17 c. la transición

LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
A la muerte de Franco, las Leyes fundamentales preveían la continuación del régimen
franquista, pero a partir de ese momento, noviembre de 1975, con la subida al trono de Juan
Carlos I, se iniciaron una serie de transformaciones de las instituciones de la Dictadura que
culminaron con el establecimiento de un sistema democrático. En un periodo de tiempo
relativamente corto el pueblo español fue capaz de realizar el cambio desde el franquismo a
un régimen constitucional democrático. El proceso de la Transición política ha sido
considerado modélico por la manera pactada y no violenta en que, en términos generales, se
llevó a efecto.
1. LAS FUERZAS POLÍTICAS
Al iniciarse el proceso de la transición el panorama político estaba integrado por las
siguientes ideologías y formaciones políticas.
1.1 Los franquistas
La división entre los inmovilistas y los aperturistas, dentro del propio régimen, se
había agudizado en los meses finales de la Dictadura. Los primeros, partidarios de la
continuidad del régimen, controlaban la mayor parte de las instituciones. Los aperturistas eran
casi todos políticos jóvenes que se perfilaban como el relevo de la vieja generación y estaban
convencidos de la necesidad de un cambio político. Entre ellos se situaban Adolfo Suárez o
Rodolfo Martín Villa y otros políticos más veteranos como Manuel Fraga o José Mª de Areilza.
1.2 La oposición de derechas y los nacionalistas
Al morir Franco los grupos de la derecha liberal eran muy reducidos y su influencia en
la calle era casi nula, pero sus declaraciones políticas tenían mucha resonancia, dado que el
resto de la oposición era clandestina.
En Cataluña el objetivo de los grupos de la oposición era el establecimiento de la
autonomía. En 1974 la derecha nacionalista fundó Convergencia Democrática de Catalunya,
dirigida por Jordi Pujol.
En el nacionalismo vasco lo más destacado fue la creciente actividad terrorista de ETA,
que en esos momentos contaba con un importante apoyo popular. El PNV que rechazaba la
violencia como táctica de lucha, no condenaba los atentados.
1.3 la izquierda
En la izquierda había una gran diversidad de organizaciones. Estaba en primer lugar el
Partido Socialista Popular, de Enrique Tierno Galván que pese a su pequeño tamaño tenía
mucho apoyo en el mundo universitario.
Hasta 1974 el PSOE había sido dirigido por los viejos líderes desde el exilio. Frente a
ellos se encontraban los jóvenes renovadores del interior que criticaban la inactividad del
partido. En el Congreso de Suresnes (Bélgica) acabaron imponiéndose y Felipe González fue
elegido secretario general. De todas formas su presencia e influencia entre la gente era muy
escasa.
El partido que había desempeñado un papel más destacado en la lucha contra el
régimen había sido el PCE. Era el que tenía más capacidad de movilización y más presencia en
todos los ámbitos. Estaba dirigido por Santiago Carrillo desde París.

En el mundo sindical la fuerza más importante era CC.OO., vinculada al PCE, debido a
su implantación en los medios obreros gracias a su táctica de infiltración en el sindicato
vertical. También la UGT empezó a recuperar parte de su influencia.
Los intentos de unir a la oposición se plasmaron en la creación por un lado de la Junta
Democrática, fundada por el PCE y en la que no quiso integrarse el PSOE que fundó la
Plataforma de Convergencia Democrática.
2. EL INICIO DEL REINADO DE JUAN CARLOS I. EL GOBIERNO DE ARIAS NAVARRO
Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron caracterizados
por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería una mera
continuación del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se fue rodeando de
un grupo de asesores entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un
plan de cambio político que se debía realizar desde dentro de la propia legalidad franquista.
