,
también los futuros.
Medidas de control
• Crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo
el ámbito del sector público del Estado, incluida la Administración militar, y
de las Administraciones Locales, con competencia para revisar las actuaciones
y procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las res-
ponsabilidades que puedan derivarse de ellos. La Oficina podrá relacionarse
directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflictos de
Intereses y actuará en las CCAA tras la firma de los correspondientes acuerdos
de colaboración.
• Establecer expresamente la obligación de colaboración con el Tribunal de
Cuentas por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la
Administración de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses,
así como de cualquier órgano administrativo, agencia, organismo autónomo o
entidad pública empresarial de cualquiera de las administraciones públicas.
• Ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas y establecer el deber de colaborar
con el mismo de cualquier tercero que pueda estar relacionado con la actividad
económico financiera que se estuviera fiscalizando.
• Poner en marcha en las AAPP planes de prevención contra la corrupción, en los
que se determine el funcionario responsable de cada expediente, los protocolos
de actuación cuando ese funcionario al que se puede exigir responsabilidad por
un expediente irregular detecta algún indicio de corrupción y los instrumentos
de protección que tiene frente a posibles represalias.

• Articular y coordinar el intercambio de información interinstitucional entre las
entidades que ejercen funciones de prevención, control, investigación y sanción
contra el fraude y la corrupción.
Otras medidas para fortalecer las buenas prácticas y prevenir la corrupción
• Introducir en los distintos niveles educativos materias de contenido formativo en
valores contra la corrupción. Introducir módulos en estudios de grado y máster
de Ética de la Empresa.
• Realizar campañas de información para sensibilizar sobre la intolerancia con
toda forma de corrupción y comunicar los detalles de la normativa para la
prevención contra ésta en todos los ámbitos, como las Campañas de Tolerancia
Cero con la corrupción o Campañas como La Transparencia es rentable.

UNA JUSTICIA QUE PROTEJA NUESTROS DERECHOS
1.DÓNDE ESTAMOS
El sistema judicial está en crisis como consecuencia de las deficiencias estructurales,
organizativas, procesales y presupuestarias sufridas en los últimos años.
Este modelo desfasado y costoso ha generado una desigual distribución de los
recursos materiales y personales y de la carga de trabajo que asumen los órganos
judiciales. Unos sobresaturados de trabajo e infradotados conviven con otros que no
alcanzan el mínimo de carga de trabajo fijado por el CGPJ, lo que genera justicias de
distintas velocidades según el partido judicial.
La sobrecarga de trabajo se traduce en ralentización, en incumplimiento de los plazos
procesales previstos en la ley y en la imposibilidad de ofrecer a la ciudadanía un
servicio público de calidad en condiciones de igualdad.
El actual proceso penal, basado en la figura del juez instructor, nos aleja de los
sistemas europeos de justicia (con las graves disfunciones que ello comporta) e
impide el cumplimiento de las garantías constitucionales, sitúa la imparcialidad en un
segundo nivel y resta agilidad y eficacia a las resoluciones judiciales, lo que aumenta
la sensación de impunidad y la desconfianza de la ciudadanía.
Este panorama está lejos de la eficacia que la ciudadanía demanda, aumenta su
desconfianza en un sistema judicial del que se siente cada día más alejado y menos
protegido e incrementa su percepción de que existe una clara desigualdad en función
de la carga de trabajo del partido judicial y la capacidad económica de los que
intervienen en los procesos judiciales.
Hay que añadir a este panorama el debilitamiento y desnaturalización del órgano de
gobierno del tercer poder del Estado, el CGPJ, tras la última reforma operada por
el Gobierno del PP, que desvirtúa y modifica sustancialmente la naturaleza jurídica
del órgano que el constituyente diseñó. Todo ello motivó la presentación por el
Grupo Parlamentario Socialista de un recurso de inconstitucionalidad, pendiente de
resolución por el Tribunal Constitucional.
En un contexto de globalización y competencia internacional, la ineficacia del sistema
judicial tiene consecuencias negativas, pues la falta de un sistema eficaz que garantice
la aplicación y eficacia de las normas genera inseguridad jurídica y reduce el atractivo
de un país como lugar de inversión.
Justicia y crisis económica
La crisis económica ha incrementado la demanda de justicia: primero, en las
jurisdicciones social y mercantil y luego en la civil como consecuencia de la reforma
laboral del PP, de las ejecuciones de créditos hipotecarios, del endeudamiento

familiar y de las cláusulas abusivas en los productos bancarios. El gobierno del Partido
Popular ha dificultado el acceso a la justicia precisamente cuando las personas más
afectadas por la crisis necesitaban con carácter urgente la tutela de los tribunales.
En esta pasada legislatura se han desmantelado las medidas de apoyo a los tribunales
(1.500 jueza y jueces sustitutos fueron mandados a casa) sin alternativas organizativas
ni funcionales, al tiempo que se ha reducido drásticamente la oferta pública de
jueces y fiscales y se han recortado los presupuestos en materia de justicia. Los y las
socialistas nos comprometemos a aumentar los recursos humanos y técnicos de la
Administración de Justicia.
Los cambios legislativos de la última legislatura han intentado reducir la demanda
de justicia, no satisfacerla, limitando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al
sistema judicial mediante nuevas tasas procesales, con nuevos requisitos y reducción
de la justicia gratuita, y mediante la propuesta de privatización del Registro Civil. El
PSOE se compromete a eliminar toda esa serie de trabas y limitación de derechos de
acceso a la justicia.
El recurso a la justicia gratuita, único horizonte de protección de las familias más
vulnerables, atraviesa, por contraste, una etapa caracterizada por la precariedad,
los recortes presupuestarios, y la falta de apoyo institucional en un servicio público
esencial para garantizar la tutela judicial efectiva. Es el momento de que el próximo
gobierno socialista acometa cambios de calado que mejoren el derecho a la justicia
gratuita tanto para demandantes como para profesionales.
Derechos y libertades
La crisis ha sido la excusa para sustituir el espacio democrático de la protesta, de
la huelga y de la manifestación por un sistema autoritario plasmado en una Ley de
Seguridad Ciudadana que en muchos aspectos supone un retroceso de las libertades
públicas. Ahora, es posible sancionar antiguas faltas con sanciones más severas que
las previstas en el Código Penal y sin sumisión al previo control judicial.
A lo anterior conviene sumar la reforma del Código Penal más autoritaria que se
ha producido en la España democrática, aprobada en solitario por el PP con olvido
de que el consenso en materia penal forma parte inescindible de su legitimación
intrínseca.
La introducción de la cadena perpetua, aunque se llame revisable, como vértice del
sistema de penas, abandona dramáticamente la finalidad de reinserción social que la
Constitución exige para todas las penas.
La reforma del Código Penal ni era necesaria ni está precedida de estudios que la
avalen en términos de eficacia. En España la criminalidad baja de modo sostenido
desde 2003, y paradójicamente contamos con las tasas de población reclusa más alta
de Europa. El aumento de la presión penal va a incrementar ese desequilibrio, sobre

todo en perjuicio de los sectores sociales más desfavorecidos, con el coste que ello
supone no solo en términos de libertades y derechos de la ciudadanía, sino también
económicos.
Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía
Un programa de justicia incide directamente en la médula del Estado de Derecho, por
lo que debe ser un programa universal que abarque a todos, que comprometa a todos,
que considere a todos.
Un programa de justicia ha de construir los cimientos para que los derechos y
libertades de la ciudadanía sean iguales y homologables para todos y todas.
Planteamos una revisión urgente y consensuada del Código Penal para garantizar los
principios propios de un Derecho Penal democrático que, en lugar de dirigirse contra
la ciudadanía que ejerce sus derechos democráticos, lo haga contra aquellos que no
les dejen expresarlos o que dificulten su ejecución.
Uno de nuestros objetivos prioritarios será garantizar la máxima protección a las
víctimas de la violencia de género: hay que revisar las dotaciones y reforzar los
recursos humanos especializados para la evaluación de los riesgos y la protección
más efectiva, sin que sufra el añadido de tener que abandonar hogar, familia y
amigos, y establecer protocolos de actuación que aseguren la coordinación de
las instituciones y departamentos ministeriales o autonómicos para garantizar
una protección integral de las víctimas de violencia de género. Se garantizará
que todos los territorios tengan juzgado de Violencia de género y protocolos de
actuación.
Protegeremos el derecho a una vivienda digna de las numerosas familias devastadas
por los efectos de la crisis económica que han sido desahuciadas o están en alto
riesgo de serlo, por la actitud de las entidades financieras, que en muchos casos
han actuado con malas prácticas, y que además se han visto obligadas a acudir a
prestamistas privados para obtener los empréstitos que las entidades bancarias no
les concedían.
Al respecto impulsaremos la modificación legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de la Ley Hipotecaria a los efectos de adoptar la legislación española a las exigencias
de las resoluciones de los Tribunales Europeos y finalizar con las situaciones de
indefensión de la ciudadanía frente a las entidades financieras en los procedimientos
de lanzamiento y en las ejecuciones hipotecarias, así como en los casos de anulación
de licencias urbanísticas de adquirentes de buena fe.

Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía y de los
consumidores
Deben codificarse de modo efectivo muchos derechos políticos y sociales que en la
Constitución de 1978 se esbozaban como principios inspiradores.
Así, es necesario consolidar los derechos de los consumidores en España por medio
de una legislación integral que respete el marco de competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas, que se adapte a los requerimientos de la Unión Europea
y que cuente con instrumentos efectivos para la resolución de conflictos, tanto en
vía judicial como mediante mecanismos extrajudiciales. Extenderemos, además, la
tutela propia de los consumidores a las pequeñas empresas.
Potenciaremos una mayor cooperación y coordinación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Consumo.
Hay que establecer un nuevo marco de derechos civiles no solo en su proyección
constitucional, sino también en la regulación civil de las relaciones familiares,
que acoja las nuevas formas de familia y que permita nuevas fórmulas en materia
hereditaria. Asimismo, hay que revertir el intento de privatización del Gobierno del PP
en materia de registros.
Una Justicia al servicio de la ciudadanía
Debemos suprimir las trabas que impiden que la ciudadanía pueda acceder a la
justicia en condiciones de igualdad. Es prioritario que la ciudadanía, los trabajadores
y trabajadoras autónomos y las pymes puedan defenderse en igualdad de condiciones
en todas las contiendas judiciales, sobre todo en aquellas que mantengan con las
grandes corporaciones, que cuentan con las mejores maquinarias de asesoramiento
legal a su disposición.
Es necesario facilitar de forma efectiva la adecuada información y asesoramiento
previo a la ciudadanía en su relación con la justicia que permita su acceso al itinerario
real del proceso en todas sus fases, incluida la ejecución.
Suprimiremos trámites innecesarios o duplicados que alargan innecesariamente los
procedimientos judiciales.
Regularemos la justicia gratuita para que proteja a todas aquellas familias, así como
a ciudadanos y ciudadanas individualmente, a los que la crisis económica ha abocado
a una situación de extrema vulnerabilidad.
También ofreceremos a la ciudadanía nuevas formas intra y extrajudiciales que
permitan resolver con inmediatez y de forma no gravosa los pequeños conflictos que
inciden en la vida cotidiana.

Un nuevo modelo de Justicia
UnGobiernosocialistaimpulsaráunaadministracióndeJusticiadecalidad,organizada
desde el prisma de la eficiencia y eficacia, con plena incorporación de las nuevas
tecnologías, que garantice la tutela judicial efectiva, asegure la participación de la
ciudadanía, proteja sus derechos y resuelva de forma rápida y eficiente sus litigios y
controversias, ofreciendo seguridad jurídica.
Abordará, a su vez, la reorganización de la planta judicial de forma racional para que
el nuevo mapa judicial se acomode a las nuevas realidades sociales, territoriales
y demográficas y permita una equilibrada distribución de la carga de trabajo y una
inversión racional de medios materiales y personales. También afrontará la ya
ineludible reforma en profundidad del proceso penal.
Buscaremos un acuerdo amplio para revisar el modelo de acceso a la carrera
judicial y fiscal de modo que se potencie la profesionalidad, la formación técnica
y la especialización de sus integrantes, garantizando que se realice a través de
procesos públicos, abiertos, y transparentes, y bajo los principios de igualdad, mérito
y capacidad. Se establecerán ayudas públicas para su preparación, logrando una
integración social en la Administración de Justicia.
Implementaremos una financiación suficiente de la justicia que garantice que el proceso
de cambio sea efectivo y se realice de forma cohesionada en todo el territorio nacional.
3. PROPUESTAS
Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía
• Eliminar la “ley mordaza” y revisión urgente de las sanciones que esta ley ha
agravado y el mecanismo de desjudicialización que ha introducido.

• Revisar el Código Penal, para volver a los principios del Código Penal de la
democracia, armonizando el sistema de penas y reinstaurar el sistema penal
de última ratio con dotaciones económicas suficientes e introducción de un
sistema de penas y medidas alternativas a la prisión que contribuyan a un mejor
control de la criminalidad.
• Derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable.
• Suprimir aquellas penas privativas de libertad que por su escasa entidad no
cumplen ni el papel intimidatorio para el infractor ni la finalidad reeducativa,
sustituyéndolas en su caso por otras alternativas a la prisión, como la libertad
vigilada o los trabajos sociales reeducadores que se consideran más ajustadas
a la gravedad del delito cometido y a las necesidades de tratamiento del
delincuente.

• Revisar los tipos e incrementar las penas relativas a los delitos que afectan
al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la
ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo.
• Derogar el artículo 315.3 CP, sobre el ejercicio del derecho de huelga.
• Ampliar la dotación de personal en psiquiatría, psicología, trabajo social,
educadoresyespecialmenteelnúmerodeunidadespenitenciariasespecializadas
para la atención a los problemas psiquiátricos, o de otra índole, de los internos
e internas.
• Recuperar el principio de jurisdicción universal y creación de protocolos para la
incorporación de las resoluciones de las cortes internacionales.
• Implementar instrumentos para la revisión y reparación de errores judiciales.
Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de consumidores y
usuarios
• Elaborar un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados
para la protección de los y las consumidores de modo integral identificando sus
derechos y los mecanismos para su protección efectiva.
• Revisar, en el marco de la tutela al consumidor, el régimen jurídico de
obligaciones y contratos.
• Aprobar un régimen real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico
de la insolvencia de quienes adeuden.
• Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas
bancarias.
• Eliminar las cláusulas suelo.
• Fortalecer la formación de judicatura y magistratura en derecho de consumo.
• Crear centros de protección integral de los y las consumidores.
• Facilitar a las personas consumidoras el asesoramiento, consejo y sugerencia
para solucionar el conflicto: mediación, conciliación, arbitraje de consumo o un
juicio rápido siempre que la cuantía no supere los 6000 euros.
Una Justicia al servicio de la ciudadanía
• Aprobar una ley que desarrolle la Carta de Derechos de los Ciudadanos y
Ciudadanas, reactive el Plan de Transparencia Judicial aprobado por el Gobierno

socialista en 2005 y garantice e incentive la participación activa de la ciudadanía
en la administración de Justicia.
• Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas, que
quedarán solo para sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el
millón de euros anual.
• Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la
especialización, dotándola de medios suficientes y adecuados para que toda la
ciudadanía, en función de su nivel de renta y capacidad económica, pueda hacer
efectivo su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
• Revisar los procedimientos judiciales con supresión de aquellos trámites
innecesarios y adecuando los plazos para que sean debidamente cumplidos,
asegurando la previsibilidad y seguridad jurídica.
• Desarrollar una ley de justicia cívica, de carácter preventivo, e implementar los
mecanismos de mediación o conciliación en todos los órdenes jurisdiccionales,
incluido el penal.
• Fijar por ley una financiación suficiente de la administración de Justicia
proveniente de los Presupuestos Generales del Estado.
Un nuevo modelo de Justicia
• Aprobar una nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización
territorial de los partidos judiciales y la especialización de los órganos judiciales,
favoreciendoelacercamientoylaaccesibilidaddelciudadanoalaAdministración
de Justicia.
• Crear un modelo de Justicia de proximidad, de base o de primer grado para
resolver los litigios de escasa complejidad y que requieren un tratamiento más
ágil.
• Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales.
El conjunto de jueces de instancia de una misma demarcación constituirán
un único Tribunal bajo la dirección de una Presidencia y con una única oficina
judicial común que prestará servicio a todos ellos.
• Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de
la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías
encargado de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales
durante todo el proceso así como del estatuto de protección integral de la
víctima e instaure la segunda instancia penal.
• Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía

de la institución, delimitando las facultades del fiscal general del Estado y
potenciando las funciones del Consejo Fiscal, de las Juntas de Fiscales y de la
Junta de Fiscales de Sala.
• Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial con servicios comunes
de atención a la ciudadanía, registro y reparto de asuntos, tramitación, actos de
comunicación y ejecución, auxilio judicial y ejecución de resoluciones.
• Implantar en todo el territorio español un único sistema informático de gestión
procesal y definitiva creación de las unidades administrativas.
• Completar el proceso de implantación de las TIC en 2020, de modo que como
regla general todas las comunicaciones entre juzgados y tribunales y la
ciudadanía serán por vía electrónica.
• Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial
del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir
las funciones del CGPJ al objeto de asegurar que se cumplan las previsiones
constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes,
composición, colegialidad y pluralidad.
• Incorporar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una dotación
económica suficiente que permita acabar con la justicia de dos velocidades y
favorecer la implantación y desarrollo del nuevo modelo de forma cohesionada
y en idénticas condiciones en todo el territorio español.
• Crear el Centro Nacional de Menores Desaparecidos. Habida cuenta del aumento
del número de menores que desaparecen, son secuestrados o son objeto de
abusos sexuales o de cualquier tipo de explotación, incluyendo la sustracción
por uno de sus progenitores, se creará un único centro donde se llevarán y
tramitarán todos los supuestos mencionados, evitando a los padres la sobre
victimización de no tener una única Administración a la que poder acudir, y que
se encargará de atender a los padres coordinando las labores de búsqueda entre
las diferentes administraciones y órganos, hasta que se produzca la resolución
del caso.

MÁS SEGURIDAD CON DERECHOS
1. DÓNDE ESTAMOS
Los años 2004-2011 constituyeron un buen período para la seguridad de los españoles
y españolas.
Mal que le pese a la derecha, fue un Gobierno socialista el que puso fin al terror
mantenido durante más de cincuenta años por la banda terrorista ETA. Ese final lleva
el nombre de un Presidente, de un Ministro del Interior y un Lehendakari socialistas.
Y, a su lado, el esfuerzo anónimo de policías nacional y autonómicas, guardias civiles,
jueces y fiscales, funcionariado de prisiones y agentes de los servicios de inteligencia,
autoridades y policías de países que se comprometieron con nuestra lucha y, sobre
todo, millones de españoles que se negaron a aceptar el chantaje terrorista que nos
privó de más de ochocientas vidas, causó miles de heridos y dañó en forma irreparable
a innumerables hijos y padres, maridos y mujeres, parientes y amigos. Todos ellos
lograron vencer a una banda que, desarbolada, anunció en noviembre de 2011 que
abandonaba definitivamente la lucha armada.
Sólo queda la entrega definitiva de las armas, el reconocimiento del dolor causado, la
petición de perdón a las víctimas y la satisfacción de la reparación debida. Entonces,
sólo entonces, las víctimas se sentirán definitivamente honradas y el Estado de
derecho podrá culminar la paz ganada con tanto esfuerzo.
Ese esfuerzo contó también con una difícil pero, pese a sus crisis, mantenida unión de
los demócratas, congregados en torno a pactos que nos comprometían a todos y que
sirvieron para acelerar, primero, y respaldar, después, la unión frente al terrorismo
de la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Una unión que, antes, sirvió para enfrentar la investigación, el enjuiciamiento y
las condenas de quienes perpetraron en Madrid, el 11 de marzo de 2004, el mayor
atentado de nuestra historia y de quienes, posteriormente, han intentado mantener
una amenaza latente de corte yihadista contra nuestra convivencia colectiva.
Los 192 fallecidos y los más de 1.800 heridos en aquella tragedia siguen en nuestra
memoria y han estado en la base misma del Acuerdo antiterrorista propuesto por
el PSOE al Gobierno, en enero de 2015, para hacer frente, de nuevo con todos los
ciudadanos y ciudadanas, al terrorismo yihadista y a la violencia extremista.
Junto a ello, 2004-2011 fueron los años en los que más baja fue la tasa de criminalidad,
en los que más creció la dotación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de Jueces
y de Fiscales, en los que más se transformó el régimen penitenciario, en el que la
protección civil se vio reforzada por la creación y acción creciente de la UME y en los
que la seguridad vial, por fin, fue una esperanza crecientemente mejorada.
Todo ello, por lo demás, se llevó a cabo con los medios ordinarios del Estado de Derecho,

pues no fue ni se sintió necesario emprender una tarea de reformas legislativas
destinadas a limitar, condicionar o restringir los derechos y libertades de la ciudadanía.
Fueron, así, los años en los que los y las socialistas demostramos que la seguridad no
tiene por qué limitar la libertad sino que contribuye efectivamente a ella.
Por el contrario, cada vez que existe un problema de seguridad la derecha siempre
plantea una falsa dicotomía entre libertad y seguridad, reduciendo los derechos de
la ciudadanía. Pero seguridad sin libertad nos conduce a una sociedad autoritaria.
Siguiendo esta filosofía, dos elementos definen con claridad la gestión del Gobierno
del PP en materia de seguridad: menos derechos para todos y uso partidista del poder
coactivo del Estado. Con esos objetivos ha desarrollado todo un paquete legislativo
que restringe de forma dramática los derechos de la ciudadanía (Ley de Seguridad
Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada) y dos leyes de personal, de Guardia civil y
policía, que reducen los derechos de los miembros de ambos cuerpos.
Hemos asistido a una reiterada utilización partidista de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en beneficio propio y con acompañamiento mediático.
Deberemos afrontar la reforma de las leyes que en este ámbito han desfigurado la
concepción de la seguridad como elemento inescindible del respeto a los derechos de
la ciudadanía (Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Código Penal,
Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley contra la Violencia de Género).
Hay que dotar de más y mejores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para
así desarrollar medidas preventivas con más eficacia y establecer con claridad sus
derechos y obligaciones en una sociedad democrática del siglo XXI.
Deberemos primar los elementos de coordinación y colaboración entre policía y
guardia civil y entre éstas y el resto de policías del Estado. No podemos desaprovechar
un caudal tan ingente de recursos e información como se hace actualmente, y ello
deberá hacerse manteniendo las competencias de cada cuerpo sin que quepa la
competencia entre ellas. Para ello, estableceremos un Mando Único sobre policía y
guardia civil, con Unidades Centrales conjuntas de coordinación.
En el ámbito penitenciario, proponemos volver al espíritu y la letra de la Constitución,
que prevé la reeducación y reinserción social como elemento esencial que debe
orientar las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. Para ello, el
tratamiento, con programas específicos atendiendo a los perfiles de los reclusos, debe
convertirse en el eje de la política penitenciaria, así como el cumplimiento en medio
abierto y el desarrollo de las penas y medidas alternativas a la prisión. Todo ello, sin
desatender, e incluso intensificando, las medidas de seguridad, control e información
sobre aquellos internos especialmente peligrosos pertenecientes a bandas armadas
y miembros de delincuencia organizada.

En el ámbito de la seguridad vial, debemos incrementar la formación tanto de
la ciudadanía desde la escuela, como de los conductores y conductoras y de
quienes imparten la formación. Es preciso que la seguridad vial se aborde de
forma global, y se pase del concepto de circulación, donde el protagonista es el
automóvil, al de movilidad, donde el protagonista es la persona y sus diversas
formas de desplazarse.
3.PROPUESTAS
Reformas legislativas
• Derogar la Ley de seguridad ciudadana y aprobar una nueva Ley que refuerce y
proteja a las personas, y asegure que el marco legislativo facilita el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
• Colocar cámaras de vigilancia con grabación, en todos los calabozos de España,
para garantizar la seguridad de los detenidos y los policías. Estas grabaciones
quedarán archivadas.
• Reformar la Ley de seguridad privada para garantizar que solo podrá prestarse
como un servicio complementario, subordinado y nunca alternativo de la
seguridad pública, sometido a controles e intervenciones administrativas, donde
se respeten plenamente los derechos laborales de los y las trabajadoras y de la
ciudadanía.
• Reformar las leyes de personal de guardia civil y policía para establecer
claramente los derechos y obligaciones de sus miembros.
• Reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para su actualización y
modernización.
En materia policial
• Reponer de forma proporcional y graduada las vacantes de las dotaciones de
Catálogo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
• Implantar un programa de formación permanente y de actualización de
conocimientos técnicos y jurídicos de todas las personas que componen las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que puedan realizar sus
funciones con eficacia y seguridad jurídica.
• Fortalecer la coordinación y cooperación policial convocando, al menos dos
veces al año, las Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas con
Cuerpo de Policía.

• Dotar de personal y recursos técnicos y materiales para la potenciación de las
unidades centrales del cuerpo nacional de policía y de la guardia civil encargadas
de la investigación y persecución de los delitos económicos y fiscales.
• Poner en marcha un programa de I+D, con la colaboración de las Universidades
y otros organismos públicos, para la investigación y el desarrollo de nuevas
técnicas y equipamientos profesionales, que permitan una mejor investigación
de los delitos y un mayor esclarecimiento de éstos por la policía nacional y la
guardia civil y su progresiva descentralización mediante la creación de Unidades
Territoriales de ambos cuerpos.
• Elaborar un protocolo claro y jurídicamente seguro, que regule la actuación que
deben seguir los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
destinados a la vigilancia de nuestras fronteras.
En materia de terrorismo yihadista
• Incrementar los efectivos dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista.
• Reorientar la estrategia contra el terrorismo para hacer frente al terrorismo
internacional y a las formas más violentas.
• Restablecer el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA),
unificándolo con el Plan de Protección y Prevención antiterrorista.
• Restablecer instrumentos jurídicos, policiales, educativos y sociales capaces
de prevenir la actuación delictiva y combatirla con eficacia para proteger a la
ciudadanía y preservar la tranquilidad social.
En el ámbito penitenciario
• Llevar a cabo un nuevo diseño de plantillas y de cuerpos al servicio de la
administración penitenciaria.
• Impulsar y priorizar las actuaciones educativas, formativas y laborales y de
tratamiento, en especial, los Programas de Tratamiento para condenados por
violenciadegénero,agresoressexuales,internosderégimencerrado,personascon
discapacidad, enfermos mentales, drogodependientes y prevención de suicidios.
• Fomentar medidas alternativas a la prisión que permitan una reinserción social
efectiva. Además, potenciar mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje
para resolver disputas, y las unidades externas de madres
• Introducir nuevos modelos de gestión e intervención, como los módulos de
respeto. Impulsar y generalizar en todos los centros penitenciarios las unidades
terapéuticas y educativas (UTEs), como modelo alternativo a la prisión tradicional.

• Implementar nuevos programas de intervención con otros colectivos de especial
atención como personas de conducta especialmente violenta o acogida de
internos primarios.
• Desarrollaryconsolidarelrégimenabierto,exceptuandointernosespecialmente
peligrosos pertenecientes a bandas armadas, en concreto, integristas yihadistas
y miembros de delincuencia organizada, condenados por violencia de género,
agresores sexuales y delitos económicos que creen alarma social.
• Fomentar la colaboración y la cooperación entre Administraciones, agentes
sociales, ONGs, etc, con el objetivo de favorecer la reinserción social, formativa
y laboral de los y las internas.
• Intensificar las medidas de seguridad, control e información sobre aquellos
internos especialmente peligrosos pertenecientes a bandas armadas, en
concreto, integristas yihadistas y miembros de delincuencia organizada.
En materia de seguridad vial y movilidad sostenible
• Conformar la educación vial como una herramienta de prevención de accidentes
para lo que se requiere medidas específicas como, entre otras, integrar la
formación en Seguridad vial en los planes de formación obligatoria o promover la
creación de un grado oficial para formar profesionales en Movilidad y Seguridad
Vial.
• Reformar los centros de reconocimiento médico para mejorar el cumplimiento
de sus funciones y de los servicios que realizan.
• Revisar el régimen jurídico de los examinadores de tráfico.
En materia de protección civil
• Implementar la nueva Ley de protección civil en colaboración y coordinación con
todas las administraciones afectadas.

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1.DÓNDE ESTAMOS
Violencia de género
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario,
se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las
mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido
y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la
violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental.
Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia y el número de asesinatos se
mantiene en cifras escalofriantes. Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas
en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003, cuando comenzaron a
recopilarse estadísticas oficiales de víctimas mortales de violencia de género. Una
violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles.
Prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual
Un gobierno socialista puso en marcha el primer Plan Integral de Lucha contra
la trata con fines de explotación sexual (2009-2012), en el marco de la defensa de
los derechos humanos. Fue el primer plan global de nuestro país que prestó una
especial atención a las víctimas, persiguió a los traficantes y proxenetas, apostó por
la prevención y por las campañas de sensibilización. El problema se abordó de forma
integral y coordinada entre todas las administraciones. Un Grupo Interministerial
de Coordinación (Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Interior,
Justicia, Empleo y Seguridad Social y Asuntos Exteriores y Cooperación) realizó un
seguimiento y evaluación del plan y elaboró una Memoria anual. También con el
gobierno socialista se tipificó, por primera vez, el delito de trata en el artículo 177
bis del Código Penal. Posteriormente, la Unión Europa aprobó la Estrategia para la
erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016).
La legislación española no considera el ejercicio de la prostitución como un delito,
tampoco lo es el lucro económico de la prostitución ajena (proxenetismo), solo
considera como delito el ejercicio coercitivo sobre la prostitución y la trata. Sin
embargo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de Febrero de 2014, sobre
explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género asegura
que la prostitución, forzada o no, constituye violaciones de la dignidad humana
contrarias a los principios de los derechos humanos. También señala que considerar

la prostitución como un “trabajo sexual” legal, despenalizar la industria del sexo en
general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres de
la violencia y explotación sino que produce el efecto contrario.
Una sociedad decente, madura y democrática exige avanzar hacia una sociedad segura
y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que
sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos
necesarios para conseguirlo. Exige avanzar hacia un gran pacto de Estado que implique a
todas las Administraciones Públicas para dar respuestas efectivas y de carácter integral
que garanticen a las mujeres e hijos/as víctimas de violencia el derecho a una vida sin
violencia y reponer las dotaciones económicas que se han ido recortando en estos años.
Queremos un modelo donde se proteja a las víctimas pero no se les revictimice. En la
actualidad, se empieza a usar el término superviviente para referirnos a las mujeres
que han sido capaces de recuperar su personalidad y su vida. Debemos ofrecer a las
mujeres y sus hijos e hijas un plan personal, social y laboral.
No podemos olvidar la importancia de la formación de todos los agentes que actúan,
principalmente: judicatura, abogacía, equipos psicosociales, forenses y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Es necesario el reconocimiento legal de que los y las menores que viven situaciones
de violencia en su hogar, son víctimas directas de esa violencia tal y como establece
el Convenio de Estambul.
Naciones Unidas define la trata de seres humanos con fines de explotación sexual
como “el fenómeno de esclavitud del siglo XXI”. Ha negado a la prostitución la
categoría de trabajo porque no reúne las condiciones de dignidad y respeto humano
que requiere una actividad laboral.
La prostitución, la trata y tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación es una
de las manifestaciones más crueles de desigualdad. Suponen una vulneración de los
más elementales derechos humanos al atentar contra la libertad, la integridad, la
salud, la vida, la seguridad y la dignidad de las personas.
La situación de la prostitución en España se caracteriza por su invisibilidad debido
a la clandestinidad en la que se desarrolla y que es la causa principal de su
desconocimiento, porque la prostitución que se conoce, la que es visible, la de la
calle, es la minoritaria.
Por ello, nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a erradicar la prostitución y la

trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a favorecer la dignidad de
las mujeres, a garantizar alternativas, terminar con las redes; acabar con las mafias,
con la esclavitud; proteger y asistir a las víctimas; cooperar con los países de origen;
y concienciar a la ciudadanía de que es un comercio ilícito.
3. PROPUESTAS
• Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han
venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a
la prevención, a la recuperación integral de las víctimas y a su asistencia social,
dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de
proximidad de los Ayuntamientos.
• Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de
servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir
desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para
el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia.
• Poner en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a
las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento
más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la
denuncia hasta el final del proceso.
• Como herramienta de prevención de la violencia de género, publicar la lista
de maltratadores con sentencia firme. Es una medida disuasiva, proactiva y
ajustada a Derecho que ayudará a prevenir el maltrato.
• Establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las
mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
• Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención
de la Violencia de Género.
• Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-
sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
• Poner en marcha un Plan Integral para prevenir, proteger y reparar el daño a
menores víctimas de violencia de género.

• Proceder, de manera inmediata, a la reforma de la legislación en materia
de familia y menores para garantizar la obligatoria suspensión del régimen
de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén
cumpliendo condena por violencia de género con el objetivo de que éstos no se
conviertan en instrumentos de maltrato en manos de sus padres. En ningún
caso se le otorgarán derechos de visita ni custodia a maltratadores condenados.
• Rechazar la custodia compartida impuesta, especialmente, en supuestos de
violencia de género para garantizar el derecho superior del menor y para que
éste no quede en ningún caso desprotegido.
• En consonancia con el Convenio de Estambul, el juez podrá suspender la guarda
y custodia y el régimen de visitas cuando haya indicios de delito de violencia de
género.
• El llamado Síndrome de Alienación Parental será inadmisible como acusación
de una parte contra la otra en los procesos de violencia de género, separación,
divorcio o atribución de custodias de menores.
• Crear una Comisión Parlamentaria que trate específicamente la violencia de
género.
• Exigir que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado,
como forenses, fiscalía y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados
especializados de violencia de género tengan certificada, previamente a ocupar
su puesto, una formación específica en la materia impartida por una institución
acreditada.
• Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de género para abarcar, con las adaptaciones necesarias,
todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación
General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención
y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de
Estambul), que España ha ratificado.
• Elaborar Planes de detección precoz para poder actuar desde los inicios de la
violencia de género.
• Impulsar estrategias de prevención y programas de atención a mujeres
adolescentes víctimas.
• Elaborar programas específicos contra la violencia de género a través de las
TICs con especial incidencia en la población joven.

• Aprobar en nuestra legislación medidas que desarrollen políticas encaminadas
a la abolición de la prostitución.
- Reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa (el que
alquila habitaciones) en los términos del Convenio de Naciones Unidas, lo
que permitirá desmantelar la industria del sexo.
- Introducir la figura de penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo
medie o no consentimiento de la persona prostituida.
- Sancionar la demanda y compra de prostitución.
• Promover un acuerdo global para perseguir, de forma coordinada y eficaz entre
todos los países que se sumen al mismo, la deleznable lacra de la Trata de
Personas con fines de explotación sexual.
• Impulsar una Ley Integral contra la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, que establezca mecanismos adecuados para la prevención,
refuercelapersecucióndeoficiodeldelito,evitelapublicidaddecontenidosexual
y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación
integral de las personas que han sido explotadas.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
1. DÓNDE ESTAMOS
Si existe un ámbito que ha sido especialmente castigado por las políticas del
Partido Popular ha sido el relativo a los derechos sexuales y reproductivos. Al final
de esta legislatura, el PP decidió modificar la legislación para restringir el derecho
a interrumpir su embarazo a mujeres de 16 y 17 años, un colectivo especialmente
vulnerable. Las mujeres jóvenes, en situaciones de gran complejidad y dificultad,
se van a ver abocadas a un problema de consecuencias difíciles de medir en el
ámbito familiar si comunican su situación o a realizar un aborto clandestino, con el
correspondiente riesgo. Imponer el consentimiento de terceros a las niñas menores
de 18 años es contrario a las obligaciones contraídas en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
El segundo ataque que ha realizado el PP a la salud sexual de las mujeres ha sido
la limitación del acceso a los tratamientos públicos de reproducción asistida. En la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para
su actualización han dejado fuera a mujeres de más de 40 años, lesbianas y madres
solas. El gobierno justificó la decisión con la siguiente frase: “La ausencia de varón
no es un problema médico sobre el que la Sanidad tenga que hacerse cargo”. Esta
argumentación muestra que estamos ante un ataque ideológico a los derechos de las
mujeres.
El Partido Socialista fue el impulsor en 2010 de la Ley de la salud sexual y reproductiva
y de interrupción del embarazo. Esta ley contó con los apoyos de todos los grupos salvo
el PP. Apostamos por recuperar ese marco legal y desarrollarlo en su totalidad. No
solo debemos garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en los plazos
fijados, sino que debemos profundizar en el desarrollo de la primera parte de la ley,
la relativa a la salud sexual, ya que el objetivo de esta Ley Orgánica es el de evitar los
embarazos no deseados.
El Gobierno también ha de velar por la educación sexual y reproductiva de colectivos
especialmente sensibles y con serias dificultades: el de las mujeres prostituidas, el
de las mujeres inmigrantes y el de las mujeres con algún tipo de discapacidad.
3.PROPUESTAS
• Preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las
mujeres de 16 y 17 años tal y como estaba previsto en la ley de educación sexual
y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2010.

• Impulsar políticas activas de educación y prevención a través de campañas
informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar a nivel
general y, de forma específica, con el desarrollo de programas educativos, a
acordar con las Comunidades Autónomas, dirigidos a los sectores poblacionales
de mayor riesgo, como es la juventud.
• Colaborar con las Comunidades Autónomas para favorecer la implantación y
buen funcionamiento de una red de centros de salud sexual y centros jóvenes.
• Ofrecer educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en
todas las etapas educativas.
• Promover programas y acciones específicas que tengan como destinatarias a
las mujeres que ejercen la prostitución y a las mujeres que proceden de otros
países y que, principalmente por razones culturales, integración y a veces
incluso de idioma, suelen tener mayores dificultades y un mayor número de
embarazos no deseados y enfermedades de origen y/o transmisión sexual.
• Garantizar un correcto y adecuado acceso a todos los programas y recursos de
salud sexual y reproductiva a las mujeres con algún tipo de discapacidad.
• Restablecer la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud los
tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres.
• La mutilación genital femenina es una grave violación de los derechos humanos,
un acto de violencia contra las mujeres y una muestra extrema de la desigualdad
de género, que atenta no solo contra los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, sino que les niega su derecho a la salud. En España, desde el
año 2003, constituye un delito recogido en el ordenamiento jurídico del Código
Penal, con penas de seis a doce años de prisión. Más de 65.000 mujeres y niñas
residentes en territorio español proceden de países donde se practica la MGF,
constituyendo un factor de riesgo importante (aunque no determinante por sí
solo). Por ello, es totalmente imprescindible que desde el gobierno se asuma
el compromiso de la erradicación de estas prácticas, fomentando y llevando a
cabo protocolos como los diseñados en Aragón, Cataluña o Navarra, donde el
sistema educativo, el sistema sanitario y los Servicios Sociales se coordinan
(combinando perspectiva de género y perspectiva transcultural) para la
prevención y detención de mutilaciones, especialmente a niñas y adolescentes
y la puesta en marcha de planes de coeducación, de forma obligatoria, en cada
centro educativo.

IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD
1.DÓNDE ESTAMOS
ElúltimoGobiernosocialistaenEspañaconvirtiólaigualdadde tratoydeoportunidades
en uno de los temas centrales de su agenda, ambicionando una sociedad cada vez
más decente; una sociedad en la que las instituciones no discriminaran a personas y
colectivos, donde los poderes públicos velaran porque dentro de la misma sociedad
civil no se produjera abuso, discriminación, comportamientos humillantes hacia
personas y colectivos. No parece exagerado afirmar que, a lo largo de las dos últimas
legislaturas de gobierno socialista, nuestro país se puso a la vanguardia mundial en
la lucha contra las discriminaciones.
Por el contrario, durante estos años de gobierno popular no se ha avanzado e incluso
se ha recortado en las políticas públicas específicas de igualdad y se han atacado
derechos fundamentales.
El PSOE asume como compromiso principal la implementación de un modelo claro
para y por la igualdad. Si hay una seña de identidad del socialismo que resume todo
lo demás es la defensa de la igualdad. La igualdad es principio y valor fundamental de
la acción política de un partido de izquierdas como el nuestro.
Pretendemos situar de nuevo al Partido Socialista a la vanguardia de la lucha contra
la discriminación, con una serie de propuestas programáticas que sitúan la igualdad
y los derechos de la ciudadanía como elemento vertebral de nuestras políticas
de gestión de la diversidad. Por ello, las políticas de igualdad, sin abandonar la
tradicional aproximación de la mejora de las condiciones socio-económicas de los
sectores vulnerables, deben adoptar el enfoque de extensión de los derechos de
ciudadanía.
3.PROPUESTAS
Igualdad de Trato y no discriminación
• Impulsar un proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que
garantice la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento,
origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad,
orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, incorporando a nuestro ordenamiento la
Autoridad contra la Discriminación, con competencia en todos los campos y por
todos los motivos de discriminación, autónoma y eficaz, los mecanismos de
inversión de la carga de la prueba y la ampliación de la legitimación para la
defensa del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación.

• Aprobar, tras el estudio y seguimiento del fenómeno, una Ley Integral Contra los
Delitos de Odio que incluya medidas de prevención, sensibilización y sanción,
así como de ayuda, denuncia y atención a las víctimas. Los delitos de odio deben
ser perseguibles de oficio, su prescriptibilidad debe prolongarse y su sanción
penal debe ir acompañada de formación.
• Implantar fiscalías especializadas en la persecución de los delitos relacionados
con la discriminación, la intolerancia y el odio.
• Sensibilizar, formar e informar a todas las personas de la Administración
de Justicia y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acerca de la
tipología, características y necesidad de combatir la discriminación y los delitos
de odio.
• Impulsar un Plan de Acción contra las Discriminaciones que afronte el
fenómeno de manera integral, tanto desde el punto de vista de los motivos de
discriminación, como de los ámbitos en los que se produce. Coordinará las
actuaciones de las distintas administraciones públicas, reforzando la formación
de los empleados públicos, operadores jurídicos y sociales. Establecerá medidas
de apoyo y acompañamiento a las víctimas de la discriminación, así como a
las organizaciones que trabajan en estos ámbitos, para la obtención de justicia,
reconocimiento y reparación e incluirá indicadores concretos para medir los
resultados de las medidas, su dotación y memoria económica.
• Impulsar la aplicación efectiva de la Ley de Partidos para ilegalizar los partidos
racistas, xenófobos, y los que promuevan la discriminación, el odio y la violencia.
Medidas contra la discriminación racial y étnica
• Impulsar un Plan integral contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia
asociada, incluyendo la formación antidiscriminatoria, los Derechos Humanos y
la Tolerancia activa en todos los ámbitos educativos.
• Incorporar en los planes educativos la diversidad étnica/racial y la
interculturalidad, con el objetivo de visibilizar la diversidad étnica y racial de la
sociedad española.
• Apostar por la Mediación Social Intercultural como herramienta de prevención
y resolución de conflictos, para favorecer la convivencia y potenciar la
comunicación.
• Promover la declaración de un Día de la Memoria de la Esclavitud e impulsar la
creación del Instituto de Cultura Afro como instrumentos de reconocimiento de
la diversidad cultural y de apoyo a la comunidad negra, afroespañola, africana
y de afrodescendientes en España.

• Impulsar, promover y apoyar en nuestro país las líneas de trabajo e intervención
establecidas por Naciones Unidas en la Declaración del Decenio Internacional
de los Afrodescendientes 2015 / 2024.
Medidas para la inclusión social del Pueblo Gitano
• Impulsar la creación de la Delegación del Gobierno para el Pueblo Gitano como
órgano político y administrativo de coordinación de las acciones del gobierno
para la población gitana y de colaboración con el resto de administraciones
públicas autonómicas y locales para promover políticas de desarrollo de la
comunidad gitana.
• Elaborar un Libro Blanco sobre la discriminación y para la Inclusión Social del
Pueblo Gitano, que establezca una nueva Estrategia Nacional de Inclusión de la
Población Gitana, ampliando sus ejes de intervención actuales (vivienda, salud,
empleo y educación) a los ámbitos de la cultura y la lucha contra la romofobia.
• Apoyar la creación del European Romani Institute (ERI), el proyecto del Instituto
de Cultura Gitana Europeo. En este sentido, se impulsará desde el Gobierno
de España la promoción, reconocimiento y apoyo del romanó, como expresión
de la lengua y cultura del pueblo gitano, de acuerdo con los instrumentos
internacionales ratificados por España en este ámbito.
Combatir la discriminación por discapacidad
• Desarrollar plenamente la Ley de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin
de alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad, respetando su
dignidad y garantizando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad
de condiciones, y la autonomía personal.
• Reforzar la protección jurídica contra la discriminación y delitos de odio por
razón de discapacidad, garantizando el desarrollo autonómico del sistema de
infracciones y sanciones previsto en la actual legislación y su efectiva puesta
en marcha, promocionando el sistema de arbitraje previsto e incorporando
indicadores.
• Revisar la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
y, especialmente, la referida a los internamientos forzosos, la restricción del
derecho de sufragio y la esterilización no consentida.

Medidas para la igualdad efectiva de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales
e intersexuales y contra la discriminación por orientación sexual e identidad de
género
• Aprobar una Ley para la Igualdad efectiva de lesbianas, gais, transexuales,
bisexuales e intersexuales y contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género para:
- Implementar en todos los niveles educativos y de forma transversal una
adecuada educación en valores y reconocimiento de la diversidad sexual
y familiar, desarrollando especialmente programas contra el acoso
escolar hacia los adolescentes y jóvenes y familias LGTBI , la formación
de profesionales y el desarrollo de materiales didácticos.
- Impulsar en el ámbito sanitario programas encaminados a hacer frente a
la discriminación, los prejuicios y otros factores sociales que menoscaban
la salud de las personas debido a su orientación sexual o identidad de
género.
- Garantizar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a
funcionarios públicos, actores judiciales, agentes de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y personal de las administraciones públicas.
- Impulsar estudios sobre la situación de la población LGTBI y la
discriminación por orientación sexual e identidad de género, incorporando
además la variable de la orientación sexual y la identidad de género en los
diferentes estudios sociológicos que se realicen.
- Recuperar y mantener la memoria histórica de lucha del movimiento
LGTBI, así como promover la creación y difusión de la cultura de temática
LGTBI.
• Aprobar una ley integral para las personas transexuales que:
- Impulse un plan de inserción laboral y fomento del empleo para las
personas transexuales.
- Actualice la Ley de Identidad de Género: elimine el requisito de la
temporalidad del tratamiento y del diagnóstico por disforia de género,
inclusión de menores en la Ley; y que posibilite la adecuación de nombre y
de sexo en la tarjeta de residencia de personas transexuales extranjeras.

- Establezca un protocolo que no indique patología alguna para la atención
de las personas transexuales en la sanidad pública, y considerar como
una prestación más de la cartera de servicios sanitarios obligatorios el
tratamiento de reasignación de sexo.

- Implemente un protocolo de trato, intervención educativa y apoyo para
menores y mayores transexuales y las personas intersexuales, su
derecho a ser tratados conforme a su identidad sexual incluyendo el
uso de uniformes, la realización de actividades y el uso de instalaciones
segregadas, así como medidas contra la transfobia.
• Incorporar de forma transversal en todos los niveles educativos la enseñanza
de educación sexual que incorpore la formación sobre los derechos sexuales y
los derechos reproductivos e integre la diversidad sexual y familiar.
• Garantizar el acceso de todas las personas, con independencia de su orientación
sexual y estado civil, a la reproducción asistida dentro del sistema sanitario
público.
• Impulsar medidas que garanticen y faciliten el acceso a la adopción nacional de
las parejas LGTBI y promover acuerdos con terceros países para impulsar la
adopción internacional, así como dar una adecuada respuesta a los problemas
que se producen en el ámbito del registro y la filiación de las parejas del mismo
sexo.
• Abordar y promover medidas ante la violencia intrafamiliar en las parejas del
mismo sexo.
• Promover programas de atención y apoyo a la población mayor y dependiente
LGTBI que impidan la discriminación, la desatención o la violencia hacia esta
población en todos los ámbitos, y especialmente en centros de días y residencia
de mayores.
• Mejorar los mecanismos existentes para el estudio y otorgamiento, en su caso,
de la condición de asilado y el acceso a la protección subsidiaria por motivos de
persecución fundada en la orientación sexual o identidad de género, así como
la denuncia de las políticas y actuaciones de aquellos gobiernos que penalicen
o discriminen por motivos de orientación sexual e identidad de género.
• Impulsar los programas de cooperación al desarrollo que promuevan y
garanticen los derechos humanos de las personas LGTBI.
• Promover la conmemoración institucional del 28 de junio, día del Orgullo LGTBI, y
del 17 de mayo, día internacional contra la discriminación por orientación sexual
e identidad de género (LGTBIfobia), y apoyar institucionalmente la celebración
del World Pride 2017 en Madrid.
Medidas para garantizar la no discriminación por edad
• Revisar toda aquella legislación, norma o práctica para evitar una discriminación
basada en la edad, analizando aquellos elementos que dificultan el acceso de

las personas a actividades laborales, profesionales, políticas y sociales, con
criterios exclusivos de edad.
• Analizar las limitaciones en función de la edad respecto al acceso de las
personas a actividades, recursos y servicios públicos o privados.
• Realizar un Plan de Actuación Intergeneracional, a fin de impulsar el encuentro
entre generaciones, fomentando el conocimiento y educando contra los
estereotipos, sensibilizando respecto a la no discriminación por edad, evitando
que ésta no sea motivo de exclusión e impulsando iniciativas que hagan del
ámbito público y político un espacio intergeneracional.
Garantizar la no discriminación por creencias, convicción u opinión
• Promover e impulsar iniciativas que eduquen a la Ciudadanía en los Valores
Comunes tales como Educación para la Ciudadanía y el programa de Alianza de
Civilizaciones.
• Impulsar los Observatorios contra la Islamofobia y contra el Antisemitismo que
velen por la no discriminación hacia la población musulmana y judía en España,
y promuevan medidas, análisis y estrategias para combatirlas.
• Promover Cementerios Públicos No confesionales.
Medidas para la no discriminación por enfermedad.
• Promover la eliminación de todas aquellas actitudes, normas y prácticas que
generen estigma, discriminación y/o trato diferente por motivos de enfermedad,
en los ámbitos laboral, social, escolar y económico, así como impulsar el
estudio y revisión de las actuales limitaciones por motivos de enfermedad en el
acceso al empleo y los servicios a fin de modificar aquellas normativas que no
se adecuen a las necesidades de salud actuales.
• Incidir y ampliar la protección contra la discriminación por motivo de enfer-
medad, a la familia y al entorno de la persona afectada por la enfermedad.
• Impulsar medidas sobre la importancia de un uso adecuado del lenguaje, por
parte de los medios de comunicación, para evitar que se generen connotaciones
negativas y una estigmatización social por motivos de salud, por parte de la
sociedad y de la opinión pública.
• Poner en marcha el Pacto Social contra la Discriminación de las personas
con VIH elaborado por el anterior gobierno socialista con la colaboración de
múltiples actores y extenderlo y adaptarlo para que dé cobertura a las personas
que padecen hepatitis virícas.

LAICIDAD
1.DÓNDE ESTAMOS
Desde el PSOE, frente a quienes responden a los desafíos con menos derechos, menos
democracia e imposición ideológica, perseguimos con carácter general la igualdad,
la solidaridad, el respeto a la libertad de conciencia y religiosa y la convivencia en
libertad para, desde la diversidad, construir más ciudadanía y más igualdad.
Dar una respuesta clara y concluyente en este sentido es para el PSOE fundamental,
porque un Estado que no define con claridad la libertad de conciencia y de religión
es un Estado que permite desequilibrios y desigualdades, privilegia a una parte de
la ciudadanía y renuncia a la igualdad plena y a la libertad de conciencia; de ahí que
apostemos con nitidez por la construcción de un Estado laico.
La consecución formal de este Estado laico, con separación efectiva entre el poder
de las instituciones democráticas y las religiosas, se logra con la aprobación de la
Constitución de 1978. Nos encontramos en una fase de consolidación no sólo jurídica
sino también cultural del proceso de construcción de una laicidad efectiva del Estado
y de su encaje con el pluralismo cultural y religioso de la sociedad española.
La laicidad del Estado reclama su neutralidad y la defensa de la libertad de conciencia.
Defendemos la igualdad y la convivencia en libertad.
A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales perviven cuatro
cuestiones que deben afrontarse con determinación:
La asimetría de la normativa jurídica del derecho de libertad religiosa
Esta situación de desigualdad efectiva de las diversas confesiones religiosas debe
afrontarse con un diálogo abierto entre el Estado y el conjunto de las confesiones
de acuerdo con los principios de igualdad y neutralidad exigidas por la laicidad del
Estado. De la misma manera que la libertad de conciencia y la laicidad exigen tratar
por igual las convicciones, el Estado no puede distinguir unas convicciones sobre
otras, ni unas confesiones de otras.
La pervivencia de confesionalidad en actos, símbolos y espacios públicos
En sintonía con el artículo 16 de la Constitución, el Estado debe actuar de acuerdo con
el principio de neutralidad. Así, se evitará cualquier tipo de confusión entre funciones
públicas y funciones religiosas en todo lo referente a actos institucionales, símbolos
y espacios públicos.

La autofinanciación de las confesiones religiosas
Optamos por la contribución activa y voluntaria de las personas afines a sus iglesias
como medio adecuado para lograr una plena autonomía de las mismas en su
sostenimiento.
El sistema de asignación tributaria actual no es aceptable debiendo de ser suprimido
en aplicación del principio de laicidad.
La enseñanza de la religión en los centros públicos
Defendemos una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos
y respeto de las creencias privadas. De ahí que, en nuestro modelo de escuela pública
no quepa la integración, ni en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas
confesionales.
Promoveremos la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en
términos de integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural y
para evitar, por ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos.
3. PROPUESTAS
• Actualizar en la Constitución el principio de laicidad según la interpretación del
TC, y suprimir la referencia a la Iglesia Católica. Contemplar en este precepto
el sometimiento de los representantes de los poderes públicos al principio
de neutralidad religiosa en sus actuaciones, que deberá regir también en la
organización de actos institucionales. Incluir que la objeción de conciencia por
motivos ideológicos, religiosos o de creencias solo se reconoce en los casos
expresamente previstos por la Constitución o la ley.
• Aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia que establezca un
estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas.
• Introducir criterios de actuación para las autoridades públicas en actos
religiosos.
• Las tomas de posesión o promesa de cargo se harán únicamente ante un
ejemplar de la Constitución.
• Elaborar un protocolo para la organización de actos de Estado de carácter civil.
• Conservar los símbolos religiosos institucionales de edificios de carácter
público cuando se encuentren en espacios destinados al culto o cuando formen
parte de los elementos estructurales, estéticos o artísticos de la edificación o
monumento. Los demás, previa catalogación y dictamen, se retirarán.

• Denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede.
• Avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas.
• Establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones
religiosas que no estén afectos a uso de culto o social.
• Reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes
que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha
inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que
justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que
se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad
privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado
formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.
• Proceder a la transformación de los lugares de culto en los centros públicos en
lugares de oración multiconfesionales.
• Establecer un nuevo y renovado marco legislativo que vele por el buen uso y
correcto funcionamiento de aquellos bienes inmuebles de interés cultural
pertenecientes a la iglesia católica o a otras instituciones, y que establezca
mecanismos que eviten que los inmuebles lleguen a encontrarse en situación
de abandono.
• Promover Cementerios Públicos No confesionales.
• Recuperar iniciativas que educan a la población en los valores comunes como
es la Educación para la Ciudadanía.

UNA VISIÓN PROGRESISTA DE LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN
1. DÓNDE ESTAMOS
El ser humano es un ser social que se caracteriza por su capacidad para el lenguaje
y su inclinación, casi su necesidad, a comunicarse con los que le rodean y con la
sociedad en su conjunto. Por tanto, la información y la comunicación no son meras
mercancías, ambos conforman el derecho fundamental a la libertad de expresión,
fundamental para la supervivencia de la democracia. Por ello, el Estado debe actuar
como sujeto activo para garantizar su preservación.
La comunicación y la cultura son el espacio de la innovación y la fuente de los cambios
sociales hacia una sociedad democrática profunda, el caldo de cultivo donde se
pronuncianysegestionanlosdisensosyelmáspoderosomecanismodetransformación
social. Son, además, fuente de contenidos simbólicos y económicamente valiosos.
El surgimiento de los ordenadores personales, la telefonía móvil e internet han
transformado nuestra sociedad, afectando también a los medios tradicionales como
la prensa, la radio y la televisión al acelerar el flujo de la información.
Somos testigos en las últimas dos décadas de la aparición de diarios digitales sin
coste para el usuario, de las versiones digitales libres o de pago de los periódicos
en papel, y sobre todo de la fenomenal novedad de los blogs, microblogging y las
redes sociales en internet, como Facebook o Twitter, que permiten una experiencia
de comunicación y transmisión y recepción de información carentes de mediadores
como han sido tradicionalmente la prensa y los medios audiovisuales de masas.
Las personas que consumen información se han convertido también en creadores
de contenidos lo que ha repartido la generación de información, y favorecido la
aparición de nuevos “influenciadores”. Los y las periodistas han perdido peso
social.
Los medios de comunicación en España presentan una estructura organizativamente
pegada a los soportes tradicionales, y están viviendo una crisis de credibilidad
que proviene en gran medida de su dependencia económica. Ésta es aún mayor
en la información regional y local, donde la debilidad del sector de los medios de
comunicación es más perceptible, y donde se hace más necesario el apoyo a proyectos
periodísticos plurales pilotados por profesionales independientes.
Los medios de comunicación públicos pasan por un momento muy delicado, que
afecta a su credibilidad informativa y a su viabilidad económica.
El regreso al gobierno del PP ha supuesto un ataque al modelo de radio y televisión
pública independiente y plural que introdujo la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio
y la televisión de titularidad estatal.
Se ha vuelto, de esta forma, a un sistema de elección de la Presidencia y de las vocalías
del Consejo de RTVE que ha gubernamentalizado de nuevo la Corporación, lo que ha

redundado en la manipulación de los servicios informativos, con clara vulneración de
los principios de independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor.
A ello se ha añadido la pérdida de calidad de la programación, como consecuencia
de una drástica reducción de los recursos vinculados con el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público y de la caída del resto de ingresos como consecuencia
de la crisis económica. El sistema de financiación previsto por la Ley de 2009 no previó
tres circunstancias relevantes en el tiempo: la litigiosidad en torno a las aportaciones
previstas, las estrategias de los operadores para evitar o reducir los pagos y un
escenario prolongado de crisis económica y su repercusión negativa en el capítulo de
ingresos del Estado.
En fin, y en relación con el conjunto del sector audiovisual, el Gobierno ha mostrado
un escaso, por no decir nulo, interés en su función de supervisión, función que es vital
para garantizar derechos básicos en una sociedad democrática como son el derecho
a la libertad de expresión y a la información libre y veraz. Éste es el sentido de la
supresión por el Gobierno del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
Los y las socialistas apostamos por un proyecto de sociedad donde la información
sea un bien público, la comunicación un proceso participativo e interactivo, el
conocimiento una construcción social compartida, y las tecnologías de la información
y la comunicación un soporte que empodere a la ciudadanía y potencie las relaciones
sociales.
Junto a los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, emerge el
derecho de la ciudadanía al acceso y transmisión de la información y opinión, como un
derecho autónomo, clave en la Sociedad de la Comunicación, que ha de caracterizarse
por la defensa del pluralismo.
Hoy en día la pérdida de peso social de la profesión de periodismo es evidente: ya
no es el único que informa, pues internet y las redes sociales han convertido a la
ciudadanía en un generador de contenidos. Sin la intermediación del periodista se
corre el riesgo de que puedan perderse valores inherentes al propio hecho informativo
como la independencia, acabando devaluándose el propio derecho a la información.
La independencia, el rigor informativo o el fomento de una actitud crítica en la
ciudadanía son consustanciales al ejercicio de la profesión periodística y a los procesos
formativos de las facultades de comunicación; por ello desde el PSOE defendemos
también el papel de intermediación que desarrollan los medios de comunicación así
como el papel del periodismo en este sentido, por lo que legislaremos a favor de
fortalecer la posición de estos profesionales, que son tan importantes para el buen
funcionamiento de la democracia.
Con relación a la concentración de los medios en grandes grupos de comunicación

y a su dependencia económica, se requiere de una actuación decisiva por parte
de los poderes públicos con la constitución efectiva del Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales, quecontribuyaalaproteccióndelospequeñosproyectosempresariales
o comunitarios así como una regulación de los conflictos de interés.
Asimismo, es preciso colocar el valor de la transparencia en el centro de la actividad
de la comunicación profesional. Los medios de comunicación deben también cumplir
unos estándares de transparencia respecto a su organización y financiación.
Es necesario acometer, a su vez, una serie de medidas tendentes a garantizar una
radio y una televisión pública estatal independiente y plural, que cumpla con su
función de servicio público y con los principios de objetividad, rigor, y pluralismo.
IgualmentedebemosasegurarlaestabilidadfinancieradelaCorporaciónRTVE,fijando
unos ingresos suficientes para que pueda desarrollar su función de servicio público
con independencia, calidad y capacidad de satisfacer las necesidades democráticas,
sociales y culturales mayoritarias de la ciudadanía y con la necesidad de preservar el
pluralismo de los medios de comunicación en España.
3. PROPUESTAS
Pluralismo en los medios de comunicación
• Puesta en funcionamiento del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para
garantizar la supervisión, la transparencia y el pluralismo en el convergente
sector audiovisual y el de las telecomunicaciones, así como el cumplimiento
de la misión y las obligaciones legales atribuidas a los prestadores del servicio
público de comunicación audiovisual.
• Favorecer fórmulas de cooperativismo entre periodistas y otras fórmulas para
garantizar el pluralismo, promoviendo una oferta de calidad.
Imparcialidad, pluralismo, calidad y sostenibilidad financiera de los medios de
comunicación públicos
• Regresar al modelo de elección de la Presidencia y las consejerías de la
Corporación RTVE mediante una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso
de los Diputados para garantizar la independencia y el pluralismo en la
elección de sus órganos de dirección. Dicha elección se realizará de acuerdo
con el sistema de nombramiento propuesto para los órganos constitucionales y
organismos reguladores.
• Fusionar y actualizar en una Ley la normativa encadenada en el tiempo, desde
2006 hasta 2015, que regula la actividad de la Corporación RTVE.

• Mejorar el sistema de financiación de la Corporación RTVE, con nuevos ingresos
y con nuevos mecanismos que garanticen la continuidad, la suficiencia e
independencia financiera de la Corporación.
• Asegurar un sistema integral de información, con indicadores cualitativos y
cuantitativos sobre la calidad y la presencia de los distintos grupos sociales y
formaciones políticas en los espacios informativos de RNE y TVE, que permita
evaluar el pluralismo, la imparcialidad y el acceso de los distintos grupos,
haciendo especial hincapié en el respeto a la igualdad de género en los
contenidos.
• Elaborar un Estatuto que regule la condición de Servicio Público de la Agencia
EFE en aquellas actividades que tengan esta naturaleza. Dicho Estatuto fijará el
control parlamentario de su actuación.
Transparencia en la publicidad institucional
• Velar por que las adjudicaciones de publicidad institucional por parte del Estado
sehagandeacuerdoconloscriteriosobjetivosdeimplantaciónsocial yterritorial
y de difusión y penetración del correspondiente medio informativo, así como
la libre concurrencia y la igualdad de todos los medios de comunicación, como
marca la normativa vigente, todo ello con total transparencia.
• Detallar y hacer pública la cuantía de la inversión en publicidad institucional por
medio y los criterios que se siguen para dicha contratación.
• Exigir que los medios den a conocer periódicamente los ingresos que reciben
por parte de cada administración por publicidad institucional y qué porcentaje
de sus ingresos supone.
Nuevas tecnologías y medios de comunicación
• Promover líneas de crédito y ayudas financieras del Instituto de Crédito Oficial,
específicamente diseñadas para el sector de la prensa escrita, tanto para
empresas como para autónomos.
• Establecer líneas de subvenciones y préstamos reembolsables para la
renovación tecnológica del sector de la prensa escrita.
• Fomentar la constitución de pymes y cooperativas de profesionales para la
constitución de empresas de información digital.
• Ofrecer ayudas dentro de la tipología de proyectos de I+D+i orientados al
desarrollo de productos y servicios digitales nuevos o, sustancialmente
mejorados y la mejora de su eficiencia energética.

• Potenciar la televisión inteligente o híbrida como un nuevo modelo de negocio
que generará riqueza y empleo, que favorecerá la libertad y el pluralismo de
los medios de comunicación audiovisual pero garantizando unas condiciones
óptimas de competitividad y de regulación para salvaguardar unos intereses
sociales de importancia primordial, entre los que se encuentran la protección
de los menores de edad y la no discriminación por razón de origen étnico o
cultural , género, orientación sexual, religión, discapacidad o nacionalidad.

MEMORIA HISTÓRICA
1. DÓNDE ESTAMOS
En el año 2007, el gobierno socialista aprobó la ley por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley de Memoria Histórica), con un
amplio consenso. Solo tuvo el voto en contra del Partido Popular y de ERC.
Lideramos, así, una de las reivindicaciones históricas de colectivos muy sensibilizados
con nuestra más reciente historia. En esta ley se ampliaron y reconocieron los
derechos de todos aquellos que padecieron la persecución y la violencia de la Guerra
Civil y de la Dictadura franquista.
Si evaluamos su aplicación, es una ley que tuvo un alto grado de cumplimiento. De
esta forma, se ha procedido a la declaración personal de reparación y reconocimiento
como víctimas del franquismo de miles de personas. Se han mejorado las prestaciones
que venían percibiendo las víctimas de la guerra y el franquismo y se han reconocido
prestaciones a nuevos colectivos, como los denominados “niños de la guerra”, las
víctimas del tardofranquismo o las personas homosexuales que fueron represaliadas
por serlo.
Se intensificó la labor de retirada de símbolos franquistas. Se concedió la nacionalidad
española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales. Se creó,
en 2008, la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para una atención e
información centralizada al colectivo. Se articuló un procedimiento para el acceso a
archivos, incluidos los históricos.
Se elaboró un mapa de fosas y se articularon protocolos para la localización,
exhumación e identificación de los desaparecidos y se apoyó con dinero público
esta tarea. Se hizo hasta que el PP llegó al Gobierno y redujo a 0 € esta partida
presupuestaria y suprimió la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura.
Consideramos que hay que dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica. Las
recomendaciones de Naciones Unidas marcan el camino a seguir en la gestión de
la memoria histórica. Básicamente, el Estado debe asumir directamente la gestión
de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las
víctimas. Se trata de que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva y no dependa
de la voluntad del gobierno de turno.

3. PROPUESTAS
• Recuperar y reforzar la dotación de partidas presupuestarias relacionadas con
las exhumaciones.
• Asegurar la coordinación con Ayuntamientos y asociaciones en las actividades de
exhumación e identificación y actualización permanente de los mapas de fosas.
• Proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares
y asociaciones de víctimas, caminando así hacia una mayor dignificación y
reconocimiento de su trabajo.
• Proceder a la reapertura y potenciación de la Oficina de Ayuda a Víctimas de la
Guerra Civil y la Dictadura, que creó el Gobierno socialista para el cumplimiento
de los objetivos contemplados en la Ley de Memoria Histórica.
• Crear Bancos de ADN con la urgencia y celeridad que obliga la avanzada edad de
muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil
y la Dictadura.
• Asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de
símbolos franquistas en instituciones y lugares públicos, para evitar la aplicación
arbitraria que se está produciendo en algunos municipios.
• Excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o
entidad que ensalce o defienda la Dictadura o la figura del dictador Franco, el
nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o
vejatorio para las víctimas.
• AplicarconcarácterurgenteelnuevosignificadodadoalValledelosCaídosporla
Ley de Memoria Histórica, dando efectividad a las recomendaciones del informe
de la Comisión de Expertos en la materia. El conjunto monumental deberá dejar
de ser un lugar de homenaje a las víctimas de una de las partes implicadas en la
Guerra Civil, para convertirse en un espacio para la cultura de la reconciliación,
de memoria colectiva democrática, dignificación y reconocimiento a todas las
víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
• Promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las
recomendaciones de Naciones Unidas.
• Estudiar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales
penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.
• Abrir los archivos de instituciones y dependencias oficiales con información
sobre la represión franquista. Asegurar que se razone debidamente en derecho
la clasificación y secreto de los documentos. Respaldar las investigaciones que
profundicen en la recuperación de la memoria histórica.

• Abordar el robo de miles de bebés en España, entre 1940 y 1990, como un
problema de Estado. Articular los procedimientos legales que permitan
investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos de lesa humanidad, como
han sido calificados por la Comisión de Naciones Unidas en el informe sobre
personas desaparecidas. Dotar de cobertura jurídica, psicológica y asistencial a
las víctimas.
• Establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como
día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo.
• Fomentar en el sistema educativo los contenidos que se deriven de todos los
trabajos realizados a favor de la memoria histórica.

UNA ECONOMÍA AL
SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA

| UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
UNAECONOMÍAALSERVICIODELBIENESTARDETODALA
CIUDADANÍA
Crear empleo estable, dignamente retribuido, es el objetivo que orienta todo el
programa económico socialista. Como prueba de que salimos de la crisis y no solo de
la recesión, como demostración de nuestra voluntad de cambio al servicio de toda la
ciudadanía.
Los y las socialistas queremos preparar a España para superar los retos y aprovechar
las oportunidades del siglo XXI en beneficio de toda la ciudadanía. Esto implica, en
el ámbito económico, apostar por una economía eficiente y competitiva, creadora de
empleo, que no desconozca el marco transnacional en el que se desenvuelve, con
un sistema energético limpio, que genere una prosperidad que beneficie de forma
incluyente a todos, que implique una disminución de las desigualdades. Actuaremos
en el corto plazo pensando en la España que queremos para el medio y el largo
plazo, apostando por la digitalización de los sectores productivos de la economía, la
transición energética, la innovación y el desarrollo, las políticas que incrementen la
cohesión social y la transformación sostenible de nuestra sociedad como vectores de
prosperidad, productividad y empleo, a medio plazo.
Superar la crisis económica exige maximizar el crecimiento económico mediante
la mejora de la productividad de nuestra economía pero garantizando también una
redistribución de los frutos de ese crecimiento que reduzca las desigualdades. Se
trata de garantizar que no sólo cumplimos con los requisitos impuestos desde Europa
(reducción del déficit, fundamentalmente) sino también que el crecimiento económico
generado se dirija, de forma prioritaria, a reducir la desigualdad.
La economía española está superando la mayor recesión de su reciente historia
democrática. La está superando, en gran medida, gracias a un contexto favorable,
ajeno a las decisiones de política económica nacional, en el que destacan una caída
espectacular de los precios del petróleo y una importante intervención del Banco
Central Europeo en los mercados de deuda. Pero ni la continuidad de la recuperación
está asegurada, ni hemos resuelto los muchos desperfectos sociales sufridos
como consecuencia de las políticas conservadoras aplicadas durante estos años.
El modelo impuesto de devaluación salarial no es sostenible en el tiempo ya que
perjudica la reactivación del consumo de las familias, pone en riesgo la financiación
de las pensiones públicas, al reducir las bases de los cotizantes y, además, agudiza
peligrosamente las diferencias amenazando la cohesión social nacional. Necesitamos
un cambio en el rumbo de la política económica que no solo tenga como objetivo
conseguir un mayor crecimiento estable sino un mejor reparto social de los frutos
del mismo. Necesitamos reorientar nuestro tradicional modelo de crecimiento hacia
premisas de mayor eficiencia en el uso y consumo de recursos.

