Proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca

PROYECTO DE LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VASCA
La presente ley plasma como alternativa regulatoria la tesis de intentar incluir
todas las necesidades intrínsecamente conexas sobre la materia objeto de
consideración -en genérico la Administración pública- y así poder ofrecer un
texto de referencia que aporte coherencia sobre el doble ámbito conceptual de
la organización y el funcionamiento del entramado público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
No se trata de codificar toda la regulación existente en un único texto. Más
bien, se trata de una opción sistemática para disponer de una ley de cabecera
que organice el conjunto de normas que disciplinan el quehacer de la
Administración vasca. Con ello se busca, primero, reducir las disfunciones y
contradicciones que genera la amplia legislación vigente sobre la misma
temática. Y, segundo, instar al debate resolutivo en Euskadi sobre la mejora de
la percepción de la ciudadanía respecto a la llamada cosa pública, su
revalorización, contribuyendo a crear, en definitiva, una nueva cultura
administrativa basada en los nuevos paradigmas que requieren los tiempos
actuales, relacionados entre otros muchos aspectos con la eficacia y la
eficiencia, la organización y la gobernanza, la transparencia y la participación
de la ciudadanía en los asuntos públicos.
La nueva ley tiene su encaje en las competencias exclusivas de los
apartados 2, 6 y 24 del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de
diciembre, “del Estatuto de Autonomía para el País Vasco”, que regulan tanto la
organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno,
como las normas de procedimiento administrativo que deriven de las
especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País
Vasco, y el sector público propio del País Vasco en cuanto no esté afectado por
otras normas del Estatuto de Autonomía.
El Título Preliminar de esta ley refleja esa pluralidad y la referencia dual a la
organización y al funcionamiento al abordar el objeto de la ley, sus fines más
genéricos y la obligada referencia a un concreto ámbito de aplicación, que se
circunscribe en este caso a la Comunidad Autónoma de Euskadi como entidad
territorial y a todos los entes vinculados o dependientes de alguna manera
ahora relevante con aquélla.
Como complemento a ese tratamiento preliminar de la regulación se fija el
contenido subjetivo de la organización institucional. Se responde al estándar
tradicional de tipos de entes que más adelante también se justificarán desde la
perspectiva de las razones que motivan su existencia y su pluralidad. Se ha
dicho que podría ser bueno simplificar y definir una única figura, pero no
podemos compartir tal criterio porque cada tipo de entidad institucional es

apropiada a un tipo de actividad y a unas reglas que configuran su creación y
extinción. No podemos innovar en las figuras (ya lo dijo tempranamente el TC)
y, en fin, más allá de cuestiones estéticas, sin duda que elecciones como la
que se puede producir entre la figura de un organismo autónomo y un ente
público de derecho privado, tienen un trasfondo importante y muy técnico en el
que hay que profundizar y, sobre todo, advertir que la elección por una u otra
figura se ha de motivar concienzudamente.
Del mismo modo que podemos afirmar sin duda que esta ley persigue
buscar soluciones para una Administración pública concreta y que no se debe
ocupar de las relaciones y las comparativas para con otras Administraciones
públicas, pues no se puede crear desde una ley como esta un espacio artificial
de principios o de normas generales para todas las Administraciones públicas
vascas, sobre lo que deben dar de sí los novedosos requerimientos que exigen
los principios de la transparencia y de la participación ciudadana. Resulta
mucho más apropiado que cada nivel político e institucional trabaje y refleje en
sus normas institucionales u organizativas propias su compromiso, por lo que
esta ley va a profundizar únicamente en el Sector Público de la Comunidad
El Título I refleja los compromisos legales que asumimos respecto a las
facetas concretas de nuestra Administración autonómica, en cuanto a su
estructura, organización y ejercicio de las funciones y potestades que
comprenden sus competencias.
Una ley como esta debe dedicarse a promover y en su caso a consolidar
nuestro propio modelo. No puede resultar apropiada una ley que pretenda
rupturas traumáticas, entre otras razones, porque el modelo que el Gobierno
Vasco ha ido configurando con sus usos a lo largo de estas últimas décadas
tampoco se puede decir que haya permanecido alejado de los paradigmas más
modernos de la gobernanza europea o que haya carecido de resortes que
procuran buenos niveles de eficiencia, transparencia o participación ciudadana.
Al fin y al cabo el artículo 9 del Estatuto de Autonomía y sus mandatos para la
remoción de obstáculos que impidan la igualdad efectiva en el ejercicio de
derechos y deberes ciudadanos, la promoción del progreso o la solidaridad con
los más desfavorecidos, ha sido y sigue siendo una guía de funcionamiento a la
que adaptar constantemente la organización pública.
En las normas de este título se reproducen elementos estructurales que
pueden resultar tópicos para la Administración Pública Vasca, teniendo en
cuenta los esquemas que ya figuran en la ley de Gobierno y con los que
funcionamos desde hace tiempo. Muchos están aquí por su relevancia
operativa y jurídica, lo que hace que deban volver a aparecer en esta ley junto
con otros muchos detalles más o menos novedosos.
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El Título II, “De la composición y coherencia del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi”, responde a la necesidad de reordenar,
clarificar y, eventualmente, redimensionar, el conjunto de entes públicos y
privados vinculados de forma más o menos intensa a la Administración.
Por un lado, se establecen unos “principios generales de actuación como
sujetos integrantes del sector público” que no son sino traducción al ámbito de
los entes institucionales e instrumentales de los establecidos con carácter
general para toda la Administración pública, antes citados, así como unos
“principios aplicables para la creación de nuevas entidades o participación en
otras ya existentes” que vienen a concretar su aplicación a este aspecto
particular de la estructura, que la experiencia ha mostrado especialmente
delicado. Estos principios habrán de servir de guía en el procedimiento de
creación, establecido en dos fases, una general y otra específica para cada tipo
Se crea el Registro de Entidades del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, en el que se inscribirán preceptivamente las principales
vicisitudes relativas a la vida de estas. Este registro, de carácter público y
naturaleza informativa, estará según la ley adscrito al departamento de la
Administración general competente en materia de Administración pública.
Llegamos así, una vez tratados los bloques referentes a la organización de
la Administración pública, en sentido estricto, y al sector público, en su
globalidad, al bloque relativo al funcionamiento de la Administración pública.
El Título III, “Del funcionamiento de la Administración Pública Vasca al
servicio de la ciudadanía”, se inicia dejando sentados los principios generales
que han de guiar el funcionamiento de la Administración (concreción y
desarrollo, en este caso, de los ya avanzados en el título primero) y los
principales derechos y deberes que los ciudadanos y ciudadanas tienen
respecto a la Administración. Estos derechos, haciendo propia la formulación
europea de “derecho a una buena administración” (artículo 41 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea) se concretan en aquellos que,
a los efectos de esta ley y en el ámbito que nos es propio, se entienden como
contenido esencial de esa “buena administración”. Incluyendo en este caso
tanto los que conforman, en el ámbito europeo, ese derecho a una buena
administración, como otros que, ampliándolo en el ámbito interno, se entienden
también relevantes. Y sin perjuicio de que su formulación y regulación concreta
se encuentre, en prácticamente todos los casos, en otras normas específicas a
las que el proyecto se remite.
En cuanto a la planificación y evaluación, podemos decir que, sin duda, es el
pilar interno de los tres que conforman la buena gobernanza (los otros dos
serían la transparencia y la participación). Ninguno puede funcionar o
sostenerse por sí solo, sin los otros dos. Así, la evaluación es necesaria para
dar sentido a la transparencia y la participación, y su efectividad y utilidad es
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subrayada y reforzada por un adecuado desarrollo de esos mismos principios
de transparencia y participación. La obligación de evaluar es la clave de
bóveda de ese triángulo. Por ello, se incorporan a la Administración toda una
serie de nuevos procedimientos evaluativos, basados en los modelos más
avanzados de los que disponemos.
En cuanto a la Administración electrónica, si bien su desarrollo, espectacular
en los últimos tiempos, seguramente responderá más a cuestiones de hecho
(la progresiva digitalización de la Administración) que a acciones normativas,
no podía quedar fuera de esta ley, en tanto que pretende ser el esquema
esencial de una Administración moderna.
En cuanto al Título IV, sigue el esquema de la legislación básica y, en ese
contexto, viene a desarrollar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Euskadi el contenido esencial de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En el apartado de la publicidad activa, más allá del amplio abanico de
informaciones que se prevén exponer proactivamente al público, es de
destacar la apertura y reutilización de datos (open data), materia en la que
Euskadi es líder, sin perjuicio del camino que aún queda por recorrer hacia los
modelos establecidos en los países de referencia en la materia (como Reino
Unido o Estados Unidos).
Finalmente, el Título V, dedicado a la participación ciudadana y los procesos
participativos, adopta una perspectiva flexible y adaptable, en el entendido que,
habida cuenta de la cantidad, variedad y riqueza de las figuras participativas
que existen y pueden crearse en el futuro, es preferible establecer las
condiciones y garantías básicas que debe reunir cualquier proceso
participativo, antes que establecer un catálogo cerrado (y siempre inacabado)
de figuras participativas. De esta manera, no sólo podrán incorporarse nuevos
e innovadores cauces de participación, sea presencial o telemática, en función
de las capacidades tecnológicas del momento, sin merma de las garantías
necesarias. También permitirá un amplio margen a la Administración para
elegir, en cada momento, el cauce más adecuado a la importancia, complejidad
o dimensión de cada actuación pública.
Es necesario también destacar la pionera introducción de la figura del
derecho a promover iniciativas reglamentarias ciudadanas. Este artículo,
siguiendo el esquema y aprovechando las garantías ya previstas en la ley
8/1986, de 26 de junio, de iniciativa legislativa ciudadana, incorpora esta
novedosa figura que permite al Gobierno, sin renunciar a su capacidad última
de decisión y dirección de las políticas públicas, incorporar a su acción aquellas
demandas ciudadanas que, por su apoyo amplio y su acierto, merezcan tal
consideración.
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Por último, se incorpora la previsión de una “Plataforma de Gobierno
Abierto”, a la que se atribuyen funciones tanto desde la perspectiva de
participación como de transparencia, en un remate de clara proyección al
futuro.
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TÍTULO PRELIMINAR.- De la Administración Pública Vasca.
Capítulo Primero.- Disposiciones generales.
Artículo 1.- Objeto.
Esta ley tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la
Administración Pública Vasca en todas sus formas de personificación.
A los efectos de esta ley se entiende por Administración Pública Vasca o
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi tanto la Administración
general de la Comunidad Autónoma de Euskadi como su Administración
institucional y los Entes instrumentales integrados en la misma.
Artículo 2.- Fines.
1.- Al abordar la organización, la presente ley persigue los siguientes fines:
a) Establecer normas y criterios para el desarrollo de los procesos de
estructuración orgánica y funcional de la Administración general.
b) Definir las entidades que con personificación jurídica pública o privada
distinta de la Administración general se integran en el Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi; regular los requisitos que ha de cumplir su
constitución o la participación en entidades ya existentes; y establecer los
mecanismos de relación con la Administración general de la que dependen y a
la que se adscriben.
c) Definir las causas que justifican la participación de la Administración
general y del resto de entidades integrantes del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en otras entidades que, atendidos los
criterios establecidos en la presente ley, no adquieran como consecuencia de
esa participación la condición de integrantes de dicho sector público.
2.- En cuanto al funcionamiento, los fines de la presente ley son:
a) Establecer instrumentos y procesos que permitan generar valor público en
la prestación de servicios.
b) Impulsar la evaluación de las políticas públicas, en cuanto a la obligación
de evaluar y la obligación de comunicar los resultados de esa evaluación.

c) Promover el acceso de la ciudadanía a la información pública que obre en
poder de la Administración general y de los organismos y entidades vinculadas
o dependientes de la misma.
d) Informar a la ciudadanía sobre la planificación del Gobierno y sus
compromisos estratégicos, consolidando el principio de publicidad activa.
e) Favorecer en la ciudadanía y en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi la generación de una cultura y hábitos de participación
corresponsable en los asuntos públicos,
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
1.- Las previsiones organizativas de esta ley son aplicables en la forma que
en cada caso se disponga, a:
a) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado,
sociedades públicas, fundaciones y consorcios del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
c) Los entes y empresas participadas, ya sea de manera directa o indirecta,
por la Administración y demás entidades del Sector Público de la Comunidad
d) Aquellas otras entidades de naturaleza pública en que así lo disponga su
norma de creación o esta misma ley.
2.- Las previsiones de funcionamiento de esta ley son aplicables, además de
a los sujetos citados en el apartado anterior, a las entidades privadas y
particulares en su relación con la Administración Pública Vasca.
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Capítulo Segundo.- Organización institucional.
Artículo 4.- Administración pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
1.- La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se
halla integrada por la Administración general y por la Administración
institucional.
2.- La Administración general o Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi es la única entidad de la misma de carácter territorial.
3.- La Administración institucional se halla integrada por las siguientes
entidades:

a) Los entes institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se
rijan por el derecho público, los cuales reciben la denominación de organismos
autónomos.
b) Los entes públicos de derecho privado.
Artículo 5.- Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
El Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi está integrado por
las entidades citadas en los párrafos 2 y 3 del artículo anterior, y por las
siguientes:
a) Las sociedades públicas.
b) Las fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
c) Los consorcios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
Cada una de dichas entidades estará dotada de personalidad jurídica propia
y diferente de la que tengan las demás.
TÍTULO I.- De la Administración general e Institucional de la Comunidad
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Capítulo Primero.- Estructura.
Artículo 6.- La Administración general.
1.- La Administración general o Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, dividida funcionalmente en departamentos y constituida por
órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines
con personalidad jurídica única, tal y como dispone el artículo 53 de la ley
7/1981, de 30 de junio, sobre ley de Gobierno.
2.- La Administración general, además de realizar su actividad en la sede de
sus Instituciones, puede desarrollarla asimismo, de manera territorialmente
descentralizada, a través de sus órganos periféricos, como son las distintas
delegaciones territoriales, o de oficinas en los Territorios Históricos de
Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y, dentro del ámbito de sus competencias, a
través de las delegaciones de Euskadi en el exterior.