El rey optó por mantener como presidente del Gobierno a Arias Navarro, pero impuso
como ministros a franquistas moderados como Fraga o Areilza y una serie de políticos jóvenes
como Adolfo Suárez. Esto dio lugar a continuas contradicciones entre el inmovilismo del
presidente y sus ministros “aperturistas”. En enero de 1976 una oleada de huelgas se extendió
por todo el país, por razones económicas, pero también políticas. La represión desatada por el
Gobierno culminó con los sucesos de Vitoria en marzo, cuando cinco trabajadores murieron a
manos de la policía.
Por otro lado la oposición llegó a un acuerdo para unificar la Junta Democrática y la
Plataforma de Convergencia, formando Coordinación Democrática, conocida popularmente
como “Platajunta”. Esto dio más fuerza a la oposición que rechazaba las propuestas del
Gobierno.
Finalmente el rey, cada vez más insatisfecho con la labor del ejecutivo pidió a Arias
Navarro su dimisión el 1 de julio de 1976, a la que éste no opuso resistencia.
3. EL GOBIERNO SUÁREZ
El nombramiento de Suárez, joven político procedente del Movimiento, como
presidente del gobierno fue recibido con decepción por la opinión pública democrática. Pese a
que el gobierno estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que no era el
adecuado para liderar el proceso de transición a la democracia. Pero el nuevo gobierno pronto
dio signos de un cambio de talante, permitiendo las manifestaciones de la oposición y
abriendo la puerta a la legalización de los partidos políticos mediante la reforma del Código
Penal. Se aprobó también una amnistía que permitió liberar a algunos presos políticos.
En septiembre de 1976 Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política,
que será la pieza clave de la transición legal hacia la democracia. El proyecto significaba el
cambio hacia un sistema democrático a partir de las instituciones franquistas. Por eso era
necesario que fueran las Cortes franquistas las que aprobaran la ley. El proyecto había sido
redactado por Torcuato Fernández Miranda que tuvo un papel fundamental en su aprobación.
Estas medidas despertaron la oposición de los sectores inmovilistas. Ante el peligro de un
golpe militar Suárez nombró vicepresidente del gobierno al general Gutiérrez Mellado que
fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército.
En noviembre el texto de la Reforma Política fue aprobada por las Cortes, en un
debate tenso y duro, que se consideró el “suicidio político” de este institución. Se trata de un

texto breve donde se recogían los principios básicos de la democracia y la vía para su
implantación. Se establecía también su aprobación mediante la celebración de un
referéndum.
Poco a poco, la oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE celebró en
Madrid su XXVII Congreso al que asistieron importantes líderes internacionales. Santiago
Carrillo, el líder comunista dio una rueda de prensa clandestina en Madrid reclamando el
derecho del PCE a ser legalizado. Detenido el 23 de diciembre de 1976, fue puesto en libertad
ocho días después.
Ese mismo mes se había celebrado un referéndum popular sobre la Ley de Reforma
Política. La respuesta había sido contundente: con un 77.7% de participación, el 94.1% de los
votos habían sido positivos.
La oposición, que en un principio había desconfiado de Suárez, pasó a aceptar lo
inevitable: el fin del franquismo no se realizaría mediante lo que denominaban la ruptura
democrática (gobierno provisional, amnistía, legalización de todos los partidos, elecciones
libres...). En adelante, gran parte de la oposición pasó a apoyar un proceso de reforma que
iba a concluir en el establecimiento de un genuino régimen democrático.
El año 1977 fue clave en todo este proceso de reformas, que estuvo
siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutuamente. Por un lado,
las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo más
duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, diarios del régimen como El
Alcázar, o grupos políticos como Fuerza Nueva dirigida por Blas Piñar. Esta extrema derecha
centró sus esfuerzos en alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por
otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como
el GRAPO. Con sus ataques al ejército y las fuerzas policiales alimentaban las posibilidades de
un golpe militar.
La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de
enero de 1977, cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la
transición. Al asesinato de un estudiante en una manifestación pro-amnistía por parte de los
"Guerrilleros de Cristo Rey", le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar, el general Villaescusa, por parte del GRAPO y la matanza de cinco abogados
laboralistas del PCE en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha. En un clima de
miedo, el PCE respondió el día del entierro con una impresionante manifestación silenciosa en
el centro de Madrid que mostró la fuerza del partido y su disciplina interna.