Todo ello, teniendo en cuenta las nuevas realidades a las que nos enfrentamos como
país, después de que el mundo haya sufrido una gran crisis financiera internacional
propiciada por los principios neoliberales de estado mínimo y no intervención en los
mercados globales. Nuevas realidades como las derivadas de los cambios económicos
y políticos experimentados tras la internalización del capital como factor productivo.
• Hoy, una cuarta parte del PIB mundial está generada ya por actividad
internacional, bien a través de filiales en el extranjero de alguna multinacional
o bien a través de la exportación, y la previsión es que el comercio mundial se
multiplique por dos o tres en términos reales en los próximos veinte años.
• En las últimas tres décadas el comercio mundial se ha multiplicado por diez,
pero el stock de inversiones directas extranjeras por más de 40. Las empresas ya
no se limitan a exportar, sino que invierten en el extranjero, compran empresas
o establecen nuevos centros de producción. Además crean Cadenas de Valor
Global, es decir ‘descomponen’ un único proceso de producción (ejemplo un
coche) en varios subprocesos (ejemplo I+D, producción del circuito eléctrico,
del motor etc. ensamblaje final...), que se desarrollan en distintos países y
que generan tráfico de productos y servicios intermedios entre las distintas
ubicaciones. Hoy casi el 60% del comercio mundial está integrado en cadenas
de valor global (CVG), controladas generalmente por alguna multinacional.
La globalización y la tecnología están acelerando el ritmo al que las economías
menos avanzadas se acercan al nivel de desarrollo alcanzado en otras partes de
mundo. Fruto de estas dos grandes megatendencias, el desarrollo y la riqueza ya no
están tan concentrados en un puñado de países occidentales y los países emergentes
están asumiendo cada vez más protagonismo en la economía y la política mundial.
Este cambio trae consigo mucho más que un simple movimiento geográfico: es una
verdadera revolución para nuestra forma de hacer negocios y gestionar empresas.
Además, la extrema movilidad que produce la globalización implica una extrema
competencia, que reduce drásticamente la capacidad de actuar de los Gobiernos en
muchos ámbitos. El resultado es una carrera hacia abajo en muchas áreas, desde
condiciones laborales hasta fiscalidad, incrementando la desigualdad por la vía de
un menor peso en la renta nacional de las personas asalariadas y en unas mayores
dificultades para hacer sostenible el Estado de Bienestar. Ahí nace la desigualdad del
siglo XXI.
• Es decir, el aumento de la competencia y del tamaño del mercado tiene como
consecuencia el aumento de la desigualdad salarial, en la que los trabajos poco
cualificados son los grandes perdedores.
• Estudios rigurosos muestran que el factor educación (años de escolarización)
explicaría por sí solo el 80% del diferencial de renta per cápita entre España y
los países más avanzados de la OCDE. Por eso, a medio plazo el aumento del
crecimiento potencial de nuestra economía y la reducción de la desigualdad

van íntimamente ligados a la mejora del nivel educativo y formativo de nuestro
capital humano, para adaptarse a los retos de un mundo globalizado. Este es sin
duda uno de los grandes desafíos de nuestro país.
España está bien situada para ganarse un lugar en el tablero global de las próximas
décadas. Es el quinto país en el mundo por su grado de internacionalización, con
una exposición al exterior (suma de comercio exterior e inversión directa) del 166%
del PIB, similar a la de Alemania y superior a la de Francia. Y, además, presenta
una dinámica positiva y un buen equilibrio entre exportación, recepción y emisión de
inversiones.
Nuestras grandes empresas del Ibex 35 están internacionalizadas y ya facturan más
dinero fuera que dentro de España. Pero el fenómeno se ha extendido también a
las pymes españolas que se están internacionalizando y presentan un dinamismo
relevante, sobre todo en el sector servicios.
Los gobiernos nacionales no pueden hacer política económica hoy en día sin tener en
cuenta estas realidades cambiantes y su impacto sobre la ciudadanía. La dinámica
de la globalización altera las relaciones entre mercados internacionales, gobiernos
nacionales y democracia, de manera antes impensables. Nuestra pertenencia a
la UE, que sigue siendo el intento más serio de unidad política supranacional, nos
permite enmarcar la lógica de la globalización bajo el paraguas de unas estructuras
comunitarias, imperfectas, pero que pueden sernos de ayuda frente a los desafíos de
los mercados internacionales, como vimos cuando el rescate a que fuimos sometidos
en 2012 como consecuencia de la falta de confianza en una parte de nuestro sistema
financiero. Cuando teníamos cerradas todas las fuentes de financiación externas, lo
que nos llevó a una severa sequía de créditos que agudizó la crisis interna, el rescate
de nuestras entidades bancarias encabezado por el Banco Central Europeo significó
un punto de inflexión positivo.
Todas estas nuevas realidades existentes imponen una dinámica política, tanto en los
ámbitos supranacionales, como en cada uno de los países, diferente a la existente
hace unas décadas. Con ello no se invalida la acción política nacional. Pero los
condicionantes de lo posible se han visto alterados. E ignorar esta realidad, no es una
opción sensata. Ahora, para conseguir los mismos objetivos, tenemos que aplicar
otras soluciones, como las que proponemos los y las socialistas en este programa, un
programa reformista que persigue impulsar aquellas transformaciones que impulsan
la productividad, generan cohesión social y reducen privilegios. En definitiva, que
reduzcan la desigualdad.
Reducir la desigualdad es una reforma estructural necesaria para poder crecer y
hacerlo de forma sostenible. Para ello necesitamos que la productividad de nuestra
maquinaria económica sea máxima, en un contexto de competitividad mundial y
de respeto al equilibrio ecológico. Y, para conseguirlo, impulsaremos todas las
reformas estructurales que permitan que nuestro aparato productivo funcione al
máximo, aprovechando todas las oportunidades abiertas por las nuevas tecnologías,

creando empleo estable y de calidad y, sin contradecir los objetivos adquiridos en la
lucha contra el cambio climático. Pero no queremos solo mejorar la competitividad
de nuestra economía, sino también poner en marcha políticas sociales específicas
que acorten los plazos de salida de la pobreza o reduzcan las distancias sociales
no justificadas. Necesitamos crecer para repartir. Queremos incrementar la riqueza
nacional -en un contexto muy diferente al existente antes de la crisis vivida- pero, a
la vez, poner en marcha mecanismos activos que ayuden a distribuir los frutos de
ese crecimiento de una manera equitativa de acuerdo con una concepción justa de la
sociedad.
La distribución de la renta disponible en España, ha sufrido un empeoramiento
durante la crisis muy superior al de la media de la OCDE. Si en 2003 la renta del 20%
más rico era de 5,7 veces la renta del 20% más pobre, ahora esa cifra ha subido hasta
8,4 veces, lo que supone más de un 47% de incremento. No sólo ha empeorado la
distribución de la renta sino que se ha producido una cierta polarización social: la
distancia entre las personas más ricas y las más pobres ha aumentado mucho más
que la desigualdad total.
Una parte del aumento de la desigualdad obedece a causas estructurales mientras
que otra parte es coyuntural y está vinculada a la gestión nacional de la actual
crisis.
Esto quiere decir que el fenómeno de aumento de la desigualdad en España no
se resuelve automáticamente con la salida de la crisis, no hay una sola manera
de salir de la crisis. Luchar contra la desigualdad requiere políticas específicas
como las que hemos aplicado los y las socialistas en otros momentos de nuestra
historia reciente y que se desprenden de nuestro ideario político tradicional. Por
eso defendemos una salida de la crisis que, sin olvidar la necesaria preocupación
por el equilibrio presupuestario y la competitividad de nuestra economía, no se
olvide de las personas y que tenga también en la agenda la eliminación de las
desigualdades.
Una alternativa económica socialdemócrata de futuro para nuestro país exige tener
en cuenta que luchar contra la desigualdad, regenerar las instituciones y acabar con
los privilegios, apoyar a las empresas y el crecimiento económico, son elementos
que se retroalimentan y se necesitan mutuamente. Se trata de poner la igualad y
la decencia a trabajar, de entender que los objetivos de redistribución de la renta,
de transparencia, la participación democrática, y acabar con la utilización de las
instituciones por el partido que apoya al Gobierno, no son un lujo, sino que es la
base sobre la que construir ese desarrollo al que aspiramos en España. En realidad,
ello implica: más ingresos públicos, un gasto público más eficiente, una mayor
competencia en los mercados y una mayor productividad.
Lograr una economía realmente competitiva, de alta productividad e inclusiva requiere
proponer un marco institucional que favorezca la participación de los individuos en
la creación de riqueza económica, sin espacios de privilegios. Una economía más

inclusiva debe remover los obstáculos al dinamismo, que han caracterizado durante
décadas a la estructura económica española, para permitir el acceso a la riqueza de
una mayoría de la ciudadanía y empresas, y de esta forma poder desplegar todo el
potencial creativo y dinámico.
La economía española no puede desconocer tampoco los aspectos medioambientales.
Un Planeta que tendrá 9.000 millones de habitantes en 2050 requiere basar su
prosperidad –incluso su supervivencia- en un modelo económico mucho más eficiente
en el uso de sus recursos, mucho más prudente en la generación de externalidades
negativas para el entorno.
La premisa de un ¨mejor crecimiento y un mejor clima¨ orienta una recuperación
económica sostenida en el tiempo constituyendo una vía clara de generación de
prosperidad y empleo. No puede concebirse una reducción de emisiones de CO2 que no
venga acompañada de creación de empleo, de eficiencia energética o de mejoras en la
habitabilidad de las ciudades y en la salud de sus conciudadanos y conciudadanas. Es
un proceso con gran potencial para generar beneficios, estabilizar nuestras cuentas
e invertir en nuestro futuro. Pero requiere realinear políticas, diseñar estrategias de
apoyo para los sectores más vulnerables y facilitar procesos de decisión en el corto
plazo que sean coherentes con las necesidades del largo plazo.
La ciudadanía del siglo XXI, el más global de todos, debe estar preocupada por el trato
que se da a cada uno de los habitantes de la tierra, desde la convicción de que existe
una responsabilidad individual para esforzarse en aprovechar las oportunidades
existentes para llevar a cabo los diferentes proyectos de vida personal, pero también
de que existe una obligación social para eliminar obstáculos y facilitar la igualdad
inicial de oportunidades para que cada uno pueda hacerlo en las condiciones más
equitativas posibles.
Sólo mejorar la productividad de forma sostenible para repartir mejor reduciendo las
desigualdades representará una verdadera salida para todos de la crisis económica.
Y eso exige un cambio en la política económica y de reformas, en la línea de lo
comprometido en este programa.

PRINCIPALES RETOS DE LA ECONOMÍA
1. Crear empleo estable, con derechos y dignamente retribuido.
2. Cambiar el modelo productivo, para ser competitivos por valor añadido y talento,
en vez de por salarios bajos.
3. Mejorar la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas para afrontar los retos
de la economía del siglo XXI, a través de reformas en el sistema educativo y
formativo.
4. Distribuir los frutos del crecimiento para que no se beneficien solo unos pocos,
entre otras medidas a través de una reforma del sistema fiscal progresiva,
mientras combatimos la creciente desigualdad social mediante una subida del
SMI y un plan de choque contra la pobreza, creando el Ingreso Mínimo Vital.
5. Incrementar los recursos dirigidos a la I+D+i creando un auténtico sistema
nacional de investigación e innovación, al tiempo que impulsamos la sociedad
del conocimiento mediante la plena digitalización de la economía.
6. Propiciar una transición energética hacia una economía verde, sostenible y
generadora de empleo.
7. Sanear nuestras cuentas públicas, para sacar a España del procedimiento de
Déficit Excesivo a través de una reforma fiscal y el control de la eficiencia en el
gasto público.
8. Incrementar el tamaño medio de nuestras empresas para mejorar su empleo,
su productividad y su capacidad de internacionalización e innovación .
9. Reescribirlasreglasdejuegoparareforzarlacompetenciaempresarial,labuena
gestión de las empresas y la protección de los derechos de los consumidores y
usuarios
10. Actualizar el marco de relaciones laborales a través de un nuevo Estatuto de los
Trabajadores, recuperar la negociación colectiva y el valor del pacto social.

I.UNA ECONOMÍA 4.0, MÁS PRODUCTIVA
1.DÓNDE ESTAMOS
La mejora de la productividad es la clave para el desarrollo sostenible de la economía
española y la asignatura pendiente de nuestra economía para incrementar las rentas
futuras y abordar con más eficacia los grandes problemas que ahora nos aquejan.
Para competir preferimos mejorar la productividad que reducir costes ajustando a la
baja los salarios o el empleo.
Los datos siguen situándonos muy lejos de los niveles de productividad de las
economías avanzadas. Las consecuencias de esta debilidad son muy relevantes
para nuestro país: menor capacidad de generar renta y elevar los salarios, peor
aprovechamiento de los recursos productivos y un nivel de competitividad más bajo.
Varias razones explican el lento avance de la productividad en España:
• La primera es que parte del esfuerzo inversor no resulta productivo, no genera valor.
• Una segunda es la especialización productiva en actividades con poca capacidad
de generar bienes y servicios que adquieran valor en los mercados por su
contenido tecnológico e innovador y por su calidad.
• La tercera es el pequeño tamaño de muchas empresas.
• Una cuarta son los conocimientos y competencias de los y las trabajadoras.
• La quinta es el escaso peso de las inversiones de las empresas en formación, en
mejoras organizativas, en uso intensivo de las nuevas tecnologías para producir
y comercializar bienes y servicios, en innovación, marca, publicidad y reputación,
factores todos ellos que ayudan a las empresas a generar valor.
El tejido empresarial español se ha transformado extraordinariamente en las
últimas décadas, pero necesita un nuevo impulso para acelerar la salida de la crisis
económica y, sobre todo, para competir con garantías en la economía global, a través
de una economía más dinámica, más tecnológica, con más I+D+i, nuevas empresas
innovadoras y el desenvolvimiento de nuevos sectores como, por ejemplo, los servicios
avanzados de la economía digital.
Asistimos a una digitalización progresiva de la economía, la sociedad y la política.
Digitalización que está transformando nuestras vidas, nuestra economía y nuestra
sociedad. No nos encontramos ante un cambio incremental, sino ante un cambio
radical. Las tecnologías digitales tienen dos propiedades que las hacen poderosas:
están creciendo de modo exponencial, y, además, son una innovación generalista y
combinatoria, que penetra y, combinándose, transforma todos los procesos, productos
y servicios que conocemos.

España tiene cuatro grandes fortalezas empresariales:
La primera es que contamos con empresas líderes mundiales en los sectores
de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, automoción, energía
y energías renovables, banca, construcción y gestión de infraestructuras,
agroalimentación, biomedicina, moda y textil, calzado, contenidos digitales y
turismo-hostelería.
La segunda es la creciente capacidad de internacionalización de las empresas
españolas, demostrada antes y sobre todo durante la crisis, tal y como lo refleja el
aumento de nuestra cuota mundial de exportaciones.
La tercera es el gran atractivo de España como sede de empresas y para los
profesionales extranjeros altamente cualificados y el capital tecnológico, gracias a la
estabilidad política, a la buena evolución de los datos macroeconómicos de los últimos
treinta años, las infraestructuras, el nivel de desarrollo, las ciudades atractivas,
el clima, la cultura y la gastronomía, la red de servicios públicos y los niveles de
seguridad.
Y la cuarta, nuestra posición geoestratégica. España está situada en un punto de paso
obligado de las rutas marítimas internacionales que comunican Asia, América, Europa
y África. España está situada en una encrucijada mundial de transporte de mercancías
y viajeros. El Estrecho de Gibraltar es la segunda ruta marítima más transitada del
mundo y su importancia estratégica global en relación con los mercados emergentes
de Asia, África y América se verá incrementada con las ampliaciones del Canal de
Panamá y del Canal de Suez.
Sin embargo, existen también importantes debilidades que lastran la competitividad
de la economía española. Somos el decimotercer país del mundo por tamaño de PIB,
pero no estamos entre las treinta economías más competitivas: el informe del World
Economic Forum (WEF) de 2013 sitúa a España en la posición global número 35 y, en
el indicador que mide la facilidad para hacer negocios, el Doing Business del Banco
Mundial, ocupamos la posición 37.
Las trabas burocráticas o fiscales a las que se enfrentan nuestros emprendedores y
emprendedoras son notablemente superiores a las de los países de nuestro entorno.
Aunque España tiene un gran número de empresas que compiten con éxito en los
mercados internacionales, en comparación con los países más prósperos, el número
de empresas es menor y nuestro tejido empresarial está más atomizado.
Por otra parte, y relacionado con lo anterior, España gastó en I+D el 1,24% del PIB en
2013, muy lejos del 2,02% del promedio de la UE y por debajo del máximo histórico
del 1,40% del PIB del año 2010 y adicionalmente a esto, solo el 52% de esa I+D
supone inversión privada, cuando la recomendación de la UE sería del 67%.

Además, las empresas españolas se concentran en ramas de menor intensidad
tecnológica que las de los países más desarrollados de la UE, así como utilizan
menos las denominadas tecnologías facilitadoras relacionadas con la nueva
revolución industrial 4.0, tales como las tecnologías digitales, la supercomputación,
la nanotecnología, etc..
Asimismo, España –también Europa– tiene un problema de natalidad de empresas
innovadoras que con el tiempo se conviertan en líderes mundiales: desde 1975, solo
ha nacido una compañía en la zona euro que actualmente esté entre las 500 más
grandes del mundo: la española Inditex. En el mismo intervalo de tiempo, por ejemplo,
el Estado de California (que tiene menos habitantes que España) ha producido 26
empresas de este tipo.
La economía 4.0 es la plasmación del cambio de modelo de crecimiento que necesita
España para asegurar más empleo y de mayor calidad.
Un cambio que tiene como primer objetivo mejorar la productividad de la economía,
impulsando los sectores industriales y sectores avanzados de alto valor añadido.
Para conseguirlo es absolutamente prioritario incrementar el tamaño medio de
nuestras empresas y robustecerlas de manera que todo su crecimiento no se base en
uso de fondos propios o apalancamiento privado y público.
Es necesario impulsar la digitalización de todos los sectores económicos y de la
sociedad en general.
La economía 4.0 tiene que ser más global, más internacionalizada. Con mayores
niveles de inversión en I+D y con mayor absorción tecnológica de las empresas.
La economía 4.0 es dinámica, con más actividad emprendedora y mayores niveles de
natalidad empresarial. Una economía que también se propone actualizar las políticas
dirigidas a los sectores industriales maduros.
La mejora del tejido empresarial y del modelo económico de nuestro país ha de
incorporar, necesariamente, las limitaciones y oportunidades que ofrecen nuestros
recursos naturales.
Nos marcamos como un objetivo irrenunciable apostar por un modelo eficiente
en el uso de los recursos, capaz de generar riqueza y bienestar sin destruirlos.
Es el momento de mejorar la productividad mediante un modelo capaz de
ofrecer industria, servicios y bienes de equipo para sociedades que, conocedoras
de la limitación de los recursos, buscan la eficiencia y la reducción drástica de
externalidades negativas.

Vamos a facilitar una transición responsable, a sabiendas de que, si no reaccionamos
urgentemente, llegaremos tarde, despilfarraremos recursos y deberemos afrontar
mayores costes no sólo ambientales: también sociales y económicos.
1. REINDUSTRIALIZACIÓN
Un modelo que priorice la productividad debe extenderse a partir de un claro refuerzo
del papel de la industria en la economía ya que su aportación a los incrementos de
productividad es superior a la de los demás sectores.
Sin embargo en lo que llevamos transcurrido del Siglo XXI, se ha intensificado la
disminución del peso de la industria en Europa, especialmente como consecuencia del
efecto negativo de la crisis financiera de 2008. Cinco años después de iniciada la crisis, la
aportación del sector industrial al PIB de la UE-28 fue del 15% y del 14% la aportación al
empleo total, cifras muy por debajo de lo deseable. En el caso español este fenómeno se
ha agudizado y, así, en los últimos 15 años el porcentaje del empleo industrial respecto
al total pasó del 20% al 13% y el valor añadido del sector del 19% al 12%.
Es necesario implementar políticas para cumplir con el objetivo de la Estrategia
Europea 2020 de aumentar al 20% el peso del sector industrial en el PIB.
No es extraño, por tanto, que crezca la reivindicación de un esfuerzo público mayor
en favor de políticas que impulsen una reindustrialización de España entendida en un
sentidomodernoqueincorporeactividadeseconómicasampliasyprocesosproductivos
basados en el impulso a la innovación tecnológica. De hecho reindustrializar es
hoy concentrar en las empresas todas las mejoras disponibles para que eleven su
productividad y competitividad. Reindustrializar es hoy la mejor garantía para atraer
talento e I+D, desarrollo y diseño tecnológico y empleo de calidad.
Poco a poco en más actividades se está tendiendo a economías de coste marginal cero.
Esto hace que el concepto industrial predominante hasta ahora vaya transformándose
en otro que posiblemente irá en aumento en los próximos años. Los grandes centros
de producción que centralizan la fabricación de productos y después lo distribuyen
a centros de consumo en la mayoría de los casos alejados, es previsible que pueda
pasar a un nuevo concepto con centros más pequeños que dispongan de herramientas
que permitan producir mucho más cerca del consumidor final.
Los y las socialistas no somos ajenos a estos nuevos paradigmas y por ello crearemos
las condiciones para que España pueda afrontar estos cambios con éxito, y coloque a
nuestra economía en los puestos de salida ante estos cambios.
También, será decisiva la creación de un sistema de inteligencia económica, que
elimine asimetrías de información, aspecto donde las pymes actualmente se ven
desfavorecidas frente a las multinacionales con más medios para acceder a esa
información estratégica. Esta información facilitará también la toma de decisiones de
los actores públicos en materia económica.

1.1.DIGITALIZACIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen inmensas
repercusiones en todas las dimensiones de nuestras vidas. La capacidad de las
tecnologías digitales para superar o, al menos reducir tiempos y distancias, han
propiciado su desarrollo y masificación.
España se encuentra en una zona intermedia de la Unión Europea, con niveles
saludables de conectividad y capital humano digital, pero alejada de países
desarrollados y con tamaño similar al nuestro, como Reino Unido, Alemania o Francia.
Existe pues un amplio margen de mejora y desarrollo en cuanto a la integración
digital de la sociedad, al uso de Internet en aspectos clave como la economía, y a la
prestación de mejores servicios públicos usando estas tecnologías.
Para conseguir un desarrollo y crecimiento sostenible que nos permita dar un salto
cualitativo, los y las socialistas nos proponemos impulsar un cambio transcendental
en nuestra sociedad y economía: la Transformación Digital de España. Un cambio
estructural que requiere coordinar e integrar muchas políticas en diversos ámbitos,
y que está guiada por un objetivo de país: que en 2020, el uso masivo e inteligente de
las tecnologías digitales sea un medio eficaz para reducir las desigualdades; para
abrir más y mejores oportunidades de desarrollo; y para garantizar el respeto de los
derechos de toda la ciudadanía española.
PROPUESTAS
Elaborar una Estrategia Integral para la Transformación Digital de España que
contenga:
(1) una hoja de ruta con medidas: la Agenda Digital 2020,
(2) una institucionalidad público-privada para gobernarla: el Consejo Nacional
para la Transformación Digital,
(3) un instrumento para seguir y hacer transparente el progreso de su aplicación:
el Observatorio Digital. Esta iniciativa se hará dando participación sector
privado, el tercer sector, la ciudadanía y la Universidad.
Conectividad digital de calidad para todos
• Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de alta
calidad son prioridades para la Transformación Digital del país. Nos fijamos
como metas conseguir que antes de 2020 todos los hogares españoles puedan
disponer de conectividad con banda ancha de, al menos, 30 Mbps, y que, al
menos, la mitad de los hogares españoles tengan conexiones de más de 100
Mbps, así como garantizar la calidad de las conexiones móviles y el acceso a
estos servicios a las personas más desfavorecidas.

• Poner en marcha el plan “Toda España Conectada”, que garantice un acceso
universal a la banda ancha de alta velocidad a precios asequibles en todo
el territorio nacional, con especial atención a las zonas rurales. Para ello,
extenderemos la obligatoriedad de cobertura móvil a todos los centros urbanos
y empresariales, integraremos entidades territoriales, actualizaremos la
legislación referente al despliegue de redes y adjudicaciones de espectro
radioeléctrico, y promoveremos la disposición de los recursos público-privados
que garanticen la prestación de los servicios de banda ancha. Este plan incluirá
un programa social de conectividad para los colectivos más desfavorecidos que
facilite su acceso a banda ancha en condiciones aceptables.
• Impulsar el plan “Banda Ancha de Calidad” para garantizar la calidad del
servicio entregado por las operadores y la experiencia de usuario. Este plan
contemplará iniciativas legislativas y técnicas que permitan el monitoreo de
las redes y garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales de
cobertura, velocidad y calidad.
• Desarrollar un programa de apoyo a los municipios para extender redes
locales que complementen la cobertura de banda ultra-ancha de localidades,
instituciones públicas y hogares. Esta iniciativa contribuirá a reducir la
brecha digital en aquellos lugares más vulnerables del país que poseen
pocas alternativas de conectividad, los cuales se definirán en conjunto con las
respectivas entidades regionales y locales.
• Crear un marco de cooperación público-privado para el desarrollo de redes y
servicios digitales de última generación, con la participación del sector privado,
el sector público, la Universidad y el sistema nacional de I+D+i, impulsando la
participación internacional en este ámbito.
Servicios públicos digitales para un Gobierno innovador, accesible y abierto.
El uso estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como
de la innovación, es clave para aumentar la calidad de vida de las personas, mejorar la
prestación de los servicios públicos, y estrechar la interacción de la ciudadanía con un
Estado más abierto, transparente y participativo. El despegue de nuestra nueva forma
de ejercer el Gobierno de España descansa sobre un objetivo principal: alcanzar un
Estado que responda a las demandas ciudadanas en forma oportuna y en igualdad
de condiciones, independiente de su ubicación geográfica. Para ello, planteamos las
siguientes medidas:
• Extender los esfuerzos en materia de administración electrónica para
evolucionar el nivel de madurez de los trámites y procedimientos de las
distintas Administraciones. Se adoptarán medidas para ofrecer a la ciudadanía
y a las empresas servicios digitales más fáciles de usar, impulsando la carpeta
ciudadana,repositorioúnicodetrámitesydocumentosdigitales.Decaraaalinear
las iniciativas legislativas y reglamentarias con el objetivo de una administración

y una sociedad orientada a la innovación, además de las memorias habituales
de impacto, se obligará a dichas disposiciones a tener una memoria de impacto
innovador, de manera que se evite que la legislación y normativa se encuentre
desalineada con el desarrollo tecnológico de la sociedad española.
• Se creará el Laboratorio de Innovación Pública para analizar, diseñar y
promover de manera conjunta con los responsables administrativos y con los
agentes sociales y económicos las procesos de transformación digital en la
Administración General del Estado para aprovechar al máximo las posibilidades
de la digitalización en las Administraciones Públicas.
• Impulsar iniciativas para mejorar, a través de las tecnologías digitales, la
eficacia y eficiencia de los servicios públicos de las distintas Administraciones,
especialmente aquellos relacionados con la sanidad, la educación, las
prestaciones sociales, la cultura y la justicia.
• Desarrollar el plan “Gobierno Abierto” para favorecer la transparencia de las
instituciones. El plan ampliará el catálogo de la información que el Gobierno
debe publicar de manera proactiva; obligará a la utilización de formatos
abiertos por defecto; simplificará los mecanismos de acceso a los datos; creará
los mecanismos para que la ciudadanía conozca en todo momento los proyectos
y las políticas que diseña el gobierno y establecerá procedimientos para que
puedan participar en su diseño y seguimiento; y creará laboratorios para la
innovación pública abiertos a la participación de la ciudadanía, el sector público
y el sector privado.
• Mejorar la “Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes” para impulsar la
implantación de servicios públicos en colaboración con la ciudadanía basados
en tecnologías digitales Smart City. Lo haremos con un espíritu de colaboración
público-privada junto a los actores de las distintas entidades involucradas, con
un espíritu de extender esta experiencia a otras Administraciones.
Un nuevo modelo económico basado en la Economía Digital y la Sociedad de la
Información
• Conseguir que más del 50% de las PYMES con plantillas de más de 10 personas
utilice herramientas y procesos digitales para la mejora de su productividad
y realice habitualmente operaciones de comercio electrónico con sus clientes
y proveedores. Además, aspiramos a un crecimiento del Sector Digital del
50% en 2020 respecto a los valores del año 2013, y a la creación de más de
1.000 start-ups digitales. Lanzar proyectos de incentivación de consorcios
entre empresas líderes, PYMES y agentes investigadores para la creación de
proyectos tractores ligados a la transformación digital de la Economía, mediante
el apoyo de las Administraciones Públicas mediante préstamos y subvenciones,
complementadas con iniciativas europeas asociadas.

• Lanzar el plan estratégico para el “Desarrollo de la Economía Digital”. Este plan
incluirá actuaciones en tres ámbitos: (1) la transformación y renovación de los
sectores económicos a través del uso de tecnologías digitales, (2) el crecimiento
e internacionalización de nuestra industria TIC y de contenidos digitales, y (3) el
impulso al emprendimiento e innovación digital. Crear el plan “PYME Digital”
para impulsar la transformación digital de las PYMES españolas. El plan incluirá
incentivos fiscales, asesoramiento, herramientas y ayudas para la implantación
de tecnologías digitales para la optimización e innovación de los procesos de
negocio.
• Desarrollar el programa “España Economía 4.0” para la modernización y
dinamización de los sectores industriales tradicionales de España, con énfasis
en la Agricultura, Ganadería, Pesca, Minería, Energías Renovables, Turismo,
Logística, y Construcción, entre otros. El programa incluirá la definición de
planes sectoriales específicos para la aceleración de la transformación digital
de las empresas de estos sectores.
• Establecer un programa de “Transferencia Tecnológica para la Economía
Digital” que abrirá líneas de investigación y centros de innovación y transferencia
tecnológica digital en áreas de alto potencial ligadas a la Economía Digital
(Internet de las Cosas, Big Data, Robótica, Smart Home, Telemedicina,
Biotecnología, Manufactura Digital 3D, Cloud Computing, Microelectrónica, y
Mecatrónica, entre otras).
• Lanzarenelprimerañodelegislaturaelprograma“Start-UpSpain”,unainiciativa
para la incubación, aceleración y escalamiento de emprendimientos de base
tecnológica destinado a atraer emprendedores y emprendedoras nacionales e
internacionales para su implantación en España, poniendo particular énfasis en
aquellas regiones con menor desarrollo tecnológico y zonas rurales.
• Desarrollar el plan “España Ecosistema Digital” destinado a mejorar nuestro
ecosistema de emprendimiento e innovación digital. El plan pondrá en
marcha servicios de información y asesoramiento para alinear las Start-Ups
con los servicios y productos de mayor potencial y demanda, con énfasis en
los sectores económicos establecidos, incluida las Administraciones Públicas
Además, se actualizarán los instrumentos de financiación venture capital, se
lanzarán actuaciones que incluirán fondos de capital riesgo y fondos de garantía
específicos para empresas de la Economía Digital.
• Impulsar las iniciativas que permitan la transformación digital de los sectores
vinculados a los pilares del Estado de Bienestar (educación y sanidad),
convirtiéndolos en generadores de innovación para su traslación al sector
productivo.

Competencias para la inclusión y formación digital
De nada sirven las infraestructuras digitales a quien no saben utilizarlas. Por
eso, aspiramos a ampliar las competencias digitales de todos los españoles y
españolas, invirtiendo en educación y formación digital de calidad a través de
contenidos y recursos digitales que favorezcan la inclusión social, las habilidades
personales, la empleabilidad y la inserción laboral. Para ello, lanzaremos las
siguientes medidas:
• Desarrollar el plan “Capacitación Digital”, con la colaboración de todos los
interesados (tercer sector, voluntariado, Administraciones, sector privado) con
el objetivo de formar a personas y pequeños emprendedores en competencias
y habilidades digitales. Se pondrá énfasis en aquellos colectivos en riesgo de
exclusión digital.
• Desarrollar el plan “Competencias Digitales para los Trabajadores” para
mejorar las posibilidades de empleabilidad y desarrollo profesional de los y
las trabajadoras a través de habilidades y capacidades en Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Lo haremos en coordinación con los agentes
sociales.
• Crear el plan “Educación Digital”. Este plan impulsará la utilización de con-
tenidos, recursos y herramientas digitales en todos los niveles del sistema
educativo español, en coordinación con las distintas entidades administrativas,
universidades y empresas.
Todos los planes anteriores prestarán una atención especial a las desigualdades de
género y territoriales del país.
Garantía y promoción de los derechos en la era digital
Desde el punto de vista de los valores y derechos de ciudadanía y consumo, el mundo
digital debe ofrecer la misma protección que el mundo físico. Sin embargo, dada las
peculiaridades del primero, será necesario articular nuevos procedimientos para
seguir defendiendo con eficacia estos derechos y valores en la era digital, a la vez que
se facilita el desarrollo de productos y servicios digitales que mejoren el bienestar
general de la sociedad española. Para ello, revisaremos la legislación en materias
clave en el ámbito digital, como la protección de datos personales, los derechos de los
consumidores y de autor, la ciberseguridad, o la neutralidad de la red. En particular,
proponemos:
• Ponerenmarchaunprogramadeproteccióndelosderechosdelosconsumidores
en el mundo digital, asegurando un lenguaje sencillo y comprensible de los
contratos, con mecanismos claros y ágiles de vinculación y desvinculación de
los mismos.

• Tomar medidas legislativas que aceleren la convergencia al Mercado Único
Digital de la Unión Europea, y permitan la eliminación de trabas que permitan
el desarrollo de los modelos de negocio asociados de forma segura y confiable.
• Desarrollar programas de ciberseguridad para incrementar la seguridad y
confiabilidad en las redes y plataformas, con especial incidencia en la prevención
en ciudadanía y empresas. Reforzar el INCIBE y crear un polo de excelencia en
ciberseguridad en León para concentrar empresas y formación, en colaboración
con el resto de las Administraciones. Se reforzarán los programas específicos
de protección de menores en la red y de apoyo al uso responsable de la misma
entre la juventud. Impulsar la protección efectiva de los menores en Internet,
con la creación del Centro de Seguridad del Menor en la Red, coordinado desde
Red.es, que promueva programas de formación, sensibilización y concienciación
para menores, padres, madres y educadores y educadoras, coordine la
colaboración público-privada de las iniciativas en este ámbito y se integre en
las redes europeas de protección al menor en la red, Insafe e Inhope
• Garantizar la igualdad y libertad de acceso de la ciudadanía a los servicios
digitales mediante la puesta en marcha de una legislación que apoye y defina
la neutralidad de la red, plataformas y dispositivos y la prohibición de cualquier
discriminación no justificada.
• Abordar el diseño de una política de igualdad de género en el entorno digital, que
incluya el diseño de mecanismos de promoción y medición de la participación
de las mujeres y niñas en el acceso y uso de las TIC, así como en la capacitación,
empoderamiento y educación en competencias digitales.
1.2 I+D+i
Las empresas son las protagonistas de la política industrial y de la política de
innovación. Sin embargo, el papel clave que juegan el personal científico y los centros
de investigación como motores o drivers del cambio tecnológico es indiscutible.
Concretamente, es claro que (1) una economía fuertemente innovadora necesita
una sólida base de ciencia básica y aplicada, sin la cual, por ejemplo, no nacerían la
mayoría de start-ups tecnológicas; y (2) muchos proyectos de I+D empresarial tienen
un componente científico desarrollado por universidades, centros de investigación,
centros tecnológicos o científicos individuales.
También es posible apreciar, como demuestran los datos de Eurostat en relación con
los países de nuestro entorno, cierta correlación entre inversión pública (sobre todo,
deducciones fiscales) en I+D+i y creación de empleo cualificado.
Las economías más innovadoras y competitivas del mundo nos demuestran que la
política científica debería priorizar, dentro de las áreas de investigación, aquellas que
puedantenerunimpactomayorenelconjuntodelaeconomíaylasociedadestableciendo
accionesestratégicasespecíficasquesirvandecatalizadordelainnovaciónempresarial.

PROPUESTAS
• Duplicar la inversión pública no financiera en I+D+i civil en la legislatura,
ajustando la inversión dedicada a operaciones financieras a las necesidades
y capacidad real de absorción por empresas e instituciones. Al final de la
legislatura los recursos destinados a operaciones no financieras alcanzarán
como mínimo el 50% de la inversión pública total, y ésta representará al menos
el 2,5% del gasto público en los Presupuestos Generales del Estado.
• Potenciar la Red INNPULSO de ciudades innovadoras para incorporar las
entidades locales a la Estrategia Nacional de Innovación con una adecuada
dotación de recursos.
• Crear el Estatuto jurídico de Joven Empresa Innovadora, que unifique y clarifique
el marco regulatorio de aplicación para que el conocimiento generado en los
centros de investigación se transfiera a la sociedad.
• Reforzar el papel de las OTRIs (Oficinas de Transferencia y Resultados de la
Investigación) de las Universidades y OPIs para poner en valor el stock de
conocimiento y saber disponible.
• Restablecer como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una
inversión total, pública y privada, del 3% del PIB y defender en las Instituciones
Europeas la aplicación de la “regla de oro” que permite que las inversiones en
I+D+i no computen como gastos en el cálculo del déficit público.
• Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, dirigido por la Presidencia del
Gobierno.
• ConvertirelCDTIenlaAgenciaEstataldeInnovación,otorgándolemásautonomía
y mayores recursos para que pueda realizar con plena eficacia las funciones
previstas por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, evitando la
dispersión de programas y convocatorias de ayudas entre departamentos.
En particular, potenciaremos el papel del CDTI para ayudar a nacer y crecer
empresas tecnológicas también mediante la capitalización de las mismas en
aquellas fases donde apenas hay agentes privados por el alto riesgo tecnológico
y financiero inherente, es decir desde la fase de capital semilla y arranque hasta
la de maduración y expansión de la empresa.
• Expedir sin coste alguno las certificaciones tecnológicas necesarias para las
deducciones fiscales por I+D de las empresas, con el fin de mejorar la eficacia
del sistema de incentivos fiscales a la I+D+i. España tiene uno de los sistemas
de incentivos fiscales a la I+D de las empresas más generosos de la OCDE. Sin
embargo, muchas empresas españolas que realizan I+D, sobre todo PYMEs, no
utilizan las deducciones fiscales existentes por razones de seguridad jurídica
y por el coste relativamente elevado de las certificaciones que se exigen.

Mejoraremos aspectos tales como los tiempos para lograr la acreditación,
estableceremos el silencio positivo para la auditoría de gastos, la igualación
de las bonificaciones de productos y las de procesos o la estabilidad de los
incentivos para el futuro.
• Mejorar el marco fiscal para favorecer la reinversión y el cambio tecnológico,
mejorando las deducciones por reinversión en actividades de alta y media
tecnología y creando una reserva contable por obsolescencia tecnológica.
• Establecer un nuevo programa de estímulo de la cooperación público-privada
en investigación industrial que, basado en la experiencia del programa CENIT,
financiará con subvenciones de hasta el 50% proyectos orientados a una
investigación de largo plazo en áreas tecnológicas de futuro y con potencial
proyección internacional.
• Aplicar criterios de optimización en la definición, redefinición y dotación
de Parques Científicos y Tecnológicos con el objetivo de fortalecer estas
infraestructuras, de modo que se transformen en clúster empresariales
innovadores y espacios favorecedores de la circulación de conocimiento.
• Rebajar el tipo de interés de los créditos blandos del Gobierno de España que
financian proyectos de I+D+i empresarial, tomando como referencia el tipo al
que se endeuda el Estado.
• Impulsar la Compra Pública Innovadora (CPI). Dedicaremos el 3% de todas las
nuevasinversionespúblicasaCompraPúblicaInnovadoraeincluiremosenlaCPI
criterios de eficiencia y sostenibilidad ambiental. La CPI estimula la “demanda
temprana”, permite a las empresas validar nuevas tecnologías y tiene un efecto
demostrador ante clientes –públicos y privados- de terceros países, que piden
referencias sobre empresas españolas que optan a licitaciones en el extranjero.
Permite además mejorar los servicios públicos a la ciudadanía, incorporando
tecnologías y procedimientos novedosos.
• Potenciar y ampliar el Sello de PYME Innovadora, como por ejemplo en Francia,
que sirva para visibilizar y estimular las actividades de innovación empresarial
y permita simplificar drásticamente trámites administrativos relacionados con
el fomento de la innovación. Y que estos sellos también puedan puntuar en los
procedimientos de licitación como empresas comprometidas con el desarrollo y
la mejora continua.
• Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una
red de centros tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing
Institutes de EEUU y el Fraunhofer-Institut de Alemania. a red de CEII estará
formado por una serie de Institutos para la Innovación Industrial en torno a los
“productos y tecnologías facilitadoras” (tales como nanotecnología, micro-nano
electrónica, materiales avanzados, fotónica, biotecnología industrial o sistemas

de producción avanzados) en los que colaborarán empresas, universidades,
centros de investigación y administraciones públicas.
• Mejorar el entorno fiscal y financiero para hacerlo accesible de forma preferente
a las PYMEs que desarrollen actividad innovadora vinculada a la generación de
puestos de trabajo o que integren innovación. Rebajar al 0% el tipo de interés
de los créditos blandos del Gobierno de España que financian proyectos de I+D
empresarial y reconocer al inversor comprometido con el emprendimiento y la
innovación.
• Asegurar que los incentivos fiscales puedan ser extendidos a los inversores, ya
sean personas físicas, sociedades de capital riesgo o fondos de inversión, que
inviertan en jóvenes empresas innovadoras, dado que éstas frecuentemente no
pueden aprovechar los incentivos al no tener beneficios en los primeros años de
vida.
• Promover medidas específicas de apoyo para la participación de las PYMEs
en los proyectos I+D con grandes empresas, estimulando de forma eficiente
los binomios Empresa Tractora–PYME para fomentar el desarrollo tecnológico
y permitir a las PYMEs alcanzar la dimensión necesaria para incrementar
su productividad, competir internacionalmente y desarrollar actividades
innovadoras más ambiciosas.
• Impulsar un Plan para la Internacionalización de Empresas Innovadoras que
incluirá los aspectos fiscales y financieros, el establecimiento de alianzas
estables en otros continentes, la mejora y adaptación de los programas de
colaboración científica y tecnológica actuales y el aumento del porcentaje de
fondos nacionales vinculados a cooperación internacional en I+D, así como el
impulso de nuevos programas, entre otras líneas de actuación.
Medidas para impulsar la industria manufacturera
La reindustrialización de España no puede basarse exclusivamente en el desarrollo
de industrias de tecnología punta o intensivas en capital. Es necesario también la
potenciación de sectores de gran importancia tradicional en España como son la
industria agroalimentaria, las relacionadas con el textil y el calzado, el equipamiento
del hogar, la industria química y farmacéutica, entre otros. En conjunto, estos sectores
representan cerca del 40% del total de las exportaciones, por encima del 20% que
representan los bienes de equipo o del 15% que suponen los alimentos sin procesar
o el sector de la automoción.
Se trata, en general de sectores cuya importancia va más allá de su participación en
el PIB. El predominio de las PYMES, su carácter intensivo en empleo que requiere
cualificaciones específicas, sus fuertes eslabonamientos dentro de la cadena de valor
en relación con las industrias extractivas, les confieren una importancia estratégica
para lograr una economía equilibrada y armónica en su conjunto. Asimismo, la

localización multipolar frecuente de estos sectores en los diferentes territorios
formando distritos o clusters industriales implantados por todo el territorio nacional
les confiere una gran importancia para la cohesión territorial y la dinamización de
entornos con una base económica débil y sin facilidad para dotarse de alternativas en
el corto plazo.
Todas estas actividades se caracterizan por un importante predominio de las
pequeñas y medianas empresas, un intenso proceso de innovación tecnológica de
la mano no sólo del cambio en las tecnologías de producción sino también de la
integración de actividades de desarrollo reciente en otras más tradicionales dando
lugar a nuevos campos de desarrollo como la domótica o los textiles inteligentes, y
al mismo tiempo una intensa competencia internacional proveniente de países de
reciente incorporación a los flujos del comercio intraindustrial a nivel mundial. Casos
de éxito de empresas españolas de estos sectores que ocupan lugares de liderazgo a
nivel mundial deben servir de estímulo y trampolín para que más empresas sigan su
ejemplo.
Buena parte de las medidas de reindustrialización presentadas en este capítulo tienen
en el sector de las industrias manufactureras un ámbito fundamental de aplicación
para mejorar la capacidad de competir de la economía española en su conjunto. Junto
a esas presentamos las siguientes propuestas específicas para este sector:
PROPUESTAS
• Elaborar planes sectoriales de diagnóstico de necesidades de innovación a
nivel nacional a propuesta y con participación de las CC.AA. interesadas en cada
sector, asociaciones empresariales o grupos de empresas, para impulsar el
desarrollo de nuevos procesos y productos con mayor contenido tecnológico.
Las universidades, los organismos públicos de investigación y los centros de
investigación privados serán invitados a participar.
• Impulsar la creación de clusters sectoriales o territoriales en torno a
universidades, centros tecnológicos o empresas de tamaño mediano-grande
parallevaracaboeldesarrollotecnológicoylaaplicaciónproductivadelosplanes
sectoriales de necesidades de innovación. Implicar al CDTI en la financiación de
los proyectos surgidos en el marco de estos planes, en coordinación con los
organismos competenciales correspondientes de cada Comunidad Autónoma.
• Apoyar la creación y funcionamiento de unidades de servicios avanzados
en materia de innovación en régimen de cooperación entre empresas para
superar limitaciones de escala, tales como servicios de diseño y desarrollo
de producto, de gestión de plataformas en la red, de análisis de laboratorio y
certificación de cumplimiento de normas técnicas, prospectiva de mercados,
gestión logística de abastecimientos y distribución, publicidad, servicios de
gestión administrativa compartida incluyendo la licitación conjunta de pymes a
contratos públicos.

• Apoyar estrategias conjuntas de empresas para la apertura de nuevos
mercados y el reforzamiento de la presencia en los actuales, en colaboración
con las Cámaras de Comercio y Oficinas Comerciales, Turísticas y Culturales del
Gobierno de España en el exterior así como como con ferias internacionales de
referencia en cada sector.
• Reforzar la complementariedad entre la promoción exterior de los productos
españoles y el papel que los turistas que visitan España pueden desempeñar
también como embajadores de los productos de consumo españoles (p. ej.
a través del turismo de compras, el consumo de productos en servicios de
restauración o su uso en los alojamientos turísticos).
La protección de la propiedad industrial y la promoción de patentes.
Para incentivar la innovación e incrementar sus beneficios, es esencial proteger
los derechos de propiedad Intelectual e industrial. En una época de rápido cambio
tecnológico, es necesario equilibrar esta protección a la propiedad industrial –que
proporciona incentivos para la primera innovación, para que no bloquee futuras
innovaciones e impida que haya demandas judiciales abusivas.
Por lo tanto, proponemos:
• Elaborarunplanestratégicoamedioplazodepromocióndepropiedadindustrial,
conlaparticipacióndetodoslosagentesdelsistema,quecontemplelasacciones
a realizar para aprovechar el potencial económico que pueden representar las
innovaciones producidas por el sistema de I+D. Establecer, dentro de dicho plan
un marco regulatorio que potencie y facilite la colaboración entre empresas y
Universidades u Organismos públicos de Investigación.
• Mejorar el funcionamiento de la Administración en relación a la propiedad
industrial, en particular en la calidad de sus resoluciones y en los tiempos
en que realiza su trabajo, fomentando el acceso directo de la creatividad y la
innovación a los registros, simplificando trámites y facilitando el acceso a los
mismos a través de internet de manera que se equipare la Oficina Española de
Patentes y Marcas en calidad y excelencia tanto a la Oficina Europea de Patentes
como a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
• Impulsar la resolución extrajudicial de conflictos en materia de propiedad
industrial como medio para la agilización y simplificación de los mismos.
• Defender la libertad de elección del software en las Administraciones Públicas,
fomentandoelusodesoftwareabiertosyevitandolaimposicióndedeterminados
tipos de software sobre otros que limiten la capacidad de las AAPP de adaptarse
a las necesidades cambiantes del entorno. Establecer claramente la no
patentabilidad del software. Crear un marco regulatorio realidad de la situación.

• Establecer una tarifa especial de ¨coste cero¨ para el registro de patentes
surgidos en el ámbito universitario o científico en proyectos de investigación
cuyos objetivos estén recogidos en los Planes Nacionales de I+D.
• Incorporar un nuevo supuesto en el que proceda someter una patente a un
régimen de licencias obligatorias para garantizar el equilibrio entre el interés
general y el interés individual del titular de la patente. Este supuesto se
producirá en aquellos casos en los que el invento haya demostrado tener efectos
determinantes para el tratamiento médico de pacientes cuya salud corre un
riesgo severo y los precios resulten abusivos atendiendo al coste de producción
o de comercialización en otros países, y además supongan una carga excesiva
para el servicio de salud o para los pacientes que deban sufragarlo.
• Continuar apoyando el castellano, y a las demás lenguas oficiales, como
lenguas tecnológicas, sin que se perjudique a los intereses de las empresas
españolas en el ámbito de la patente unitaria europea, y estimularemos la
presencia de expertos y expertas españolas en los organismos internacionales
más destacados en Propiedad Industrial.
• Promover un sistema alternativo y gratuito para la protección del Diseño
Industrial, con especial atención a las pymes y sectores tradicionales
• Crear un marco jurídico para la protección de las denominaciones de origen no
agrícolas
1.3. EMPRESAS MÁS GRANDES Y DINÁMICAS
El tamaño medio de nuestras empresas es demasiado pequeño lo cual tiene
consecuencias importantes en su capacidad para mejorar su productividad y exportar.
Es por tanto necesario apostar decididamente por su crecimiento para que nuestras
empresas medianas, con su potencial productivo y de creación de empleo estable y de
calidad, jueguen un papel esencial en nuestra economía.
Para ello, no es sólo necesario fortalecer las empresas de hoy sino también crear el
caldo de cultivo para las empresas del futuro, las que están por nacer.
Es necesario bajar las barreras (burocráticas, fiscales y laborales), que impiden o
dificultan su creación.
También es necesario ayudar a las empresas a crecer, a fusionarse, a expandirse. En
la economía española los umbrales de 6 millones de euros y 50 empleados, a efectos
administrativos, fiscales y laborales, producen un efecto escalón, que se traduce en
un menor incentivo para las pequeñas en convertirse en medianas. Hay que luchar
contra estas barreras que limitan el crecimiento de las empresas españolas y facilitar
su internacionalización, el acceso a financiación y una cierta unidad de mercado.

Medidas para incrementar el tamaño medio de las empresas
• Fomentar el capital riesgo empresarial para potenciar segundas y terceras
rondas de financiación, mediante un tratamiento fiscal favorable para el inversor.
• Favorecer a través de préstamos participativos y desde capital riesgo público
el crecimiento y diversificación de las PYMES, en proyectos que conlleven
generación de empleo a largo plazo.
• Fomentarlasagrupacionessectorialeso“clúster”empresariales,encolaboración
con las CCAA, a partir de parques tecnológicos o industriales, como elementos
necesarios para la mejora de la competitividad de los sectores industriales en
las regiones, dotándoles al mismo de un importante apoyo financiero.
• Posibilitar que las PYMES puedan formar Uniones Temporales de Empresas
(UTES) de una forma más sencilla, ágil y económica.
• Actuar para combatir la morosidad empresarial que tanto perjudica a las
pequeñas empresas. Aprobaremos la implantación de un Régimen sancionador
en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa
en todo el territorio del Estado y disuadir los retrasos en los pagos. También
unificaremos los plazos de pago que deben cumplir todas las empresas en
España y exigiremos a las empresas contratistas en las licitaciones públicas
certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las
empresas que subcontratan.
• Poner en marcha medidas equivalentes al Small Business Act de EE.UU.
para dedicar una parte sustancial del gasto de las Administraciones Públicas
al fomento directo, en calidad de proveedor, de la creación, desarrollo y
colaboración de nuevas empresas y desarrollo de PYMEs existentes, mediante
una competencia mayor y más equitativa en la concesión de contratos públicos,
con énfasis especial en la innovación y las actividades de reducción de la huella
ecológica.
• Mejorar el entorno de negocios empresarial con el objetivo de que, en dos
legislaturas, España esté entre los 10 primeros países del mundo en el Índice
Doing Business.
• Sustituir el sistema de licencias por un sistema de acreditaciones –abierto y sin
cupo-. Extender el silencio administrativo positivo y la Declaración Responsable
del empresariado para empezar a operar. Fomentar el reconocimiento mutuo
entre CCAA de las licencias y permisos para hacer efectiva la unidad de mercado.
• Impulsar un registro único de documentación administrativa oficial para cada
persona física y jurídica, con el fin de desplazar a la Administración la carga de
la prueba en la aportación de la documentación ya entregada.

• Facilitar la transmisión empresarial y la adopción de mejores prácticas en las
pymes, adoptando una plataforma española que conecte las empresas con
especialistas en fusiones y adquisiciones, derecho, auditoría, contabilidad,
fiscalidad, bancos y todos aquellos intermediarios y agencias dedicadas a la
transmisión de empresas.
• Llevar a cabo una experiencia piloto en colaboración con CCAA y Diputaciones
para crear los denominados “Equipos de apoyo”, que serán funcionarios
especializados en el asesoramiento in situ de empresarios y emprendedores de
cara a la mejora de la productividad empresarial y de la tramitación y puesta en
marcha de empresas, pero desde un ámbito muy cercano de tutorización real y
aplicada al caso.
Medidas para facilitar la internacionalización de la empresa
• Crear España Global. Centralizar los organismos vinculados con la
internacionalización bajo un único esfuerzo en torno a una iniciativa “España
Global” provista de una identidad jurídica que le permita operar con flexibilidad
y autosuficiencia financiera (con capitalización estatal e ingresos privados).
Coordinar esta iniciativa con los instrumentos existentes en las Comunidades
Autónomas.
• Reforzar el ICEX: Dentro de España Global y reconducir su actividad de la
generalidad a la especialización y concentración de su acción. Anualmente se
establecerá un plan de acción de carácter rotatorio a un número escogido de
países y sectores.
• Crear el programa “empresa global” de apoyo específico a empresas de
internacionalización acelerada.
• Elaborar un Plan que potencie el papel internacional de las empresas españolas
como proveedores de servicios desde nuestro país, especialmente tecnológicos.
• Aumentar los incentivos para que las grandes multinacionales españolas (IBEX)
actúen como tractoras de la internacionalización de nuestras PYMEs.
• Potenciar la entidad “Invest in Spain” y fomentar inversiones emblemáticas
en los sectores prioritarios y en nuevas tecnologías (a través de misiones
internacionales y desgravaciones fiscales).
• Darentradaalaparticipaciónprivadaenlosorganismos(estatalesyautonómicos)
de apoyo a la internacionalización.
• Aumentar la dotación del Fondo para la Internacionalización de Empresas (FIEM)
hasta los 500 millones de Euros anuales, y se reformará su normativa para
permitir una tramitación de los créditos mucho más ágil. Se dará prioridad a la

financiación de proyectos en los que participen más de una empresa española,
especialmente PYMES.
• Abrir una línea especial de avales y garantías, a cargo del ICO, especializada
en proyectos de licitaciones públicas en terceros países para consorcios de
empresas españolas.
• Potenciar la actividad que desarrolla la Compañía de Seguros de Crédito a
la Exportacion (CESCE) en el impulso a las exportaciones de las empresas
españolas garantizando su continuidad dentro del sector público.
• Transformar la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES),
en un verdadero banco de desarrollo. Para ello, se potenciará la actividad de
dicha sociedad en el área de fondos de inversión y fondos soberanos. En este
sentido es preciso una separación clara de la actividad entre COFIDES y el ICO,
concentrándose este último en la actividad nacional.
• Potenciar el acompañamiento institucional y diplomático para las transacciones
económicas internacionales: Evitaremos que las empresas españolas puedan
incurrir en malas prácticas en sus inversiones extranjeras que mermen la
capacidad competitiva y repercutan negativamente en el valor empresarial y
garantizaremos el cumplimiento del Convenio OCDE contra la corrupción en
transacciones económicas internacionales.
Financiación empresarial: más allá del crédito bancario
La dificultad de buena parte de las empresas para obtener nuevo crédito que favorezca
el crecimiento económico sostenido, como consecuencia de las imperfecciones del
mercado de crédito y el escaso desarrollo de otras formas de financiación, genera
problemas que impiden o dificultan la creación de nuevas empresas y limitan el
crecimiento o abocan al cierre a las ya existentes. Es decir, limitan nuestro tejido
empresarial y nuestro desarrollo económico.
Es por tanto necesario un enfoque que actúe en al menos tres frentes principales:
(1) reformando la ley de segunda oportunidad para resolver los problemas de sobre
endeudamiento de PYMES, micro empresas y personas que trabajan por cuenta
propia; (2) mejorando el acceso a la financiación de PYMES, start-ups y personas
autónomas, a través de mecanismos de financiación pública, fundamentalmente
el ICO y; (3) desarrollando y fortaleciendo los mecanismos de financiación no
bancaria.
La dependencia de la financiación bancaria es una constante histórica de la economía
española. En nuestro país la financiación empresarial a través de bancos se cifra en
torno al 80%. Una cifra muy superior, por citar solo dos ejemplos, al 55% en Alemania
o, incluso, al 30% en EE.UU.

Es necesario apostar por la diversificación de las fuentes de financiación de las
empresas,sobretododelasPYMES.Debemoscrearelmarcoquepermitaimpulsarvías
de financiación alternativas, convergiendo hacia las pautas europeas de financiación,
más equilibradas, en las que el crédito bancario ha de perder protagonismo en
términos relativos.
El recurso a los mercados de valores de renta variable –que sí son utilizados
habitualmente por las grandes empresas-, la emisión de bonos o títulos corporativos,
los préstamos a través de fondos de inversión (direct lending) o los mecanismos
de financiación alternativa -colectiva (crowfunding) o de inversores providenciales
(business angels)- son, por ello, elementos a potenciar como instrumentos de
financiación de nuestras empresas (sobre todo de las PYMES).
Asimismo, resulta necesario reforzar como Banco Público el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) como instrumento de financiación de empresas y autónomos, que les
permite afrontar proyectos de inversión o sus necesidades de liquidez, y colaborar
con las agencias autonómicas que disponen de fondos propios para tal fin.
Medidas para potenciar la diversificación
• Reforzar los mercados de valores alternativos tanto para instrumentos de deuda
como de capital, dirigido a empresas medianas.
• Atraer inversiones en España de Fondos Soberanos. Es necesario adoptar una
estrategia sistemática para potenciar en España fondos de capital bilaterales
(sobre todo de capital riesgo, capital expansión y venture capital).
• Crear un Fondo de circulante y de descuento de facturas, como instrumento de
financiación a corto plazo, que se constituirá con aportación mixta de capital
público (ICO-BEI) y privado, que facilitará liquidez a compañías solventes
enfrentadas a la imposibilidad de acceder a financiación bancaria.
• Lanzar un Fondo Estratégico de Innovación y Reindustrialización (FEIR), como
granfondoestatalpúblico-privadollamadoaimpulsarlasinversionesencapital-
riesgo y capital semilla en innovación y sectores prioritarios, movilizando
capitales privados, integrando bajo el mismo paraguas los fondos de inversión
públicos existentes y dispersos, actuando como paraguas o “fondo de fondos”,
con una orientación preferente hacia las nuevas empresas innovadoras y de
sectores de alta tecnología, así como hacia aquellas provincias o comarcas que
carezcan de un tejido industrial significativo en el territorio.
• Reforzar el sistema de garantías recíprocas. Incentivaremos el aumento de
tamaño de las Sociedades de Garantía Recíproca con fusiones o consolidaciones
para crear un mercado a nivel nacional. Al tiempo, reforzaremos las contra-
garantías públicas aumentando los recursos de la Compañía Española de
Reafianzamiento (CERSA).

• Evitar que las cooperativas de crédito desaparezcan, estableciendo que las
funciones de supervisión de las mismas sean asumidas por el BCE y el Banco
de España en el marco de la Unión Bancaria.
• Reactivar el mercado de titulizaciones de empresas y de bancos, favoreciendo:
- La flexibilización para empresas pequeñas de la emisión de deuda
garantizada por activos.
- Un nuevo esquema de transparencia de información de entidades que se
quieren financiar mediante emisiones.
• Potenciar mecanismos de financiación alternativos, como los business angels y el
capital riesgo a través de la revisión de su marco regulatorio y su régimen fiscal.
• Impulsar el Crowdfunding, modificando la Ley de Financiación Empresarial en
dos aspectos: (1) incorporar medidas de transparencia que ayuden a limitar los
riesgos para los inversores. (2) aumentar los límites de inversión.
Medidas para reforzar el ICO
• Crear una ventanilla única del ICO, que atienda y canalice todas las diferentes
líneas de financiación y productos financieros que ofrece simplificando la
complejísima maraña de ayudas, que suponen costes de información y gestión
elevados, a la que se enfrentan las empresas.
• Conseguir que el ICO actúe como una auténtica Banca Pública de Inversiones
• Establecer un amplio menú de líneas de financiación y ofrecimiento de apoyo
estratégico. El ICO ayudará al empresariado a diseñar la mejor estrategia de
financiación. Las líneas de financiación incluirán provisión de garantías para
préstamos a PYMES, garantías recíprocas, servicios de intermediación para la
obtención de créditos, líneas de financiación directa (limitando el porcentaje
del proyecto que se financia, como hace el BEI), líneas de mediación a bancos
vinculadas a financiación a PYMES, emisiones de deuda finalista, capital riesgo,
o microcréditos.
• Crear una línea ICO exclusiva para nuevas empresas, dedicada a cubrir la
financiación de inversión y liquidez de las empresas, en particular PYMES, con
un año de carencia para la devolución del crédito.
• Incrementar los niveles de financiación empresarial. Para estimular la
concesión de líneas ICO por parte de las entidades financieras a las empresas,
en particular en segmentos estratégicos como las start-ups, PYMES, proyectos
de internacionalización, etc. el ICO compartirá riesgos con la banca privada y
para ello reforzará ampliamente el departamento de Análisis de Riesgos.

• Asimismo, se reforzará la profesionalización e independencia del gobierno
corporativodelICO,ampliandolarepresentatividaddelConsejodeAdministración
e incorporando consejeros independientes profesionalmente reconocidos en el
ámbito financiero. Además, se reforzará y expandirá la red física en el conjunto
del país para permitir una mayor capacidad de llegada a las PYMES y sectores
estratégicos.
• Financiar vivienda pública de alquiler. Una línea de actuación del ICO será
financiar la construcción de viviendas sociales para integrarse en el parque
público de viviendas de alquiler, en línea con los objetivos de los planes estatales
de vivienda, así como para financiar actuaciones de rehabilitación y renovación
de viviendas individuales especialmente la rehabilitación sostenible.
• Favorecer el asesoramiento legal y financiero de las estrategias de interna-
cionalización de empresas españolas, incluyendo el acceso a la financiación de
organismos internacionales como el BEI o los bancos de desarrollo. Establecer
acuerdos entre el ICO y las entidades financieras nacionalizadas utilizando la red
de oficinas para la distribución de créditos del ICO.
Estrategia para Bankia.
• No malvender Bankia. La privatización de Bankia se llevará a cabo, de acuerdo
con las autoridades europeas, en el momento que permita recuperar todo o
la mayor parte del valor invertido por el Estado. Apoyar, mientras tanto, la
gestión dirigida a convertir a Bankia en un banco comercial ejemplar, de modo
que su modelo de negocio y su gestión sea referencia para todas las entidades
financieras españolas.
La SAREB
• Mejorar la gestión de la SAREB, el “banco malo”, para evitar que se convierta
en un riesgo mayor para el Estado como avalista. Respetando los derechos
del accionariado privado que ha invertido en la SAREB, revisaremos su
funcionamiento para introducir la máxima transparencia y rendición de cuentas
en su gestión y contabilidad, y para contribuir, de acuerdo con las CCAA, en
coordinación con las entidades locales , a crear un parque de vivienda social de
alquiler al que puedan acogerse, también, familias desahuciadas de su vivienda
habitual. Impondremos condiciones estrictas y transparentes a la venta de sus
activos inmobiliarios a fondos de inversión.
Una bien entendida unidad de mercado
Las empresas que operan en mercados fragmentados son menos competitivas,
cuentan con menos posibilidades de crecer y de aprovechar las economías de
escala.

Para una correcta aplicación del principio de unidad de mercado y garantizar el
correcto equilibrio entre éste y el principio de autonomía, pondremos en marcha
las siguientes medidas:
• Modificar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado de 2013, para incorporar
un procedimiento de colaboración entre diferentes administraciones basado
en la lealtad institucional. Asimismo, garantizar la igualdad de las condiciones
básicas de ejercicio de la actividad económica en el ámbito de todo el país, así
como la libertad de circulación y establecimiento de los operadores económicos,
sea cual sea su procedencia.
• Reformar la Ley para hacerla compatible con el ordenamiento vigente a escala
europea, en particular respecto a las razones imperiosas de interés general
que suponen la concreción de los principios de proporcionalidad para justificar
requisitos o restricciones en el acceso a las actividades económicas, ya sean
servicios o de cualquier otro tipo. Hacerlo, en particular, respecto a la conocida
como “Directiva de Servicios”, que establece una serie de principios básicos
para la libre circulación, en especial el principio de eficacia nacional de los
medios de intervención administrativa.
• Promover un acuerdo a través del diálogo transparente y directo con todas las
administraciones para reducir las diferencias fiscales entre CCAA (imposición,
tasas, subvenciones), que constituyen buena parte de las dificultades que
complican la unidad del mercado.
• Incorporar en el Consejo para la Unidad de Mercado a las principales
organizaciones y asociaciones empresariales, para que puedan transmitir las
preocupaciones de sus asociados
• Plantear a escala comunitaria en la Unión Europea esta cuestión con el fin de
garantizar el funcionamiento del Mercado Único porque sólo a escala europea
se puede garantizar la existencia de niveles de competitividad suficientes para
crecer con vigor, crear empleo de calidad y mantener el modelo social europeo
y seguir reforzándolo.
1.4 EMPRENDEDORES
Consideramos fundamental apostar por dinamizar la economía española y hacerla
más inclusiva, garantizando el derecho a emprender, como fórmula fundamental
para asegurar el crecimiento económico y la creación neta de empleo en los años
venideros.
Los poderes públicos han de ser un aliado y no un estorbo para aquellos que tienen
talento, ideas y disposición para asumir riesgos empresariales.

Medidas de fomento del emprendimiento y la creación de start-ups
• Las Administraciones Públicas elaborarán un “plan estratégico para la
promoción de la cultura emprendedora juvenil” en colaboración con los agentes
sociales, Universidades y los centros de Formación Profesional, en el marco
del Plan Integral de Empleo Juvenil, donde se incluirá la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) como parte fundamental del cambio de mentalidad
empresarial de nuestro país.
• Reformar de la Ley de Segunda Oportunidad: (1) eliminaremos el periodo
de 5 años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas;
(2) daremos a los créditos públicos un tratamiento similar al que gozan las
entidades mercantiles en los concursos; (3) reduciremos los requisitos o
condicionantes para poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho de
la persona natural; (4) otorgaremos facultades al juez para valorar la actitud
y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable
por los bancos; (5) protegeremos la situaciones de colectivos especialmente
vulnerables. Por ejemplo, si el deudor tuviese a cargo a un menor de edad o a una
persona en situación de dependencia para paralizar la ejecución hipotecaria en
caso de insolvencia justificada no dolosa; (6) en estos casos y si fuese necesario,
promoveremos la puesta a disposición de la familia de una vivienda en régimen
de alquiler social procedente del parque público existente; (7) cuando se
produzca la ejecución de garantía real sobre la vivienda habitual del deudor,
aprobaremos que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la
garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación
que sirvió para la concesión del préstamo.
• Crear un Fondo Estratégico de Capital Riesgo Tecnológico: un “fondo de fondos”
público-privado que impulse las inversiones en capital riesgo tecnológico de
primeras, segundas y terceras rondas de financiación, integrando la estrategia
de los fondos públicos del ICO, CDTI, COFIDE, etc.
• Crear un fondo de Capital Riesgo específico, dirigido a las spin off del ámbito de
la investigación aplicada y nacida del tejido investigador de las universidades
españolas, mediante el desarrollo de proyectos de emprendimiento.
• Lanzar una Estrategia Nacional de Impulso a los Emprendedores Tecnológicos,
que incluya medidas a medio plazo fiscales, regulatorias, financieras y de
apoyo específicas para este tipo de empresas. El objetivo de esta estrategia es
que en España se puedan crear en cada año de la legislatura 1.000 Start-ups
tecnológicas con un fuerte componente de innovación, ligadas a la economía
digital e internet.
• Aumentar las líneas de financiación específicas para la creación de empresas.
Aumentar las dotaciones del ICO para préstamos a nuevas empresas y potenciar
el programa Neotec del CDTI.

• Establecer un modelo de atracción del talento que permita, mediante la
conciliación de la vida personal y laboral, crear áreas de innovación y desarrollo
de industrias creativas en el marco de las áreas urbanas y especialmente
alineadas con los proyectos de las “smart cities”.
• Crear un Visado Start-Up a coste simbólico y mínimos trámites dirigido a
emprendedores extranjeros en proyectos de nuevas tecnologías, especialmente
alumnado extranjero de nuestros centros universitarios y escuelas de negocios
que impulsen proyectos empresariales tras completar sus estudios.
• Crear viveros de empresas específicos para el microemprendimiento en
los Parques Científicos y Tecnológicos basados en clúster empresariales
innovadores, que permitan establecer sinergias con las grandes empresas
asentadas en dichos territorios .
• Permitir que aquel personal autónomo que haya fracasado y se haya acogido a
segunda oportunidad pueda beneficiarse de todos aquellos incentivos y medidas
de apoyo que tienen los nuevos emprendedores (Segunda Start-Up). Esto debe
incluir también a las entidades financieras públicas, como el ICO o el CDTI que
deben valorar positivamente a los emprendedores que hayan emprendido con
éxito o fracaso proyectos con anterioridad.
• Reducir y simplificar los trámites y costes administrativos para la creación de
empresas, a través de: (i) extensión de la tramitación telemática a todas las
operaciones; (ii) extensión del silencio administrativo positivo de manera general
y generalizar la Declaración Responsable de los nuevos emprendedores; (iii)
creación de una empresa en un día por vía telemática.
• Crear la Excedencia para Emprender: Las circunstancias personales,
profesionalesyfamiliaressuponenunodelasmayoreslimitacionesparamuchos
potenciales emprendedores y emprendedoras, especialmente a partir de los
35-40 años de edad, a la hora de asumir un proyecto empresarial. A efectos
de solventar esta situación, crearemos la ¨Excedencia para Emprender¨, con
reserva de puesto de trabajo para aquellas personas que la necesiten para
iniciar un proyecto empresarial.
• Fomentar la creación de proyectos de emprendimiento que conecte a los
emprendedores españoles en el exterior con los proyectos de emprendimiento
que se desarrollen en España, aprovechando los conocimientos mutuos de
dichos proyectos y mercados para la internacionalización empresarial.
• Acercar la cotización a la Seguridad Social de las personas autónomas a sus
ingresos reales. En consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo,
España debe avanzar en la posibilidad de que los autónomos coticen por los
rendimientos netos que reciben.