Artículo 7.- Principios de organización y de funcionamiento.
1.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi se organiza
con arreglo a los siguientes principios:
a) Jerarquía, en el ejercicio de las funciones directivas, y desconcentración
funcional, en su caso, para el desarrollo de actividades de gestión o de
ejecución.
b) Economía y adecuada asignación de los medios a los objetivos
institucionales, aprovechando donde sea posible economías de escala.
c) Simplicidad y claridad de la organización.
d) Subsidiariedad en la ejecución y adaptabilidad de la estructura
2.- La actuación de la Administración se adecúa a los principios de legalidad,
objetividad, transparencia, publicidad, eficacia y eficiencia. Como garantía de
su observancia, promoverá y realizará la coordinación entre sus órganos y, en
todo caso, con los órganos de los Territorios Históricos y de las
Administraciones locales.
3.- Los principios contemplados en este artículo se materializan en los
siguientes criterios aplicables al diseño organizativo:
a) Enfocar la organización con la visión única de servicio público,
canalizando los recursos para satisfacer a la ciudadanía e impulsar la
coordinación intradministrativa.
b) Procurar la capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad,
incorporando la perspectiva de género, escuchando de forma activa, adaptando
la organización al entorno cambiante, anticipándose a los nuevos
requerimientos y cumpliendo con los objetivos de eficacia y eficiencia.
c) Normalizar el uso del euskera en la actividad administrativa.
d) Aplanar las estructuras, eliminando los niveles jerárquicos que no aportan
valor e incrementan la burocracia.
e) Determinar las áreas funcionales con amplios contenidos, contemplando
la identidad y la naturaleza de la materia a gestionar, el flujo de trabajo, el
ámbito, el objetivo y el público objetivo.
f) Configurar estructuras homogéneas para la realización de funciones
similares, sean unidades organizativas horizontales o unidades organizativas
territoriales, utilizando los servicios y herramientas corporativas.
g) Definir estructuras comunes encargadas de las siguientes funciones:
evaluación, gestión económico-administrativa, organización, control de la
gestión, apoyo jurídico, recursos humanos, recursos generales, desarrollo
tecnológico, sistemas de información, estadística, telecomunicaciones,
euskera, igualdad, calidad y fomento del trabajo en red.
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h) Orientar la organización territorial a la prestación de servicios integrales
de atención a la ciudadanía, que puedan gestionar programas
multidepartamentales.
i) Delimitar la creación de estructuras organizativas autónomas, creándolas
sólo en los determinados supuestos que se regulan en esta ley.
j) Fomentar los nuevos estilos de dirección generando espacios de
participación, confianza y autonomía responsable comprometida con la
consecución de objetivos y resultados.
k) Configurar estructuras dinámicas de organización orientadas a la gestión
por procesos optimizando los flujos de información internos y externos.
l) Aprovechar al máximo las tecnologías de la información y comunicación
para acercar la Administración a la ciudadanía, eliminando las barreras
geográficas, temporales y de conocimiento, para la organización en red,
dotándose de flexibilidad e interconexión entre las unidades.
m) Optimizar la utilización de los recursos humanos de la Administración
evitando la externalización de las actividades y servicios que puedan realizarse
con los recursos propios y las que constituyen funciones públicas esenciales.
n) Impulsar la transparencia y la participación en la planificación y evaluación
de las políticas públicas y la rendición de cuentas en la acción pública.
Artículo 8.- Órganos superiores, altos cargos y órganos directivos.
1.- Son órganos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi los siguientes:
a) Los departamentos de la Administración general de la Comunidad
b) Las viceconsejerías, como unidades organizativas, que agrupan diversas
direcciones en los distintos departamentos de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, bajo un único responsable, el cuál ejerce las
funciones que se establecen en el correspondiente decreto de estructura
orgánica y funcional de departamento, además de aquellas otras que le
delegue el titular del mismo.
c) Las secretarías generales de Lehendakaritza, con la organización y
funcionalidad que se determine en su propio ámbito por el o la Lehendakari.
2.- Los consejeros y consejeras son designados y separados por el
Lehendakari. Inician la relación de servicio con la Comunidad Autónoma de
Euskadi a partir de la fecha de su respectiva toma de posesión, cesando en su
función en las circunstancias previstas en el artículo 24 de la ley 7/1981, de 30
de junio, sobre ley de Gobierno.
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3.- Los viceconsejeros o viceconsejeras, y en su caso los secretarios o
secretarias generales de Lehendakaritza, serán nombrados mediante decreto
por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona que ostenta la
titularidad del departamento.
4.- Tendrán la consideración de alto cargo:
a) De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la ley 7/1981, de 30 de
junio, sobre ley de Gobierno, las personas que desempeñen los cargos de
viceconsejero o viceconsejera, o de director o directora, de los departamentos.
b) Los secretarios o secretarias generales de Lehendakaritza.
c) Los delegados y delegadas de Euskadi en el exterior.
d) Los presidentes y presidentas, y los directores y directoras de Organismos
Autónomos y de Entes Públicos de Derecho Privado.
e) Aquellos así determinados por la ley de creación del ente o por el decreto
de estructura del departamento del que dependa el ente instrumental.
5.- Quienes mantengan una vinculación de alto cargo de la Comunidad
Autónoma de Euskadi tendrán un régimen jurídico específico. Este personal
alto cargo inicia su relación de servicio con el decreto de nombramiento,
finalizando dicha relación por cese o dimisión, que producirá sus efectos a
partir de la fecha de publicación del decreto correspondiente.
6.- Son órganos directivos de la Administración Pública Vasca los siguientes:
a) Las direcciones de los departamentos, como unidades organizativas de
los distintos departamentos de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, que agrupan servicios y funciones de la misma
naturaleza.
b) Las delegaciones de Euskadi en el exterior.
c) Las direcciones de Organismos Autónomos o de Entes Públicos de
Derecho Privado.
d) Las demás direcciones de área o de división o de cualquier otra
denominación de la Administración general y de los Organismos Autónomos y
de los Entes Públicos de Derecho Privado, cuando expresamente tengan
atribuida la consideración de órgano directivo, o bien expresamente se califique
a la persona titular de dicho órgano como personal directivo, en la norma de
creación del órgano.
e) Las direcciones generales de las sociedades públicas.
f) Las subdirecciones y delegaciones territoriales.
7.- En todo caso, la designación de los titulares de los órganos directivos y el
desempeño de los mismos, atenderán a los siguientes principios:
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a) Responsabilidad profesional, personal y directa.
b) Sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o
directivo competente.
8.- Las personas titulares de los órganos directivos que ostenten la condición
de alto cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
serán nombrados mediante decreto por el Lehendakari o por el Consejo de
Gobierno, a propuesta de la persona que ostenta la titularidad del
departamento del que depende la correspondiente entidad instrumental.
Artículo 9.- Departamentos de la Administración general.
1.- Cada departamento comprende una o varias áreas funcionalmente
homogéneas de actividad administrativa dentro del ámbito de competencias de
la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2.- La creación, modificación, agrupación y supresión de departamentos, así
como la determinación de las funciones y del área o áreas de actividad
administrativa a las que se extienden sus competencias se efectúa conforme a
lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 7/1981, de 30 de junio, sobre ley de
Gobierno. El decreto que el o la Lehendakari aprueba a tal efecto determinará
los criterios organizativos a los que habrá de ajustarse la estructura orgánica y
funcional de cada departamento.
3.- La organización en departamentos no obsta a la existencia de áreas de
actividad administrativa que se pueda adscribir el o la Lehendakari. En tal caso,
éste asumirá las competencias referidas en los artículos 26 y 61 de la ley de
Gobierno, que podrán ser delegadas en un consejero de la Presidencia o en
secretarios generales o directores, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.4
de esa misma ley.
Artículo 10.- Decretos de Estructura Orgánica y Funcional.
1.- Los departamentos de la Administración general se estructuran orgánica
y funcionalmente mediante decreto del o de la Lehendakari, a propuesta del
titular del departamento correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 de la ley 7/1981, de 30 de junio, sobre ley de Gobierno. La
propuesta que en este sentido se presente al Lehendakari se atendrá a los
criterios establecidos en el decreto referido en el artículo anterior o, en su caso,
propondrá su modificación expresa.
2.- Los respectivos decretos de estructura orgánica y funcional de cada
departamento definen la dependencia jerárquica de los órganos en los que se
estructure así como la distribución de las distintas áreas de actuación.
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3.- En los departamentos y organismos autónomos pueden existir
Subdirecciones para la gestión de un sector de actividad administrativa,
siempre que se justifiquen en la viabilidad de la gestión o la prestación del
servicio. De ellas podrán depender jerárquicamente las jefaturas de servicio
que se les adscriban.
4.- Asimismo podrán crearse órganos periféricos. Su creación, justificada en
los principios de organización y funcionamiento, en ningún caso producirá, o
mantendrá, duplicidades de estructuras administrativas con otras que,
atendidas sus funciones, resulten equivalentes en el resto de Administraciones
existentes en el territorio al que se adscribe el órgano periférico. En todo caso,
se podrán crear órganos de carácter periférico dependientes de los órganos
centrales cuando un área o áreas de las atribuidas a un departamento
demanden una atención más cercana a la ciudadanía. Podrán finalmente existir
oficinas territoriales para la gestión de asuntos de los departamentos.
5.- Los decretos de estructura orgánica y funcional relacionarán, además de
las Subdirecciones, las oficinas territoriales y las delegaciones territoriales que
se creen, así como las entidades pertenecientes al Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi que se hallan adscritos al departamento.
Igualmente identificarán necesariamente la relación de órganos colegiados que,
integrándose en su estructura, permanecerán operativos.
Artículo 11.- Administración de Euskadi en el exterior.
Cuando el desarrollo de competencias propias de la Administración general
de la Comunidad Autónoma de Euskadi lo haga necesario, podrán crearse
órganos que ejerzan su competencia funcional fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. Los delegados o delegadas de Euskadi en
el exterior estarán adscritos al departamento competente en materia de acción
exterior.
Artículo 12.- Órganos colegiados.
1.- Se podrán crear órganos colegiados para el ejercicio de funciones
consultivas o de participación, siempre que los mecanismos de coordinación y
de colaboración interinstitucionales o público-privados no resulten efectivos.
Estos órganos colegiados tendrán atribuidas funciones de propuesta,
asesoramiento, seguimiento o control.
2.- La norma de creación de un órgano colegiado tendrá necesariamente el
siguiente contenido mínimo:
a) La motivación de su necesidad y de la inexistencia de duplicidades en las
funciones asignadas.
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b) Sus fines y objetivos.
c) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
d) La composición y los criterios para la designación de la persona titular de
su presidencia y de los restantes miembros.
e) Las funciones de propuesta, asesoramiento, seguimiento y control que se
le encomiendan, así como cualquier otra que se le atribuya.
f) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su
funcionamiento.
3.- En todo caso, salvo justificación razonada en el expediente de tramitación
de la norma de creación del órgano colegiado, el apoyo administrativo y a la
gestión del órgano colegiado se realizará con los medios humanos y materiales
existentes en el departamento o departamentos de la Administración general o
entidad al que se adscriben o del cual dependen.
4.- Anualmente se redactará una memoria de gestión y se rendirá cuenta de
ello en la Plataforma de Gobierno Abierto. La falta de actividad requerirá la
toma en consideración de su reformulación o extinción.
5.- Si en la composición del órgano colegiado concurren representantes de
varios departamentos de la Administración general o de entes pertenecientes al
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la norma de creación
habrá de revestir la forma de decreto. En caso contrario, se crearán mediante
orden del o de la titular del departamento en que se creen.
6.- Cuando la creación del órgano colegiado atribuya a éste competencias
de emisión de informes preceptivos para la adopción de ulteriores decisiones
por otros órganos, o de seguimiento y control de la actuación de otros órganos,
será objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
7.- Las normas precedentes resultan de aplicación a los órganos colegiados
correspondientes a los organismos autónomos, los entes públicos de derecho
privado y los consorcios.
Artículo 13.- Administración independiente.
1.- Excepcionalmente se podrán crear y atribuir funciones decisorias a
órganos unipersonales o colegiados, o a entidades bajo las figuras de
organismos autónomos, entes públicos de derecho privado o consorcios, que
se considerarán como Administración independiente, integradas en la
Administración Pública Vasca, cuando el ejercicio de sus funciones requiera de
independencia o de una especial autonomía respecto de la Administración
general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, de las
Administraciones integradas.
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2.- En estos casos la norma de creación habrá de tener rango legal y tendrá
necesariamente el siguiente contenido:
a) La motivación de su necesidad, de la independencia funcional o
autonomía que le venga atribuida, e inexistencia de duplicidades en las
funciones asignadas.
b) La composición y los criterios para la designación de sus órganos
encargados de la adopción de los acuerdos mediante los que ejerza sus
funciones decisorias. A este respecto, se habrá de garantizar tanto la
independencia y solvencia técnica de sus miembros, para el ejercicio de sus
funciones, como su inamovilidad en el ejercicio del cargo durante un período no
inferior a dos años, así como su régimen de incompatibilidades y suplencias.
c) Las funciones decisorias que se le encomiendan, así como el modo en
que se adoptan los acuerdos en los que se plasman las mismas, conforme al
principio de colegialidad o de especialidad técnica.
3.- Las personas miembros de los órganos a los que se refiere el apartado
anterior estarán sujetas a las causas de abstención, recusación o incapacidad
previstas en las leyes, así como a los correspondientes regímenes
disciplinarios y éticos que se establezcan.
4.- La reestructuración y la extinción de este tipo de órganos o entidades de
la Administración independiente requerirá una norma con rango de ley que
modifique o derogue su norma de creación.
Artículo 14.- Espacios estables de participación ciudadana y asociativa.
1.- En los departamentos de la Administración general y en la organización
interna de las entidades de la Administración institucional se establecerán
espacios estables de participación ciudadana y asociativa, orientados a la
deliberación o propuesta sobre una política pública o un conjunto de políticas
públicas relacionadas entre sí o sobre un sector de la población con
características sociales o personales comunes.
2.- Los espacios estables de participación ciudadana y asociativa articularán
de forma equilibrada la presencia ciudadana, su dimensión adecuada, la
deliberación de calidad, la diversidad social en las deliberaciones, y se basarán
en la confianza mutua fundamentada en la transparencia y el buen gobierno
para la generación de valor público.
3.- Se fomentarán además otros espacios informales e instrumentos para la
participación ciudadana conforme a lo establecido en esta ley.
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Capítulo Segundo.- Organización.

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Sección Primera.- Elementos organizativos.
Artículo 15.- Órganos administrativos.
1.- Los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y de sus organismos autónomos se crean, modifican y suprimen
conforme a lo establecido en la ley.
2.- Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las
que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o
cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Artículo 16.- Unidades administrativas.
1.- Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de
las estructuras orgánicas, que realizan un producto o servicio determinado por
una agrupación de funciones y actividades que tienen como resultado una
aportación integrada a un destinatario externo o interno. Las unidades
comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados
funcionalmente por razón de sus cometidos de carácter homogéneo y unidos
orgánicamente por una jefatura común.
2.- Las jefaturas de las unidades administrativas son responsables del
correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas
asignadas a la misma.
3.- Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de
puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica,
y se integran en un determinado órgano.
Sección Segunda.- Competencia.
Artículo 17.- Principios generales.
1.- La competencia conferida por el ordenamiento jurídico es irrenunciable y
será ejercida por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia,
salvo en los supuestos regulados en esta Sección.
2.- Cuando se atribuya una competencia genéricamente a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y no se especifique el departamento
que deba ejercerla, éste se determinará por razón de la materia. Y, si no puede
entenderse atribuida a un departamento concreto conforme a dicho criterio, se
entenderá atribuida a la Presidencia o departamento que tenga la competencia
de Presidencia.

3.- Las funciones correspondientes a las competencias de un departamento
que no sean asignadas por ley a un concreto órgano administrativo se
entenderán atribuidas a los órganos inferiores competentes por razón de la
materia y del territorio y, si existiesen varios de éstos, al superior jerárquico
común, sin perjuicio de que mediante decreto se pueda designar como titular
de la competencia a otro órgano del mismo departamento.
Artículo 18.- Desconcentración de competencias.
1.- La titularidad y ejercicio de las competencias propias de los órganos de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán ser
desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes, tanto centrales como
periféricos, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley, salvo
disposición en contrario.
2.- La desconcentración de competencias, así como su revocación, se
recogerán con referencia al decreto de estructura orgánica y funcional,
aprobándose en el mismo, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes
singulares.
Artículo 19.- Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
1.- Los órganos superiores y los órganos directivos impulsarán y dirigirán la
actividad administrativa mediante instrucciones, circulares y órdenes de
servicio.
2.- Cuando una disposición así lo establezca o en aquellos casos en que se
considere conveniente su conocimiento por la ciudadanía o por el resto de los
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el titular
del departamento podrá ordenar la publicación de las instrucciones, circulares y
órdenes de servicio en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de su
divulgación en la sede electrónica.
Artículo 20.- Delegación de competencias.
1.- El ejercicio de las competencias cuya titularidad corresponda a órganos
de la Administración autonómica podrá ser delegado en otros órganos de la
propia Administración o de algún otro ente público integrante del Sector Público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2.- Cuando entre los órganos delegante y delegado no exista relación
jerárquica y pertenezcan al mismo departamento, será necesaria la aprobación
previa del órgano superior común. Si delegante y delegado no pertenecen al
mismo departamento, se requerirá tanto la autorización del o de la titular del
departamento al que pertenece el órgano delegado como la del delegante.
16

3.- En caso de que un órgano de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Euskadi delegue el ejercicio de competencias en un órgano de
una entidad institucional integrada en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, tal delegación debe ser previamente aprobada, si los
hubiere, por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano
delegado, salvo que el delegante sea el o la titular del departamento de
adscripción de la entidad instrumental, caso en que bastará con la decisión de
éste.
4.- La delegación de las competencias atribuidas al o a la Lehendakari, al
Consejo de Gobierno y a los Consejeros y Consejeras se regirá por lo
dispuesto en la ley de Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.
5.- No constituye impedimento para que se pueda delegar la competencia
para resolver un procedimiento la circunstancia de que su norma reguladora
prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe. Sin
embargo, no se podrá delegar la competencia para resolver un asunto concreto
una vez que en el correspondiente procedimiento se hubiese emitido un
dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
6.- Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse
en el Boletín Oficial del País Vasco y figurar de forma permanente y accesible
en la página web del departamento u órgano delegante.
7.- Los actos y resoluciones administrativas dictados por delegación harán
constar esta circunstancia, con referencia al número y fecha de su publicación
oficial y se considerarán dictados por el órgano delegante.
8.- En ningún caso serán delegables:
a) Los asuntos que se refieran a las relaciones con órganos constitucionales
o estatutarios.
b) Los actos que supongan propuestas de resolución que deban ser
sometidas a la aprobación del Consejo de Gobierno.
c) La adopción de disposiciones de carácter general.
d) La revisión de oficio de los actos nulos y la declaración de lesividad de los
actos anulables.
e) La revocación de los actos de gravamen o desfavorables.
f) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan
dictado los actos recurridos.
g) Las materias en que así se determine por una norma con rango de ley.
h) Las competencias que se ejerzan por delegación, salvo autorización
expresa de una ley.
17

9.- La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la
hubiese conferido.
10.- La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para
cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse
observando, en todo caso, dicho quórum.
11.- Cuando la delegación se prolongue más de un año, debe ser objeto de
desconcentración.
Artículo 21.- Delegación de firma.
1.- Las personas titulares de los órganos administrativos podrán delegar la
firma de sus resoluciones y actos administrativos en las titulares de otros
órganos administrativos que se encuentren bajo su dependencia de
conformidad con el régimen jurídico general que regula esta forma de
delegación.
2.- Las personas titulares de los restantes órganos podrán delegar su firma
en las unidades administrativas que dependan de ellos, con la autorización de
su superior jerárquico.
3.- La delegación de firma no exigirá su publicación.
Artículo 22.- Suplencia.
Los Altos Cargos podrán ser suplidos temporalmente en el ejercicio de sus
funciones, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal, en los términos que se establezcan en el decreto de estructura
orgánica del departamento.
Artículo 23.- Avocación.
1.- Los órganos de la Administración general e institucional de la Comunidad
Autónoma de Euskadi podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto
cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a un órgano
administrativo dependiente, cuando haya circunstancias de índole técnica,
económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
2.- Cuando se hubiese producido delegación del ejercicio de competencias
entre órganos no dependientes jerárquicamente, la avocación sólo podrá ser
acordada por el órgano delegante.
3.- La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser
notificado a las personas interesadas en el procedimiento, si los hubiere, con
anterioridad a la resolución final que se dicte. La avocación, salvo que sea
18

acordada por un Consejero o Consejera, deberá ser puesta también en
conocimiento del superior jerárquico del órgano avocante.
4.- Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque la posible
ilegalidad de la avocación podrá hacerse valer, en su caso, en el recurso que
se interponga contra la resolución del procedimiento.
Artículo 24.- Encomienda de gestión intrasubjetiva.
1.- La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios
de la competencia de los órganos de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Euskadi o de las entidades de derecho público
dependientes de ella, podrá ser encomendada a otros órganos distintos de la
misma Administración o entidad, por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios idóneos para su desempeño.
2.- La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio y será
responsabilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o resoluciones
de carácter jurídico den soporte a la concreta actividad material objeto de
encomienda o aquéllos en los que ésta se integre.
3.- La encomienda de gestión a órganos pertenecientes al mismo
departamento deberá ser autorizada por la persona titular del mismo. Para la
encomienda de gestión a órganos pertenecientes o dependientes de otro
departamento será precisa la autorización del Consejo de Gobierno.
4.- La encomienda de gestión intrasubjetiva se formalizará por medio de la
resolución de autorización y de los acuerdos que se firmen entre los órganos
correspondientes una vez autorizada la encomienda de gestión, y deberá ser
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, con el contenido mínimo
siguiente:
a) Actividad o actividades a que se refiera.
b) Naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
c) Plazo de vigencia y supuestos en que proceda la finalización anticipada
de la encomienda o su prórroga.
Asimismo, en los términos descritos en este apartado, también deberán ser
publicadas las sucesivas prórrogas de la encomienda que, en su caso, se
acuerden.
5.- La encomienda de gestión se publicará en la página web de los órganos
intervinientes, a efectos informativos.
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Artículo 25.- Centros de gestión unificada.
1.- Los centros de gestión unificada son órganos administrativos que se
pueden crear para la gestión unificada de aquellos procesos complejos en su
tramitación o de gran incidencia económica o social. A estos efectos, se
entiende por proceso la secuencia ordenada de trámites administrativos
interrelacionados que son necesarios para dar respuesta o prestar servicios a
los ciudadanos y ciudadanas, en los que, de acuerdo con la normativa
reguladora, deban intervenir órganos o unidades administrativas de uno o
varios departamentos.
2.- La creación de los centros de gestión unificada se llevará a cabo por
decreto del Consejo de Gobierno, en el que se determinará su organización y
las normas de funcionamiento que aseguren la coordinación y agilización de las
actuaciones concurrentes de los órganos y unidades que deban intervenir en el
proceso.
3.- Los centros de gestión unificada de procesos ejercen todas o algunas de
las siguientes funciones:
a) Información a la ciudadanía sobre los trámites que deban seguirse de
conformidad con la normativa aplicable.
b) Función de registro.
c) Seguimiento de expedientes e información a las personas interesadas
sobre el estado de su tramitación.
20
Capítulo Tercero.- Colaboración y coordinación interadministrativa.
Artículo 26.- Régimen general.
La Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de
Euskadi actúa de conformidad con el deber de colaboración entre
Administraciones públicas y con los principios de cooperación y de lealtad
institucional, utilizando para ello los instrumentos y las técnicas de
colaboración, coordinación y cooperación previstas en las leyes.
Artículo 27.- Cooperación económica, técnica y administrativa.
La cooperación económica, técnica y administrativa de la Administración
general e institucional con los órganos forales y las entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos
en esta ley y las demás que resulten de aplicación, a través de consorcios,

planes de actuación conjunta, delegaciones, encomiendas de gestión o
convenios administrativos.
Los acuerdos de cooperación serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial del País Vasco.
Artículo 28.- Convenios de colaboración.
1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá
suscribir convenios de colaboración con las demás Administraciones públicas,
actuando cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio
de su autorización o aprobación por el Consejo de Gobierno.
2.- Las entidades de la Administración institucional de la Comunidad
Autónoma de Euskadi podrán asimismo suscribir los convenios de colaboración
con otras Administraciones públicas a los que se refiere el presente artículo,
actuando en tal caso conforme al régimen jurídico que les corresponda.
3.- Los convenios que se limiten a establecer pautas de orientación sobre la
actuación de cada Administración pública en cuestiones de interés común o a
fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la cooperación en
un área de interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés, se
denominarán protocolos generales.
4.- Los instrumentos de formalización de los convenios deben especificar,
cuando proceda en cada caso:
a) Los órganos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con la que
actúa cada una de las partes.
b) La competencia que ejerce cada Administración.
c) Su financiación.
d) Las actuaciones que se acuerde desarrollar.
e) La necesidad o no de establecer una organización personificada para su
gestión.
f) El plazo de vigencia y, en su caso, la posibilidad y régimen de prórroga
que se establezca.
g) La extinción por causa distinta al agotamiento del plazo de vigencia, así
como la forma de determinar las actuaciones en curso para el supuesto de
extinción.
5.- En dichos convenios se podrán crear órganos mixtos de vigilancia y
control, encargados de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento
que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración.
21