Poco a poco la situación de extrema violencia fue remitiendo. El presidente había
iniciado las negociaciones con la oposición lo que supuso la legalización de los partidos
políticos, excepto el PCE, pero era claro que éste debía ser legalizado para que las elecciones
previstas fueran auténticamente democráticas. Finalmente el 9 de abril de 1977 se hizo
pública la legalización del PCE. Este hecho causó una gran conmoción en los sectores
conservadores y sobre todo en el Ejército que se oponía tajantemente a esta posibilidad y la
consideraron una traición de Suárez.
4. LAS ELECCIONES DE JUNIO DE 1977
Tal y como estaba previsto en la Ley de Reforma Política se convocaron elecciones
para el 15 de junio de 1977. Eran las primeras elecciones democráticas desde la Segunda
República.

Las fuerzas políticas se fueron perfilando ante las elecciones. En la derecha se había
fundado Alianza Popular, liderada por Fraga que representaba a los sectores franquistas.
Suárez formó su propio partido, la Unión de Centro Democrático (UCD) en el que se
agrupaban los aperturistas del franquismo y algunos elementos moderados de la oposición
democrática. En la izquierda, el PSOE tenía la ventaja del respaldo internacional y de la imagen
de responsabilidad de su programa. EL PCE apenas tuvo tiempo de organizar su campaña, para
muchos era un partido revolucionario, a pesar del tono conciliador de sus dirigentes. La
campaña electoral se desarrolló con relativa normalidad y con un interés generalizado por los
asuntos políticos.
El partido triunfador fue la UCD que fue el encargado de formar gobierno. El segundo
más votado fue el PSOE de Felipe González que se hizo con la hegemonía de la izquierda. Por
detrás quedaron el PCE y AP. Convergencia i Unió y el PNV se constituyeron como las
principales fuerzas nacionalistas
El nuevo gobierno de Suárez se aprestó a hacer frente a los dos principales desafíos del
momento: elaborar una Constitución que fuera la base del nuevo sistema y hacer frente al
terrorismo de ETA y al peligro golpista.
Todo este delicado proceso político debía hacerse en el contexto de una profunda
crisis económica. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro y
la inflación crecían alarmantemente. Para estabilizar la situación económica las principales
fuerzas políticas, la patronal y los sindicatos firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la
Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer frente a las graves dificultades
económicas. Las Cortes salidas de estas elecciones fueron las encargadas de redactar la
Constitución de 1978, que sigue vigente en la actualidad, y mediante la cual se estableció un
sistema de monarquía constitucional, equiparable al de otros países de nuestro entorno.
5. CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA
Tras la aprobación de la Constitución se celebraron nuevas elecciones en marzo de
1979, en las que de nuevo volvió a vencer la UCD y Adolfo Suárez fue de nuevo elegido
Presidente del Gobierno. En este etapa se continuaron las reformas, pero hubo que hacer
frente a serios problemas como el incremento de las acciones terroristas, lo problemas
económicos o la inestabilidad del gobierno debido a los desacuerdos en el seno de la UCD,
donde Suárez empezaba a ser cuestionado como líder. La falta de apoyo en su partido y las
presiones de la oposición y otros sectores provocaron su dimisión en enero de 1981.
La principal amenaza del sistema democrático provenía de los sectores del ejército
hostiles al proceso democrático. El 23 de febrero de 1981, mientras se votaba la investidura de
Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Suárez, se produjo un intento de golpe de Estado con
la entrada de un grupo de guardias civiles al mando de Antonio Tejero en el Congreso. El golpe
era el resultado de una trama en la que participaban altos mandos militares como los
generales Armada y Milans del Bosch con la intención de paralizar el proceso democrático. La
aparición del rey en televisión, esa misma noche, defendiendo el sistema constitucional fue
decisiva para que el golpe fracasara.