• Cambiar, en materia de cotizaciones de autónomos, el periodo de pago de las
cotizaciones de mensual a trimestral, para adaptarlas mejor a las actividades
estacionales o temporales.
• Reformar el sistema de pago de impuestos por la actividad económica de las
personas emprendedoras, haciendo que se ajuste a los ingresos realmente
percibidos, lo que facilitará el inicio de la actividad y responder mejor a las
situaciones de crisis del negocio. Estableceremos un sistema de retención más
vinculado al nivel de ingresos que perciben, disminuyendo el tipo de retención
en tramos de ingresos más bajos.
• Reformar la capitalización de la prestación por desempleo: Extender el pago
en una sola vez de la prestación por desempleo para todos los colectivos de
desempleados con independencia de la edad, siempre que se justifique la
necesidad de inversión, incluyendo en ella la adquisición de activos tangibles
o intangibles o la inversión para sufragar gastos necesarios para la puesta en
marcha de la actividad.
1.5 CAPITAL HUMANO PARA LA ECONOMÍA 4.0
El capital humano es un activo imprescindible para aprovechar productivamente
los recursos, pues se requiere ser eficaz en actividades rutinarias –en las que ahora
se usa también mucho capital- pero, sobre todo, disponer de las capacidades que
facilitan enfrentarse a situaciones complejas y cambiantes.
La cualificación de los recursos humanos es la base de la productividad pero no está
garantizada solo por alcanzar un título educativo. Importan la cantidad y calidad de
los conocimientos y también las competencias, destrezas y habilidades adquiridas
para el desempeño productivo de las ocupaciones. El uso de más capital humano y
un mejor aprovechamiento del mismo son condiciones necesarias para que España
invierta mejor y cambie su tejido productivo, de manera que este factor es, en última
instancia, un elemento crucial.
PROPUESTAS
• Impulsar un programa de difusión entre las familias y en las escuelas de:
• La cultura del esfuerzo, de la cooperación y del emprendimiento.
• La importancia de los idiomas para la empleabilidad y el desarrollo profesional,
especialmente del inglés
• La necesidad de formación continua a lo largo de la vida y sus ventajas
• Poner en marcha una campaña de reconocimiento y apoyo social a los centros
educativos, y en especial a los que desarrollan programas de mejora de sus

resultados, en conocimientos, competencias o programas de inclusión educativa
y social.
• Crear ayudas de posgrado para proyectos formativos orientados a la preparación
de tecnólogos y emprendedores, en centros de excelencia, nacionales e
internacionales, cofinanciadas mediante aportaciones de particulares y empre-
sas y públicas. El objetivo es comprometer a la sociedad en la preparación
profesional de personas capaces de liderar las transformaciones que la
economía española necesita.
• Crear un fondo público-privado para atraer talento investigador a las unidades
de excelencia de las universidades y centros de investigación. El objetivo es
reforzar la capacidad de generación y transmisión de conocimiento de las
unidades más productivas en este terreno, con la colaboración de las empresas
y prestando especial apoyo a la investigación aplicada.
Es necesario aumentar la tasa de población con cualificaciones medias: El
incremento de la cualificación no podrá basarse en un crecimiento continuado de
las cualificaciones superiores, sino que tendrá que fundamentarse en el crecimiento
de las cualificaciones intermedias, es decir, del bachillerato y de los ciclos medios
de formación profesional. Una vez acabada la etapa formativa inicial, la ciudadanía
deben poder acceder al sistema de Formación en cualquier momento de su vida
profesional. Ello exige ampliar la oferta formativa, hacerla más flexible y cercana a
los ciudadanía.
La formación profesional está llamada a desempeñar un papel estratégico
imprescindible en la mejora de la productividad de las empresas españolas y será un
factor clave en el desarrollo del nuevo modelo productivo.
Proponemos las siguientes medidas para impulsar la Formación Profesional:
• Aumentar el número de plazas de formación profesional de grado medio en al
menos 200.000. Incentivaremos la oferta pública de plazas que responda a las
necesidades derivadas del nuevo modelo de crecimiento inteligente, sostenible
y cohesionado. Especialmente se priorizarán acciones formativas extensas en
aquellos sectores de alta empleabilidad o vinculados a actividades emergentes,
todo ello de acuerdo a los estudios y prospecciones del mercado de trabajo que
realicen los Observatorios de los Servicios Públicos de Empleo
• Mejorar la Calidad, potenciando la autonomía organizativa y de gestión de los
centros de FP.
• Promover la ampliación y la renovación de los Centros Integrados de Formación
Profesional incorporando a esta red los actuales centros de Referencia Nacional.

• Definir un modelo de formación en alternancia que permita una adecuada
formación en los centros de trabajo sin que esto suponga un deterioro de la
formación en los centros educativos.
• Promover en colaboración con todas las empresas y con las administraciones
públicas un plan de formación específico de todo el profesorado, que permita
la actualización de sus competencias, el dominio de las nuevas herramientas
profesionales y el desenvolvimiento eficaz en los nuevos entornos productivos.
• Incorporar a todas las enseñanzas profesionales un segundo idioma extranjero
para facilitar la externalización de las empresas y para evitar que el idioma se
convierta en un obstáculo para acceder a más oportunidades laborales.
• Crear un Sistema Integrado de Formación Profesional que permita la
obtención tanto de títulos de Formación Profesional como de Certificados de
Profesionalidad.
• Impulsar la FP a distancia, mejorando y desarrollando las plataformas de
formación on line. Esta oferta formativa, semipresencial u on line en la mayoría
de los casos, debe convertirse en el instrumento más adecuado para que
las personas que participen en el procedimiento de reconocimiento de las
competencias profesionales.
• Facilitar que los centros puedan aportar la logística necesaria para que las
Pymes desarrollen en sus instalaciones proyectos de innovación e investigación
y también se conviertan en semilleros de empresas.
• Impulsar la incorporación de España al proceso de convergencia europea en
Formación Profesional y eliminar los obstáculos a la movilidad transnacional
del profesorado y alumnado de Formación Profesional.
• Poner en marcha un programa de formación + acreditación para que 700.000
jóvenes adquieran la formación básica necesaria para su recualificación
profesional.

1.2. UN MERCADO LABORAL MÁS EFICIENTE
España tiene un problema estructural en relación al empleo, tanto en términos
cuantitativos, como de calidad. Nuestro modelo productivo es poco intensivo en
trabajo como demuestra el hecho de que solo en plena burbuja inmobiliaria fuéramos
capaces de alcanzar el nivel medio de desempleo de los países de la Unión Europea.
Para crear empleo suficiente y de calidad necesitamos mucho más que reformas
en el mercado laboral. Necesitamos una transición en la oferta productiva, como la
propuesta en este programa.
La crisis económica y las medidas adoptadas por el gobierno conservador para hacer
frente a la misma han dejado una preocupante secuela en nuestro mercado laboral en
términos de un nivel de paro muy elevado, rebajas salariales, precariedad inaceptable
e inseguridad en las condiciones laborales y deterioro de la negociación colectiva.
La primera medida que adoptó el PP cuando llegó al poder fue su reforma laboral.
Cuatro años después el paisaje es desolador. Hoy tenemos casi 5 millones de personas
en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de 2,1 millones llevan
más de 2 años en situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45
años. Estas son las grandes víctimas de esta crisis, las grandes olvidadas. Más de
400.000 jóvenes han tenido que abandonar su país porque aquí no hay ni futuro ni
esperanza y 2 millones de menores de 34 años están en el paro: España ostenta el
vergonzoso record de ser el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de todos
los países de la Unión Europea.
La situación no es menos dramática para los que trabajan. La marca España de empleo
con el Gobierno del PP es la precariedad y el subempleo: trabajo a tiempo parcial no
querido, ultra-temporalidad, salarios de pobreza, degradación de las condiciones de
trabajo y muerte de la negociación colectiva. 9 de cada 10 contratos de trabajo que se
celebran en nuestro país son temporales, con una duración media de menos de 54
días, y un tercio de los cuales es, además, a tiempo parcial.
Desde que gobierna el PP, los salarios de los trabajadores y trabajadoras han caído
cerca de un 5% y su poder adquisitivo es hoy el mismo que tenían a principios de los
años 90. No es extraño, pues, que en nuestro país existan hoy más de 2,5 millones de
trabajadores pobres y que más del 13% vivan en hogares por debajo del umbral de la
pobreza.
España es el país de la Unión Europea con mayores diferencias salariales entre los que
más y menos ganan y la brecha salarial entre mujeres y hombres es de un 24%, lo que
significa que una mujer tiene que trabajar 80 días más que un hombre para ganar lo
mismo que él. En nuestro país se realizan cada semana más de 10 millones de horas
extraordinarias ilegales, la mayoría de las cuales ni siquiera se cobra, y la explotación
laboral se ha vuelto una práctica común en cientos de centros de trabajo.
Finalmente,desdequeentróenvigorlareformalaboraldelPP,el númerodeconvenios

colectivos se ha reducido prácticamente a la mitad, y quienes están protegidos por la
negociación colectiva que antes eran casi 11 millones, hoy son menos de 6 millones.
El empeoramiento de las condiciones laborales y la destrucción de empleo son fruto
de una política gubernamental que apostó por un ajuste económico vía devaluación
de las condiciones laborales, la desprotección frente al desempleo y el vaciamiento
de las políticas públicas de empleo.
Frente a esta realidad, los y las socialistas nos reconocemos en el reto fundamental
de nuestra sociedad: promover empleos de calidad que garanticen una vida digna,
aumentar las oportunidades para los y las jóvenes, garantizar de forma real y efectiva
la igualdad entre mujeres y hombres tanto en la distribución social de los cuidados
y trabajos domésticos, como en la retribución por el desempeño de un trabajo de
igual valor y, por tanto, garantizar la igualdad de género en el empleo, en su acceso y
permanencia, en la formación y en la promoción interna en las empresas, removiendo
los obstáculos que la impiden o dificultan.
Dada la magnitud de este reto, nuestro compromiso es afrontarlo desde una
perspectiva integral. La precarización del empleo y de las relaciones laborales no
responde exclusivamente a los aspectos institucionales y legales de nuestro mercado
laboral, sino que hunde sus raíces en nuestro patrón de crecimiento económico, la
baja productividad, el pequeño tamaño empresarial, el carácter estacional de nuestro
sistema productivo, la debilidad, en definitiva, de una economía centrada en la
competencia vía costes y con poco músculo innovador y tecnológico.
Laprofundidadyduracióndelacrisishangeneradouncuellodebotella,especialmente
dramático, en el mercado laboral: personas paradas de larga duración. Un drama que
se complica conforme se avanza en edad, y que aún se complica más en familias con
todos sus miembros en paro.
2.1. REFORMAR EL SISTEMA PÚBLICO DE EMPLEO
Tras la reforma laboral, y de forma paralela, se han reducido en un 40% los fondos
destinados a políticas activas de empleo, lo que, junto con las reducciones realizadas
en las CCAA gobernadas por el PP, ha supuesto el desmantelamiento efectivo de los
servicios públicos de empleo.
En materia de inversiones hemos pasado de un gasto medio de 1.300 euros por
desempleado/año en 2011 a 700 euros/año; muy lejos aún de los países europeos más
desarrollados que destinan más de 3.000€ por persona desempleada al año.
Estos años no han servido para acometer el proceso de recualificación y formación
que necesitaba nuestro país, tanto para las personas ocupadas como para las
desocupadas: tenemos casi 3 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de
estudios tan bajo que necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única
forma de tener esperanza de encontrar un trabajo.

Ha sido una legislatura perdida justo en el momento en que más necesaria era la
formación como uno de los motores para recuperar empleo de calidad.
Los y las socialistas nos proponemos abordar este reto mediante la reforma de nuestro
sistema público de empleo, impulsando las políticas activas y pasivas de empleo y
transformando de raíz el sistema de formación, y todo ello con base en el diálogo y el
consenso con los agentes sociales.
PROPUESTAS
Sistema Público de Empleo, un pilar fundamental de la política de empleo
• Duplicar las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo, exigiendo
una evaluación de la eficacia de las mismas.
• Elaborar un Plan Estratégico 2016-2025 que incluya, entre otros aspectos, el
cambio de modelo de atención a las personas en situación de desempleo, una
correctaarticulacióndelasrelacionesentreelservicioestatalylosautonómicos,
mayor financiación, mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas, sana
colaboración con entidades privadas y digitalización.
• Crear la Agencia Pública de Empleo y cualificación como instrumento para una
gestiónmejorymáságildelosrecursosdelsistemaconlasustituciónautomática
del actual Servicio Público de Empleo Estatal y mayor coordinación con las CCAA.
La creación de esta agencia respetará en todo caso las competencias en políticas
de empleo que tienen asumidas las Comunidades Autónomas. Garantizando, en
todo caso, el principio de caja única de la Seguridad Social, se gestionarán de
forma unificada tanto las políticas activas como las prestaciones de desempleo,
con un proceso ágil, moderno y sin duplicidades. Cada persona desempleada
tendrá una atención única e integral, en la que se realizará un seguimiento de
su caso desde el primer momento: se le reconocerán las prestaciones que le
correspondan por la Seguridad Social y se iniciará el itinerario personalizado
de inserción de forma simultánea, activándose la orientación y formación
profesional, según sea el caso.
• Fortalecer, asimismo, la actuación local por el empleo. Los servicios públicos
de empleo concretaran con la máxima transparencia sus actuaciones en la
dimensión local y las coordinaran todas ellas con las actuaciones locales en
el marco del desarrollo económico y la plena integración social del territorio.
Los planes locales de empleo contendrán el diagnóstico económico y social del
empleo del ámbito territorial, los ejes del desarrollo estratégico del territorio
elaborado con el máximo consenso político y social, la valoración de todas
las actuaciones pública en el territorio, y, finalmente de la priorización de las
medidas sociales y económicas que favorezcan un crecimiento socialmente
inclusivo y sostenible en el medio natural.

Recuperación de las políticas activas de empleo
• La Agencia Pública de Empleo desarrollará una verdadera acción pública de
colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y
trabajadoras. El servicio de intermediación aspirará a ocupar un papel central
en la contratación en el mercado de trabajo. Se dotará de recursos humanos
especializados en la selección de personal.
• La acción pública de colocación priorizará la selección de personal de PYMES,
siendo un servicio gratuito, eficaz y que garantiza la igualdad de oportunidades
en el acceso al empleo.
• La orientación profesional personalizada tendrá la consideración de derecho
y ofrecerá las pautas y servicios necesarios para conseguir una colocación
adecuada a las personas desempleadas.
• Implantar políticas de activación económica, dirigidas a aquellos colectivos
más vulnerables económicamente, especialmente las personas en situación de
desempleo mayores de 45 años. Para ello, con la colaboración especial de las
Corporaciones Locales, se desarrollarán programas de formación-empleo que
permitan una experiencia laboral, al tiempo que adquieren una cualificación, a
los parados de larga duración. En especial a aquellos pertenecientes a familias
con todos sus miembros en paro.
• Recuperación del subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años en
las condiciones preexistentes antes de la entrada en vigor del RDL 20/2012.
• Desarrollar el Plan de Garantía Juvenil como instrumento fundamental de
activación para la juventud desempleada. Se promoverán programas de segunda
oportunidad para luchar contra las consecuencias del abandono escolar
temprano. Se diseñarán actuaciones para aquellos que carezcan de experiencia
a través de programas de primera experiencia profesional.
• Promoveremos la creación de un fondo de lucha contra el desempleo entre los
países de la Eurozona.
Formación integral al servicio del empleo
• Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las
personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia
de género, y destinar la inversión que actualmente se dedica a las mismas a
formación para el empleo.
• Diseñar la gobernanza, planificación y estrategia del sistema de formación
profesional para el empleo con todos los agentes implicados en ella y gestionar
la formación para el empleo a través de los centros públicos integrados, centros

privados de calidad e infraestructura propia del sistema educativo. Este sistema
de formación profesional para el empleo será evaluado periódicamente.
• Permitir la capitalización de la prestación por desempleo para que las personas
desempleadas puedan desarrollar procesos de formación/reciclaje profesional
que deriven en la obtención de un título de grado o postgrado universitario.
• Aprobar un programa de formación + acreditación para que 700.000 jóvenes
adquieran la formación básica necesaria para su recualificación profesional.
Un programa para la reinserción formativa de la juventud que ha abandonado
el sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan. Su objetivo es
ofrecer a 700.000 jóvenes la posibilidad de acreditarse en competencias clave
de nivel 2 imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo
de 6 meses. El programa se desarrollará con la suma de estas tres acciones: (1)
oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2; (2) elaboración de un
dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos; (3) realización
masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave.
• Consideración de la acreditación del reconocimiento de las competencias
profesionales como un derecho, simplificando los procedimientos de evaluación y
manteniendo la validez y la fiabilidad. Otorgar validez académica a la acreditación
para el acceso a ciclos formativos (equipararla a una prueba de acceso a ciclos:
nivel 2, Equivalente a ESO y Nivel 3, Equivalente a Bachillerato). Se establecerá un
sistema de formación y acreditación de tutores y formadores de empresa.
• Establecer planes y programas de formación y reciclaje en el marco de las
políticas activas de empleo que faciliten acceso de las mujeres a los mismos.
Promover políticas activas de acceso al empleo y a la mejora de la cualificación
profesional de las mujeres en sectores, profesiones y categorías en las que se
encuentren infrarrepresentadas, de manera especial en el campo de las nuevas
tecnologías y en los trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo.
2.2. ELABORAR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES COMO CARTA DE DERECHOS E
IGUALDAD EN LAS RELACIONES LABORALES
Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral
del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos
baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores
y empresarios. Un modelo que ya ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un modelo que preocupa a la OIT y a la
OCDE por las consecuencias que origina en el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía
y en el deterioro de nuestro clima social. Y la sustituiremos por una norma dialogada
con los agentes sociales.
Son muchas las condiciones que han cambiado desde que se aprobó el primer
Estatuto de los Trabajadores. La globalización y una economía que hoy se extiende

prácticamente a escala mundial; nuestro ingreso en la Unión Europea; la plena
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; el uso intensivo de las nuevas
tecnologías;elcambioprofundoenlasformasdeorganizarlaempresaylaproducción;
o la apertura de nuestras empresas al comercio exterior. Todos estos cambios en la
realidad económica y social demandan también un cambio de la misma intensidad y
dirección en nuestro marco de relaciones laborales.
Aprobaremos, con carácter inmediato, un decreto-ley que recupere la centralidad
de la negociación colectiva, eleve el salario mínimo interprofesional, garantice
los derechos de los trabajadores y combata de manera eficaz la precariedad en el
empleo, que son las prioridades que hoy tienen los trabajadores de nuestro país. En
paralelo, abriremos un proceso de diálogo social desde la voluntad de acuerdo con
los Sindicatos y las organizaciones empresariales que culmine en la aprobación de un
nuevo Estatuto de los Trabajadores, que deberá garantizar la igualdad salarial entre
mujeres y hombres y derechos laborales como la formación profesional, la igualdad en
el acceso al empleo, la seguridad y salud en el trabajo o el reconocimiento de nuevos
derechos como la libertad religiosa, el secreto de las comunicaciones y el derecho a
la propiedad científica e intelectual de los trabajadores; incorporar la negociación y
el acuerdo en los procesos de adaptación de las empresas para el mantenimiento del
empleo; recuperar la causalidad y proporcionalidad del despido, incluyendo la revisión
de los costes del mismo, y la razonabilidad en los despidos colectivos; garantizar que
el despido sea la última medida en los procesos de reestructuración empresarial
y asegurar una tutela judicial efectiva frente al despido. Así mismo, en la reforma
constitucional que proponemos los socialistas se verán reflejados como derechos
laborales, entre otros, el derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo y la
tutela judicial efectiva ante los despidos injustificados.
PROPUESTAS
• Recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores como carta de
derechos: garantizar los derechos laborales más clásicos, como el derecho a la
formación profesional o la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo,
e incorporar al Estatuto de los Trabajadores el reconocimiento de derechos tan
básicos como la seguridad y salud en el trabajo, la libertad religiosa, el secreto
de las comunicaciones, incluso las que tienen que ver con el uso de internet, del
correo electrónico o las redes sociales; y el derecho a la propiedad científica e
intelectual de los trabajadores.
• Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso, mantenimiento y
promoción en el empleo. A este fin nos proponemos:
- Registrar planes de igualdad negociados para garantizar que se conviertan
en normas de obligado cumplimiento.
- Impulsar la incorporación y promoción de la mujer en trabajos emergentes
en el nuevo modelo productivo.

- Revisar todas las normas relativas a los permisos parentales para evitar
que la neutralidad en su formulación impulse que sean mayoritariamente
las mujeres los que disfruten de ellos, avanzando hacia el concepto de
corresponsabilidad en la asunción de las responsabilidades familiares
más que en el de conciliación de la vida laboral y familiar.
- Levantar la suspensión que hoy sufre el permiso de paternidad pasando
de 2 a 4 semanas y, progresivamente, hacer coincidir su duración con la
del permiso de maternidad, además de configurarlo como obligatorio e
intransferible.
- Desarrollar la prestación no contributiva por maternidad en el ámbito
de la Seguridad Social, a fin de evitar la desprotección que supone que
un tercio de los nacimientos de nuestro país no genere prestaciones de
maternidad/paternidad. A este fin, todas las mujeres demandantes de
empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva
de maternidad disfrutarán de una prestación no contributiva por esa
contingencia de 6 semanas de duración.
- Ratificar el Convenio 189 de la OIT al objeto de consolidar la igualdad de
derechos laborales y de Seguridad Social de las mujeres que trabajan en
el hogar familiar.
• Reconocer el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual:
- Se aprobará una nueva regulación de las enfermedades profesionales
a fin de considerar como tales las que se ocasionen o agraven en el
centro de trabajo y se tenga en cuenta el criterio epidemiológico para
declarar su existencia. Los trastornos musculoesqueléticos , propios de
muchas actividades realizadas por mujeres, tendrán la consideración de
enfermedad profesional.
- Se potenciará la integración de la prevención en la empresa y se facilitará
la existencia de servicios de prevención propios. Nuestro objetivo es que,
en el plazo de una legislatura, todas las empresas con una plantilla de
más de 100 personas tengan integrada alguna de las especialidades
preventivas. Se actualizará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
incorporando una perspectiva de género.
• Poner fin a la figura de los falsos autónomos y terminar con las becas que
encubren verdaderos contratos de trabajo con campañas específicas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cambios normativos en una doble
dirección:
- Las personas autónomas económicamente dependientes que hoy regula
el Estatuto del Trabajo Autónomo pasarán a formar parte del ámbito

del Estatuto de los Trabajadores, para que tengan los mismos derechos
laborales y de Seguridad Social y se les aplique la negociación colectiva.
- El nuevo Estatuto de los Trabajadores incorporará una definición de la
condición de becario o becaria, de modo que exigirá que la finalidad de
su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva,
requiriéndose en todo caso que la persona becada se encuentre
incorporada a un programa formativo curricular. Y se garantizarán sus
cotizaciones a la Seguridad Social
• Establecer tres modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo
indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de
trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales; y un
contrato de relevo y para la formación:
- Se derogará el contrato de fomento de emprendedores.
- No podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos
temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de 1 año,
aunque la negociación colectiva podrá extenderlo hasta 2 y determinar
tasas máximas de temporalidad en los distintos sectores de actividad
productiva, incluidas las administraciones públicas.
- Las empresas que abusen de la contratación temporal pagarán más
cotizaciones sociales, porque su abuso supone un sobre coste para todos
en el pago de las prestaciones por desempleo.
- Se actuará para que las contrataciones de temporada que se plasman en
contratos temporales se reconduzcan a la modalidad fija discontinua con
plenitud de derechos.
• Subir el salario mínimo interprofesional para que alcance, en el término de dos
legislaturas, el 60% del salario medio neto, que es la cuantía que señala la Carta
Social Europea como retribución mínima suficiente. Esta subida se acompasará
a la evolución de nuestra economía.
• Acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para ello se
potenciarán las inspecciones de trabajo y se incrementará el régimen
sancionador. Todas las empresas tendrán un registro donde consten de
manera desagregada los salarios y complementos salariales que perciben
los trabajadores y las trabajadoras de su plantilla. Así mismo todas las
empresas elaborarán obligatoriamente un plan o estrategia de lucha contra
la desigualdad salarial.
• Crear un Observatorio de Competitividad y Productividad que emita reco-
mendaciones oficiales que informen a los agentes sociales de distintas variables

que inciden en la competitividad empresarial y su evolución, como son los costes
financieros, los energéticos, la política de innovación empresarial e inversiones
tecnológicas, los modelos de organización empresarial y tamaño óptimo de las
empresas y el crecimiento salarial necesario para mantenerse en línea con las
subidas existentes en los países de la zona euro, en aras de mejorar nuestra
competitividad como país e impulsar una mayor relación entre productividad y
salarios. Debe quedar absolutamente claro que este observatorio únicamente
emite recomendaciones y no imposiciones que pudieran dañar la autonomía
colectiva de organizaciones sindicales y empresariales para pactar las políticas
salariales que consideren adecuadas.
• Eliminar el prestamismo laboral y hacer efectivo que los trabajadores y
trabajadoras contratados por las empresas de servicios cobren lo mismo que
los que realizan el mismo trabajo que ellos pero contratados por la empresa
principal: a igual trabajo debe corresponder igual salario.
• Impulsar un modelo de empleo de calidad que partirá de la ejemplaridad de
la propia administración, tanto en la contratación que efectúe como en la que
subcontrate. En todas las licitaciones públicas se exigirá el cumplimiento,
cuando menos, del convenio colectivo aplicable, porque los derechos sociales
no pueden ser objeto de puja.
• Configurar los procesos de reestructuración empresarial de forma que el
despido de trabajadores sea la última medida que se adopte. Los acuerdos en
expedientes de regulación de empleo deben tener mayor seguridad jurídica
y evitar el uso del despido disciplinario como mecanismo de regulación de
empleo.
• Garantizar el derecho al tiempo en el trabajo y la jornada como un derecho
del trabajador y una forma eficiente de mejorar la producción, así como una
garantía para la conciliación. Se limitarán y controlarán de forma exhaustiva
las horas extraordinarias en las empresas para aumentar las contrataciones y
mejorar la conciliación laboral y familiar.
• Promover desde la Administración y en el marco de la negociación colectiva unos
horarios laborales más acordes con los países de nuestro entorno y que permita
una conciliación efectiva de la vida laboral y familiar, así como desarrollar unas
jornadas de trabajo más adecuadas con el objetivo de la conciliación en los
diferentes sectores y articuladas dentro del marco de la negociación colectiva,
así como en actividades de ocio y en los medios de difusión.
• Regular de nuevo el trabajo a tiempo parcial de modo que recupere su vocación
de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las
responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas. Para ello el
horario de trabajo deberá estar determinado en el contrato y la realización de
horas complementarias tendrá que estar prevista en convenio colectivo; en todo

caso, las modificaciones en dicho horario de trabajo y la antelación con la que
debe comunicarse al trabajador o trabajadora deberá articularse de acuerdo a
lo contemplado en la negociación colectiva.
• Recuperarlafortalezadelanegociacióncolectivacomoinstrumentodeigualdad.
A este fin, serán las organizaciones y secciones sindicales las que ejerzan
la negociación colectiva y pacten los descuelgues salariales. Los comités de
empresa y delegados de personal ejercerán funciones de información, consulta
y participación. Los acuerdos interprofesionales deben tener un papel central
en el diseño de la estructura convencional y la ultraactividad del convenio
colectivo.
• Las medidas de flexibilidad interna que prevea el futuro Estatuto de los
Trabajadores deberán ser acordadas con la representación de los trabajadores
o, en caso de desacuerdo, solventadas con la autorización de procedimientos
como la mediación o el arbitraje.
• Elaborar una ley de participación institucional que clarifique el papel y la
financiación de las organizaciones sindicales y empresariales, y potencie la
mediación y el arbitraje como fórmula natural de solución de conflictos en el
ámbito de las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
• Ratificar el Tratado Internacional de la Carta Social Europea revisada de 1996,
firmadaporEspañaenelaño2000,peronoratificadaporlasCortes,yelProtocolo
de Reclamaciones Colectivas para dotar a los derechos sociales y laborales de
la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras españoles de una herramienta
importante para su reconocimiento y defensa, así como para colocar a España
en el nivel que le corresponde en los estándares de vocación europeísta.
2.3. UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO CENTRADA EN HACER REALIDAD EL ESTADO DE DERECHO EN
LOS CENTROS DE TRABAJO Y VELAR POR EMPLEOS DE CALIDAD
La economía sumergida sigue siendo uno de los problemas más importantes
de nuestro país. Daña la contabilidad nacional, erosiona la recaudación fiscal y
mantiene fuera del sistema a miles de trabajadores que, en consecuencia, sufren
desprotección legal y falta de derechos de seguridad social. La falta de altas a la
seguridad social, la proliferación de horas extraordinarias ilegales, los excesos
de jornada y, sobre todo, la utilización masiva y fraudulenta del contrato a tiempo
parcial configuran verdaderos escenarios de explotación laboral, que daña tanto
a los trabajadores como al propio sistema. Por ello, la economía irregular es
necesario abordarla de forma integral. Necesitamos una Inspección centrada en
velar por empleos de calidad.
La apuesta que hace el Partido Socialista por un empleo de calidad y por un nuevo
marco en las relaciones laborales, como es el nuevo Estatuto de los Trabajadores,
debe ser garantizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En este sentido, para asegurar el derecho al trabajo y conservar al mismo tiempo las
libertades económicas y la economía de mercado se deberá vigilar la “competencia
desleal” entre empresas, evitando el “dumping social” a través de la Inspección de
Trabajo.
La Inspección de Trabajo debe concentrarse en una prioridad fundamental: hacer
que el Estado de Derecho sea una realidad en los centros de trabajo combatiendo la
precariedad laboral.
Debemos recuperar una Inspección de Trabajo que centre su actuación en velar
por un equilibrio real entre empresario y trabajador. El eje de su actividad debe ser
la tutela de los derechos básicos de los trabajadores: salarios, jornada, descansos,
contratación,seguridad ysaludlaboral, proteccióndelaseguridadsocial.Protegiendo
tanto al trabajador como al empresario que cumple la norma y se ve perjudicado por
aquellos que consideran los incumplimientos sociales como un ahorro de costes. Las
organizaciones sindicales y empresariales, en su ámbito de negociación, tendrán un
papel de colaboración con la Inspección de Trabajo
El cumplimiento de la función de garantía de la Inspección debe verse acompañada
de una nueva regulación de las Infracciones y Sanciones del Orden Social.
PROPUESTAS
Modernización y mejora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
• Incrementar el número de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de
los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social de forma progresiva, hasta
alcanzar los 3000 efectivos. Y elaborar un plan de lucha contra la explotación y
precariedad laboral.
• FacilitarelintercambiodeinformaciónconotrosorganismosdelaAdministración,
especialmente la Agencia Tributaria, impulsando el uso compartido de las bases
de Hacienda y Seguridad Social.
• Crear una unidad especial de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y
de la Inspección Médica del INSS para la revisión de la actuación médica de las
Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, especialmente en relación con
el reconocimiento de enfermedades profesionales y el control del absentismo
laboral.
• Modernizar los medios técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
impulsando decididamente el uso de las nuevas tecnologías.

• Incrementar el seguimiento por parte de la Inspección del Trabajo de la
puesta en marcha de los Planes de Igualdad y de la imposición de sanciones
en caso de incumplimiento, así como la supervisión por parte de la autoridad
laboral competente de los controles de los convenios colectivos respecto a la
introducción de medidas de igualdad de género.
• Implementación de mayores recursos materiales y humanos para la Inspección
de Trabajo a fin de mejorar su actuación en sectores donde se emplean
mayoritariamente inmigrantes, en prevención de la existencia de abusos.
• Reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo en la vigilancia del
cumplimiento de la cuota por parte de las empresas a las personas con
discapacidad.
Una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptada a combatir
la precariedad
• Garantizar, en dicha ley, coherencia y proporcionalidad entre los distintos
derechos que debe proteger.
• Incumplir la norma tendrá la misma consecuencia, una infracción en Seguridad
Social tendrá la misma consecuencia que una comparable en relaciones
laborales.
• Revisar el sistema sancionador del orden social con vistas a:
- Reforzar la cuantía de las sanciones en materia de relaciones laborales
para intensificar el reproche social de la vulneración de las condiciones de
trabajo y potenciar el efecto disuasorio de las sanciones;
- Individualizarlassancionesenmateriadecontratación,jornada,descansos
y horas extraordinarias.

1.3. ECONOMÍA VERDE: PROSPERIDAD MÁS ALLÁ DEL PIB
España necesita salir del estancamiento en el que ha estado inmersa en los últimos
años y recuperar su capacidad de cohesión social. Necesita redefinir un modelo
económico y de convivencia que asegure prosperidad y empleo sostenible, prosperidad
y empleo de calidad para todos ahora y en el futuro, con respuestas inclusivas que no
dejen atrás a nadie, ancladas en un diagnóstico correcto de los retos de nuestros días
y en la voluntad de construir un proyecto común.
Un “mejor crecimiento y un mejor clima” y la reorientación de nuestro modelo
tradicional de desarrollo hacia premisas de mayor eficiencia en la producción y
consumo de recursos facilitan una recuperación económica sostenida en el tiempo,
generando prosperidad y empleo. Favorece la innovación en la producción de bienes
y servicios y libera rentas hoy despilfarradas que podrán ser reinvertidas en objetivos
que merecen mayor prioridad: políticas sociales, servicios públicos, investigación e
innovación.
En coherencia con los esfuerzos de la comunidad internacional en la Cumbre de París
para coordinar la transición colectiva a una economía baja en carbono y resiliente a los
efectos del cambio climático, España ha de aprender a conocer sus vulnerabilidades
y fortalezas, a definir la hoja de ruta que le permita invertir en su propio futuro
contribuyendo al esfuerzo global de forma solidaria.
3.1 TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Un plan estratégico, horizontes 2030 y 2050, para la transición energética
Queremos suscitar un amplio consenso sobre la hoja de ruta de la transformación de
nuestro modelo energético. Queremos definir una política energética de largo alcance,
que asegure a la ciudadanía el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el
sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación, desarrollo y
generación de empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles,
impulsando el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad de suministro, y
luchando eficazmente contra el cambio climático.
Por ello, impulsaremos un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de
todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la
política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años y
facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo
en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios
estables.
Disponer de un Pacto de Estado de la Energía es necesario para dar continuidad a las
decisiones más estratégicas y separar el desarrollo del sector con independencia de
los Partidos que formen Gobierno. Queremos energía para todos limpia y asequible,
sin superar 1,7 toneladas anuales de CO2e per cápita en 2050 (actualmente emitimos

7,3) y, para ello, debemos asegurar objetivos coherentes a 2030.
Con esta meta, debemos reducir las emisiones de CO2e mas de un 40% sobre el nivel
de 1990, de acuerdo con el objetivo de la UE, mejorando la eficiencia energética en un
2% anual y superando en 2030 el 70% de participación de las energías renovables en
la generación eléctrica en un sistema energético más electrificado
Esta ha sido una legislatura perdida. No ha habido ni visión sobre los retos y las
prioridades, ni búsqueda de consenso, ni coherencia en las decisiones. Se ha
renunciado al cumplimiento de las obligaciones europeas, a la promoción de la
eficiencia o a la incorporación de un solo megawatio renovable.
Las orientaciones estratégicas de esta transición permitirán recuperar la estabilidad
y la previsibilidad de la evolución de la política energética y de su marco regulatorio,
así como la seguridad jurídica para los inversores, que tanto ha sufrido estos últimos
años.
Además, el Gobierno de España no ha explorado todas las posibilidades jurídicas de
recuperar determinados pagos en exceso realizados por el sistema eléctrico, así como
para evitar posibles sobre-retribuciones de las actividades del sector eléctrico (tanto
por el sistema como por un mercado no siempre bien diseñado). Todo ello necesario
para encontrar un equilibrio que evite que sean siempre los consumidores quienes
soporten los costes derivados del déficit generado.
• Nos dotaremos de una Comisión para la Transición Energética, desarrollaremos
escenariosprogresivosdereduccióndeemisionesdeCO2quepermitanidentificar
los retos y oportunidades del cambio de modelo, garantizando el derecho a un
bien básico, esencial y primordial para el bienestar de la ciudadanía como el
acceso a la energía, la protección de los más vulnerables y la erradicación de la
pobreza energética en los hogares y en la movilidad de las personas.
• Los ejes principales serán la eficiencia energética, la electrificación equilibrada
en todo el territorio nacional, y las energías renovables, reduciendo la
presencia de combustibles fósiles, restringiendo las autorizaciones de nuevas
prospecciones de gas y petróleo y prohibiendo el empleo de las técnicas de
fractura hidráulica (fracking).
• Revisaremos la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de Villar de Cañas e implantaremos un calendario de cierre de las
centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva
de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028, de tal manera que podrá
abordarse el gran salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década.
En este mismo contexto, adoptaremos las decisiones sobre las instalaciones
nucleares, incluidas las relativas al almacenamiento de residuos, garantizando
la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad.

Paralelamente, impulsaremos un plan de actuación industrial y de adaptación
económica para las zonas de transición energética.
• Urge además, entre otras acciones, incorporar el combate contra la pobreza
energética como prioridad de la política energética española. Legislaremos
un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de
energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser
privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre
y el 31 de marzo.
La transformación habrá de ser pragmática y gradual, instrumentada por la eficiencia
energética y las energías renovables e impulsadas por el desarrollo tecnológico, por
la lucha contra el cambio climático, y no por el agotamiento de los recursos fósiles.
Su éxito requiere que aprendamos a valorar los riesgos y las oportunidades de
nuestras decisiones empleando –en línea con las mejores prácticas en otros países
de nuestro entorno- la información obligatoria sobre la intensidad de carbono de los
presupuestos públicos y la actividad financiera.
• Aprobaremos una Ley de Transición Energética y propondremos un informe
anual al Parlamento sobre los progresos en la transición energética y hacia una
economía libre de emisiones.
En esta transición debemos encontrar una solución justa para la minería del carbón
española, que combine nuestro compromiso con ZERO emisiones con la necesidad
de avanzar en la autonomía energética de nuestro país y la seguridad del suministro.
• Esto implica mantener el consumo de carbón nacional en la forma prevista en
los acuerdos con el sector y el cumplimiento de la Resolución del Parlamento
Europeo de 13 de septiembre de 2012. Ello exige, también, extremar las formas
de combustión limpia del carbón y requiere la aplicación de innovaciones
tecnológicas dirigidas a la reducción de emisiones y la captura del CO2, incluidas
las centrales térmicas a partir de gasificación inyectada.
Y todo necesita verse acompañado de medidas de reindustrialización, desarrollo
alternativo y protección social de las comarcas afectadas.
Debemos apostar por mejorar la competencia real entre los operadores que
intervienen en el sector eléctrico y por desplazar el centro de gravedad desde las
grandes empresas suministradoras hacia los consumidores, que asumirán un papel
mucho más activo tanto en la gestión de su consumo como en la generación de su
energía.
Una buena proporción de los consumos eléctricos tradicionales podrán descargarse
del sistema, mientras otros enormemente intensivos en carbono encontrarán en la
electricidad limpia una buena alternativa.

Será un sistema con más generación distribuida y de pequeña escala, en su mayor
parte renovable, basada en un gran desarrollo de servicios energéticos orientados a
gestionar más eficientemente el consumo.
Lainnovacióntecnológica,lamaduraciónyelabaratamientodelasenergíasrenovables,
y en particular de la energía fotovoltaica, las telecomunicaciones y la automatización
de los hogares nos ayudan en esa dirección, pero además, los socialistas valoramos
la contribución de ese nuevo modelo energético a la democratización económica, al
fortalecer el protagonismo de la ciudadanía en la gestión de la energía.
Para hacer viable la transición hacia ese modelo, será necesario impulsar la
modernización de las redes de distribución, la generalización de contadores
inteligentes y los sistemas más avanzados de gestión de los consumos, así como
la generación distribuida, incluyendo en la medida en que se estime adecuado y
contribuya a facilitar la transición, los contadores individuales de calefacción y agua
caliente, tal y como están definidos en la Directiva 2012/27/UE.
Un consumo energético inteligente: eficiencia y “Zero emisiones”
Afrontaremos una reforma fiscal ecológica que obedezca principalmente a
principios severamente disuasorios, gravando en mayor medida las actividades
más contaminantes, eliminando ciertos beneficios fiscales ambiental y socialmente
injustificables y bonificando las prácticas más sostenibles.
Se trata de establecer un sistema más justo, tanto en términos recaudatorios como
redistributivos. La nueva fiscalidad debe ser verde en su objeto imponible (quien
contamina paga y restaura), verde en su grado de presión fiscal (se trataría de que
quien contamine pague, no de que contamine quien pueda pagar) y verde en sus
objetivos, esto es, como instrumento disuasorio y no únicamente recaudatorio.
• Nuestra hoja de ruta debe plantearse la reducción de la intensidad energética
en, al menos, un 2% anual, y alcanzar 1,7 toneladas de CO2e per cápita y año en
2050.
• LaLeydeTransiciónEnergéticacontemplaráunMarcoDirectorparalaEficiencia
Energética que asegure que la nueva demanda de energía contemple el uso de
las tecnologías más eficientes.
La mejora de la eficiencia energética de los edificios y del comportamiento térmico
de los edificios y la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de
planes de rehabilitación de vivienda, constituirá un objetivo prioritario.
• Para ello revisaremos las normas de edificación y rehabilitación, y
desarrollaremos instrumentos financieros específicos de apoyo e impulsaremos
las empresas de servicios energéticos.

• Además desarrollaremos un ambicioso plan de actuación para los edificios
públicos y la contratación pública, y apoyaremos la incorporación las tecnologías
más eficientes en el consumo de energía, y el desarrollo de la cogeneración.
El transporte absorbe el 30% de la energía que consumimos, generando además
serios problemas de contaminación y ruido. Promoveremos la renovación del parque
de vehículos, impulsaremos la industria orientada a producir vehículos limpios y
apostaremos por revisar en profundidad nuestro modelo de movilidad, pasando de la
actual política de transportes e infraestructuras a una verdadera política de movilidad
sostenible.
Ello requiere incorporar estos criterios en el planeamiento urbanístico y de
infraestructuras, desarrollar el transporte combinado de mercancías, en el que
adquieran un mayor peso el ferroviario y el marítimo; promover el transporte
público de calidad, en particular en el acceso y la movilidad en las ciudades,
restringiendo el acceso con vehículo privado a las grandes ciudades en paralelo al
desarrollo de aparcamientos disuasorios; y utilizar inteligentemente la fiscalidad del
transporte, no aumentando sino redistribuyendo la carga fiscal, como instrumento
complementario.
Requiere también una estrategia ambiciosa de impulso a los vehículos híbridos
y eléctricos para sustituir las gasolinas y gasóleos por electricidad generada
crecientemente con energías renovables.
Queremos además repensar nuestras ciudades, impulsar un pacto con los alcaldes
y alcaldesas para invertir en ciudades saludables, prósperas y eficientes en el uso
de recursos. Será necesario reinventar nuestras infraestructuras, acondicionar
nuestros edificios, repensar las respuestas a las necesidades de movilidad, impulsar
ciudades eficientes en consumo de suelo, agua y energía; minimizando residuos y
gestionándolos como recursos, como yacimientos de materias primas reutilizables
en una economía circular e inteligente.
Las ciudades son protagonistas del cambio climático, de nuestra salud, de nuestro
tiempo y nuestra prosperidad. Regeneración urbana y rehabilitación integral antes
que nueva construcción, eficiencia en la edificación, racionalidad en la movilidad,
inteligencia en la urbanización y ecología integrada. Estas son las claves de un
urbanismo sostenible y responsable donde la ciudad sea entendida como lugar de
cohesión social, conocimiento, cultura y convivencia entre todos los que la habitan.
• Nuestro objetivo debe ser viviendas Zero emisiones, empezando por un impulso
masivo de la rehabilitación y exigir que las nuevas construcciones cumplan con
este principio. Este país debe digerir el enorme stock de vivienda y suelo ya
puesto en el mercado pero no podemos permitirnos un parque que arrastra una
gran parte del consumo energético nacional.

• Hemos de impulsar hogares saludables, eficientes, renovables; soluciones
para una movilidad eficaz, limpia, silenciosa y asequible, sin externalidades no
computadas por nadie y sufragadas por todos y todas.
• No hay mejor política energética que la del ahorro energético. Por ello
presentaremos un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y
Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000
viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025,
generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. Para el éxito de este plan,
platearemos medidas normativas, de carácter administrativo, de financiación
y de información para facilitar la rehabilitación y la eficiencia energética de la
edificación.
• En el ámbito de los edificios públicos nos fijamos como objetivo la rehabilitación
energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la
Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez,
trasladarlo al resto de administraciones.
Las energías renovables, eje de la lucha contra el cambio climático
El futuro de la energía, y en particular del sector eléctrico, es renovable. El desarrollo
tecnológico está mejorando los rendimientos y abaratando los costes de las energías
renovables fortaleciendo su competitividad.
El éxito depende, sobre todo, de tres factores:
• Un uso inteligente de la energía, eficiente y sobrio
• Un sector eléctrico limpio de emisiones
• Mayor electrificación de otros consumos energéticos
El apoyo de la economía digital ayudará a todo ello a la vez que facilita un vector de
empleo y modernización del tejido industrial del país, una garantía de prosperidad
social y reducción de costes y un factor de innovación en prestaciones, servicios y
producción industrial.
Las energías renovables, eólica, solar, biomasa, biogás, hidráulica, marina,
geotérmica, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, aprovechan
recursos autóctonos, reducen los riesgos asociados a la dependencia energética,
contribuyen a crear un tejido empresarial generador de desarrollo y empleo, tienen
un impacto económico positivo distribuido por el territorio, especialmente en la
fijación de empleo en el mundo rural, y mejoran la balanza de pagos.
En este orden de cosas y sabiendo lo que contribuye nuestra masa forestal a la lucha
contra el cambio climático, elaboraremos un programa de valoración energética de

las masas forestales de nuestro país y su aprovechamiento residual como biomasa.
En el desarrollo de las energías renovables en España se han alcanzado muchos
éxitos, pero también se han cometido algunos errores. De todo ello hemos aprendido.
Creemos que España aún tiene un gran recorrido en estos ámbitos, y queremos seguir
impulsándolo.
España no se puede permitir que las empresas españolas de tecnología punta,
innovadoras en este campo abandonen nuestro país. Estamos muy orgullosos de
haber conseguido hacer del sector eólico una historia industrial y energética de éxito,
que se ha proyectado más allá de nuestras fronteras.
Nos gusta que España sea cuna de innovaciones en tecnología solar de concentración.
Debemos aprovechar la energía fotovoltaica, cuya evolución tecnológica y de costes
ha sido muy positiva en los últimos años, y se proyecta hacia el futuro como una
tecnología muy competitiva que proporcionará un gran impulso a la descentralización
del modelo energético.
Disponemos del mejor recurso solar de Europa, y estamos decididos a convertir el
desarrollo de ese recurso en una historia de éxito energético, industrial y tecnológico,
y en un motor de cambio de nuestro modelo energético.
Para hacerlo posible:
• Impulsar las redes inteligentes y un marco regulatorio para el autoconsumo
que contribuya a su impulso y garantice la seguridad del suministro.
• Asegurar la adecuada interconexión de las redes con nuestros vecinos, como
garantía de mayor eficacia del sistema.
• Abordar una transición energética hacia un nuevo modelo con escenarios a
corto, medio y largo plazo con las energías renovables y la eficiencia energética
como principales protagonistas. Para iniciar esta transición es necesario
un marco regulatorio estable, restaurar la seguridad jurídica y derogar las
normas retroactivas, cuestión sobre la cual el PSOE presentó un recurso de
inconstitucionalidad.
• Eliminar las trabas al desarrollo del autoconsumo energético, incluido el
denominado “impuesto al sol”, contenidas en el Real Decreto sobre esta cuestión
aprobado por el Gobierno del PP para promover así un marco regulatorio estable
y propicio a la generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso en la
descentralización de la generación eléctrica, lo cual constituirá una gran fuente
de empleo e impulso tecnológico.

Un libro blanco para la reforma del sector eléctrico
El mercado eléctrico necesita una profunda reforma. Ni ha protegido hasta ahora los
intereses de los consumidores, ni proporciona el marco adecuado para impulsar las
inversiones de la transición energética en el futuro.
Diseñado en su momento para que el precio esperado sirviera como señal económica
para impulsar inversiones en generación térmica de bajo coste fijo y alto coste
variable, ciclos combinados de gas natural fundamentalmente, no ha resuelto de
forma satisfactoria el reto de integrar la política contra el cambio climático, y no sirve
para impulsar las inversiones en tecnologías libres de CO2.
Las energías renovables necesitan un marco retributivo que asegure un retorno a
largo plazo de la inversión que el mercado no proporciona. Pero al mismo tiempo,
el funcionamiento del mercado tal y como está diseñado no es capaz de evitar las
distorsiones que generan las múltiples señales hoy presentes en nuestra regulación
–primas, pagos por capacidad, cuestionando su utilidad como señal económica
promotora de decisiones económicas eficientes.
Necesitamos un libro blanco en el que se analice y replanteen opciones, incluido el
tratamiento retributivo de las centrales desarrolladas antes de la liberalización del
sector.
• El mercado eléctrico necesita una profunda reforma que, en un marco de
competencia y al mínimo coste, permita compatibilizar las inversiones de largo
plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética, reduciendo
la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones,
con un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque
de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva
sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable.
• Impulsaremos una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética,
como condición indispensable para impulsar la coherencia entre lo que pagamos
y lo que recibimos, lo que queremos y lo que necesitamos dejar atrás.
• Por otro lado, la reforma del mercado eléctrico debe permitir la recuperación
de la confianza en nuestro país y proporcionar una solución satisfactoria al
perjuicio causado a miles de pequeños inversores que habían confiado en la
regulación para destinar sus ahorros en inversiones renovables.
Una reforma fiscal ecológica
La fiscalidad del sector energético se caracteriza por la arbitrariedad y el desorden.
Poner un precio al carbono es imprescindible para orientar las señales de inversión,
pero ni resulta por sí solo suficiente ni el mercado europeo de derechos de emisión
cubre de forma completa y homogénea esta función.

España tiene margen para revisar su política fiscal. Manteniendo el mismo nivel de
presión fiscal es posible orientar mejor las decisiones, gravando lo que se quiere
desincentivar y primando aquello que beneficia a la sociedad. Hoy por hoy, las
tecnologías y las energías primarias para la generación de electricidad han sido
sometidas a impuestos que no se corresponden con criterios de eficiencia o equidad,
sino que han sido resultado de decisiones arbitrarias para repartir, de acuerdo con
las preferencias del Gobierno, los ajustes para reducir el déficit de tarifa.
Sin embargo, consumos difusos de energías fósiles, como las gasolinas y los gasóleos
para el transporte, han quedado al margen de los aumentos impositivos introducidos
por el PP en el sector energético. Además, los sectores difusos no están sometidos
al sistema europeo de derechos de emisión negociables, por lo que en su caso sólo
puede pagarse el precio del carbono a través de la fiscalidad.
Crearemos un fondo verde para la transición energética. Un fondo que será alimentado
con parte del impuesto al CO2 con tres líneas básicas:
• Unasocial,paraacompañaralasfamiliasycolectivosvulnerablessubvencionando
las inversiones que garanticen el ahorro y la eficiencia energética en sus
hogares, la bonificación en el transporte público y la garantía de un mínimo
consumo de electricidad a precio bonificado.
• Una segunda línea estará destinada a facilitar el crédito para la inversión en
ahorro y eficiencia, con particular atención a las PYMES y al sector residencial.
Tenemos que impulsar el sector de la rehabilitación en nuestro país.
• Una tercera línea ofrecerá préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad
limpia en los sectores de la logística y las empresas del sector del transporte de
personas y mercancías.
3.2 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: NUESTRA RIQUEZA, NUESTRO FUTURO
Cualquier crecimiento que se base en el consumo ilimitado de recursos limitados
está condenado al fracaso. Debemos apostar por un desarrollo sostenible y satisfacer
las necesidades del presente sin comprometer las de generaciones venideras.
• Queremos empleos y crecimiento verdes, impulsando en línea con la Comisión
Europea (“Empleo verde. Hacia una economía circular”) la consolidación y el
crecimiento de empleo justo y perdurable. Propugnamos una economía que
apueste por una gestión sostenible de nuestro capital natural.
• Queremos una estrategia común hacia una nueva economía, coherente
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la economía del desarrollo
justo, circular y sostenible; que prevenga y controle la contaminación, que
disminuya el impacto en salud y las distorsiones en la competitividad; que
asegure el acceso a agua, alimentos y energía, que vele por los océanos y

disponga de una capacidad de vigilancia y tutela públicas, garantes de un
uso responsable de los recursos.
Dos principios básicos informarán nuestro programa de gobierno: equidad en el
acceso a beneficios y atribución de costes y seguridad para nuestra sociedad dentro
de los límites de los ecosistemas.
Medio ambiente y equidad: punto final a la privatización de los beneficios en favor
de unos pocos y la socialización de las cargas
España sufre hoy las consecuencias de haber impulsado durante el boom un patrón
económico insostenible. Queremos recuperar la visión integral de la legislación
y nuestras políticas, reconociendo en el marco de la reforma constitucional los
derechos ambientales como garantía para las generaciones futuras. Impulsaremos
una fiscalidad que corrija y grave adecuadamente el deterioro ambiental y promueva
la protección y resiliencia de nuestros ecosistemas.
Defendemos el derecho al medioambiente como derecho a disfrutar de un aire limpio,
de agua de calidad, de entornos de vida saludables y de alimentos seguros. Por
ello, nos comprometemos a derogar todas las leyes de privatización y especulación
desplegadas a lo largo de la X Legislatura con este patrimonio público para
devolvérselo a la sociedad así como a poner en marcha un Sistema de Contabilidad
Económica y Ambiental Integradas, y recuperar el Observatorio de la Sostenibilidad
homologándonos así a los parámetros de países de nuestro entorno.
Trabajaremos para conocer y medir mejor nuestra riqueza en la contabilidad nacional
y en el modo en que es disfrutada por la ciudadanía, incorporando indicadores de
desarrollo sostenible en las cuentas públicas. Recuperaremos la capacidad de análisis
de un observatorio técnico, independiente y solvente para disponer de información
rigurosa y actualizada de la evolución de los parámetros de sostenibilidad de nuestra
economía.
• Recuperar las políticas de Cambio Climático, aprobar una ley que establezca
objetivos y su actualización, impulse la seguridad y la prosperidad, impulsar el
mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias
para el desarrollo sostenible, aplicar estrategias de adaptación que favorezcan
soluciones basadas en ecosistemas e infraestructuras verdes.
• Se encomendará al Banco de España la elaboración de un informe sobre la
exposición de la economía y el sector financiero a riesgos climáticos y de
carbono y realizaremos una memoria anual sobre reducción de emisiones de
CO2 del país, que remitiremos anualmente al Parlamento para impulsar la
transparencia e incorporar a todos los planes de inversión e infraestructuras
informes preceptivos sobre intensidad de carbono y resiliencia a los efectos del
cambio climático.

• Impulsar la educación ambiental apostando por la formación y la investigación
que permita el avance de las enormes posibilidades de desarrollo que ofrece la
llamada economía verde.
Biodiversidad: de la protección de especies y espacios a los sistemas clave para el
desarrollo sostenible.
La biodiversidad como concepto global ha reemplazado a la protección de espacios,
especies y paisajes como objetivo final de las políticas de gestión de la naturaleza.
Los servicios ecosistémicos son el marco conceptual en el que definir políticas y
proyectos, sobre el que impulsar el equilibrio entre los tres pilares del desarrollo
sostenible.
• Promover la adopción y aplicación de Planes estratégicos para la biodiversidad
• Garantizar la preservación y gestión responsable del territorio, los bosques
y los espacios forestales, en coordinación con gobiernos autonómicos y
actores locales, en el contexto de planes actualizados, garantes de los
beneficios ambientales y los servicios que aportan los sistemas naturales a
la sociedad.
• Preservar y recuperar especies amenazadas, consolidar bancos genéticos;
fortalecer la Red de Parques Nacionales como reservas estratégicas y la
Red Natura 2000 como espacio para la conservación activa, proveedoras de
servicios ambientales, centros neurálgicos para la investigación, la preservación
y la resiliencia frente a los impactos del cambio climático y otras amenazas
antropocéntricas.
Es imprescindible poner el énfasis en el valor de los montes con políticas que faciliten
suprotección,promuevanlosincentivosadecuados,asegurenlacolaboraciónentrelas
distintas Administraciones con competencias en esta materia, garanticen el bienestar
de las comunidades rurales y dispongan de las herramientas de planificación, fiscales
y de medios humanos que estos objetivos requieren.
Los bosques son parte clave del espacio rural, requieren una visión de conjunto
sobre el valor del territorio y un reconocimiento de su contribución y de la buena
gestión de sus habitantes. Por ello, trabajaremos en 3 ejes:
• Uso sostenible del bosque, los espacios forestales y la biomasa residual.
Impulso de los aprovechamientos sostenibles y la regeneración del bosque, la
generación de empleo en su mantenimiento y certificación de sus productos
tanto los maderables como los no maderables. Por ello, aprobaremos un marco
financiero estable que prime el buen uso del bosque y su papel como Sumidero
Verde de Carbono e impulsaremos una estrategia de marca de calidad para los
productos forestales sostenibles.

• Invertir en los profesionales. Impulsaremos un estatuto básico para agentes y
bomberosforestalesenunmarcodemejoracontinuadesucapacidadprofesional
y regulador de un mínimo común legislativo de sus importantes funciones en la
defensa y protección de nuestro patrimonio natural y biodiversidad.
• Ningún incentivo perverso y sí una sólida política para la prevención de incendios:
recuperaremos la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas
forestales incendiadas y aprobaremos una estrategia integral de prevención de
incendios, reconociendo el valor del bosque vivo y bien gestionado.
Protección animal
• Garantizar de forma efectiva la protección y defensa de los animales culminando
la elaboración de la Ley Marco de Bienestar Animal que siente las bases de una
normativa mínima en todas las CCAA, de acuerdo con los informes realizados por
el Grupo de Trabajo de Alto Nivel constituido a propuesta del Grupo Socialista en
el Congreso de los Diputados.
• Establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios que impidan
situaciones de maltrato animal en los espectáculos públicos y festejos
populares realizados en todo el territorio nacional. A tal efecto se tendrán
también en cuenta las directrices que contiene dichos informes sobre bienestar
animal.
Agua: fuente de vida y bienestar, clave para la economía
El agua es el bien natural más importante para la vida y el bienestar; es clave para
la prosperidad humana del hombre y fundamental en el desarrollo de actividades
económicas básicas de nuestro entorno. Es, además, un bien ambiental que requiere
preservación y cuidado, en línea con los planteamientos y principios de la Directiva
Marco del Agua y sus exigencias de evaluación periódica.
Solo podremos garantizar el abastecimiento, el mantenimiento de un derecho básico
al agua para toda la ciudadanía, si hacemos un seguimiento correcto de la cantidad
y calidad del recurso hídrico, garantizando una gestión sostenible basada en el ciclo
integral del agua.
Asimismo, se impulsará las tecnologías de desalación priorizando el uso de energías
renovables y los sistemas de ahorro y eficiencia energética en las mismas, de cara a
conseguir que sean una herramienta fundamental para garantizar la disponibilidad de
agua.
Se asumen pues los valores de la economía circular, pensando a largo plazo para
definir las actuaciones a corto, identificando qué tipo de infraestructuras básicas
e inteligentes, son coherentes con el uso eficiente del recurso y la priorización en

cantidad y calidad en función de las distintas prioridades. Solo así garantizaremos el
agua para hoy pero también para generaciones futuras.
• Garantizar el acceso universal a un agua de buena calidad (con un mínimo
vital), así como el saneamiento antes de su devolución a los cauces naturales
respetando la calidad ambiental. Por ello, estableceremos una política de
discriminación positiva en el caso de las personas en riesgo de exclusión social
para asegurarles un nivel básico de consumo de agua potable para cubrir sus
necesidades esenciales.
• Establecer mecanismos para facilitar la utilización de agua desalada a precios
asequibles, incluido el establecimiento de tarifas sociales. Todas estas
soluciones deberán ser compatibles con los requerimientos de sostenibilidad
y garantías de explotación, siempre dentro de la búsqueda del uso eficiente del
recurso, en línea con los principios de la Directiva Marco Europea del Agua.
• Garantizar el derecho básico al agua a la ciudadanía, sobre la base de un correcto
seguimiento de la calidad y cantidad de los recursos hídricos disponibles y una
gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua, en línea con la directiva
marco del agua.
• Prestar especial atención a los territorios afectados por la sequía y las medidas
previstas en los decretos para paliar los daños que éstas producen, así como las
proyecciones hídricas y climáticas que, necesariamente, han de ser tomadas en
consideración en los ciclos de planificación. En este contexto, haremos uso de
las desaladoras y demás infraestructuras existentes, impulsaremos la inversión
en eficiencia e identificaremos las medidas prioritarias y urgentes que faciliten
una gestión eficaz y satisfactoria de los recursos hídricos.
• Ningún hogar debería ser privado de un bien esencial para la vida como es el
agua, y los poderes públicos deben velar para que no se vea vulnerado este
derecho. Haremos efectiva la Iniciativa Legislativa Popular Europea para el
reconocimiento efectivo del agua como bien público, no comercial y cuyo acceso
es un Derecho humano, incorporando en un nuevo marco legal la restricción
de que el suministrador no podrá suspender el servicio de abastecimiento de
agua a una familia por razones económicas, cuando los recursos familiares no
permitan cubrir su pago, en tanto se tramitan las posibles ayudas sociales que
pudiesen permitir atender la cobertura de necesidades básicas y haya resolución
administrativa sobre las mismas.
En línea con los principios de la Directiva Marco del Agua, nos comprometemos
a:
• Establecer una garantía pública de acceso universal al suministro vital básico,
así como un marco de tasas y precios públicos justos. Blindaremos por ley las
salvaguardas que impidan la mercantilización de los derechos concesionales,

impulsando un gran Pacto Social y Político por el agua que asiente los principios
rectores de ésta política: “Tutela pública, transparencia, sostenibilidad y
participación ciudadana”.
• En este sentido en un nuevo marco legislativo se planteará la ejecución de
auditorías de gestión de las concesiones administrativas de cara a verificar el
estricto cumplimiento de la normativa y también de las condiciones acordadas
en dicha concesión.
• No se realizará ninguna privatización de empresa pública estatal u organismo
público donde participe y tenga capacidad de decisión la Administración General
del Estado o gestione derechos de agua.
• Hacer de la Planificación Hidrológica un instrumento eficaz para garantizar en
el tiempo la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, así como
el uso eficiente del recurso atendiendo a las necesidades ambientales y las
proyecciones climáticas que exigen un gran esfuerzo de país en materia de
mitigación y adaptación.
• Acometer un ambicioso Plan de Restauración de ríos y humedales de
gran importancia en el patrimonio natural de España para así rescatar
sus funcionalidades principales como grandes corredores de vida natural
suministradores de servicios ambientales y autodepuración de las aguas.
• Elaborar un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y
Reutilización que haga absolutamente transparentes todos los escenarios de
gestión, especialmente los derechos y deberes emanados de los regímenes
concesionales en los que se clarifiquen los principios irrenunciables que
garantizan el agua como bien público.
El mar, conocimiento y protección. El litoral, un tesoro vulnerable.
En 2013, tras la entrada en vigor de la Ley de Protección del Medio Marino y la
Sostenibilidad de la Costa, se iniciaron los procedimientos para declarar áreas
marinas protegidas. Todavía estamos muy por debajo del porcentaje de protección
exigido por nuestras obligaciones internacionales.
Necesitamos conocer y proteger nuestros fondos marinos, ordenar los posibles usos
del espacio marino compatibles con la preservación de su biodiversidad y prohibir
todos aquellos cuyo riesgo no es asumible ni social, ni económica ni ambientalmente.
Por ello, proponemos:
• Prohibirlasprospeccionesdecombustiblesfósilesylamineríaenelfondomarino,
limitar la explotación industrial a las actividades claramente compatibles con
su preservación, favorecer la pesca artesanal frente a alternativas industriales

y no discriminatorias, multiplicar por tres las áreas marinas protegidas y dotar
de medios adecuados las tareas de vigilancia y protección.
También la franja costera requiere un análisis estratégico sobre las oportunidades y
amenazas que ha de afrontar en las próximas décadas. Por ello, llevaremos a cabo
una revisión de la ley de Costas aprobada por el Partido Popular que ha sido declarada
parcialmente nula por el Tribunal Constitucional tras el recurso planteado por el
PSOE.
Residuos y prevención de la contaminación.
Una economía circular demanda un mejor tratamiento de los residuos. España es el
país que menos residuos genera entre los países europeos de referencia (Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia). Pero, también, está muy por detrás en sistemas
avanzados de tratamiento de residuos (sólo el 39% de residuos urbanos y el 89% de
residuos industriales son tratados, frente al 66% y el 96%, respectivamente de media
de los citados países).
Para superar esta debilidad del modelo español, proponemos poner el acento en la
política de prevención y la economía circular.
Partiendo del principio rector que debe ser el de la reducción en la generación de
residuos, nos comprometemos a:
• Continuar con los esfuerzos de reducir los impactos ambientales, climáticos y
sobre la salud de los modelos de desarrollo.
• Desarrollar políticas concretas y ambiciosas a favor de la economía circular
mediante objetivos enfocados a conseguir el vertido cero, el reciclaje, la
reducción de los residuos, el ecodiseño de bienes y servicios que den lugar
a productos de más larga duración y la preparación para la reutilización y la
reparación.
• Incrementar el ecodiseño, la utilización de materiales recuperados y el impulso
de la trazabilidad de todo tipo de productos.
• Fomentar la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.
• Incentivar la cooperación y compartir experiencias de éxito con otras ciudades,
en el marco de estrategias a largo plazo basadas en la cooperación académica.
• Subrayar las consecuencias que un cambio de modelo hacia una economía
circular supondrá en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.

• Establecer procedimientos que faciliten el acceso a la información en materia
de gestión de residuos y asegurar la transparencia del sistema con el objetivo de
que empresas y la ciudadanía conozcan tanto la manera como las consecuencias
de disminuir la producción de residuos o de gestionarlos correctamente desde
sus ámbitos de acción.
• Mejorar el diseño y aplicación de los planes de prevención y tratamiento y
recuperar los planes nacionales de residuos tóxicos y de descontaminación de
suelos.
• Simplificar la gestión de los residuos de la actividad agraria desarrollando una
solución integral y armonizada.
• Introducir progresivamente sistemas de gestión de “Depósito, devolución y
retorno” en los flujos donde este sistema sea más eficaz.

1.4. SECTORES
España cuenta con sectores maduros, que por su peso en el PIB, por estar ligados a
la demanda pública, por su influencia en la ordenación del territorio, precisan de una
revisión de sus políticas de apoyo.
Nos referimos a sectores como el turismo, que aporta el 10,9% de nuestro PIB, la
industria de defensa, los contenidos digitales, la industria del automóvil, la industria
manufacturera o los sectores ligados a la agricultura y la pesca.
4.1. TURISMO: UN MODELO TURÍSTICO INNOVADOR, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
España cuenta con claro liderazgo internacional forjado a lo largo de las últimas
décadas que la sitúa en:
• El segundo destino mundial en ingresos por turismo (48,4 mil millones de
euros).
• El tercer destino mundial por llegadas internacionales (65 millones de turistas).
• El país que mayor saldo obtiene de la balanza de pagos. Es el destino con mayor
fidelización. Los turistas que nos visitan muestran un alto nivel de satisfacción.
El 83,5% nos ha visitado en más de una ocasión.
• El destino favorito de los europeos según el eurobarómetro de la Comisión
Europea.
• El reconocimiento de su gastronomía internacionalmente. Algunos de los
mejores chefs de España han conseguido escalar el pódium mundial de la
gastronomía, consiguiendo dar a conocer la marca España a nivel mundial.
• El reconocimiento de su estilo de vida y su amplia y variada oferta de ocio y
entretenimiento. Ello la convierte en uno de los destinos que ofrece más
diversión a los turistas que lo visitan, otorgándole un valor añadido por el que
están dispuestos a pagar más.
Sin embargo, y a pesar de este liderazgo, y de los esfuerzos realizados durante las
últimas décadas, el turismo español ha ido evidenciando debilidades y problemas
de competitividad, que son consecuencia de su propio modelo de desarrollo, y que
siguen sin ser resueltas, provocando pérdidas de competitividad, especialmente, en
determinados destinos maduros del litoral mediterráneo y los archipiélagos:
• Una excesiva concentración espacial de la actividad. Especialmente en el litoral
mediterráneo y las islas, que suponen un valor añadido para el país , pero
que cuentan con un exceso de crecimiento y en algunos casos, un progresivo

deterioro medioambiental y paisajístico, que afecta a la calidad del entorno y les
hace perder competitividad.
• Un marco normativo complejo y heterogéneo, con normativas diferentes en
función de cada región, que ha perjudicado al sector empresarial.
• Una fuerte concentración de la demanda, tanto espacial como temporal, creando
serios problemas de estacionalidad.
• Una elevada dependencia de los mercados más próximos, en especial Reino
Unido, Alemania y Francia.
• Débil posicionamiento en los segmentos de demanda de mayor capacidad de
gasto.
• Desequilibrios en la oferta, exceso capacidad y obsolescencia en determinados
equipamientos e infraestructuras en destinos maduros clave.
• Obsolescencia en los modelos de gestión de los destinos y una escasa y
poco eficiente cooperación público-privada en la estrategia de marketing
internacional.
PROPUESTAS
Los cambios que afectan al mercado turístico y a la economía global exigen un cambio
de rumbo en la política turística y en las estructuras e instrumentos utilizados hasta
el momento, para seguir aprovechando el potencial de desarrollo que ofrece esta
importante actividad.
El cambio de rumbo de la política de turismo que propone el PSOE va dirigido a:
• Avanzar en una política turística más transversal y colaborativa, con un fuerte
compromiso público y privado.
- Implicar mediante la participación y el consenso, al conjunto de las
Comunidades Autónomas y ayuntamientos en una estrategia turística
global. Además revisaremos los criterios para el reconocimiento de los
Municipios Turísticos.
- Estrechar la colaboración del sector público con el sector empresarial y
el conjunto de los agentes sociales
• Apostar por el conocimiento y el talento, promoviendo la cultura de la innovación
en el sector

- Formar a los mejores profesionales en las administraciones públicas y en
las empresas.
- Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales en
las empresas.
- Promover la implementación de herramientas tecnológicas eficaces, así
como su uso eficaz entre los profesionales del sector.
• Promover el cambio en las estructuras y los modelos de gestión actuales,
implementando nuevas fórmulas, en línea con la creación de entes gestores
más ágiles, profesionales y eficientes de naturaleza mixta (participación público-
privada)
- Crear una red de conocimiento e innovación, con un instrumento de
gestión común, que integre las acciones desplegadas por el IET, Segittur
y los centros de conocimiento, innovación y observatorios de CC.AA, y de
sectores empresariales.
- Otorgar mayor peso y capacidad de coordinación en políticas turísticas al
Consejo Español de Turismo, como órgano de participación del sector.
• Revalorizar la oferta turística, promoviendo el desarrollo de productos de mayor
valor añadido y capacidad desestacionalizadora, como el patrimonio cultural y
natural, con mayor potencial para atraer nuevos segmentos de demanda, de
mayor poder adquisitivo y gasto.
• Incrementar los recursos y los esfuerzos en actualizar y llevar adelante la
nueva estrategia de marketing de España acordada con el sector, y las CCAA,
orientada al consumidor, en base a productos y segmentos de demanda, más
innovadora en las acciones, y con un modelo de gestión más colaborativo y con
mayor participación de los destinos y las empresas. Es necesario homogeneizar
las marcas turísticas, evitando una desmedida proliferación.
- Reorganizar toda la red internacional de oficinas de turismo conforme
a los nuevos objetivos y con una estructura y modelo de gestión más
empresarial. Con mayor capacidad de vender servicios y generar ingresos.
• Impulsar el Plan Turismo Litoral S. XXI, promoviendo la creación de las
condiciones necesarias para su impulso e implementación.
- Impulsar una política de rehabilitación y valorización integral del
litoral (espacios públicos, edificaciones residenciales e instalaciones
turísticas), que reoriente el modelo de crecimiento poniendo el foco en
la rehabilitación de la oferta existente y eliminación de la oferta que no
cumple las exigencias mínimas legales

- Establecer compromisos para reducir la carga ecológica
- Priorizar en estas zonas, la implementación del conjunto de propuestas
recogidas en el presente programa.
En definitiva, proponemos hacer del turismo una prioridad política, una política de
estado para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo turístico, más competitivo,
sostenible, desestacionalizador e innovador, que haga del turismo un gran motor
de prosperidad, elevando su rentabilidad socioeconómica, generando más y mejor
empleo, con cada vez mayores grados de compromiso con su entorno y con los nuevos
requerimientos de la demanda.
4.2. INDUSTRIAS CULTURALES, CREATIVAS, DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN (ICC)
España tiene que apostar por ejercer el liderazgo internacional en el impulso de las
industrias culturales, creativas, del conocimiento y de la comunicación (a las que
denominaremos, en adelante, “ICC”). Una apuesta decidida por establecer políticas
públicas digitales de acuerdo con los sectores privados para la divulgación, creación
y distribución de contenidos digitales legales.
España tiene un desafío y una oportunidad única en relación con esta industria, dado
el potencial que nos proporciona un idioma como la lengua española, el segundo
más hablado del mundo. Una oportunidad que hay que encarar con una mirada
participativa y con un proyecto colectivo basado en la apuesta por la suma del talento
y la creatividad, capaz de generar y liderar un Mercado Digital de Contenidos.
Para potenciar el valor estratégico cultural y económico de las ICC y su valor como
patrimonio colectivo, es preciso:
• Proporcionar a las ICC fortaleza exterior como potencia creativa.
• Actuar con relevancia en el Mercado Único Digital Europeo.
• Impulsar y crear el Mercado Digital Iberoamericano de creaciones y contenidos.
• Ser un país de referencia y acogida del Talento y la creatividad, la Investigación
y la Digitalización de contenidos públicos y privados.
• Incentivos fiscales para las empresas promotoras de las ICC.
• Ruptura del aislamiento de la Patente Europea.
PROPUESTAS
Como arquitectura inicial del Plan 2030 para el Desarrollo del Mercado Digital de
Contenidos y apoyo a la industria cultural:
• Apoyar a las industrias de contenidos digitales como generadores de empleo,
cultura, desarrollo económico, cohesión social y aportación al PIB. Creación del
Consejo Nacional para el desarrollo e impulso de las ICC.