Artículo 29.- Planes de actuación conjunta.
1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá
concertar planes de actuación conjunta con otras Administraciones, cuando
concurran intereses comunes en un determinado sector administrativo.
2.- Los planes de actuación conjunta fijan, mediante programas anuales, el
desarrollo que cada Administración debe acometer para alcanzar las
finalidades propuestas, así como los compromisos asumidos y los medios que
se vayan a emplear.
3.- Los planes de actuación conjunta se han de publicar en el Boletín Oficial
del País Vasco una vez aprobados por los órganos competentes de las
Administraciones que los concierten.
4.- En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Euskadi los planes de actuación conjunta se formalizarán en un convenio.
Artículo 30.- Delegaciones interadministrativas.
1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los
organismos públicos vinculados o dependientes de la misma podrán delegar
funciones, por razones de eficacia o de una mejor gestión, en las Diputaciones
forales y en las Entidades locales, para la realización de obras, ejecución de
servicios y, en general, actividades de la competencia de aquéllos, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 13 de la ley de Territorios Históricos y en la
legislación de régimen local.
2.- La delegación se realizará por convenio, en el que se determinarán, entre
otros extremos de mención obligatoria, las facultades de dirección y
fiscalización que se reserve la Administración general o el organismo público
de que se trate, y la aceptación expresa de la delegación por parte de la
Entidad que la recibe.
Artículo 31.- Delegación de funciones en entidades instrumentales del
sector público o en corporaciones de derecho público.
1.- No obstante lo establecido en la ley de Gobierno y la ley de Territorios
Históricos, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para el
mejor cumplimiento de sus objetivos, podrá delegar funciones en otro ente del
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en las corporaciones
de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales,
sin perjuicio de la aplicación de otras técnicas de colaboración.
2.- La delegación a la que se refiere este artículo debe realizarse mediante
convenio específico, que deberá ser autorizado por el Consejo de Gobierno.
22

3.- La delegación contendrá el régimen jurídico del ejercicio de las funciones
por la entidad delegada y hará mención especial de las formas de dirección del
ejercicio de la competencia delegada que se reserve la Administración general.
4.- Las resoluciones que dicte la entidad en uso de la delegación acordada
no agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de alzada
ante el Consejero o Consejera al que corresponda por razón de la materia.
5.- Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse
en el Boletín Oficial del País Vasco y figurar de forma permanente y accesible
en la página web del departamento u órgano delegante.
Artículo 32.- Encomienda de gestión intersubjetiva entre
administraciones públicas y entidades públicas.
1.- La encomienda de gestión también se podrá llevar a cabo entre órganos
pertenecientes a distintas Administraciones y entidades públicas con la
condición de que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el órgano que realice la actividad encomendada lo haga a título
gratuito.
b) Que la entidad que vaya a desarrollar la actividad encomendada pueda
ser considerada, en el uso de esta técnica administrativa, como medio propio o
servicio técnico de la entidad encomendante.
c) Que, por su objeto, su causa u otra circunstancia jurídicamente relevante,
no tenga la naturaleza de contrato sujeto a la ley de contratos del sector
público.
2.- La encomienda de gestión intersubjetiva se articulará por medio de
convenios interadministrativos de colaboración que requieren la aceptación
previa del Consejo de Gobierno y que, para su efectividad, deben ser
publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de su publicación
asimismo en la página web de los órganos que han suscrito el convenio, con el
contenido mínimo correspondiente.
3.- El convenio en el que se formalice la encomienda de gestión contendrá el
régimen jurídico de la misma, con mención expresa de la actividad o
actividades a las que afecte, plazo de vigencia, naturaleza y alcance de la
gestión encomendada y obligaciones que asuman el órgano o la entidad
encomendados y, en su caso, la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
23

TÍTULO II.- De la composición y coherencia del Sector Público de la
24
Capítulo Primero.- Clasificación y principios.
Artículo 33.- Tipología.
De acuerdo con lo dispuesto en el Título Preliminar de esta ley, el Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi está integrado por:
a) La Administración general o Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, de la que dependen y a la que se adscriben el resto de entidades
que deberán adoptar la personificación jurídica que corresponda de entre la
tipología establecida en los apartados siguientes.
b) La Administración Institucional, integrada a su vez por los siguientes tipos
de entes institucionales:
-Organismos autónomos.
-Entes públicos de derecho privado.
c) Los entes instrumentales del Sector Público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, que se clasifican en:
-Sociedades públicas.
-Fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
-Consorcios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Artículo 34.- Principios generales de actuación como sujetos
integrantes del sector público.
Sin perjuicio de los principios que rigen la organización y el funcionamiento
de la Administración general, todos los sujetos integrantes del Sector Público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi se sujetan en su actuación a los
siguientes principios generales:
a) De servicio, conforme al cual toda Administración, organismo o entidad
perteneciente al mismo tiene por finalidad servir con objetividad los intereses
generales, dirigiendo el ejercicio de sus funciones a la mejor prestación de
servicios a la ciudadanía.
b) De legalidad, como principio que rige toda actuación de las
Administraciones públicas y entidades integradas en el sector público y, en
particular, el ejercicio de las funciones que les son encomendadas conforme a
la distribución competencial establecida en el ordenamiento jurídico.

c) De coherencia, conforme al cual las Administraciones Públicas vascas
promueven un sistema público integrado que evite las duplicidades y
reiteraciones innecesarias en la organización y actuación de sus respectivos
sectores públicos.
Artículo 35.- Principios aplicables para la creación de nuevas entidades
o participación en otras ya existentes.
1.- Los sujetos integrantes del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi observarán, además, los siguientes principios específicos:
a) De prevalencia de la unidad de la personalidad jurídica de la
Administración, conforme al cual la constitución de entidades con personalidad
jurídica propia sólo procederá cuando el interés general a satisfacer o el
servicio a prestar no pueda lograrse desde los órganos y servicios
administrativos de la Administración en sentido estricto.
b) De subsidiariedad, por el que la constitución de entidades que actúen
sometidas al Derecho privado sólo puede llevarse a cabo cuando la iniciativa
privada no garantice suficientemente el acceso a un servicio o prestación
determinada.
2.- La Administración general y las entidades que integran el Sector Público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi solamente constituirán nuevas
entidades o participarán en otras ya existentes cuando el interés general no
pueda satisfacerse eficaz y eficientemente a través de los recursos humanos,
materiales y organizativos que en ese momento compongan el Sector Público
3.- La creación de entidades a las que se atribuya funciones desempeñadas
hasta ese momento por otros órganos de la Administración o entidades del
sector público preexistentes, implicará la necesaria reordenación de medios,
reduciendo, suprimiendo o transfiriendo aquellos que venían implicados en las
funciones o competencias concernidas.
4.- Las entidades de nueva constitución adoptarán la forma jurídica que
resulte más adecuada a la actividad y funciones que justifiquen su existencia,
conforme a los criterios regulados para cada una de ellas en esta ley.
25
Capítulo Segundo.- Régimen jurídico y constitución.
Artículo 36.- Procedimiento general para la constitución de entidades.
1.- La constitución de entidades distintas de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Euskadi requerirá la aprobación de una ley del

Parlamento Vasco o de un decreto del Gobierno Vasco conforme a lo
establecido en los artículos siguientes para cada tipo de entidad, que será en
cada caso promovido como de tramitación conjunta entre el departamento de la
Administración general al que se prevea su adscripción y el departamento
competente en materia de Hacienda.
2.- En el procedimiento de tramitación del proyecto de ley o de decreto será
imprescindible acreditar:
a) La necesidad de constituir un nuevo ente para el cumplimiento de las
finalidades públicas pretendidas.
b) La adecuación del nuevo ente desde la perspectiva de la organización
institucional del conjunto del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, garantizando la inexistencia de reiteraciones orgánicas o funcionales
así como, en su caso, la adopción de las medidas de reestructuración y
extinción de entidades preexistentes.
c) La idoneidad de la forma de personificación jurídica elegida de entre la
tipología establecida en esta ley, a la luz de las funciones o actividad que vaya
a desarrollar la nueva entidad y, de conformidad con los criterios establecidos
en esta ley para cada una de ellas.
d) El procedimiento y las técnicas de control que ejecutará la Administración
general de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre la nueva entidad.
Artículo 37.- Organismos Autónomos.
1.- Los organismos autónomos son aquellos entes institucionales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, de naturaleza pública y personalidad
jurídica diferenciada de la Administración general, que desempeñan en régimen
de descentralización las funciones y servicios públicos que se les asignen.
2.- Los organismos autónomos desarrollan las funciones y servicios
atribuidos con autonomía de gestión, pudiendo ejercer potestades
administrativas, excepto la expropiatoria.
Artículo 38.- Entes públicos de derecho privado.
1.- Los entes públicos de derecho privado son aquellos entes institucionales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi de naturaleza pública y personalidad
jurídica diferenciada de la Administración general, a los que se encomienda la
prestación o gestión de servicios públicos o la producción de bienes de interés
público susceptibles de contraprestación.
2.- Los entes públicos de derecho privado se rigen en sus relaciones con
terceros y en el desarrollo de su actividad por el Derecho Privado. Se rigen por
26

el Derecho Administrativo en el ejercicio de potestades administrativas, en su
funcionamiento interno y en la formación de la voluntad de sus órganos, así
como en las demás materias establecidas en esta u otras leyes que les sean
de aplicación.
3.- Los entes públicos de derecho privado desarrollan las funciones que
tienen atribuidas empleando criterios de gestión empresarial y de gestión por
objetivos, con autonomía de gestión conforme a lo establecido en esta ley.
Artículo 39.- Constitución de entidades pertenecientes a la
Administración Institucional.
1.- La constitución de organismos autónomos y de entes públicos de
derecho privado se realizará mediante ley.
2.- La ley de constitución de la entidad correspondiente tendrá el siguiente
contenido mínimo:
a) La expresión de su personificación, naturaleza jurídica e identificación del
departamento de la Administración general al que se adscribe.
b) La denominación de la entidad y su sede.
c) La finalidad e interés general al que obedece su creación y las funciones
que se le encomiendan con indicación expresa de las potestades
administrativas que pueda ejercer.
d) Sus órganos de gobierno y, si los hubiere, los que tengan encomendadas
funciones consultivas, con expresión de su naturaleza unipersonal o colegiada,
su composición, el procedimiento de designación de sus miembros y la
distribución de funciones correspondientes a cada uno de los existentes.
e) Las bases de su estructura orgánica y administrativa, así como los
puestos directivos de la entidad, especificando las funciones que les sean
encomendadas, con expresión del valor jurídico de sus actos o resoluciones e
indicación en su caso de cuáles de ellos agotan la vía administrativa.
f) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación
en su caso en las materias relativas a su régimen económico-financiero y a sus
recursos humanos.
g) El personal y patrimonio que se adscribe a la entidad así como los
recursos económicos con que cuenta para el desarrollo de sus funciones.
h) El procedimiento de extinción y liquidación de la entidad.
3.- Deberá tramitarse posteriormente a la ley de constitución un proyecto de
decreto que apruebe los Estatutos o norma de organización y funcionamiento
de la entidad. Los Estatutos de la entidad tendrán por finalidad exclusiva
27

desarrollar en cuanto a la organización y funcionamiento de la entidad los
contenidos de la ley de constitución.
4.- Cuando la ley de constitución prevea la existencia en la entidad de un
órgano de gobierno o de uno consultivo, siendo estos de carácter colegiado, se
someterá el anteproyecto de Estatutos, con carácter previo a su aprobación por
el Consejo de Gobierno, a información y consulta en la primera sesión que
celebre el referido órgano.
5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, mediante
decreto del Gobierno vasco se podrán acometer todas aquellas
reestructuraciones de la entidad organismo autónomo o ente público de
derecho privado que no alteren la naturaleza y finalidades legales establecidas
en la ley de constitución. Asimismo podrá realizarse por decreto del Gobierno
Vasco la extinción de la entidad por haber cumplido la finalidad de su creación
o por cualquier otra causa así prevista legalmente.
Artículo 40.- Sociedades de capital del Sector Público de la Comunidad
1.- La intervención de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en la actividad económica mediante la producción de bienes o la
prestación de servicios y su tráfico en el mercado en términos equivalentes a la
iniciativa privada se instrumentará por la constitución o participación en
sociedades de capital.
2.- Son sociedades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi las sociedades de capital en las que sea mayoritaria la participación de
la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los entes
de su Administración institucional o de sus otros entes instrumentales, ya se
rijan éstos por el derecho público o por el derecho privado. Para la
determinación de dicha participación mayoritaria en una sociedad se tendrán
en cuenta de forma conjunta todas las participaciones o acciones
representativas del capital titularidad de las entidades referidas.
3.- La constitución o toma de participación en sociedades de capital por la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o cualquiera de
los entes de su sector público tendrá carácter excepcional, habrá de motivarse,
entre otras causas que procedan, en razones estratégicas determinantes para
el sector económico en que actúe la sociedad o en su actuación como medio
para garantizar la igualdad de la ciudadanía en el acceso a bienes y servicios
en los que por diversas causas no exista oferta suficiente o adecuada de la
iniciativa privada.
4.- Las sociedades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi habrán de ser constituidas preferentemente como sociedad anónima y
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su constitución será en todo caso simultánea a la aprobación de la norma por la
que se autoriza su creación.
5.- Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las sociedades públicas
se regirán en relación con las materias propias de la hacienda general del País
Vasco por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa
aplicación y, en lo que no las contradigan, por el ordenamiento jurídico privado.
En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de
autoridad pública.
Artículo 41.- Constitución de sociedades de capital del Sector Público
1.- La constitución de sociedades públicas requerirá que el Gobierno
autorice mediante decreto su creación y la adquisición de participaciones por la
Administración general o por alguna de las entidades pertenecientes al Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2.- El decreto de autorización deberá reunir los requisitos establecidos en la
legislación mercantil para la formación de la voluntad constitutiva del tipo de
sociedad de que se trate. Asimismo, deberá reunir los requisitos establecidos
en la normativa reguladora del patrimonio de Euskadi y, en lo que no la
contradiga, determinará:
a) La denominación, forma societaria y sede de la entidad.
b) La existencia e identificación en el momento constitutivo de un socio o
socia única o de los varios partícipes que concurran.
c) El objeto social.
d) El capital social con expresión del número y valor de las participaciones
existentes y el órgano o entidad del sector público a quien corresponda el
ejercicio de los derechos de socio o socia.
e) La adscripción de la sociedad a un departamento de la Administración
general.
f) Los órganos de gobierno, el sistema de administración y los puestos
directivos de la sociedad que, en todo caso, se ajustará a lo previsto en esta
ley.
g) Los bienes y derechos que le sean adscritos para la consecución de su
objeto social.
h) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación
recursos humanos.
i) El órgano o entidad del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi facultado para la realización de los actos constitutivos y para la
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ejecución del decreto de autorización, según resulte de la legislación
reguladora del tipo de sociedad.
3.- En el procedimiento de elaboración se tramitará conjuntamente con el
proyecto de decreto de autorización el proyecto de los Estatutos de la sociedad
con el contenido, aprobación y formalización que corresponda conforme a la
legislación mercantil.
4.- Requerirán autorización del Gobierno las modificaciones societarias que
se promuevan con posterioridad a la constitución y que afecten a alguno de los
contenidos establecidos en el número 2 de este artículo.
Artículo 42.- Fundaciones del Sector Público de la Comunidad
1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las
entidades de su Administración Institucional podrán constituir fundaciones o
incorporarse como fundadoras, para promover la colaboración con la iniciativa
privada en actividades de interés general que se encuentren en el ámbito de
las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
No podrá darse la participación del Sector Público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi en una fundación sin que en la misma participen o colaboren
personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que no pertenezcan a sector
público alguno.
2.- Se entenderán integradas en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi las fundaciones en las que, correspondiendo a dicho
sector la designación de la mayoría de los miembros de su órgano de gobierno,
concurre además alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la dotación sea aportada en más del cincuenta por ciento de su valor
por el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Que su patrimonio fundacional esté formado con un carácter de
permanencia en más de un cincuenta por ciento de su valor por bienes o
derechos aportados por el Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
No podrán darse en una fundación dichas circunstancias sin que se haya
garantizado el derecho de designación por el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi de la mayoría de los miembros de su órgano de
gobierno.
3.- Al efecto de determinar el carácter de permanencia referido en la letra b)
del apartado anterior, cuando los Inventarios correspondientes a dos ejercicios
consecutivos presenten un resultado según el cual el porcentaje del patrimonio
fundacional de origen público sea inferior al cincuenta por ciento del total, los o
las representantes del sector público en el órgano de gobierno de la fundación
30