Días después Leopoldo Calvo Sotelo fue investido Presidente del Gobierno. Algunas de
las medidas de mayor trascendencia de su gobierno fueron la aprobación de la Ley de Divorcio
(1981) y el ingreso de España en la OTAN. Finalmente la crisis de la UCD, que el propio Suárez
abandonó para formar su propio partido, el Centro Democrático y Social (CDS), llevó a la
convocatoria de nuevas elecciones.

Las elecciones generales celebradas en octubre de 1982 dieron la victoria al PSOE. Se
considera que con ellas se llega al final del proceso de transición, considerado modélico por
haberse logrado de forma pacífica y mediante el consenso y se inicia una nueva etapa de
consolidación definitiva del régimen democrático en España.
LA CONSTITUCIÓN DE 1978
Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 no tenían formalmente el carácter de
constituyentes. Sin embargo, se impuso la opinión de que su primera tarea debía ser la
elaboración de una Constitución democrática. Fue redactada por la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Congreso, partiendo de una ponencia de siete miembros, conocidos como
“los padres de la Constitución”: Miguel Herrero, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros por
UCD; Gregorio Peces Barba por el PSOE, Jordi Solé Tura Por el PCE, Manuel Fraga por AP y
Miquel Roca en representación de los nacionalistas catalanes y vascos, aunque estos
rechazaron esta representación pues querían estar presentes como PNV.
Los ponentes se propusieron redactar una Constitución de consenso, resolviendo los
problemas de los asuntos más controvertidos mediante la negociación y el acuerdo, por eso
fue aceptada por casi todos, lo que suponía una garantía de estabilidad para el proceso de
democratización. En general puede ser calificada de progresista.
El 31 de octubre era aprobada por el Congreso y fue sometida a referéndum el 6 de
diciembre de 1978, en el que el 87% votó a favor, excepto en el País Vasco porque el PNV
promovió la abstención ya que no reconocía los derechos forales. Este resultado dio validez a
una Constitución que sigue vigente hasta hoy. La Constitución Española de 1978 consta de diez
títulos y ciento sesenta y nueve artículos; disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias.
En el artículo 1º se establece que “España se constituye en una Estado social y
democrático de derecho”. Esto significa que aunque se reconoce la propiedad privada y el
mercado libre, el Estado puede intervenir en la economía para corregir las desigualdades.
También se recogen como valores supremos del ordenamiento jurídico “la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político”.
Se recoge una amplia y minuciosa declaración de derechos de los ciudadanos:
asociación, reunión, expresión, derecho a la intimidad, al honor, a la no discriminación por
razón de sexo, religión, raza. Igualmente se reconoce el derecho a la educación, la sanidad, el
trabajo, la vivienda digna.
El Estado se declara aconfesional, no hay religión oficial, aunque se reconoce la
realidad social que significa la Iglesia Católica en España.
La pena de muerte es abolida, aunque se mantuvo un tiempo en la jurisdicción militar.
El Estado se define como monarquía parlamentaria. El rey tiene una función
moderadora y arbitral, con funciones de representación del Estado, pero sin responsabilidades
políticas concretas. Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
El poder legislativo, que representa a la soberanía nacional, mediante sufragio
universal, directo y secreto, se articula en un sistema bicameral: El Congreso de los Diputados
tiene mayor peso político y la última palabra en la aprobación de las leyes y el Senado que se
diseñó como cámara de representación de las Autonomías, pero aún tiene su función por
definir. Además de aprobar las leyes, el legislativo elige al Presidente del Gobierno, aprueba
los presupuestos y controla la labor del Gobierno.

El poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno que tiene también capacidad para legislar,
aunque las leyes las debe aprobar el legislativo. El Congreso es el que elige al Presidente del
Gobierno y éste nombra a los ministros. El Gobierno dirige la política interior y exterior.