• Apostar por una remuneración justa en internet al sector creativo e innovador,
el fortalecimiento de sus derechos digitales y el retorno de los mismos.
Reformaremos la Ley de Propiedad Intelectual con el objeto de hacer efectiva
la necesaria protección de la propiedad intelectual de los derechos del creador
y las industrias de contenidos generados en la economía digital. En materia de
compensación por copia privada se cumplirá estrictamente la transposición de
las normas europeas.
• Impulsar, en colaboración con el sector, una Estrategia de presencia, impulso
y desarrollo de las ICC y sus autores en el exterior, con especial atención al
espacio hispanohablante y la consolidación de nuevos mercados.
• Disminuir el IVA cultural al tipo reducido, tanto en los servicios analógicos
como digitales, así como la implementación de la igualdad de trato fiscal con el
cumplimiento de la legislación nacional. Defenderemos en las instituciones de
la UE su disminución hasta el tipo superreducido.
• Instaurar el principio de neutralidad tecnológica en relación a la distribución de
contenidos digitales para que el ciudadano tenga igualdad de oportunidades y
de acceso económico.
• Defenderlalibrecirculacióndederechos,bienes,serviciosylicenciasculturales.
• Impulsar una política de divulgación de las obras y prestaciones en dominio
público propiedad del Estado español.
• Establecer un plan Específico de desarrollo de la creación y producción del
Videojuego en España con medidas destinadas a impulsar el crecimiento de los
estudios,impulsarladensidadeinternacionalizacióndelsectoryconsiderándolo
sector fundamental para la digitalización de nuestra economía y de especial
importancia para el fomento de la creatividad.
• Impulsarpolíticasdeconvergenciadehumanismoytecnologíaquearticularemos
a través de los elementos siguientes:
- Impulso de la lengua española como bien económico tangible internacional
para las patentes, invenciones y creaciones.
- Defensa de la Propiedad Intelectual, de la oferta legal de contenidos y de
la lucha activa contra la piratería.
- Políticas que reviertan la creciente fuga de cerebros y fuga de talentos en
la ciencia, la investigación y las artes, y políticas encaminados al retorno
de los mismos.

- Medidas de apoyo y préstamos sociales a creadores, investigadores,
empresarios y productores de las ICC; laboratorios de creación, tecnología
e investigación.
- Financiación pública para la investigación y para programas de talento,
y financiación a programas de protección de los derechos a través de la
tecnología.
- Políticas de apoyo y acceso a la cultura para las personas con discapacidad
y con riesgo de exclusión social
- Divulgación e impulso del flamenco como patrimonio de la humanidad
a través de un canal digital “ad hoc” y difusión de nuestro patrimonio
material e inmaterial cultural como generador de sinergias con el sector
del turismo.
4.3. SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
España es el noveno fabricante mundial de vehículos con más de 2,4 millones de
vehículos producidos en 2014. En el segmento de vehículos industriales, España
es líder europeo desde hace más de 15 años. En 2014, el sector de la automoción
representó un 7,3% del PIB nacional, que aumenta hasta el 10% si incluimos los
sectores auxiliares, y empleó directa o indirectamente a 1,8 millones de personas
(8,7%). Además, se trata sin duda de un sector perfectamente integrado en las
cadenas de valor internacionales, que exporta el 85% de su producción, siendo
el tercer sector exportador en España, representando un 17,6% del total de las
exportaciones del país.
En los próximos años el sector de la automoción se enfrenta a una dura competencia
internacional, con el surgimiento de países asiáticos como grandes fabricantes.
Para que el sector de la automoción siga siendo un sector estratégico para nuestra
economía es necesario que sea capaz de mantener su actual posición de liderazgo
en la adaptación de sus productos a las innovaciones tecnológicas que se vayan
produciendo.
PROPUESTAS
• Impulsar planes de ayudas a la compra: los actuales planes de subvenciones
y ayudas a la compra de vehículos, comenzados con los gobiernos socialistas,
han sido exitosos en la medida en que han contribuido a atemperar la caída de
la demanda nacional durante lo peor de la crisis. Pero es necesario su paulatina
substitución por un programa de subvenciones e incentivos a la compra de
vehículos más eficientes desde el punto de vista de emisiones y también más
seguros pues el parque automovilístico español tiene un promedio de antigüedad
muy elevado (11,3 años).

• Apostar por la I+D+i en el sector del automóvil: La industria española del
automóvil no destaca por su esfuerzo en I+D+i. Con alguna excepción, las casas
matrices delegan poco en las filiales españolas la creación de desarrollos
tecnológicos propios. Es por tanto urgente incentivar al sector del automóvil
para que aumente las inversiones en I+D+i que desarrollan en nuestro país.
Para ello restableceremos el programa CENIT del CDTI, y abriremos una línea
especial orientada al sector automotriz, en particular dirigida al desarrollo del
vehículo eléctrico e híbrido, el desarrollo de nuevos materiales y la incorporación
de las TIC en el vehículo, su capacidad de interrelación con otros automóviles y
con elementos de gestión del tráfico en las ciudades, con el objetivo de mejorar
la movilidad.
• Diseñar una estrategia de desarrollo del vehículo eléctrico, híbrido y del CNG:
La expansión del coche eléctrico, híbrido y de CNG y GLP requiere de una
estrategia integral que incorpore toda la cadena de valor, y construyendo una
relación sólida y de futuro con las redes de distribución, donde la actividad de
post-venta adquiere un carácter clave, así como los puntos de repostaje para el
vehículo eléctrico. Esta estrategia ha de contemplar la incorporación progresiva
de estos vehículos en los sistemas de transporte público.
• Reformar la fiscalidad asociada al automóvil, en el marco de nuestra reforma
fiscal ecológica: Asociada a los elementos anteriores de fomento de la demanda
y de la oferta de vehículos más eficientes, y a través de un proceso de diálogo
con el sector, se reformará la estructura fiscal actual, pasando a una fiscalidad
en la que las emisiones realizadas por el vehículo sean la variable principal.
• Reformar y endurecer el sistema de control de emisiones de gases
contaminantes de la industria automovilística, para evitar lagunas y deficiencias
en las mediciones y los controles de las emisiones.
• Desarrollar la industria auxiliar y de autopartes nacional: Pese a la importancia
de la industria de fabricación de componentes de automóvil, el elevado nivel
de importaciones de autopartes revela que existe margen para mejorar la
integración de la industria y el aumento del valor añadido producido en nuestro
país. Para ello se desarrollara una Estrategia Integral del Sector de Fabricación
de Componentes y Equipos que aborde entre otros las necesidades de (1)
adaptación y modernización de las plantas a los requerimientos de calidad y
medioambientales; (2) financiación para las nuevas inversiones tanto en activo
fijo como en I+D+i recuperando las condiciones especialmente favorables de los
Planes de Competitividad vigentes ente 2009 y 2011; (3) formación de la mano de
obra, con especial enfoque hacia la formación profesional dual.
• Establecer vigilancia del mercado: Es necesario establecer claramente
las responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en la
comercialización de piezas usadas de automoción, con el fin de proteger al
ciudadano de prácticas que puedan poner en juego su seguridad al volante.

Por tanto, incrementaremos el control y actuación administrativa ante talleres
ilegales y la comercialización de piezas usadas, falsificadas y no homologadas
para proteger al ciudadano ante prácticas fraudulentas que comprometan su
seguridad. Establecer medidas de lucha contra la competencia desleal.
4.4. TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
La dotación de grandes infraestructuras de transporte en España presenta hoy niveles
propios de países desarrollados que hace que la situación actual no se parezca en
nada al punto de partida de 1978. No obstante, persisten déficits de infraestructuras
en ciertos modos y territorios.
En un escenario de restricciones presupuestarias y partiendo de ese diagnóstico es
necesario establecer nuevas prioridades en este ámbito.
Las infraestructuras de transporte no serán nunca un fin en sí mismas. Nos
comprometemos a ser especialmente cuidadoso en su planificación y ejecución para
dar al sistema de transporte una clara orientación a la economía productiva y al
servicio público, para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, manteniéndose
como un instrumento eficaz de ordenación y cohesión territorial.
La inversión en infraestructuras ha de modificar su enfoque tradicional, dando
prioridad a nuevos enfoques debiendo ser el resultado de un análisis objetivo en el
que concurran las necesidades reales del territorio, la sostenibilidad y equilibrio del
sistema intermodal y la suficiencia financiera para abordar dicha inversión:
• Vamos a poner el énfasis en el servicio de transporte que se facilita con la
infraestructura y no en la infraestructura en sí misma, enfrentándose a él con
un punto de vista global, del sistema de transporte como un conjunto.
• Sefinalizaránlasinversionespendientesenmateriade grandesinfraestructuras.
Se completarán los distintos corredores pendientes, adecuando los proyectos
a la demanda realmente existente, a criterios de cohesión territorial y a la
planificación definida en la Red Transeuropea y atendiendo a las posibilidades
de financiación de la economía española.
• Se dará prioridad absoluta a las actuaciones necesarias para la mejora de la
seguridad del sistema de transporte. Para ello, se priorizarán las inversiones
ligadas a la mejora de índices de seguridad y accesibilidad en todos los modos
de transporte.
• Prestar más atención a la mejora y mantenimiento de infraestructuras ya
existentesqueaobrasnuevasyalamejoraycorreccióndelosestrangulamientos
puntuales.

• Centrar la atención en el transporte y la movilidad de pasajeros metropolitano,
de cercanías ferroviarias, de larga distancia, del transporte de mercancías, de la
seguridad vial, y dejar un poco de lado el paradigma de más y más cantidad de
infraestructuras.
• La logística tiene un importante componente transversal, por lo que no tiene
que ser visto solamente como un sector específico, sino como un elemento muy
relevante para la competitividad de muchos sectores productivos, así como del
territorio en sí mismo. También tiene una gran importancia en relación con el
medio ambiente y la sostenibilidad.
• El énfasis en el concepto de “cadena logística” y no en la visión de las infraes-
tructuras aisladas. En muchas ocasiones un buen desarrollo de ciertas infraes-
tructuras no tiene el efecto deseado porque se producen cuellos de botella en
otros eslabones de la cadena (conectividad portuaria, estrangulamientos en las
infraestructuras lineales, falta de infraestructuras nodales multimodales, etc).
PROPUESTAS
• Elaborar un Plan de Transportes y sus Infraestructuras que se someterá a la
aprobación del Parlamento, con el mayor consenso posible, para garantizar la
estabilidad de las actuaciones que, a medio y largo plazo, España necesita.
• Definir, desarrollar y gestionar cadenas logísticas completas, y no
infraestructuras aisladas, que respondan a las necesidades de los sectores
productivos, a las políticas de reindustrialización, al aprovechamiento del
potencial geoestratégico de España en el ámbito logístico, y a las políticas
energéticas y ambientales. Trabajaremos para garantizar que todas las regiones
de España tengan costes logísticos similares, realizando las inversiones
necesarias en las infraestructuras de transporte.
• Desarrollar los corredores de la Red Transeuropea y otros corredores logísticos
relevantes mejorando los estándares operativos de las líneas y con puntos
de acceso adecuados a la Red (terminales intermodales interiores y conexión
con las terminales ferroportuarias). La mejora de los servicios ferroviarios es
esencial para el objetivo de trasvasar carga de la carretera al ferrocarril.

• Desarrollar nuevas infraestructuras centrándonos en actuar allí donde la
prestación de servicios encuentre cuellos de botella.
• Crear la figura de los Consorcios de Transportes para el tráfico de mercancías
en los que estarán representadas todas las Administraciones implicadas y
contarán con los cauces adecuados de participación de todos los sectores
productivos que intervienen en la cadena logística.

• Impulsar las relaciones directas entre los grandes centros de carga, en especial
entre los puertos y los grandes centros de consumo en áreas metropolitanas e
industriales.
• Potenciar la implantación de desarrollos I+D+i que favorezcan la eficiencia
del transporte multimodal, como el caso de los SIT (Sistemas Inteligentes de
Transporte).
Transporte terrestre
• Reforzar, tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías, el marco
legal para la defensa de los derechos de los usuarios.
• EnelcampodelaSeguridadVialasumimoselcompromisodeseguirimpulsando
el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2012.
• Promover acuerdos con los Ayuntamientos de las ciudades más importantes y
con las respectivas Comunidades Autónomas para la definición e implantación
de Planes de Movilidad Urbana.
• Desarrollar los compromisos adquiridos en los convenios firmados por la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia
de Planes de Transporte de cercanías de las grandes ciudades y áreas
metropolitanas.
• En el marco de una movilidad sostenible en las ciudades, y dentro de un proceso
de participación con la Mesa Nacional de la Bicicleta y otras entidades del sector,
proponemos presentar un Plan Estratégico de la Bicicleta, como existe en otros
Estados Europeos
• Identificar en el transporte de viajeros, y como paso previo al proceso de
liberalización promovido por la UE, de forma precisa y con criterios comunes,
objetivos y transparentes las “obligaciones de servicio público” y los “servicios
comerciales”, tanto en las concesiones de competencia estatal de transporte
por autobús como en los servicios de esta naturaleza prestados por Renfe
Operadora. Esta liberalización no comportará que ni antes, ni después Renfe
Operadora renuncie a prestar nuevos servicios rentables. La liberalización se
producirá en los plazos marcados por la Unión Europea.
• Negociar, en el transporte terrestre de mercancías, con todos los sectores que
tengan un interés directo en su desarrollo las nuevas pautas de utilización de
infraestructuras marcadas por la UE.
• Iniciar un proceso de implementación de sistemas”SMART ROAD” (Carretera
inteligente) que aumente el nivel tecnológico de nuestra red viaria y la permita
ser referente a nivel internacional en dicho ámbito.

• No se alargará la concesión de ninguna autopista una vez que esta haya expirado.
Transporte aéreo
• Implementar un Plan Estratégico para el Transporte Aéreo, que tenga unos
objetivos coherentes y medibles, abarcando aspectos como el transporte
comercial, servicios aeronáuticos, regulación del mercado, trabajos aéreos,
seguridad, formación o desarrollo de nuevas tecnologías.
• Dicho plan incluirá medidas para compensar los costes derivados de la
insularidad, favoreciendo el derecho a la movilidad de los ciudadanos y
las ciudadanas de las Illes Balears y Canarias, fomentando el incremento
de rutas marítimas y aéreas con la península y la mejora de horarios,
frecuencias y tarifas. Se podrá favorecer también la aplicación de tarifas
plana en los vuelos interinsulares para reforzar la cohesión territorial de
los territorios insulares.
Transporte marítimo
• ImpulsarelpapeldelosPuertosdeInterésGeneralcomoauténticasplataformas
logísticas con capacidad de generar más valor añadido a su actividad.
• Definir los Puertos del Estado como una agencia estatal en la que se integren
plenamente las Autoridades Portuarias de los puertos de interés general. Para
ello, se abrirá un proceso de negociación con las Autoridades Portuarias y
Comunidades Autónomas.
• Definir claramente los atributos que debe reunir un puerto para ser considerado
de interés general, simplificándose el sistema portuario de titularidad estatal,
reduciendo el número de Puertos de Interés General y el de Autoridades
PortuariasypromoviendolagestióndemásdeunpuertoporunaúnicaAutoridad
Portuaria.
• Realizar un plan específico de mejora de la accesibilidad y de la operatividad
de los accesos viarios y ferroviarios a los Puertos de Interés General,
interconectándolos entre sí, y con las áreas logísticas a través de las redes
transeuropeas de transporte.
Financiación de las infraestructuras de transporte
• Promover la participación del sector privado en la construcción y explotación de
infraestructuras de transporte, como un modo de complementar la inversión
con fondos públicos, y siempre que ello suponga un menor coste para los
contribuyentes que la financiación presupuestaria directa y que no exista riesgo
previsible de generación de pasivos ocultos en perjuicio del Estado.

• Evitar la traslación al Estado de los riesgos de la financiación, construcción
y explotación, que siempre corresponderán en su integridad al concesionario
privado.
Otras infraestructuras
• Dar prioridad a nuevos ámbitos distintos de los de transporte tales como los
medioambientales, los llamados a satisfacer necesidades sociales básicas y en
materia de telecomunicaciones.
• Invertireninfraestructurasdetratamientoderesiduos,protecciónyregeneración
del medio ambiente (de bosques, de costas…) y reducción de emisiones o en
dotaciones hospitalarias, educativas y de servicios sociales, para paliar los
déficits que España tiene todavía en este punto con países como Reino Unido,
Italia, Alemania.

4.5 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Agricultura y ganadería
España tiene un Sector Agroalimentario muy potente, generador de riqueza y empleo
y referente social y cultural en todos los territorios.
Su importancia le hace acreedor de ser considerado por el PSOE como un Sector
Estratégico de la Economía Española y merecedor de una política agraria y de
desarrollo rural que complemente la desarrollada por la Unión Europea, potenciando
sus fortalezas y atacando sus debilidades.
Hemos generado también una ganadería que aporta cifras muy significativas
combinando una producción intensiva (porcino, aves, y conejos fundamentalmente)
con una extensiva que ocupa el territorio y que es fuente de actividad en amplias zonas
del territorio que por su orografía o sus condiciones climáticas están amenazadas de
despoblamiento.
El medio rural español representa alrededor del 90% del territorio y en él viven el
20% de los habitantes del país. La mayor parte del mismo –si excluimos las áreas
periurbanas- se encuentra afectado por la despoblación, fenómeno que se ha
intensificado durante la crisis económica. A ello contribuye la escasa vertebración
social, la falta de capital y de actividad económica y los menores servicios, en
comparación con el medio urbano.
Aquellaszonasconsectoresagrarioyagroalimentariomásdesarrolladosseenfrentan
mejor a los problemas del medio rural, ofreciendo generación de riqueza, empleo,
cohesión social y desarrollo a los territorios.
Necesitamos política rural que implique a todos y todas. Integradora, moderna,

eficiente, transparente y generadora de riqueza y futuro. La realidad y la experiencia de
décadas de políticas rurales con gobiernos socialistas demuestran que la articulación
de una política de base territorial y perspectiva global, apoyada en modelos con alta
participación social, es el camino seguro para la utilización racional de los recursos
naturales, la integración de todas las políticas sectoriales en un marco común estable
y viable, y la creación de actividad económica estable y sostenible.
Precisamente lo que ahora mismo más necesitamos. Es lo que no se ha hecho. Es lo
que hay que hacer.
El gobierno del Partido Popular ha hecho ostensible abandono de toda política rural
territorial. No ha existido el desarrollo rural como concepto. El balance es que
gran parte de nuestro territorio y de nuestra población ha caído en un escenario de
invisibilidad.
Con ello se ha ignorado, y despreciado la capacidad y la propia existencia, de cerca
de diez millones de ciudadanos y ciudadanas. Por todo ello el PSOE se obliga a
desarrollar una política agraria y de desarrollo rural comprometida, con financiación
y que consiga atacar las debilidades de nuestro sistema productivo, corrija sus
déficit estructurales actuales y apoye decididamente todos nuestros factores de
crecimiento.
• Es necesario comprometerse para aumentar el reconocimiento y el prestigio de
las actividades del sector primario, favoreciendo que la juventud se incorporen
a estos sectores con la misma ilusión que en otros ámbitos y no como factores
de fracaso escolar o por falta de capacidad para llevar a cabo otro tipo de
actividades.
• Es preciso impulsar la I+D+i en el sector agrario y en la industria agroalimentaria
como elemento clave a la hora de consolidar y proyectar hacia el futuro un
modelo de desarrollo sostenible, capaz de afrontar los retos de competitividad y
respeto ambiental.
• Apoyaremos decididamente la profesionalización de los jóvenes, el desarrollo
de sus actividades en todos los ámbitos de la agricultura y de la industria
agroalimentaria
• Necesitamos también una política de desarrollo de las zonas rurales, en la que
se incluyan acciones dedicadas a la diversificación económica y a la implantación
de nuevas actividades no agrarias, así como la dotación de redes de banda ancha
que permitan incorporar al mundo rural a la economía digital y a la sociedad del
conocimiento.

Nuestro compromiso con la Agricultura y con el Medio Rural es firme y estará basado
en las siguientes PROPUESTAS:
• Realizar una adaptación de la Ley de Modernización Agraria, desarrollando
un Estatuto de la Agricultura Profesional que establezca beneficios fiscales
en relación a la transmisión de explotaciones con el objetivo de una mayor
competitividad de las mismas, que facilite la transferencias de derechos de
ayudas y cuotas de producción, el relevo generacional en el sector agrario, el
arrendamiento de tierras y las inversiones en innovación.
• ElaborarunnuevoProgramaNacionaldeRegadíosqueaseguresusostenibilidad
económicaymedioambiental, financiandoactuacionesdemejorayconsolidación
de las zonas regables actuales, que propicie la transferencia de tecnología al
sector y que contribuya al fomento del empleo en el medio rural.
- Los ahorros de agua conseguidos con los programas de modernización
permitirán la creación de Bancos Públicos de Agua y evitarán cualquier
uso especulativo del agua, destinando sus recursos a zonas con potencial
de producción agrícola y capacidad para generar empleo.
-Serealizaráunaapuestadecididaporlaeficienciaenergéticadelosregadíos
y de las plantas desaladoras para racionalizar su consumo energético, de
forma compatible con la optimización de la eficiencia hídrica.
- Se establecerá un “contrato de temporada flexible” de forma que los
regantes puedan tener suscrito con las compañías eléctricas un contrato
con la potencia necesaria para el mantenimiento de los equipos (8 meses)
y otro de temporada de riego para los meses de máximo consumo.
• Desarrollar, respecto a la Unión Europea, una estrategia de defensa del Sector
Agroalimentario que asegure su carácter estratégico para el conjunto de la
Unión. Exigiremos la defensa del modelo europeo frente a los posibles acuerdos
con terceros países y la revisión de las normas de competencia para fortalecer
la posición de los productores en la negociación de precios.
• Aprobar un Plan estratégico de la agricultura y ganadería española horizonte
2.030 que establezca las prioridades de la política agraria de ámbito nacional
y que proponga las líneas de actuación a corto plazo y largo plazo y los
compromisos económicos a asumir.
- Este plan estratégico, elaborado desde el principio de la sostenibilidad,
contendrá entre otros aspectos líneas de políticas activas a favor
de la mujer rural, la incorporación a la actividad agraria, el relevo
generacional, el mantenimiento de los sistemas de protección a la
producción que constituyen la sanidad animal, vegetal y la política
de fomento en la contratación de seguros agrarios, avanzando en

los modelos de protección y creando un marco nacional de seguros
integrales de explotación.
• Elaboración de un Plan Estatal de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura que
se financiará con fondos nacionales y con los obtenidos con el sistema de topes
de ayudas de la PAC y de modulación.
• Apoyaremos y dotaremos de recursos las actividades agrícolas y ganaderas de
las zonas rurales de montaña cuyas posibilidades son muy limitadas debido a la
compleja orografía.
• Revisaremos el modelo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en
España aprobado por el gobierno del PP, realizando una apuesta clara por la
agriculturaprofesionalyporelempleo, laagriculturafamiliar, yladiversificación
en el medio rural.
- Respetando la normativa de la UE, realizaremos una política más justa de
distribución de ayudas, modificaremos la definición de “agricultor activo”
y estableceremos un tope máximo en el cobro de las ayudas.
- Asimismo revisaremos, en colaboración con las CCAA, las ayudas
acopladas para la inclusión de nuevos sectores y el establecimiento de
ayudas especiales a las primeras 50 hectáreas.
- La PAC también debe ser un instrumento de protección para los cultivos
tradicionalesdelaszonasdesfavorecidasdenuestropaísparagarantizarla
conservación de las zonas rurales con grandes impedimentos orográficos.
• Recuperar los instrumentos de políticas de regulación de mercados que
eviten la actual volatilidad de los precios. Haremos una defensa a ultranza del
mantenimiento de una PAC fuerte que mantenga sus principios inspiradores
(abastecimiento de alimentos seguros y de calidad, desarrollo rural, empleo,
etc.) y que haga un esfuerzo por su simplificación
• Aprobar un Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica que contemple
los aspectos relacionados con la producción pero que aborde seriamente
estrategias para el fomento del consumo de productos ecológicos y para abordar
su internacionalización.
• Favoreceremos estrategias para apoyar los denominados “circuitos cortos” de
producción y consumo, estableciendo normativas específicas que lo propicien.
Para ello se adaptarán las normativas higiénico–sanitarias europeas al modelo
de pequeña explotación.
• Se planteará un marco específico de simplificación dentro de las normas
nacionales para la producción ecológica en los aspectos de declaraciones.

• Además se establecerán medidas de asistencia a la exportación y protección
de los productos artesanales elaborados dentro del marco de la producción
ecológica.
• Asumimos respecto a la Industria Agroalimentaria los siguientes retos:
• Incrementar la dimensión empresarial, ganar visibilidad, asociada a marca de
calidad, incrementar la capacidad exportadora, superando el 25% actual, hasta
alcanzar el 40% de la producción total, eliminar las ineficiencias administrativas
que lastran las actividades productivas y comerciales y generar más valor por la
vía de la Innovación y la transferencia de tecnología.
• Incrementaremos, en el marco de un Plan Estratégico para la Industria
Agroalimentaria, la presencia de los productos españoles en los mercados
exteriores mediante una acción coordinada de las Administraciones Públicas
con el sector que permita la apertura de nuevos mercados y la consolidación de
los actuales.
• Proponemoslasimplificacióndelostrámitesadministrativosparalaexportación
de productos agroalimentarios y fitosanitarios a través de sendos organismos
que reúnan las competencias dispersas en varios ministerios, conforme a
estructuras similares a países de nuestro entorno.
• Asumir el compromiso de luchar contra el desperdicio de alimentos para lo que
elaboraremos la legislación específica que asegure este objetivo, dando un paso
más a la situación actual que se basa en acuerdos voluntarios entre partes.
• Asumir el compromiso de elaborar los cambios normativos necesarios para
conseguir el objetivo de equilibrio de la cadena alimentaria que reparta
justamente esfuerzos y beneficios. Regularemos la venta a pérdidas y la figura
del “mediador de contratos”.
• Diseñar un Plan de recuperación de razas ganaderas autóctonas y de apoyo a la
ganadería extensiva que consiga detener la dinámica de disminución de censos
en ovino, caprino y de vacas nodrizas y asegure el mantenimiento de nuestro
rico patrimonio genético.
• Diseñar un Plan de selección y recuperación de variedades locales
hortofructícolas que consiga detener la pérdida de patrimonio agroalimentario
de calidad.
• Fomentaremos la vertebración económica del sector productor, en particular
mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de
concentración de la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los
productores en el mercado.

• Prestaremos una especial atención a las Cooperativas agroalimentarias
de España, desarrollando una estrategia global que dé cobertura política
y económica a las acciones contempladas en el Plan estratégico del
Cooperativismo, con el objetivo de conseguir empresas más fuertes, más
profesionalizadas y que puedan asumir el reto de vender con valor y el reto de
la internacionalización.
• Desarrollaremos medidas generen una discriminación positiva hacia los socios
cooperativistas, como los seguros agrarios, u otros. Prestaremos apoyo al PLAN
NACIONAL DE SEGUROS AGRARIOS, recuperando los niveles de inversión de las
Administraciones Públicas de años anteriores a la llegada del PP al gobierno.
Pesca
España reúne flota que opera en todos los mares del mundo y en los caladeros
comunitarios y costeros, industria que transforma, conserva y congela los productos
asentada en nuestro territorio y con presencia en otros países, acuicultura en tierra y
mar, marisqueo, depuración y comercialización.
Debemos establecer como objetivo fundamental el impulso de una política pesquera
europeaqueigualelosderechosdeaccesoarecursosyayudasdetodoslospescadores
de la UE.
Reconocer el papel estratégico de la pesca en la economía española nos permitirá
crear empleo y riqueza, liderar esta actividad en Europa y ser ejemplo en política de
protección y gestión de los recursos y del medio ambiente, de protección social de los
trabajadores y trabajadoras del mar y en la lucha contra la pesca ilegal.
Impulsaremos la cooperación interregional y transfronteriza, particularmente y por
razones de vecindad, especialmente con Portugal, Marruecos y Mauritania.
PROPUESTAS
• Fomentarlasinversionespesquerasmixtasenpaísesterceros,crearunsegundo
registro para buques atuneros y de palangre, promover acuerdos de pesca
sostenibles, participar en las organizaciones regionales de la pesca, asegurar
las importaciones de productos de la pesca en igualdad de condiciones que la
producción propia, priorizando ésta y promover la ampliación de la misión en el
Indico contra la piratería.
• Impulsaremos la defensa y exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de
Pesca con otros países.
• Promover cambios en los fondos europeos para la pesca que acaben con la
discriminación de las mujeres y de determinados colectivos de trabajadores
del mar y modificar el Programa Operativo Nacional para incluir todas las

posibilidades de ayuda que recoge el FEMP y que el reparto de los fondos con
las CCAA se haga con criterios objetivos y transparentes.
• Completar la ordenación de los caladeros nacionales, aprobar los planes de
gestión pendientes y desarrollar una buena política de cuotas, garantizando un
reparto justo y equilibrado entre flotas, artes y Comunidades Autónomas.
• Las políticas de pesca para la gestión de los caladeros litorales tendrán modelos
diferenciados para el Atlántico y el Mediterráneo por las especificidades de sus
flotas y sus modelos económico-sociales.
• Poner en marcha planes de recuperación, vedas, ordenar artes, recuperar
fondos marinos, repoblar especies, crear arrecifes artificiales, reservas marinas
de interés pesquero para proteger nuestro litoral y la actividad pesquera y
reconocer el papel de guardianes de la biodiversidad de los hombres y mujeres
de la mar.
• Impulsar con medidas de apoyo al segmento de flota artesanal más frágil
y de gran calado social, y a los mariscadores, a través de programas de
modernización de los barcos, mejoras de infraestructuras y servicios en tierra y
de diversificación de sus actividades.
• Potenciar el Instituto Español de Oceanografía y coordinar el CSIC y los centros
de investigación autonómicos, redoblando la presencia de los científicos y
científicas españoles en todos los foros científicos de análisis y debate para
obtener datos científicos abundantes, de calidad y fiables.
• Equiparar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del mar con los demás
trabajadores: derechos laborales, sindicales, el derecho al voto, a prestaciones
por desempleo y reconocimiento de otras dolencias profesionales.
• Promover que las Cofradías de Pescadores tengan las mismas obligaciones
de paridad en sus órganos de gobierno que las administraciones públicas e
incentivar que las asociaciones de armadores, cooperativas, etc., incorporen a
la mujer a sus órganos de dirección.
• Articular, conjuntamente con las comunidades autónomas, un plan de acción
con las Cofradías de Pescadores, organizaciones de productores, asociaciones
y cooperativas para impulsar su papel de distribuidor y, allí donde la viabilidad
económica lo permita, de gestor de nuevas industrias manufactureras del
producto que capturan.
• Introducir las nuevas tecnologías en la vigilancia de la pesca ilegal, reforzar los
equipos humanos de la inspección pesquera, y formación e información para la
prevención de las actividades ilícitas.

• Colaborar con las CCAA en una acuicultura Marina y continental sostenible,
fomentando la Investigación para obtener nuevos alimentos más ecológicos
para los peces e incorporando nuevas especies de cultivo).
Desarrollo rural
Asumir con absoluta prioridad el compromiso con la igualdad en el medio rural es
irrenunciable y para ello comprometemos una política de desarrollo rural de base
territorial, de perspectiva global, apoyada en modelos de máxima participación y que
asegure la creación de la máxima actividad económica estable y sostenible.
• Impulsar, en colaboración con las CCAA, un Plan de dotación de servicios
básicos de ciudadanía para garantizar las políticas de igualdad en el medio
rural. Reactivaremos la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y su financiación para la aplicación de los Planes de Zona.
• Actualizar la ley de Agricultura de Montaña y los programas de desarrollo
destinados a estas áreas que presentan hándicaps naturales para el ejercicio
de las actividades agrarias, en cumplimiento del mandato constitucional
establecido en el artículo 130.2, en el que se establece que se dispensará un
tratamiento especial a las zonas de montaña.
• Establecer beneficios especiales para los emprendedores y emprendedoras que
desarrollen actividad y creen empleo en el medio rural, especialmente en las
zonas en peligro de despoblamiento.
• Impulsar el desarrollo de las energías renovables, especialmente de la
biomasa por ser especialmente intensiva en mano de obra y sostenible
medioambientalmente, en el mundo rural por su contribución al desarrollo,
diversificando la actividad productiva, movilizando recursos financieros y
generando una amplia gama de oportunidades de empleo.
• Potenciar los grupos de acción local, los mecanismos de subsidiariedad y la
capacidad de los actores locales. Blindarlos jurídicamente de la posibilidad de
manipulación o utilización fraudulenta para intereses particulares. Permitir su
trabajo de forma rigurosa y transparente, disminuyendo la carga burocrática
que supone la gestión de fondos.
• Fortalecer las redes, los mecanismos de comunicación, y los foros de difusión y
puesta en valor.
• Impulsaremos que los mecanismos nacionales y autonómicos permitan el
acceso a multifondos por parte de los Grupos de Acción Local para así facilitar
la dinamización más eficaz del medio rural.

En relación con los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por la Unión Europea
proponemos:
• Recuperar los niveles de cofinanciación de la Administración General del Estado
a los Programas de Desarrollo Rural que el actual gobierno ha reducido al 30%,
asegurando que esta financiación permite unos niveles homogéneos de apoyo
al medio rural en todo el Estado.
• Incluir en el Programa Nacional de Desarrollo Rural de España una partida
presupuestaria suficiente dedicada a medidas innovación en el medio rural.
• Asimismo exigiremos que los beneficiarios de las ayudas agrarias del Desarrollo
Rural vayan exclusivamente a los agricultores profesionales.
• Integrar de forma definitiva en las políticas rurales los aspectos ambientales en
clave de apuesta mutua.
• Impulsar un programa específico para el apoyo de las mujeres rurales que
incorpore acciones específicas, criterios de prioridad, beneficios fiscales y
bonificaciones en las cotizaciones sociales, en particular relacionados con la
incorporación de las mujeres rurales a la actividad emprendedora
• El programa prestará especial atención a las medidas de conciliación y
corresponsabilidad y tendrá una singular aplicación en el ámbito de los planes
y medidas de igualdad que deban adoptar las administraciones públicas en el
ámbito rural.
• Impulsar la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias,
aprobada por el anterior Gobierno socialista, que no se ha puesto en marcha
por la falta de voluntad política del PP.
• Poner en marcha políticas concretas para los territorios despoblados, de
especial protección elaborando un mapa de la despoblación en España, en
colaboración con las CCAA, de provincias y comarcas que no lleguen a los 10
habitantes por Km2 aplicando criterios compensadores para el mantenimiento
de servicios básicos en el medio rural y las políticas de creación de empleo vía
ayudas de Reindus por despoblación en las mejores condiciones que permita la
normativa de fondos europeos.
• Seprocederáacatalogarenelterritorioespañolaquéllaszonasqueseconsideren
prioritarias a efectos de lucha contra la despoblación y éxodo juvenil. En esta
línea impulsaremos la creación de una Zona de Inversión Territorial Integrada
(ITI) que incluya las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, dando continuidad
territorial por el corredor de Guadalajara (Sigüenza, Alcolea y Sierra Molina) y
por Zaragoza (Calatayud, Daroca) y a través de Cuenca la Manchuela albaceteña
Sierra de Alcaraz y Sierra del Segura.

• Evaluar, de cara a su mantenimiento, los Planes Especiales aprobados en
las anteriores legislaturas para Soria, Teruel, Jaén y el Noroeste de España y
establecer criterios objetivos para la elaboración de nuevos planes.

• municipios como receptores de los fondos FEDER reconociendo el papel de las
zonasruraleseneldesarrollourbanososteniblecomoherramientafundamental
para reducir los desequilibrios económicos y sociales con el medio urbano.
• Nos comprometemos a promover la economía de los servicios en los espacios
rurales como base y/o complemento del desarrollo económico. La elevada
dispersión espacial del territorio ha de ser vista como una oportunidad de
mayor calidad para el crecimiento del turismo histórico-cultural, gastronómico
y paisajístico de nuestros sistemas agrarios.

4.6 INDUSTRIA AEROESPACIAL, NAVAL Y DE DEFENSA
El sector industrial de defensa y seguridad en España es altamente intensivo en
tecnologías avanzadas y genera un volumen de actividad superior a los 9.400 M€
anuales, lo que supone un 0,9% del PIB total y un 5,5% del PIB industrial.
La industria de defensa y seguridad es un sector de alta tecnología con incorporación
masiva de componentes digitales que puede servir de referencia en el proceso de
reindustrialización.
El apoyo a ese sector y a su adaptación a la nueva situación es una cuestión relevante
tanto por lo que se refiere a la Política de Seguridad y la Defensa como al desarrollo
general del país.
Los sectores Aeroespacial y Naval tienen un interés estratégico para España y
promueven la innovación tecnológica tanto en el ámbito militar como civil. En el
contexto de los procesos de integración de la industria europea de la defensa España
debe proteger sus activos industriales y tecnológicos en ambos sectores dado el
impacto que estos tienen en las capacidades militares necesarias para nuestra
seguridad, en la generación de empleo directo e indirecto de alta cualificación en
amplias zonas de Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla la Mancha o Madrid, así como en
la actividad económica de numerosas PYMEs con alto valor tecnológico.
Españadebeincrementarlaeficienciaylacompetitividaddelaindustriaaeroespacial
y naval invirtiendo en tecnologías duales que permitan una mayor y más rápida
transferencia de conocimientos y el desarrollo de centros de excelencia en el marco
de los programas de innovación que toda la industria europea del sector lleva a
cabo.

PROPUESTAS
• Racionalizar el uso de los recursos públicos destinados a defensa y seguridad
con el objeto de optimizar las inversiones y los activos ya disponibles.
- Darprioridadalasinversionesenprogramasquesoportenlascapacidades
esenciales para asegurar la autonomía en la identificación de amenazas,
la definición de las respuestas y la continuidad operativa y en aquellos que
resulten imprescindibles para la introperabilidad con nuestros aliados
- Considerar de modo conjunto las necesidades de Defensa e Interior para
aumentar la transversalidad de los programas y evitar duplicidades
- Establecer organismos centralizados de compras
- Impulsar los programas de formación para una mejor operación de los
recursos
• Desarrollar una base industrial capaz de satisfacer de modo autónomo las
necesidades esenciales de la defensa y la seguridad.
• Elaborar un plan industrial de medio plazo conjuntamente con el sector para
reforzar las fortalezas que incluirá las siguientes medidas:
- Alinear mejor la planificación de las capacidades militares con los objetivos
de la estrategia de seguridad.
- Planificar las capacidades y los programas de obtención a medio y largo
plazo en el marco de un proceso presupuestariamente sostenible
- Dotar de mayor integración a la base industrial y tecnológica de la defensa
en la política industrial, tecnológica y comercial general del país.
- Transformar el actual entorno productivo asociado a la seguridad y
la defensa en un entorno empresarial capaz de diseñar, producir y
proporcionar sistemas intensivos en tecnologías avanzadas, favoreciendo
la presencia de las PYMEs innovadoras.
- Asegurar que la gestión de los nuevos programas de defensa se orienta
a facilitar el desarrollo de competencias industriales tecnológicamente
avanzadas, innovadoras y más competitivas en el entorno internacional
- Coordinar las actuaciones con la política de apoyo al I+D+i para reforzar
la capacidad de desarrollo de tecnologías duales y apoyado en las
capacidades tecnológicas de nuestra propia base industrial, tecnológica y
científica.

- Impulsar la adopción de tecnologías digitales (Industria 4.0) en el sector
de defensa y seguridad
- Poner en marcha programas específicos de Formación profesional
orientada hacia la industria
- Apoyar, en el marco de la política europea común, los procesos de
concentración e integración a escala europea y nacional y favorecer
la dimensión internacional del sector, la capacidad de exportación y la
competencia en mercados abiertos.
- ImpulsarlosprogramasdeI+D+iquepermitaneldesarrollodecapacidades
industriales en ciberseguridad.

II. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. ENVOLVENTE FINANCIERA
PARA SOSTENER EL ESTADO DEL BIENESTAR Y REDUCIR LAS
DESIGUALDADES
1. DÓNDE ESTAMOS
El modelo actual de recuperación no es sostenible porque se basa en demasiados
supuestos coyunturales (bajada del precio del petróleo, depreciación del euro, tipos
de interés bajos) y en una devaluación interna con salarios bajos, precariedad laboral
y creciente desigualdad, que no puede continuar y que no es nuestro modelo. Este
modelo erosiona la cohesión social y limita la capacidad productiva de nuestra
economía, condenándonos a una senda donde las ganancias de competitividad se
basan exclusivamente en los bajos salarios y el deterioro de las clases medias y bajas.
Siete años después de que nos golpeara la crisis financiera internacional, España
sigue siendo el segundo país de la eurozona con mayor déficit público en relación
al PIB, el primero en cuanto a mayor crecimiento de su deuda pública y uno de los
países donde más ha crecido la desigualdad en la Unión Europea. Eso nos sitúa
bajo vigilancia de las autoridades europeas por el llamado procedimiento de déficit
excesivo, que nos obliga a reducirlo por debajo del 3% cuanto antes y de manera
pactada con la Comisión.
Los datos de esta legislatura son preocupantes.
LasadministracionesquemáshanreducidoeldéficitsonlasComunidadesAutónomas
donde se sitúan los principales recortes habidos en sanidad, educación y políticas
sociales. Y lo han hecho incrementando su endeudamiento con el Gobierno Central.
Ha sido, pues, un ajuste realizado desde dos premisas ideológicas: recentralizar
el Estado, otorgando competencias impropias al Gobierno Central sobre unas
Comunidades a las que se ha sometido mediante el procedimiento de endeudarlas
con el propio Estado Central (FLA…) y reducir la cobertura del Estado de Bienestar. En
paralelo, la Seguridad Social ha incrementado su déficit, a pesar del aumento en el
número de cotizantes y de la importante utilización del Fondo de Reserva acumulado.
La próxima legislatura nos enfrentamos al reto de crear empleo, impulsar un cambio
de modelo productivo, reconstruir las grietas del estado de bienestar abiertas en la
última legislatura, al tiempo que continuamos con el proceso de consolidación fiscal
exigente.
Los socialistas somos conscientes del fracaso del modelo de austeridad que ha
dominado la política económica europea. Por eso trabajaremos junto con otros
partidos socialdemócratas en favor de un modelo de crecimiento económico y social

que beneficie a los trabajadores y sectores medios de la sociedad, sin perjuicio de la
estabilidad presupuestaria.
Para ello, proponemos un cambio estructural del sistema impositivo para incrementar
la recaudación sin subir los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores; una
reordenación y mayor eficacia del gasto público en la lucha contra la desigualdad y la
creación de riqueza; y un crecimiento económico de mayor calidad. Lo anterior, permitirá
alcanzar, en los próximos cuatro años, unos niveles de servicios públicos fundamentales y
prestaciones sociales homologables a la media de los países de la zona Euro. Y lo que es
más importante, contribuirá a reducir las desigualdades y, consiguientemente, a reactivar
la creación de empleo, sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos. Nuestras
prioridades de gasto público se orientarán a restablecer el gasto en las políticas del estado
de bienestar, luchar contra la pobreza y la inversión productiva.
Los socialistas adquirimos el compromiso de reducir progresivamente el déficit
público hasta situarlo en el entorno del 1% del PIB al finalizar la próxima legislatura,
en función del ciclo económico y los niveles de empleo, con una senda realista de ajuste
que negociaremos con las autoridades comunitarias quienes están abriendo nuevas
posibilidades alejadas de la anterior política austericida. Compromiso que cumplirá dos
criterios: no incrementar la presión fiscal individual de quienes ya pagan impuestos por
las rentas del trabajo (80% de los contribuyentes) y mejorar la eficiencia del gasto público.
Nuestro programa electoral respetará la estabilidad presupuestaria a lo largo del
ciclo. Pero la consolidación de las cuentas públicas no puede pasar por dejar nuestro
nivel de bienestar en los niveles de los países menos desarrollados de la Unión
Europea. La senda de consolidación presupuestaria va a estar muy influida por la
evolución cíclica de la economía. Desde el último superávit en 2007, nuestros ingresos
han caído un 3,1% del PIB y nuestros gastos se han incrementado en un 4,7%, en gran
parte como consecuencia de la crisis.
Pero nosotros queremos, además, reducir la parte estructural del déficit público,
haciendo más equitativo y justo nuestro sistema tributario actuando con decisión
sobre quienes no contribuyen todo lo que deberían y mejorando la eficiencia del gasto
público como columna vertebral de los Presupuestos anuales.
Estabilidad presupuestaria
Asumimos como hipótesis para los próximos cuatro años, una evolución
macroeconómica que partiendo de la realizada por el Gobierno, incorpora las últimas
correcciones del FMI y de los principales servicios de estudios del País.
A partir de ahí y en materia de estabilidad presupuestaria el PSOE se compromete a:
1. Cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria acordados con la Unión
Europea, haciendo el máximo uso de la flexibilidad que permiten las nuevas
reglas europeas.

2. Aprobar reformas estructurales que ayuden a incrementar la capacidad de
crecimiento de nuestra economía y su margen fiscal.
3. Estabilizar el nivel de deuda pública en relación al PIB, que se ha disparado
en la actual legislatura, terminando con una senda descendente de la deuda
pública.
4. Realizar un ajuste fiscal progresivo dejando el déficit en el entorno del 1% del
PIB al final de la legislatura en función del ciclo económico.
5. Incrementar los ingresos públicos del conjunto de las administraciones en
alrededor de 2 puntos del PIB, aprovechando el efecto del ciclo y la puesta en
marcha de medidas tributarias y de lucha contra el fraude.
6. Introducir medidas de eficiencia y evaluación del gasto público, para hacer más
con menos.
7. Los ingresos extraordinarios procedentes de eventuales privatizaciones
de activos del Estado serán destinados íntegramente a amortizar deuda
pública.
Frentealaimposibleausteridadexpansivadealgunos,queolvidanyreleganlacohesión
social a un segundo lugar, o frente a la peligrosa apuesta por los desequilibrios
macroeconómicos que ponen en riesgo los logros sociales alcanzados por la sociedad
española, el PSOE se decanta por el crecimiento sostenible y la redistribución
expansiva, como motor de modernización, de incremento de la productividad, de
crecimiento económico y de generación de empleo.
Ingresos públicos: Incrementar los ingresos más allá del ciclo
España no tiene una elevada presión fiscal agregada. De hecho, nuestros ingresos
públicos en relación al PIB se sitúan en el 37,8% frente al 45,2% del promedio
de los países de la Unión Europea y no superaron el 41%, ni en plena burbuja
inmobiliaria. Nuestro problema es que esa presión fiscal se concentra mucho
sobre pocos contribuyentes y pocas bases imponibles. La consecuencia es que el
sostenimiento del gasto público recae de forma casi exclusiva sobre las rentas
del trabajo, fundamentalmente medias y bajas, que soportan directamente, e
indirectamente a través de las cotizaciones sociales, el grueso de la presión fiscal,
en torno a nueve de cada diez euros recaudados, según algunas estimaciones.
Necesitamos una nueva política fiscal que, simplifique nuestro sistema tributario,
haciéndolo más eficiente y que promueva la transición hacia un nuevo modelo
económico, incentivando la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación,
frente a otro tipo de actividades, que deben ser desincentivadas como la especulación,
la contaminación o aquellas que contribuyen al cambio climático.

Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado sobre la tributación de la renta
anual y del factor trabajo. Aspiramos a desplazar el peso de la carga tributaria, en
parte, hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos.
Al mismo tiempo, la fiscalidad debe recuperar el principio de equidad, tanto vertical,
que pague más quien más gana, como horizontal, es decir que a igual nivel de renta,
tributación similar independientemente de las fuentes de renta. Lograr una mayor
equidad del sistema tributario, implica luchar de forma decidida contra el fraude,
la elusión y la evasión fiscal e incorporar todas las manifestaciones de capacidad
económica, de manera efectiva al sistema tributario, como reclama la Constitución.
Ello ayudará a un reparto más justo de las cargas, a la sostenibilidad y estabilidad
del Estado del Bienestar y a una mayor competitividad de la economía española y a la
creación de empleo de calidad.
Gasto Público
España tiene un gasto público, en relación al PIB, inferior en cinco puntos a la media
de los países de la Unión Europea. A pesar de ello, el margen para ampliar las
políticas de gasto es limitado y por lo tanto es imprescindible establecer prioridades.
España tiene por delante aún un proceso de consolidación fiscal exigente para cumplir
nuestros compromisos de déficit y comenzar a reducir la deuda. En este contexto,
es vital seleccionar bien las prioridades de gasto. Prioridades que obedecerán al
doble reto que nos marcamos en la próxima legislatura: reparar los daños en nuestro
sistema de bienestar (sanidad, educación, políticas de empleo), preparándolo para los
desafíos futuros, como el envejecimiento de la población e impulsar el crecimiento
económico creador de empleo, en un contexto en que previsiblemente no contemos
con condicionas tan favorables del exterior como las que hemos disfrutado este
último año.
3. PROPUESTAS
Lucha contra el fraude y la evasión
Nuestro principal problema no es la llamada doble tributación, sino la no tributación
de la riqueza y los grandes patrimonios. El caso más evidente, las que se ocultan del
fisco, cometiendo fraude fiscal. El fraude es la mayor fuente de distorsión del sistema
económico. Por consiguiente, proponemos para combatirlo:
• Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los
próximos cuatro años.
• Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un
porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de
liquidación y gestión recaudatoria.

• Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude
fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
• Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. En todo caso,
se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales
sean considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y prescripción
a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer
siempre serán en su mitad superior.
• PotenciarelpapeldelServiciodeVigilanciaAduaneraylacoordinacióndelaAEAT
conlaFiscalía,elSEPBLACylasfuerzasdeseguridaddelEstado.Enparticularse
promoverá la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude
fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes.
• Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular,
se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación
de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la
estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa.
• Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para
corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan
la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de
los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.
Junto a lo anterior proponemos medidas dirigidas a promover una cultura ciudadana
que aliente el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a través de:
• Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro
del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el
recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.
• Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los
límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores,
acogidos a la amnistía fiscal.
• Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las
autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en
caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser
sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de
colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.
• Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (1) Establecimiento de
un porcentaje de participación máximo para cada inversor; (2) Se estudiará la
fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin
que tributen; (3) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e
inspeccionar a las SICAV.

• Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que
se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el
régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.
• Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos
tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará
la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de
vista recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y
su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que
incorporen incentivos fiscales.
• Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria
contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los
clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la
inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.
• Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y
profesionalidad, evitando las injerencias políticas.
• Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar
la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio
se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios
técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la
Agencia.
• Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad
en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación
cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración tributaria.
Fiscalidad internacional
España debería liderar tanto en la UE, como en el ámbito de la OCDE y del G20, una
agenda ambiciosa en materia de una mayor transparencia en la fiscalidad europea e
internacional, que acabe con el fraude y la evasión fiscal, así como con los paraísos
fiscales que contemple:
• Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva
sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar
con la opacidad de los llamados Tax Rulings (acuerdos fiscales de los estados
miembros con empresas multinacionales o también llamados trajes a medida)
y los acuerdos de precios de transferencia transfronterizos, emitidos en los
últimos diez años.
• Impulsar y liderar, en el ámbito de la OCDE y del G20, la agenda del BEPS (Base
Erosion Profit Shifting) llevada a cabo en el seno de la OCDE que podrían culminar
en la negociación de un Tratado Multilateral sobre gobernanza fiscal mundial.

• Impulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos
fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas
a una lista consensuada de sanciones. De igual forma, España promoverá en la
OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos
fiscales.
• Apoyarlasiniciativasparalamejoradelagobernanzafiscaleuropea,impulsando
la armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades), la superación
de la regla de unanimidad, y establecimiento de un campo de juego entre los 28
Estados miembros sin margen para la opacidad o la competencia desleal.
• Abogar por la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso
de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas
sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal
agresiva.
Reforma impositiva
Nuestra Constitución establece entre los deberes de los ciudadanos el contribuir al
mantenimiento de las cargas generales del Estado de acuerdo con la capacidad de
pago de cada uno. Por eso establece un sistema tributario progresivo en el que aporte
proporcionalmente más, quien más riqueza tiene y no solo quien más renta gane. Sin
embargo, la actual descoordinación entre el IRPF, IS, y el Impuesto de Patrimonio
impide gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que
permite que determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma
adecuada al sostenimiento de los gastos públicos.
En consecuencia, con el objetivo de incorporar de manera más efectiva la tributación
de la riqueza en nuestro sistema impositivo como manifestación de capacidad
económica establecida en la Constitución, proponemos:
• Crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos
mencionados y, en el plazo de seis meses, presentarán sus conclusiones sobre
cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación.
Estas conclusiones entrarán en vigor con los Presupuestos para 2017.
Mientras tanto:
• EstablecerunmínimocomúnentodoelterritorionacionaltantoenelImpuestode
Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento.
• Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de
ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisaremos
las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de
escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del
15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes

empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma
efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y
estabilizarla en el tiempo.
• Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.
• Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se
puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos
o digitales, considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera
necesidad.
• Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea,
entre ellos España. Defenderemos que el ITF sea un impuesto de base amplia,
que incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos
y derivados, para desincentivar la especulación financiera.
• Impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares
europeos. Dicha fiscalidad contemplaría los siguiente nuevos tributes: (1) Im-
puesto sobre las emisiones de CO2; se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se
emiten,discriminandoentrelasempresassujetasalsistemadecomercialización
de derechos de emisiones (ETS) y las que no; (2) Impuesto sobre los óxidos
nitrosos (NOX); (3) Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor:
basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la
fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación; (4) Impuesto
mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; (5) Impuesto sobre
residuos de envases, embalajes y bolsas;
• Además, se reformarán los siguientes tributos ya existentes para hacer de
ellos verdaderos impuestos medioambientales: (1) Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos; (2) Impuesto Especial sobre la Electricidad y; (3) Canon de
vertidos. Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación
con las CC.AA. varias de las cuales ya cuentan con figuras tributarias similares.
Un gasto público eficaz gestionado por una Administración moderna.
El criterio de eficacia, tanto en la gestión de los ingresos como de los gastos públicos,
presidirá una profunda reforma de las administraciones públicas, congelada durante
esta legislatura.
Las Administraciones Públicas deben organizarse y funcionar con la máxima eficacia
al menor coste posible. Es factible conseguir más y mejores servicios públicos sin
incrementar necesariamente el coste de los mismos si aplicamos los mecanismos
correctos de reforma de las Administraciones Públicas.

Una Administración innovadora y simplificada.
Extender en todos los procedimientos de la Administración del Estado la posibilidad
de utilizar la notificación electrónica. Haremos posible la existencia de un registro
electrónico único.
Impulsar la interoperabilidad real entre Administraciones mediante plataformas
electrónicas para que ningún ciudadano deba aportar ni un solo documento que ya
obre en poder de la Administración.
Reforzar el Centro de Transferencia de Tecnologías para que las Administraciones
compartan la tecnología con la que ya cuentan y la puedan reutilizar sin tener que
contratar o adquirir innecesariamente la que ya existe. La Administración del Estado
pondrá a disposición del resto de Administraciones Públicas la tecnología con la que
cuenta a fin de ahorrar costes y evitar gastos duplicados
Una Administración eficaz y que gaste mejor.
Reformar los procedimientos internos de elaboración del proyecto de Presupuestos
para introducir en las Administraciones Públicas técnicas para la gestión por objetivos
y resultados, de modo que pueda conocerse en cada momento si hay que proseguir,
modificar o suprimir una actuación pública.
Reformar la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo,
para que el precio no sea el único criterio de valoración y selección de contratistas
en las licitaciones públicas y se tengan en cuenta otros indicadores como la calidad,
cláusulas sociales o de compromiso anticorrupción.
Extender la evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el im-
pacto y la rentabilidad del gasto público. Reforzaremos el papel de la Agencia Estatal de
Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos, y de la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIREF) a la que dotaremos de más recursos e independencia real.
Llevaremos a cabo una Auditoría del Gasto público de la administración central,
siguiendo la metodología de los organismos internacionales, para limitar las inercias,
eliminar gasto superfluo, establecer prioridades y mejorar la eficacia.
Reforma de la Financiación Autonómica.
Para garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las Comunidades
Autónomas, nos comprometemos a negociar un nuevo Sistema de Financiación
Autonómica que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de
autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así
como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades
Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas , con independencia
de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.

III. INSTITUCIONES Y MERCADOS INCLUSIVOS: POR UNA
ECONOMÍA DE LAS OPORTUNIDADES AL SERVICIO DE LAS
PERSONAS.
1. DÓNDE ESTAMOS
La economía española, como la mayoría de las economías avanzadas, es una economía
mixta, donde una mitad se rige estrictamente por las reglas del mercado y otra mitad
está, o bien bajo el control y la influencia directa del sector público, o se manifiesta
en otras formas societarias, como las fundaciones o empresas de economía social.
Toda política económica progresista tiene que proponer un marco institucional que
entienda esta diversidad económica y que favorezca la participación de los individuos
en la creación de riqueza económica, sin espacios de privilegios.
Durante el boom inmobiliario y de crédito se consolidaron unos vicios en nuestro
modelo económico en gran medida como consecuencia de una concepción ideológica
que ha imperado en las últimas décadas y que se traduce, simplificando, en que el
beneficio y la rentabilidad inmediatos se han hecho valores irrenunciables como
objetivo general y prevalente tanto para las empresas como para los Estados.
Una reducida red de personas e instituciones se encuentran en posición de
condicionar, en buena medida, la capacidad de nuestra sociedad para realizar con
eficacia la consecución de sus metas colectivas, y hacerlo, además acorde con sus
intereses y prioridades, que no necesariamente coincide con los de la gran mayoría
de la población.
Esta concentración de poder en pocas manos se ve amplificada por la falta de una
adecuada estructura de mercado y por la falta de independencia y un correcto diseño
de las instituciones reguladoras de la economía como (CNMV, CNMC, Banco de
España) y de otras que intervienen en ella (Tribunal de Cuentas, Agencia Tributaria…)
o, incluso, de las de nueva creación (Autoridad Fiscal Independiente).
Una economía más inclusiva y exitosa debe remover los obstáculos al dinamismo, que
han caracterizado durante décadas a la estructura económica española, enfrentando
a los oligopolios, privilegios y corporativismos, para permitir el acceso a la riqueza de
una mayoría de la ciudadanía y empresas.
Los socialistas apostamos por la cultura del esfuerzo y el talento, por apoyar a quienes
generan riqueza innovando y por construir una economía de las oportunidades, que
permita desplegar todo el potencial económico de nuestro país.

La izquierda debe recuperar como propia la defensa de la sana competencia, del
talento y del esfuerzo, como mecanismo para romper intereses corporativos y
expandir las oportunidades de crear riqueza.
Defendemos una economía que fomente la diversidad, por eso vemos en la economía
colaborativaunaoportunidadparafacilitarlaparticipacióndelagenteenelcrecimiento
y bienestar, a la vez que se hace un uso más eficiente de los recursos.
Defendemos a las empresas capaces de crear riqueza y empleo y que consideran
como un activo mantener un alto nivel de responsabilidad social, con trabajadores,
medio ambiente y consumidores.
Una economía más inclusiva y democrática, nos permitirá alcanzar cuatro objetivos
esenciales para el progreso social y económico:
• Crear riqueza, porque si conseguimos que el éxito económico y empresarial
no dependa de los contactos, de los recursos económicos previos, sino de la
capacidad, creatividad y esfuerzo de las personas y empresas, favoreceremos el
incremento de la productividad.
• Combatir la desigualdad. Porque no se puede fiar toda la reducción de las
desigualdades a los impuestos y la transferencias de gastos y política social.
Es necesario también consolidar un modelo económico y social generador de
igualdad,enelquetodoslosagentesqueintervienenenélseancorresponsables.
• Establecer modelos de crecimiento económico social y medioambientalmente
más respetuosos.
• Reducirlosnivelesdecorrupciónpolíticayeconómica,aldificultarlacapturade
rentas por decisiones ocultas al control democrático de ciudadanía, accionistas
y/o consumidores.
El marco institucional: instituciones y organismos públicos inclusivos
El papel del sector público es fundamental en nuestra economía. En España
representa alrededor del 40% de la economía, siendo además un importante factor
de dinamización para el resto de la misma. Por eso debe mejorar su actuación para
convertirse en un sector de referencia en prácticas de transparencia, garante de
la inclusión social y promotor de la sostenibilidad como principio necesario para
garantizar el futuro.
Los socialistas creemos que es necesario que las instituciones públicas sean
proveedores de servicios eficientes y transparentes. Precisamente por ello
abogamos por incorporar principios de buen gobierno público, especialmente
en el sector público empresarial (organismos autónomos, entidades públicas
empresariales y agencias estatales) y fundacional, como medida necesaria para

luchar contra la corrupción y las malas prácticas.
Para impulsar el gobierno corporativo público proponemos:
• Garantizar que las entidades públicas tienen en cuenta en sus contratos
todos los criterios relacionados con la compra pública innovadora, sostenible,
discapacidad, igualdad, etc.
• Elevar el nivel de transparencia y de la información pública que publican las
entidades públicas, que debe ser homogénea y comparable para permitir la
rendición de cuentas.
• Elaborar códigos éticos internos, formación y seguimiento del cumplimiento:
que proporcionen una orientación clara y detallada sobre la conducta que se
espera de todos los empleados así como programas de cumplimiento. Tendrán
especial relevancia los procesos de compra, inversión. En particular aquellos
habilitados para la denuncia confidencial por parte de los empleados que
detecten alguna conducta no ética o ilegal.
• Someter de manera regular a auditorías externas, independientemente de la
labor que realiza la IGAE, como sistema de control adicional. También habría
que reforzar los medios y mecanismos de control de la IGAE.
• Establecer techos de endeudamiento y otros ratios para entidades públicas no
sometidas a la disciplina de mercado que garanticen la viabilidad económica
del ente. Debemos evitar que se abuse de las condiciones específicas de las que
disfrutan los entes públicos, que a diferencia del sector privado, no se enfrentan
a los dos principales elementos que obligan a una mejora continua en la gestión:
pérdida de control y quiebra.
• Desarrollar procedimientos de selección, que aseguren que los miembros de
los órganos de dirección sean elegidos en base a su experiencia y capacitación
que asegure unos directivos más profesionales, responsables y orientados a la
consecución de los objetivos establecidos y se atenga a la igualdad de género.
• Fomentar las políticas activas de comunicación y consulta por parte de los
entes públicos y sus grupos de interés, yendo más allá de los requisitos legales
establecidos para generar credibilidad y confianza.
Mercados abiertos, competitivos y bien regulados
Una economía más democrática e inclusiva requiere de un marco institucional
adecuado, que favorezca la competencia, la inclusión social y que elimine regulaciones
contraproducentes. El Estado no solo es un importante impulsor de la actividad
económica, sino que también es su principal regulador.

Lossocialistasdefendemoslanecesidaddegarantizarlaindependenciaylasuficiencia
de recursos de los organismos reguladores y de defensa de la competencia como
condiciones necesarias para promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la
competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores.
Para ello, nos comprometemos a:
• Modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos
reguladores, que se residenciará en sede parlamentaria con las siguientes
mejoras: convocatoria pública de las vacantes a cubrir; evaluación de la
competencia e idoneidad de los candidatos y candidatas por un Comité Asesor
de composición profesional variable -sus miembros serán designados para
cada ocasión por insaculación entre los propuestos proporcionalmente por
los grupos parlamentarios y se harán públicos los informes, con sesiones de
audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y Senado.
• Impulsar el reforzamiento los organismos de competencia y de regulación de
mercados dotándolos de mayor independencia funcional y recursos; evaluar
el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013, y en su caso estudiar
su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en
Alemania, que cuente con un Organismo Regulador para sectores económicos
en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector
postal) y el Organismo de Competencia, diferenciando así la intervención ex-
ante y ex-post como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno.
Este modelo dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas
capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos
financieros y suficiente personal cualificado.
• Reforzar a la CMNV atribuyéndole la supervisión de las empresas que auditen a
las Entidades de Interés Público.
Unas instituciones reguladoras independientes y fuertes deben ser complementadas
con mercados abiertos y accesibles.
La protección por su interés social de numerosas profesiones y servicios ya no tienen
más sentido que el impedir el desarrollo de la competencia y, de esta manera, de la
innovación.
Para abrir mercados y acabar con situaciones injustas en materia de sobreprotección
de determinadas actividades económicas proponemos:
• Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración
empresarial –sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones
o las infraestructuras- para favorecer la entrada de nuevos competidores,
dotando de transparencia a las regulaciones.

• Eliminar licencias innecesarias o sustituyendo el sistema de licencias por
un sistema de acreditaciones, abierto y sin cupo, y extendiendo el silencio
administrativo positivo y la Declaración Responsable del empresario para
empezar a operar, siempre que ello no menoscabe la tutela del interés general
y de los derechos e intereses legítimos de terceros . Armonizando las licencias y
permisos dentro del país, a través del reconocimiento mutuo entre Comunidades
Autónomas haciendo así efectiva la unidad de mercado sin perjuicio de sus
competencias.
• Avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales,
revisando todas las barreras de entrada y eliminando todas aquellas que no
sean estrictamente justificadas. Los servicios no económicos de interés general
quedan excluidos.
• Promover la coordinación de la legislación sobre horarios comerciales con las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, para adaptarla a los nuevos
tiempos y formas de consumo; y eliminando restricciones injustificadas al
establecimiento y a los horarios de apertura siempre dentro del estricto
cumplimiento de la legislación laboral.
• Actualizar la regulación de precios.
• Garantizar el pluralismo de los actores en la actividad económica, permitiendo
la entrada de formas societarias tales como asociaciones, fundaciones,
cooperativas, etc., en sectores económicos donde ahora no tienen acceso.
Defensor de las generaciones futuras.
Existe una responsabilidad de las generaciones actuales para con las necesidades
e intereses de las generaciones futuras. Las decisiones políticas y económicas que
adoptamos no afectan sólo a quienes viven hoy, afectan y condicionan también a
quienes todavía no han nacido.
Por eso es necesario establecer nuevos vínculos equitativos y globales de colaboración
y solidaridad entre generaciones, especialmente en materia de medio ambiente
pero también en relación con cuestiones tales como la paz y la seguridad la lucha
contra la pobreza, las pensiones, inversiones en infraestructuras o deuda pública.
En consecuencia, es conveniente incorporar en todo proceso de decisión pública, una
perspectiva a largo plazo, que trascienda los efectos inmediatos que tienen y tenga en
consideración, también, sus efectos en generaciones futuras.
Por eso proponemos, de acuerdo con la recomendación formulada por Naciones
Unidas, la creación de un Defensor de las generaciones futuras y la elaboración de
su estatuto de organización y funcionamiento como adjunto al Defensor del Pueblo.