lo pondrán en conocimiento del órgano de la Administración general al que la
fundación se encuentre adscrita y del departamento responsable en materia de
Hacienda a efecto de promover su exclusión del sector público conforme al
procedimiento establecido en la presente ley.
Cuando los Inventarios correspondientes a dos ejercicios consecutivos de
una fundación no integrada en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi presenten una valoración del patrimonio fundacional en la que más de
su cincuenta por ciento tenga origen en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, los representantes del sector público en el órgano de
gobierno de la fundación si los hubiera y, en su defecto, el Protectorado, lo
pondrán en conocimiento del departamento responsable en materia de
Hacienda, a los efectos de su integración en el sector público y de la garantía
de cumplimiento de este artículo.
4.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las
entidades de su Administración Institucional podrán incorporarse a los órganos
de gobierno de fundaciones ya constituidas, sin incorporarlas al sector público,
cuando dicha incorporación tenga por objeto articular un cauce de colaboración
con la fundación existente, sin que pueda implicar una posición mayoritaria de
los sujetos públicos en el patronato de la fundación.
5.- La actuación del sector público a través de fundaciones sólo podrá tener
lugar cuando la finalidad e interés general perseguido no pueda garantizarse
mediante otras personificaciones jurídicas de las previstas en la tipología
establecida en la presente ley.
6.- Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las fundaciones
integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se
regirán en relación con las materias propias de la hacienda general del País
Vasco por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa
aplicación y, en lo que no las contradigan, por la normativa en materia de
fundaciones y, en general, por el ordenamiento jurídico privado. En ningún caso
podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de potestades
públicas ni tener por finalidad la prestación de servicios públicos de carácter
obligatorio.
Artículo 43.- Constitución de fundaciones.
1.- La constitución de una fundación que conforme a los requisitos
establecidos en esta ley se integre en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi requerirá autorización del Gobierno que se otorgará
mediante decreto.
2.- El decreto de autorización cumplirá los requisitos que la legislación sobre
fundaciones establezca para la válida formación de la voluntad fundacional y
31

dispondrá los contenidos que en la misma se establezcan para su necesaria
elevación a escritura pública de constitución.
3.- Además de tales contenidos determinará:
a) La adscripción de la fundación a un departamento de la Administración
general.
b) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación
recursos humanos.
c) El órgano o entidad perteneciente al Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi facultado para la realización de los actos constitutivos y
para la ejecución del decreto de autorización según resulte de la legislación en
materia de fundaciones.
4.- En el procedimiento de elaboración se tramitará conjuntamente con el
proyecto de decreto de autorización el proyecto de Estatutos de la fundación
con el contenido, aprobación y formalización que corresponda conforme a la
legislación en materia de fundaciones.
5.- Requerirán autorización del Gobierno las modificaciones que se
promuevan con posterioridad a la constitución y que afecten a alguno de los
contenidos establecidos en este artículo.
Artículo 44.- Consorcios del Sector Público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
1.- Los consorcios constituidos o participados por el Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi estarán dotados de personalidad jurídica
propia y cumplirán las finalidades previstas en el artículo 6.5 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 87 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.- Sin perjuicio de los consorcios que resulten adscritos a la Comunidad
Autónoma de Euskadi conforme a lo previsto en la legislación básica, se
entenderán integrados en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi los consorcios que reúnan alguna de las siguientes condiciones:
a) Que los miembros de sus órganos de gobierno sean designados
mayoritariamente por dicho sector público.
b) Que dicho sector público aporte bienes que supongan la mayoría del valor
patrimonial inventariado o de la infraestructura material sobre la que se preste
el servicio o se desarrolle la actividad encomendada al consorcio.
32

c) Que en el instrumento de cooperación previo a la constitución o
participación, dicho sector público haya asumido la financiación mayoritaria del
consorcio.
3.- No podrán darse en un consorcio las circunstancias previstas en las
letras b) o c) del número anterior sin que se haya garantizado el derecho de
designación por el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la
mayoría de los miembros de su órgano de gobierno.
4.- La constitución o la participación en consorcios del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi tendrá por objeto exclusivo la cooperación
con otras Administraciones Públicas para la prestación de servicios y siempre
que la satisfacción de los intereses concurrentes no sea posible mediante la
suscripción de convenios de colaboración de los que no se derive la creación
de nuevas organizaciones o estructuras administrativas. En cualquier caso la
constitución o participación de dicho sector público en un consorcio requerirá
que exista aportación económica de todas las Administraciones consorciadas.
5.- La constitución o participación en un consorcio requerirá la previa
suscripción de un convenio entre todas las Administraciones interesadas, en el
que se fijará, además del objeto de la colaboración interadministrativa, el
régimen de financiación y el número de representantes que cada una de ellas
dispondrá en su órgano de gobierno.
6.- Los consorcios se rigen por el Derecho Administrativo y podrán ejercer
las potestades administrativas que, derivadas del objeto del convenio, les sean
encomendadas en su norma de creación, en la que se indicarán los respectivos
órganos responsables de su ejecución.
7.- El Gobierno Vasco podrá acordar la creación de consorcios entre la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las entidades
integradas en su sector público con otras Administraciones públicas, entidades
y corporaciones de derecho público, para fines de interés común; así como con
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público
concurrentes con las de las Administraciones públicas. También podrá acordar
la participación de la Administración general o de sus organismos públicos en
consorcios ya creados.
8.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las
entidades integradas en su sector público requerirán acuerdo previo del
Gobierno Vasco para separarse del consorcio en el que participen.
Artículo 45.- Constitución de consorcios.
1.- La suscripción por cualquier órgano de la Administración general u otra
entidad del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de un
convenio del que se derive la obligación de constituir una administración
33

consorciada que, conforme a lo establecido en esta ley, vaya a integrarse en
dicho sector público, requerirá con carácter previo la autorización del Gobierno,
que se otorgará mediante decreto.
2.- Para recibir la autorización del Gobierno el proyecto de convenio habrá
de contener una regulación de la Administración consorciada con el contenido
mínimo establecido en esta ley.
3.- El Convenio identificará, también, al resto de Administraciones que vayan
a participar en el consorcio, con expresión de sus aportaciones iniciales y
compromisos económicos y de financiación posteriores a la constitución.
4.- En el procedimiento de autorización del convenio se tramitará igualmente
el proyecto de Estatutos o norma de organización y funcionamiento del
consorcio que vaya a ser propuesto para su aprobación definitiva al órgano de
gobierno de la entidad.
5.- La no suscripción del convenio por alguna de las Administraciones
previstas o la modificación de sus elementos esenciales obligará al órgano o
entidad del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi autorizado
para su firma a requerir nueva autorización respecto a la composición última
del consorcio y distribución definitiva de los compromisos asumidos.
Capítulo Tercero.- Circunstancias modificativas de la ordenación del
34
conjunto del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Sección Primera.- Participación en entidades no integradas en el sector
público.
Artículo 46.- Participación en otras entidades.
1.- La participación de las entidades del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en cualquier entidad ya constituida y no perteneciente al
mismo determinará su integración en él, siempre que de la misma resultare una
posición económica o jurídica que de haber concurrido en el momento de su
constitución hubiera supuesto su integración en dicho sector público conforme
a lo establecido en la presente ley.
2.- La decisión de participar en una entidad que implique la situación descrita
en el número anterior requerirá autorización del Gobierno, que se adoptará
mediante decreto.
3.- El procedimiento de tramitación y los contenidos a reunir por el decreto
de autorización serán los establecidos en esta ley para la constitución o
autorización de nuevas entidades, según la personificación de que se trate.

4.- En todo caso se aportará en dicho procedimiento una auditoría sobre el
estado económico de la entidad y sobre su situación jurídica, de
funcionamiento y organización.
5.- El decreto de autorización establecerá el plazo en el que deberán
adoptarse por la entidad las adaptaciones y modificaciones estatutarias,
orgánicas o de otra naturaleza que resulten en razón de su integración en el
sector público. El órgano de la Administración general al que la entidad se haya
adscrito dará cuenta al departamento responsable en materia de Hacienda de
las adaptaciones realizadas en la entidad.
6.- Los estatutos, norma de organización y funcionamiento o el convenio
alcanzado por las Administraciones partícipes determinarán el conjunto
normativo que regula el régimen económico-financiero de naturaleza pública
así como de empleo público emanado de las Administraciones públicas que
participen en ella, al que debe estar sometida toda entidad que se encuentre en
la situación definida en este artículo.
Artículo 47.- Participación en entidades que no determine su
integración en el sector público.
La participación de las entidades del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en otras entidades que no determine la integración de
éstas en el mismo será excepcional y requerirá autorización del Gobierno,
adoptada mediante decreto, en cuyo procedimiento se explicitará y motivará:
a) La necesidad de participar en la entidad de que se trate para el
cumplimiento de la finalidad pública que se pretenda, analizada en relación a la
organización y estructura ya existentes en los sectores públicos vascos.
b) La posibilidad de que los compromisos económicos, patrimoniales,
jurídicos y de cualquier naturaleza que resulten de la participación en la entidad
sean asumidos por el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
c) La garantía de que el sector público obtiene capacidad de decisión y
facultad de designación de miembros en el órgano de gobierno que resulten
proporcionales con la participación económica en la entidad.
d) La determinación de cuáles de entre las decisiones de carácter
estratégico de la entidad deberán ser adoptadas con el voto favorable de los
miembros de los órganos de gobierno designados por el Sector Público de la
e) El sistema de liquidación de la participación del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en la entidad y, en particular, la existencia
de compromisos asumidos por el resto de partícipes o socios en la sucesión y
valoración de la posición ocupada por dicho sector público al término de la
misma.
35

f) El acuerdo previo de la entidad respecto a las modificaciones estatutarias
o de sus normas de organización y funcionamiento necesarias para garantizar
la posición del sector público tras la participación.
g) El resultado de una auditoría sobre el estado económico de la entidad y
sobre su situación jurídica, de funcionamiento y organización.
h) El régimen de responsabilidad que asume el sector público según la
legislación aplicable en razón de la forma y naturaleza de la entidad en que se
participa, con expresa indicación de su carácter limitado o no. En los casos de
responsabilidad no limitada se requerirá autorización previa del Parlamento
Vasco.
36
Sección Segunda.- Reestructuración y extinción de entidades.
Artículo 48.- Reestructuración del Sector Público de la Comunidad
1.- El Gobierno mantendrá la adecuación de la organización y estructura del
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las finalidades
públicas que tienen encomendadas sus entidades, procediendo a la
reestructuración organizativa del mismo, cuando así lo requieran el
mantenimiento y el resultado de las evaluaciones de eficacia, de eficiencia y de
conjunto previstas en esta ley, o así lo requiera la aplicación de los principios
generales establecidos en esta ley para la actuación de los sujetos integrantes
del sector público y de los principios aplicables a la creación de nuevas
entidades o la participación en otras ya existentes .
2.- Las modificaciones normativas que impliquen reordenación en la
atribución de funciones hecha a entidades pertenecientes al Sector Público de
la Comunidad Autónoma de Euskadi exigirán su correspondiente
reestructuración organizativa.
3.- La reestructuración de entidades de la misma tipología o personificación
jurídica se llevará a cabo por el procedimiento y con los requisitos establecidos
para la creación del tipo de entidad de que se trate.
4.- La reestructuración de entidades pertenecientes al Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi que tengan distinta personificación y
naturaleza jurídica seguirá las siguientes reglas:
a) Si concurren entidades pertenecientes a la Administración Institucional
con entes instrumentales, se optará porque la entidad resultante se dote de una
personificación jurídica correspondiente a la tipología de la primera citada.
b) En la reestructuración entre entidades pertenecientes a la Administración
institucional o entre diferentes tipos de entes instrumentales se optará por la

que cumpla con las finalidades y objetivos definidos en esta ley para cada tipo
de entidad.
Artículo 49.- Extinción y pérdida de la condición de pertenencia al
sector público.
1.- La decisión de extinguir una entidad perteneciente a la Administración
Institucional o la autorización para proceder a la extinción de los entes
instrumentales del sector público, conforme al procedimiento y requisitos que
se establezcan en la legislación aplicable, se adoptará por decreto del
Gobierno, en el que se regularán las medidas relativas al régimen de personal,
patrimonio, sucesión en los derechos y obligaciones de la entidad y requisitos
para su liquidación económico financiera.
2.- En el expediente de elaboración de dicho decreto, además de motivarse
los aspectos específicos que concurran para la extinción de la entidad, habrán
de analizarse sus efectos sobre el conjunto del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en cuanto a la racionalización y coherencia de su
organización y estructura resultante, de conformidad con los principios
generales de actuación como sujetos integrantes del sector público y principios
aplicables para la creación de nuevas entidades o participación en otras ya
existentes, establecidos en esta ley.
3.- En la extinción de entidades pertenecientes al Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi regirá el principio de subrogación del
departamento de adscripción de la entidad en las funciones públicas que ésta
venía desarrollando.
4.- La decisión de retirar o reducir la participación en una entidad que
suponga su exclusión del sector público requerirá igualmente su autorización
por el Gobierno mediante la aprobación de un decreto tramitado por el mismo
procedimiento que el establecido para extinción de entidades y en el que
deberán regularse los efectos precisos de la decisión adoptada.
5.- En las entidades de naturaleza jurídica privada, la pérdida de su
pertenencia al Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi no
implicará necesariamente la extinción de la misma, que se regirá por la
legislación que le resulte de aplicación.
6.- El decreto por el que se autorice la retirada de la participación del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en una entidad que no
estuviera integrada en el mismo determinará el procedimiento y efectos de la
misma así como, en su caso, la sucesión en el mantenimiento de la finalidad
pública que justificaba tal participación.
37

Capítulo Cuarto.- Relaciones de la Administración general con las
38
entidades integradas en el sector público.
Artículo 50.- Registro de Entidades del Sector Público de la Comunidad
1.- Se crea el Registro de Entidades del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, en el que se inscribirá preceptivamente:
a) La constitución de cada una de las entidades pertenecientes a dicho
sector público, así como, en el plazo que se determine reglamentariamente, las
entidades del mismo ya existentes.
b) La adquisición de la condición de entidad integrante del sector público, en
razón de la participación que la determine, conforme se regula en esta ley.
c) La extinción de entidades pertenecientes al referido sector público, así
como la exclusión de entidades del mismo que sea consecuencia de la
reducción o retirada de la participación conforme a esta ley.
2.- Asimismo se hará constar en cada caso la identificación de las personas
físicas que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la
entidad por razón de su relación con la Administración o cualquier otra entidad
del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
3.- El Registro tendrá carácter público y naturaleza informativa, estando
adscrito al departamento de la Administración general competente en materia
de Administración pública, cuyos medios materiales y personales proveerán a
su funcionamiento.
4.- Reglamentariamente se determinarán el contenido de sus asientos, su
organización, las formas de acceso al mismo y la coordinación con el resto de
registros administrativos existentes.
5.- Las entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi
que figuren inscritas en el Registro, comunicarán al mismo, en los términos que
se determinen reglamentariamente, todas las incidencias, alteraciones o
modificaciones que tengan lugar en su estructura, organización, composición
de sus órganos de gobierno y participación en otras entidades públicas o
privadas.
6.- Toda persona que en el desempeño de sus funciones en la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en cualquier
otra entidad del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sea
convocada por vez primera para participar en el órgano de gobierno o
administración de cualquier otra entidad deberá hacer constar en el Registro su
designación e inscripción en dicho cargo. Cuando no consten tales datos la

persona convocada deberá instar la regularización de las inscripciones
procedentes.
7.- Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Oficina de Control Económico para mantener y
publicar la información relativa al Inventario de Entes dependientes del sector
público de la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa en materia de
estabilidad presupuestaria.
Artículo 51.- Adscripción y directrices.
1.- Las entidades integradas en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi se adscribirán en todo caso a un departamento de la
Administración general, a través de un órgano concreto del mismo que será
determinado en la norma de creación. Dicho órgano ejercerá la dirección
estratégica y será el medio de relación ordinaria con la entidad para la
aplicación de los procedimientos de evaluación de resultados y el control de su
eficacia y eficiencia.
Autónoma de Euskadi están sometidas en el cumplimiento de sus fines y en el
desarrollo de su actividad:
a) a las directrices de planificación y política general del Gobierno Vasco,
b) a las que establezca el departamento al que se encuentran adscritas, que
ejerce a los efectos de esta ley la alta dirección y la inspección de las mismas,
c) a las emanadas de los órganos competentes de la Administración general
en las materias de la hacienda general y empleo público en aquellos aspectos
que les sean de aplicación.
3.- Las relaciones económicas entre la Administración general y las
entidades del sector público podrán regularse mediante contratos–programa o
marcos estables de financiación, en los que se expresarán, al menos:
a) los objetivos de la entidad,
b) el coste estimado de los mismos,
c) la financiación aportada por la Administración, y
d) la relación entre dicha financiación y el cumplimiento de los objetivos.
Artículo 52.- Actos y recursos.
1.- Los actos y resoluciones de los organismos autónomos y de los
consorcios serán susceptibles de los recursos administrativos establecidos en
la legislación general correspondiente. Igualmente lo serán los de los entes
39

públicos de Derecho privado cuando actúen sometidos al Derecho
Administrativo.
2.- Corresponderá al máximo órgano de gobierno de las entidades
señaladas en el número anterior la resolución de las reclamaciones previas en
asuntos civiles y laborales y la revisión de oficio de los actos dictados por sí
mismo o por los órganos de ellos dependientes.
3.- Cabrá interponer recurso de alzada contra las decisiones definitivas que
adopten las entidades integradas en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi de naturaleza jurídica privada para la aprobación de las
bases de las convocatorias subvencionales y el otorgamiento de ayudas,
subvenciones o cualquier entrega dineraria sin contraprestación proveniente o
con origen en presupuestos públicos.
La norma o programa regulador de la ayuda identificará la decisión o
resolución del órgano de la entidad contra la que podrá interponerse el recurso
de alzada, debiendo ser ofrecido en su notificación a las personas interesadas
en los términos exigidos por la legislación reguladora del procedimiento
administrativo.
4.- Procederá también interponer recurso de alzada contra las decisiones
definitivas adoptadas por las entidades de naturaleza jurídica privada
pertenecientes al Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que
se adopten con sujeción a una ley perteneciente al ordenamiento jurídico
administrativo que las incluya en su ámbito de aplicación y siempre que en la
misma no se regule otro recurso de naturaleza administrativa para tal supuesto.
5.- En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, a través de la
norma de constitución de la entidad de naturaleza jurídica privada, se podrá
atribuir al titular del departamento de la Administración general al que la entidad
de naturaleza jurídica privada se encuentre adscrita la resolución de los
recursos de alzada interpuestos contra sus decisiones definitivas, así como la
revisión de oficio de sus actos.
Artículo 53.- Representación en los órganos de gobierno.
1.- La Administración general ejercerá el control efectivo de las entidades
integradas en su sector público mediante sus representantes en los órganos de
gobierno de las mismas.
2.- Los miembros de los órganos de gobierno de las entidades designados
en representación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi
defienden el interés general y la finalidad pública que justificó la constitución o
participación en la entidad.
3.- La representación de la Administración general en los órganos de
gobierno será proporcional a su participación económica siendo
40

necesariamente mayoritaria en las entidades pertenecientes al Sector Público
4.- Los servicios jurídicos centrales de la Administración general podrán
desempeñar la secretaría de los órganos de gobierno de carácter colegiado y
asesoría jurídica de las entidades pertenecientes al Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en los supuestos en que tales funciones
resulten precisas por la normativa de constitución y organización de la entidad
o en la legislación que resulte de aplicación por su forma y naturaleza jurídica.
TÍTULO III.- Del funcionamiento de la Administración Pública Vasca al
41
servicio de la ciudadanía.
Capítulo Primero.- Disposiciones generales.
Artículo 54.- Principios de funcionamiento e interacción con la
ciudadanía.
La Administración Pública Vasca orientará su actuación al servicio de la
ciudadanía. En ejecución de este principio rector de su funcionamiento le
resultarán de aplicación, además de los contenidos en la normativa de general
aplicación al conjunto de las Administraciones Públicas, los siguientes
principios:
a) Legitimidad democrática: la Administración Pública Vasca tiene a la
ciudadanía como su razón de ser y por ello dirige su actuación pública a la
detección, atención y satisfacción de las necesidades ciudadanas.
b) Sostenibilidad: la actuación de la Administración Pública Vasca deberá
orientarse al progreso social, económico y ambiental en clave de sostenibilidad.
c) Anticipación: la Administración Pública Vasca se anticipará en la medida
de lo posible a los problemas y demandas ciudadanas tanto en el diseño de
sus políticas como en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.
d) Normalización lingüística: la Administración Pública Vasca impulsará la
normalización del uso del Euskera en la actividad administrativa.
e) Programación, planificación, control y evaluación de políticas y servicios:
la Administración Pública Vasca desarrollará instrumentos adecuados y
suficientes que garanticen la realización ordenada de los procesos de
programación, planificación de sus políticas y de control y evaluación de sus
resultados y su posterior comunicación a la ciudadanía.