El poder judicial lo ejercen los tribunales de justicia, en sus distintos niveles, que
culmina en el Tribunal Supremo, cuya jurisdicción se extiende a todo el país. El Tribunal
Constitucional es el encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Por último, el
Defensor del Pueblo se encarga de defender a los ciudadanos ante posibles abusos de la
Administración.
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO AUTONÓMICO
En el Título VIII, uno de los que supuso mayor dificultad para conseguir el consenso, se
regula la nueva organización territorial del Estado con la intención de responder a las
reivindicaciones nacionalistas, especialmente de País Vasco y Cataluña y acabar con la política
centralista llevada al extremo por el franquismo. En él se establece la posibilidad de que las
provincias limítrofes pudieran configurarse en comunidades autónomas, a través de los
correspondientes Estatutos de Autonomía, que debían ser aprobados por las Cortes
El proceso autonómico se había iniciado con anterioridad. En Cataluña, el 11 de
septiembre de 1977 hubo una gran manifestación reclamando la autonomía, el 29 de ese
mismo mes se restauró la Generalitat y Suárez propició la vuelta de Josep Tarradellas,
presidente de la Generalitat en el exilio, para reconducir el proceso autonómico. También en el
País Vasco se formó el Consejo General Vasco. Estos hechos animaron a la creación de
instituciones preautonómicas en la mayor parte de las regiones, algunas con poca tradición
autonomista. Esta situación condicionó la redacción del texto constitucional en este aspecto.
La Constitución no creó el mapa actual de las Comunidades Autónomas sino que dejó a
las regiones la iniciativa para ejercer el derecho a la autonomía e indicó el proceso a seguir. Se
establecieron dos vías para acceder a la autonomía: una más rápida para aquellos territorios
que antes del final de la Guerra tenían aprobado su estatuto, se les denominó nacionalidades
históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia a las que se incorporó Andalucía y otra para el resto,
más lenta.
Tras aprobarse la Constitución se presentaron en las Cortes los proyectos de Estatuto
de autonomía de Cataluña y País Vasco, que después de largas y tensas negociaciones fueron
aprobados y sometidos a referéndum en octubre de 1979. Estos Estatutos otorgaban a ambas
Comunidades amplias competencias: educación, sanidad, lengua, cultura, trabajo, ordenación
territorial, transportes, turismo, justicia, orden público, etc. En marzo de 1980 se celebraron
las primeras elecciones autonómicas: en Cataluña venció Convergencia i Unió (CiU) y en el
País Vasco el PNV.
Esto dio un impulso notable al proceso autonómico. El siguiente estatuto que se aprobó fue el
gallego y a partir de aquí se generalizó la concesión de estatutos de autonomía a todas las
regiones españolas con lo que se impuso el modelo de Estado descentralizado con un nivel de
competencias similar en todas las Autonomías.
Las Comunidades Autónomas se dividen en provincias (excepto las uniprovinciales:
Madrid, Murcia, La Rioja, Baleares, Cantabria, etc) y estas a su vez en municipios. El
ordenamiento jurídico de las Comunidades Autónomas se establece en los respectivos
Estatutos de Autonomía, en ellos se establecen los correspondientes órganos de gobierno:
Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno con su Presidente y un Tribunal Superior de
Justicia. A lo largo de todo el proceso las Comunidades Autónomas han ido asumiendo

competencias: infraestructuras, ordenación del territorio, educación, sanidad, etc. Hay otras
competencias que son exclusivas del Estado: política exterior, defensa, deuda pública.
Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y el gobierno central a veces
resultan problemáticas especialmente en temas de financiación o cuando alguna de las
instituciones invade competencias de las otras. A pesar de estos problemas el modelo ha
resultado bastante satisfactorio, hasta la actualidad en que resurge el problema por los deseos
independentistas de parte de la sociedad catalana, apoyados por el gobierno de la Generalitat,
que aspira a la celebración de un referéndum para decidir si constituyen un Estado propio. A
esta pretensión se opone el gobierno central y la mayor parte de los partidos nacionales.

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