El papel de la empresa y el buen gobierno corporativo.
La democratización económica debe partir desde el corazón mismo de la iniciativa
económica individual y colectiva: la empresa.
La empresa es un sistema vivo e interdependiente de su entorno interno y externo, a
través de las relaciones entre la propiedad, los inversores, los clientes y proveedores,
los trabajadores y la comunidad en la que se encuentra inserta.
Este concepto de empresa implica superar el concepto restringido de responsabilidad
social corporativa como un elemento de comunicación o de relaciones públicas, y
situarlo allí donde ejerce su máxima función, plenamente integrado con el modelo de
gobernanza corporativa.
Los socialistas apostamos por un nuevo concepto de gobierno corporativo que vaya
más allá de la legislación actual o los códigos existentes en materia de RSC o de
gobierno corporativo para las sociedades cotizadas. Proponemos superar ciertos
excesos que han marcado las conductas empresariales de las últimas décadas,
articulando un modelo de gobierno empresarial que interrelacione a los agentes
económicos y sociales desde una perspectiva de mutua colaboración, facilitando la
transparencia en la gestión, el uso de buenas prácticas, y los necesarios mecanismos
de rendición de cuentas y de vigilancia frente a conductas social, ambiental o
éticamente inaceptables.
Los grados de exigencia de dicho modelo serán coherentes con el impacto de las
empresasyporlotantoestableceránobligacionesdiferentesparaempresascotizadas,
grandesempresasnocotizadasypequeñasymedianasempresas.Laincorporaciónde
las medidas que a continuación proponemos debe ser gradual y consensuada con los
actores. Proponemos la apertura de un diálogo social sobre el gobierno corporativo,
que lleve a la realización de un gran pacto sobre la reforma del modelo. El resultado
de dicho pacto social se materializará en un Plan Estratégico de reforma del gobierno
corporativo y, posteriormente, en las modificaciones normativas necesarias.
En concreto, proponemos poner en práctica las siguientes medidas:
• Incorporar en la legislación correspondiente, un nuevo modelo de gobernanza
empresarial para las grandes empresas que: (1) refuerce el papel de la Junta de
Accionistas ante decisiones relevantes de la empresa; (2) separe las funciones
de dirección estratégica (Consejo de Administración) de las de la gestión diaria
y; (3) refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores,
otorgando mayor poder y relevancia a las comisiones delegadas del Consejo, por
ejemplo los comités de auditoría y remuneraciones, que deberán ser presididos
por consejeros realmente independientes.
• Fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de
la empresa, incorporando una representación de los mismos en el consejo de

administración o en el consejo de vigilancia de las empresas de más de 500
trabajadores.
• Limitar las participaciones cruzadas entre grandes empresas y el número
de consejos de administración que puede atender un consejero/a, así como
reforzamiento del control y supervisión de las llamadas operaciones vinculadas
entre la empresa y los consejeros.
• Limitar el número de reelecciones posibles en los mandatos de los consejeros/
as independientes para evitar la pérdida de las facultades que persigue su
nombramiento y hacer especial seguimiento a los cambios de clasificación que
se realicen.
• Hacer efectiva una cuota mínima de un 40% de presencia de mujeres en los
consejos de administración de las grandes empresas cotizadas y de todas las
empresas públicas.
• Regular adecuadamente el comportamiento de los llamados Asesores de Voto
o Proxi Advisors, especialmente en lo referente a independencia, rendición de
cuentas, transparencia y conflicto de intereses, entre otros.
• Revisar las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos
directivos y consejeros/as, que han tenido tenencia a centrarse en el corto plazo
y a estar escasamente relacionados con el resultado obtenido. Entre algunas
actuaciones, proponemos:
- Modificar la regulación del Impuesto de Sociedades de modo que los
gastos de personal sólo sean deducibles hasta un máximo por trabajador.
- Modificar la Ley de Sociedades de Capital, para incluir la aprobación de las
retribuciones de altos directivos y miembros del Consejo de Administración
por la junta de accionistas, como punto independiente del orden del día, en
votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios.
- Medidas fiscales y de transparencia sobre las retribuciones variables
desproporcionadas en los salarios de los Directivos, desincentivando las
retribuciones variables que superen las retribuciones fijas establecidas y
las retribuciones desorbitadas en especie.
- Desincentivar los blindajes empresariales de los altos ejecutivos: (1)
prohibiendo que se contabilicen como gastos deducibles; (2) gravando
dichas indemnizaciones excepcionales con un tipo adicional extraordinario
del IRPF por las cantidades percibidas en concepto de blindaje, salarios
diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones
complementarias.

- Obligación de publicar en las cuentas anuales de la empresa, el nivel de
dispersión salarial entendido como la diferencia entre la remuneración
percibida por el primer ejecutivo/a, el salario mediano, el salario medio y
el más bajo de la empresa.
Una economía que respete la diversidad: economía social y economía colaborativa
Promoción de la economía social
La Ley de Economía Social aprobada en la última legislatura de gobierno socialista
fue un gran paso en el reconocimiento de la fortaleza de las empresas de la economía
social para mantener y crear empleo estable y de calidad.
Las empresas de la Economía Social son un modelo para avanzar en la democracia
económica y social. Nos comprometemos a establecer las políticas públicas de
fomento de la economía social y los incentivos necesarios para favorecer la creación
de empresas competitivas, responsables y sostenibles en las que las personas y el fin
social primen sobre el capital. Igualmente se desarrollarán propuestas relacionadas
con la economía del bien común.
Proponemos lo siguiente medidas para fomentar las empresas de la economía social:
• Eliminar las barreras de naturaleza legal, administrativa o burocrática que
impiden o limitan el desarrollo de las empresas de Economía Social.
• Desarrollar cláusulas sociales de contratación que permitan que el valor
diferencial de la Economía Social sea tenido en cuenta en los procesos de
contratación pública. Se transpondrá la Directiva de la Unión Europea sobre
contratación pública que permite la reserva de contratos públicos a empresas
sociales y de propiedad de trabajadores.
• Actualizar las normas que regulan a las empresas de la economía social con
el objeto de que mejoren y agilicen su gestión y, a su vez, se fortalezcan los
principios y valores que las caracterizan. En concreto, reformaremos la Ley de
Cooperativas, para hacer más operativo el funcionamiento económico y social
de las Cooperativas.
• Mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, la filantropía y a la participación
social (micro mecenazgo) para facilitar el incremento de donaciones y consolidar
la independencia y financiación de las entidades de la economía social.
Reformaremos la Ley de Mecenazgo para regular la figura del ¨endowment¨,
o fondo fiduciario que se nutre de aportaciones de personas físicas o jurídicas
para una finalidad social específica.
• Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía
social que destinen excedentes empresariales para que los trabajadores y

trabajadoras asalariados de estas empresas pasen a formar parte de las mismas
con la condición de socios trabajadores. Las Sociedades Laborales, modelo de
democracia económica y empleo estable, serán objeto de incentivación fiscal,
tanto en su creación como en la incorporación de socios y socias a las mismas.
Se reformará la Ley de régimen fiscal de las Cooperativas de 1990, actualmente
desfasada por las distintas reformas fiscales, para recuperar la eficacia
tributaria en el fomento de este tipo de empresas.
• Generar mecanismos de diálogo permanente con las organizaciones
representativas de la Economía Social para participar en la elaboración
de los Programas de Reforma a presentar en la Unión Europea y medias de
fomento de la Economía Social, en particular en la generación de empleo y en
la formación profesional del mismo en este tipo de empresas. Impulsaremos
y dinamizaremos el Consejo para el Fomento de la Economía Social creado en
2011, pero que no se ha reunido ni una sola vez en la última legislatura.
• Crear un Protectorado único de ámbito estatal para las fundaciones que, junto
al Registro único, sea un referente profesional y de calidad y que contribuya a
mejorar la gestión y la transparencia de estas entidades.
Un marco justo para el desarrollo de la economía colaborativa.
El desarrollo de las tecnologías de la información en el ámbito de la digitalización
de la economía, los dispositivos móviles y las nuevas plataformas y aplicaciones ha
dado lugar durante los últimos años al desarrollo de nuevos modelos de consumo
y está abriendo nuevas opciones a la actividad económica. La era de la economía
colaborativa supone un cambio cultural en el que pasamos básicamente de una
economía de propiedad y de tenencia a una economía de acceso.
Sin embargo, al tratarse de un sector tan incipiente se encuentra con un marco
regulatorio previo a la eclosión de lo digital, no adaptado para responder a los
retos que plantea. Es, por tanto, necesario establecer un marco jurídico claro, para
garantizar que se cumplan las normas fiscales, de seguridad, responsabilidad,
protección del consumidor y demás elementos de los que nos hemos dotado en los
diferentes actividades económicas para garantizar los derechos de los usuarios y de
la competencia, pero que al mismo tiempo, no poner puertas al campo para tratar de
impedir la innovación y el desarrollo de nuevas estrategias económicas.
Los socialistas queremos alentar un gran debate transversal en España sobre la
Economía Colaborativa involucrando a todos los actores implicados, para encontrar
las formas en la que la sociedad pueda maximizar las ventajas y transformar los
riesgos en oportunidades, poniendo en marcha las acciones para la evolución hacia
la economía colaborativa que incluya los cambios que resulten adecuados.
Tenemos la oportunidad de liderar en Europa el desarrollo de la economía colaborativa
delamanodelasociedaddelainformación,situándonosalacabezaenlibreprestación

de servicios y protección del consumidor. Nos comprometemos a:
• Constitución de una subcomisión parlamentaria con el fin de trabajar con
expertos, empresas e instituciones que representan la economía colaborativa
para identificar los obstáculos para su desarrollo en nuestro país, con especial
incidencia a los ámbitos laboral y fiscal.
• Plantear medidas de competencia para que las nuevas plataformas digitales
surgidas por la economía colaborativa no se conviertan en nuevos monopolios
digitales.
• Trabajar con los sectores tradicionales afectados por el desarrollo de la
economía digital, para identificar retos para el desarrollo de su actividad en el
nuevo marco económico.
• Facilitar e informar de las obligaciones fiscales a la ciudadanía que haga uso
de las plataformas colaborativas así como a los demás agentes implicados,
potenciando mecanismos que garanticen la trazabilidad de las transacciones
electrónicas, y así luchar contra la economía sumergida.
Protección de los consumidores/as.
Una economía más democrática e inclusiva debe asegurar la participación de los
consumidores, garantizando elevados índices de protección de los mismos frente a
los abusos de las grandes empresas.
Proponemos lo siguiente medidas para mejorar la protección de los consumidores:
• Unificar en una única autoridad las competencias en materia de defensa de la
competencia y de la protección de los consumidores, al menos en lo que respecta
al ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las
CCAA en materia de consumo.
• Simplificar las condiciones y trámites para el ejercicio de los derechos legales
de los consumidores, creando un sistema de reclamación efectivo y eficaz y
reforzar y facilitar los mecanismos de acciones colectivas de consumidores y
usuarios frente a infracciones o abusos de las empresas.
• Poner en marcha un Plan Nacional de Apoyo al Sistema Arbitral de consumo
que potencie y fomente entre consumidores y empresas el recurso al arbitraje
de consumo como vía de resolución de reclamaciones.
• Promover cambios legislativos para extender la garantía legal actual de 2 años
en los productos y adaptarla la duración de la misma a la vida útil de cada
producto.

• Prohibir y penalizar de forma estricta las prácticas de obsolescencia tecnológica
forzada de los productos por parte de las empresas.
• Mejorar los mecanismos de control de publicidad para evitar el daño por
publicidad engañosa a los consumidores, reforzando la colaboración con la
Fiscalía General en las acciones de cesación de las campañas publicitarias que
induzcan a engaño. Ha de vigilarse especialmente la publicidad dirigida a los
menores.
• Promover, en el sector de las comunicaciones, la eliminación de las actuales
barreras para lograr una efectiva competencia en el sector. Por ejemplo, limitar
la venta de teléfonos móviles bloqueados por el operador, una mejor regulación
delosperíodosdepermanenciaylaspenalizacionesyqueseinformeclaramente
de todo ello al cliente antes de contratar.
• Revisar y reforzar los esquemas de protección de inversores y consumidores
de servicios financieros, para recuperar la confianza de los ahorradores en
los productos financieros. Proponemos la unificación de los servicios de
reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca,
valores, seguros) a los que pueden acudir los clientes e inversores en única
Autoridad de Protección Financiera y resolución de disputas. Este nuevo
servicio –a diferencia de los actuales- tendrá capacidad de emitir, a instancias
de los consumidores perjudicados, dictámenes vinculantes para las entidades
financieras (según el modelo británico).
• Promover los cambios normativos que penalicen a los prestamistas que
utilicen los tipos de interés usurarios y abusivos, y regularemos los préstamos
personales no bancarios para evitar situaciones de fraude y estafa.

IV. AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA: HACIA
UN GOBIERNO DEL EURO
1. DÓNDE ESTAMOS
El conjunto de la socialdemocracia siempre ha apoyado la construcción europea,
entendida no solamente como la consecución de un gran mercado sino como un
proyecto político basado en la solidaridad entre países. Así, los socialistas españoles,
mediante el diálogo con el resto de partidos progresistas europeos, debemos
impulsar el liderazgo de la socialdemocracia hacia la economía social de mercado
como instrumento de producción de riqueza, apostando por una economía productiva
del conocimiento intensiva en la creación de empleo, como principal instrumento de
progreso social y económico para el mantenimiento de la Europa Social.
De ahí que los socialistas europeos sigamos aspirando a que la UE se convierta
en un espacio supranacional de corte federal que se caracterice por desarrollar el
modelo social y de lugar a una verdadera ciudadanía europea, con el objetivo último
de alcanzar la Unión Política.
Las políticas europeas para salir de la crisis financiera han sido equivocadas,
dominadas por una mayoría conservadora que hizo de la austeridad su único objetivo.
El coste del “austericidio” ha sido enorme e innecesario social y económicamente
para muchas sociedades europeas, no solo las periféricas. El contraste con EEUU es
notorio. El Gobierno Obama y la Reserva Federal han enfrentado la crisis con políticas
monetarias, reformas estructurales y estímulos a la demanda, que han mejorado el
crecimiento, aumentado el empleo y corregido el déficit y deuda pública. Lo contrario
de lo ocurrido en la zona euro.
Aunque sea con enorme retraso y demasiado sufrimiento, los países de la UE tienen
que cambiar de estrategia. La socialdemocracia sigue siendo la única esperanza para
recuperar el sentido de una economía social de mercado que está en la genética de
la construcción europea. Europa necesita políticas que respondan a los desafíos de
competitividad de la economía globalizada del siglo XXI, con inversión y estímulos de
demanda, acompañadas de reformas estructurales que mejoren la competitividad,
sin precarización del empleo, ni devaluación de los salarios.
Para ello, es esencial recuperar buena parte de los niveles de inversión pública
y privada que continúan a niveles muy inferiores a los previos a la crisis. En este
contexto, el Plan Juncker, aunque insuficiente, constituye un paso en la correcta
dirección para impulsar el crecimiento, tal y como los socialistas hemos exigido, y
lo es más aún ahora que la ralentización del crecimiento global puede debilitar las
exportaciones europeas.

En consecuencia proponemos:
• El reforzamiento y aceleración de la puesta en marcha del Plan de Inversión
Junker, favoreciendo especialmente a los países que tienen unas mayores tasas
de desempleo, como España.
• Un presupuesto para la Eurozona para financiar bienes públicos europeos
en ámbitos como la energía, la lucha contra el cambio climático, la ciencia
o la digitalización, que financie las políticas propias de la Unión e impulse el
crecimiento económico.
• Defender ante las instituciones europeas la creación de una política energética
común que permita a los Estados miembros mejorar su competitividad, luchar
contra el cambio climático y, a largo plazo, limitar la dependencia exterior.
Al mismo tiempo, es bien sabido que la Unión Económica y Monetaria (UEM) está
incompleta, por lo que no se encuentra suficientemente preparada para hacer frente
a los choques macroeconómicos asimétricos, como la crisis financiera y económica
que se inicia en el verano de 2007, ha puesto de relieve.
Es preciso, por tanto, profundizar y reforzar la UEM, tanto en sus elementos verticales
como horizontales. El recientemente publicado Informe de los 5 Presidentes
¨Completando la Unión Económica y Monetaria Europea¨, constituye una buena base
para la reflexión, pero se puede y se debe ser más ambicioso, planteando propuestas
de marcado carácter europeísta de mayor trascendencia y calado. En definitiva, es
el momento de poner en marcha un Gobierno del Euro como meta hacia una Europa
federal. Nuestras propuestas son las siguientes:
Unión Bancaria
La unión bancaria es un elemento fundamental de la unión monetaria para reforzar
el sistema financiero, garantizar que contribuya al crecimiento de la economía real
y hacer frente a futuras crisis financieras. La unión bancaria se asienta sobre tres
pilares: regulación europea, supervisión y resolución únicos para la zona euro. Es
necesario avanzar en:
• Establecimiento de un verdadero cortafuegos (backstop) mediante el acceso
del Fondo Único de Resolución a la financiación del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE).
• Creación de un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (FEGD).
• Aumento de la dotación del Fondo Único de Resolución.
• Completar el Mercado único de capitales

Unión fiscal
La UEM carece de una dimensión fiscal. Sin recursos fiscales no es posible suavizar
el ciclo económico de la Eurozona ni solventar los choques macroeconómicos
asimétricos. El recurso a la política monetaria no basta, al tiempo que el cumplimiento
a rajatabla del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha resultado ser contra-productivo.
Al mismo tiempo, la competencia fiscal desleal, incluyendo los llamados “tax
rulings”, erosionan las bases fiscales nacionales y distorsionan la libre competencia
y el mercado interior. La unión fiscal se sostiene a su vez sobre tres pilares: lucha
contra el fraude y la elusión fiscal a escala europea, mayor armonización fiscal y
establecimiento de tributos europeos. Por ello, proponemos las siguientes medidas:
• Aprobar la propuesta de Directiva que amplía el intercambio automático de
información a las llamadas resoluciones fiscales entre empresas y Estados
miembros. Dicho intercambio debe afectar tanto a las resoluciones fiscales
transfronterizas como a las nacionales y debe tener carácter retroactivo para
incluir aquellos acuerdos firmados en el pasado pero que siguen teniendo efecto
en la actualidad. La información que se derive del intercambio de información
entre Administraciones fiscales debe igualmente incluirse en los informes por
países elaborados por las multinacionales y formar parte de un Registro Central
al que tenga acceso la Comisión Europea.
• Asegurar que los beneficios empresariales se graven donde se generan,
mediante la obligatoriedad de realizar informes de cuentas de resultados país
por país que tendrán carácter público.
• Elaborar una lista negra de empresas que cometen fraude fiscal, planificación
fiscal agresiva con la finalidad de eludir el pago de impuestos, o que colaboran
en las conductas anteriores. Las entidades mercantiles incluidas en esta lista
no podrán contratar con la Unión Europea.
• Elaborar una lista europea de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas
en materia fiscal que deberá actualizarse periódicamente conforme a una serie
de criterios comunes de carácter objetivo.
• Aprobar definitivamente la Directiva sobre la armonización de la base imponible
consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), armonizando el tipo
mínimo del impuesto y compartiendo la recaudación entre la UE y los Estados
miembros para luchar contra la elusión fiscal, garantizar unos ingresos
sostenibles y reforzar el mercado único para las empresas. Introducir con
carácter obligatorio la BICCIS conforme a un enfoque progresivo.
• Poner en marcha lo antes posible el Impuesto de Transacciones Financieras,
incluyendo a los productos derivados en su ámbito de aplicación, contemplando
la posibilidad de que parte de su recaudación se destine a combatir la pobreza y
exclusión dentro y fuera de la UE.

• Creación de un instrumento fiscal del Euro: que deberá incluir (1) un presupuesto
para financiar bienes públicos europeos en ámbitos como la investigación
científica, energía, lucha contra el cambio climático, o la digitalización y (2) un
seguro europeo de desempleo que complemente los sistemas nacionales.
Unión Monetaria.
La sostenibilidad y estabilidad futura del Euro requiere de un Banco Central Europeo
que pueda actuar como prestamista de última instancia, y dotado de instrumentos
financieros y monetarios que eviten la fractura de los mercados y los diferenciales
de tipos de interés e interviniendo en los mercados secundarios de deuda política
cuando sea necesario y que rinda cuentas de una manera más clara y democrática.
Por ello, defenderemos ante las instituciones europeas:
• Otorgar al BCE, junto a la estabilidad de precios, un mandato explícito para
garantizar la estabilidad financiera y monetaria, prevenir la inflación de activos
en la zona euro, y promover el crecimiento y el empleo.
• Ratificar por el Parlamento Europeo al Presidente del BCE y a los miembros de
su Comité Ejecutivo.
• Reforzar la rendición de cuentas y la capacidad de control del Parlamento
Europeo sobre el Banco Central.
• Publicar las actas completas de las reuniones de su Comité Ejecutivo, en línea
con las prácticas de la FED.
Unión financiera.
La UEM no dispone de un soporte fiscal, y en consecuencia, tampoco cuenta con un
Tesoroqueemitadeudapúblicaeuropea,loquepermitiríaapuntalarelEuro,contribuir
a su estabilidad financiera y financiar inversiones anti-cíclicas. Al mismo tiempo, es
preciso reducir la pesada carga de la deuda pública europea. Por tanto proponemos:
• Utilización del MEDE como Fondo de Amortización de Deuda.
• Emisión de títulos de deuda pública europea.
• Emisión mancomunada de deuda pública de los Estados miembros (Eurobonos).
Unión económica y social.
Una auténtica unión económica y social requiere asegurar el máximo de convergencia
macroeconómica y productiva, es decir, hay que reducir los desequilibrios en las
balanzas de pagos, promover las reformas necesarias para impulsar el crecimiento

y la productividad a largo plazo y tener una visión macroeconómica conjunto de la
Eurozona. Por ello, proponemos las siguientes medidas:
• Cálculo y evaluación de la posición macroeconómica y fiscal agregada de la
Eurozona.
• Con objeto de corregir los shocks asimétricos y reducir los desequilibrios
macroeconómicos, en particular por cuenta corriente, se penalizará tanto los
déficits como los superávits comerciales para estabilizar la situación económica
de la Eurozona.
• Simplificación del Semestre Europeo
• Creación de Agencias Nacionales de Competitividad para la puesta en marcha
de las reformas de impulso del crecimiento, emprendimiento y start-ups, y de
la productividad a largo plazo en la zona euro.
• Reformar el mandato del BCE para incorporar los objetivos de crecimiento
económico y creación de empleo en pie de igualdad con el control de precios
Además, el mercado de trabajo, al menos en la Eurozona, debe estar más integrado,
al tiempo que se armonizan los sistemas de pensiones y las medidas de protección
del trabajador.
Proponemos:
• Construcción de un mercado de trabajo integrado en la zona euro que incluya
la portabilidad de las contribuciones a la Seguridad Social y el desarrollo de
políticas activas de empleo de dimensión europea.
• Establecimiento de un salario mínimo europeo, relativo al salario mediano de
cada país, empezando por la Eurozona.
• Avanzar en la armonización de la edad de jubilación, al menos en la Eurozona.
Unión política y ampliación de la Eurozona
La puesta en marcha de la unión fiscal y financiera supone en sí mismo un gran paso
adelante en la unión política federal, pero debe ir acompañado de una mejora de
la gobernanza democrática de la Unión y muy especial del euro para legitimar las
decisiones que se proponen y garantizar su éxito. Por lo tanto, se propone:
• Reformar la presidencia del Eurogrupo, para convertirlo en un Ministro de
Economía del Euro con poderes reforzados, responsabilidad que recaería en el
actual Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.

• Creación, dentro del Parlamento Europeo, de un Comité para el Euro con
competencias reforzadas y compuesto por europarlamentarios de los países
miembros de la UE con capacidad para abordar la puesta en marcha de la unión
fiscal y de la unión social.
• Estrechar la cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento
Europeo, en particular con el nuevo comité para el euro propuesto, y reforzar la
implicación de los parlamentos nacionales en el semestre europeo reformado.
• Representación única del euro en los organismos financieros internacionales.
• Inclusión del MEDE; del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en
la Unión Económica y Monetaria.

| EL ESTADO SOCIAL
EL ESTADO SOCIAL
Durante casi un siglo, la ciudadanía de los Estados más prósperos y desarrollados
del mundo han estado de acuerdo en que la mejor forma de garantizar el progreso
social, económico y político de sus sociedades es sostener un sistema de protección
social que contribuya a corregir las fracturas sociales, garantice la igualdad de
oportunidades y promueva un crecimiento económico justo que sustente a una amplia
clase media trabajadora. De este sistema se espera protección frente a los riesgos
fundamentales a los que una persona ha de hacer frente a lo largo de su vida tales
como la enfermedad, el desempleo, la ignorancia o los inherentes a las necesidades
de la vejez y la niñez. Dicha respuesta se articula a través de políticas públicas
integradas y coordinadas en todos los niveles de la Administración pública, estatal,
autonómica y local en los cuatro pilares del Estado del Bienestar en el ámbito de la
sanidad, la educación, las pensiones, la protección por desempleo, la lucha contra la
pobreza, la atención a la ciudadanía en situación de dependencia, de la igualdad de
género y de apoyo a las familias.
Los partidos socialdemócratas han sido actores clave en la consecución de este
logro ya que han sido ellos quienes han desarrollado y consolidado el Estado de
Bienestar en toda Europa. Los primeros gobiernos socialistas en la década de los 80
comenzaron a aglutinar los escasos e incompletos programas de protección social
existentes en España con el objetivo de edificar sobre ellos un sistema de bienestar
que pudiese homologarse a los que ya existían en los países más desarrollados de
nuestro entorno. Estaba prácticamente todo por hacer y las políticas sociales que se
pusieron en marcha pretendían abarcar a amplios sectores de nuestra sociedad. Así,
en materia de educación el objetivo básico era la universalización y la equidad. En el
ámbito sanitario se trataba de conseguir también la universalización en el acceso al
sistema y la mejora de las prestaciones y servicios. En protección por desempleo se
garantizó la protección de los trabajadores y la estabilidad económica en tiempos de
elevado desempleo; y en pensiones el sistema de reparto basado en la solidaridad
intergeneracional se completó con pensiones no-contributivas. La construcción del
Estado de Bienestar hizo converger a nuestro país con el resto de Europa y llegó a
obtener un amplio apoyo ciudadano.
En los albores del siglo XXI, con las bases del bienestar ya asentadas, los retos a
los que se enfrentaba el Estado de Bienestar en España eran más diversos y más
complejos. Nuevamente, los gobiernos socialdemócratas españoles, en línea con
lo que ya venían haciendo otros gobiernos europeos, fueron los responsables de
desarrollar nuevas políticas destinadas a modernizar y adaptar el Estado de Bienestar
a los llamados Nuevos Riesgos Sociales. Así, se pusieron en marcha iniciativas como
el Plan Educa3, de creación de plazas de escuelas infantiles, o la conocida como Ley
de la Dependencia. Además de atender a las necesidades de la infancia y de la tercera
edad, estas medidas perseguían promover el empleo femenino y la conciliación de
la vida laboral y familiar, al tiempo que apoyaban a las familias estimulando con ello

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la natalidad. Se reforzó también la Formación Profesional y la política de becas, al
tiempo que se ponía en práctica la renta de emancipación juvenil, medidas todas ellas
dirigidas a los segmentos más jóvenes de la sociedad.
La bonanza económica había ocultado, sin embargo, algunos de los problemas
estructurales del sistema como el incremento de las desigualdades y sus importantes
implicaciones para la sociedad. La llegada de la crisis impidió la consolidación de
las medidas que habían sido adoptadas por los gobiernos socialistas en los años
anteriores, y las políticas aplicadas por el Partido Popular en los últimos años han
supuesto un grave retroceso en los programas de protección social, empeorando la
situación de muchas familias y debilitando enormemente la capacidad del sistema
para perseguir sus cometidos de asegurar el crecimiento económico y la igualdad de
oportunidades.
10 DESAFÍOS DESATENDIDOS POR NUESTRO ESTADO SOCIAL
Las limitaciones de nuestro Estado de Bienestar son fundamentalmente fruto de la
interacción de tres procesos:
• La inacabada construcción del Estado de Bienestar durante los años de bonanza
económica, durante la cual no se afrontaron algunos problemas estructurales, a
pesardealgunasiniciativassocialistasimportantes,comolaLeydeDependencia,
que han sido estranguladas por la crisis y por la política de recortes del PP.
• La inadaptación o falta de modernización de nuestro Estado de Bienestar a los
Nuevos Retos Sociales. La última legislatura ha sido tiempo perdido en la tarea
necesaria de adaptar el Estado de Bienestar a las transformaciones que se han
venido produciendo en el mercado de trabajo, las familias, las dificultades de
la conciliación, la composición demográfica del país y el entramado social de
nuestras grandes ciudades en los últimos lustros.
• Las estrategias de consolidación fiscal seguidas por el gobierno. La decisión
gubernamental de consolidar prioritariamente a través del gasto, sin una
propuesta de reforma fiscal seria, así como la voluntad de cargar la mayor parte
del ajuste a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas (que como es
sabido dedican alrededor del 70 por ciento de su presupuesto a las políticas
de sanidad, educación y bienestar social) están estrangulado el sistema de
protección social.
Estos tres procesos provocan una serie de problemas que nuestro sistema de
protección social debería afrontar de manera urgente:
1. La dualización (tanto del mercado laboral, como del sistema de protección
social). La estructura de nuestro Estado de Bienestar no consigue afianzar
derechos sociales para poder disfrutar de la protección adecuada a amplias
capas de la sociedad, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.

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2. La creciente desigualdad y pobreza. Esta dramática situación afecta
especialmente a colectivos jóvenes y a la infancia, comprometiendo la igualdad
deoportunidadesenlavida,lajusticiaintergeneracionalynuestracompetitividad
futura en la economía del conocimiento.
3. La ausencia de un mecanismo que garantice unos ingresos mínimos en caso
de exclusión económica. Con ello, a falta de una malla de protección de última
instancia, se ha condenado a cientos de miles de personas a situaciones de
extrema vulnerabilidad, cuando no de exclusión permanente. Esa condena
tiene un alto coste social. Trunca itinerarios vitales, dificulta la reintegración a
una vida normalizada, restando oportunidades a estas personas para realizar
aportaciones valiosas a la sociedad.
4. Una base fiscal insuficiente cuando ha llegado la crisis y los ingresos públicos
se han derrumbado. España tiene margen para perseguir la justicia social,
además de mediante el gasto, a través de los ingresos. Nuestro sistema fiscal
no logra grabar según la capacidad económica, existe un significativo espacio
para el fraude, la evasión y la elusión fiscal, especialmente en la fiscalidad del
capital.
5. El desempleo juvenil y la prolongación de los procesos de inserción en el
empleo estable. La falta de oportunidades laborales en las etapas de transición
a la vida adulta produce efectos “cicatriz” que repercuten negativamente en las
trayectorias laborales futuras y, en general, en las oportunidades vitales.
6. El abandono escolar prematuro. Detrás del mismo se manifiesta la desigualdad
como factor inductor: desigualdad en accesibilidad a escuela infantil, déficits
en servicios de detección temprana de riesgos de fracaso, falta de servicios de
orientación a estudiantes en transición entre niveles educativos, becas escasas
y mal repartidas, entre otros.
7. La desigual participación de la infancia de los grupos más desfavorecidos en la
escuela infantil. Persiste una brecha significativa en las tasas de matriculación
de niños y niñas de familias de ingresos altos y medianos (que han aprovechado
el compromiso público con este tipo de políticas) y las familias de bajos ingresos.
8. La falta de políticas suficientes que atiendan la conciliación y el cuidado
después de la rápida incorporación de las mujeres al mercado laboral. El
trabajo de las mujeres se ha generalizado en las cohortes más jóvenes. Las
familias españolas han transferido parte de las responsabilidades de cuidado
a los abuelos (generalmente a abuelas). No se resuelven así los problemas de
conciliación. Persisten problemas que requieren atención inmediata antes de
que las responsabilidades de cuidado vuelvan a provocar la re-feminización
indeseada del sistema y el retroceso en la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

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9. El envejecimiento acelerado de la población, consecuencia del considerable
aumento de la esperanza de vida, y de la baja tasa de natalidad, planteará
importantes retos para los servicios sanitarios, que habrán de hacer frente a
una creciente demanda por parte de un segmento de la población que padecerá
situaciones de cronicidad. En paralelo, los servicios sociales y de atención a
la dependencia deberán también responder a las crecientes necesidades
de cuidados de larga duración. Asimismo, también afectará al sistema de
pensiones.
10. Carencias relacionadas con la capacidad institucional para mejorar la eficiencia
y la innovación. Existe una clara ausencia de un sistema de evaluación de las
políticas y de un buen sistema de información, así como un escaso número de
efectivos en algunas áreas. Cabe también mencionar el insuficiente control de
los mecanismos de colaboración público-privada y la ausencia de planificación
conjunta entre las administraciones.
10 PROPUESTAS PARA RESPONDER A LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA
NUESTRA SOCIEDAD
El sistema de protección debe reforzarse estratégicamente desde 6 puntos de vista:
• El nuevo sistema de protección social ha de servir para ayudarnos a salir de
la crisis y, al mismo tiempo, sentar las bases para garantizar su propio futuro
desde la justicia social, la promoción del desarrollo económico y garantizando
su sostenibilidad.
• Los sistemas de bienestar modernos no son solo, ni fundamentalmente,
paliativos. Además de proteger, deben servir también para anticipar y prevenir
situaciones de necesidad como la enfermedad, el desempleo, la precariedad, el
fracaso escolar, la pobreza o la exclusión, o cualquier otra injusticia social.
• Al ser preventivos, también son más sostenibles. Los recursos destinados
a estas políticas son inversiones (para anticiparnos, por ejemplo, al fracaso
escolar, o la pobreza infantil) que permitirán ahorrar recursos en el medio y
largo plazo.
• El disfrute de políticas y servicios de protección social no debe hacerse a costa
de las generaciones futuras. En otras palabras, hay que invertir en juventud
e infancia para garantizar la sostenibilidad futura de nuestra sociedad y del
propio Estado de Bienestar.
• Se trata de repensar el sistema para que, estando dirigido a la mayoría social
mediante servicios de la más alta calidad, tenga también en cuenta de manera
prioritaria las necesidades de los más desfavorecidos que en los últimos años
tienen perfiles sociales específicos.

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• La gobernanza y la planificación del sistema de protección social debe realizarse
por parte de la Administración del Estado en coordinación con las CCAA.
Estas orientaciones estratégicas se concretan en 10 objetivos socialdemócratas:
1. Hay que luchar decididamente por el bienestar de la ciudadanía en general y,
especialmente, por el bienestar de juventud, proporcionando oportunidades en
la sociedad que demanda conocimiento, innovación y que nosotras y nosotros
queremos justa e igualitaria, pues son el colectivo más afectado por la crisis.
2. Desarrollar un sistema público de garantía de ingresos mínimos vitales, que
ofrezca recursos a las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad
y/o en riesgo de exclusión social.
3. Las niñas y niños merecen una atención prioritaria en el programa de gobierno
socialista. Tenemos que erradicar la pobreza infantil de nuestro país, incidiendo
aún más en la pobreza infantil severa, poniendo todos los mecanismos para
garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida.
4. De acuerdo con nuestros principios y valores de tradición socialdemócrata, nos
comprometemos a poner en marcha medidas por y para el bienestar social de
las familias.
5. Es también necesario promover una cultura de corresponsabilidad e igualdad
de género en el ámbito del hogar.
6. Conseguir que los colegios, las universidades o los centros sanitarios públicos
sean la primera opción que toda la ciudadanía se plantee a la hora de responder
a sus necesidades porque sepa que en ellos encontrará los mejores servicios en
términos de calidad y justicia social.
7. Los sistemas públicos de educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, que
constituyen los cuatro pilares del Estado de Bienestar, están entre los servicios
más valorados por la ciudadanía. Además, el sistema público de pensiones y la
sanidad pública son los que a su juicio más influyen en su bienestar. Recuperar
el modelo de Sistema Nacional de Salud de acceso universal y servicios de alta
calidad para las necesidades del conjunto de la sociedad actual es un desafío
para el PSOE de hoy.
8. Reforzar y completar el desarrollo del sistema de servicios sociales mediante
un nuevo pacto social con la ciudadanía y el conjunto de las Administraciones
que garantice la cobertura universal de las prestaciones básicas del sistema
público.

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9. El PSOE reitera su incondicional compromiso con estos sistemas de protección
social. La sostenibilidad del Estado de Bienestar será una absoluta prioridad
para un gobierno socialista, tanto desde un punto de vista político, como social
y financiero.
10. Es necesario reforzar la capacidad de las Administraciones para potenciar la
evaluación de impacto de los programas sociales y su rediseño, apostar por la
planificación conjunta entre las Administraciones responsables de las políticas
sociales incluyendo la debida formación de sus profesionales y trabajadores.
Asimismo, en un Estado de naturaleza esencialmente federal como el nuestro,
garantizando la igualdad de derechos entre españoles, deben aprovecharse
al máximo las ventajas de la gestión descentralizada. Por eso consideramos
necesario establecer la obligatoriedad de elaborar un informe de impacto social
previo a toda nueva planificación o legislación que se pretenda aprobar.

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MEDIDA DE CHOQUE CONTRA LA DESIGUALDAD: INGRESO MÍNIMO VITAL
1. DÓNDE ESTAMOS
La crisis económica ha generado en España un alarmante incremento de las
desigualdades pero lo preocupante es que los mecanismos de protección social de que
disponemos manifiestan una frustrante incapacidad de corregir esas desigualdades
incluso en los periodos de bonanza económica.
Todaslasevidenciasylaexperienciaenlospaísesconmayorjusticiasocialdemuestran
que la inversión social es el activo más sólido para el desarrollo y la competitividad
del país.
España no es uno de estos países. Los efectos de la gestión de la crisis no se limitan
a la reducción de los recursos destinados a la protección e inversión social. Quizás
la decisión más ideológica se refiere a la eliminación de los derechos en el acceso a
servicios y prestaciones, ya que ésta tiene que ver con el modelo de convivencia y está
en la base del concepto de ciudadanía.
Simultáneamente, tanto desde el Gobierno de España como desde Gobiernos de
Comunidades Autónomas, se ha iniciado un proceso de progresiva privatización de la
gestión de los servicios públicos, derivando la gestión a empresas con ánimo de lucro
servicios que pretenden hacer efectivos derechos de ciudadanía.
La generación de desigualdad con el debilitamiento de la protección social ha
hecho recaer las consecuencias de la crisis sobre las clases medias y trabajadoras,
especialmente las de rentas más bajas, lo que ha disparado la cantidad de personas
en riesgo de pobreza situando a España con las mayores cifras de los países de la
OCDE.
Nuestras políticas estarán orientadas a combatir estas alarmantes cifras de
desigualdad, con políticas basadas en el cambio de paradigma del modelo de
convivencia, basado en una sociedad más justa e igualitaria y capaz de generar
oportunidadesparatodos.RecomponerelmaltrechoEstadodeBienestaryadecuarlo
a las necesidades de la sociedad actual: capaz de dar respuesta a los nuevos
riesgos sociales surgidos de las características de la sociedad actual y también de
los efectos de la crisis. Nos proponemos preparar el Estado de Bienestar para el
siglo XXI. En paralelo, hay que abordar lo urgente: una desigualdad insostenible en
nuestro país.
Para ello, proponemos un sistema de garantía de ingresos que ofrezca recursos
mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

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Esta propuesta de Garantía de Ingresos persigue dos objetivos principales:
1. Proporcionar a las familias sin ingresos suficientes una renta que les permita
afrontar las necesidades más básicas inherentes a la dignidad humana, en
línea con la nueva dimensión de los Derechos Humanos acordada por Naciones
Unidas.
2. Invertir en la Infancia, mejorando sustancialmente la situación de los niños y
niñas en hogares con menos rentas y eliminado la pobreza más severa.
Esta propuesta nace con la vocación de constituir la última red de protección ante
la desigualdad generada por el funcionamiento del mercado ante la insuficiencia
actual del sistema de protección social para reducirla. Pretende actuar como un
amortiguador para situaciones de penuria económica, con carácter general, y como
inversión en infancia, con carácter específico.
El Sistema Integrado de Garantía de Ingresos busca cerrar la red de protección
social, llegando a las personas y familias sin recursos. Se estima que la propuesta del
Sistema beneficiaría a unas 730.000 familias y unas 1.847.000 personas, si aplicamos
la media de 2,53 personas por hogar, según el INE. E incorporaría a unos 2.300.000
niños y niñas que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza.
3. PROPUESTAS
Establecer mediante una Ley un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital de
carácter no contributivo. Este sistema ofrecerá recursos mínimos a familias en
situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El Sistema incluirá:
A. Crear una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos o en situación
de necesidad, sea cual sea la causa, como prestación no contributiva de la
Seguridad Social. Para su reconocimiento, la Seguridad Social contará con la
colaboración de los servicios sociales de las CCAA; mediante pacto con éstas, la
gestión de esta prestación se coordinará con los Planes de Inclusión Social y de
Atención Integral a la Familia.
B. Incrementar la cobertura de la prestación por hijo a cargo y aumento de la
cuantía, de forma escalonada, en función de las rentas familiares. Solo estará
vinculado a los ingresos del hogar independientemente de la situación laboral
de los padres.

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QUÉ QUEREMOS DE EUROPA EN POLÍTICA SOCIAL
1.DÓNDE ESTAMOS
Europa sigue enfrentando desafíos extraordinarios. La crisis económica europea
se ha convertido en crisis política. El crecimiento de opciones antieuropeas es
una señal de alarma, especialmente cuando triunfan en países como Inglaterra o
Francia. Todo ello tiene mucho que ver con unos años marcados por los recortes
sociales y una obsesión patológica por los ajustes acelerados e inequitativos de los
déficits públicos. Este camino ofreció pobres resultados en términos de actividad
económica y devastadores efectos en los niveles de cohesión social en nuestras
sociedades.
En estos últimos meses, Europa está iniciando un cambio de rumbo, todavía
insuficiente, como consecuencia de la presión de los socialistas europeos. Se ha
puesto en marcha un plan de inversión (Plan Juncker), se ha flexibilizado el cómputo
de déficit de los Estados, se están realizando serios avances en la unión fiscal europea,
y la actuación del Banco Central Europeo está cada vez más enfocada a estimular la
actividad económica.
El reto de los socialistas europeos, ahora, es consolidar ese cambio, avanzando en
la recuperación del Estado de Bienestar también en el ámbito de la Unión, luchando
contra la desigualdad y garantizando un futuro a nuestros jóvenes y un nivel de vida
digno a toda nuestra ciudadanía.
Europa tiene que recuperar su alma social. En términos más políticos, Europa debe
recuperarlasbaseslegitimadorasdesuContratoSocial,aquélporelquelaciudadanía,
sea cual sea su condición social o personal, desarrollan su vida en condiciones
de dignidad personal y en igualdad de oportunidades. Desde la socialdemocracia,
constructor histórico de ese ideal de protección social que es el Estado de Bienestar,
nos proponemos reconstruir y modernizar las bases de ese modelo social que define
a Europa mejor que nada ante el mundo.
3.PROPUESTAS
• Instaurar y formalizar en Europa el llamado “Pilar Social”, basado en un
diálogo permanente con los agentes sociales, a través del Comité Económico y
Social Europeo (CESE) y que eleve los derechos sociales al mismo nivel que las
libertades económicas. En ese marco, deben introducirse indicadores sociales
(nivel de empleo, calidad del empleo, asistencia sanitaria, niveles de pobreza,
desigualdad, exclusión social, etc.), que permitan evaluar el impacto de las
medidas macroeconómicas y modulen, en su caso, las exigencias del Pacto de
Estabilidad.

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• Converger en el marco de Europa en costes salariales y en condiciones de
trabajo, porque es justo, económicamente bueno y permitirá culminar el
mercado interior.
• Apostar por un marco compartido de negociación colectiva europea, que
desarrolle también un Salario Mínimo Interprofesional para todos los países de
la Unión, calculado en base al coste de la vida y al salario medio en cada Estado.
• Impulsar un Seguro Europeo de Desempleo que permita la interconexión de las
Oficinas de Empleo públicas y privadas, para que los jóvenes europeos accedan
a toda la oferta laboral de empleo.
• Avanzar en la Portabilidad de Derechos entre los países de la UE.
• Trabajar en la Unión para conseguir un Marco de prácticas laborales reguladas,
paraimpulsarlaempleabilidadenelámbitoeuropeo,abriendoasíoportunidades
profesionales a los jóvenes europeos, con unos niveles salariales y de protección
dignos.
• Impulsar la aprobación de un conjunto de Directivas en materia de Igualdad
Salarial y de Trato en las condiciones laborales y en la vida de las empresas.
- En materia de salario igual para mujeres y hombres (entre el 20% y 30%
de brecha salarial real en toda Europa)
- Para establecer cuotas de presencia femenina en los Consejos de
Administración.
- Para evitar cualquier discriminación por razón de raza, sexo, religión,
etc…
- Para extender permiso de paternidad y maternidad.
• Defender el compromiso de los Estados con la Carta Social Europea y las
recomendaciones de la OIT.
• En este sentido, ratificar la versión revisada de la Carta Social Europea.
• Desarrollar el compromiso de la carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea del derecho a una ayuda social para garantizar una existencia
digna.
• Establecer un Plan Europeo contra la pobreza con fondos de cohesión y
solidaridad europeos, para atender los problemas más agudos de exclusión
social.

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• Impulsar un marco Europeo que permita aliviar la insolvencia de persones
físicas y jurídicas a través de la condonación, reestructuración de la deuda u
otras vías, dando lugar a la llamada “Segunda Oportunidad”.
• Seguir avanzando en el fortalecimiento de los derechos de los consumidores
para garantizar el principio de accesibilidad y mejorar el acceso a la justicia y a la
reparación. Consumidores organizados e informados pueden y deben contribuir
a premiar y castigar las prácticas responsables o irresponsables socialmente
de las empresas y de sus marcas. Con ello, la cultura de la Responsabilidad
Social de las empresas, avanzará y eso será bueno para todos.

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LA DEMOGRAFÍA EN ESPAÑA: UN PAÍS MÁS JOVEN
España es ya un país envejecido y lo va a ser más en el próximo futuro: los mayores
son ya uno de cada cinco y para mediados de siglo habrá aumentado a uno de cada
tres.
Para ralentizar, si no frenar, el proceso de envejecimiento, los poderes públicos deben
actuar sobre uno de los dos motores que lo generan: la muy baja natalidad. El otro, el
continuado incremento de la longevidad, constituye un motivo de celebración, aunque
no esté exento de costes varios.
La baja fecundidad lleva decenios instalada en la sociedad española, al igual que
en el conjunto de Europa, por lo que puede considerarse estructural. Las mujeres,
en España, tienen en promedio 1,3 hijos al concluir su vida reproductiva, una tasa
que está muy por debajo del nivel que se necesitaría para que el tamaño de cada
generación no fuera inferior al de la precedente, y que se sitúa en torno a los 2,1 hijos
por mujer. Una fecundidad tan baja y persistente aboca al declive del tamaño de la
población y a un envejecimiento acelerado de la misma.
Siésteapenashacomenzadoesporlainmigraciónrecibidaenlosañosqueprecedieron
a la crisis. Pero, en contra de lo que frecuentemente se cree, la inmigración puede
ralentizar el envejecimiento, pero para que constituyera la principal solución a
los problemas derivados de la evolución demográfica tendría que ser mucho más
voluminosa y sostenida de lo que lo ha sido.
El panorama que deparan las tendencias demográficas es gravemente preocupante
y sólo el aumento de la natalidad podría modificarlo. La experiencia de muchos
países hace pensar que elevar la natalidad es difícil. Pero las experiencias en Europa
demuestran que elevar la fecundidad en una medida limitada es posible, y también
que tal elevación tendría consecuencias muy positivas, en el medio plazo pero incluso
en el corto.
Por otro lado, consideramos la igualdad de género un elemento crucial en las
decisiones reproductivas. Los valores de igualdad de género deben ser sólidos y
estar ampliamente instalados en la sociedad para que su efecto sea sustancial.
Para elevar la tasa de fecundidad se requiere que la igualdad de género sea
efectiva en la sociedad, especialmente en los ámbitos laborales, así como en la
corresponsabilidad.
Para cambiar las tendencias demográficas es preciso que los poderes públicos
desplieguen lo que los expertos llaman ‘políticas amistosas para las familias’. Más
que de políticas pronatalistas, se trata de políticas sociales dirigidas a generar un
entorno social más propicio para el libre desarrollo de las preferencias reproductivas
de la ciudadanía.

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Destacan entre ellas:
• La firme apuesta por la educación infantil de 0-3 años con una amplia dotación
de escuelas infantiles públicas, apostando por la gratuidad progresiva.
• Medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y
personal: permisos de maternidad y paternidad de duración adecuada;
equiparacióndeambospermisosdeformaprogresiva; excedenciaslaboralescon
reservadelpuestodetrabajo;facilitacióndehorariossensiblesalasnecesidades
de madres y padres; establecer una adecuada política de racionalización de
horarios tanto en la administración pública como en las empresas privadas, así
como fomentar actividades extraescolares tanto en periodos no lectivos como
vacacionales.
• Reparto equitativo de tareas entre mujeres y hombres en el hogar y en la crianza
de los hijos.
• Políticas fiscales complementarias, en forma de desgravaciones relacionadas
con el tamaño de la familia o ayudas para sufragar los costes derivados del
nacimiento o adopción de los hijos para familias o personas por debajo de un
cierto nivel de renta.
• Medidas para hacer más habitables las ciudades para los niños y las niñas al
conseguir un entorno más favorable.
Solo una acción tan vigorosa como decidida de los poderes públicos puede alterar una
dinámica que aparece como inexorable. Y hace mucho que esa acción era urgente.

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PROFUNDIZAR EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
1.DÓNDE ESTAMOS
La extensión de la pobreza y de la carencia de ingresos que se ha producido durante
la crisis tiene en buena medida como origen la falta de empleo y la falta de cobertura
por desempleo.
Tenemosunsistemadeprotecciónpordesempleoqueeseficazcontasasdedesempleo
por debajo del 15% y que si bien ofrece una protección contributiva homologable con
las de los países de la UE, tiene una protección asistencial o no contributiva más
pobre y de menor intensidad que la de esos países.
Con estas características en una crisis que ha resultado ser muy profunda y demasiado
larga, los recortes que el Gobierno del PP ha practicado en relación con la protección
por desempleo (rebaja del porcentaje de la base en la prestación contributiva junto
al endurecimiento de los requisitos para la percepción del subsidio por desempleo
para mayores de 52 años), han producido una situación grave de desprotección y de
carencia de rentas de millones de personas.
El objetivo fundamental pasa, por tanto, por mejorar y ampliar el sistema de
protección por desempleo. Los trabajadores que pierden su empleo deben quedar
dentro del sistema de protección por desempleo y vincularse a políticas de activación,
la finalidad es la reincorporación al mercado laboral para lo que reforzaremos las
políticas activas de empleo y de intermediación laboral y su cobertura económica
mientras ello no suceda.
Para las personas desempleadas demandantes de empleo, la alternativa a no tener
empleodebeconsistirenuningresoprocedentedelapropiaprotecciónpordesempleo,
porque es la única fórmula que permite la “activación” de esos trabajadores de cara
a la aplicación de políticas activas de empleo.
3. PROPUESTAS
• Modificar la regulación del subsidio por desempleo para dar cobertura a todas
aquellas personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades
familiares,lasmayoresde45años,aunquenotengandichasresponsabilidades,
mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Este
subsidio por desempleo no podrá parcializarse y tendrá una duración máxima
de 24 meses, salvo para los parados mayores de 52 años, en cuyo caso el
umbral de renta se situará exclusivamente en la correspondiente a la persona
beneficiaria y no en la unidad familiar, la cotización será del 125% de las rentas
y la duración se extenderá hasta que encuentren un nuevo puesto de trabajo o
accedan a la pensión de jubilación.

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• Junto a ello, es necesario impulsar en el ámbito de la UE un marco europeo de
subsidios por desempleo.
• Ayudas económicas para personas desempleadas que siguen procesos de
formación y los concluyen con éxito. La única forma plausible de integrar a las
personas en situación de desempleo al nuevo mercado de trabajo es mediante el
reciclajeprofesional,bienatravésdeformaciónprofesionaldelsistemaeducativo,
formación profesional del sistema de empleo o estudios universitarios. Para los
desempleados que no estén bajo la cobertura del subsidio para personas con
responsabilidades familiares, proponemos un modelo de “formación con éxito”.
El diseño de este modelo sería el siguiente: la persona que, estando en situación
de desempleo emprenda un proceso formativo para mejorar sus oportunidades
de encontrar trabajo, tendrá una ayuda económica durante el tiempo que dure
el proceso formativo. Esta ayuda económica se modulará en función del éxito de
cada etapa del proceso formativo, previa evaluación.
• Establecer un criterio unificado para la calificación de parados de larga duración,
que impida que se pierda dicha calificación salvo por la incorporación a un
empleo estable.

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PENSIONES PÚBLICAS ECONÓMICA Y SOCIALMENTE SOSTENIBLES:
UNA OFERTA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA
1. DÓNDE ESTAMOS
El sistema público de Seguridad Social y, dentro de él las pensiones, constituyen la
pieza más importante de nuestro Estado de Bienestar como plasmación de una acción
solidaria y redistributiva garante de la cohesión social. Desde 2012, la política aplicada
por el Gobierno del PP amenaza seriamente este conjunto de prestaciones sociales
públicas en un triple sentido.
Amenaza para la sostenibilidad financiera
LaSeguridadSocialsufreunimportantedesequilibrioentreingresosygastos(entorno
al 1% en cada uno de los ejercicios) como consecuencia de la intensísima reducción
del número de cotizantes entre 2008 y 2013, y la consiguiente caída de los ingresos,
así como por otras medidas adoptadas por el PP, que han acentuado la minoración
de los ingresos disponibles por la Seguridad Social (“tarifas planas”; exclusión de una
parte del salario de la cotización, y otras medidas de fomento del empleo con cargo
a cotizaciones; congelación del SMI; cambios laborales que favorecen la devaluación
salarial, entre otros).
Tal circunstancia ha llevado al Gobierno a recurrir al Fondo de Reserva, cuyo volumen
se ha reducido en un 40% (actualmente asciende a 39.500 millones de euros).
Previsiblemente, este desequilibrio se mantendrá hasta el principio de la próxima
década, lo que podría suponer el agotamiento del Fondo.
Cosa distinta son los retos a los que ha de hacer frente el sistema de Seguridad Social
en el medio y largo plazo. Más allá de la evolución de la productividad, se producirán
tensiones financieras derivadas de la intensificación del gasto de la Seguridad Social
por el progresivo incremento del número de pensionistas vinculado a la jubilación de
la generación del baby boom y al alargamiento de la esperanza de vida.
Insuficiencia protectora (inadecuación) en la articulación jurídica
En la etapa de gobierno del PP se han introducido algunas modificaciones de gran
intensidad que, de llegar a consolidarse, producirán una desfiguración del sistema
público de pensiones. Además del endurecimiento de la jubilación anticipada, los dos
principales cambios son los contenidos en la Ley 23/2013: el nuevo mecanismo de
revalorización de las pensiones, que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo
ycondenaalospensionistasaunprogresivoempobrecimiento,quesehavistoagravado
por la incidencia del copago farmacéutico de los mismos y la introducción de un
factor de sostenibilidad, a partir de 2019, del que resultarán pensiones menguantes
en función de la evolución –previsiblemente al alza– de la esperanza de vida.
Los expertos estiman que el impacto de esta medida es el equivalente a 3,5 puntos

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porcentuales de PIB en 2050. Es decir que, en lugar de gastar en esa fecha un 14-
15% de PIB –una cuantía importante, pero inferior a la que hoy gastan Francia,
Italia o Austria–, gastaremos un 12,3% muy similar al nivel de gasto actual. Con una
importantísima diferencia: entonces la población jubilada se habrá prácticamente
doblado, lo que implica una rebaja sustancial de las pensiones públicas.
Al mismo tiempo, persisten importantes deficiencias –insuficiencias protectoras–,
entre las que destacan la que afecta a las pensiones de las mujeres, cuya cuantía
es casi un 40% inferior a las de los hombres, y la que deriva de la interrupción de la
política de dignificación de las pensiones más bajas que se llevó a cabo entre 2004
y 2011.
El desprecio por el diálogo
Resulta particularmente grave que la actuación del Gobierno del PP en esta materia
haya estado marcada por la unilateralidad: los cambios estructurales introducidos
por la Ley 23/2013 se han impuesto a pesar del rechazo frontal de todos los grupos
políticos de la oposición y de los sindicatos. Pero además, se ha producido la quiebra
de un doble cauce de diálogo: el Pacto de Toledo, foro parlamentario que ha servido
de cauce para abordar las reformas necesarias en materia de pensiones desde 1995
hasta la segunda renovación del pacto en 2011 y que representa la expresión de un
consenso básico en la defensa del sistema público de pensiones; y el acuerdo social,
que incrementa la legitimidad de las medidas que se han acordado para reforzar la
sostenibilidad del sistema de pensiones.
El gran objetivo es la defensa de la Seguridad Social y, en particular, de un sistema
público de pensiones basado en un régimen de reparto y articulado en torno a los
principios de solidaridad, contributividad y gestión pública. La consecución de ese
objetivo se encauza a través de un triple compromiso:
1. Un compromiso político, que implica recuperar la centralidad del Pacto de
Toledo como expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento
y mejora del sistema público de pensiones.
2. Un compromiso social, entendido como la apuesta por el diálogo y participación
real de los interlocutores sociales, expresión de la institucionalización de un
gran acuerdo entre generaciones, entre trabajadores activos y jubilados, para
garantizar su mutuo bienestar.
3. Un compromiso jurídico-constitucional, que pasa por trasladar al ámbito
jurídico los consensos sociales alcanzados en materia de pensiones. Ello
implica reforzar el marco constitucional del derecho a las pensiones públicas
y recuperar en lo sustancial el marco legal vigente hasta la llegada del PP al
gobierno.

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En lo que se refiere a la sostenibilidad financiera, queremos corregir el actual
y coyuntural desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social sin merma de
derechos para la ciudadanía, pero también hacer frente a la intensificación del gasto
en pensiones en el medio y largo plazo provocado por el progresivo incremento del
número de pensionistas que resulta de la jubilación de la generación del baby boom y
del alargamiento de la esperanza de vida.
La consecución de estos dos objetivos pasa por una reformulación y una ampliación
de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos
del sistema. Ello implica:
• Incrementar el número de afiliados como directriz prioritaria de la política
económica. El buen funcionamiento del mercado laboral contribuye de forma
decisiva a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
• Introducir ajustes en la regulación de las cotizaciones sociales y otras medidas
que permitan mejorar la recaudación:
- Recuperación de la lucha contra el fraude como política prioritaria.
- Atribución al Estado de la financiación de los gastos que escapan de la
lógica contributiva, así como el coste de todas las medidas de fomento del
empleo.
• Incrementar progresivamente la aportación del Estado, vía impuestos, para
hacer frente el previsible incremento del gasto ligado al envejecimiento sin
alterar la configuración del sistema. De esta forma se equilibran las fuentes de
financiación en la línea de la mayoría de los países de nuestro entorno.
Enrelaciónconlasostenibilidadsocialdelsistema,queremosgarantizarlaadecuación
de la acción protectora de las pensiones y del resto de prestaciones de la Seguridad
Social para hacer posible la realización del mandato constitucional de promoción de
la igualdad y de suficiencia económica de las pensiones de jubilación. Cinco son los
ámbitos en los que queremos actuar:
1. Las pensiones de las mujeres. Son un 38% inferiores a las de los hombres, en
buena medida, por la discriminación que sufren las trabajadoras en el mercado
laboral.Además,elpropiodiseñodelsistemadepensionespenalizaalasmujeres
al vincular la cuantía de la pensión exclusivamente a la trayectoria profesional,
ignorando otro tipo de circunstancias y hechos de gran trascendencia social.
2. Las pensiones más bajas. La lucha contra la pobreza y el reforzamiento de la
equidad exige una ambiciosa política de mejora de las pensiones mínimas del
nivel contributivo y la elevación del umbral de rentas establecido para el acceso
a las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.

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3. La mejora de las prestaciones familiares. La dignificación de la política familiar
debe constituir una prioridad política no solo por nuestro irrisorio nivel de
gasto en términos comparados, sino sobre todo por las cifras insoportables de
pobreza infantil.
- Creación de una nueva prestación no contributiva para la implantación del
Ingreso Mínimo Vital.
- Incrementar la prestación por hijo a cargo.
4. Precariedad en el mercado de trabajo. El paro de larga duración, la irregularidad
de las carreras profesionales o la devaluación de los salarios son circunstancias
que lastran las cotizaciones y que pueden perjudicar los futuros derechos
generados en el sistema de pensiones.
5. Penosidad. El reforzamiento de la contributividad y su efecto (in)directo en la edad
efectiva de jubilación no incide de la misma forma en todos los trabajadores, sino
que varía en función del tipo de actividad profesional. Por razones de equidad
hay que modular los mecanismos que compensan la más reducida esperanza
de vida cuando ésta deriva de una determinada actividad profesional, aplicando
coeficientes reductores de la edad de jubilación.
Como objetivo complementario, hay que concienciar a la ciudadanía de las
implicaciones sociales, económicas y políticas del cambio demográfico que va a
suponer el envejecimiento de la población.
Queremos plantearnos la progresiva ampliación de la población activa mediante
la plena incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo; un cambio de la
política migratoria; la plena integración de colectivos excluidos o marginados en el
mercado laboral (especial atención a jóvenes y trabajadores mayores); el incentivo de
la prolongación voluntaria de la vida laboral; y actuaciones ambiciosas en favor de la
corresponsabilidad de hombres y mujeres en los cuidados familiares.
Y aspiramos a favorecer el incremento de la natalidad, para corregir la anomalía que
supone que España sea uno de los países del mundo con la tasa de fertilidad más baja
como consecuencia, entre otros factores, de la precariedad y de la discriminación
laboral de las mujeres.
3. PROPUESTAS
Marco general del modelo de pensiones públicas
• Reforzar el marco constitucional del derecho a la Seguridad Social.
• Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de esta legislatura:
la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la

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Ley 23/2013, así como la nueva regulación de las Mutuas (Ley 35/2014). Debe
recuperarse también la centralidad del Pacto de Toledo y del diálogo con los
interlocutores sociales.
Sostenibilidad financiera
• Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la
elevación gradual de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de
las bases mínimas (vinculada al incremento del SMI).
• Establecer la cotización de los trabajadores autónomos en función de sus rentas
o ingresos.
• Atribuir al Estado el coste de las medidas de fomento del empleo, con incidencia
en los ingresos de la Seguridad Social, así como la financiación de los gastos que
escapan de la lógica contributiva. De igual modo, incrementar progresivamente
la financiación del Estado a través de la creación de una nueva figura impositiva
que tendrá carácter finalista y vinculado a la financiación de las pensiones.
• Reforzar el Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación.

Adecuación y suficiencia de las prestaciones
• Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
• Incrementar las pensiones mínimas para garantizar los parámetros fijados por
el Convenio 102 de la OIT.
• Recuperar nuestra medida incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la pensión
de viudedad para mayores de 65 que no reciban otra pensión pública hasta
alcanzar el 60%, que ha sido suspendida reiteradamente por el Gobierno del PP
durante todo su periodo de Gobierno.
• Elevar hasta el IPREM anual el umbral de rentas establecido para el acceso a
las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.
• Recuperar la cotización por jubilación en los supuestos de percepción del
subsidio asistencial por desempleo hasta el 125% del salario mínimo.
• Mejorar la cotización de los trabajadores más jóvenes a través de la posibilidad
de ‘adquirir’ periodos de cotización mediante la suscripción de un Convenio
Especial, e incrementar las bases mensuales de cotización de los contratos de
aprendizaje y de formación.

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• Reconocer a todas las mujeres un “bonus” de dos años de cotización por cada
hijo (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones.
• Incrementar sustancialmente la pensión de orfandad a través de una mejora
de las prestaciones familiares, en especial en casos de familias con menores
rentas.

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SANIDAD
1.DÓNDE ESTAMOS
La aprobación de la Ley 14/1986 General de Sanidad significó un hito en la protección
social y sentó las bases para uno de los pilares del Estado de Bienestar más
apreciados por la ciudadanía española. El concepto de atención integral a la salud,
la universalidad en el acceso y la planificación de los centros y servicios sanitarios
orientados a la cohesión social y territorial constituyen los grandes paradigmas de un
Sistema Nacional de Salud que se ha revelado como uno de los grandes aciertos de
nuestra reciente democracia. De forma que en la clasificación de Índice de Justicia
Social de la Unión Europea, la sanidad es el servicio público español con más alta
clasificación; por tanto, un extraordinario instrumento al servicio de la justicia social.
Estas características del modelo han logrado que la sanidad se comporte como un
buen instrumento redistributivo, a la vez que ha logrado unos niveles de calidad de
entre los mejores del mundo; lo que hace de nuestro Sistema Nacional de Salud uno
de los más eficientes del mundo en términos relativos, tanto en resultados en salud,
como económicos o de cohesión social. Estos resultados son percibidos con claridad
por la ciudadanía de forma que en torno al 97 % se opone a cualquier recorte en los
presupuestos destinados a sanidad.
Por ello, la eliminación del acceso universal como derecho de ciudadanía, la pérdida
de calidad por los recortes y las sucesivas tentativas de privatización llevadas a cabo
por los Gobiernos del PP, han tenido una consecuencia lógica en la percepción de
la ciudadanía, de forma que en las últimas encuestas del CIS empieza a aparecer la
sanidad como preocupación de nuestra ciudadanía.
A pesar de resultar una política exitosa en términos de modelo, en nuestro SNS
predominan los servicios asistenciales, especialmente orientados al tratamiento de
procesos agudos; quedando las medidas preventivas, de promoción de la salud y la
rehabilitación y el tratamiento de pacientes con procesos crónicos en un segundo
plano, lo que introduce al sistema en una tendencia de aumento de gasto sin que
incremente la eficacia.
Ahora, esta debilidad se hace más evidente como consecuencia de los cambios
demográficos que se están produciendo, con un considerable incremento de la
esperanza de vida combinado con una baja natalidad, lo que conlleva una mayor
prevalencia de la cronicidad. Y el sistema sanitario debe ser capaz de adaptarse a las
nuevas necesidades reorientando su enfoque para ser capaz de dar las respuestas
que la sociedad del momento necesita y, a la vez, garantizar la sostenibilidad futura.
Reorientación hacia medidas más vinculadas a las políticas de salud pública, la
rehabilitación y la atención a la cronicidad.
El Estado de Bienestar se enfrenta a considerables retos. La crisis económica ha
evidenciado algunas carencias que exigen plantearse la reconfiguración de las bases

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que lo han sustentado. Ello, además, se suma a los cambios demográficos en nuestro
país y los desafíos que ellos comportan.
La población española envejece después de décadas de bajas tasas de natalidad. Una
quinta parte de la población tenía 60 años o más en 2013. En 2050, ese porcentaje será
del 36%; es decir uno de cada tres españoles.
Unatercerapartedelapoblaciónespañolatieneporlomenosunaenfermedadcrónica:
diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales, infecciosas como
la hepatitis C, o reumáticas, entre otras.
El 5% de la población tiene varias enfermedades crónicas, que suponen ya en nuestro
país el 80% de las consultas de Atención Primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios
y más del 70% del gasto sanitario total.
En la actualidad, hay en torno a 500.000 personas con demencia senil en España.
Habrá un millón en 2025. Se estima que una de cada cuatro personas de más de
65 años desarrollará esa enfermedad antes de morir. La consecuencia será que la
demanda asistencial y de servicios sociales crecerá un 20% en los próximos 5 años.
Con las personas mayores y especialmente con aquellas más vulnerables, no se trata
solo de aportar pensiones dignas, sino de complementarlas con servicios dignos.
Sostener la atención continuada a las personas que van perdiendo su autonomía y
su capacidad funcional, a medida que envejecen, es un gran reto que debe afrontarse
desde los sistemas sanitario y social.
Sostener y mejorar la atención a todas estas necesidades en Sanidad y Servicios
Sociales requiere un sistema fiscal justo, progresivo y solidario y ese será uno de los
principales retos de país; ya que la Sanidad hoy consume aproximadamente 1 de cada
5 euros de gasto público
Nuestros sistemas de Salud y de Servicios Sociales no están adaptados a las
necesidades de este siglo: demográficas, sociales y tecnológicas. Estos retos de
salud del siglo XXI requieren de enfoques novedosos e innovadores que trascienda
al propio sector sanitario. Hoy conocemos que la mejora de la salud y el bienestar
de los pueblos se obtienen con políticas que integren diseños y acciones desde
todos los sectores de un gobierno, como desde la propia ciudadanía, de manera que
actuemos sobre los determinantes de la salud y las condiciones de vida que inciden
directamente sobre la salud y el bienestar de las personas. La salud y el bienestar
como elementos clave van de la mano, unidas, y además son considerados parte
esencial de una “economía vital” de nuestro Siglo, cuadrando un círculo en el que el
único gobierno posible, por efectividad y justicia, es aquel que deja claro que la salud
debe ser entendida, no como la ausencia de enfermedad, sino como el desarrollo
óptimo y posible de las potencialidades de cada persona en el seno de su proyecto
vital. Este es probablemente el mayor reto de la historia para nuestro Estado de
Bienestar, un reto sanitario, económico y social.

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Numerosos informes internacionales indican que la Sanidad y el Medio Ambiente
son los dos principales retos económicos de los países modernos, a la vez que son
responsables como determinantes de salud de la ciudadanía.
Estos retos se han visto negativamente acentuados en esta última legislatura, no solo
por la lógica de recortes y austeridad, sino por la falta de modernización del concepto
de bienestar y de gobernanza de lo público. El Gobierno del PP no solo no ha protegido
la sanidad y los servicios sociales, sino que no los ha preparado para afrontar los
desafíos sanitarios, sociales y económicos mencionados anteriormente.
El PP ha modificado unilateralmente el modelo sanitario acabando con el carácter
universal de la sanidad pública que pasó de reconocerse por razón de ciudadanía a
ser un sistema de cobertura en función de estar asegurado.
Ha desinvertido en sanidad y servicios sociales mientras que otros países europeos
los han protegido en época de crisis. Ello ha supuesto la privatización de servicios
públicos y el retraso en la incorporación de tecnologías; en definitiva, el debilitamiento
del sistema sanitario público a favor de la asistencia y el aseguramiento sanitarios
privados. En este sentido, se impone recuperar el carácter público, universal y de
calidad del Sistema Nacional de Salud, estableciendo elementos claros de equidad y
solidaridad en las políticas públicas que neutralicen estas situaciones de desventajas
y lucha contra la desigualdad e inequidad.
Esta lógica ha creado grandes desigualdades en salud, así como un crecimiento de
las listas de espera hasta cifras record. Las consecuencias han sido muy negativas
para la ciudadanía y han supuesto una ralentización de la modernización del país.
Se han creado condiciones para una recesión social, la recesión social que siente la
España real.
Más aún, la continua deslealtad del gobierno del PP con las autonomías, centrifugando
el gasto en nuevas terapias sin aportar los fondos necesarios, como en el caso de
los tratamientos contra la hepatitis C, ha puesto en grave riesgo la sostenibilidad
económica de sus sistemas sanitarios, y por lo tanto la igualdad entre los españoles.
Es necesario avanzar en un modelo territorial donde los principios de subsidiariedad,
lealtad institucional e igualdad rijan las actuaciones del gobierno en materia de salud,
y blindarlo para evitar en el futuro situaciones parecidas a las provocadas por el PP
en los últimos años.
En el caso de continuar la actual situación, ocasionada por la reforma del PP con el
Real Decreto Ley 16/2012, la insuficiencia financiera del sistema sanitario público y
las iniciativas privatizadoras, el sistema sanitario público seguirá deteriorándose y
puede peligrar.
El país necesita por tanto una nueva visión. Un impulso modernizador que lo adapte
a estos nuevos tiempos.