f) Responsabilidad por la gestión: la Administración Pública Vasca evaluará
los resultados de sus políticas y servicios conforme a indicadores objetivos y
mensurables que acrediten la calidad de la gestión.
g) Coherencia: la Administración Pública Vasca prestará los servicios de
forma continua, cierta y estable, sin introducir rupturas o modificaciones
innecesarias respecto a las situaciones que la ciudadanía conoce y acepta.
h) Participación y colaboración: la Administración Pública Vasca con ocasión
del diseño de sus políticas y de la gestión de sus servicios garantizará la
posibilidad de que la ciudadanía, tanto individual como colectivamente,
participe, colabore y se implique en los asuntos públicos, incorporando la
perspectiva de igualdad de género y, en general, un enfoque inclusivo que
tome en consideración la heterogeneidad de personas o colectivos.
i) Transparencia: la Administración Pública Vasca será transparente en su
actuación, de forma que la ciudadanía podrá conocer la información relevante
acerca de las decisiones adoptadas y sus responsables, su proceso de
deliberación y la organización de los servicios.
j) Publicidad activa: la Administración Pública Vasca hará pública de manera
periódica y actualizada la información a que se refiere el Título IV para
garantizar la transparencia.
k) Simplicidad y comprensibilidad: la Administración Pública Vasca reducirá
la complejidad de los trámites y propiciará la existencia de normas y
procedimientos claros y sencillos por medio de un lenguaje comprensible que
haga universal la accesibilidad de la ciudadanía.
l) Innovación pública: la Administración Pública Vasca impulsará
mecanismos y procedimientos innovadores, especialmente mediante el uso de
las nuevas tecnologías y la constante adaptación de su funcionamiento y
estructura a las nuevas necesidades.
m) Mejora continua: la Administración Pública Vasca utilizará procesos de
constante evaluación al objeto de detectar carencias y proceder a su corrección
con la finalidad de una eficiente prestación de servicios a la ciudadanía.
Artículo 55.- Derechos y deberes de la ciudadanía en su relación con la
Administración Pública Vasca.
1.- Las ciudadanas y ciudadanos en su relación con la Administración
Pública Vasca, tiene los derechos y deberes establecidos en la presente ley,
además de los que le reconozca la legislación básica del Estado y la legislación
de la Unión Europea.
2.- Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, en los términos expresados en el apartado anterior, y como
42

consecuencia de los principios contenidos en el artículo precedente, tienen
derecho a una buena Administración.
3.- A los efectos de esta ley, el derecho a una buena Administración incluirá:
a) Derecho a que sus asuntos sean tratados de un modo imparcial y
equitativo, y dentro de un plazo razonable, pudiendo en su caso conocer los
motivos de las demoras que sean inevitables.
b) Derecho a la participación en los asuntos públicos en los términos que
esta ley establece.
c) Derecho de audiencia previa respecto a toda medida individual que le
afecte, conforme dispongan las normas de procedimiento administrativo
común.
d) Derecho a una información pública veraz y de calidad, incluyendo el
acceso a los archivos y registros existentes en la Administración Pública Vasca,
en los términos que esta ley establece, así como el acceso al expediente que le
afecte, dentro del respeto a los intereses legítimos de la confidencialidad, de la
protección de sus datos de carácter personal y del secreto profesional y
comercial.
e) Derecho a la motivación de las decisiones públicas y, en particular, de las
que afecten a sus intereses, en los términos previstos en las leyes de
procedimiento.
f) Derecho a la reparación de los daños causados por la Administración o
sus entes institucionales o instrumentales en el ejercicio de sus funciones, de
conformidad con lo previsto por las leyes vigentes en materia de
responsabilidad patrimonial de la Administración.
g) Derecho a la cooficialidad lingüística en su relación con los sujetos
integrantes de la Administración Pública Vasca con arreglo a la normativa
existente.
h) Derecho a la defensa de los derechos reconocidos por la legislación en su
relación con la Administración Pública Vasca, a través de los recursos
correspondientes.
i) Derecho a la simplicidad de los trámites y procedimientos de la
Administración Pública Vasca y a no presentar los documentos no exigidos por
las normas aplicables a los procedimientos o que se hallen ya en poder de la
j) Derecho a poder acceder de forma igualitaria a unos servicios públicos de
calidad, incluyendo un servicio que garantice una atención adecuada, y siendo
dichos servicios prestados sin interrupciones y de forma que sean
continuamente evaluables.
43

k) Derecho a expresar sus solicitudes, sugerencias, agradecimientos o
quejas, utilizando los canales, medios e instrumentos facilitados por la
Administración y de acuerdo, en su caso, a la regulación orgánica del derecho
de petición.
l) Derecho a identificar a las autoridades o al personal bajo cuya
responsabilidad se presta el servicio.
m) Derecho a conocer cuáles son sus derechos y deberes en relación con
los servicios prestados por las Administraciones públicas y a ser asesoradas o
asesorados y, en su caso, ayudadas, para el efectivo ejercicio de sus derechos
y la correcta recepción de dichos servicios públicos, sin perjuicio del
asesoramiento que, sobre estas mismas materias, puedan prestar de forma
profesional empresas o personas particulares.
4.- Los anteriores derechos obligan al conjunto de entidades integrantes de
la Administración Pública Vasca. No obstante, no resultan de aplicación a las
relaciones de Derecho privado de las ciudadanas y ciudadanos con las
entidades de esta naturaleza.
5.- Corresponden a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, como consecuencia de los principios contenidos en
el artículo precedente, los siguientes deberes:
a) Deber de mantener una actitud respetuosa hacia el personal de la
Administración y el resto de personas usuarias que se encuentren presentes en
cada momento en las dependencias públicas.
b) Deber de cuidar las instalaciones, espacios y equipamientos públicos.
c) Deber de mantener una actitud de colaboración con el personal de la
Administración, facilitándole con veracidad, exactitud, claridad y legibilidad los
datos de identificación o del contenido de la materia de que se trate, que
resulten necesarios para la correcta resolución de cada caso.
d) Deber de aportar a la Administración toda la documentación o las
autorizaciones que resulten imprescindibles al objeto de recabar la información
correspondiente, para las tramitaciones y gestiones que así lo requieran, con el
fin de reducir la carga administrativa que supone el requerimiento de
documentación incompleta.
e) Deber de utilizar los canales, medios e instrumentos facilitados por la
Administración para formular solicitudes, sugerencias, quejas o
agradecimientos de forma correcta y proporcionando los datos de contacto
necesarios.
44

Capítulo Segundo.- Planificación, gestión y evaluación de políticas
45
públicas.
Sección Primera.- Planificación, evaluación previa e información sobre
la Acción de Gobierno.
Artículo 56.- Plan de Gobierno.
1.- Con el fin de proyectar en el tiempo la acción de gobierno, socializarla y
establecer las bases de su compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía, el
Gobierno Vasco, de conformidad con el Programa de Gobierno definido por el
Lehendakari, elaborará en cada legislatura un Plan de Gobierno con contenido
abierto, en el que se identificarán:
a) Los objetivos estratégicos perseguidos.
b) Las actividades y medios necesarios para alcanzarlos.
c) Una estimación temporal para su consecución.
d) La identificación de los órganos responsables de su ejecución.
e) Los indicadores que permitirán su seguimiento y evaluación.
2.- Dentro de las actividades deberán identificarse los proyectos de ley, los
planes estratégicos y las actuaciones significativas que formarán parte de ese
Plan de Gobierno. Así, a los efectos de esta ley:
a) Los planes estratégicos son aquellos que tratan de dar respuesta a las
principales necesidades o problemas de la ciudadanía y que están vinculados
con las prioridades políticas establecidas en las previsiones del Gobierno,
pudiendo necesitar una coordinación interdepartamental, interinstitucional o
una impronta innovadora en la actuación pública, y requiriendo además un
seguimiento pormenorizado y una evaluación de sus resultados e impacto.
b) Las actuaciones significativas son iniciativas de carácter variado que,
procediendo de prioridades ciudadanas o políticas, por sí mismas representan
un avance cualificado en los compromisos formulados por el Gobierno,
pudiendo abarcar, entre otros, disposiciones normativas, cambios
organizativos, proyectos de inversión o programas experimentales.
3.- El Plan de Gobierno se remitirá al Parlamento Vasco para su
conocimiento, y se publicará, tanto en el Boletín Oficial del País Vasco, como
en todos aquellos soportes utilizados por la Administración y, en particular, en
la Plataforma de Gobierno Abierto, para lo que se realizarán versiones públicas
de esta información que resulten accesibles a la ciudadanía.

Artículo 57.- Evaluación previa de impacto de anteproyectos de ley,
planes estratégicos y actuaciones significativas y otras evaluaciones de
intervenciones públicas.
1.- Se someterán a evaluación previa de impacto todos los anteproyectos de
ley y planes estratégicos del Plan de Gobierno y aquellas actuaciones
significativas para las que así se determine en el Plan de Gobierno.
Quedan exceptuados de dicha evaluación los siguientes anteproyectos de
ley:
a) Los que establecen la metodología de distribución de recursos y de
determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación
de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) Los de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, concesión de créditos adicionales, variación de las condiciones de
los créditos de compromiso y liquidación de los Presupuestos.
2.- Además de las evaluaciones preceptivas señaladas en el apartado
precedente, el Gobierno Vasco determinará anualmente una relación de
intervenciones públicas que, como mínimo, deberán ser evaluadas, en función
de la mayor probabilidad, profundidad o extensión de los posibles impactos, de
la mayor incertidumbre sobre sus probables consecuencias o de la mayor
relevancia del problema al que hagan frente.
3.- Respecto al resto de la actividad administrativa, los propios
departamentos o entes del sector público vasco podrán someter a evaluación
aquellas otras intervenciones públicas de su competencia que estimen
conveniente, en función de la no existencia de evaluaciones o datos previos
sobre los que basar una decisión.
Artículo 58.- Definición y procedimiento de evaluación previa de
impacto de proyectos de ley, planes estratégicos y actuaciones
significativas.
1.- A los efectos de esta ley se entenderá por evaluación previa de impacto
el proceso sistemático de observación, medida, análisis e interpretación de
información obtenida de forma exhaustiva y ordenada, encaminado a la
estimación cualitativa y, siempre que sea posible, cuantitativa, de los costes y
beneficios económicos, sociales y medioambientales probables de las distintas
opciones de política pública para alcanzar un juicio propositivo o valorativo
basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica e impacto,
que informe la decisión a adoptar por el órgano competente. Siempre que sea
posible, la evaluación previa considerará también la interacción de las
intervenciones públicas previstas con otras en vigor o que vayan a ser
plausiblemente adoptadas, considerando su efecto conjunto.
46

2.- El departamento competente para proponer o llevar a cabo la
intervención pública determinará inicialmente el alcance, la profundidad y el
nivel de análisis de cada evaluación, así como una estimación previa del
tiempo necesario para su elaboración, en función de los criterios señalados en
el artículo anterior, y del carácter interno o externo de la evaluación a realizar,
sin perjuicio de lo señalado en esta ley respecto al fomento de la planificación,
gestión y evaluación de las políticas públicas. En todo caso, la evaluación debe
prever un abanico de opciones a disposición de la Administración entre las que
siempre se incluirá la de no intervención o no modificación de la situación
existente.
3.- El proceso de evaluación habrá de ser llevado a cabo de forma
transparente, comprehensiva y sujeta a escrutinio público.
4.- Un comité formado por representantes de todos los departamentos
afectados por el problema abordado o por la acción proyectada será el
encargado de supervisar e impulsar el procedimiento, y de aprobar el informe
de impacto resultante, que podrá eventualmente recomendar la necesidad de
una evaluación más profunda.
5.- El informe de impacto explicitará la posible distribución social y territorial
de los impactos, la evolución en el tiempo de sus estimaciones, así como el
plazo en el que se estima serán apreciables los efectos positivos o negativos
previstos o, en su caso, aquél que eventualmente habría de servir de base para
el seguimiento y la evaluación de resultados e impactos reales, conforme a lo
previsto en los artículos siguientes.
Artículo 59.- Seguimiento de la implementación del Plan de Gobierno.
1.- De acuerdo con lo previsto en el Plan de Gobierno, el Gobierno aprobará,
semestralmente en el caso de los proyectos de ley y, anualmente en el caso de
los planes estratégicos y de las actuaciones significativas, un documento de
seguimiento en el que se especificará el grado de avance de cada uno de ellos
y las modificaciones que, a la luz del análisis de los avances logrados durante
su ejecución, se deseen introducir sobre lo planificado, con el fin de incorporar
mejoras y reorientar los medios activados, tales como incorporaciones o bajas
de medios humanos o materiales y reprogramaciones temporales.
2.- Sobre dichos documentos se informará en los mismos términos y
condiciones establecidos respecto al Plan de Gobierno.
47
Sección Segunda.- Sistemas de gestión pública y su evaluación.

Artículo 60.- Implantación de sistemas de gestión pública avanzada de
las unidades organizativas.
La Administración general de la Comunidad autónoma impulsará la eficacia y
la eficiencia de su organización y del conjunto del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi mediante la generalización de la
implantación de sistemas de gestión pública avanzada que contribuyan a la
generación de valor público a la sociedad, lo que conllevará:
a) La elaboración de planificaciones estratégicas y operativas, que tengan
como referencia el despliegue y cumplimiento del Plan de Gobierno, que
expliciten objetivos retadores pero alcanzables e incorporen indicadores de
seguimiento y evaluación que posibiliten la toma de decisiones con hechos y
datos a las personas responsables del ámbito político y técnico .
b) La concreción de cómo se desarrollarán y gestionarán los servicios
mediante procesos, para que respondan adecuadamente a la ciudadanía y a
las personas y entidades a quienes van dirigidos, identificando las necesidades
y expectativas de la ciudadanía de modo habitual, atendiendo sus quejas y
sugerencias, dando una adecuada respuesta a sus solicitudes, incorporando su
perspectiva en la mejora de las políticas y servicios prestados y promoviendo
mecanismos para su participación activa.
c) La implantación de herramientas de estímulo a la participación de las
empleadas y los empleados públicos en la gestión, generando las condiciones
que potencien su compromiso y concretando el comportamiento y las
competencias de los líderes.
d) La creación de contextos de intercambio y aprendizaje que favorezcan la
generación de respuestas y propuestas innovadoras a los nuevos retos
públicos, incorporando la creatividad de las personas de la organización y de
otros grupos de interés externos que faciliten una innovación continua y
sistemática.
e) El establecimiento de cauces de concertación multiagente, incluida la
propia ciudadanía, que contribuya a crear alianzas e implicar a la iniciativa
pública y privada para aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades y
problemas complejos de nuestra sociedad y de generación de oportunidades
para las actuales y futuras generaciones.
f) La incorporación de mecanismos de evaluación de resultados, de
publicación accesible de los resultados más significativos y la previsión de
incorporación de la percepción ciudadana sobre dichos resultados.
Artículo 61.- Evaluación de la gestión de las unidades organizativas.
1.- Se evaluará la actividad de las unidades organizativas para conocer el
nivel de implantación de sistemas de gestión pública avanzada y, de manera
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singularizada, su alineamiento con las políticas públicas concretadas en el Plan
de Gobierno, el grado de satisfacción de la ciudadanía y de otros posibles
receptores de servicios respecto de su actividad y las características de su
gestión.
2.- La evaluación tendrá como objeto valorar su actividad y detectar aquellos
ámbitos en los que existen posibilidades de mejora, a los efectos de que las
unidades puedan comprometerse en planes sucesivos de mejora.
3.- La evaluación se realizará a partir de modelos que permitan la
comparación entre las mismas y que faciliten su evolución.
4.- Como instrumento de transparencia y de mejora continua, las unidades
administrativas que provean servicios o prestaciones directas a la ciudadanía
elaborarán y publicarán compromisos de nivel de servicio que recojan el
conjunto de derechos de un determinado grupo de usuarios y usuarias en
relación con una política concreta o su despliegue.
Sección Tercera.- Evaluación de resultados e impactos acumulados de
49
las políticas públicas.
Artículo 62.- Evaluación de resultados e impactos acumulados.
1.- Se entiende por evaluación de resultados e impactos acumulados aquélla
que se efectúa con posterioridad a la ejecución de la política pública y que se
fija en el examen de su pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad
a la luz de los objetivos que se planificaron. El departamento competente para
el diseño y ejecución de una política será el competente para llevar a cabo y
aprobar la evaluación de resultados e impactos acumulados de su área de
responsabilidad.
2.- Serán objeto de evaluación de resultados e impactos aquellas
intervenciones públicas del Plan de Gobierno para las que se ha determinado
una evaluación previa de impacto, una vez que hayan sido completamente
ejecutadas o que hayan alcanzado el umbral temporal de las estimaciones de
ésta. La previsión temporal de estas evaluaciones se incorporará al Plan de
Gobierno.
Así mismo se evaluarán los resultados e impactos de las intervenciones
públicas, siempre que pretendan ser sustituidas por otras diferentes.
Además, periódicamente se procederá a la evaluación de resultados e
impactos acumulados de conjuntos de políticas públicas que afecten a sectores
determinados.
3.- La evaluación de resultados se basará en las evaluaciones previas de
impacto y en las evaluaciones de implementación y de seguimiento existentes,

así como en el resto de información que sea útil y accesible, derivada de
cualquiera de los instrumentos de planificación y evaluación previstos en esta
ley.
A tal efecto, las propias evaluaciones previas de disposiciones normativas
cuyo impacto posterior será objeto de evaluación determinarán las bases para
llevarla a cabo. Con esta finalidad las normas podrán contener cláusulas o
disposiciones que obliguen a la revisión de sus efectos y en consecuencia, a la
modificación de su texto.
4.- Dentro del contenido mínimo de las evaluaciones de resultados, que es
variable en función de la naturaleza o forma de la actuación o política pública
de la que se trate, se ha de incluir el grado de cumplimiento de los objetivos y
previsiones previos y de la causa de las eventuales desviaciones, así como la
opinión y valoración que ha merecido para la ciudadanía la actuación. Así
mismo, se ha de tener en cuenta las interacciones con otras intervenciones
públicas adoptadas coetánea o paralelamente, que hayan podido afectar al
resultado, separando, siempre que sea posible, los efectos de unas y otras.
Artículo 63.- Simplificación administrativa y reducción de cargas.
1.- Se llevarán a cabo evaluaciones de impactos acumulados para analizar,
periódica y sectorialmente, la carga administrativa derivada del conjunto de
políticas públicas en vigor. Estas evaluaciones tendrán como finalidad el
racionalizar y reducir conjuntos de trámites excesivos, desde la perspectiva de
la relación entre el beneficio que reporta cada nuevo trámite para el sector o
sectores destinatarios o para el interés general y el coste que, en términos de
nuevas cargas administrativas, les irroga.
2.- Se diseñarán y pondrán en marcha actuaciones generales que tengan
como objetivo agilizar tramitaciones administrativas, mediante la utilización de
las herramientas organizativas, de calidad, de administración electrónica, y
jurídicas, que permitan rediseñar y simplificar los procesos y procedimientos y
reducir cargas administrativas.
Artículo 64.- Evaluación de las entidades del Sector Público de la
Autónoma de Euskadi estarán sujetas a evaluación sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos y fines que propiciaron su creación o
participación, así como sobre la relación entre los recursos utilizados y los
logros conseguidos en su actividad, en aplicación de los principios generales
de actuación como sujetos integrantes del sector público y principios aplicables
50

para la creación de nuevas entidades o participación en otras ya existentes,
establecidos en esta ley.
2.- La evaluación de eficacia económica y eficiencia se orientará, en primera
instancia, a contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos y fines de la
entidad en función de los recursos empleados, la relación coste beneficio y la
optimización de los recursos empleados, y se llevará a cabo por la Oficina de
Control Económico, de conformidad con su normativa específica.
3.- La evaluación de eficacia material y de la actividad de las entidades del
sector público en relación con su impacto en el ámbito al que dirige su acción y
a la ciudadanía en general se llevará a cabo a través de técnicas de
autoevaluación de conformidad a lo que se establezca reglamentariamente. En
todo caso, dicha evaluación incorporará la opinión de la ciudadanía en la
prestación de los servicios externos.
Artículo 65.- Procedimiento para la evaluación de las entidades del
sector público.
1.- La evaluación de eficacia material y de la actividad de las diferentes
entidades se verificará conforme a las siguientes pautas:
a) Cada una de las entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi debe elaborar anualmente un documento de autoevaluación en el
que se incluya la información relativa a los aspectos señalados en el artículo
anterior, tanto en lo que respecta al ejercicio precedente, como a la estimación
referida al ejercicio en curso. La estimación, además, hará referencia a las
mejoras, innovaciones y circunstancias específicas del ámbito de actuación de
la entidad que vayan a tener relevancia en la actividad de la entidad.
b) El documento de autoevaluación será formulado por la persona u órgano
que desempeñe las funciones ejecutivas y de dirección superiores en la entidad
y validado por el órgano superior de la misma.
c) El documento de autoevaluación será remitido al departamento de
adscripción que verificará su ajuste a las orientaciones generales que haya
podido marcar respecto a la eficacia y eficiencia de las entidades dependientes
del mismo y, a su vez, lo remitirá al departamento competente en materia de
Administración pública para que, con el conjunto de la información recibida,
elabore un informe general de evaluación del sector público.
d) El informe general de evaluación será elevado al Consejo de Gobierno, al
efecto de su aprobación y, en su caso, de la adopción de los acuerdos precisos
sobre la organización y estructura del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, conforme a lo dispuesto en esta ley.
2.- El Gobierno Vasco, con carácter general o específico podrá desarrollar
los principios y orientaciones referidos en el artículo anterior conforme a los que
51

llevará a cabo la evaluación, ampliando o detallando los aspectos respecto a
los que contrastar la eficacia y eficiencia de las entidades integradas en el
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Asimismo, podrá establecer métodos, procedimientos o indicadores, bien
generales dirigidos a todas las entidades, bien específicos en función de la
naturaleza jurídica, dimensión, ámbito de la actividad u otros singularmente
relevantes que, garanticen un mejor y más adecuado conocimiento de la
eficacia y eficiencia de su sector público.
3.- La Administración general promoverá la utilización por las entidades
integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las
herramientas de gestión presupuestaria, de personal y de aquellas otras que
permitan al departamento de adscripción y al que elabore el informe general de
evaluación un seguimiento permanente de la actividad del Sector Público de la
Artículo 66.- Evaluación de impactos de conjuntos de normas.
Periódicamente se procederá a la evaluación de resultados de los impactos
normativos acumulados de conjuntos de normas que afecten a sectores
determinados. Estas evaluaciones tendrán como finalidad racionalizar y reducir
conjuntos de normas excesivos, mediante la simplificación, codificación,
refundición y consolidación de textos legales, o la reducción del volumen
legislativo mediante la eliminación de preceptos y leyes obsoletas.
Sección Cuarta.- Fomento de la planificación, gestión y evaluación de
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políticas públicas.
Artículo 67.- Cultura de planificación, gestión y evaluación las políticas
públicas.
1.- Con el objeto de materializar los principios de funcionamiento y los
principios de actuación reseñados en esta ley, la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi adoptará medidas que fomenten en su
organización una cultura de planificación, gestión y evaluación de las políticas
públicas, para lo que informará, sensibilizará y formará al personal a su
servicio, generará redes de conocimiento y equipos de colaboración y
compartirá o desarrollará herramientas técnicas que faciliten su
implementación.
2.- En el desarrollo de dicha labor, la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi ha de utilizar preferentemente parámetros, indicadores,
programas, herramientas informáticas y demás recursos analíticos

homologables con los desarrollados a nivel estatal y europeo, al objeto de
facilitar un mayor intercambio de información y la mejor evaluación de los
impactos territoriales de las políticas adoptadas en distintos niveles políticos.
Artículo 68.- Integración del conocimiento científico y experto en la
evaluación de políticas públicas.
1.- En los procesos evaluadores y de planificación de las políticas públicas
se incorporará el conocimiento técnico y científico aplicable para que, sin
sustituir la acción de gobierno ni los procesos de decisión política, y mediante
el análisis de datos o la realización proyecciones de líneas de actuación
alternativas que satisfagan las necesidades o demandas sociales, se puedan
prever sus posibles consecuencias a corto, medio o largo plazo, de forma que
los resultados de la evaluación y los datos en los que se base la planificación
contribuyan a facilitar procesos de deliberación y decisión más consistentes,
materializando el principio de objetividad y transparencia.
2.- Al efecto de lo previsto en el apartado anterior, la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi se valdrá, prioritariamente, de las
capacidades técnicas y científicas de su organización y de las instituciones
académicas o de investigación existentes en el País Vasco.
3.- También se valdrá prioritariamente de dichas capacidades técnicas y
científicas para la identificación de los diferentes conocimientos técnicos o
científicos relevantes a una cuestión, así como para la elaboración de los
criterios que, cuando proceda recabar asesoramiento externo, deban utilizarse
de forma complementaria a lo que en cada caso establezca la normativa de
contratación pública aplicable para seleccionarlo.
Entre esos criterios se tendrán especialmente en cuenta la relevancia, la
credibilidad, el soporte empírico y la validez interna o consistencia de las
diferentes teorías científicas conflictivas, así como la aplicabilidad al caso
concreto y contexto específico de la política gubernamental proyectada, que
sea predicable de las mismas.
4.- Del mismo modo, la Administración, dentro de las posibilidades
presupuestarias existentes, fomentará la investigación que resulte útil para
descubrir oportunidades o riesgos relevantes para las decisiones de diseño de
las políticas públicas.
53

54
Sección Quinta.- Publicidad de la evaluación.
Artículo 69.- Publicidad de la evaluación.
1.- En aplicación del principio de publicidad activa reseñado en esta ley y
con respecto a las evaluaciones a realizar en virtud de lo establecido en este
capítulo, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi
pondrá en conocimiento de la ciudadanía de modo accesible tanto el proceso
de evaluación como los resultados que se obtengan del mismo, sin más
limitaciones que las previstas en la legislación vigente.
2.- En cada proceso de evaluación de políticas públicas se abrirá un período
de escucha a la ciudadanía que posibilite su participación. El resultado de
dichas consultas y audiencias públicas deberá formar, en todo caso, parte del
contenido del documento de evaluación. Deberá motivarse, en su caso, la
omisión de este trámite.
3.- El Acuerdo de Consejo de Gobierno Vasco que determine anualmente la
relación de intervenciones públicas que deban ser evaluadas identificará
además aquéllas que deban ser publicadas.
Capítulo Tercero.- Administración electrónica y atención ciudadana.
Artículo 70.- Principios de la Administración electrónica.
La Administración Pública Vasca utilizará los medios electrónicos dentro de
las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, respetando el pleno
ejercicio por la ciudadanía de los derechos que tiene reconocidos, y
ajustándose a los siguientes principios:
a) Principio de igualdad, con objeto de que en ningún caso el uso de medios
electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones
para las ciudadanas y ciudadanos que se relacionen con la Administración
Pública Vasca por medios no electrónicos, sin perjuicio de las medidas dirigidas
a incentivar la utilización de los medios electrónicos.
b) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios
electrónicos, en los términos establecidos por la normativa vigente en esta
materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y
comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño
para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las
personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones,
incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de
aquellos colectivos que lo requieran.

c) Principio de legalidad, en cuanto al mantenimiento de la integridad de las
garantías jurídicas de la ciudadanía en su relación electrónica con la
d) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las
Administraciones vascas, al objeto de procurar tanto la interoperabilidad de los
sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la
prestación conjunta de servicios a los ciudadanos y ciudadanas.
e) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios
electrónicos por la Administración Pública Vasca, en cuya virtud se exigirá al
menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la
utilización de medios no electrónicos.
f) Principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías
y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los
distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a las ciudadanas
y ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a
la finalidad para la que se soliciten.
g) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las
técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas, garantizando la
independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por la ciudadanía
y por la Administración, así como la libertad de desarrollar e implantar los
avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos la
Administración Pública Vasca utilizará estándares abiertos así como, en su
caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por
la ciudadanía.
h) Principio de reutilización de la información y del software público, con el
fin de que su puesta a disposición por la Administración pública propicie que
otros u otras agentes generen nuevas utilidades, productos o servicios.
Artículo 71.- Derechos y deberes en materia de Administración
electrónica.
1.- Se reconoce a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a
relacionarse con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos
previstos en el artículo 35 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones,
formular solicitudes y pretensiones, manifestar consentimiento, efectuar pagos,
realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.
55

2.- En particular, tendrán, en relación con la utilización de los citados medios
electrónicos en su relación con la Administración Pública Vasca, los siguientes
derechos:
a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles,
el canal a través del cual relacionarse.
b) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración
Pública Vasca.
c) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo
las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del
Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico.
d) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el
ámbito de la Administración Pública Vasca.
e) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren
en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración Pública Vasca.
f) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la
Administración Pública Vasca siempre y cuando utilicen estándares abiertos o,
en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por la ciudadanía.
3.- Además, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de
servicios y su ejercicio, todas las personas interesadas tienen derecho a la
realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía
electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través
de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores, en especial los relativos a los
procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio
y para su ejercicio.
b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas
con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y
organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los
prestadores o personas destinatarias puedan dirigirse para obtener asistencia o
ayuda.
c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos
públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.
d) Las vías de reclamación y recurso para resolver incidencias relativas a la
prestación del servicio.
4.- En la utilización de los medios electrónicos se estará sujeto a lo dispuesto
en la normativa básica de aplicación sobre acceso electrónico de la ciudadanía
a los Servicios Públicos, así como a lo dispuesto en la presente ley y demás
normativa vasca concordante o de desarrollo.
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Artículo 72.- Simplificación de procedimientos administrativos
mediante servicios y canales electrónicos.
1.- Con el fin de simplificar la tramitación administrativa y de garantizar el
derecho de la ciudadanía a no aportar los datos y documentos que obren en
poder de las Administraciones Públicas, no se recabará el consentimiento de
las personas interesadas cuando en el ejercicio de las funciones propias de las
Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias,
a) la información que se solicite figure como requisito en la norma que regula
el procedimiento administrativo,
b) el procedimiento administrativo se inicie a instancia de parte, conllevando
por tanto la solicitud por parte del interesado,
c) la información esté disponible en la Administración de la CAE o en los
servicios de interoperabilidad entre administraciones, y
d) no se refiera a datos de carácter personal especialmente protegidos.
2.- En los supuestos en que así lo prevean las normas reguladoras de los
procedimientos administrativos, el cumplimiento de los requisitos podrá
justificarse a través de una declaración responsable o de las comunicaciones
previas, que producirán los efectos que se determinen en cada caso por la
legislación correspondiente.
3.- La publicación del trámite de información pública prevista en el artículo 8
de la ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las
disposiciones de carácter general se realizará, además de por los medios
habituales contemplados en la normativa correspondiente, en el tablón
electrónico de anuncios de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. De igual modo se utilizará este canal para el trámite de
información o exposición pública del resto de procedimientos que así lo
prevean.
4.- Cuando las personas interesadas en un procedimiento sean
desconocidas, se ignore el lugar de la notificación o el medio para hacerlo, o
bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se
hará por medio del tablón electrónico de anuncios de la Administración pública
5.- Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo, se utilizará el tablón electrónico de
anuncios de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
lo que se indicará en las correspondientes convocatorias del procedimiento,
careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
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6.- Las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones podrán
determinar la publicación de las resoluciones de concesión y sus
modificaciones en el tablón electrónico de anuncios de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Artículo 73.- Instrumentos de cooperación para el impulso de la
Administración electrónica.
1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi
promoverá la celebración de convenios de colaboración y demás instrumentos
de cooperación con las entidades correspondientes de la Administración de los
Territorios Históricos y Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, para el impulso de la administración electrónica.
Asimismo impulsará los citados convenios e instrumentos de cooperación
con cualesquiera entidades de la Administración del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de sus Entidades Locales.
2.- Reglamentariamente se creará el Consejo Asesor para la Administración
Electrónica, configurándose como órgano colegiado dependiente del
departamento de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Euskadi competente en materia de Administración electrónica, y con el carácter
de órgano técnico de cooperación y participación entre las Administraciones
públicas vascas en esta materia.
3.- El Consejo Asesor desarrollará las siguientes funciones:
a) Procurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y
aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas y en la relación
electrónica con los ciudadanos y ciudadanas.
b) Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el
desarrollo de la administración electrónica y la reutilización del software
público.
c) Desarrollar instrumentos de cooperación interadministrativa que ayuden a
la ciudadanía a la búsqueda de la información publicada en internet por las
Administraciones públicas vascas, faciliten la navegación y la localización de
contenidos, y oferten la posibilidad de suscripción común a servicios de avisos
cuando se publiquen determinados contenidos, tales como el desarrollo de
modelos de catalogación comunes para los contenidos webs de las
Administraciones públicas vascas
d) Diseñar modelos que contribuyan al desarrollo de una ventanilla única
para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el conjunto
de las Administraciones públicas vascas.
4.- El reglamento de creación del Consejo determinará su composición
atendiendo a la naturaleza y alta relevancia del mismo. Cuando por razón de
58

las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las organizaciones,
corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a
participar en las deliberaciones del consejo asesor.
Artículo 74.- Accesibilidad mediante terminales y sitios web de
entidades privadas y públicas.
Se fomentará la suscripción de convenios con medios de comunicación,
organismos públicos y empresas en general para la puesta a disposición por
parte de éstos de espacios para la instalación de terminales informáticas
públicas o para la utilización por el público de terminales, redes inalámbricas y
conexiones de las entidades conveniadas con el fin de facilitar el acceso de los
ciudadanos y ciudadanas a la Administración electrónica, sin tener que contar
con dispositivos de su propiedad o que trasladarse a sedes de la
Administración.
Artículo 75.- Sistema multicanal de interacción con la ciudadanía.
1.- A los efectos de esta ley, se entiende por interacción con la ciudadanía,
el conjunto de procesos y medios que se organizan para crear un espacio
constructivo de relaciones que permitan a la ciudadanía el ejercicio de sus
derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a la información,
como base, por una parte, para el logro de una ciudadanía informada,
participativa, activa y corresponsable con los asuntos públicos, y por otra, para
la consecución de una Administración más abierta y accesible a la ciudadanía y
más transparente en su gestión.
2.- La interacción con la ciudadanía se soporta en un sistema multicanal, que
integra componentes tecnológicos, organizativos, informativos y personales,
cuyo objetivo es facilitar la comunicación a través de canales presenciales,
telefónicos o telemáticos mediante el uso de medios basados en internet.
3.- La actividad de interacción con la ciudadanía tiene como finalidad
informar y orientar sobre las políticas públicas que gestiona y los servicios que
presta la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, facilitar a la
ciudadanía la realización de trámites administrativos y promover la implantación
de procesos de participación y colaboración con la ciudadanía.
4.- En atención a la especialización y a la viabilidad de acceso e integración
de la información y de los servicios públicos, se establecen dos niveles de
interacción con la ciudadanía:
a) Nivel de interacción de carácter general, que ofrecerá información,
orientación y asistencia básica sobre las políticas o los trámites de los servicios
públicos de cualquier órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
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b) Nivel de interacción de carácter especializado, que ofrecerá información,
orientación y asistencia especializada sobre las políticas y trámites de los
servicios específicos del ámbito competencial de cada organismo responsable,
que requiera un nivel especializado de conocimientos.
5.- Por el departamento de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Euskadi competente en materia de Administración pública, como
órgano responsable en materia de interacción con la ciudadanía, se asumirá:
a) El diseño e implantación del sistema multicanal de interacción con la
ciudadanía. Dicho sistema se elaborará sobre la base de un modelo donde se
definan técnicamente las formas de interacción con la ciudadanía y los
diferentes instrumentos de comunicación a utilizar; su sistema de gestión que
describa el funcionamiento y la dirección de los procesos de interacción con la
ciudadanía desde el punto de vista técnico, funcional y organizativo; y los
canales de interacción mediante los que se materializan los procesos de
interacción finalistas –presencial, telefónico y telemático-.
b) La determinación de los niveles de atención de carácter general y
especializado para cada servicio en colaboración con los departamentos
competentes en cada materia.
c) La gestión directa del nivel de interacción de carácter general, sobre la
base de la información proporcionada por cada departamento y órgano
sectorial, mediante oficinas físicas de atención, comunicaciones telefónicas y
medios basados en internet.
d) La gestión del acceso al sistema de quejas, sugerencias y
agradecimientos, respondiendo a aquéllas que se correspondan con el nivel de
interacción general y trasladando las restantes a los órganos competentes, y
estableciendo sistemas de seguimiento y control de los plazos y la calidad de
las respuestas.
e) La elaboración y publicación de los criterios y estándares para asegurar la
homogeneidad de la presentación de la información y de los servicios públicos
por cualquier modalidad, canal y nivel de interacción.
f) La coordinación general e interrelación de los canales e instrumentos de
interacción que componen el sistema multicanal de interacción con la
ciudadanía, con el objeto de prestar un servicio completo y de calidad, en
particular para evitar la fragmentación de las informaciones o las
contradicciones entre las mismas, y garantizar el derecho de la ciudadanía a la
elección del medio de comunicación con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. Asimismo la coordinación de la Plataforma de Gobierno
Abierto a que se hace referencia en esta ley.
60