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El Estado debe seguir interviniendo en la lucha contra la desigualdad y crear
condiciones dignas para la ciudadanía. El Estado de Bienestar español en su diseño
original ha sido un éxito aunque hoy necesita modernizarse, ya que las condiciones
han cambiado: las expectativas ciudadanas, el coste creciente de las tecnologías,
la innovación, la demografía y las enfermedades crónicas, el reto climático y las
desigualdades exigen un modelo nuevo, un modelo que busca una nueva relación con
la ciudadanía, una ciudadanía que exige una gestión rigurosa y eficiente, que está bien
informada, es activa y responsable, y no solo receptora pasiva de servicios.
Los objetivos específicos para avanzar en la Sanidad en la dirección de un nuevo
Estado Social son los siguientes:
Asegurar una Sanidad Pública, Universal, Sostenible y de Calidad
La naturaleza de los retos a los que nos enfrentamos requiere servicios con acceso
universal e intervenciones desde la perspectiva de salud en todas las políticas.
El objetivo del PSOE es ofrecer a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios políticas
capaces de asegurar un Sistema Nacional de Salud sostenible desde el punto de vista
social, asistencial, profesional y financiero. Y que sea público, universal, gratuito en el
acceso, equitativo y de calidad, con una misma cartera básica de servicios para toda
la ciudadanía en un marco de amplia descentralización.
La salud en todas las políticas
Vivimos más años pero no estamos más sanos
Dar calidad de vida a la prolongación de la vida exige ejercer la gobernanza para la
salud en todas las políticas públicas. La existencia de los grandes desafíos de la salud
y su anclaje con soluciones que se encuentran interconectadas exigen respuestas
multinivel. El enfoque ha de ser cada vez más amplio, ancho y profundo. Aplicando la
estrategia de salud en todas las políticas públicas, de modo que todos los sectores y
grupos políticos y sociales junto a la ciudadanía contribuyan a la mejora de la salud y
el bienestar de la población.
Los responsables políticos de un país tienen en sus manos promover una cultura
de salud por medio de la regulación y la política sanitaria y tienen la obligación de
intervenir sobre los determinantes de la salud tanto sociales como económicos
y ambientales. Se trata de colocar la prevención y la promoción de la salud como
prioridad de gobierno, mejorando los estilos de vida, cosa que tiene que ver con
el sistema educativo, los medios de comunicación, la industria agroalimentaria y
también lógicamente con el sistema sanitario.
Los servicios actuales son insuficientes para prevenir ciertos problemas sociales. Han

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sido diseñados para reaccionar que es la forma más cara de responder. El aumento
incesante de la esperanza de vida unido a la ausencia de políticas de salud pública
- especialmente en prevención de enfermedades ligadas a los estilos de vida están
generando un incremento de las enfermedades crónicas y el número de personas con
dependencia (mayores frágiles, gran dependencia, personas con enfermedad mental
severa crónica, etc.). Estos colectivos, con necesidades múltiples y cada vez más
complejas de abordar, plantean enormes retos a los sistemas de salud y de servicios
sociales que el modelo tradicional de atención es incapaz de afrontar. Se trata, por
tanto, de que las políticas de salud pública tengan carácter transversal y se conviertan
en un instrumento de cohesión y justicia social.
Asimismo, es necesario desarrollar mecanismos que movilicen a las empresas y a los
profesionales de salud ocupacional para que se incorporen intervenciones preventivas
en el lugar de trabajo.
Al Igual que se hizo una buena política de control del tabaco hay que extender esta
práctica a otros ámbitos. Por ejemplo, la obesidad infantil crece dramáticamente, cosa
que quiere decir más cáncer, más diabetes y más enfermedades cardiovasculares en
esas edades. Por ejemplo, los cuidados tempranos y la alfabetización en salud en la
infancia ofrecen un retorno a la inversión entre 5 y 7 euros por cada euro invertido.
Considerar la sanidad como una inversión, no como un gasto
Una sanidad pública fuerte es un activo que ayuda a un país a ser más competitivo y
un pilar para desarrollar un espacio importante generador de actividad económica,
que ayuda a un país a avanzar por una doble vía, la que supone una población más
sana, y su contribución a la economía del conocimiento.
La ciudadanía española considera la salud como el principal elemento que interviene
en su bienestar y en sus condiciones de vida. La concepción que el PSOE tiene de
la sanidad pública es de elemento esencial para esa calidad de vida, la cohesión
territorial y el impulso a la I+D+i. Para ello, hay que asegurar una visión estratégica al
desarrollo futuro del Sistema Nacional de Salud.
El Sistema Nacional de Salud tiene una insuficiente financiación. Por ello, en la
reforma fiscal que promoverá el PSOE la sanidad pública será un ámbito prioritario
para el aumento de la inversión.
Existe un creciente reconocimiento de que la sanidad no debe ser concebida como un
gasto sino como una inversión en bienestar y un elemento de tracción económica en
un país, tanto en lo que concierne a la investigación como al impulso del mercado
laboral, ya que serán necesarias nuevas profesiones para atender en la comunidad a
las personas con necesidades tanto sanitarias como de servicios sociales.
La cobertura social que proporcione la sanidad pública española es una inversión
socialentantodacalidaddevidaalaciudadanía,contribuyendotambiénalcrecimiento

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económico, ya que existe una relación entre la salud de los trabajadores y trabajadoras
y su productividad. La gente sana crea ventajas competitivas para las empresas y la
sociedad en general gracias a mejoras de productividad y la consiguiente reducción
del gasto.
También, es vital invertir en los profesionales de la salud, tanto en cuanto a su mayor
participación en las decisiones del sector como en el apoyo en sus propuestas de
mejora en la calidad y seguridad de los pacientes, con el objetivo de garantizar una
atención sanitaria adecuada en cualquier ámbito.
Debemos reconocer que el sistema sanitario ha sido capaz de aguantar los continuos
recortesllevadosacaboporlosgobiernosdelPP,engranmedidaporlaprofesionalidad
y el compromiso de los profesionales de la salud, que a pesar del incremento de la
presión asistencial y la precariedad laboral, han mantenido la calidad asistencial del
sistema.
Desarrollar organizaciones asistenciales y de cuidados con la personas en el centro
Situar a las personas y sus necesidades como el eje central de la atención de salud y
a los y las profesionales liderando el Sistema.
Situar a las personas en el centro de todo lo que hagamos y reconfigurar nuestro
Sistema de Salud para centrarlo en sus necesidades reales y que mantenga una
alerta constante de la forma en la que éstas están siendo atendidas. Los socialistas
apostamos por el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones
compartidas. Queremosconstruirun“nosotros”entrelaciudadanía,los profesionales
y las políticas.
En la actualidad, las estructuras y procesos que componen el Sistema Nacional de
Salud no funcionan de forma óptima. La consecuencia es que muchos pacientes
no están siendo atendidos en la parte del sistema de salud que corresponde a sus
problemas.
Las estructuras de atención integral a la ciudadanía están desconectadas entre
sí resultando en una atención fragmentada y cara. Es necesario reforzar la mejor
coordinación entre los hospitales y la atención primaria y progresivamente crear
sistemas locales integrados en los que los diferentes prestadores de servicios
colaboran y se coordinan, de manera que alcancemos un modelo más integrado y
más eficiente.
Esto implica reforzar la atención primaria, integrar la atención primaria y hospitalaria
y expandir los servicios en la comunidad.

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Migrar de un modelo paternalista a uno basado en la confianza mutua y la
corresponsabilidad
Debemos asegurar que los ciudadanos y ciudadanas jueguen un papel activo en la
gestión de su enfermedad.
Todo ciudadano y toda ciudadana antes o después se convierte en paciente. Debemos
conseguir que se sientan implicados con su propia salud, no solo consumidores
de servicios. Esto debe suponer el acceso virtual a su historia clínica individual, la
formación en la auto-gestión por los pacientes de sus enfermedades, promoviendo
mecanismo de codecisión con el personal sanitario que le atiende o decisiones sobre
cuidados en la fase del fin de la vida.
Los estudios indican que proporcionar a los pacientes acceso a su historia clínica
personal online disminuye la presión de trabajo de los médicos de atención primaria
en un 11% y educar a los pacientes con sistemas de autocuidados supone un ahorro
entreel8-21%.Lospacientesauto-gestionadosacudenmenosalsistemayseadhieren
mejor a la medicación y comportamientos saludables. Para garantizar la igualdad de
la ciudadanía en estos autocuidados, será fundamental trabajar para evitar la brecha
digital.
Por otro lado los ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso a la información relativa
a los resultados de los centros asistenciales, y participar de manera corresponsable
en la gobernanza del sistema.
En el marco de dar más voz a los pacientes y familiares es necesaria la regulación
entorno a la muerte digna en España.
Ser responsable y eficiente en la inversión sanitaria
Garantizar la sostenibilidad del Sistema de Salud que preserve y mejore para las
nuevas generaciones el patrimonio de un Sistema de Salud universal, público y
gratuito, construido con el esfuerzo colectivo de la población durante un extenso
proceso histórico, basando la sostenibilidad en una revisión ética, social y financiera
de las bases que lo configuran.
Los problemas inflacionistas de gasto seguirán presionando sobre el sistema e incluso
se agudizarán, pero esta situación no se resuelve simplemente con más recursos. Se
requiere una gestión más eficiente basada en la evidencia científica.
En el corto plazo, hay que mejorar la calidad y la eficiencia simultáneamente. La
eficiencia es parte consustancial con la calidad de los servicios y viceversa. Por ello,
una gestión activa del gasto es fundamental en la sanidad. Esta gestión en el corto
plazo creará condiciones de mejor sostenibilidad en el sector a medio y largo plazo.
Será necesario aportar una parte mayor de los impuestos y más recursos para la
sanidad, a la vez que transformamos el modelo asistencial para que sea mucho más

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sostenible. Y hacerlo con instrumentos que lo modernicen para que gane en agilidad.
Es mejor transformar que racionar.
Acelerar la revolución digital y tecnológica en la Sanidad
Estamos en plena sociedad de la información.
Su penetración en la sanidad ha sido desigual, y la falta de coordinación ha creado
sistemas no interoperables que dificultan la libre circulación de los ciudadanos y
ciudadanas y el trabajo de los profesionales.
La ciencia y las tecnologías han transformado radicalmente la realidad. No podemos
pensar que debemos comunicar y organizar nuestras respuestas en la sanidad como
hace35años.Latecnologíaesunmedioqueofreceunaplataformadecolaboraciónpara
organizarnuevosmodelosdecuidadosytele-cuidados.Porejemplo,algunaspersonas
con enfermedades crónicas pueden hoy en día ser monitorizadas tecnológicamente
a domicilio evitando así numerosos ingresos al hospital y sufrimiento innecesario.
También existen experiencias muy positivas en menores diabéticos y asmáticos.
Activar la responsabilidad con el medio ambiente en la Sanidad
Lo más importante en relación con el medio ambiente tiene que ver con la seguridad
del entorno y su impacto en la salud, lo que hace imprescindible un Plan de Salud y
Medio Ambiente. Deberá tener un seguimiento de los impactos del medio ambiente
sobre la salud de la población.
En dicho Plan se debe priorizar el ahorro en consumo de agua, la gestión de residuos
o la eficiencia energética. Queremos que los 15.000 hospitales en Europa sigan
funcionando 24 horas durante 365 días, pero para ello el sector deberá participar en
la reducción de emisiones de CO2.
Promover que las empresas privadas sean socialmente responsables participando en
proyectos sociales.
Asimismolasempresasprivadasdeberánparticipardeformamuchomásresponsable
en ciertos problemas en la salud de las personas, especialmente afectada por
el deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer, la
obesidad o la diabetes afectan a un cuarto de la población española y son un reto que
no depende de un solo sector. Solo un modelo realmente centrado en la prevención y la
participación de varios sectores permitirá controlar estas enfermedades. Igualmente
se deberá regular la participación de la industria farmacéutica en el sostenimiento
del sistema avanzando en una responsabilidad social corporativa de las mismas real
y efectiva.

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3. PROPUESTAS
• Reconocer como derecho fundamental en la Constitución el derecho a la
protección de la salud.
• Asegurar una Sanidad Pública, Universal, Sostenible y de Calidad, un derecho
fundamentalquetengagarantizadalasuficienciafinanciera.ElPSOErecuperará
el carácter universal de la asistencia sanitaria derogando el RDL 16/2012 con
carácter inmediato a su llegada al Gobierno.
• Promover una nueva Ley General de Sanidad. Una de las señas de identidad
del Sistema Nacional de Salud es su carácter UNIVERSAL. Y un gobierno
del PP con un Real Decreto Ley cambió en 2012 la naturaleza de este
derecho (el de la Universalidad), recuperando la distinción entre titulares y
beneficiarios del aseguramiento. Por tanto, el PSOE recuperará el carácter
universal de la asistencia sanitaria derogando el RDL 16/2012 con carácter
inmediato a su llegada al Gobierno. La Ley General de Sanidad de 1986
(PSOE), creó el Sistema Nacional de Salud, consiguiendo uno de los mejores
sistemas sanitarios públicos de nuestro entorno. El PSOE, después de 30
años, promoverá la redacción de una nueva ley que se adapte a los nuevos
escenarios económicos y sociales, que evite las desigualdades sociales en
salud y proteja al sistema sanitario público, para que éste no vuelva a estar
en peligro. Para ello, es imprescindible que junto a la solidaridad, equidad
y universalidad, la calidad y la eficiencia sean los principios fundamentales
de la nueva ley, interviniendo activamente en el Sistema Sanitario, creando
medios participativos en atención al desarrollo de la salud comunitaria,
con usuarios, ciudadanos y ciudadanas interesados, favoreciendo un nuevo
Sistema basado en la participación ciudadana, la trasparencia de gestión y,
la máxima calidad.
• Reforzar la coordinación y la codecisión de las Comunidades Autónomas en el
marco del Consejo Interterritorial.
• Converger hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía en
coordinaciónconlasCCAA,acabandoconlamultiplicidaddecarterascreadaspor
el gobierno del PP. Vamos a mejorar los instrumentos de cohesión reponiendo
el Fondo de Cohesión Sanitaria, con una adecuada dotación presupuestaria
para impulsar acciones estratégicas que fomenten la disminución de las
desigualdades y la mejora continua de la equidad en salud eliminando las
barreras a la movilidad de los pacientes.
• Promover la dotación de recursos para la elaboración de un ambicioso Plan
de modernización de la atención a la salud mental con perspectiva de género,
garantizando que se pueda prestar una atención psicoterapeútica adecuada,
reforzar los servicios de salud mental infanto-juvenil para responder a
patologías con incidencia creciente y disponer de una red de atención integral

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multiprofesional especializada en la que es imprescindible la coordinación
entre salud, atención comunitaria y servicios sociales.
• Impulsar el desarrollo a nivel estatal y en las CCAA de la Ley 33/2011 general
de Salud Pública, como herramienta de cohesión territorial, de promoción,
de vigilancia de la salud, de prevención de enfermedades emergentes y de
ordenación de la información en salud.
• Promover la creación de un Centro de control de enfermedades para dar apoyo
a las políticas de salud pública, evitando así situaciones tan lamentables como
la gestión que el gobierno del PP hizo en la crisis del ébola.
• Reforzar la gestión pública del sistema. Mantener la titularidad pública de los
hospitalesycentrosdesaludydelosserviciossanitariosyclínicosqueseprestan
en los mismos, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un rol
complementario, sometido a criterios de complementariedad, transparencia,
exigencias estrictas de garantías de calidad y control, así como una evaluación
pública periódica dando prioridad a entidades privadas sin ánimo de lucro.
• Revisar el copago farmacéutico para tener en cuenta criterios de necesidad y
cronicidad para evitar que siga siendo una barrera de acceso, en especial para
pensionistas, parados y colectivos en situación de riesgo socioeconómico. En el
ámbito de esa revisión, contemplar el establecimiento de topes.
La Salud en todas las políticas
• Desarrollar un Plan de Salud, donde se reflejen las políticas de salud en el
Estado.LoharemosdesdeelenfoquedelaSaludentodaslaspolíticas,dirigiendo
la acción de gobierno hacia los determinantes de la salud y las condiciones de
vida que influyen en la salud y el bienestar de las personas. Este plan tendrá su
reflejo en los diferentes niveles territoriales.
• Instaurar normativamente la evaluación del impacto en la salud de la
planificación urbanística y los proyectos industriales para su aplicación en todo
el territorio nacional.
• Incluir la Atención Temprana Infantil como elemento de la Cartera Básica de
Salud, estableciendo las medidas necesarias para la coordinación con los otros
sectores del gobierno, así como el Plan de desarrollo de las medidas.
• Promover una cultura de salud reforzando el aprendizaje en salud desde la
infancia y la adquisición de competencias y hábitos de salud, en coordinación
con Educación.
• Desarrollaremos la Ley General de Salud Pública de 2011, en especial el artículo
35.3 que determina que se han de prever los efectos directos e indirectos de las

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políticas sanitarias sobre la salud de la población y las desigualdades sociales
en salud. Se presentará anualmente un informe ante las Cortes Generales sobre
el impacto en salud de las actuaciones públicas y, cada dos años, una evaluación
del impacto de la situación económica y social en la salud de la ciudadanía,
para adoptar las medidas de corrección necesarias. Impulsaremos desde una
mirada amplia la salud en todas las políticas.
• Desarrollar una Estrategia contra la Obesidad Infantil y los trastornos de
alimentación, que comprometa a todos los departamentos y que cuente con
líderes sociales, profesionales de la salud, asociaciones civiles y empresas.
Garantizar la seguridad alimentaria, limitar el acceso a bebidas azucaradas,
grasas saturadas y tóxicos alimentarios en escolares y controlar legalmente el
uso de sal, alimentos procesados y derivados lácteos. Impulsar la formación en
la dieta equilibrada en el ámbito familiar y educativo.
• Desarrollar una Estrategia de promoción del ejercicio físico como instrumento
de mejora y consolidación de la salud en la ciudadanía.
• Exigirunacorresponsabilidadactivadelaindustriaagroalimentariaylaindustria
del deporte en acciones preventivas sobre la obesidad, el principal problema de
salud pública de esta década.
• Desarrollar modelos de participación a nivel local que impliquen a la
administración sanitaria, educativa y de servicios sociales y a las corporaciones
locales y las ONGs en el desarrollo de políticas de fomento de hábitos de vida
saludables avanzando en modelos de Gobernanza local.
• Fortalecer la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
incorporando a través suya los criterios de salud en la planificación de políticas
relacionadasconlosalimentos,lanutrición,lasbebidasyelcontroldelconsumo.
• Reforzar la salud bucodental infantil y de colectivos vulnerables tanto desde el
punto de vista educacional como prestacional, impulsando la generalización de
losProgramasdeAtenciónDentalInfantil(PADI)enlasComunidadesAutónomas
que todavía no lo tienen.
• Regular, desde el consenso, el sector de las terapias naturales, que permita al
ciudadano acudir a estos técnicos con las debidas garantías.
Considerar a la Sanidad como una inversión, no como un gasto
• Reorientar el modelo de atención en salud, no sólo hacia la cronicidad y el
envejecimiento, sino además hacia la promoción de la salud bajo el paradigma
de la salud positiva, hacia una medicina predictiva y preventiva adaptada a los
avances biotecnológicos y de la genómica, además de reforzar el abordaje
psicológico y emocional de la atención sanitaria que se presta.

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• La población infantil tiene que ser objeto de absoluta prioridad para asegurar
un presente y un futuro saludable a la sociedad. Ellos y sus familias han de ser
objeto de especial protección y de atención en las políticas que instauremos los
socialistas. Para ello, desarrollaremos un Plan Integral de Atención a la Infancia
y la adolescencia hasta los 14 años de edad. Asimismo, daremos un abordaje
prioritario a aquellos niños y niñas que presenten un trastorno del desarrollo
o riesgo de tenerlo, contemplando una Atención Temprana Universal como
elemento de la cartera básica de salud, con criterios de equidad, proximidad y
gratuidad en el acceso.
• El PSOE se compromete a desarrollar la normativa de salud laboral y crear
los dispositivos necesarios en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud,
contribuyendo así a fortalecer las intervenciones preventivas de detección de
riesgos laborales y de promoción de la salud en el lugar de trabajo. y ofertar a los
trabajadores los servicios y prestaciones sanitarias que se requieran. Elaborar
un Plan con medidas concretas para la integración real de la prevención,
fomentando un clima psicosocial beneficioso y luchando contra cualquier tipo
de acoso, laboral o sexual.
• Promover de acuerdo con las CCAA un proyecto de impulso de las investigaciones
y las innovaciones. Promover la investigación científica y la innovación
conectándola con los servicios reales que necesitan los pacientes tanto en
tratamientos como en las mejoras de calidad, asegurando la eliminación de
aquellas barreras de acceso que perjudiquen a los pacientes. Potenciar el
trabajo cooperativo en investigación entre Comunidades Autónomas. Potenciar
la investigación pública y privada biomédica a escala europea y nacional
desarrollando planes estratégicos de investigación de forma integrada.
• Invertir en los profesionales de la Sanidad: reforzando la formación continuada;
reconociendo la calidad asistencial; fomentando la autonomía de gestión;
implantando la evaluación y acreditación periódica.
• Crear un marco de las políticas de investigación y formación de los profesionales
sanitarios que garantice su permanencia en el sistema público a través de la
creación de estructuras que retengan el talento y éste revierta sobre la mejora
del SNS. El esfuerzo inversor se hará desde la perspectiva del retorno a la
sociedad, con un doble objetivo:
a) Transferencia a la práctica clínica.
b) Transferencia al sector biotecnológico e industrial.
• PotenciarlaCarreraInvestigadoratantodelosprofesionales,engeneral,comode
los profesionales especialistas internos residentes en particular, estableciendo
unos criterios básicos para el reconocimiento de las carreras profesionales
que permitan la movilidad de los trabajadores; elaborando un plan de recursos

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humanos con el objetivo de reducir la precariedad y la temporalidad.
• Potenciar el triple perfil de los profesionales: asistencial, docente e investigador.
Para ello, se realizará un esfuerzo inversor que se plasmará en líneas
presupuestarias finalistas y específicas en base capitativa a destinar a todas
las Comunidades Autónomas, incorporando más profesionales de enfermería,
trabajo social, técnicos y especialistas.
• Vamos a trabajar para definir la planificación de necesidades de profesionales
y apostamos por desarrollar y potenciar nuevos roles para los profesionales
de enfermería en el sistema público de salud para la asunción de mayores
competencias clínicas, de atención a la cronicidad y de gestión para la mejora
de la eficiencia del sistema. Desarrollaremos un proceso basado en el consenso
profesional e institucional para reparar los errores del Gobierno de Rajoy con una
nuevaregulacióndelaprescripciónenfermera,acordeconlospronunciamientos
de todos los grupos políticos en las Cortes Generales.
• Reconocer las competencias, generar posibilidades de promoción profesional e
incrementar la participación en la gestión del sistema a colectivos profesionales
como técnicos, auxiliares, etc.
• Promover el liderazgo de los profesionales de la salud en los cambios de modelo.
• Promoveremos medidas que fomenten la autonomía de gestión, el desarrollo
de medidas que potencien y reconozcan la aportación a la calidad asistencial, el
refuerzoenlaformaciónsobrelagestión,laevaluaciónyacreditaciónprofesional
periódica, los planes de formación y desarrollo profesional, reforzando
especialmente la perspectiva de género y la especificidad en violencia contra
las mujeres.
Desarrollar organizaciones asistenciales con la persona en el centro
• Promover una Estrategia de Buen Gobierno y Gestión de las organizaciones del
SNS que contribuya a mejorar la calidad y la eficiencia de los centros, la rendición
de cuentas y la transparencia, la participación democrática, la autonomía y
profesionalización de la gestión.
• Concebir la Atención Primaria de Salud como la puerta ordinaria de entrada al
sistema sanitario, promoviendo medidas que mejoren el uso de los servicios
de urgencia y reforzando también los servicios en la comunidad y domicilio.
Impulsar la investigación en la atención primaria con perspectiva de género,
especialmente en materias de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y discapacidad.
• Garantizar la libertad de movimientos de los pacientes dentro del SNS, de modo
que puedan recibir atención sanitaria en cualquier Comunidad Autónoma, sea

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por razones médicas, por desplazamientos temporales, o por libre elección,
creándose para ello un mecanismo de compensación de costes entre las CCAA.
• Crearredesasistencialesqueofrezcancontinuidaddecuidadossocio-sanitarios.
• Establecer, conjuntamente con las CCAA, un Plan de Atención Integrada para
ofrecer una coordinación socio sanitaria. EI impulso de una estrategia de
coordinación de los servicios sociales y sanitarios permitirá obtener sinergias
entre los dos sistemas, el sanitario y el social, para lograr los mejores resultados
en salud, autonomía personal e inclusión social.
• Conferir seguridad a la mujer maltratada y sus hijos para que sientan confianza
con los profesionales del sector y hagan visibles sus problemas. Asegurar,
en coordinación con las administraciones implicadas, la formación continua
y la sensibilización de los profesionales sanitarios en la atención integral y
la aplicación y mejora de los protocolos en la atención integral a las mujeres
víctimas de violencia de género.
• Garantizar una atención de calidad a la salud sexual en el Sistema Nacional de
Salud. Abordar un Plan Integral de promoción de la salud sexual que garantice
los derechos sexuales.
• Garantizar la igualdad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida a
todas las mujeres. Implantar programas destinados a la reducción de las
Infecciones de transmisión sexual, especialmente entre la población juvenil.
• Los socialistas defendemos el derecho a la identidad de género, a que ninguna
persona pueda ser objeto de discriminación con motivo de su identidad de
género. Nos proponemos para ello trabajar por la despatologización de la
transexualidad y por facilitar el acceso a la atención sanitaria a estas personas
para adecuar el sexo morfológico a la propia identidad de género.
• Adaptar el sistema sanitario al estado de salud de la sociedad española,
teniendo en cuenta, en especial, el envejecimiento y la dispersión de la
población, y la cronicidad de las enfermedades. Ello, a su vez, debe ser
conjugado con las nuevas tecnologías y la eficiencia y eficacia en la prestación
del servicio. Capacitar a las personas con enfermedades crónicas de
instrumentos y de formación suficiente para autogestionar su enfermedad y
reforzar su autonomía personal. Reforzar el Plan Nacional sobre Cronicidad,
impulsado desde la atención primaria, con el fin, no sólo de mejorar su salud,
sino también la percepción de sí mismos, así como su autoestima y confianza.
Promover nuevas formas de apoyo y de colaboración con los enfermos crónicos
que son uno de cada cuatro españoles; diseñando un modelo de intervención de
“Pacientes Expertos”. Es necesario dar voz a las personas con enfermedades
crónicas y fortalecer su empoderamiento para fomentar su implicación en la
toma de decisiones compartida.

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• Aumentar los programas de detección temprana de cáncer cervical, de colon y
de mama. Reforzar las Estrategias en cáncer y cuidados paliativos del Sistema
Nacional de Salud. Impulsar la atención multidisciplinar e integrada a estos
pacientes. Articular sistemas de información, en especial un Registro de Cáncer.
Impulsar la investigación sobre el cáncer.
• DesarrollarunaEstrategiaNacional queincluyala respuestaalVIH,lashepatitis
víricas y las Infecciones de Transmisión Sexual que contemple al menos líneas
estratégicas tales como la prevención de la transmisión, diagnóstico precoz,
integraciónsocialylaboraldelaspersonasafectadas,luchacontraelestigmayla
discriminación, mejora de la calidad de vida de las personas afectadas, refuerzo
del capital social (ONG y otros actores en la respuesta a estas enfermedades),
y teniendo como prioridad la situación de los colectivos más vulnerables a
la infección. Promover un amplio consenso político en torno a las políticas
de VIH, el sida, hepatitis vírica y otras ITS que promueva un marco estable y
continuado de intervención como política de estado. Avanzar en la lucha contra
la discriminación de estos colectivos. Recuperar la Secretaría del Plan Nacional
sobre el Sida para poder asumir el liderazgo y la coordinación de las políticas de
prevención, asistencia, cooperación internacional e investigación relacionadas
con el VIH, el sida y otras ITS, consignando en los Presupuestos Generales los
recursos económicos destinados para su funcionamiento y actividad. Impulsar
la investigación tanto en el ámbito clínico, como epidemiológico, preventivo y
psicosocial. Este impulso debe llevarse desde varias perspectivas: dotación
de recursos, mejora en los déficits de gestión que impiden el aprovechamiento
óptimo de recursos, así como la recuperación de iniciativas público-privadas
claves en la respuesta investigadora en el ámbito social y sanitario en España,
tales como la fundación FIPSE.
• Crear un sistema específico de detección, atención e investigación para las
enfermedades raras y las personas con grandes discapacidades. Considerar las
peticiones de las entidades y asociaciones de enfermedades raras en cuanto al
tratamiento, prevención, intervención e integración de las personas con este
tipo de enfermedad.
• Avanzar en el conocimiento y visibilización social de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica(ELA)mediantelaactualizacióndedatosdisponiblesylainvestigación
pública de esta enfermedad. Mejorar la atención a estos pacientes para ofrecer
una cobertura suficiente. Revisar y ampliar el protocolo de ayudas técnicas.
Incluir para estos pacientes terapia no farmacológica: fisioterapia, logopedia y
psicología.
• Garantizar la detección precoz de los Trastornos del Espectro Autista (TEA)
y el acceso a un diagnóstico temprano. Promover la investigación y propiciar
la transferencia de conocimiento sobre los TEA. Favorecer el acceso a una
intervención especializada en las distintas etapas de la vida, incluyendo
atención temprana. Proporcionar una atención especializada e integral a la

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salud (incluyendo a la salud mental), garantizando la coordinación entre los
diferentes niveles asistenciales y administraciones implicadas.
• Avanzar en prevención, investigación y conocimiento de la diabetes. Asegurar,
desde el SNS prestación de calidad a las personas con diabetes, que incluya las
últimas innovaciones tecnológicas. Avanzar en la información a los enfermos
para impulsar su autonomía, especialmente en edad infantil.
• Impulsar el conocimiento y la investigación del Alzheimer. Avanzar hacia el
diagnóstico a tiempo. Intervenir en prevención del avance/deterioro cognitivo.
• Reforzar la atención integral, multiprofesional y especializada a los pacientes
trasplantados.
• En relación a las personas con algún tipo de intolerancia alimenticia,
reforzaremos el control del etiquetaje y potenciaremos los acuerdos con la
industria alimentaria para incrementar la oferta y reducir los precios de dichos
alimentos, especialmente para los niños y las niñas.
• Crear un espacio de trabajo conjunto y continuado con los afectados por la
Talidomida, en el que abordar las medidas de reparación que den respuesta a
la situación actual y a las necesidades urgentes de estas personas en España,
junto con la exigencia a la compañía farmacéutica responsable la compensación
justa a las personas afectadas.

Migrar de un modelo paternalista a uno basado en la confianza mutua y la
corresponsabilidad
• Impulsar que los centros de salud sean la base para una mayor autoconciencia
de la ciudadanía en la toma de medidas que mantengan y cuiden su salud.
Se establecerán medidas de educación para salud y capacitación, dirigidas a
la ciudadanía, para mejorar el conocimiento en materia de medicamentos y
productos sanitarios, evitando su consumo innecesario.
• Apoyar activamente el desarrollo de escuelas y procesos para educar a los
pacientes en el autocuidado de sus enfermedades.
• Dotar de una tarjeta sanitaria común para todo el territorio nacional que permita
el acceso a la historia sanitaria y la receta electrónica.
• Activar mecanismos para dar más voz a la ciudadanía convirtiendo el Sistema
Nacional de Salud en un sistema conectado con los pacientes.
• Facilitar el acceso a e-health y m-health para la ciudadanía y los/as pacientes.

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• Promulgar una ley de muerte digna y de cuidados paliativos. Si en la próxima
legislatura hay un consenso al respecto, abriremos el debate sobre la eutanasia.
Ser responsable y eficiente en la inversión sanitaria
• Invertirensanidadconelfindeasegurarlasuficienciafinancierayuncrecimiento
presupuestario acorde con su desarrollo demográfico, la morbilidad de la
población y tecnológico. El Sistema Nacional de Salud tiene una insuficiente
financiación. Por ello, en el contexto de la reforma fiscal que promueve el PSOE,
la sanidad pública tendrá la necesaria suficiencia financiera. Nuestro objetivo
es invertir más en sanidad pública, procurando que la participación en el PIB
alcance el 7% del PIB al final de la segunda legislatura.
• Ejercer una gestión activa del gasto mejorando los procesos y la calidad del
sector.
• Para ello, vamos a situar en las Cortes Generales el sitio donde definir y
monitorizar este paquete de reformas y este proyecto estratégico común para
los próximos años. En ese espacio, el gobierno de España propondrá a los
grupos parlamentarios, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales las
medidas necesarias para asegurar la calidad, la equidad y la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud como bien esencial para la sociedad española.
• Identificar mejoras en las rutas asistenciales para los pacientes así como
mecanismos de gestión participativa por los profesionales de la salud.
• Promover mecanismos de financiación que se vinculen a la reducción de listas
de espera y la mejor calidad del servicio para los pacientes. Impulsar un proceso
de evaluación independiente para el seguimiento de la calidad a nivel estatal.
• Desarrollar una política de eficiencia en el gasto farmacéutico incorporando
diferentes procedimientos, entre ellos, el sistema de selección pública para
medicamentos y productos sanitarios sin patente; la actualización continua del
precio de referencia; y el impulso de los medicamentos genéricos.
• Incrementar la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios
en todos aquellos casos en los que las CCAA de forma voluntaria consideren
que pueden mantener un ahorro significativo por agregar sus necesidades de
compra con otras Administraciones.
Acelerar la revolución digital y tecnológica en la Sanidad
• Desarrollar un Plan estratégico para la renovación tecnológica del Sistema
Nacional de Salud con criterios de eficiencia, mediante acuerdos con la industria
y las CCAA, para la aplicación de un proceso de compra planificada que permita
una inversión que asegure la mejor calidad asistencial.

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• Reorientar la inversión digital hacia el apoyo de los clínicos con el fin de mejorar
la calidad de cuidados.
• Facilitar el acceso a sistemas de apoyo a la decisión clínica a los profesionales.
• Promover la utilización a escala de avances tecnológicos como los tele-cuidados
y la tele-monitorización.
• Extender la prescripción electrónica interoperable en todo el territorio nacional.
Promover la responsabilidad con el medio ambiente en la Sanidad
• Impulsar en el SNS un Plan de Salud y Medio Ambiente, con especial atención
en el ahorro del agua, la gestión de residuos y la eficiencia energética en los
centros sanitarios. Cooperar en el control medioambiental y en la evaluación de
Impacto en Salud de las actuaciones medioambientales.
• Desarrollar el proyecto “El hospital verde”, para disminuir la emisión de CO2, y
mejorar la gestión de los residuos.
Promover que las empresas privadas sean socialmente responsables participando
en proyectos sociales
• Establecer procedimientos que regulen las relaciones de partenariado de la
industria con las instituciones sanitarias, sus centros, servicios y profesionales,
así como la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios y la actividad
promocional en los centros y las aportaciones que dicha industria realice, para
avanzar en un sistema de responsabilidad social corporativa real y efectivo.
• Ampliar la posibilidad de que las farmacias participen en programas
preventivos. Desde el apoyo al actual modelo de farmacia que permite el acceso
de la población a los medicamentos, trabajaremos para ampliar la posibilidad
de que las farmacias participen en programas preventivos y de salud pública
potenciando la actual colaboración del sector con él SNS.
• Desarrollar la normativa de salud laboral y crear los dispositivos necesarios en
todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo así a fortalecer
las intervenciones preventivas de detección de riesgos laborales y de promoción
de la salud en el lugar de trabajo. Fortalecer el derecho a la seguridad y salud
en el trabajo, para lo cual:
- Se adoptará una nueva regulación de las enfermedades profesionales a
fin de considerar como tales las que se ocasionen o agraven en el centro
de trabajo y se tenga en cuenta el criterio epidemiológico para declarar su
existencia.

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- Se potenciará la integración de la prevención en la empresa y se facilitará
la existencia de servicios de prevención propios. Nuestro objetivo será
que, en el plazo de una legislatura, todas las empresas de más de 100
trabajadores tengan integrada la prevención.
-Seaprobaráunprotocoloparasituacionesdeproteccióndelosprofesionales
frente a las agresiones.
- Se impulsará la detección, declaración, registro y evaluación de enfer-
medades relacionadas con el trabajo desde el Sistema Nacional de Salud.
Luchar contra la desigualdad e inequidad en salud
• De común todas las sociedades tienden a relegar las necesidades e intereses
de las personas más vulnerables, y este fenómeno se agudiza en los períodos
de crisis e inestabilidad económica o política. Para salvaguardar la pérdida
de calidad de vida de las personas, en especial la de los más vulnerables, las
políticas públicas de salud que propondremos irán encaminadas a promover la
igualdad de oportunidades, y a medidas dirigidas a mitigar las desigualdades e
inequidad, preservando las necesidades básicas y evitando las situaciones de
riesgo y desprotección.

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CONSOLIDAR LOS SERVICIOS SOCIALES.
RECUPERARLAATENCIÓNALASPERSONASENSITUACIÓNDEDEPENDENCIA
1.DÓNDE ESTAMOS
El Partido Popular ha roto consensos que se mantuvieron durante más de tres
décadas. Ha conducido al Estado de Bienestar en general, y al Sistema Público de
Servicios Sociales en particular, a un evidente deterioro de sus estructuras y de su
capacidad de respuesta a los problemas de la ciudadanía.
En materia de Servicios Sociales, los recortes han sido superiores a los 2.200 millones
de euros al año, a la par que se procedía a la continuada pérdida de profesionales
destinados a la atención de la población, al recorte en materia de atención a las
personas en situación de dependencia, en materia de ingresos básicos garantizados.
Desde los PGE se ha reducido de forma drástica la participación de la Administración
General del Estado en el Plan Concertado de Servicios Sociales en el momento que se
han disparado las necesidades básicas de la población, en especial, los 8,5 millones
de usuarios de los servicios sociales municipales.
La mal titulada Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local ha
sido un ataque frontal dado que sus disposiciones socavan elementos estructurales
y estratégicos del Sistema. Además inhabilita a la administración más próxima a la
ciudadanía para atender los problemas sociales desde la proximidad.
Asimismo, ha habido un desmantelamiento de la Ley de Promoción de la Autonomía
personalyAtenciónaladependenciaolareclamacióndelaadecuadaatenciónalainfancia.
La Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia nació de la voluntad de un gobierno
socialista, respondiendo a una creciente necesidad derivada del incremento de la
esperanza de vida y las consiguientes limitaciones que el envejecimiento conlleva.
Con el reconocimiento del derecho de las personas en situación de dependencia a
ser atendidas por los poderes públicos, se daba respuesta a un nuevo riesgo social
derivado de la estructura demográfica y también del modelo de estructura familiar y
de sociedad actual.
Tras cuatro años de gestión del Partido Popular, el reconocimiento del derecho se
ha condicionado y se ha recortado la inversión que lo garantizaba. Recortes que
han modificado en distintas ocasiones el calendario de aplicación, dejando fuera
del reconocimiento y prestaciones del sistema a cientos de miles de dependientes
moderados, que ha reducido las cuantías por cuidados en el entorno familiar en al
menos un 15%, que ha eliminado los dos niveles que tenía cada uno de los tres grados
de dependencia, que ha modificado a la baja las prestaciones y la intensidad de los
servicios, o que ha eliminado la cotización a la Seguridad Social por parte de la AGE
del régimen especial de cuidadores.

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El enfoque integral sobre el fenómeno de la drogadicción fue la base de la puesta
en marcha del Plan Nacional sobre Drogas, que parte de considerar el consumo de
drogas como un problema de salud, al que hay que responder con una red pública de
protección.
Pero a lo largo de esta legislatura, hemos asistido a un cambio sustancial en el
abordaje del asunto, que se puede resumir en tres ejes: reorientación hacia un
enfoque represivo, severos recortes en los recursos destinados a este fin y abandono
de la investigación.
Varias de las leyes impulsadas esta legislatura ponen el acento en los aspectos
represivos para las personas consumidoras de drogas, introduciendo sanciones
graves, y olvidan los aspectos preventivos y rehabilitadores.
Nuestro objetivo es la consolidación de un sistema público, universal, gratuito,
equitativo y de calidad de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de
Bienestar, capaz de hacer efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía a un conjunto
de servicios sociales básicos que garanticen la protección social a todas las personas
que vivan en España. Un Sistema Nacional de Servicios Sociales sostenible desde el
punto de vista social, asistencial, profesional y financiero. Para ello desarrollaremos
una reforma que debe sustentarse en compromisos efectivos que afecten al conjunto
de las Administraciones Públicas a través de mecanismos de cooperación institucional
que caracterizan a los Estados federales.
La principal manifestación de ese compromiso debe ser la aplicación efectiva del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Hay que garantizar la financiación, incluyéndola en el nuevo modelo de financiación
autonómica pendiente de acuerdo entre AGE y CCAA como un servicio esencial más.
considerando a los servicios sociales como una inversión, no como un gasto.
Se garantizará la atención profesionalizada y el respeto de la voluntad de las personas
por permanecer en el domicilio y continuar siendo atendidos, siempre que sea posible,
por las personas a las que están emocionalmente ligadas, con los apoyos técnicos o
económicos que se consideren procedentes.
Con el objeto de evitar que el cuidado de las personas en situación de dependencia se
convierta en una responsabilidad de la mujer, se priorizará la atención profesional,
reconociendo el valor de los cuidados en el entorno familiar, lo que requiere
proporcionar la formación, las herramientas, dispositivos y el apoyo profesional
necesario a todas las personas cuidadoras. Recuperaremos las cotizaciones a la
seguridad social con cargo a la Administración General del Estado de los cuidadores
de personas en situación de dependencia.

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La coordinación del Sistema de Servicios Sociales se debe plantear más allá de la
coordinaciónentrelossistemasdesaludyserviciossociales,porelloesimprescindible
establecer la coordinación formal entre los sistemas de servicios sociales y los de
educación, empleo, vivienda, etc., especialmente para aquellos ciudadanos con
necesidades complejas como los mayores pluripatológicos dependientes, personas
con grandes discapacidades, personas con enfermedad mental severa crónica.
Asumimos el compromiso de liderar este proceso de reforma clave para el futuro de
nuestro país.
3.PROPUESTAS
Consolidar los Servicios Sociales
• Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado
del Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a
acceder a servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda
la ciudadanía.
• Aprobar, de acuerdo con las CCAA y las corporaciones locales, una Ley marco
de Servicios Sociales de ámbito estatal que fije normativamente los elementos
básicos relativos al Sistema Público de Servicios Sociales, asegurando unos
Servicios Sociales Universales y Sostenibles.
• Relanzar y reforzar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales desde la AGE para consolidar las estructuras de los Servicios Sociales
de Atención Primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas. De forma
que garanticen iguales derechos para toda la ciudadanía.
• Derogar la recientemente aprobada Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
• Coordinar con las Comunidades Autónomas la implementación de una tarjeta
social que permita a las personas que se puedan identificar como usuarios/as o
potenciales usuarios/as de los servicios sociales.
• En coordinación con las Comunidades Autónomas, revisar y reforzar el Catálogo
de Servicios Sociales actual y el contenido del Plan Concertado de Prestaciones
Básicas para adaptarlos a la nueva reorganización que plantearía la nueva Ley
Marco de Servicios Sociales.
Dar una solución estructural a los problemas de exclusión por la falta de ingresos
básicos

• Aprobar un Plan Integral de Inclusión Social para la erradicación de la pobreza
y la exclusión social que integre políticas económicas y sociales sostenibles en

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las Estrategias de Desarrollo Humano.
Dar solución inmediata a los problemas más graves de carencia material severa
como alimentación, energía, vivienda, suministro de agua, etc.
• Promover un acuerdo entre todas las Administraciones para, de manera urgente,
acometer medidas que contribuyan a paliar los efectos más graves de la crisis
en materia de vivienda, agua, alimentación y energía, especialmente en aquellas
familias que carecen de cualquier tipo de ingreso, centrándose especialmente
en aquellas en las que haya menores y personas con discapacidad.
• Elaborar una Estrategia para la Inclusión de Personas sin Hogar, que incluya un
Plan específico de Atención a Jóvenes Extutelados que aborde la formación, la
vivienda y la prestación que evite el riesgo de exclusión social.
• Tomar todas las medidas posibles para evitar que se produzcan desahucios en
nuestro país.
Mejora de la calidad de los Servicios Sociales
• Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la mejora de la
calidad y cobertura de los servicios sociales, incluidos los centros residenciales.
• Profundizar en la formación y especialización de los profesionales en los
serviciossociales,reforzandolaformacióncontinuada;desarrollandounmodelo
retributivo que reconozca la calidad asistencial; fomentando la autonomía de
gestión; implantando la evaluación y acreditación periódica.
• Potenciar la generación de una comunidad científica que aporte nuevo
conocimiento para la sociedad, apostando por la innovación y las tecnologías de
la información y la comunicación a la promoción de la autonomía personal.
• Mejorar los sistemas de información en servicios sociales, definir los indicadores
de calidad y sistematizar la evaluación de las políticas públicas.
• Fomentar la participación de las personas usuarias de los servicios sociales a
través de órganos formales de participación ciudadana y del fomento del trabajo
social comunitario a través de los servicios sociales municipales.
Alianza con el Tercer Sector
• Crear una alianza con el Tercer Sector para seguir el desarrollo de la Ley 43/2015,
de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
• Mantener un diálogo permanente con las entidades de la sociedad civil y las
personas usuarias de los Servicios Sociales.

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• Transponer con carácter urgente la Directiva Europea sobre Contratación
Pública, en la que se destacan los servicios sociales como sometidos a un
régimen de contratación particular.
• Consensuar un Régimen Especial de Colaboración Contractual para la
Cooperación Social con el Tercer Sector y la incorporación de Cláusulas Sociales
en la contratación pública.
• Desarrollar reglamentariamente la Ley del Voluntariado. Crear un espacio
de interlocución con la Plataforma del Voluntariado y realizar actuaciones
encaminadas al conocimiento y promoción del voluntariado. Impulsar la
formación y la investigación, así como el intercambio formativo y de buenas
prácticas, en colaboración con administraciones y entidades del voluntariado.
Crear el Observatorio del Voluntariado.
Recuperar la atención a las personas en situación de dependencia
• Recuperar los principios inspiradores de la Ley para el adecuado cumplimiento
de sus objetivos. Modificar la Ley para incluir la eliminación de las medidas
incorporadas en la actual legislatura, suprimir las restricciones incorporadas
en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso
con carácter universal, con equidad mediante derecho en el sistema público de
servicios sociales, que se han visto gravemente afectadas.
• Derogar el incremento del copago introducido en esta legislatura.
• Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento e
inspección. Reforzar la gestión pública del sistema, priorizando la titularidad
pública de los recursos sociales, sin perjuicio de que el sector privado pueda
desarrollar actividades complementarias. Desarrollar los aspectos de la ley,
como el caso del asistente personal.
• Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la
dependencia que se vinculen a la reducción de listas de espera, la incorporación
al sistema de todas las personas en situación de dependencia moderada, la
mejor calidad del servicio prestado, y la creación de empleo de calidad.
• Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los
mismos y potenciar la red de centros y servicios, ya que ambas medidas generan
empleo estable y garantizan atenciones de calidad a las personas dependientes.
• Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley por la AEVAL a fin de detectar
las carencias existentes en su aplicación, y poner en marcha las mejoras que se
requieran a partir de las conclusiones y recomendaciones de dicha evaluación.

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• Incorporar con carácter inmediato al Régimen General de la Seguridad Social a
los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia.
Las adicciones: enfoque integral, de la prevención a la reinserción
• Reeditar el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), enmarcado en un sistema
sanitario y social de carácter público.
• Abordar el consumo del alcohol en menores de edad, en coordinación con las
ComunidadesAutónomas,partiendodelconsensosocial,desdelasensibilización
comunitaria, implicando a las asociaciones juveniles y al sistema educativo en
sus diferentes etapas.
• Mejorar los sistemas de información sobre drogas y adicciones, reforzando las
capacidades del Observatorio Español sobre Drogas.
• Impulsar la investigación, con mejora de la dotación de recursos, en los
aspectos más necesarios por menos conocidos (nuevas sustancias, diferencias
de género, condiciones sociales, motivaciones de consumo…) promoviendo la
rápida transferencia de resultados a la práctica clínica.
• Reforzar la cooperación internacional, tanto en la lucha policial, como en
programas destinados a la erradicación de cultivos y en los programas
asistenciales a drogodependientes.
• Promover el debate con participación de todos los actores implicados para
abordar la situación del consumo de cannabis en nuestro país y participar en
los organismos internacionales que estudien la modificación de la Estrategia
UNGASS para conocer las líneas generales de un posible consenso internacional
sobre el cannabis.

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INFANCIA
1.DÓNDE ESTAMOS
La protección de la infancia es uno de los grandes retos para la sociedad española
actual.
Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida las cifras de niños y
niñas que viven bajo el umbral de la pobreza se sitúa en el 30,1% frente al 22,2% de
la población general. Esto significa que más de 2,3 millones de niños y niñas viven en
hogares bajo el umbral de la pobreza.
Las alarmantes cifras de pobreza infantil unidas a la concentración del fracaso escolar
en los niños pertenecientes a familias de rentas más bajas, sitúan el problema más
allá de una cuestión de justicia social, de cohesión social o de equidad. Se convierte en
un asunto intergeneracional y estratégico de país: está comprometiendo la capacidad
de desarrollo y la competitividad futura.
A pesar de esta alarmante situación hemos visto cómo el sistema de protección social
resulta incapaz de dar respuesta a las nuevas necesidades. La gestión de la crisis
realizada por el Partido Popular ha incrementado las desigualdades y ha empobrecido
fundamentalmente a los más pobres, quienes a menudo se han visto abocados a
situaciones de infraprotección o desprotección.
Las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia han sufrido un severo retroceso a
lo largo de esta legislatura. A la escasa cuantía de las prestaciones destinadas a la
infancia, se unen los recortes en los servicios públicos, que inciden sobre todo en las
rentas más bajas. La eliminación del Programa Educa 3, los cambios en las becas
sustituyendo el derecho por renta por los resultados académicos, los recortes en las
cuantías, la eliminación de la universalidad en el acceso a la sanidad, los copagos,
inciden todos ellos en la merma de la capacidad redistributiva de los servicios públicos
y lejos de romper el ciclo de las desventajas suponen un incremento del círculo vicioso
del riesgo de exclusión.
Así, los beneficios fiscales introducidos por el PP para familias numerosas y
monoparentales favorecen a las rentas medias y altas, dejando al margen a quienes
no cotizan a la Seguridad Social y benefician poco a quienes tienen empleos precarios
con bajas cotizaciones.
Los niños y niñas merecen atención prioritaria. Por eso el PSOE articulará medidas
para erradicar la pobreza infantil severa de nuestro país, promoviendo así la
igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida. Las familias con
menores serán objeto de especial atención cuando se vean implicadas en procesos
de desahucio, para evitar su desalojo o garantizarles alternativas habitacionales

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inmediatas. Se reforzarán, así mismo, los servicios de protección infantil, haciendo
especial énfasis en favorecer programas de acogimiento. Garantizaremos el acceso
a escuelas infantiles de calidad a todas las familias que quieran escolarizar a sus
hijos y promoveremos la incorporación de los colectivos más desfavorecidos a estos
centros. Combatiremos la degradación de la calidad los servicios de escuela infantil
provocada por la externalización de la provisión a iniciativas empresariales sin las
necesarias garantías.
Invertir en infancia, y en particular en la lucha contra la pobreza infantil, ha sido
históricamente un empeño de partidos socialistas en toda Europa, que expresa y
fomenta valores centrales del discurso socialdemócrata: justicia equidad y cohesión,
eficiencia y competitividad o solidaridad intergeneracional.
Las políticas dirigidas a hogares con niños y niñas deben valorarse no solo porque
promueven la justicia social y la equidad, sino porque promueven la capitalización
de los recursos humanos de un país y, en última instancia, impulsan el crecimiento
económico.
3.PROPUESTAS
Medidas contra la pobreza infantil: invertir en la infancia, invertir en un futuro más
justo y próspero
• Eliminar la pobreza infantil severa, inaceptable en una democracia avanzada,
mediante una política de garantía de rentas (Sistema integrado de Ingreso
Mínimo Vital).
• Renovar en profundidad el compromiso con la infancia y adolescencia con un
nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, dotado de recursos
económicos y humanos necesarios para que permita su aplicación efectiva.
• Promover que las rentas del trabajo permitan una vida digna a las personas, a
las familias y a sus hijos e hijas. Para ello, revertiremos la situación actual de
devaluación salarial con un Nuevo Estatuto de los Trabajadores, incrementando
la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional; y mejorando la cobertura por
desempleo.
• Reducir la privación material de las familias y de los niños y niñas con baja
renta, especialmente en lo relativo a vivienda, mediante una política integral de
vivienda y rehabilitación, que incluya una efectiva Ley de segunda oportunidad
para deudores hipotecarios, asegurando, en su caso, un alojamiento alternativo,
adecuado y asequible en casos de desahucios de familias con hijos. Asimismo,
se adoptarán medidas que tengan impacto en la reducción de la pobreza
energética.

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• Promoverunaalimentaciónsanayequilibradaparalasnecesidadesnutricionales
de la infancia. De manera inmediata, promover la adecuada alimentación de
la infancia en riesgo de exclusión social, de forma que se garantice una dieta
equilibrada y tres comidas diarias, de forma acordada con las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos.
• Crear un Registro de Sentencias por Impago de Alimentos para conseguir la
efectividad del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
La educación como garantía de igualdad y progreso social
• Extender de manera progresiva el primer ciclo de Educación Infantil que
permita la compensación de desigualdades de origen. Como primer paso, nos
comprometemos a un renovado y ambicioso Plan educa 3, para que, de acuerdo
con las CCAA. y los municipios, se incremente la cobertura en la etapa 0-2 y
universalice a los niños y niñas de 2 años, incluyendo un sistema de becas
para asegurar la gratuidad a los niños y niñas de familias bajo el umbral de la
pobreza. Progresivamente se extenderá la gratuidad al resto de la ciudadanía.
• Eliminar los mecanismos selectivos y de exclusión escolar en el sistema
educativo que ha introducido el Gobierno del PP con la LOMCE, que contribuyen
a la reproducción intergeneracional de las desigualdades en educación.
• Mejorar las tasas de escolarización e idoneidad en Bachillerato y Formación
Profesional, especialmente de los adolescentes y jóvenes con dificultades
personales y sociales.
• Reducirel abandono prematuroy el fracaso escolar y mejorar significativamente
las competencias básicas.
• Recuperar las becas como derecho según la situación de las rentas familiares
y de las cuantías. Se realizarán las modificaciones legales oportunas para
impedir que se retire una beca o no se conceda porque el padre o la madre, o
el tutor legal, haya dejado de pagar una deuda con la administración pública o
impuesto, siempre que se demuestre su insolvencia para pagarlo, de tal forma,
que se garantice los derechos de la beca a quien permite estudiar o comer.
Asimismo, será inembargable por administraciones públicas o privadas.
• Promover la educación en la igualdad de oportunidades y de trato, el respeto
a la diversidad, la convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la
xenofobia, y la educación en los derechos humanos, recuperando la asignatura
de Educación para la ciudadanía; e impulsando la participación de los niños
y niñas en la educación informal, mediante el apoyo a las organizaciones de
infancia.

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Derecho universal a la protección de la salud. La atención al niño sano
• Desarrollar las acciones más efectivas en la prevención de la obesidad infantil
con los recursos económicos necesarios, en el marco de una Estrategia contra
la Obesidad Infantil y los trastornos de alimentación, especialmente en los
ámbitos familiar y comunitario y escolar.
• Reforzar la atención a la salud de niños, niñas y adolescentes en las Estrategias
de Salud, especialmente en lo referido a la salud mental infanto-juvenil y a la
educación afectivo-sexual en el marco de la salud sexual y reproductiva.
• Incluir en la Cartera de Servicios las medidas de prevención y detección precoz
con evidencia científica de su eficacia y pertinencia.
• Aprobar una Estrategia integral frente a la violencia contra la infancia de
acuerdo con los servicios sociales, las CCAA y la FEMP y la participación de
organizaciones de infancia.
La calidad de los servicios sociales de infancia
• Reforzar las políticas preventivas dirigidas a evitar las circunstancias que dan
lugar a la necesidad de separar a los menores de su entorno familiar.
• Elaborar una Guía de Buen Gobierno en la protección de la infancia, con todas
las partes implicadas.
• Crear un programa I+D+I sobre infancia, mediante la financiación de estudios a
las Universidades y Centros de investigación.
• Reforzar el nivel de atención primaria de Servicios Sociales de atención a la
infancia, orientado a la promoción de la participación, prevención y detección
precoz riesgo social.
Adopción y acogimiento
• Mejorar los beneficios sociales y fiscales de las familias acogedoras,
proporcionalmente a las responsabilidades que asumen.
• Promover campañas de sensibilización sobre el acogimiento familiar y las
familias colaboradoras.
• Promover, de acuerdo con las CCAA, el acogimiento familiar de calidad, con
el fin de que los niños, niñas y adolescentes tengan experiencias positivas de
vida familiar, con apoyo a las familias acogedoras, en calidad e intensidad
necesaria.

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• Garantizar el acogimiento familiar frente al residencial para los niños y niñas
menores de seis años separados temporalmente de sus familias de origen,
salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada. Garantizar el
acogimiento familiar profesionalizado para las situaciones que lo requieran.
• Desarrollar programas de atención a niños y niñas en situaciones de riesgo
con el fin de mantener, cuando sea posible, a los menores en sus familias en
las mejores condiciones posibles, previniendo la separación innecesaria de sus
familias.
• Establecerpolíticasurgentesencaminadasaimpulsarlaadopcióninternacional,
iniciando los procedimientos para la apertura en países donde sí adoptan el resto
de miembros de la UE y que permita que nuestras familias puedan disfrutar de
las mismas opciones a las que optan el resto de los ciudadanos europeos.
• Desarrollar programas de atención integral a los y las jóvenes de más de 18 años
a la salida de los dispositivos de protección infantil, que tengan como objetivo la
promoción de su autonomía personal.
• Reforzar el nivel de atención primaria de Servicios Sociales en el seguimiento
de las adopciones y acogimientos
Hacer efectiva la participación de la infancia
• Presentar un informe del Gobierno sobre calidad de vida de la infancia, que
servirá de base para la construcción de un Pacto parlamentario sobre políticas
de infancia.
• Impulsar la participación de niños, niñas y adolescentes, como sujetos activos,
no como meros objetos de protección. Para ello, cooperaremos de manera
especial con la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), y teniendo en
cuenta las actuaciones de participación de la infancia impulsadas desde los
municipios.

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FAMILIAS. NUEVOS MODELOS DE FAMILIA
1.DÓNDE ESTAMOS
La progresiva incorporación de la mujer a la vida económica, social y laboral junto a los
avances en derechos civiles ha modificado radicalmente la estructura familiar, dando
lugar a modelos diversos que requieren de una regulación tanto en su reconocimiento
jurídico como en el régimen de ayudas.
El modelo de familia con doble fuente de ingresos se ha generalizado. En estas
condiciones, los problemas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal se
han hecho cada vez más acuciantes. Ello requiere atención inmediata antes de que
las responsabilidades de cuidado vuelvan a provocar la re-feminización indeseada del
sistema y el retroceso en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Además de la conciliación, la escasa cuantía de las ayudas familiares, de hijos a cargo
ha sido una constante en el sistema de protección social si lo comparamos con el
resto de países europeos. De forma que si contemplamos los últimos datos de la
Encuesta de Condiciones de Vida del INE, podemos comprobar que todas las familias
con hijos a cargo se sitúan en un riesgo de pobreza por encima de la media de la
población (22,2%), hasta alcanzar el 42% en las monoparentales.
Esta situación se ha visto agravada por las políticas de recortes y retrocesos del
Partido Popular. El impacto de la reforma laboral ha sido más intenso en las mujeres
y ha dificultado la conciliación. La desaparición del Programa Educa 3 y la supresión
del concepto educativo han significado un enorme lastre para las familias de menos
recursos y un elemento desigualdad para los niños y niñas. Los recortes en las
ayudas a cuidadores familiares y la supresión de la cotización a la Seguridad Social
ha sido otro elemento de empobrecimiento en las familias afectadas y de hándicap a
la conciliación.
ElPSOEvaaofrecerrespuestasalasnecesidadesdetodaslasfamilias.Promoveremos
medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Esto
supone desarrollar iniciativas que permitan a las familias buscar fuera los cuidados
de niños y niñas o personas dependientes en todas aquellas situaciones en que
los miembros de la unidad familiar puedan ver comprometidas sus oportunidades
de participación en el mercado de trabajo y de realización profesional por dichas
responsabilidades de cuidado.
Paralelamente, nos proponemos insistir en la cultura de corresponsabilidad en el
ámbito del hogar, fundamentando un nuevo Pacto de Género. La principal herramienta
en este sentido es el desarrollo de programas de permisos parentales iguales y no
transferibles para hombres y mujeres, homologables a los que se han aplicado en
los países escandinavos. Junto a esta herramienta, hay que seguir insistiendo en la

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necesidad de que organismos públicos y empresas se abonen a nuevas formas de
organización horaria y prácticas de flexibilidad que se acomoden a las necesidades de
las familias, incluido el teletrabajo.
3.PROPUESTAS
Nueva Ley de familias
• Elaborar una Ley de Familias con el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades y el acceso a los bienes y servicios públicos, contribuyendo a la
redistribución de la renta y la riqueza de las familias. Dicha reforma incluirá
a todos los modelos de familia, con independencia de circunstancias tales
como el estado civil, la orientación sexual o el origen de la filiación, y atenderá
situaciones que requieren protección y que actualmente no se contemplan en la
ley, o se hace de manera insuficiente, entre las cuales se incluirán las familias
monoparentales, las numerosas, las que cuenten con progenitores o hijos e
hijas con discapacidad, o las familias acogedoras.
Desarrollo de Servicios que favorezcan la conciliación y la natalidad
• Desarrollar los servicios públicos con criterios de equidad orientados a: romper
el ciclo de las desventajas de origen en los niños y niñas; proporcionar un
sistema de cuidados a los adultos, de forma que se favorezca la conciliación
para hombres y mujeres y se facilite la natalidad.
• Fomentar las nuevas tecnologías vinculadas a los cuidados en el domicilio.
Medidas laborales de apoyo a la conciliación
• Aplicar las 4 semanas previstas en la Ley de Igualdad de los permisos de
paternidad de manera obligatoria e intransferible e ir progresivamente
ampliando la duración del mismo hasta hacerlo coincidir con el permiso de
maternidad.
• Introducir criterios de flexibilidad en el disfrute de estos permisos, adaptándolo
a las necesidades de la familia.
Ayudas por hijo o hija a cargo
• Extender la cobertura y cuantías de la prestación no contributiva de la Seguridad
Social por hijo a cargo a todas las familias bajo el umbral de la pobreza, incluida
en el Ingreso Mínimo Vital.

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PERSONAS MAYORES
1.DÓNDE ESTAMOS
Las personas mayores son una parte importante de la sociedad en términos
cuantitativos (8.400.000 habitantes en España son mayores de 65 años), pero también
desde el valor de lo que son, de lo que representan y de lo que aportan.
EnEspaña,elsectordepoblaciónmayorde65añosrepresentael18,05%delapoblación
total, pero hay que destacar una tendencia demográfica al mayor envejecimiento, ya
que actualmente el 31,4% de las personas mayores tienen más de 80 años, de las que
el 59% son mujeres.
Junto al proceso creciente de envejecimiento demográfico, desde hace años se están
produciendo profundos cambios sociológicos que afectan a las formas de vida y a la
propia composición y estructura de las familias y también a las relaciones personales
y sociales que se vienen desarrollando en nuestro país. En este sentido, se observa
una tendencia en las personas mayores a permanecer en su hogar, lo confirma el
hecho de que más de un millón y medio de personas de más de 65 años viven solas.
En el caso de las mujeres, las que viven solas representan una cuarta parte.
En España se ha incrementado un fuerte apoyo familiar entre generaciones; el 70%
de los abuelos y abuelas cuidan o han cuidado a sus nietos y el 49% lo hacen a diario.
Responder a los nuevos requerimientos de la sociedad española, consciente de los
cambios demográficos que reflejan que las personas de edad son un grupo de la
población que está aumentando paralelamente al incremento de la esperanza de vida.
El incremento de la esperanza de vida y una mejora de las condiciones físicas e
intelectuales es fruto del éxito del sistema de protección social, de universalización de
las pensiones, de la sanidad y del sistema de servicios sociales con la incorporación
de la ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas
dependientes.
Esteeselmomentoparaintroducirloscambiosquenospermitanrealizarlasreformas
sociales dirigidas a garantizar “el envejecimiento como un éxito y una oportunidad”,
y también como un activo, no solamente como un demandante de recursos;
aprovechando sus habilidades y herramientas y contando con su participación activa
en la vida social, cultural y política.
El Partido Socialista se suma a la idea de la OMS del “envejecimiento activo”, como
proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el
objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.

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3.PROPUESTAS
Mantenimiento y Sostenibilidad de las pensiones
• Mantener nuestro compromiso con el sistema público de pensiones.
• Derogar la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la
Seguridad Social.
• Reinstaurar el papel del Pacto de Toledo como espacio necesario de debate,
acuerdo, estabilidad y garantía del Sistema de Pensiones, apoyando la
participación y representación en este foro del Consejo Estatal de Personas
Mayores.
• Revisar el copago farmacéutico para tener en cuenta criterios de necesidad y
cronicidad para evitar que siga siendo una barrera de acceso, en especial para
pensionistas en situación de riesgo socieconómico.
Promoción del aprendizaje permanente a lo largo de la vida (Plan concertado con
las CCAA)
• Promover programas culturales y universitarios para personas mayores.
• Impulsar la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación de las personas mayores.
Modernización y nuevos Programas de Turismo Cultural y Social del IMSERSO
• Fortalecer el programa que permite el acceso al ocio a las personas mayores
a unos precios razonables, permitiendo al mismo tiempo unos claros retornos
económicos y laborales derivados del mantenimiento de la actividad económica
y el empleo durante la temporada baja.
• Impulsar, en el marco de la Unión Europea, un programa comunitario de turismo
cultural y social que permita la movilidad entre países de las personas mayores,
lo que supondrá un apoyo a la demanda turística de los diferentes Estados
miembros y además los intercambios pueden constituir un impulso notable en
la promoción de las ideas europeístas dentro de este importante y creciente
colectivo de población.
Envejecimiento activo en los entornos rurales
• Impulsar un Plan Concertado con las CCAA para la promoción del envejecimiento
activoenentornosruralesqueincluyalucharcontralabrechadigital,generalizar
programas de teleasistencia y programas interactivos.

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Mejorar los marcos jurídicos y administrativos para garantizar que las personas
mayores estén mejor protegidas
• Revisar la regulación de la incapacidad y la tutela, adecuándola a la Convención
de Naciones Unidas para impedir que muchas personas mayores con deterioro
cognitivo pierdan su capacidad de actuar o tomar decisiones.
• Promover y difundir la autotutela.
• Difundir entre las personas mayores su derecho al testamento vital y a una
muerte digna.
• Mejorar la protección de los consumidores especialmente de las personas
mayores más vulnerables, ante prácticas comerciales abusivas incluidas las
bancarias, financieras y de aseguramiento.
• Promover y regular la creación de Comités de Bioética Asistencial en Centros
e Instituciones prestadoras de servicios y de Comisiones de Humanización que
contribuyan a la personalización del cuidado.
Desarrollo de políticas de urbanismo y vivienda en las que se tengan en cuenta las
necesidades de las personas
• Facilitar el acceso a las ayudas para adaptación o rehabilitación de la vivienda
para abordar los desafíos del envejecimiento, fomentando así que las personas
mayores no tengan que abandonar su entorno, su barrio y su gente.
• Promover espacios domésticos abarcables y seguros y facilitando la
incorporación de las TICs.
• Apoyar y promover nuevos modelos colectivos e innovadores de convivencia
que den respuesta a las actuales demandas de las personas de edad avanzada
relacionadas con la soledad y la necesidad de atenciones y servicios para el
mantenimiento de su calidad de vida.
• Sumarnos al proyecto de la OMS sobre “ciudades amigas de las personas
mayores”, ciudades que se comprometen en avanzar progresivamente para
que el entorno sea cada día más fácil y amable, mejorar el mantenimiento del
mobiliario urbano, el disfrute de espacios verdes, la limpieza, la seguridad
y la accesibilidad. Crear y mantener espacios públicos de convivencia
intergeneracional, evitando la creación de guetos por edades.

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DISCAPACIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES Y DERECHOS DE CIUDADANÍA
1.DÓNDE ESTAMOS
En España, aproximadamente un 8% de la población tiene alguna discapacidad, de
las que casi el 60% son mujeres y el 58% tienen más de 64 años. Colectivo importante
de la ciudadanía con iguales derechos que deben formar parte de la sociedad sin que
tengan que sortear barreras y dificultades.
Durante esta legislatura, el PP se ha limitado a la elaboración del Texto Refundido de
la Ley General de los Derechos de las personas en situación de discapacidad y de su
inclusión social, sin que haya habido avances sobre los derechos regulados en la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni se ha abordado la modificación de
leyes implicada en la aplicación efectiva de la Convención
Por el contrario las personas con discapacidad en general y los menores, de forma
especial, han sufrido con dureza los cambios de la dependencia, en especial el
incremento de los copagos y la introducción de incompatibilidades.
No se ha abordado el desarrollo de las lenguas de signos españolas ni de otras
alternativas a la eliminación de las barreras tanto físicas como sensoriales.
ElcompromisodelPSOEparalospróximosañosesavanzarenunmodelodeconvivencia
que logre eliminar las barreras que dificultan a las personas con discapacidad el
acceso a las mismas oportunidades para su plena integración.
En esta dirección y como marco de referencia para los derechos de las personas
con alguna discapacidad, Naciones Unidas ha aprobado la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo el 13
de diciembre de 2006, ratificado por España en abril de 2008. A partir de su entrada en
vigor, el Gobierno socialista impulsó la aprobación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto,
de Adaptación de la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
En este marco pretendemos desarrollar nuestras medidas para hacer efectivos los
derechos recogidos en esta Convención.
3.PROPUESTAS
En derechos políticos y civiles
• Reformar el artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término “disminuido”
por el de personas con discapacidad, en la consideración de las capacidades

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diferentes de las personas, derivadas de la formación, posibilidades diversas y
la plena integración social y laboral.
• Modificar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, las leyes orgánicas que
regulan el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, el Código Penal y la Ley del
Jurado, para adaptar dichas normas a lo establecido por la Convención.
• Modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de hacer
efectivo el derecho a ejercer el voto a las personas con discapacidad que hoy lo
tienen vedado.
Desarrollo de los derechos sociales
• Emitir informes anuales sobre el cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
• Promover ámbitos de interlocución con las organizaciones representativas de
los colectivos de discapacidad.
• Diseñar la Estrategia de la Discapacidad en el Medio Rural.
• Aprobar un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que contemple las
especiales dificultades de las mujeres con discapacidad (casi el 60%) en los
ámbitos laborales, educativos, de acceso a servicios y, de forma específica, la
Violencia de Género.
Educación inclusiva
• Aprobar un Plan Nacional de Reactivación de la Educación Inclusiva de Personas
con Discapacidad, que contemple planes de atención educativa individualizados
que aborden todas las dimensiones de la persona, incluida la educación sexual
en personas con discapacidad intelectual.
• Reforzar el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad
dirigido a incrementar el nivel formativo de las personas con discapacidad.
• Incluir en los planes de estudio universitarios la materia de “accesibilidad
universal” en las carreras que se identifiquen (ingenierías, arquitectura,
tecnologías ambientales, trabajo social…)
Derechos Laborales
• Elaborar una normativa marco para la Inclusión Laboral de Personas con
Discapacidad, en el marco del nuevo Estatuto de los Trabajadores, que regule,
con criterios innovadores, la nueva realidad laboral de la discapacidad española.

| EL ESTADO SOCIAL
• Promover la Estrategia de Inclusión Laboral 2015-2020, en favor de las personas
con discapacidad.
• Potenciar los Centros Especiales de Empleo como instrumentos imprescindibles
de generación de empleo de calidad para las personas con discapacidad,
especialmente los de Economía Social.
• Recuperar líneas de ayuda en políticas activas dirigidas a la discapacidad,
orientadas a favor de las mujeres con discapacidad y a aquellos casos con más
baja empleabilidad.
• Establecermedidasespecíficasdeapoyoalempleodepersonascondiscapacidad
en los pliegos de contratación de bienes y/o servicios de las administraciones
públicas.
• Reforzar las actuaciones de la Inspección del Trabajo en la vigilancia del
cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad.
Accesibilidad universal: Convivencia sin barreras
• Introducir en todas las políticas que intervienen en el diseño del espacio público
de convivencia el concepto de accesibilidad universal.
• Mejorar, mediante un Protocolo de Intervención Temprana, la coordinación y
colaboración entre los servicios de los diferentes ámbitos implicados: salud,
educaciónyserviciossociales,sistemasdecomunicación,desventajaseducativas
y formativas, barreras físicas en el diseño urbano, medios de transporte, diseño
de edificios públicos o viviendas.
• Aprobar un Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad a bienes y
serviciosdelasAdministracionesPúblicas,enelquesecontemplelaeliminación
de barreras bajo el criterio de Accesibilidad Universal.
• Modificar la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal para facilitar las
reformas dirigidas a asegurar la accesibilidad de los edificios.
• Promover un acuerdo entre las CCAA para destinar recursos a ayudas para la
adaptación de edificios.
• Crear un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto
ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información,
un 1% se destine a la accesibilidad física y tecnológica, en aplicación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Regularlaaccesibilidadcognitivaparalaspersonascondiscapacidadintelectual,
con el objetivo de que puedan entender e interpretar el entorno.

| EL ESTADO SOCIAL
• Mejorar la accesibilidad auditiva mediante el diagnóstico precoz y la intervención
temprana.
• Desarrollar la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas
de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.
• Facilitar aquellos medios técnicos que permiten la eliminación de barreras a
estos colectivos (audífonos, implantes, etc.)
• Exigir el cumplimiento de las cuotas de subtitulación, uso del lenguaje de signos
y audiodescripción de las cadenas de televisión públicas y privadas.
• Promover un plan de transporte accesible, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, que permita la eliminación de barreras físicas, sensoriales y
cognitivas.
Prestaciones Públicas orientadas a la inclusión
• Compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con
el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el
estado de la persona con la invalidez.
• Excluir de los ingresos computables a efectos de la carencia de rentas, el importe
de las becas o compensaciones por la realización de prácticas profesionales
laborales de personas con discapacidad.
• Derogar el incremento del copago en el Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia introducido en esta legislatura, así como el sistema de
incompatibilidades. Revisión de los copagos farmacéuticos.

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EL DEPORTE
1.DÓNDE ESTAMOS
Eldeportesedefinecomotodaformadeactividadfísicaquemedianteunaparticipación
organizada o no, tiene como objetivo la expresión o la mejora de la condición física
y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en
competición de todos los niveles.
Si las cifras globales en torno al deporte muestran una realidad homologable con
nuestro entorno europeo, la gestión administrativa y política del deporte desde
la responsabilidad del Gobierno no lo es. El deporte en España pasa por graves
problemas económicos y organizativos, multiplicándose los conflictos en todos los
sectores, provocados en gran medida por la falta de liderazgo y de objetivos bien
determinados del Gobierno del PP. Los graves desencuentros en torno a la Licencia
Única Deportiva, las inspecciones de trabajo al deporte base, el ninguneo al COE, o
a las Federaciones deportivas no afines, la desaparición de las ayudas al deporte
vía Presupuestos Generales del Estado, o la polarización en torno a los deseos y
prerrogativas de la Liga de Fútbol Profesional, han marcado un recorrido del Consejo
Superior de Deportes y de las políticas deportivas del Gobierno especialmente caótico
y rechazable.
El Gobierno ha ido, por otra parte, devaluando los presupuestos dedicados al Deporte,
sin inversiones, sin ayudas significativas al deporte base, al escolar o al universitario,
acudiendo a la concesión de beneficios fiscales, que no cubren apenas gastos en la
mayoría, a la celebración en España de competiciones internacionales y hundiendo el
apoyo al deporte de élite.
El deporte se considera un elemento cada vez más importante de la educación, debido
a que aporta valores y enseñanzas de gran importancia como el trabajo en equipo, la
perseverancia o la inclusión social.
Por lo que debe inculcarse a edades muy tempranas de manera que llegue a
convertirse en un hábito durante los 10 primeros años de vida.
Al mismo tiempo constituye un elemento de mejora de la calidad de vida de quienes
lo practican, previniendo muchos problemas de salud. Es una alternativa saludable y
segura de ocio para los jóvenes puesto que es un idioma universal que está configurado
como uno de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de
la sociedad actual.
Además el deporte es un fenómeno de promoción de nuestra imagen como país
hacia el exterior, sin olvidar su importante peso en nuestra economía, como constata
el hecho de que supone el 3% del Producto Interior Bruto y se ha convertido en un

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elemento de modernización industrial y tecnológica.
El deporte es un fenómeno que ha ido adquiriendo una gran relevancia en la sociedad
española, principalmente durante los últimos años en los que hemos asistido a los
mayores éxitos individuales y colectivos de nuestros deportistas en una gran variedad
de disciplinas. Ello ha contribuido decisivamente a generar una cultura deportiva
mayor en nuestra sociedad.
Por todo ello la política deportiva del Gobierno se debe abordar desde una perspectiva
integral y plantear una estrategia de objetivos que aspiramos alcanzar como país de
cara al año 2025.
ElprimercompromisodeGobiernodebeconsistirenelaborarunPlanEstratégicopara
elfuturodeldeporteespañol.ConlaparticipacióndelasComunidadesAutónomasylos
agentes del sector, en el que se delimiten los objetivos estratégicos del deporte, tanto
en el gobierno central, como en las Comunidades autónomas, en aquellas materias
que afecten transversalmente, al deporte, y sobre todo, sus implicaciones para los
agentes y sectores implicados, dotando a los mismos de mayores competencias,
como consecuencia de la transformación, que ha sufrido el deporte en las últimas
décadas. Esto exige como punto de partida dotar a las políticas públicas deportivas
de un doble consenso, político y sectorial, definiendo así el sistema deportivo hacia el
que queremos evolucionar.
En nuestro país, el sistema competencial convierte al deporte en una materia
concurrente del conjunto de administraciones públicas y niveles de gobierno.
Pero también es imprescindible la búsqueda de consenso en el sector, puesto que
en torno al deporte se articula una de las mayores manifestaciones del movimiento
asociativo en España, combinado con colectivos empresariales que tienen en el
deporte su principal actividad.
Este doble consenso exige liderazgo y para ello reforzaremos el papel del Consejo
Superior de Deportes.
La Estrategia 2025 se basa en 4 objetivos:
Fortalecimiento de la actividad física en la sociedad e igualdad en el deporte
Nuestro proyecto debe pasar por seguir trabajando para obtener un acceso real a la
actividad física con las máximas garantías de calidad y seguridad. El deporte debe
incorporarse a los hábitos cotidianos de las personas; con nuestros chicos y chicas
escolares haciendo ejercicio físico diariamente de modo frecuente y continuado. Ello
será clave para combatir uno de los principales retos de salud como es la obesidad
infantil. La actividad física y el deporte deben incorporarse plenamente en la
prevención primaria y secundaria del sistema público de salud.

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Se debe buscar además una igualdad efectiva y real en la práctica deportiva de las
mujeres, así como en las funciones profesionales y directivas de las organizaciones
deportivas. Estamos decididos a romper la asimetría de género en el deporte, ya que
como constata la última encuesta de hábitos deportivos, hay una diferencia de 18
puntos entre la práctica deportiva entre hombres y mujeres.
Promover e impulsar el acceso de la mujer a los puestos de responsabilidad y decisión
en el deporte, en especial en los órganos directivos de las federaciones deportivas, de
forma proporcional al número de licencias femeninas en cada una de ellas.
Se hace necesario incentivar las competiciones universitarias y de educación primaria
y secundaria, integrando la actividad deportiva en el día a día de colegios, institutos e
universidades, facilitando así la continuidad de la actividad física, como complemento
de la formación educativa, así como fomentar las actividades deportivas mixtas.
El Ministerio de Sanidad ha prestado escasa atención a la práctica deportiva dentro
de la Estrategia NAOS, ya que sólo ha atendido a las dietas saludables, obviando los
30 minutos de actividad física, que todos los documentos señalan dentro de la misma.
En este sentido, creemos, que se debe impulsar el área de la actividad física, que ha
sido la gran olvidada de la Estrategia NAOS.
Juego Limpio Deportivo
La UNESCO vincula el concepto de “juego limpio” a la honestidad, la dignidad, el
respeto, el trabajo de equipo y el compromiso como valores esenciales para una
adecuada práctica deportiva.
Impulso del deporte como factor de crecimiento económico y generación de empleo
La práctica del deporte contribuye a la creación de empleo y al desarrollo económico
sostenible, tanto de la industria como de los servicios.
El deporte de alta competición constituye, por su impacto social, una pujante actividad
económica y aporta valor añadido a otros sectores por su potencial multiplicador
como soporte publicitario.
Consolidación de los éxitos deportivos de España
El éxito que ha conocido el deporte español en los últimos años se ha basado, en buena
medida, en la conceptualización de la política deportiva como una política de Estado y
de consenso político y sectorial. Es importante establecer las líneas de comunicación
con las entidades que desarrollan el deporte base, y conocer sus necesidades. Sin
deporte base no hay éxitos deportivos futuros.
Es imprescindible, por tanto, que se retome el consenso político e institucional en el
que los responsables políticos de los gobiernos autonómicos y los agentes sectoriales

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en su ámbito, participen en la toma de decisiones de los principales asuntos que
afectan a esta materia.
3.PROPUESTAS
• Elaborar una ESTRATEGIA 2025 para el Deporte con cuatro ejes: Fortalecimiento
de la actividad física en la sociedad e igualdad en el deporte; Juego Limpio
Deportivo y fomento de los valores en el deporte; Impulso del deporte como
factor de crecimiento económico y generación de empleo; Consolidación de los
éxitos deportivos de España.
Fortalecimiento de la actividad física en la sociedad e igualdad en el deporte
• Impulsar la regulación del ejercicio profesional del deporte, con el objetivo de
proteger la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios de los servicios
deportivos, así como garantizar la calidad en la prestación de los mismos.
• Acordar con todos los sectores afectados una reformulación de la distribución
de la recaudación del impuesto sobre actividades del juego en todas sus
modalidades, más equilibrada, apoyando al deporte base y al femenino.
• Devolver a las políticas públicas deportivas un consenso social e institucional y
sectorial.
• Elaborar una nueva Ley del Deporte y del Deporte Profesional, con el máximo
consenso de la ciudadanía, los deportistas, incluidos los que sufren algún tipo
de discapacidad, y sus organizaciones, para alcanzar la transparencia necesaria
y las fórmulas democráticas adecuadas para las organizaciones deportivas
e incorporando una regulación profesional de la actividad física en todos sus
niveles.
A.Incluir en la legislación un Estatuto del Deportista que desarrolle sus
derechos y deberes, donde se dé respuesta a la definición del deportista
profesionalautónomoyasalariado,alosderechosdeimagen,alaslicencias
profesionales, a las bajas por embarazo, a los derechos y obligaciones
cuando participa en la selección nacional, a las cotizaciones a la Seguridad
Social de los deportistas de élites, a las profesiones deportivas.
B.Introducir elementos de sostenibilidad económica de las entidades
deportivas, la negociación colectiva y la representación laboral de
los deportistas profesionales, abordar aspectos como el tope salarial
o los derechos audiovisuales, así como establecer mecanismos de
resolución de conflictos y de control económico-financiero.
• Revisar y proponer las alternativas necesarias para regular convenientemente
y de acuerdo con la legalidad vigente en el ámbito laboral y las peculiaridades

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de cada modalidad deportiva, las actividades remuneradas que se realizan en el
seno de los clubes y entidades deportivas; así como las medidas oportunas para
asegurar el mantenimiento de la consolidada red de voluntariado en el deporte,
que realizan una labor altruista y cuya compensación económica por los gastos
que ocasiona la actividad desarrollada, en modo alguno pueden considerarse
como salario.
• Reforzar el papel del Consejo Superior de Deportes, mediante su transformación
en un auténtico órgano rector del Deporte.
• Impulsar desde el Consejo Superior de Deportes la creación del Consejo de
Autoridades Locales del Deporte, estableciendo mecanismos de cooperación
directa en materia deportiva, entre el gobierno central y las entidades locales.
• Consolidar un modelo de cooperación entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas, respetuoso con las competencias
autonómicas y que impida hechos como la implantación unilateral de la Licencia
Única Deportiva, el acoso con ánimo de derribo del deporte base, el voluntariado
deportivo, entre otros, eliminando o minimizando los conflictos competenciales o
solapamientos de funciones entre las federaciones autonómicas y las estatales,
prevaleciendo siempre los intereses generales y deportivos.
• Retomar el impulso al Plan Integral de Actividad Física de manera coordinada
con las CCAA, gobiernos locales, organizaciones deportivas, sindicales y
empresariales.
• Impulsar el deporte escolar, extendiendo las actividades deportivas a los
centros educativos. Para ello elaboraremos, en colaboración con las CCAA y los
gobiernos locales, planes de formación de entidades deportivas en los centros
educativos y la creación de competiciones escolares.
• Fomentar becas a aquellos talentos del deporte para que puedan cursar estudios
y seguir con su progresión deportiva.
• Fomentar las infraestructuras deportivas de uso público y gratuito e impulsar
programas y planes de adecuación de las infraestructuras que permitan avanzar
en obtener un acceso real a la actividad física con las máximas garantías de
calidad y seguridad.
• Aprobar un plan de igualdad y participación entre mujeres y hombres, en el
ámbito deportivo.
• Garantizar el equilibrio en las ayudas, becas y convenios económicos públicos
para el fomento de la actividad en los distintos deportes, eliminando cualquier
discriminación y atendiendo exclusivamente a criterios de méritos deportivos y
actividad desarrollada.

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• Asesorar al alumnado de primaria, secundaria y bachillerato en la asignatura de
educación física, a través de un plan deportivo para el alumnado que no realiza
ningún deporte base con oferta de actividades de multideporte.
• Fomentar y difundir el deporte adaptado en todas las categorías.
• Incentivar desde las administraciones públicas la creación de competiciones de
ámbito territorial (municipal, comarcal, provincial...)
Juego Limpio Deportivo
• Perfeccionar los procedimientos para eliminar de raíz el dopaje y la violencia
en el deporte.
• Reforzar los medios y el papel de la Agencia Estatal Antidopaje mejorando la
capacidad de prevención y control a través de la elaboración de un protocolo de
colaboracióndelaagenciaconJueces,FiscalesyFuerzasyCuerposdeSeguridad
del Estado, que sirva para formar a operadores jurídicos e institucionales en la
lucha contra una de las principales lacras de nuestro deporte, previniendo el
dopaje no solo en el deporte de alto nivel, sino también en la actividad física
cotidiana, así como en las competiciones no profesionales.
• Elaborar un Plan Nacional de Prevención de la Violencia, el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte: que dé cumplimiento efectivo a las
disposiciones de la Ley Orgánica que regula esta materia desde 2007 e incida
sobre las medidas preventivas desarrollando cursos y seminarios para los más
jóvenes en colaboración con clubes y federaciones.
Consolidación de los éxitos deportivos de España
• Transformar la Conferencia Interterritorial del Deporte en una auténtica
Conferencia Sectorial en la que los responsables políticos de los gobiernos
autonómicos participen en la toma de decisiones de los principales asuntos que
afectan a esta materia.
• Apoyar e impulsar a las Federaciones Deportivas mediante un Real Decreto
de Modernización y Gobernanza de las Federaciones Deportivas, que defina
instrumentos de mejora de la gestión de las mismas, de aumento de la
transparencia en sus relaciones externas y de formación, así como de fomento
de la igualdad de género en sus órganos directivos.
• Modernizar el Programa ADO a partir del diálogo institucional y sectorial,
para asegurar la adecuada formación de nuestros deportistas durante el ciclo
olímpico.
• Mejorar el reconocimiento social al deportista.

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• Promover la elaboración de un Plan de Adaptación de los Deportistas
Profesionales y de Alto Nivel, que mejore la regulación en los siguientes
aspectos:
- Realizar Convenios con instituciones educativas para adaptar la formación
académica de los deportistas de alto nivel (DAN).
- Reconocer el Estatuto de DAN para obtener una puntuación en el acceso a
diversos cuerpos funcionariales en los que se requieren pruebas físicas.
- Posibilitar la equiparación al Estatuto DAN con un título de formación
profesional, reconociendo la experiencia laboral de los deportistas.
- Crear la Oficina de Tutorización Laboral y Académica de los DAN que los
apoye en su formación académica y laboral.

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VIVIENDA Y DESARROLLO URBANÍSTICO
1.DÓNDE ESTAMOS
La liberalización del suelo y la política del todo urbanizable puestas en marcha por
el Gobierno del PP en 1998, junto con la liberalización de las hipotecas (eliminando
límites de tiempo y de porcentajes de renta dedicados a la amortización), además
del cambio de tipos fijos a variables que hizo fácil el acceso al crédito, supusieron
el arranque de la burbuja inmobiliaria. En 1997, año de inicio del auge, el crédito
inmobiliario (promotor, constructor y comprador) suponía el 28,4% del PIB de España.
En 2007, año del pinchazo de la burbuja, dicha proporción había ascendido hasta el
102,9% del PIB. La política monetaria era ya competencia del Banco Central Europeo,
que no adoptó ninguna medida para frenar tal aluvión de financiación, que los bancos
obtenían sobre todo en los mercados mayoristas de dinero
El efecto inmediato fue la sobrevaloración de los inmuebles y del suelo, el aliciente
para las recalificaciones urbanísticas por el incremento vertiginoso de los ingresos
municipales, la dinamización del sector inmobiliario, una amalgama de corrupción a
todos los niveles en forma de sobrefinanciación o de pago de obras y paralelamente
la constitución de una bolsa creciente de familias atrapadas por obligaciones
hipotecarias.
Un efecto social negativo fue que los precios de las viviendas crecieron muy por encima
de los salarios. En 1997 el precio de mercado de la vivienda equivalía a 4,3 salarios
medios anuales, y el esfuerzo de acceso era del 28,4% de los ingresos familiares.
En 2007, el precio de la vivienda equivalía a 9 veces el salario medio anual, con lo
que el esfuerzo medio de acceso superaba el 51,2% de los ingresos familiares. Esta
proporción implicaba la imposibilidad de acceso a la vivienda en propiedad mediante
préstamo hipotecario a los hogares de nueva creación
El estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008 no ha afectado a todos por igual:
mientras han surgido nuevas formas de negocio mediante una nueva especulación de
un bien indispensable como es la vivienda que permite se cuenten por millares los
edificios construidos, pero sin vida, que recorren todo el territorio nacional, existen
miles de familias se enfrentan a un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso
que, con demasiada frecuencia, concluye con desalojos y desahucios y el arrastre de
deudas que les impiden rehacer su vida.
A 31 de diciembre de 2014 había en España 535.734 viviendas de nueva construcción
no vendidas, cuyo ritmo de reducción es muy moderado y de las que un 30% son de
muy difícil venta por su ubicación. Sareb tiene unos 100.000 inmuebles por vender.
Todo ello revela que se construyeron viviendas por inercia en 1997-2007 sin relación
con la demanda efectiva de viviendas.
El panorama actual en nuestras ciudades es que conviven dos realidades antagónicas:
por un lado, miles de viviendas vacías propiedad de entidades financieras, y por otro

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lado, miles de familias sin capacidad de acceso a la vivienda, y que demandan a la
Administración que les garantice sus derechos constitucionales a una vivienda digna.
Tras una Legislatura en la que la perdida de la vivienda y el drama social de los
desahucios han monopolizado el debate público, sigue siendo muy complicado el
acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.
No debe perderse de vista el papel que ha desempeñado la construcción como
motor de la economía y de la creación de empleo. Una actividad constructiva bien
modulada, ajustada a las necesidades que imperan en la población, no sólo es
conveniente sino necesaria para atender una necesidad básica de la ciudadanía
como es el acceso a la vivienda, así como para volver a ser ese motor que produzca
actividad económica en el territorio y con ello se genere empleo en el segmento de
población más castigado durante la crisis. No obstante, se debe ajustar el ritmo de
nueva construcción de viviendas a las previsiones de demanda. Y para compensar
esa ralentización, potenciar las políticas de rehabilitación de edificios para seguir
disponiendo de un parque que dé respuesta a la demanda ciudadana en todos los
segmentos y sectores de población.
Resulta absolutamente necesaria la formulación de un nuevo modelo territorial y
urbano, apoyado en el modelo de Ciudad Compacta, basado en explícitos criterios
de sostenibilidad, y el principio de accesibilidad universal, que incluya la variable
medioambiental y el cambio climático, el uso racional del suelo y del agua y que esté
orientado más a la mejora y recuperación de la ciudad preexistente y a la puesta en
valor de los edificios vacíos, obligando a cumplir su función social, más que a nuevas
ocupaciones mediante la reclasificación del suelo rústico, tal como se contempla en
el epígrafe “Un nuevo Marco Legal para los Ayuntamientos”.
Para conseguir lo anterior es necesario lograr una menor dependencia de los
ayuntamientos respecto de los ingresos derivados del planeamiento, reforzando las
haciendas locales. Se debe de impulsar sobre todo la rehabilitación de las viviendas
existentes para frenar la invasión de nuevos suelos. El suelo excesivo calificado como
de urbanizable residencial debe de ser objeto de recalificación a su condición previa y
debe de pagar un IBI ligado al uso efectivo que se esté dando al suelo. La garantía de
una vivienda digna para todos los ciudadanos pasa por un verdadero pacto social en
el que la lucha contra los desahucios y la protección de la vivienda, como verdadero
núcleo cohesionador de las familias, prevenga la exclusión social, y aúne los esfuerzos
educativos, sanitarios, de empleo y sociales integradores, en general.
Asimismo, resulta imprescindible que se recupere el control por las Administraciones
Públicas de los procesos de desarrollo urbano, y se busque para ello la complicidad
de la participación ciudadana con el fin de asegurar que la iniciativa privada
emprendedora contribuya al interés general.

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Necesitamos acciones reales para atajar un problema real, soluciones imaginativas
como la propiedad compartida o el uso temporal que permita a las familias continuar
con su proyecto vital, que gira sobre el hogar y la vivienda familiar.
El desarrollo urbano no es sólo vivienda, también debe estar previsto el espacio
para la industria (cada vez más limpia), las instalaciones técnicas (instalaciones
de telecomunicaciones). Los procesos de participación deben ser activos, las
administraciones deberán realizar consultas públicas dirigidas a todos los interesados
y publicar un informe previo de las necesidades satisfechas gracias al proceso de
desarrollo puesto en marcha.
Los socialistas somos muy conscientes de que las medidas adoptadas durante los
últimosañosparaevitarlosdesahucioshansidoinsuficientes.Lofueronlasaprobadas
la legislatura pasada, como el aumento de las garantías para los consumidores
que solicitaran préstamos hipotecarios (abril 2009), el aumento de los ingresos
inembargables hasta el 150% del SMI, o la elevación del límite mínimo de adjudicación
del bien hasta el 60% del valor de tasación en los procedimiento de subasta (julio 2011).
Y más aún lo están siendo las adoptadas por el Gobierno del PP como lo demuestran
el escuálido Código de Buenas Prácticas (CBP), el hasta ahora escaso uso del Fondo
social de Viviendas, creado en la D.A. 1ª de la Ley 1/2013 o una Ley de Protección de
Deudores Hipotecarios que no resuelve eficazmente los problemas reales de la gente.
Los objetivos básicos de la política de vivienda serán los siguientes:
1º Favorecer el acceso a la vivienda, con un esfuerzo nunca superior a la tercera
parte de los ingresos familiares, a los hogares con niveles bajos y reducidos de
ingresos. Dicho acceso podrá ser en propiedad o en alquiler, empleando vivienda
nueva o usada, según circunstancias de los mercados locales de vivienda.
2º Facilitar alojamiento a los hogares desahuciados como consecuencia de
sentencias de los procedimientos de ejecución hipotecaria y por el impago del
alquiler
Equilibrar la balanza evitando el debilitamiento de los inquilinos, eliminar las listas
negras de deudores, mantener las ayudas a la entrada, subsidiaciones de préstamos
(que afectan a 300.000 familias que ya la venían percibiendo) y de renta básica de
emancipación (la perciben 200.000 jóvenes). Las actualizaciones anuales del alquiler
se efectuarán con las variaciones correspondientes del Índice de Precios de Consumo.
Modificacióndelartículo13.1delanuevanormativasobrealquileres(Ley4/2013,BOEde
5 junio de 2013), impidiendo la resolución del contrato de alquiler por incumplimiento
de las obligaciones por parte del arrendador.La construcción de viviendas ha sido
utilizada durante muchos años como colchón del desempleo del país, manteniendo
procedimientos de construcción ineficientes, poca cualificación de los trabajadores
y, en consecuencia, el alejamiento de un tratamiento industrial en un sector clave
de nuestra economía, con el resultado de que nuestro parque de viviendas sea, en
general, de escasa calidad. Debemos revertir este proceso, potenciando la I+D+I,

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con el objetivo de disponer viviendas más eficientes, económicamente accesibles,
confortables y durables.
De igual modo, debemos recuperar la Vivienda de Promoción Pública y evitar la
venta especulativa de los parques públicos municipales de viviendas. La vivienda
de promoción pública debe de destinarse preferentemente al alquiler. Las viviendas
protegidas de nueva construcción han desaparecido del mercado por el cierre de la
financiación crediticia al promotor de este tipo de viviendas. Las entidades de crédito
deben de financiar a largo plazo a los promotores públicos de viviendas protegidas.
El ICO deberá de garantizar una proporción de la financiación, vía préstamos
hipotecarios, de los objetivos de política de vivienda protegida. Se debe de establecer
en el planeamiento urbano una reserva de suelo suficiente con destino al parque
de viviendas de alquiler. Será imprescindible restablecer las reservas de suelo para
vivienda protegida o equivalente en el planeamiento urbanístico y el porcentaje público
de plusvalías que corresponde a la administración local.
El gobierno debe de coordinar la gestión de la política de viviendas protegidas por
las CCAA, estableciendo la correspondiente dotación presupuestaria para desarrollar
una nueva política de vivienda.
3.PROPUESTAS
Derecho a la vivienda
• Proponer la redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución, para
garantizarlo de manera efectiva.
• Promover un paquete de medidas destinadas a la rehabilitación de viviendas en
las Comunidades Autónomas, especialmente las de renta antigua, abandonadas,
y situadas en cascos antiguos de los municipios de las mismas que sean
alquiladas a jóvenes o adquiridas por jóvenes en régimen de propiedad, o
alquiler con opción a compra. De esta forma reavivaremos y modernizaremos
los centros históricos, favoreciendo la creación de nuevos espacios sociales y
comerciales.
• Establecer un sistema que permita la compra en ejercicio de retracto por
las administraciones públicas, de aquellas viviendas protegidas, o cuyas
características así lo aconsejen, en un ejercicio de protección de las familias en
determinadas zonas y bajo determinadas premisas. El registro de la propiedad
deberá reflejar la verídica situación jurídica de un inmueble en todos los aspectos
fundamentales que podrían afectar a la titularidad y uso del mismo.
• Establecer la eliminación automática por parte de las entidades financieras
y sin previa exigencia del titular de una hipoteca de las cláusulas declaradas
abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del
Tribunal Supremo español.

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• Procurar la permanencia en sus casas de quienes más están sufriendo la crisis
económica, y poner fin a estos desahucios.
• Facilitar la renegociación de las deudas con mediación pública y, en el caso
de no poder salvar la pérdida de la vivienda, evitar que esa pérdida arrastre
además una deuda de por vida.
• Reformar la ley de segunda oportunidad para, por un lado, permitir al juez
paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa
y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago,
valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo.
Para ello será necesario modificar el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero,
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras
medidas de orden social, optando por un modelo de segunda oportunidad
alternativo al contenido en dicha norma. Excluir de la ejecución de los avales
que se hayan podido producir en estos casos la vivienda habitual del avalista.
También incluiremos los siguientes aspectos: (1) eliminaremos el periodo de
5 años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas; (2)
daremosaloscréditospúblicosuntratamientosimilaralquegozanlasentidades
mercantiles en los concursos; (3) reduciremos los requisitos o condicionantes
para poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona
natural; (4) otorgaremos facultades al juez para valorar la actitud y el grado de
cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable por los bancos;
(5) protegeremos la situaciones de colectivos especialmente vulnerables, por
ejemplo, si el deudor tuviese a cargo a un menor de edad o a una persona en
situación de dependencia para paralizar la ejecución hipotecaria en caso de
insolvencia justificada no dolosa; (6) en estos casos y si fuese necesario,
promoveremos la puesta a disposición de la familia de una vivienda en régimen
de alquiler social procedente del parque público existente; vii) cuando se
produzca la ejecución de garantía real sobre la vivienda habitual del deudor,
aprobaremos que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la
garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación
que sirvió para la concesión del préstamo. Abogamos por la figura del Convenio
de Acreedores con intervención de notario o autoridad judicial e impediremos
por ley la venta de deudas contraídas por los consistorios a fondos buitre en
defensa del derecho constitucional de acceso a la vivienda.
• Crearemos una oficina central anti desahucios que coordine la creación de
oficinas por todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento.
• Poner a disposición de la familia que haya aplicado la dación en pago una
vivienda en régimen de alquiler social.
• Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como
consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento
de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler a un precio

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acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan
de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe
superar el 30% de sus ingresos.
• Restaurar los derechos de quienes adquirieron viviendas de promoción pública
y de aquellos afectados por tipos de interés en la adquisición de vivienda hoy no
referenciados.
• Mantener los planes plurianuales de vivienda, ejecutados por las comunidades
autónomas y coordinados desde el gobierno. En los mismos se contemplaran
ayudas para las viviendas protegidas, una vez actualizado dicho tipo de
instrumento de la política de vivienda. Los planes plurianuales deberán tener
apoyo presupuestario, superando la anomalía que ha supuesto el Plan 2013-16,
que no ha tenido apenas dotación presupuestaria, con lo que en la práctica no
ha habido política de vivienda en el periodo 2012-2015.
• Promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios
públicos de agua, luz y gas para impedir los cortes del suministro a personas
y familias en situación de vulnerabilidad por impago. Antes del corte del
suministro se comunicará a la Administración competente que en todo caso
podrá mediar entre las partes.
• Crear un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho a techo
de la ciudadanía que se vea privada de él. Los ayuntamientos podrán disponer
de viviendas dentro de los parques de viviendas sociales de gestión pública.
• Asimismo, crear un fondo social de gestión pública destinado a combatir la
pobreza energética, cubriendo los gastos de las familias vulnerables.
Vivienda social
• Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida preferentemente en alquiler,
con precio de referencia tasado objetivamente, al margen del precio de mercado
de la vivienda libre, bajo estricto control público en la selección del destinatario
de menores rentas y en el seguimiento de su ocupación, estableciendo un
esfuerzo razonable para toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo
económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible,
así como estableciendo su calificación de protegida con carácter permanente.
Los hogares destinatarios de las viviendas protegidas no deberán tener ingresos
superiores a los 3,0 IPREMs (1.863,9 euros/mes).
• Crear parques municipales de gestión pública de viviendas de alquiler social o
al régimen de derecho de superficie, a través de agencias regionales y locales,
al que se podrán incorporar las procedentes del stock de vivienda nueva sin
vender o desocupada, previa negociación con el propietario, las incluidas
en inmuebles desocupados y rehabilitados, las que, como consecuencia de

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procesos de ejecución hipotecaria con posterior desahucio, hayan pasado
a ser de titularidad de las entidades de crédito que estén participadas por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y no hayan sido posteriormente
enajenadas y las adquiridas por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes
de la Restructuración Bancaria (Sareb).La negociación con Sareb deberá
hacerse respetando los compromisos de esta entidad de devolución de la deuda
con la que adquirió la vivienda cedida.
• Incrementar progresivamente el peso del parque de vivienda pública, dentro del
parque total de vivienda.
Promoción del alquiler
• Ampliar el plazo de duración del alquiler como mínimo hasta 4 años a petición
del arrendatario.
• Revisar la regulación de las resoluciones de los contratos de alquiler basadas en
retrasos o impagos en el abono del arrendamiento, garantizando los derechos
del arrendador a recibir el alquiler acordado y la protección del arrendado, y
también articulando sistemas de mediación para los supuestos de insolvencia
sobrevenida.
• Mantener la desgravación en el IRPF del 60% del importe obtenido por el
arrendador, una vez deducidos los gastos y reintroducir las desgravaciones
fiscales al alquiler para las rentas más bajas.
• Establecergarantíasparaelcobrodelosarrendamientosymedidasdeprotección
de los mismos en los casos de insolvencia sobrevenida, lo que estimularía una
mayor oferta de vivienda de alquiler.
• Imponer una tasa transitoria sobre las viviendas desocupadas que mantienen
las entidades financieras fruto de los desahucios para incentivar su oferta como
viviendas en alquiler.
• Mantener las ayudas al alquiler en los niveles de la etapa del Gobierno anterior.
Rehabilitación
• Desarrollar un Programa de Rehabilitación Sostenible de Viviendas, Edificios
y Entornos, que alcance al menos 200.000 viviendas y que incluya por sistema
estudios y soluciones de eficiencia energética y accesibilidad a todas las
viviendas.
• Derogar las disposiciones de la Ley de Rehabilitación que impiden la
incorporación de familias de menor renta (2´5 IPREM).

| EL ESTADO SOCIAL
• Crear líneas ICO para las actuaciones de rehabilitación y renovación en viviendas
individuales, especialmente en el medio rural, así como para las intervenciones
en edificios y en áreas urbanas degradadas, así como la construcción de nuevas
viviendas protegidas destinadas a integrar el parque público de viviendas en
alquiler.
• Destinar estas líneas ICO en especial a mejorar la accesibilidad y a propiciar el
ahorro energético.
• Desarrollar un programa nacional, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, para dotar de ascensores a edificios que no
dispongan de los mismos y así se dé respuesta a familias que tengan limitada
la movilidad de sus mayores o de sus miembros con alguna discapacidad, y
carezcan de medios para su instalación.
• Fomentar la liberación de suelo perteneciente a Defensa no utilizado para la
construcción de viviendas sociales, de acuerdo con la planificación urbana de la
ciudad compacta.
• Medidas fiscales de apoyo. Se estudiará una acomodación del tipo de IVA
aplicable para potenciar los procesos de rehabilitación y de regeneración urbana
calificados como protegibles.
Participación Ciudadana y Transparencia.
• Potenciar los procesos de Participación Ciudadana en los procedimientos
de información pública del Planeamiento aplicando instrumentos, tanto
tradicionales como informáticos, de explícita divulgación social.
• Establecer en los procedimientos de información pública aplicables a los
procesos de reclasificación (paso de rústico a urbanizable) y de recalificación de
suelo (cambio de uso y/o incremento de edificabilidad) la obligación de exponer
las variaciones económicas producidas en dichos procesos como medidas de
explícita transparencia para conocimiento de la ciudadanía con la finalidad
básica de impedir la especulación y los eventuales procesos de corrupción.

| EL ESTADO SOCIAL

NUESTRA VISIÓN
DE ESPAÑA EN EL
MUNDO

| NUESTRA VISIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO
NUESTRA VISIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO:
UNA ACCIÓN EXTERIOR DIRIGIDA A LAS PERSONAS
Tenemos un proyecto para España que debe estar sólidamente vinculado a nuestro
entorno exterior por dos motivos. En primer lugar, porque nuestros valores de paz,
democracia, progreso o sostenibilidad no se agotan en las fronteras y, en segundo,
porque solo será posible avanzar en ese proyecto si estamos bien conectados con
el resto de Europa y del mundo. Las interdependencias son tales, además, que
nuestro bienestar depende de que ambas dimensiones vayan en paralelo; es decir,
proyectarnos más y contribuir a un mundo mejor para tener un país mejor. Nuestra
política exterior es un instrumento imprescindible para alcanzar todos los demás
objetivos del programa y sitúa a la ciudadanía en el centro de su acción. Se trata
de una política pública al servicio de los intereses y necesidades de las personas.
Por tanto participa de la necesidad de plena transparencia y constante rendición
de cuentas, pero además, como tal política pública adquiere pleno sentido con su
proyección social.
A los ciudadanos y ciudadanas se dirigen, en primer lugar, el conjunto de acciones
que proponemos en defensa de la paz y la estabilidad en el mundo, la promoción
y defensa de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la
cooperación internacional al desarrollo y la lucha contra la pobreza, la gobernanza de
la globalización económica o nuestra respuesta al fenómeno de los flujos migratorios.
Esa es también nuestra visión para el proceso de construcción europea y para su
lugar en el mundo. Queremos una Europa que represente al conjunto de países
europeos con una voz coordinada en el mundo. Una voz exterior que sea coherente
con los valores que encarna esta Unión, las políticas sociales que sostienen nuestro
estado de bienestar, la solidaridad y la cohesión social.
España debe defender sus intereses en el exterior, los de sus empresas y el conjunto
delasociedadcivil,mediantelaaplicacióneficientedesusinstrumentosdediplomacia
económica y cultural, buscando una mayor sinergia y complementariedad externas
de la política económica, energética, educativa, científica o cultural. Eso permitirá
además proyectar al mundo una imagen atractiva de lo que queremos ser como país.
El PSOE denuncia la situación actual de la cooperación al desarrollo española, que
ha caído a niveles por debajo de los años noventa, lo que refleja la concepción del PP
como una política caritativa para años de bonanza económica. Pondremos en práctica
una política de cooperación previsible para los receptores, sostenible en el tiempo,
fundada en la igualdad de todos los hombres y mujeres y en la exigencia del respeto
a sus derechos fundamentales.

El PSOE quiere una España que abandere las iniciativas a favor de un mundo
sostenible. La coherencia de nuestra política interior nos permitirá influir en los foros
internacionales con propuestas exigentes. Debemos aprovechar los resultados de
la cumbre de Paris sobre Cambio Climático en diciembre de 2015 avanzando en un
compromiso vinculante y definitivo para la reducción de emisiones contaminantes
que incluya a las grandes potencias. Es nuestra responsabilidad con los ciudadanos y
ciudadanas que vivirán en el mundo en las próximas generaciones.
Los flujos migratorios son uno de los mayores desafíos globales que tendremos en
este siglo.
La situación en el Mediterráneo es ante todo un drama humanitario. El gobierno del
Partido Popular no ha estado a la altura, situándonos a la cola de los países europeos
en la concesión de estatutos de refugiados. El PSOE se compromete a restablecer una
política justa en las fronteras, a flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar la
política de integración y a proteger a las personas que huyen de la persecución, a las
que ampara el derecho internacional.
El PSOE está comprometido, asimismo, en seguir trabajando para mejorar los
derechos de la ciudadanía española en el exterior que durante el gobierno del PP han
sido olvidados.
La puesta en práctica de nuestra acción exterior debe ser un esfuerzo compartido al
que deben incorporarse todas las administraciones públicas y la sociedad civil y en el
que debe tener un papel destacado el Congreso de los Diputados. La política exterior
que queremos se dirige a la ciudadanía, y se decide con la ciudadanía.
España afronta 10 desafíos principales en materia de política exterior:
1) España debe ganar presencia internacional y ser un referente en la Unión
Europea y en el mundo.
El futuro de España se juega en un mundo globalizado. Con el PSOE, España
volverá a dedicar más recursos e interés a los asuntos internacionales y
asumir así la influencia que le corresponde por su población, economía,
cultura e historia. Nuestro país se implicará activamente en todos los foros en
los que se decidan aspectos que afecten a nuestra ciudadanía y asumirá su
responsabilidad con ideas, propuestas y trabajando conjuntamente con el resto
de miembros de la Comunidad Internacional. Volveremos a ser referentes en
solidaridad internacional, promoviendo y defendiendo los Derechos Humanos y
fomentando la cooperación al desarrollo. Queremos proyectar una imagen más
atractiva, que sea el reflejo de los esfuerzos públicos y de la sociedad civil por
presentar ante el mundo nuestros valores y personalidad. Una imagen en la
que a la ciudadanía le guste verse reconocida: tolerancia, talento, modernidad,
igualdad de género, solidaridad.

2) Reforzar el liderazgo de la Unión Europea en la gestión de la globalización.
La Unión Europea es indispensable para nuestra prosperidad y nuestra
seguridad, para la defensa de la Paz y los Derechos Humanos, para la promoción
de la democracia y para garantizar el desarrollo sostenible y la lucha contra la
pobreza. El mundo necesita a la Unión Europea para gobernar la globalización.
Por ello, debemos asegurar que la UE tenga capacidades básicas para dar
respuesta a cualquier crisis, de cualquier naturaleza. Contribuiremos a que la
UE se implique decididamente en la lucha internacional contra el terrorismo y
el tráfico ilegal en todas sus modalidades. La Unión debe ser el actor central en
nuestras vecindades sur y este.
3) Contribuir a un orden internacional que sea más seguro, equilibrado y
sostenible.
Ni la UE, ni mucho menos España están en condiciones de afrontar por sí
solas las amenazas violentas, la pobreza o la agudización de las desigualdades
globales, las turbulencias económicas y financieras, los retos energéticos y el
cambio climático, o las epidemias y pandemias. España contribuirá desde la
Organizaciónde NacionesUnidas,asícomodesde el G20yotrosforos,areformar
y fortalecer las instituciones de gobernanza global para que sean instrumentos
eficaces ante esos desafíos y avancemos hacia un orden internacional basado en
el derecho. En tanto que seña de identidad del PSOE, nuestro Gobierno apostará
decididamente por el multilateralismo que representa el sistema de Naciones
Unidas.
4) Fomentar el progreso y la seguridad compartidos.
Cuanto más justo, próspero y seguro sea el mundo, más lo será España. Y
eso es particularmente importante en los distintos ámbitos regionales a los
que pertenecemos, donde debemos defender una visión propia y tener más
capacidad de acción. Nuestro futuro está directamente unido al del resto del
Mediterráneo. Participaremos activamente en el desarrollo y la estabilidad
del Norte de África, el Sahel y Oriente Medio. Ante la amenaza yihadista,
ofreceremos respuestas adecuadas que incluyan medidas decididas que
atajen la violencia y garanticen la seguridad, pero también mediación, diálogo
y desarrollo para llegar a las causas más profundas. Profundizaremos en la
comunidad de valores e intereses compartidos con los países latinoamericanos
para que contribuya a nuestro desarrollo común y nos aporte valor añadido en
nuestra proyección global. Por la privilegiada posición española, defendemos
la conformación de un gran espacio atlántico en sus cuatro orillas: Europa,
África y las dos Américas.

5) Luchar contra la desigualdad
Cerca del 80% de la población mundial no cuenta con protección social integral,
el 12% padece hambre crónica y cerca de la mitad de los trabajadores tiene
empleos precarios o informales. Las 85 personas más ricas del planeta poseen
la misma riqueza que los 3.500 millones de pobres, la mitad de la población
mundial. España debe ayudar a revertir esta situación. El Gobierno socialista
reconstruirá la política pública de cooperación que el PP ha desmantelado.
Nuestro esfuerzo se centrará en los países menos desarrollados y en la
cobertura de las necesidades sociales básicas.
6) Ganar competitividad a través de la internacionalización y la innovación.
La crisis nos ha demostrado la importancia de un buen encaje con el exterior
sobre la marcha de la economía. La acción exterior debe ser particularmente
activa en la dimensión económica y, además de contribuir a un entorno mundial
de crecimiento y la estabilidad, debe ayudar a la internacionalización del modelo
productivo y del sistema científico-tecnológico. La promoción comercial de
nuestras empresas y la inversión extranjera deben vincularse especialmente
a una apuesta por el talento que, de manera más amplia, se refiere también
a una política educativa que conecte mejor a la ciudadanía del futuro con la
globalización y a una política cultural que ponga aún más en valor nuestras
fortalezas: una lengua global, un patrimonio cultural y un talento muy apreciados
fuera de nuestras fronteras.
7) Articular mejor nuestra política energética con los desafíos globales.
España debe convertir una debilidad, nuestra elevada dependencia energética,
en una oportunidad que incida simultáneamente en un suministro mejor
garantizado, competitividad y sostenibilidad. En esa apuesta, es fundamental
que la política energética esté bien vehiculada a través de una acción exterior
que contribuya a una mejor gobernanza energética y climática mundial. Además,
deben diversificarse fuentes –tanto externas como internas a partir de las
energías renovables- y mejorar infraestructuras de interconexión que podrían
convertir a España en un nodo europeo y mundial de primer orden.
8) Establecer un marco adecuado para responder a las necesidades de la
ciudadanía en el exterior
Desde enero de 2012, más de 1.300.000 personas, en su mayoría jóvenes, han
salido de nuestro país buscando las oportunidades y empleos que aquí no
encuentran. Una población muy capacitada se está yendo fuera debido a la
pobreza y la desigualdad que han generado los recortes del PP. Mejoraremos
los derechos de la ciudadanía española en el exterior. Eliminaremos el voto
rogado. Recuperaremos el sistema sanitario universal. Reorganizaremos el
servicio exterior para ponerlo a su servicio.

9) Responder adecuadamente al fenómeno migratorio.
El Mediterráneo está viviendo una grave crisis humanitaria. El aumento de la
violencia en Siria, Libia, Mali y otros países africanos ha provocado millones
de desplazados y cientos de miles de ellos se encuentran a orillas del Mar
Mediterráneo. En los últimos dos años han muerto más de 5000 personas
intentando cruzarlo. Los y las socialistas haremos una apuesta seria por la
cooperación migratoria con los países de origen, tránsito y destino. Asimismo,
garantizaremos el respeto absoluto de los Derechos Humanos, reconociendo
efectivamente el derecho de asilo y refugio, asegurando la efectiva protección
internacional de aquellas personas que lo necesiten, retirando las concertinas
de nuestras fronteras y rechazando las devoluciones en caliente. Seremos
implacables con las mafias que trafican con seres humanos. Seguiremos
trabajando para integrar mejor a las personas inmigrantes y refugiadas
que ya están entre nosotros y nosotras, y a quienes lo estarán en el futuro,
pues la inmigración es una oportunidad para el enriquecimiento cultural, el
respeto mutuo y la integración social en torno a los valores democráticos y
constitucionales.
10) Una acción exterior al servicio de los Derechos Humanos.
España debe contribuir, política y económicamente, a fortalecer el sistema
universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, asumiendo un papel de
liderazgo en todos los órganos. Actualizaremos el Plan español de Derechos
Humanos y mantendremos nuestro compromiso con la erradicación mundial de
la pena de muerte.

ESPAÑA EN UN MUNDO GLOBALIZADO
1. DÓNDE ESTAMOS
El futuro de España se juega en un mundo globalizado. Los centros de poder político y
económico son cada vez más heterogéneos. La diversidad social, la riqueza cultural y
lingüística, la innovación y la pujanza de nuestra sociedad permiten que España pueda
jugar un papel influyente en la globalización. Nuestra presencia en el mundo buscará
contribuir a la justicia y la prosperidad defendiendo nuestros legítimos intereses y
proyectando nuestros valores.
Los grandes desafíos que tenemos por delante requieren instancias globales o
multilateralesquelospuedanliderar.Porello,laacciónexteriordeEspañaydelaUnión
Europea son claves para preservar nuestro modelo de sociedad y de bienestar. Cuanto
más justo, próspero y seguro sea el mundo, más lo será España. La política exterior
es fundamental para defender nuestros legítimos intereses y para proyectar nuestros
valores. Para reducir las desigualdades, para ser competitivos e innovadores, para
hacer frente a las amenazas terroristas de toda índole, para canalizar los movimientos
migratorios, para enfrentarse a las epidemias y pandemias, para garantizar la
sostenibilidad medioambiental y el aprovisionamiento energético España necesita
presencia y acción internacional. Para construir la España que queremos, tenemos
que actuar también en el exterior, en un entorno volátil e inestable.
Con el gobierno del PP España ha perdido peso y presencia internacional y ha
retrocedido hasta la irrelevancia. Al gobierno del Partido Popular le ha preocupado
más España como Marca que España como país. Por ello, nuestro país no está jugando
un papel acorde con su peso y su responsabilidad. España ha retrocedido hasta la
irrelevancia en materias en las que éramos referentes mundiales como la defensa de
los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Hemos estado ausentes de citas
y foros internacionales en los que nos iba mucho en juego. Se ha aprobado una Ley
de Acción Exterior y de Servicio Exterior precipitadamente y sin consenso. Esta ley
no sirve ni a la realidad ni a la pluralidad de nuestro país, ni responde a los objetivos
estratégicoscomunesparalaacciónexterior.Enestalegislaturasehadesaprovechado
un formidable instrumento para defender nuestro modelo de sociedad y de bienestar
y para hacer frente a la crisis económica.
Los hombres y mujeres socialistas nos comprometemos a que la política exterior se
dirija a la ciudadanía y se guíe por la defensa de sus intereses y sus valores. En ese
marco, queremos que la acción exterior sea una política de estado con vocación de
permanencia. Los y las socialistas tenemos la ambición de que España sea activa,
relevante e influyente en la Unión Europea y en el mundo y de que eso redunde en
beneficio de toda la ciudadanía. Queremos que España sea actor y no mero espectador
en la gestión de la globalización. Nuestro país debe participar decisivamente en todos
los ámbitos internacionales y ayudar a gestionar la globalización.

Nuestra política exterior tendrá 6 objetivos:
• la construcción de la paz y la seguridad;
• la defensa de los derechos humanos;
• la lucha contra la pobreza y la desigualdad;
• la creación de un sistema económico justo y sostenible, enfatizando la lucha
internacional contra la corrupción, el blanqueo, la evasión y los paraísos fiscales;
• la preservación del medio ambiente;
• el avance de los intereses de España como Estado plural y de su ciudadanía.
Guiados por esos objetivos, actuaremos prioritariamente en 3 dimensiones:
• en la Unión Europea, porque la política exterior de nuestro país alcanza su
máxima proyección cuando lo hace junto con la de la Unión;
• en aquellas regiones donde podamos fomentar el progreso y la seguridad
compartida: América Latina, Magreb, Sahel, Oriente Medio y el Atlántico;
• en las instituciones multilaterales para construir un mundo más equilibrado y
sostenible.
Por una Unión Europea con liderazgo
La Unión Europea es una potencia indispensable para la defensa de la Paz, de los
Derechos Humanos y del Estado de Derecho. Es igualmente insustituible para
garantizar un desarrollo sostenible y para luchar contra la pobreza. Para gobernar la
globalización, para construir un mundo próspero, seguro y solidario necesitamos que
la voz de la Unión Europea se oiga con más fuerza en el mundo.
España puede volver a liderar el impulso de construcción de la UE. Las
aportaciones realizadas bajo gobiernos socialistas a lo largo de tres décadas
figuran entre las más relevantes y exitosas, en especial la ciudadanía europea y
la política de cohesión. Debemos culminar una Europa federal, más democrática,
social, solidaria y globalmente relevante. Esa Europa es el medio para superar la
austeridad y los repliegues nacionalistas y populistas. La división entre Estados
miembros debilita la diplomacia europea. Nuestro objetivo es que la política
exterior de la UE esté en consonancia con su capital humano, su peso económico
y los valores que representa.

Fomentar el progreso y la seguridad
En un mundo globalizado, interconectado e interdependiente el crecimiento
económico, el progreso y la seguridad no dependen sólo de políticas y decisiones
nacionales. Las soluciones a la amenaza yihadista y al reto de los movimientos
migratorios pasan también por el desarrollo y la estabilidad en el Norte de África, el
Sahel y Oriente Medio. El crecimiento económico y la proyección de nuestros valores
comunes se reforzarán si damos nuevo impulso a nuestra relación con América Latina
y dinamismo al espacio Atlántico.
El Mediterráneo es el mar que tiene las dos orillas más desiguales del planeta. La
pobreza, el paro y la falta de oportunidades de la orilla sur alientan la violencia, la
radicalización y la inestabilidad. El desarrollo y la estabilidad del Norte de África, el
Sahel y Oriente Medio serán prioritarios para nuestra política exterior.
La aparición del autodenominado DAESH y la violencia yihadista contra valores e
intereses comunes necesitan respuestas adecuadas que incluyan medidas decididas
paragarantizarlaseguridadperotambiéndiálogoymediación.Nuestraacciónexterior
favorecerá la comprensión mutua y el entendimiento entre países y sociedades.
La Alianza de Civilizaciones, asumida por Naciones Unidas, será un instrumento
privilegiado así como los demás instrumentos multilaterales de los que España forma
parte y que favorecen el diálogo interreligioso e intercultural. Trabajaremos para
mantener las mejores relaciones con los países de mayoría musulmana. Nuestro
objetivo será, en todos los casos, promover los derechos humanos, la democracia, el
Estado de Derecho y el desarrollo económico. Sin esos elementos no puede haber ni
desarrollo, ni estabilidad a largo plazo.
América Latina es imprescindible para España en todos los ámbitos. Con los países
latinoamericanos formamos una Comunidad de valores e intereses que contribuye a
nuestro desarrollo común y nos aporta valor añadido en nuestra proyección global. En
los últimos años, la región ha experimentado un considerable desarrollo económico
y social con creciente protagonismo de su sociedad civil. Al mismo tiempo, se ha
desarrollado una nueva arquitectura de cooperación e integración regionales en torno
a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y a espacios subregionales
como el SICA, UNASUR, MERCOSUR, ALBA o la Alianza del Pacífico. Nuestra política
latinoamericana responderá a los principios de igualdad, lealtad y respeto. Queremos
superar la etapa de tensión del gobierno del PP con algunos países de la región.
Mantendremos y trabajaremos por las mejores relaciones posibles con cada uno
de ellos, en el marco de los valores que nos son comunes. Hay que ir más allá de lo
económico y recuperar la importancia central de la política, así como avanzar en los
campos social, del conocimiento y cultural. El esfuerzo hacia América Latina tiene
que ser de todo el Gobierno, con mayor presencia de nuestros responsables políticos.
El Atlántico, eje durante muchas décadas de las relaciones económicas y políticas
mundiales,estáperdiendocentralidadfrenteaotrasregionesdelplaneta.Europamira
cada vez más hacia el Este y el eje Asia-Pacífico es una realidad dinámica y creciente.

Para España, un Atlántico, tanto norte como sur, consolidado como área de paz,
seguridad, cooperación y progreso es de vital importancia. Por ello, contribuiremos
a generar un espacio económico y cultural más unido que impulse los derechos
humanos, el comercio, la cultura y la educación. En esa línea, España influirá en la
Unión Europea para que tanto América Latina como África constituyan verdaderas
prioridades de su política exterior. Consideramos que las relaciones transatlánticas
entre Estados Unidos y la Unión Europea son de la mayor trascendencia. Estados
Unidos es el socio estratégico imprescindible de la UE. En ese marco, nuestra
aspiración es la de ampliar sustancialmente el horizonte de nuestras relaciones
bilaterales con Estados Unidos.
Hacia un mundo equilibrado y sostenible
La crisis económica y financiera, la agudización de las desigualdades, el cambio
climático, el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada son fenómenos
que ningún país está en condiciones de afrontar por sí solo. España contribuirá a
reformar las instituciones de gobernanza global para que sean instrumentos
eficaces ante esos desafíos y para mejorar su representación democrática. Nuestra
pertenencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante los años 2015-2016,
nos ofrece una plataforma única que debemos utilizar.
Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas serán guía de nuestra acción exterior. La lucha
contra la pobreza y la desigualdad, la promoción de la democracia y la defensa de
los derechos humanos son los medios más eficaces para construir un mundo más
justo, más equilibrado y más sostenible. Por ello, el desarrollo de África, la atención
a los movimientos migratorios desde y en ese continente y a las enfermedades que
lo azotan serán elementos básicos de nuestra acción exterior. El rápido cambio
y desarrollo de Asia, así como su creciente papel en la gestión de la globalización
plantean grandes oportunidades y desafíos a nuestra acción exterior en materia
comercial, medioambiental y de Derechos Humanos, en especial con China. Alcanzar
una más estrecha relación con los países asiáticos pasará a ser una variable de
nuestra política exterior. Este será el objetivo de España en su participación en el
proceso Asia-Europe Meeting (ASEM).
Los Derechos Humanos serán un eje fundamental de nuestra política interna e
internacional. El Gobierno del PP nos ha llevado a retroceder, en este campo,
relegando el Plan de Derechos Humanos que el gobierno socialista puso en marcha.
Las luchas contra la pena de muerte y contra la discriminación por razón de género
tendrán un lugar preeminente.

3. PROPUESTAS
Contribuir a un mayor liderazgo de la UE en la gestión de la globalización
• Asegurar que la UE tenga todas sus capacidades básicas para dar respuesta a
cualquier crisis, de cualquier naturaleza.
• Promover que entre las prioridades de la política exterior de la UE se incluya a
América Latina y el Mediterráneo.
• Implicar a la UE más decididamente en la lucha internacional contra el
terrorismo y el tráfico ilegal en todas sus modalidades, incluida su financiación.
• Promover la cohesión social y el diálogo interreligiosos e intercultural como
medidas no militares para hacer frente a los movimientos extremistas que
amparan la violencia.
• Trabajar en el seno de la UE para solucionar el conflicto en Ucrania sobre la
base del respeto a su integridad territorial y al Derecho Internacional. Ello
facilitará el restablecimiento del diálogo de la UE con la Federación de Rusia
para construir un marco de cooperación a largo plazo beneficioso para ambas
partes.
• Reforzar la figura del Alto Representante, para que pueda ejercer sus
responsabilidades de forma más ágil y eficaz.
• Dotarnos de una estrategia para que la presencia de españoles y españolas
en las Instituciones Europeas y en el Servicio Europeo de Acción Exterior sea
acorde con nuestro peso como país.
• Reforzar los recursos materiales y humanos del Servicio Europeo de Acción
Exterior que potencie una política exterior europea con una única voz, definiendo
de manera más clara su composición, prioridades y funciones, entre las que
solicitaremos que se incluya la protección consular y la gestión de visados
comunitarios.
• Potenciar a la UE como un actor exterior, por lo que un Gobierno de la Eurozona
tiene que asumir la representación europea en el FMI y el BM, y avanzar hacia
una coordinación efectiva de los miembros europeos del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas con el objetivo a medio plazo de alcanzar una representación
única de la UE.
• Reclamar la soberanía de Gibraltar y la aplicación del Derecho Europeo.
Asimismo, favorecer los cauces y los foros acordados para resolver problemas
de convivencia. En ese objetivo, proponer mantener en el peñón el Instituto
Cervantes.

Promover los Derechos Humanos
• Impulsar un Plan renovado de Derechos Humanos.
• Defender la democracia y el Estado de Derecho, en especial, la libertad de
expresión, la libertad de movimiento y la libertad política, frente a aquellos
países que la violen.
• Promover, en nuestras relaciones bilaterales y, en particular en el ámbito de
la cooperación al desarrollo, el respeto de los derechos a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres y niñas, así como medidas que persigan la igualdad
de género y consoliden las políticas de igualdad en la diversidad sexual.
• Promover activamente iniciativas dirigidas a convertir en una prioridad universal
la lucha contra la pena de muerte.
• Revocar la reforma del gobierno del Partido Popular en materia de Jurisdicción
Universal para que España pueda ser otra vez referente en la lucha contra la
impunidad y la defensa de los Derechos Humanos y para defender a nuestros
ciudadanos y ciudadanas víctimas de una infracción fuera de nuestras fronteras.
• Trabajar para la plena universalidad y una mayor eficacia de la Corte Penal
Internacional, así como una mayor presencia de España en su seno.
• Cumplir estrictamente las previsiones de la Ley sobre comercio de armas,
reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su
autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera
contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano; velar por
el cumplimiento de los Derechos Humanos a la hora de firmar acuerdos
internacionales.
• Promover que en ningún caso se produzca la extradición de una persona a un
país donde pueda sufrir graves violaciones de Derechos Humanos.
• Promover la internacionalización de la empresa responsable, adoptando un
Plan de Empresas y Derechos Humanos.
• Establecer mecanismos para el control y cumplimiento del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
• Impulsar el progreso y la seguridad compartida en el Norte de África, el Sahel y
Oriente Medio.
• Plantear una Estrategia Política Europea contra la radicalización y el terrorismo
yihadista dotada de elementos para garantizar la seguridad pero incluyendo

también los aspectos de integración, educación, cohesión social, diálogo y
financiación.
• Apoyar la asistencia a los Gobiernos de países que luchan contra la amenaza
yihadista.
• Reconocer el Estado Palestino. Impulsaremos este reconocimiento también por
parte del resto de nuestros socios europeos.
• Promover la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento
de las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho de
autodeterminación del pueblo saharaui. Esto facilitará el diálogo entre Marruecos
y Argelia y favorecerá una mayor integración, desarrollo y estabilidad en el
Magreb. España impulsará el seguimiento del respeto de los derechos humanos,
tanto en el Sáhara Occidental como en los campos de refugiados de Tinduf.
• Proponer la creación de un Banco de desarrollo Euro-Mediterráneo y desarrollar
plenamente el potencial de la Unión por el Mediterráneo, con sede en Barcelona,
para reforzar la política de vecindad de la UE con un mayor compromiso con el
Mediterráneo.

Diseñar una nueva relación con América Latina
• Contribuir al fortalecimiento de las Áreas Prioritarias de Cooperación
establecidas por la Cumbre Iberoamericana de Veracruz, reforzando la
contribución de España a los Espacios Iberoamericanos del Conocimiento, la
Cohesión Social y la Cultura e impulsando con determinación la integración
estratégica de los Organismos Iberoamericanos alrededor de los mismos.
• Establecer un marco preferente de relaciones con la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y las organizaciones y procesos
regionales de integración y concertación.
• Elaborar Planes de Acción para cada país que incluyan el diálogo con las
organizaciones de la sociedad civil y las Universidades.
• Articular una estrategia con América Latina para la potenciación y extensión
del español y de nuestras culturas en el mundo.
• Incorporar a las pymes a la creciente interrelación empresarial entre España y
América Latina y fomentar las inversiones latinoamericanas en España como
instrumento de recuperación económica.
• Promover la concertación política de los países iberoamericanos a través de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones con el objetivo de defender iniciativas
conjuntas a escala internacional, en especial, en Naciones Unidas.

• Acompañar y apoyar el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba
y los EE.UU., así como impulsar y liderar la construcción de un nuevo marco de
relaciones de la UE con la isla.
Participar en la creación de un espacio atlántico
• Más allá del ámbito de la defensa, promover que las relaciones económicas y
culturales, la lucha contra el terrorismo, la promoción del Estado de Derecho
y de los derechos humanos, la lucha contra los paraísos fiscales y posibles
sinergias en América Latina, Oriente Medio y el Sahel formen parte de nuestra
agenda bilateral con EEUU.
• Velar para que en la negociación de los tratados comerciales y en particular
en el Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión
(TTIP), se garanticen los derechos sociales, medioambientales, sanitarios,
de seguridad alimentaria y la protección de datos personales alcanzados
en la UE. Su formulación final deberá contribuir al crecimiento económico
sostenible y a la creación de empleo de calidad. En materia de acceso a
los mercados se tendrá en cuenta los “productos agrícolas e industriales
sensibles”, que quedarán excluidos de la liberalización o sujetos a adecuados
periodos de transición. Y en la protección de las inversiones se respetarán los
procedimientos jurídicos regulares. En todo caso, se preservará plenamente la
capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre
sus propias políticas públicas, que en ningún caso podrán verse menoscabadas
por intereses privados.
• Revitalizar la iniciativa triangular “Atlántico Sur” (África, América y Europa),
proponiendo un marco de diálogo político para el desarrollo, el progreso, la
seguridad y el fortalecimiento institucional de esa región.
Trabajar conjuntamente con África
• Crear un plan de acción con África subsahariana para apoyar su enorme
potencial de desarrollo y aliviar la tensión migratoria que existe en sus países.
• Promover una política de inmigración comunitaria, que busque resolver los
problemas estructurales de los países africanos, luchar contra las redes ilegales
que trafican con seres humanos y canalizar los flujos migratorios legales.
Impulsar una mejor gobernanza global
• PromoverlareformadelConsejodeSeguridad,delFondoMonetarioInternacional
y del Banco Mundial, haciéndolos más representativos del escenario global
actual, más democráticos y más eficaces.

• Consolidar nuestra participación en el G-20 para desde ese foro solicitar una
mejor regulación de las finanzas internacionales y una mayor coordinación
contra los paraísos fiscales.
• Fomentar una agenda para el Consejo de Seguridad que vaya más allá de
la seguridad militar e incluya también el flujo de personas refugiadas y
desplazadas, la seguridad alimentaria, la lucha contra las pandemias y el
desarrollo sostenible.
• Profundizar y actualizar la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el
Terrorismo.
• Trabajar para que la Cumbre de París sobre cambio climático alumbre un
acuerdo global, eficaz y vinculante, impulsando un órgano de gobernanza
mundial en materia de medio ambiente.
Reformar el Servicio Exterior para que pueda cumplir objetivos estratégicos
• Elaborar una nueva norma consensuada con vocación de permanencia que
sirva a una política exterior de estado democrática con la participación de
CCAA, Ayuntamientos, empresas, sociedad civil, mundo académico y científico y
representantes de la cultura.
• Impulsar las políticas comerciales y la diplomacia en las relaciones económicas
internacionales.
- Mayor participación para mejorar la defensa de los intereses españoles en
los organismos internacionales (UE, OCDE, UN, etc.)
- Asistir a las empresas españolas en el desarrollo de inversiones
comerciales en el extranjero para poder realizar inversiones regidas por
las buenas prácticas y transparencia.

PAZ Y SEGURIDAD
1.DÓNDE ESTAMOS
El orden internacional basado en el derecho, la estabilidad y la seguridad está
seriamente amenazado en Europa y en el mundo.
El conflicto en Ucrania no termina de encontrar solución. En otras partes del
continente hay unos “conflictos congelados” que requieren soluciones políticas para
no empeorar la seguridad regional y europea.
El norte de África y el Sahel padecen inestabilidades que están en las mismas
puertas del sur de Europa además de infiltrarse en África Subsahariana. La creciente
desestabilización del África Central y Occidental es preocupante, así como el área del
Mediterráneo. El DAESH se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad
mundial,utilizandolaguerracivildeSiriacomoresortefundamentalparasuexpansión
territorial en Siria e Irak.
Libia está inmersa en una conflictividad interna caótica que facilita la implantación
de grupos terroristas. Salvo en Túnez, amenazado por el radicalismo y el terrorismo
islamista, las Primaveras Árabes en la mayoría de los casos, continúan con sus
reivindicaciones al no haber culminado en su totalidad.
En el Oriente Medio, el conflicto de Palestina sigue sin resolverse. Siria es presa de una
larga guerra civil que exporta inestabilidades a los países contiguos. Irak es víctima
de divisiones políticas, regionales, religiosas y étnicas así como del terrorismo.
En otras partes más lejanas, como en el Mar de China, hay tensiones políticas y
territoriales que pueden afectar a la paz regional y mundial. India y Pakistán, ambos
Estadosnucleares,siguenenfrentados.Lostalibanescontrolanelnoroestepaquistaní.
Afganistán es una incógnita de cara al futuro.
Hay que añadir a los desafíos globales la proliferación del armamento nuclear, la
ciberseguridad, y el acceso a la energía y al agua potable.
El terrorismo borra la distinción entre la seguridad interna y externa de un Estado y
exige una coordinación europea e internacional.
La pobreza, el cambio climático, las desigualdades y la falta de desarrollo alimentan
estos conflictos.
Europa sufre especialmente la amenaza terrorista y la piratería. La implicación activa
de seguidores europeos del autodenominado DAESH o de Al Qaeda incrementa esta
amenaza.
Este conjunto de riesgos y amenazas afecta a todos los Estados y toda la ciudadanía de

la Unión Europea que, al tiempo que debe mantener la relación transatlántica en estas
materias, debe asumir su propia seguridad y defensa desde una perspectiva colectiva
e integrada para promover la paz internacional y la seguridad global fomentando un
multilateralismo eficaz para conseguirlo.
En España el PP no ha realizado una política de Defensa ni modernizado las
estructuras militares. Solo ha gestionado burocráticamente las Fuerzas Armadas. Su
gran prioridad ha sido pagar, fuera de los presupuestos y sin una negociación real,
los multimillonarios Programas Especiales de Armamento. Su Ministro de Defensa
ha rehuido el Parlamento, negándose a responder a las demandas de los grupos
políticos.
Hacia un mundo más seguro
Un mundo más justo y más libre es un mundo más seguro y mejor. Para reforzar
la seguridad internacional es necesario luchar contra la desigualdad y la pobreza,
y promocionar la democracia y el estado de derecho. Favoreceremos el concepto de
la Seguridad Humana, que incluye la seguridad económica, alimentaria, sanitaria,
medioambiental, energética, personal, comunitaria y política para fortalecer la paz
y la seguridad internacionales en conformidad con lo dispuesto en la Carta de las
Naciones Unidas.
La cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y la estabilidad, la diplomacia
preventivaylassolucionesnegociadas,asícomoladefensacuandoseaimprescindible,
son los pilares esenciales para la seguridad de España, de la Unión Europea y de su
ciudadanía.
Una Defensa común para Europa
La Unión Europea debe dar pasos efectivos para ser, también, una Alianza defensiva,
para poder dar una respuesta inmediata en caso de amenazas o agresiones a la
integridad territorial de los Estados Miembros. El objetivo es, a medio plazo, caminar
hacia unas Fuerzas Armadas Europeas, capaces de garantizar, por sí mismas, la
seguridad colectiva de la Unión Europea y de sus Estados Miembros. Una defensa
común eficaz refuerza el pilar europeo de la OTAN al tiempo que mejora la capacidad
de la Unión Europea de actuar de forma autónoma.
España: su Seguridad y Defensa
LasFuerzasArmadasestánalserviciodelasociedadydesempeñanunaextraordinaria
misión en la defensa de la paz y la seguridad en el mundo.
Los y las socialistas queremos unas Fuerzas Armadas con los recursos humanos y
materialessuficientesparadesarrollarsusoperacionesycooperarconnuestrossocios

y aliados. Serán proporcionados a las necesidades operativas y a las posibilidades
económicas de nuestro país.
Unas Fuerzas Armadas transparentes en su gestión y actuación que se sientan
cercanas a la sociedad española a la cual sirven y sean respetuosas y valedoras de
los principios democráticos de dicha sociedad.
Unas Fuerzas Armadas profesionales altamente formadas y cualificadas, cuyos
componentes, sin excepción, puedan desarrollar sus carreras profesionales desde
su entrada hasta su pase a retiro, basándose en los principios de igualdad de
oportunidades, mérito, capacidad y experiencia.
3 .PROPUESTAS
Hacia un mundo más seguro
• Promover la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacerlo
más eficaz y operativo, esencial para vela por la paz mundial.
• Apoyar las labores por el desarme y la seguridad internacional de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en especial de su Primera Comisión.
• Apoyar el desarme nuclear y convencional y sus medidas de confianza.
• Apoyar de manera expresa y activa el acuerdo alcanzado con Irán sobre su
Programa nuclear.
• Respaldar los acuerdos para detener la proliferación de otras armas de
destrucciónmasiva,comolasquímicasybiológicasydevectoresdelanzamiento.
• Impulsar el desarrollo y progresiva aplicación del concepto de seguridad
humana.
• Luchar contra las desigualdades, la pobreza, la opresión y la violación de los
derechos humanos.
• EmprenderundiálogofructíferoconRusiaymejorarlacooperaciónconacuerdos
que puedan contemplar la seguridad mutua respetando la integridad territorial
de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de terceros países.
Apoyar en Ucrania el respeto a los acuerdos de alto el fuego para dar paso a
soluciones políticas acordes con la voluntad de los ucranianos y sin injerencias.
• Fomentar el diálogo intercultural e interreligioso entre Instituciones como la
Alianza de Civilizaciones.