61
Capítulo Cuarto.- Las lenguas de la Administración Pública Vasca.
Artículo 76.- Lenguas de servicio, lenguas de relación y lenguas de
trabajo.
1.- El euskera y el castellano, como lenguas oficiales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, son las lenguas de la Administración Pública Vasca.
Ambas lenguas oficiales serán lenguas de servicio a la ciudadanía, lenguas de
relación intra e inter-administrativa y lenguas de trabajo, en los términos en que
lo establezca la normativa aplicable.
2.- De acuerdo con la legislación de normalización del uso del Euskera, que
reconoce los derechos lingüísticos de la ciudadanía, los sujetos integrantes de
la Administración Pública Vasca adoptarán las medidas necesarias para hacer
efectivo lo establecido en el número anterior.
3.- A fin de hacer efectivo lo establecido en el apartado anterior, los poderes
públicos adoptarán las medidas tendentes a la progresiva capacitación
lingüística del personal afecto a la Administración Pública Vasca.
Artículo 77.- Lengua de las disposiciones y comunicaciones.
1.- Toda disposición normativa o resolución oficial que emane de los entes o
entidades integrantes de la Administración Pública Vasca deberá estar
redactada en las dos lenguas oficiales a efectos de publicidad oficial.
2.- Todo acto en el que intervengan, así como las notificaciones y
comunicaciones administrativas, deberán ir redactados en las dos lenguas
oficiales, salvo que los interesados privados elijan expresamente la utilización
de una de las mismas.
Artículo 78.- Lengua de los expedientes.
1.- En los expedientes o procedimientos en los que intervenga más de una
persona, los poderes públicos utilizarán aquella lengua oficial que establezcan
de mutuo acuerdo las partes que concurran.
2.- En caso de no haber acuerdo se utilizará la que disponga la persona que
haya promovido el expediente o procedimiento, sin perjuicio del derecho de los
o las interesadas a ser informadas en la lengua oficial que deseen.

Artículo 79.- Lengua de los registros públicos.
1.- La inscripción de documentos en los registros públicos dependientes de
la Administración Pública Vasca se hará en la lengua oficial en que aparezcan
extendidos.
2.- A efectos de exhibición y de certificaciones, se garantizará la traducción a
cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
62
TÍTULO IV.- De la transparencia de la Administración Pública Vasca.
Capítulo Primero.- Transparencia de la Administración Pública.
Artículo 80.- Transparencia e información pública.
1.- La transparencia como principio de funcionamiento de la Administración
Pública Vasca en su relación con la ciudadanía exige que la información puesta
a su disposición sea de la más alta calidad, esto es, que sea veraz, clara,
coherente, oportuna en el tiempo, materialmente relevante, estructurada,
concisa, entendible, completa, segura, de fácil acceso, multicanal, comparable,
multiformato, interoperable y reutilizable en los términos establecidos
legalmente.
2.- La calidad y el acceso a la información serán objeto de los instrumentos
de evaluación previstos en esta ley.
3.- A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Transparencia, el principio de actuación administrativa que permite y
facilita el acceso de la ciudadanía a la información pública en poder de la
Administración dentro de los límites establecidos en la legislación vigente.
b) Información pública, aquella información, cualquiera que sea su soporte y
forma de expresión, elaborada o adquirida por los poderes públicos afectados
por el ámbito de aplicación de esta ley en el ejercicio de sus funciones y que
obre en su poder.
Artículo 81.- Compromisos generales.
1.- El principio de transparencia exige que la Administración Pública Vasca
publique de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento
resulte relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada
con el funcionamiento, el control y la colaboración de la ciudadanía en su
actuación pública.

2.- La información institucional, organizativa, de planificación, de evaluación,
de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística que está
obligada a publicar de forma periódica y actualizada la Administración Pública
Vasca incluye la exigida por la legislación básica aplicable y en su caso por la
presente ley, así como la exigida en las leyes sectoriales correspondientes.
3.- Dicha información institucional estará accesible en las correspondientes
sedes electrónicas o páginas web de las entidades que conforman la
Administración Pública Vasca. La información así publicada será comprensible
y proporcionará orientaciones sobre cómo está organizada, sobre el modo de
acceder a esas y otras informaciones y sobre los procesos en los que los
ciudadanos y ciudadanas pueden participar.
Artículo 82.- Sujetos obligados a suministrar información.
1.- Las obligaciones derivadas de la aplicación del principio de transparencia
que se recogen en esta ley resultan exigibles a las entidades que conforman la
Administración Pública Vasca tal y como está definida en su artículo 1.
2.- No obstante, en la medida en que tales obligaciones afecten o se exijan
con ocasión de procedimientos de carácter administrativo, no resultarán en su
caso de aplicación a las entidades que rigen su actividad por el Derecho
privado.
3.- También están sujetos a la obligación de transparencia en los términos
establecidos en esta ley relativos a la publicidad activa:
a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones
empresariales que desarrollan su actividad en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y sean perceptores de subvenciones sufragadas con
cargo a fondos públicos.
b) Las entidades privadas que, desarrollando su actividad en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, perciban durante el período de un año
ayudas o subvenciones de la Administración Pública Vasca en una cuantía
superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales
tenga carácter de tales ayudas o subvenciones, siempre que alcancen un
mínimo de 5.000 euros.
4.- Todas las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la entidad
de la Administración Pública Vasca a la que se encuentren vinculadas, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquélla
de las obligaciones previstas en esta ley. Esta obligación se extenderá a los
adjudicatarios de contratos públicos en los términos previstos en el respectivo
contrato.
63

64
Capítulo Segundo.- Publicidad activa y apertura de datos.
Artículo 83.- Principio de publicidad activa.
Se entiende por publicidad activa el compromiso de la Administración
Pública Vasca por publicar de forma periódica y actualizada, y de modo
comprensible para la ciudadanía, aquella información relevante relativa a su
funcionamiento como medio para fomentar la interacción comunicativa.
Artículo 84.- Obligaciones en materia de publicidad activa.
1.- Los sujetos a los que conforme establece esta ley les resultan exigibles
las obligaciones derivadas de la transparencia deben suministrar por propia
iniciativa la información de carácter relevante indicada en esta ley, de forma
veraz, actualizada, objetiva y gratuita, exponiéndola en medios de fácil acceso
y tratamiento libre, de forma continua y removiendo los obstáculos existentes
que impidan tal acceso a los colectivos en situaciones de discapacidad, de
mayor desigualdad o alejados tradicionalmente de las instituciones.
2.- Esta obligación se aplica sin menoscabo de la aplicación de otras
disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad y con respeto a las limitaciones contempladas en la legislación
vigente y, en particular, en lo referido a la protección de datos de carácter
personal.
3.- A tal efecto, se habilitarán los medios pertinentes, prioritariamente
electrónicos, garantizando que la información esté plenamente actualizada y
sea fácilmente accesible y comprensible, al menos, en las dos lenguas oficiales
en los términos establecidos en la legislación vigente. El suministro de la
información se realizará conforme al principio de accesibilidad universal y
diseño para todos e incorporando la perspectiva de género. Para ello, se
desarrollarán aquellas herramientas que favorezcan la visualización y la
explotación de la información facilitándola, en la medida de lo posible, en
tiempo real y de forma geolocalizada.
4.- Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan
exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior
a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley
podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por
la entidad de la Administración Pública Vasca de la que provenga la mayor
parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.
5.- En todo caso, la Administración Pública Vasca debe, a iniciativa propia,
publicitar la información relativa a estos aspectos, conforme se desarrolla en
los artículos siguientes:

65
a) Información institucional y organizativa.
b) Información sobre planificación y evaluación.
c) Información de relevancia jurídica.
d) Información sobre los procedimientos administrativos.
e) Información sobre la actividad pública.
f) Información económica, presupuestaria y patrimonial.
g) Información de carácter general.
Artículo 85.- Información institucional y organizativa.
1.- Los sujetos que conforme a lo establecido en esta ley están obligados a
suministrar información, publicarán la relativa a las funciones que desarrollan, a
la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A
estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los
responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
2.- La Administración Pública Vasca publicará información que permita a la
ciudadanía conocer la organización administrativa, las competencias de las
entidades que la integran, la normativa que les sea de aplicación, los órganos
de gobierno, las autoridades y el personal directivo con sus direcciones
electrónicas para la interacción y resoluciones de compatibilidad con actividad
privada, los órganos consultivos y de participación social que incluya su
actividad y acuerdos, así como la relación actualizada de los puestos de
trabajo, de sus funciones y las correspondientes masas retributivas, y
cualesquiera otra información organizativa prevista en la legislación sobre
función pública y transparencia y buen gobierno.
3.- Asimismo se publicará el número de personas liberadas institucionales
existentes y el cómputo anual de las horas empleadas y costes asociados que
generan estas liberaciones para la Administración Pública.
Artículo 86.- Información sobre planificación y evaluación.
1.- Las entidades que componen la Administración Pública Vasca publicarán
sus planes y programas anuales y plurianuales identificando los objetivos
concretos de estos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución y su grado de cumplimiento y resultados, con indicadores de
medida y las valoraciones obtenidos de su evaluación. Esto comprende
también la información estadística necesaria para valorar el grado de
cumplimiento y calidad de los servicios públicos de su competencia. Así mismo
expondrán públicamente las formas de participación previstas para cada plan
de actuación.

2.- Se publicarán, de forma sistemática, además las evaluaciones a las que
esta norma obliga y aquellas otras que el Acuerdo de Consejo de Gobierno
Vasco determine anualmente en la relación de intervenciones públicas que
deban ser evaluadas, sin más limitaciones que las previstas en la legislación
vigente.
Artículo 87.- Información de relevancia jurídica.
Las entidades integrantes de la Administración Pública Vasca, en el ámbito
de sus respectivas competencias de carácter administrativo, publicarán la
siguiente información en la medida que les resulte aplicable:
a) La normativa en vigor aplicable en el ámbito de sus competencias, sin
perjuicio de la publicación de los diarios oficiales en la correspondiente sede
electrónica.
b) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a
consultas planteadas por particulares u otros órganos, en la medida en que
supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
c) Los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carácter
general cuya iniciativa les corresponda, en el momento de la solicitud de los
dictámenes a los órganos consultivos o, si éstos no fueran preceptivos, en el
momento de su aprobación. Se indicará la posibilidad que tienen las personas
de realizar sugerencias y el procedimiento a seguir, sin que ello pueda suponer
la sustitución del trámite de exposición pública, en los supuestos en que resulte
preceptivo. Se publicarán los documentos que deban ser sometidos al trámite
de información o exposición pública, así como las memorias e informes
preceptivos que conformen el expediente y, en particular, la evaluación de
impacto, la memoria sucinta de todo el procedimiento y la memoria económica,
así como toda aquella documentación preceptiva que la legislación sectorial
determine.
Artículo 88.- Información sobre sobre la actividad administrativa con
incidencia económica.
1.- Las entidades que integran la Administración Pública Vasca publicarán
información sobre los procedimientos administrativos que por su incidencia
económica resulten de interés para la ciudadanía.
2.- En particular, con respecto a las ayudas y subvenciones:
a) Anualmente publicarán la relación de normas reguladoras de programas
subvencionales convocados durante el ejercicio presupuestario, así como las
que estén en vigor, con indicación de los importes destinados a las mismas, su
66

objetivo y finalidad y las condiciones que deberán reunir las posibles personas
o entes beneficiarios.
b) Publicarán la relación de personas beneficiarias de las subvenciones y
ayudas públicas concedidas con indicación de su importe y objeto o finalidad.
3.- Publicarán información sobre todos los contratos formalizados, con
indicación del objeto, el importe de la licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su adjudicación, los instrumentos a través de los
que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del
contrato, las decisiones de desistimiento y la renuncia de los contratos. La
relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. También se
publicará la composición de las mesas de contratación, las actas y la resolución
definitiva con las puntuaciones obtenidas por cada participante.
4.- Igualmente publicarán los datos estadísticos del presupuesto adjudicado
en los diferentes procedimientos de adjudicación de contratos.
5.- Los prestadores de servicios públicos en virtud de concesión garantizarán
a la ciudadanía la información que le permita exigir el adecuado nivel de
calidad y, en su caso, ejercitar sus derechos. Por ello, la Administración Pública
Vasca recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen la
concesión del servicio las previsiones necesarias para garantizar la citada
información.
6.- La Administración Pública Vasca publicará información relevante sobre
las principales obras de infraestructura en curso, incluyendo, entre otros datos,
el objeto de la obra, el contratista responsable, el importe de adjudicación, el
plazo de ejecución y la fecha de inicio y finalización. Publicará, así mismo, las
modificaciones que vayan realizándose y aquella información resumida que de
forma periódica permita a la ciudadanía conocer las obras de infraestructura
concluidas y las aprobadas que se encuentran pendientes de ejecución.
7.- Todos los convenios de colaboración que celebre la Administración
Pública Vasca deberán publicarse, consignándose las partes firmantes, su
objeto, duración, modificaciones, prestaciones y obligaciones económicas
convenidas. Igualmente deberán publicarse las encomiendas de gestión que se
firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y
las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios,
procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
8.- Las entidades que integran la Administración Pública Vasca publicarán
los procedimientos de libre designación, la selección de su personal directivo y
laboral de alta dirección; las personas candidatas y méritos aportados; la
propuesta motivada de las personas candidatas seleccionadas; su
remuneración; los ceses y sus causas; los nombramientos, ceses, régimen
retributivo, formación o trayectoria profesional del personal eventual. En el caso
67

del personal directivo y laboral de alta dirección, se publicarán, además, los
objetivos que se les hayan fijado y los resultados obtenidos de acuerdo con el
procedimiento por el que deban evaluarse.
9.- Las entidades previstas en el artículo 85.3 de esta ley deberán hacer
pública la información que se exige en la legislación básica, que determina que
como mínimo harán pública la información relativa a los actos de gestión
administrativa con repercusión económica o presupuestaria siguientes:
a) Contratos suscritos con indicación de la información correspondiente.
b) Convenios y encomiendas de gestión firmadas con indicación de la
información correspondiente.
c) Subvenciones y ayudas públicas que reciban cuando el órgano
concedente sea una Administración pública.
Artículo 89.- Información sobre la actividad pública.
1.- Los sujetos obligados por el principio de transparencia conforme a esta
ley darán a conocer su actividad de relevancia pública.
2.- En particular, se entenderá por tal:
a) Los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Administración general de la
b) Los acuerdos de los órganos de gobierno o administración de las
entidades que conforman la Administración Pública Vasca.
c) Los eventos públicos que conforman la agenda de los altos cargos y
personal directivo de la Administración Pública Vasca.
3.- Las entidades que conforman la Administración Pública Vasca y los
prestadores de servicios públicos proporcionarán información relativa a los
servicios públicos prestados, las prestaciones previstas, su disponibilidad, las
cartas de servicios y cualquier información para valorar el grado de
cumplimiento y de calidad de los servicios públicos de su competencia.
Artículo 90.- Información económica, presupuestaria y patrimonial.
1.- La Administración Pública Vasca hará pública, para todas las entidades
que la integran, la información relativa a sus presupuestos y ejecución y
liquidación de éstos, su nivel de endeudamiento, las variables indicativas de su
situación financiera y patrimonial, los informes de auditoría de cuentas y los de
fiscalización por parte de los órganos de control externo, de acuerdo con la
normativa presupuestaria, y de control y contabilidad que le sea de aplicación.
publicará el Inventario general de bienes y derechos de la Comunidad
68

Autónoma de Euskadi conforme al contenido que determina la normativa
correspondiente. Igualmente será público el número de vehículos propiedad de
la Administración Pública Vasca.
3.- Las entidades integrantes de la Administración Pública Vasca publicarán
las retribuciones del personal funcionario y laboral, sus altos cargos, directivos
y miembros del Gobierno, incluyendo los incentivos, si los hubiera, y las
indemnizaciones percibidas por abandono del cargo.
Artículo 91.- Información de interés general.
1.- Se publicará además, información de interés general para la ciudadanía,
como la información cartográfica o sobre el tráfico, tiempo, medio ambiente,
cultura, salud y educación, sin perjuicio de las obligaciones de información
impuestas por la correspondiente normativa específica.
2.- Se darán a conocer los diferentes canales por los que se ofrecen los
servicios de atención a la ciudadanía y para la participación ciudadana.
Artículo 92.- Reutilización y apertura de datos.
1.- Con el fin de mejorar la transparencia, promover la interoperabilidad entre
las Administraciones y generar valor en la sociedad, los sujetos afectados por
el ámbito de aplicación de esta ley deben promover las acciones necesarias
para una efectiva apertura de los datos públicos que obren en su poder de
forma reutilizable con pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad
o propiedad. Se entiende por apertura de datos, la puesta a disposición de
datos en formato digital, accesible vía web, estandarizado y abierto, siguiendo
una estructura clara y explícita que permita su comprensión y reutilización,
tanto por la ciudadanía como por agentes computacionales.
2.- De modo general los datos deben suministrarse sin someterse a licencia
o condición específica alguna para facilitar su redistribución, reutilización y
aprovechamiento y en un formato digital, estandarizado y abierto. No obstante,
reglamentariamente se podrán determinar los supuestos que justifican la
sujeción de la reutilización de determinados datos al previo otorgamiento de
licencias.
3.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi dará
acceso a los recursos de información pública reutilizable mediante su puesta a
disposición en un punto común de acceso alojado en la Plataforma de
Gobierno Abierto, donde se ofrecerá información concreta y actualizada sobre
las características de cada conjunto de datos. En particular, se hará público el
listado de datos y documentos interoperables que obran en poder de las
Administraciones públicas, y el código fuente de las aplicaciones informáticas
de las que sean propietarias.
69