• Respaldar la participación de España en misiones internacionales de paz
avaladas por las Naciones Unidas u otras Organizaciones internacionales de las
que formemos parte.
• Favorecer la creación de un organismo coordinador de inteligencia en la Unión
Europea.
• Apoyar la coalición global contra el autodenominado DAESH en la que España
participa política y militarmente. Suprimir todas las fuentes de financiación del
terrorismo.
• ApoyarlosesfuerzosinternacionalesparaunasoluciónpolíticaenSiria,elacceso
de la ayuda humanitaria, y la supervisión de la inutilización de instalaciones de
producción de armas químicas. Apoyar un proyecto de convivencia común en
Irak y su unidad nacional.
• Priorizar la ciberdefensa, como una necesidad de primer orden para mantener
el funcionamiento del Estado y la capacidad productiva.
• Adoptar, junto con nuestros socios europeos, las medidas necesarias para
garantizar la seguridad energética.
Una Defensa Común para Europa
• Promover el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa con la
finalidad de construir a medio plazo unas Fuerzas Armadas Europeas que,
además de garantizar la defensa de los Estados de la Unión, contribuyan en la
aportación de Europa a la paz, estabilidad y defensa de los derechos humanos
en el mundo, en el marco de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional.
• Activar la Cooperación Estructurada Permanente como prevé el Tratado de la
Unión Europea.
• Apoyar que la UE se constituya en proveedor principal de seguridad en su
vecindad.
• Promover la presencia de la UE como tal en la estructura de mando de la Alianza
Atlántica.
• Actualizar la Estrategia Europea de Seguridad.
• Constituir un Cuartel General de Operaciones europeo con capacidad de planear
y dirigir operaciones civiles y militares.
• Impulsar la puesta en común y uso compartido de capacidades militares para
ahorrar recursos y evitar duplicidades.

• Promover la creación y puesta en marcha de un “Centro de Excelencia de
Seguridad” de la Unión Europea en el que puedan formarse funcionarios civiles
y militares de países de la Unión Europea.
• Fortalecer la Agencia Europea de Defensa y ampliar sus medios y objetivos.
• Revisar los repartos de costes que recargan a los países más dispuestos a
participar en operaciones militares.
España: su Seguridad y Defensa

• RealizarunplandereestructuraciónorgánicaydeinfraestructurasdelaDefensa
para fijar las capacidades militares que requiere la Defensa Nacional hasta
2025 y las necesidades consiguientes de cuadros de mando, tropa y marinería,
personal civil y reservistas.
• Realizar la promoción interna de los y las militares de carrera, cualquiera que
sea su procedencia o empleo, mediante procedimientos de evaluación públicos
y transparentes.
• Dotar a los y las militares profesionales de tropa y marinería de una carrera
profesional completa.
• Modificar el Régimen Disciplinario, de forma que sin la debida tutela judicial
efectiva no se pueda privar de libertad por faltas administrativas.
• Aprobar una Ley de Programación Presupuestaria Plurianual de la Defensa
Nacional hasta 2020 que asegure su estabilidad financiera dentro de nuestras
disponibilidades económicas, y permita recuperar las capacidades militares
necesarias en adiestramiento y operatividad para el cumplimiento de las
misiones que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas, incrementando el
nivel de alistamiento del conjunto de las Fuerzas Armadas.
• Dicha programación presupuestaria contemplará las partidas necesarias
para garantizar el adecuado mantenimiento del material utilizado por las
Fuerzas Armadas, fijando como prioridad en todo momento la seguridad de sus
miembros. A tal fin:
- Se revisarán y, si fuera necesario se actualizarán, los programas de
mantenimiento.
- Se establecerá un programa de renovación del material que vaya a quedar
obsoleto.
- Aladquirirnuevomaterialsetendráencuentaelcostedesumantenimiento,
cuando éste sea preciso, al objeto de incorporarlo en las previsiones
presupuestarias una vez sea adquirido.

• Establecer un sistema integral para la reinserción laboral del personal de tropa
y marinería que termine su compromiso con las Fuerzas Armadas.
• Potenciar el desarrollo de la industria de defensa y seguridad española con
especial atención a las capacidades productivas esenciales, a sus componentes
de investigación, desarrollo e innovación, su competitividad, su financiación y su
coordinación con la industria militar europea.
• Fomentar acuerdos con el mundo de la educación, la cultura, la ciencia y, en
definitiva, todo el ámbito social para aumentar la difusión de la Cultura de
Defensa.
• PotenciarelpapeldelamujerenlasFuerzasArmadas.Asegurarsupromociónen
las escalas de mando en condiciones de igualdad. Erradicar toda manifestación
de acoso sexual y laboral en el seno de las Fuerzas Armadas y sancionar con
ejemplaridad los supuestos en que se produzcan.
• Fomentar las acciones encaminadas a facilitar la conciliación de la vida familiar,
adecuación de las jornadas laborales, así como la implementación real en la
administración militar de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
• Profundizar el proceso de homologación de la jurisdicción militar a los demás
órdenes jurisdiccionales, incrementando las garantías de la independencia de
los integrantes de los órganos judiciales militares y el sometimiento al régimen
sancionador establecido en la LOPJ.
• Reformar la jurisdicción militar con arreglo a los siguientes principios:
- Homologar la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales.
- Profundizar la plena garantía de independencia de los integrantes de los
órganos judiciales militares.
- Atribuir al Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de todos
los órganos judiciales militares, unipersonales y colegiados.
- Garantizar la inamovilidad de quienes desempeñen funciones judiciales
en los órganos de la jurisdicción militar.
- Someter en exclusiva a las personas que forman parte de la Jurisdicción
militar al régimen sancionador previsto para Jueces y Magistrados en la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de
comercio de armas y material de doble uso.

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA MÁS ALLÁ DE 2015:
RAZONES ÉTICAS Y PRÁCTICAS PARA EL CAMBIO
1 .DÓNDE ESTAMOS
En 2015 los estados miembros de las Naciones Unidas han acordado el nuevo marco
global para la erradicación de la pobreza, la igualdad y el desarrollo sostenible durante
la primera mitad del siglo XXI. Uno de los rasgos distintivos de la nueva agenda es
su universalidad, es decir, la aplicación e implementación de los objetivos a todos
los países, en su dimensión social, económica y medioambiental. El nuevo escenario
político español estará enmarcado en plena aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que entran oficialmente en vigor a finales de este año. La agenda
constituye el programa más vanguardista y relevante de progreso al que se haya
enfrentado nunca la comunidad internacional.
En este nuevo escenario, España debe liderar las reformas necesarias para aplicar la
nueva agenda del desarrollo en sus políticas, adoptando las medidas institucionales
necesarias y creando los marcos de rendición de cuentas apropiados.
El planteamiento de esta nueva agenda de desarrollo se produce en un contexto de
Gran Recesión y de una reordenación de las prioridades en materia de política exterior
que han hecho de este sector una herramienta prescindible.
Esta deriva afecta en primer lugar a decenas de miles de seres humanos protegidos
y respaldados hasta ahora por la solidaridad española, pero sus implicaciones van
mucho más allá e influyen en la credibilidad de España en instituciones y regiones
en las que se juegan partidas de largo recorrido. Analicemos estas dos dimensiones:
• Siempre hemos concebido la cooperación como una herramienta de
transformación y cambio y como una filosofía de paz y justicia, una vocación de
proyección de los valores de nuestra sociedad.
• Por otra parte, entendemos que el nuevo escenario plantea retos estratégicos
de alcance global, regional y nacional. Un mundo más desarrollado es un mundo
más seguro y estable, y contribuir a su construcción puede tener un impacto
muy positivo en el posicionamiento internacional de España.
Si esto es cierto, las razones para reconsiderar nuestra trayectoria son tan prácticas
como éticas. España debe aprovechar el margen de maniobra político y presupuestario
que ofrezca la próxima legislatura para reconstruir su estrategia de cooperación,
incorporarla al corazón de la acción exterior y establecer círculos virtuosos entre
algunos sectores estratégicos de nuestra economía y el trepidante proceso de
desarrollo que experimentan amplias regiones del mundo.
En legislaturas precedentes los gobiernos socialistas hicieron un esfuerzo
para desarrollar una política pública de cooperación coherente y alineada con

la agenda internacional de desarrollo. Definimos objetivos y metas claras y
cuantificadas, garantizamos la previsibilidad de nuestros flujos de ayuda; dotamos
presupuestariamenteestapolíticay,pusimosenmarchaherramientasdeseguimiento
y rendición de cuentas. No obstante, no logramos que todos los logros alcanzados se
consolidasen.
En solo una legislatura el PP ha sido capaz de desmantelar la política que tanto
esfuerzo nos llevó construir. La cooperación ha pasado de ser el rubro solidario de la
identidad de España a una política residual y testimonial, limitada en sus recursos y
capacidades. Nos encontramos con falta de coherencia y complementariedad de las
políticas, los programas y proyectos de cooperación y con la ausencia de las sinergias
necesarias con otros actores, especialmente con la Unión Europea. Se ha perdido
profesionalidad, agilidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas.
Entre los años 2008 y 2013 el presupuesto de la cooperación española cayó en dos
tercios hasta situarse en su nivel más bajo desde 1990. El recorte en el esfuerzo sobre
el PIB de la ayuda multiplicó por cuatro la reducción media del esfuerzo en gasto
público entre los años 2008 y 2013. Tres de cada cuatro receptores no gubernamentales
han visto disminuir o desaparecer su financiación pública y dos de cada tres padecen
los impagos de la Administración.
Estos años de excepción presupuestaria tampoco han sido aprovechados para abordar
la reforma de un modelo mejorable desde el punto de vista estratégico, profesional e
institucional.
Con excepción de algunas ocasiones puntuales –como el despliegue de fuerzas de
paz o la campaña del Gobierno español para acceder a un puesto no permanente
en el Consejo de Seguridad de la ONU- la cooperación ha desaparecido del discurso
y la práctica de la acción exterior de España. Esta decisión ha afectado la imagen
de nuestro país y debilitado su posición en regiones del planeta como África
Subsahariana, además de causar un perjuicio irreparable en los socios de desarrollo
que han visto como las mejoras experimentadas anteriormente se destruyen a una
velocidad inédita.
El Gobierno socialista va a reconstruir la política pública de cooperación que el PP ha
desmantelado, y la mejorará y trabajará para que España vuelva a estar a la cabeza
del compromiso global por el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la
desigualdad. Queremos una política de estado que conjugue las acciones bilaterales,
multilaterales y descentralizadas, basadas en la reactivación de toda la cooperación
de las comunidades autónomas y las entidades locales, con una fuerte base de
participación ciudadana e interinstitucional.
Los fundamentos de la política de cooperación socialista serán dos: la reducción de la
pobreza y el desarrollo sostenible.

La experiencia del Reino Unido y de los países nórdicos demuestra, además, las
posibilidades de un modelo en el que la solidaridad internacional refuerce los objetivos
estratégicos del propio Estado. Hay que incorporar el concepto de ‘diplomacia de la
ayuda’ o ‘poder blando’ en la política exterior que ha sido respaldado por indicadores
objetivos como el Índice de Presencia Global del Real Instituto Elcano.
Existen muchas formas diferentes de llevar a cabo este esfuerzo, pero en todas ellas
la estrategia de la cooperación española debe ceñirse a cuatro criterios esenciales:
1. El impacto sobre la pobreza y la sostenibilidad.
2. El valor añadido de las acciones, focalizando el esfuerzo en sectores que por
su especialización y experiencia permita multiplicar el valor de los recursos
invertidos.
3. Los círculos virtuosos de I+D+i contra la pobreza, potenciando sectores como la
energía, la gobernabilidad, la seguridad alimentaria o la salud.
La cooperación española ha sido testigo directo de las posibilidades de este modelo
a través por ejemplo del programa de investigación en malaria, un ámbito central
de interés para la salud de millones de enfermos pobres que supuso además un
espaldarazo científico y económico para los equipos de investigación españoles, lo
que abre la posibilidad a nuevos proyectos.
Aunque nunca fue ese su objetivo primordial, la inversión de España en este ámbito
supuso retornos económicos de la magnitud de 5 euros por cada euro invertido.
4. La sostenibilidad y previsibilidad. Durante los próximos años seguiremos
operando en un entorno fiscal esencialmente restrictivo. La cooperación
española merece salir del foso presupuestario en el que ha sido recluida, pero
la sostenibilidad y previsibilidad de este proceso es tan importante como la
velocidad con que se produzca.
Por otro lado, la política de cooperación del gobierno socialista tendrá las siguientes
prioridades temáticas:
• Derechos humanos. Definiremos toda la estrategia de la cooperación española
sobre el enfoque de los derechos humanos.
• Igualdad de hombres y mujeres. Si queremos sociedades justas debemos luchar
contra la vulnerabilidad de las mujeres, para que la igualdad sea una realidad.
• Infancia.Prioridadtransversaldenuestrapolíticadecooperación.Laexperiencia
en ámbitos como la nutrición y la salud infantil permitirán a nuestro sistema de
cooperación ejercer un papel de liderazgo en este ámbito.

• Sostenibilidad ambiental. A lo largo de 2015 tendrá lugar en París la COP21, en la
que deben definirse con detalle los compromisos de cada gobierno en materia
de mitigación y adaptación al cambio climático.
• Educación para el Desarrollo. Promoveremos la educación para el desarrollo a
través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
• Salud. La salud puede ser uno de los círculos virtuosos en los que España apoye
el desarrollo de países terceros al tiempo que refuerza sus propias capacidades
y ventajas comparativas.
3. PROPUESTAS
Devolver la cooperación al corazón de la acción exterior de España
• Promover una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible, adecuada a la
agenda post 2015, que incorpore cuestiones como la defensa de los derechos
humanos y la gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres,
la sostenibilidad ambiental, la coherencia de las políticas para el desarrollo y la
participación de los actores como ONGD, comunidades autónomas, entidades
locales y el sector privado.
• Definir toda la estrategia de la cooperación española sobre el enfoque de
derechos humanos.
• Recuperar la Comisión Delegada de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
• Reformar el Consejo de Cooperación para que juegue un papel relevante e
influyente ante las estrategias y actividades de la cooperación española.
• Recuperar la colaboración con los principales Organismos y Fondos
multilaterales de cooperación proporcionando financiación y expertos para
integrarse en sus cuadros directivos.
• PromoverelalineamientodenuestraAyudaoficialalDesarrolloconunprograma
único europeo, creando un Servicio Europeo del Voluntariado.
• Definir un nuevo plan estratégico (o director) de la cooperación alineado con
las directrices maestras de la acción exterior y que contemple una posición
proactiva y coordinada en los foros e instituciones en los que participa España.
• Potenciar la acción humanitaria desde un enfoque que vincule dicha acción con
la rehabilitación y el desarrollo de las poblaciones y zonas afectadas como el
modo de mejorar la coherencia de nuestras actuaciones.

• Participar de manera activa en los debates y la elaboración de políticas que
tienen lugar en el ámbito multilateral y en el seno de las instituciones europeas,
actuando de manera consecuente en nuestro propio país.
• Garantizar la profesionalización del cuerpo de funcionarios, personal laboral y
otros expertos involucrado en las acciones de cooperación, incluidos los cargos
directivos, mediante un plan de formación continua en la materia.
Otorgar valor a cada euro gracias a la especialización
• Priorizar la ayuda a los Estados fallidos, en conflicto o extremadamente
pobres, en los que la ayuda internacional constituye un verdadero salvavidas
para la población. Este grupo de receptores –definido por la ONU y atendido
primordialmente con ayuda humanitaria y de emergencia- debe formar parte de
cualquier escenario geográfico que se plantee la cooperación española.
• Reducir el número de países en los que España realiza cooperación al desarrollo
de acuerdo a criterios definidos y transparentes, como el impacto de los
programas sobre los grupos más vulnerables del país.
• Definir prioridades sectoriales de antemano de acuerdo a criterios objetivos
como la experiencia o el valor añadido con respecto a otros donantes, lo cual
debe ser el resultado de un proceso de evaluación de lo que ha ocurrido hasta
ahora. La coordinación con otros donantes debe ser un objetivo constante y en
todos los casos conviene considerar cuál es el canal más eficaz para destinar
los recursos.
• Establecer prioridades claras y evaluables dentro de cada una de las tres
vías esenciales de cooperación pública: humanitaria, bilateral (incluyendo las
subvenciones a ONGD) y multilateral.
• Coordinar con la UE los principios y valores de la cooperación así como nuestras
contribuciones, sumándonos al liderazgo de otros países europeos en iniciativas
y países donde tengan una mayor experiencia y valor añadido.
Ofrecer impacto, transparencia y rendición de cuentas
• Reforzar las capacidades de la Administración para dar seguimiento y medición
del impacto de la ayuda española. La generación de conocimiento propio, la
participación en grupos de expertos y la permeabilidad a centros académicos y
think-tanks privados debe incorporarse a la práctica habitual de los organismos
públicos de cooperación.
• Facilitar la disponibilidad de toda la información, junto con los datos que
la sustentan, de forma accesible y replicable en los portales públicos de
transparencia.

• Reconsiderar la estructura administrativa para garantizar un doble objetivo: por
un lado, la solidez de la estrategia política; por otro, la calidad e independencia
de la gestión de los programas de cooperación. Estas reformas deben considerar
aspectos como la concentración institucional de las actividades de cooperación
(hoy muy dispersas), el régimen jurídico de la AECID y la autonomía de las
oficinas de cooperación sobre el terreno.
• Hacer un esfuerzo activo y permanente de pedagogía social para trasladar la
importancia de la ayuda, su impacto y las consecuencias de no realizarla.
Los recursos presupuestarios
• Plantear una senda realista para la recuperación presupuestaria en el medio
plazo. Nos comprometemos a aumentar los recursos disponibles hasta
alcanzar la media comunitaria. Buscaremos lograr el objetivo de financiación
del 0,7% para la Ayuda Oficial al Desarrollo a más largo plazo, que seguimos
considerando un compromiso ético y político y un hito en la historia de la
solidaridad internacional.
• Plantear una estrategia sobre la cooperación reembolsable y el tipo de acciones
que puede desempeñar España con los recursos de otros (donantes terceros o el
propiopaísreceptor,cuandosetratadenacionesderentamedia).Lacooperación
técnica y la transferencia del conocimiento se prestan especialmente a esta
posibilidad, cada vez más demandada en regiones como América Latina.
• Establecer que la ayuda reembolsable no se destine a países altamente
endeudados ni a proyectos de necesidades básicas.
• Impulsar el Impuesto a las Transacciones Financieras que está a punto de ser
aplicado en la UE para garantizar que una parte sustancial de los recursos sea
destinada a la lucha contra la pobreza internacional, tal como refleja el espíritu
de esta iniciativa desde sus inicios.
• ModificarlaLeydeMecenazgoparapromoverdemaneraefectivalaparticipación
privada en proyectos de desarrollo (mediante su financiación o en forma
de prestación de servicios) y fortalecer el compromiso de las empresas y la
ciudadanía en la resolución de problemas colectivos. La Ley de Mecenazgo no
debería contribuir, en ningún caso, a reducir los recursos públicos destinados a
las entidades no lucrativas.
La agenda de la no ayuda
• Elaborar un Libro Blanco del Desarrollo -similar al que se ha realizado en otros
países europeos- en el que se consideren, además de la cooperación, otros
ámbitos de las políticas públicas que sirven para construir la cooperación al
desarrollo.

• Buscar la mejora del impacto de la inversión extranjera en el desarrollo (en
materia laboral y medioambiental) y establecer estímulos para el correcto
comportamiento de las compañías españolas.
• Trabajar en el marco de la Unión Europea para que la política comercial no
anteponga los intereses comerciales al derecho a la salud.

POLÍTICA MIGRATORIA
1. DÓNDE ESTAMOS
Los movimientos migratorios, además de un rasgo definitorio e ineludible de
nuestro mundo globalizado, son un importante desafío que entraña, a su vez, una
oportunidad. Desarrollar esa oportunidad, hacerla real, exige adoptar y aplicar
decisiones complejas, adecuadamente formuladas, que apuesten por una visión de
largo alcance, que implica un cálculo a corto, medio y largo. Esas decisiones, que
deben basarse en criterios de legitimidad, de justicia y de eficacia, conducirán a la
obtención de importantes beneficios para todas las partes implicadas.
Es el porvenir de España el que está en juego, tanto como potencia demográfica como
económica en su entorno geoestratégico. Hoy día, todas las sociedades del mundo
sufren transformaciones vinculadas a los desplazamientos de poblaciones. No hay
ni un solo país que pueda pretender quedarse al margen de esa tendencia histórica.
La realidad del siglo XXI está marcada por potentes movimientos de emigración,
inmigración, intercambios y enriquecimientos identitarios. Nuestro país debe saber
gestionar este reto con serenidad, realismo, madurez, solidaridad y proyección hacia
el futuro.
La crisis ha debilitado cruelmente, más allá de la estructura económica y social,
el componente orgánico y demográfico del país. El saldo migratorio viene siendo
negativo desde el año 2010, afectando tanto a las personas españolas como
extranjeras.Centenaresdemilesdehombresymujeresjóvenes,educados,formadosy
competitivos, han dejado el país. Nuestro primer deber es restablecer las condiciones
globales para que regresen a España.
Esta crisis también ha generado movimientos significativos en el seno de las mismas
inmigraciones en España. Una parte de la población inmigrante, sobre todo euro-
comunitaria, ante una situación de desempleo duradero, ha decidido regresar –
temporal o definitivamente- a sus países de origen, o bien volver a emigrar a otros
países de Europa. Cabe decir aquí que estas reorientaciones han sido posibles
precisamente porque la población inmigrante europea disponía del derecho a la libre
circulación en el espacio europeo.
En cambio, una parte de las otras migraciones, las no comunitarias, tras largos
periodos en los que contribuyeron a nuestro desarrollo económico y social, han
perdido su estatus en nuestro país y han visto sus derechos reducidos, negados por
medidas injustas, e incluso inhumanas (así, los efectos devastadores sobre el derecho
a la salud de la población inmigrante irregular a partir del Real Decreto-ley 16/2012,
de 20 de abril).
Si una parte de la población inmigrante acepta en silencio esta dramática situación es
porque, entre otras razones, sabe que, al volver a su país de origen o cambiar de país
de acogida, perderá la posibilidad de reasentarse en España: el bloqueo de la libre

residencia durante varios años fuera de España disuade a este perfil de inmigrantes
de la alternativa de emprender otra suerte en otra parte.
Aunque el fondo humano de la solidaridad es inmenso en nuestro país, hay que
decir claramente que, a la hora de combatir los efectos de la crisis, las autoridades
políticas no han dado siempre ejemplo de respeto al derecho de los extranjeros.
Nuestra obligación moral y humana es restablecer la realidad de una España digna y
civilizada, propia de un Estado social y democrático de Derecho.
Por otro lado, las guerras civiles que ensangrientan el Mediterráneo (desde Siria –
Irak hasta Libia), así como el continente subsahariano (desde Somalia-Eritrea hasta
Mali), provocan una inevitable y descontrolada huida de personas refugiadas hacia
Europa, dando lugar a tragedias humanas que han convertido el mar Mediterráneo en
el primer cementerio marítimo del mundo; al tiempo, este escenario ha fomentado el
auge de redes criminales organizadas dedicadas a la trata de seres humanos.
Este panorama desolador ha dibujado, tal y como lo ha diagnosticado justamente
la Comisión europea, una situación de emergencia humanitaria directamente
relacionada con la obligación internacional de prestar auxilio a personas en peligro
de muerte, y no con asuntos de inmigración. Al mismo tiempo, afrontar este reto
obliga a emprender estrategias de lucha contra las mafias que sacan provecho de
la desesperanza humana. Cabe añadir aquí que los países que más pagan el tributo
a este reto no son los europeos sino los del sur del Mediterráneo (Magreb y Oriente
Medio), que tienen muchos menos medios para hacerlo.
Ahora bien, las políticas migratorias de la Unión Europea, tal y como están formuladas
hoy, no están a la altura de esta situación. Y eso es así porque se inscriben en una
perspectiva global errónea: consideran que, al fin y al cabo, es el mercado de trabajo
desregulado el que debe, en relación con sus inputs, gestionar centralmente la
inmigración y luego decidir por sí mismo las necesidades del país, lo que, en realidad,
conduce al debilitamiento de los derechos globales de las personas asalariadas.
Esta confusión, equiparada a la que se produce entre las personas refugiadas y
peticionarias de asilo y la inmigración económica irregular, está fundamentando
un tratamiento predominantemente de naturaleza represiva (policial y penal), y no
civil y administrativo de la diversas facetas de la inmigración y desde los derechos
fundamentales de las personas extranjeras.
En consecuencia, las estrategias de lucha contra la inmigración ilegal han
condicionado la gestión de los cauces legales migratorios, de tal modo que hemos
asistido a un endurecimiento paulatino del modelo de entrada y de las condiciones
de permanencia de extranjeros y extranjeras que ha revertido contra la población
inmigrante económica no cualificada.
La finalidad de neutralizar el comúnmente recurrente “efecto llamada”, o factor
de atracción para flujos migratorios ilegales, ha sido el pretexto para restringir
sobremanera los canales de la inmigración legal en todas sus etapas (entrada,

estancia, permanencia). Todo eso desemboca en la utilización de la presencia de las
personas inmigrantes como chivo expiatorio, munición electoral desde una visión
cortoplacista, partidista, instrumental, cuando deberían ser parte del proyecto
básico de convivencia social y, por tanto, ser objeto de un verdadero pacto de Estado.
Debemos escarmentar en cabeza ajena y aprender que esa instrumentalización
alimenta pulsiones racistas, xenófobas y beneficia la proliferación de opciones
sociales y políticas no democráticas.
También debe señalarse una situación de déficit político fruto del desmantelamiento
de la política de integración por parte del Gobierno Popular. Dejando sin presupuesto
el Fondo estatal para la integración y sin aprobar el plan estratégico de ciudadanía e
integración que habría correspondido a partir del año 2015, se ha vaciado de contenido
este eje fundamental de la política migratoria. Además, la última reforma del Código
civil en materia de nacionalidad, aprobada por enmienda y sin debate, ha incorporado
un examen de idioma e integración para todas las personas inmigrantes que quieran
adquirir la nacionalidad española que resulta injusto, porque impedirá el acceso
a personas que no alcancen niveles culturales que no suponen un estándar en la
población española, y es arbitrario, porque no va a valorar la verdadera trayectoria
de integración.
Necesitamos una política basada en el realismo, la solidaridad, y desconectada de
las luchas partidistas. Necesitamos buscar el consenso más amplio posible porque
se trata del porvenir humano del país, y, a menudo, de futuros nacionales españoles
y españolas.
En lo que sigue, presentaremos tres líneas básicas de actuación propias de un
modelo de política migratoria, subrayando, por otra parte, una exigencia que es un
deber inaplazable en materia de política de refugio y asilo. A partir de esas bases,
formularemos nuestras propuestas.
1. El primer pilar es una ordenación de las políticas migratorias conforme a los
principios y exigencias del Estado democrático de Derecho, el respeto a la dignidad
de todo ser humano y la garantía de los derechos humanos como prioridad de toda
política pública, también de inmigración. Cabe resaltar dos consecuencias de este
principio:
1.1. La primera exigencia es restablecer una política justa de y en las fronteras.
Eso supone una política conforme al Estado de Derecho, presidida por los criterios
de imperio de la ley, seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos y
fundamentales.
Partimos del rechazo de concepciones no realistas y enunciadas, la mayor parte de
las veces, en términos demagógicos, como la de “fronteras abiertas”. Pero eso no
impide reconocer que, en el tránsito de la frontera, es absolutamente prioritario,

además de una obligación, garantizar el respeto de la dignidad de todas las personas
que llegan y el reconocimiento de sus derechos fundamentales.
Al mismo tiempo, esos principios no son incompatibles con un sistema de tratamiento
diferenciado en las fronteras. Más concretamente, con el establecimiento de un
régimen específico en relación con los que denominamos “inmigrantes irregulares”,
esto es, con quienes tratan de alcanzar el territorio de soberanía española sin
contar con la documentación requerida y/o eludiendo el procedimiento legalmente
establecido para el cruce de nuestras fronteras. En todo caso, es preciso analizar la
diversificación terminológica especialmente compleja que contempla la legislación
de extranjería vigente (denegación de entrada, devolución, expulsión) y, sobre todo,
evidenciar las malas prácticas en la gestión del tránsito de fronteras que posibilitan
un trato que, en varias ocasiones, ha alcanzado las características de inhumano, y que
ha sido objeto de denuncias y de evaluación negativa por instituciones internacionales
y por la propia Comisión Europea. Hemos de corregir las razones (y las bases) que
hacen posible ese trato incompatible con el respeto a la dignidad y los derechos
humanos. En consecuencia, debe ser objeto de profunda revisión el sistema de
tratamiento de la persona extranjera que pretende cruzar irregularmente la frontera
y que es interceptada en el intento (el denominado modelo de devolución). Eso exige,
de un lado, procedimientos administrativos ágiles y compatibles con los derechos
fundamentales, la revisión de los convenios bilaterales de retorno y repatriación y, en
particular, del régimen de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
1.2 La segunda exigencia es apostar por una política migratoria que flexibilice las vías
de la inmigración legal. Hay que reconocer y declarar públicamente, tal y como se
hace en todos los demás países europeos, que España necesita, en varios sectores,
inmigrantes legales: el concepto demagógico de inmigración “cero” es xenófobo, irreal
y además ruinoso para los intereses nacionales del país. Ahora bien, los canales de
la inmigración legal han sido estos últimos años seriamente dificultados y los propios
residentes han visto sus derechos restringidos. Por ello, es necesario implementar
cauces de acceso legales y seguros.
Es urgente volver a la situación anterior a determinadas reformas de la legislación
de extranjería y apostar por una política migratoria que flexibilice las vías de la
inmigración legal en todas sus etapas, previendo también las posibilidades de ir y
volver (visados de ida y vuelta).
2. El segundo pilar es la toma de conciencia del principio de responsabilidad ciudadana
como ingrediente básico de una política de integración.
Tras años de derrumbe de las políticas de integración con el pretexto de la crisis
económica es necesario establecer un impulso que sitúe la integración y la gestión
de la diversidad de nuevo en la agenda política. Entendemos la integración como
un proceso bidireccional de adaptación mutua que requiere la participación activa
de toda la ciudadanía: inmigrantes y españoles; entendemos la integración como
una responsabilidad compartida con un enfoque integral ya que afecta a todas las

facetas de la vida cívica, social, económica, cultural y política de la personas y de
los grupos sociales. Por tanto las políticas de integración y gestión de la diversidad
deben incorporarse de modo transversal a todas las políticas públicas orientadas
a la ciudadanía. Sin embargo, las políticas de integración deben tener un capítulo
especial dedicado a lo que se conoce como segundas generaciones. La Unión Europea
defiende el papel que tiene la educación para hacer factibles el principio de equidad y
la participación activa de los miembros de la sociedad. La diversidad cultural es una
realidad y los centros educativos han realizado un esfuerzo importante para adaptarse
y ser referentes de una sociedad plural e inclusiva. Además diferentes estudios han
confirmado cómo los niños y niñas, hijos e hijas de inmigrantes que cursan estudios
en las diferentes etapas educativas tienen un grado de identificación con el resto
de estudiantes que nos hace ser optimistas en la percepción de la educación como
vehículo de inclusión. Sin embargo, los estudios publicados también identifican
dificultades de algunos colectivos que es necesario corregir con un refuerzo positivo
para garantizar que a todos alcance la igualdad de oportunidades
Flexibilizar los canales de la inmigración legal no significa solo reconocer que la
persona inmigrante es sujeto de derechos, sino también de obligaciones. Estas
obligaciones (así, en el ámbito tributario o de la Seguridad Social, o la escolarización
de los hijos e hijas menores que se encuentren a su cargo), junto a la necesidad de
realizar esfuerzos tendentes a la integración en la comunidad de acogida deben
valorarse a la hora de promover su estabilidad en el territorio español. En este sentido,
la legislación de extranjería recurre a tales parámetros valorativos para el disfrute
de determinadas situaciones, por ejemplo, para la renovación de las autorizaciones
de residencia temporal, o para la renovación de una autorización de residencia por
reagrupación familiar. Flexibilizar debe significar asimismo atender otras realidades,
como por ejemplo, la de los y las estudiantes procedentes de terceros países. La
legislación debe ofrecer alternativas relacionadas con la realidad, que hagan
compatibles las autorizaciones con los períodos de estancia autorizados y con unas
exigencias económicas acordes con su capacidad.
La integración, para no ser mera y simple asimilación, ha de ser bilateral, esto es,
no va dirigida sólo a los y las inmigrantes, sino que debe contemplar acciones que
favorezcan en nuestra ciudadanía la sensibilización ante las exigencias de una política
de igualdad inclusiva, desde la información y formación en el respeto primordial a los
derechosylaexigenciadecumplimientodelosdeberesdetodalaciudadaníaytambién
de los residentes en nuestro país. Una política de integración que se corresponde
con las exigencias formuladas en los informes nacionales e internacionales sobre
indicadores de integración (entre estos últimos, por ejemplo, los informes anuales
MIPEX o el reciente informe de la OCDE).
España, como país de inmigración, tiene un papel eminentemente pedagógico.
Debe dejar claro a la ciudadanía el reconocimiento del derecho a la integración, a la
movilidad social de los y las inmigrantes, y éstos a su vez, también deben respetar
las reglas de vida en común, los principios fundamentales del Estado de derecho, la
necesaria separación de lo confesional y de lo político en el espacio público, de la

igualdad de los géneros (principio innegociable bajo ningún concepto) y de la libertad
confesional y personal.
El acceso a la nacionalidad española por residencia, debe ser visto como corolario de
un proceso de integración de las personas extranjeras en España. A través de una Ley
de nacionalidad que se plantea también como una propuesta para abordar en lo que
atañe a las y los españoles en el exterior, debe adecuarse el acceso a la nacionalidad
por residencia de las personas extranjeras residentes en nuestro país, pues la
adquisición de la nacionalidad comporta la plenitud de derechos de ciudadanía.
3.El tercer pilar que debe orientar la actuación básica en política migratoria para que
sus programas e iniciativas permitan una gestión proactiva y mutuamente beneficiosa,
es, evidentemente, el diseño de una política de cooperación y codesarrollo con los
países de origen de los flujos migratorios y los de tránsito, que no esté supeditada a
los intereses de las élites de esos países, ni tampoco a nudos intereses de mercado
o geoestratégicos, y que tenga, más allá de los agentes fundamentales de las
administraciones públicas, a los propios inmigrantes y a los agentes de las sociedades
civiles de los países de origen y de nuestro propio país. Es decir, una verdadera
cooperación descentralizada en materia de gestión de los flujos migratorios.
Este apartado de la política migratoria, por ser el último, no es el menos importante.
En realidad, pone en juego nuestra capacidad, dentro del marco europeo, latino-
americano, africano o de otras áreas del mundo, de proponer una estrategia a largo
plazo de gestión de la demanda migratoria. Implica nuestra capacidad de vincular la
regulación de los flujos migratorios al desarrollo de los países productores de estos
flujos y, por consiguiente, cuestiona nuestra política global de cooperación con estos
países.
La relación entre cooperación e inmigración no es una invención abstracta:
corresponde a la realidad de los hechos. Primero porque, a través de sus remesas,
las personas inmigrantes están contribuyendo al desarrollo de sus países de origen y
al mantenimiento, allí, de sus familiares próximos, lo que es una forma, ciertamente
no ordenada económicamente, pero potente, de cooperación positiva.
Aquí, además, hay que denunciar una hipocresía cuidadosamente escondida en las
estrategias de los países receptores de inmigración: si a menudo recuerdan su ayuda
a la cooperación, no dudan, desde la decisión tomada bajo las iniciativas británica
y española, en junio de 2002, en el Consejo europeo de Sevilla, de condicionar la
readmisión obligatoria de las personas inmigrantes ilegales a todos los acuerdos
de cooperación que celebre la Unión Europea. Eso es lo que podremos llamar la
cooperación negativa.
Todos los Informes de ACNUR, de las propias Naciones Unidas y de las principales
Agencias, Centros e Institutos de investigación y ONG’s implicadas, coinciden en
señalar que vivimos hoy la mayor crisis de personas refugiadas de los últimos 25
años. En la actual crisis, el mayor problema ha sido la ausencia de voluntad política

por parte de los Estados de la Unión Europea para cumplir sus obligaciones jurídicas
respecto a las personas refugiadas.
En efecto, en esta crisis, los Gobiernos europeos dan muestra de su falta de voluntad
para asumir el cumplimiento de los deberes jurídicos que les vinculan como la
Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, es decir, del
Derecho Internacional de los refugiados. Desde el principio de “non-refoulement” (no
devolución) hasta la garantía del derecho a solicitar asilo o, en su caso, la protección
subsidiaria, la práctica demuestra el alejamiento de nuestras administraciones del
principio de sujeción al imperio de la ley.
Necesitamos un sistema común europeo de asilo para reconocer y garantizar a estas
personas el ejercicio de su derecho al asilo, no para restringirlo y dificultar su acceso.
Una política basada en el deber de solidaridad al que se refiere, por ejemplo, el artículo
78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ante emergencias como la que
vivimos hoy. Y ello inevitablemente comporta el establecimiento de cuotas, en la línea
de la propuesta presentada por la Comisión europea. Necesitamos unos criterios
comunes que identifiquen la autoridad que debe actuar para decidir quiénes tienen, y
en qué condiciones, derecho al asilo y quién debe hacerse cargo de las prestaciones
que este derecho implica. No podemos pretender, a la vez y sin contradicción, un
verdadero sistema europeo de asilo que comporte fondos de ayuda de la UE para los
Estados que lo necesiten a fin de atender a las personas refugiadas, y, a continuación,
negarnos a asumir el deber de solidaridad, nuestra obligación de hacernos cargo de
una cuota de los refugiados que arriban a Europa.
3. PROPUESTAS
• Impulsar la política común europea de asilo e inmigración. Elaboraremos un
Informe marco sobre inmigración, protección internacional y cooperación,
para analizar y orientar la política migratoria exterior española y, a la vez,
presentar iniciativas dirigidas a la Unión Europea, pues el reto es común y se
ha demostrado imprescindible para un tratamiento adecuado a la dimensión
global del fenómeno.
• Dotar a la gestión de la inmigración de una posición política y una estructura en la
Administración General del Estado adecuadas para llevar a cabo un tratamiento
eficaz e integrado de los flujos migratorios y de las políticas de integración.
• Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países
de origen y tránsito de los flujos de inmigrantes, abandonada en la última
legislatura, y que debe constituir un instrumento crucial para la ordenación y
gestión legal de los movimientos de personas.
• Derogar de manera inmediata el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que
impuso graves restricciones en el reconocimiento y garantía efectiva del derecho
a la salud para inmigrantes irregulares.

• Eliminar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones
municipales de los extranjeros residentes en España.
• Crear un Fondo para la financiación de las políticas de integración que, a su vez,
represente un marco de cooperación y concertación con administraciones de
los ámbitos regional y local, y también con la iniciativa social para la gestión
coordinada y concertada de las mismas.
• Fomentar la plena integración y la igualdad de oportunidades de las llamadas
segundas generaciones, dedicando especial atención al refuerzo de la
formación educativa: reactivando los programas de acogida educativa para
paliar las carencias y necesidades del alumnado extranjero, especialmente
en niños y niñas procedentes de la reagrupación familiar; previniendo el
abandono temprano y el absentismo escolar en centros de educación primaria
y secundaria, incluyendo el apoyo a profesionales de la educación, vinculando,
en colaboración con los Ayuntamientos, la escuela a su entorno y favorecer
la creación de redes de colaboración para generar espacios de convivencia,
socialización y pertenencia; apoyando y formando al profesorado en la gestión
de la diversidad y en identificación de incidentes o actitudes racistas, xenófobas
o discriminatorias.
• Abordar una reforma de la nacionalidad por residencia, procurando el máximo
consenso, que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos
establecidos actualmente, la revisión de los supuestos de renuncia a la
nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de
un examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del
acceso. Asimismo, impulsaremos la firma de Acuerdos de doble nacionalidad.
• Derogar la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, que pretende legalizar las denominadas
“devoluciones en caliente” en el espacio fronterizo entre Ceuta y Melilla y el
territorio del Reino de Marruecos.
• Retirar las denominadas concertinas en las vallas fronterizas que producen
graves riesgos para la integridad física de las personas.
• Modificar el actual modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De
acuerdoconelprincipiodeproporcionalidad,encadapropuestadeinternamiento
se tendrán en cuenta las circunstancias individuales y, en especial, el riesgo de
incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa,
las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así
como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros
procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes.
Para salvaguardar el carácter no penitenciario de los CIE, así como los derechos
de las personas internas, se revisará el Reglamento de funcionamiento y
régimen interior, y se reforzarán los medios que permitan el adecuado control

judicial de los mismos. Se revisará la composición exclusivamente policial del
personal de los CIE y se garantizarán las condiciones necesarias de higiene
y salud, así como la atención a las personas internos mediante servicios de
intérprete, asistencia psicosocial y sanitaria y acceso de los servicios de defensa
jurídica. Eliminaremos las trabas al acceso a los CIE por parte de las ONG’s de
apoyo a inmigrantes acreditadas por la administración.
• Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de
origenytránsitodelosflujosdeinmigrantes,abandonadaenlaúltimalegislatura,
y que debe constituir un instrumento crucial para la ordenación y gestión legal
de los movimientos de personas: Revisar la política de visados y autorizaciones
para flexibilizar la movilidad de los flujos migratorios, en especial la regulación
de los flujos migratorios circulares o estacionales, introduciendo mecanismos
de decisión descentralizada en la tramitación y concesión de autorizaciones,
que facilite la circulación legal de las personas, su entrada y el retorno y las
autorizaciones para estancias formativas.
• Priorizar los países de América y África con los que España debe llevar a cabo
sus políticas de Cooperación, Cooperación triangular, Desarrollo y Codesarrollo.
• Impulsaraccionespositivasenrelaciónconlasmujeresinmigrantesyrefugiadas
en situación de especial vulnerabilidad como las mujeres solas con cargas
familiares.
• Mejorar procedimientos administrativos que permitan agilizar las concesiones
y renovaciones de autorizaciones, especialmente las de arraigo y reagrupación
familiar.
• Transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva relativa a la prevención
y lucha contra la trata de seres humanos y a la prevención de las víctimas.
• Impulsar una estrategia contra el racismo y la xenofobia, que aúne políticas
públicas e iniciativas no gubernamentales, incidiendo especialmente en las
acciones en materia educativa y políticas de comunicación y sensibilización. Se
creará un programa específico de formación en estas materias para empleados
públicos.
• Dar respuesta efectiva y urgente a la crisis de las personas refugiadas mediante
el apoyo a los países vecinos, el incremento del número de acogidos, la dotación
delosprogramasdereasentamiento,laaceptacióndeadmisioneshumanitariasy
la concesión de visados a personas con necesidades de protección internacional.
• Reforzar las oficinas de Asilo y la presencia en ellas de la representación oficial
de ACNUR, eliminando las malas prácticas y corrigiendo las instrucciones
ministeriales que restringen de facto la posibilidad de solicitar asilo.

• Elaborar una estrategia de acogida e integración de personas refugiadas en
coordinaciónycolaboraciónconlasComunidadesAutónomasylasCorporaciones
Locales.
• Aprobaremos el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
“reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria”, permitiendo
de esta manera que se puedan aplicar todas las figuras jurídicas que están
pendiente de desarrollo. Así mismo supondrá la incorporación de las novedades
introducidas por la modificación de las Directivas que conforman el sistema
común de asilo europeo.

DERECHOS DE CIUDADANÍA EN EL EXTERIOR
1.DÓNDE ESTAMOS
La emigración española ha constituido un fenómeno político, social y económico
que ha caracterizado nuestra historia. En la actualidad, hay más de dos millones de
españolas y españoles y sus descendientes que residen fuera del territorio español
y va en aumento: desde enero de 2012 más de 1.300.000 de personas, en su mayoría
jóvenes, han salido de nuestro país buscando las oportunidades y el empleo que aquí
no encuentran.
Los y las socialistas hemos sido los grandes promotores del reconocimiento de
los derechos de la ciudadanía española en el exterior y de quienes retornan,
dando, así respuesta a los mandatos constitucionales que establecen principios
rectores en los planos económico, social y político como es el ejercicio del derecho
de sufragio para aquellos españoles y españolas que se encuentren fuera del
territorio de España.
Esta es la “movilidad exterior” de la que hablaba el Gobierno del PP. Tenemos un país
con una población muy capacitada que se está yendo fuera debido a la pobreza y la
desigualdad que han generado los recortes del PP, esta huida económica de España
nos provocará todavía más pobreza a largo plazo.
Las partidas presupuestarias para la emigración y el retorno se han reducido en más
de siete millones de euros, un descenso del 42% respecto al último presupuesto
aprobado por un gobierno socialista en 2011.
Los derechos también han sufrido importantes recortes: se retira la tarjeta sanitaria
a los 90 días, lo que supone que muchos de los nuevos emigrantes no se inscriban
en los consulados como residentes exteriores y haya una merma significativa en la
prestación de servicios en educativos y culturales.
El derecho al sufragio se ha visto seriamente dificultado en su ejercicio como
consecuencia de la implantación del voto rogado y otras barreras administrativas, lo
que ha supuesto una disminución de la participación electoral que se ha desplomado
desde un 35% a un 5%.
Parte de la nueva emigración española, especialmente en la UE, no se registra
en los consulados y, por tanto, no aparece en el PERE (Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero) dado que esa inscripción comporta en la práctica
la pérdida de derechos. Esta circunstancia conduce a que hoy desconozcamos
el número de emigrantes españoles y españolas en el exterior. Es indispensable
que el Gobierno fomente la inscripción salvaguardando los derechos de los que
deciden emigrar y con esa finalidad realice las modificaciones necesarias en el
PERE.

El Partido Socialista está comprometido en seguir trabajando para mejorar los
derechos de la ciudadanía española en el exterior. Concretamente enfocaremos
nuestra acción de gobierno en mejorar el derecho a la participación política, en
recuperar el sistema sanitario universal, en homologar las pensiones públicas, en
potenciar la vinculación con España de la ciudadanía en el exterior y en reorganizar
el servicio de España en el exterior. Es importante que haya una plena aplicación del
Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, para extender y asegurar el estado
de bienestar a nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras.
El PSOE va a tener como prioridad adoptar todas las medidas necesarias para
promover el retorno de quienes se marcharon buscando oportunidades que no hallan
en España. Como país no podemos permitir la salida de cientos de miles de jóvenes.
Este es un drama personal y colectivo, dejándonos descapitalizados de talento y
abocándonos a un futuro incierto.
3.PROPUESTAS
Derechos de la ciudadanía en el exterior
• Aprobar una Ley de Nacionalidad, procurando el máximo consenso entre las
fuerzas políticas, que recoja los derechos de ciudadanía de los españoles y
de las españolas en el exterior. Basándose en los supuestos concretos de
acceso a la nacionalidad recogidos por los Acuerdos del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, la Ley dará respuesta a las situaciones de
los descendientes de españoles que no han podido acceder a la nacionalidad
por motivo de género o edad tras la última modificación en esta materia.
• Establecer un Plan Estratégico de Españoles y Españolas en el Exterior y
Personas Retornadas 2016-2020, incidiendo especialmente en las áreas
sanitarias, educativas, sociales y culturales.
• Con el fin de fortalecer la democracia e incrementar la participación,
erradicaremos el voto rogado, eliminaremos las barreras administrativas
existentes en el procedimiento del voto de los y las residentes en el exterior, y
promoveremos el voto en urna en los lugares en donde el número de residentes
españoles y españolas sea significativo.
• Recuperar el Sistema Sanitario Universal, derogando la retirada de la tarjeta
sanitaria a los 90 días.
• Promover convenios bilaterales con los países de importante presencia de
españoles y españolas en el exterior para proporcionar cobertura sanitaria,
tendiendo a la equiparación de las prestaciones cuando éstas sean inferiores a
las garantizadas por el Sistema Nacional de Salud en España.

• Establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el
extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles retornados, que permita
la aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que
correspondan a cada situación y que eviten la necesidad de regularizaciones
posteriores.
• Elaborar un Plan Especial de Acción para que las Embajadas y Consulados
de España estén en condiciones de prestar un mejor servicio de asistencia y
atención necesaria a las personas.
• Dotar a los Consejos de Residentes Españoles en el Exterior de los medios
materiales y financieros adecuados al papel que vienen realizando en el
asesoramiento, información y comunicación con la población española en el
exterior.
• Adoptar de una manera específica los recursos de la Administración electrónica,
que facilite la realización telemática de todo tipo de trámites administrativos a
los españoles y españolas que se encuentran en otro país.
• Promover experiencias en materia de voto electrónico en las elecciones a los
Consejos de Residentes Españoles en el Exterior, sirviendo estas acciones de
experiencias piloto en materia de procesos de votación.
• Favorecer el acceso de la ciudadanía española en el exterior a la cultura a través
del fomento de las actividades de las entidades asociativas y culturales de las
comunidades españolas (incluidas las “casas de España” y otras entidades
similares de carácter autonómico) y de la red del Instituto Cervantes.
Los derechos de los y las jóvenes y la nueva emigración
• Establecer un Plan Estratégico de Retorno que recoja medidas socio-laborales
para facilitar el retorno y la inserción de españoles y españolas procedentes
del exterior, con la puesta en marcha de programas sanitarios, de empleo,
asistenciales, de vivienda, educativos, de investigación, de asesoramiento y
orientación. Se establecerá específicamente un Plan de Retorno del Talento
Científico y Profesional, que constará de dos programas:
- Programa de Talento Investigador orientado al retorno de jóvenes
investigadores en colaboración con las Universidades y de empresas
intensivas en conocimiento.
- Programa Talento Profesional orientado al retorno personal directivo y
técnico joven en colaboración con las empresas.
• Garantizar la educación presencial de español, en las Agrupaciones de Lengua
y Cultura Española, especialmente para niños y niñas, y para quienes ya hayan
cursado enseñanza reglada en España.

• Llevar la enseñanza de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas a todas
las ciudades y países donde haya demanda.
• Crear un sistema de enseñanza on-line propio y evaluable para aquellos lugares
donde no se alcance el número necesario de alumnos para hacerlo presencial.
• Crear una Red Educativa Española en el Exterior para que se estudie bajo el
mismo sistema en todos los países donde ya existen programas.

| REFORMA CONSTITUCIONAL
PROPUESTASOCIALISTADEREFORMACONSTITUCIONAL:
POR UN NUEVO PACTO DE CONVIVENCIA
La Constitución de 1978 nos ha proporcionado los mejores años de nuestra Historia.
Gracias a ella han sido posibles la garantía de los derechos y libertades, los
fundamentos del Estado social, la participación democrática en la toma de decisiones,
o el desarrollo de una profunda descentralización política a partir del reconocimiento
de la diversidad de nuestro país; y, con todo lo anterior, el incremento del bienestar
de los españoles y la convivencia en armonía de todos ellos.
Los socialistas nos sentimos orgullosos de nuestra Constitución, de nuestra
participación en su elaboración y defensa y de nuestra decisiva aportación a su
aplicación y desarrollo por la legislación ordinaria.
Sin embargo, la crisis económica que azota a España con dureza desde 2008, y las
respuestas dadas por los poderes públicos a la misma, han minado la confianza de los
ciudadanos y ciudadanas en el orden político surgido de la Constitución en tal medida
que aquella crisis se ha extendido hasta incorporar manifestaciones claras de una
crisis también social, política, territorial e institucional.
Sus síntomas se pueden observar todos los días. El reconocimiento formal de
determinados derechos sociales como principios rectores de la política social y
económica, no ha impedido su anulación o recorte y el consiguiente incremento de la
necesidad,lapobrezaylasensacióndedesamparo.Lasdificultadesdelasinstituciones
democráticas para ordenar la economía de acuerdo con los intereses generales y
la corrupción que contamina la acción pública han debilitado la legitimidad de la
representación política y han acrecentado la reclamación de transparencia, rendición
de cuentas y participación ciudadana. Las dificultades de funcionamiento armónico
del Estado de las Autonomías y de su financiación, conviven con la evidencia, que no
debemos ignorar, de que, en Cataluña, muchos ciudadanos se muestran insatisfechos
con la forma en que, en ese Estado, se reconoce su identidad.
La España de 2015 no es ya, en definitiva, la de 1978. Es una España en la que la
mitad de la población no participó en la aprobación de la Constitución y hoy reclama
su espacio. Es una España más moderna, más rica, decididamente descentralizada,
integrada en la Unión Europea, inmersa en la globalización económica, afectada por
unas tecnologías de la información y la comunicación que han cambiado la forma de
entender el mundo y, también, la forma de hacer política y de gestionar los asuntos
públicos. Es una España constituida por millones de ciudadanas y ciudadanos más
plurales, más heterogéneos, más formados, más participativos y más exigentes a
la hora de reclamar el funcionamiento eficaz de sus instituciones y el respeto a sus
derechos y libertades.

Esta nueva realidad no ha tenido reflejo, hasta ahora, en reformas parciales de la
Constitución para irla adecuando a las necesidades y requerimientos de los nuevos
tiempos, para tejer y rehacer permanentemente los consensos políticos y ciudadanos
que caracterizaron su aprobación.
Nuestro Estado ahora necesita remodelarse para un nuevo largo periodo de
convivencia con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la
estabilidad política y la solidaridad territorial entre las generaciones vivas, un legado
político que debemos dejar a las futuras.
Cuatro razones fundamentales avalan la necesidad de la reforma:
Primera, que la realidad se ha transformado tan profundamente que necesitamos
extenderygarantizarconsuficiencialosderechosfundamentales,singularmente
los derechos sociales básicos.
Segunda, que la experiencia de estos casi cuarenta años ha puesto de relieve la
existencia de instituciones y mecanismos que no cubren de manera adecuada
los objetivos del Estado democrático y las exigencias de calidad democrática
que demanda la ciudadanía.
Tercera, que la Constitución dejó prácticamente en blanco el modelo territorial, por
lo que hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se dejó muy abierto
y sin precisar, actualizando y relegitimando nuestro modelo para mejorar la
convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana.
Cuarta, que nuestra vocación europeísta nos exige reforzar el compromiso con la
UniónEuropeamássocialydecididaalaintegración,articulandoconellanuestra
relación, mejor y más intensamente, desde la propia norma constitucional.
Sabemos que ni la Constitución resuelve por sí sola todos los problemas de nuestra
convivencia ni hay que recoger en ella todas las respuestas que los nuevos tiempos
exigen. Algunas de las reformas que necesitamos pueden llevarse a cabo mediante
decisiones normativas de rango ordinario; otras requieren formalmente la reforma
constitucional o, al menos, la merecen para dotarlas de la proyección simbólica que
contienen; y aun otras solo necesitan de una cultura política más democrática y
colaborativa.
Los socialistas creemos que el tiempo para la reforma de la Constitución ya ha
llegado. Y también creemos que este convencimiento es crecientemente compartido
por los ciudadanos.
Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con esperanza. Y
también, y sobre todo, con voluntad de diálogo y acuerdo.
Orgullosos de la Constitución, no pretendemos abrir un proceso constituyente

sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los
derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones
experimentadas por nuestra sociedad.
Convencidos de la función de integración de nuestra Constitución, marco común
normativo fundamental que debe permitir y garantizar la actuación de todas las
opciones políticas democráticas, no pretendemos imponer nuestras posiciones a nadie.
Por todo ello, sabemos que la reforma de la Constitución, en cuanto instrumento
esencial de la convivencia, sólo tendrá sentido y sólo podrá salir adelante si es fruto
del pacto, si cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas y de
la ciudadanía. Sabemos, incluso, que, si la reforma concluye con éxito, no incluirá
algunas de las propuestas que nosotros presentemos: los efectos del acuerdo
compensarán con creces esas renuncias.
Hoy ofrecemos a los ciudadanos nuestra propuesta de reforma. Es una oferta abierta,
llamada a completarse y discutirse con las que formulen el resto de los actores
políticos y también la propia ciudadanía.
Queremos analizar todas ellas, discutirlas, buscar los puntos de convergencia,
precisarlas y concluir con un acuerdo final ampliamente mayoritario, especialmente
cuando alguna de ellas requiere el procedimiento agravado de reforma constitucional.
Fuimos capaces de hacerlo con generosidad; los ciudadanos se merecen que hoy
volvamos a ponernos de acuerdo en su nombre.
En concreto, planteamos modificar la Constitución con los siguientes cinco ejes u
objetivos generales para mejorar nuestro modelo de sociedad y de Estado:
- Una sociedad y un Estado con más justicia social: Incorporar a la Constitución
mecanismos que garanticen el Estado del Bienestar fortaleciendo los derechos
sociales
El Estado Social es una conquista compartida por todo el pueblo español: no es
patrimonio de nadie, es de todos. Es un factor de nuestro bienestar individual
y colectivo pero también un elemento productivo más que contribuye en un
modo especialmente positivo al desarrollo de nuestra economía y del país
entero. Debemos introducir en la Constitución mecanismos que garanticen su
pervivencia, que lo mejoren y lo desarrollen.
Proponemos por ello,
• Reformar el artículo 135 para incorporar las condiciones de salvaguarda de la
“Estabilidad Social” del Estado que figura en su actual texto con el fin de que,
con criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público
un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones
sociales.

• Reconocer como derechos fundamentales los derechos a la protección de la
salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad
previstas en la Ley, incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o
ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento
de una vida digna.
• Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado
del Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a
acceder a servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda
la ciudadanía.
• Mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo, incluyendo referencia expresa
al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la
seguridad, salud y dignidad en el trabajo.
• Mejorar la regulación actual sobre protección a las familias, de acuerdo con un
concepto amplio de familia que comprenda las nuevas formas de convivencia,
con especial atención a la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Dotar de contenido el derecho a la vivienda mediante la previsión de obligaciones
concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio.
• Reforzar los derechos medioambientales y así reforzar la Alianza
Intergeneracional.
• Reforzar y ampliar el derecho a la educación
- Un Estado de Derecho revitalizado: Fortalecer y ampliar los derechos y libertades
Aunque el Estado de Derecho y su elemento central, los derechos fundamentales,
gozan de un indiscutible vigor, también es necesario actualizar el catálogo de
derechos, reordenarlo en algunas materias, incorporar concepciones sociales que se
han ido abriendo paso, atender a realidades que no se pudieron tener en cuenta por
el constituyente en 1978 y, en otros casos, mejorarlos atendiendo a nuestra condición
de Estado miembro del Consejo de Europa y de la UE.
Así, proponemos:
• Atribuir a “las personas” y no solo a los españoles el derecho a la igualdad
ante la ley y a la no discriminación. Incluir nuevas causas de prohibición de la
discriminación.
• Incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad
entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y
las condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida,
a la protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí

mismas, al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre
de sesgos de género, y a la participación política.
• Eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona.
• Abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.
• Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento
de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus
actuaciones.
• Reconocer los derechos vinculados con la bioética.
• Facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros. Fortalecer el derecho de asilo,
garantizando su protección efectiva.
• Configurar un derecho autónomo a la protección de datos de carácter personal,
incluyendo el llamado “derecho al olvido”. Reconocer el derecho ciudadano al
acceso a la información pública.
• Actualizar la configuración constitucional del matrimonio contemplando
expresamente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
• Mejorar la atención de los poderes públicos a las personas con discapacidad,
suprimiendo la referencia a “disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales”.
- Una Sociedad y un Estado más democráticos: Mejorar la calidad democrática y de
las instituciones
España es una democracia moderna y consolidada, que atraviesa en la actualidad
un profundo deterioro por los serios efectos de una prolongada crisis económica,
la llamada Gran Recesión, que han sido agravados por la forma equivocada de
gestionarla, desde la UE y el Gobierno de España, mediante planteamientos en
exceso neoliberales, y por el acusado repliegue de las políticas democráticas frente
a la economía.
La ciudadanía también está escandalizada y desafecta con la política por los
impactantes casos de corrupción que han venido aflorando en estos años y, entre otros
aspectos, por las insuficiencias en la representación y en los elementos participativos
de nuestro sistema democrático.
Con el fin de recuperar y fortalecer el pacto ciudadano que sostiene a nuestras
sociedades y que se contempla en esencia en la Constitución, proponemos:
• Establecer la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos
en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones. Fortalecer

la transparencia sobre su organización y funcionamiento, especialmente sobre
su financiación. Incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres
y hombres en las candidaturas electorales.
• Introducir la obligación de que, tras el acto de convalidación de un decreto-ley,
éste sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia si así
lo solicitara una minoría cualificada.
• Limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los
supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo. Suprimir la inmunidad
parlamentaria.
• Incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los
Diputados. Desbloquear las listas.
• Remitir la fijación de los elementos del sistema electoral a la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, aprobada por mayoría cualificada.
• Rebajar las condiciones para presentar una iniciativa legislativa popular y dar
posibilidad a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de
sus propuestas.
• Fortalecerlaactuaciónimparcialeindependientedelosórganosconstitucionales
y organismos reguladores mediante el establecimiento de un sistema para el
nombramiento de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública
de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de los
candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos
informes se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las
correspondientes comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por
parte del Parlamento.
• Atribuir en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal
Constitucional. La mitad serán designados por el Congreso y la otra mitad por
el Senado. Los magistrados designados por el Senado lo serán de entre los
propuestos por las Comunidades Autónomas.
• Reformar el alcance y el procedimiento para la reforma constitucional con el
objetivo de deshacer la gran rigidez de la regulación actual.
- Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural: Reformar la estructura
territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo
El Estado Autonómico fundado ineludiblemente en la unidad del sujeto constituyente,
el pueblo español, en el que reside la soberanía, se ha consolidado y ha sido positivo
para la ciudadanía porque ha transformado la realidad de España y también la forma
de gobernar.

Sin embargo, creemos que, después de más de tres decenios y medio de evolución, y a
la vista de sus problemas estructurales y de funcionamiento y de las tensiones que en
su seno se han generado, es necesaria una urgente y amplia reforma constitucional
del modelo de Estado.
Dados los rasgos del Estado autonómico, su evolución debe adoptar las normas de
organización y funcionamiento de Estados con estructura federal.
El federalismo, en efecto, es un sistema que defiende la unidad del Estado, respetando
la diversidad, a partir de una distribución interna de poderes y responsabilidades que
combina los intereses generales del Estado y, simultáneamente, las aspiraciones e
intereses específicos, en nuestro caso, de las comunidades autónomas.
El federalismo, por ello, es un sistema que permite reconocer, respetar e integrar
la diversidad y las singularidades de los territorios de España, la cohesión social y
la igualdad, y ofrecer las respuestas más adecuadas a los problemas de nuestras
comunidades en un Estado integrador y eficiente.
El federalismo asume la importancia de los sentimientos y de las identidades, que son
diversas y compatibles y no tienen por qué ser excluyentes. Es, pues, el mejor espacio
para el desarrollo de las libertades democráticas y la incorporación armónica de las
exigencias de la diversidad social y política que expresan los pueblos de España.
El federalismo, en definitiva, fortalece simultáneamente la unidad del Estado,
la autonomía territorial, la convergencia y el compromiso con la UE, así como la
igualdad básica de toda la ciudadanía en sus condiciones de vida. Una igualdad que
no se resiente por las diversidades cuya gran riqueza, que es riqueza para todos, se
expresa libremente en las diferentes culturas y tradiciones, lenguas, instituciones y
otras singularidades y modos de vida de nuestros territorios y sus pueblos.
El 6 de julio de 2013, los socialistas aprobamos la Declaración de Granada sobre “Un
nuevo pacto territorial: la España de todos” y la Resolución “Hacia una estructura
federal del Estado”. En ella ya afirmábamos que el Estado de las Autonomías necesita
hoy una profunda revisión y una actualización urgente y defendíamos un Estado de las
Autonomías del siglo XXI con una estructura territorial de carácter federal capaz de
proporcionar respeto a las identidades diferenciadas dentro de España compatible
con un compromiso colectivo con el proyecto común, solidaridad para reducir
las desigualdades territoriales, cooperación efectiva entre las Administraciones,
igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos y eficacia en la gestión de los
recursos públicos. Fue, y sigue siendo, una base sólida para abordar una reforma que
proporcionará resultados beneficiosos para todas las Comunidades.
De acuerdo con ese compromiso, los socialistas proponemos
• Incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre.
Incorporar la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

• Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo
de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la
libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los
territorios de las respectivas Comunidades.
• Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial.
Redefinir sus funciones para vincularlas a las que derivan de la dimensión
territorial (legislación básica del Estado, leyes con incidencia territorial, leyes
de financiación, asuntos de la UE que afecten a las comunidades). Revisar su
estructura y composición optando entre un modelo intergubernamental o un
modelo representativo de las Comunidades.
• Incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre
administraciones. Precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las
CCAA en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
Tratados de la UE.
• Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial,
incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en
las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos
competenciales de carácter horizontal del Estado.
• Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus
consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos;
insularidad; ultraperificidad; organización territorial o peculiaridades históricas
de derecho civil.
• Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus
condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos esenciales,
en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes,
así como la igualdad en el territorio en el que se resida.
• Establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas conforme a los principios de certeza, estabilidad,
y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía
financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad
interterritorial, definiendo la forma de operar de los mecanismos de nivelación
financiera con el objetivo de dar la máxima transparencia a la garantía del
principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de
servicios públicos; el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos
los territorios entendido como la existencia de una referencia normativa de
tipos impositivos efectivos iguales; la atención a la precisión del Tribunal
Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque en peor
condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de
renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el principio de

igualdad; y el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos de cohesión,
equilibrio y convergencia territorial.
• Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida y sostenida sobre
los principios de competencias propias, subsidiariedad y suficiencia financiera,
el impulso a la cooperación intermunicipal y la protección de la igualdad de los
ciudadanos en el acceso a los servicios esenciales en los municipios rurales.
• Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo,
orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de
doctrina. Atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
la culminación ordinaria de la resolución de los recursos judiciales. Garantizar
la independencia del Consejo General del Poder Judicial y posibilitar la
desconcentración en las Salas de Gobierno de los TSJ de determinadas
decisiones administrativas.
- Doble vocación europea e iberoamericana de España. Adecuar y reforzar nuestra
articulación con la Unión Europea y colocar a España a la vanguardia de una Europa
social. Reforzar nuestros lazos con los países hermanos de América Latina
Somos Europa, y la Unión Europea es nuestro sistema político. Queremos que España
se sitúe a la vanguardia del proceso de integración de una Europa social y solidaria,
fuerte y unida, con un modelo social y de bienestar que se corresponda con una
sociedad democrática cohesionada y justa.
España necesita reafirmar en la Constitución su compromiso con el proceso de
integración de la UE, especialmente cuando está siendo cuestionado por eurófobos,
euroescépticos y por quienes apuestan por nuevos localismos y nuevas fronteras.
Igualmente debe tener acogida el específico compromiso de España con el espacio
del Mediterráneo.
Ese compromiso debe plasmarse con la introducción de una cláusula europea que
haga posible una mejor articulación jurídica y política con Europa y que asegure que
nuestro sistema de derechos y libertades fundamentales, así como su interpretación
y aplicación, responde al nivel de multiprotección propio de nuestra condición de
Estado miembro del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
Del mismo modo, en la Constitución debe tener reflejo el hondo sentimiento de
vinculacióndeEspañaconlospaíseshermanosdeAméricaLatina.Nuestravinculación
histórica, lingüística, cultural y sentimental con América Latina, que alcanza al mismo
ser y sentido de España, merece también que aparezca reconocida solemnemente en
el Preámbulo constitucional como manifestación de una voluntad permanente del
pueblo español para hacer cada vez más sólido ese lazo fraternal, construido a lo
largo de siglos, mediante unas relaciones más intensas y solidarias, basadas en el
mutuo reconocimiento, la colaboración y la cooperación.

• Reafirmar en el Preámbulo de la Constitución nuestro compromiso con el
objetivo de hacer realidad una Europa unida en su diversidad.
• Reconocer el carácter vinculante del derecho europeo y su primacía respecto
del derecho interno en armonía con los principios, valores y derechos
constitucionalmente establecidos.
• Garantizar la participación de las CCAA en los procesos de formación de la
voluntad del Estado en todas las materias que sean de su competencia o sus
intereses pudieran verse sustancialmente comprometidos.
• Incluir una referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y a la necesidad de adecuar la
interpretación del Título I a la jurisprudencia del TEDH y del TJUE.
• Reflejar en el Preámbulo de la Constitución la especial vinculación de España
con los países hermanos de América Latina, entre otros aspectos en los ámbitos
cultural, económico, político, educativo, científico y diplomático.
Con esta propuesta, los socialistas damos el primer paso. Queremos compartir este
camino desde su inicio. Estamos convencidos de que sólo con la victoria del PSOE en
las elecciones generales del próximo mes de diciembre, se abrirá una nueva etapa
reformista que actualice nuestro marco de convivencia constitucional bajo la premisa
del diálogo y el consenso. A tal fin, el Partido Socialista convocará, tras las elecciones
y con carácter inmediato, a las restantes fuerzas parlamentarias con el propósito de
acordar el procedimiento para emprender la reforma de la Constitución y concitar, en
torno a él, el mayor apoyo y la mayor participación ciudadana.

Psoe

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