4.- Asimismo, en el punto de acceso se deberá habilitar un espacio para que
la ciudadanía realice propuestas y sugerencias tanto en torno a la información
demandada como a la información puesta a su disposición y a los formatos,
programas o lenguajes informáticos empleados. Este espacio podrá también
habilitar la participación en el desarrollo de las aplicaciones informáticas
referentes a la apertura y reutilización de datos.
70
Capítulo Tercero.- Acceso a la información pública.
Artículo 93.- Titulares del derecho de acceso.
1.- El derecho de acceso a la información pública corresponde a toda
persona mediante solicitud previa, sin más excepciones que las contempladas
en las leyes.
2.- Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud.
3.- La persona solicitante de información pública dispone de los siguientes
derechos:
a) A ser informada de los derechos que le otorga la presente ley y a ser
asesorado para su correcto ejercicio.
b) A recibir la información que solicite, dentro de los plazos máximos
establecidos por esta ley.
c) A recibir la información pública solicitada en la forma o formato elegidos,
conforme a lo dispuesto en la ley.
d) A conocer los motivos por los cuales no se le facilita la información, total o
parcialmente, y también aquellos por los cuales no se le facilita dicha
información en la forma o formato solicitados.
e) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles
para la obtención de información solicitada, así como las causas de exención.
Artículo 94.- Modalidad de acceso y costes.
1.- La información se facilitará en el soporte utilizado para su solicitud o
demandado por el solicitante salvo que concurran algunas de las siguientes
circunstancias:
a) Que en virtud del principio de publicidad activa la información esté ya a
disposición de la persona solicitante en cuyo caso la Administración podrá
optar por poner en su conocimiento esta circunstancia así como la vía de
acceso a ella.

b) Que por razones de carácter técnico sea imposible poner a disposición la
información en el soporte utilizado por la persona solicitante y se justifique
adecuadamente.
2.- El acceso a la información es gratuito. Únicamente se cobrará una
cantidad en concepto de tasa, conforme a la normativa correspondiente, si se
expiden copias o se transpone a formato diferente el original en el que se
contenga la información. La cantidad no podrá exceder el coste real en el que
incurra la Administración.
Artículo 95.- Límites al derecho de acceso a la información pública.
1.- Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la
información pública previstos en la legislación vigente y, especialmente, el
derivado de la protección de datos de carácter personal. Cuando la información
contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo
previa disociación de los mismos.
2.- La Administración deberá ponderar los derechos en colisión en función
del interés público en la difusión de la información y los intereses protegidos
por las excepciones previstas en la ley.
Artículo 96.- Excepciones al derecho de acceso.
1.- La denegación de acceso debe constituir la excepción y, conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior, se fundamentará únicamente en las
excepciones reconocidas en la legislación básica e incluidas en el siguiente
listado:
a) La protección de datos personales en los términos establecidos en la
legislación estatal y en la ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de
carácter personal de Titularidad Pública y Creación de la Agencia Vasca de
Protección de Datos.
b) La seguridad pública.
c) La prevención, investigación y sanción de ilícitos penales y de infracciones
administrativas o disciplinarias.
d) La confidencialidad de los datos de carácter comercial e industrial.
e) La garantía de confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de
toma de decisión.
f) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
g) La vida privada y los intereses particulares legítimos.
h) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
71

i) Toda aquella información protegida por normas con rango de ley.
2.- La aparición de circunstancias que excepcionen el ejercicio del derecho
de acceso no deberán suponer forzosamente su denegación. Estas
limitaciones se interpretarán de forma restrictiva, en la que se valorará el daño
que el acceso podría originar al bien jurídico o interés protegido por la limitación
-test de daño- y, adicionalmente, se ponderará si hay un interés público en el
acceso superior al interés o bien que justifica la limitación -test de ponderación
de intereses-.
3.- No obstante, el ciudadano o ciudadana en el momento de aportar
información a la Administración, podrá pronunciarse sobre su publicación,
denegándola o autorizándola ya sea en su totalidad ya sea en parte; todo ello,
en función de las previsiones establecidas en la legislación vigente.
Artículo 97.- Derecho de acceso a la información pública y protección
de datos personales.
1.- Para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública
que contenga datos personales de la persona solicitante, se estará a lo
dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter
personal.
2.- Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la
protección de datos personales sobre el interés público en la divulgación que lo
impida, se concederá el acceso a información que contenga datos vinculados
con la organización, funcionamiento o actividad pública de la Administración
Pública Vasca. No obstante, se denegará el acceso cuando se considere que
concurren circunstancias especiales en el caso concreto que hacen prevalecer
la protección de los datos personales sobre el interés público en la divulgación
de la información, o que debe preservarse el derecho al honor, a la intimidad y
a la propia imagen.
3.- En concreto, se denegarán las solicitudes de acceso a información
pública que contenga datos íntimos o que afecte a la vida privada de terceras
personas, salvo que, cuando se refiera a ideología, acción sindical, religión o
creencias, exista consentimiento expreso y por escrito de la persona afectada
que se acompañe a la solicitud; o, cuando se refiera a origen racial, salud o
sexualidad, una ley lo autorice o el afectado lo consienta expresamente.
Artículo 98.- Principio de acceso parcial.
En el caso de que la información solicitada contenga, junto con el contenido
susceptible de ser facilitado a la persona peticionaria, información afectada por
alguna de las excepciones contempladas por la ley, la entidad concernida
deberá separar la información reservada de la que considere accesible, no
72

pudiendo denegar por esta razón el acceso a toda la información. En este caso,
deberá indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.
Artículo 99.- Alcance temporal de las excepciones.
1.- Las limitaciones al ejercicio del derecho de acceso sólo serán de
aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se
mantenga la razón que las justifique.
2.- La persona solicitante podrá o la Administración de oficio deberá reiniciar
el procedimiento siempre y cuando desaparezca la causa que justificó la
aplicación de la excepción denegatoria de la petición de información.
Artículo 100.- Acceso a expedientes.
También tendrán la consideración de información pública de libre acceso
para cualquier ciudadano o ciudadana, sin que precise ostentar la condición de
persona interesada, los expedientes administrativos que estén concluidos o, en
su caso, los trámites concluidos de los expedientes administrativos. El acceso
se producirá de conformidad con lo establecido en esta ley, en el marco de los
principios generales del procedimiento administrativo común y con respeto a la
normativa de protección de datos personales.
Capítulo Cuarto.- Ejercicio del derecho de acceso a la información
73
pública.
Artículo 101.- Solicitud de acceso a la información pública.
1.- La solicitud, que podrá ser realizada por cualquier medio, deberá dirigirse
a la entidad que posea la información. Cuando se trate de información en
posesión de entidades integrantes de la Administración Pública Vasca que
rigen su actividad por el derecho privado o de personas físicas o jurídicas que
prestan servicios públicos, la solicitud se dirigirá a la entidad de la
Administración Pública Vasca a la que se encuentren vinculadas.
2.- La solicitud deberá tener como mínimo el siguiente contenido:
a) Identidad de la persona solicitante.
b) Descripción precisa de la información solicitada.
c) En su caso, la forma o formato preferido de acceso a la información.
d) Dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de
comunicación con la Administración.

Artículo 102.- Admisión de la solicitud e incidentes previos a la
resolución.
1.- Cuando la petición formulada fuera imprecisa, la entidad que ha de
resolver sobre la solicitud pedirá a la persona solicitante en el plazo de diez
días a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de información, que
aclare o concrete la misma, el cual en idéntico plazo deberá responder,
entendiéndole por desistido en caso contrario. La declaración de tener a la
solicitante por desistido y el archivo de la solicitud, se hará mediante resolución
que se notificará a efectos de que pueda, en su caso, presentar una nueva
solicitud concretando su petición o la información demandada.
2.- La inadmisión de la solicitud, que deberá ser motivada, se acordará
cuando se refiera a información excluida del derecho de acceso o cuando se
considere abusiva o se refiera a comunicaciones internas de carácter auxiliar o
de apoyo y que carecen de relevancia o interés público, o cuando resulte
materialmente inviable porque se encuentra en curso de elaboración o
pendiente de publicación general o porque requiera una reelaboración compleja
para su difusión.
En particular, se aplicarán los siguientes criterios en orden a la aplicación de
las causas de no admisión de solicitudes de acceso:
a) La resolución de no admisión de la solicitud sobre información que está en
curso de elaboración o de publicación general deberá especificar el órgano que
elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a
disposición.
b) Los informes preceptivos no tendrán la consideración de información de
carácter auxiliar o de apoyo para no admitir la solicitud con base en esta causa.
c) La solicitud de información a obtener previo tratamiento informatizado de
uso corriente no se considerará reelaboración de la información que justifique
su no admisión.
3.- Si las solicitudes se refieren a información que afecte a derechos e
intereses de terceras personas, debidamente identificadas, el órgano
encargado de resolver les dará trámite de audiencia para que aleguen lo que
crean conveniente y otorguen, en su caso, su consentimiento expreso, para lo
que se les concederá un plazo de quince días. La persona solicitante deberá
ser informada de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para
resolver hasta que se reciban las alegaciones o el consentimiento de los
afectados o haya transcurrido el plazo de quince días para su presentación.
4.- Asimismo, en el caso de que la entidad a la que se solicita la información
no fuera depositaria de la misma y lo fuera otra de las entidades que, conforme
a esta ley, integran la Administración Pública Vasca, remitirá la solicitud en el
plazo de diez días a aquella entidad y dará cuenta de su remisión a la persona
74

solicitante. La entidad receptora de la solicitud habrá de tramitarla y resolverla
conforme a las previsiones de esta ley.
Artículo 103.- Plazo para resolver.
1.- La resolución se adoptará y notificará en el plazo máximo de quince días
desde su recepción sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente.
2.- En aquellos casos en los que el volumen y la complejidad de la
información solicitada hagan imposible cumplir el citado plazo, éste se podrá
ampliar quince días más. La persona solicitante deberá ser informada de esta
circunstancia en el plazo fijado para resolver.
3.- La Administración Pública Vasca está obligada a resolver la solicitud en
el plazo indicado y a notificarla a la persona interesada.
4.- Se entenderá desestimada la solicitud si pasados quince días desde su
presentación no se ha notificado en relación a la misma resolución expresa.
Artículo 104.- Resolución.
1.- La resolución que, salvo en el caso de que sea estimatoria en su totalidad
en cuanto al contenido y al modo de acceso, será motivada, se elaborará por
escrito y se notificará por cualquiera de los medios reconocidos en la
legislación vigente. La resolución irá acompañada de la información solicitada o
del modo de acceso inmediato a dicha información.
2.- En el caso en que la resolución conceda el acceso total o parcial a una
información que afecte a terceras personas que se hayan opuesto, el acceso
sólo se hará efectivo una vez vencido el plazo de que dispone el tercero para
recurrirla sin que lo haya hecho, tanto en vía administrativa como jurisdiccional,
o haya sido resuelto el recurso confirmando el derecho a recibir información.
3.- En el caso de que la información solicitada no perteneciera al ámbito de
actuación de la Administración Pública Vasca y para la entidad receptora de la
solicitud fuera identificable la Administración competente, así se lo indicará a la
persona solicitante en la resolución de inadmisión.
Artículo 105.- Régimen de impugnaciones.
1.- Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública
ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
2.- Alternativamente, frente a toda resolución expresa o presunta en materia
de acceso, dictada conforme al procedimiento regulado en esta ley, podrá
75

interponerse una reclamación con carácter potestativo y previo a la
impugnación en vía contencioso-administrativa, conforme a lo siguiente:
a) Se podrá interponer ante el órgano de carácter independiente que se
determine en la Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme a la disposición
adicional cuarta de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.
b) La reclamación en tal caso se interpondrá en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día
siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
c) La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de
recursos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la
protección de derechos o intereses de terceros, se garantizará, si no se ha
realizado antes, el trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar
afectadas, para que aleguen lo que a su derecho convenga.
e) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses,
transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
f) Las resoluciones que se dicten se publicarán por medios electrónicos
previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y, una vez
se hayan notificado a las personas interesadas, se comunicarán al Ararteko.
Artículo 106.- Adecuación de la estructura al derecho de acceso y a las
necesidades de información de la ciudadanía.
1.- Las entidades integrantes de la Administración Pública Vasca que
conforme a lo dispuesto en esta ley resuelven las solicitudes de acceso a la
información pública atribuirán a un órgano de su estructura la misión de
promover y difundir los principios de transparencia y publicidad activa. El citado
órgano será el encargado de recibir, tramitar y resolver las solicitudes de
acceso a la información.
2.- En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Euskadi el decreto de áreas atribuirá expresamente la competencia de impulso
y coordinación en materia de transparencia, derecho de acceso a la
información y gobierno abierto al departamento que tenga asignada la
competencia en materia de interacción con la ciudadanía, quien llevará un
registro de las solicitudes de acceso a la información y elaborará un Informe
anual de Transparencia que será remitido en el primer trimestre de cada año
siguiente para su conocimiento al Parlamento.
76

Los diversos departamentos, salvo que una ley sustantiva atribuya a otro
órgano la competencia para la publicación de la información por él gestionada,
atribuirán a un órgano de los que ostentan competencias horizontales en el
seno del departamento las siguientes funciones:
a) Recabar y difundir la información pública a la que hace referencia esta ley
alimentando de esta forma los contenidos que referidos al departamento se
deben ofrecer en la Plataforma de Gobierno Abierto.
b) Tramitar las solicitudes de información.
c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información
solicitada.
d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las
solicitudes de acceso a la información.
77
Capítulo Quinto.- Agencia Vasca de Transparencia - Gardena.
Artículo 107.- Creación.
1.- Se crea, como organismo autónomo, la Agencia Vasca de Transparencia-
Gardena, que se relacionará con la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi a través del departamento competente en materia de
administración pública.
2.- La Agencia Vasca de Transparencia - Gardena tiene personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena
independencia en el cumplimiento de sus fines.
Artículo 108.- Fines.
La Agencia Vasca de Transparencia - Gardena tiene por finalidad promover
la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a
la información pública.
Artículo 109.- Composición.
1.- La Agencia Vasca de Transparencia - Gardena estará compuesta por los
siguientes órganos:
a) El Consejo Vasco de Transparencia.
b) La Presidencia de la Agencia Vasca de Transparencia - Gardena, que lo
será también de su Consejo.

2.- El Consejo ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así
como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.
3.- Dicho Consejo estará compuesto por:
a) La Presidenta o el Presidente.
b) Una parlamentaria o un parlamentario.
c) Una o un representante del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
d) Una o un representante del Ararteko.
e) Una o un representante de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
f) Una o un representante del departamento de Administración Pública y
Justicia.
g) Una o un representante del departamento de Hacienda y Finanzas.
h) Una o un representante de cada una de las tres Haciendas Forales de los
Territorios Históricos.
i) Una o un representante de la asociación de municipios vascos con mayor
implantación.
4.- En cada caso el procedimiento de designación de cada persona miembro
corresponderá a la institución u órgano correspondiente. La condición de
persona miembro del Consejo Vasco de Transparencia no exigirá dedicación
exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el
artículo siguiente.
Artículo 110.- Presidenta o Presidente.
1.- Se nombrará Presidenta o Presidente de la Agencia Vasca de
Transparencia - Gardena por un período no renovable de cinco años mediante
decreto, a propuesta de la persona titular del departamento de Administración
Pública y Justicia, entre personas de reconocido prestigio y competencia
profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la
Comisión correspondiente del Parlamento.
2.- La Presidenta o el Presidente de la Agencia Vasca de Transparencia -
Gardena cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia
o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del
correspondiente procedimiento por la persona titular del departamento de
Administración Pública y Justicia, por incumplimiento grave de sus
obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función,
incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
Gardena tendrá la consideración de alto cargo, quedará en la situación de
78

servicios especiales si anteriormente estuviera desempeñando una función
pública, se someterá al régimen de incompatibilidades de las y los altos cargos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y percibirá las
retribuciones fijadas de acuerdo con las mismas condiciones que rigen para las
y los altos cargos de la Administración.
Artículo 111.- Funciones.
1.- Para la consecución de los objetivos de la Agencia, el Consejo Vasco de
Transparencia tiene encomendadas las siguientes funciones:
a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones
contenidas en esta ley.
b) Asesorar en materia de transparencia y acceso a la información pública.
c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter
autonómico que desarrollen esta ley en materia de transparencia y acceso a la
información pública o que estén relacionados con su objeto.
d) Evaluar el grado de aplicación de esta ley en materia de transparencia y
acceso a la información pública. Para ello, elaborará anualmente una memoria
en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones
previstas y que será presentada ante el Parlamento.
e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de
directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de
transparencia y acceso a la información pública.
f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor
conocimiento de las materias reguladas por esta ley en materia de
transparencia y acceso a la información pública.
g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza
análoga.
h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o
reglamentario.
Gardena ejercerá las siguientes funciones:
a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas
en esta ley en materia de transparencia y acceso a la información pública.
b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en
esta ley.
c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo
108 de esta ley y del artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con
79

los supuestos de resoluciones en materia de ejercicio del derecho de acceso a
la información pública, dictadas por la Administración general y el resto de
entidades pertenecientes al Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, así como por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito
territorial y su respectivo sector público.
d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los
órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la
información.
e) Aprobar el anteproyecto de su presupuesto.
f) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o
reglamentario.
Artículo 112.- Régimen Jurídico.
1.- La Agencia Vasca de Transparencia - Gardena se regirá, además de por
lo dispuesto en esta ley, por:
a) La normativa sectorial aplicable a los organismos autónomos en relación
con las materias propias de la hacienda general del País Vasco.
b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público.
c) La ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, y las demás
normas aplicables al personal funcionario de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, en materia de medios personales.
d) La ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por la
normativa que le sea de aplicación, en lo no dispuesto por esta ley, cuando
desarrolle sus funciones públicas.
2.- El Consejo de Gobierno aprobará mediante decreto el Estatuto de la
Agencia Vasca de Transparencia - Gardena, en el que se establecerá su
organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
3.- La Agencia Vasca de Transparencia - Gardena contará para el
cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios económicos:
a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los
productos y rentas del mismo.
c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.
80

4.- El departamento de Hacienda y Finanzas articulará en su caso las
modificaciones presupuestarias que procedan a fin de procurar el inicio de
actividades de la Agencia Vasca de Transparencia - Gardena a la fecha de
entrada en vigor de esta ley.
Artículo 113.- Relaciones con el Parlamento.
La Agencia Vasca de Transparencia - Gardena elevará anualmente al
Parlamento una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el
grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley. El
Presidente comparecerá en su caso ante la Comisión correspondiente para dar
cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.
Artículo 114.- Colaboración con la Agencia Vasca de Protección de
Datos.
La Agencia Vasca de Transparencia - Gardena y la Agencia Vasca de
Protección de Datos adoptarán conjuntamente los criterios de aplicación, en su
ámbito de actuación, de las reglas contenidas en esta ley sobre régimen de
impugnaciones en materia de acceso a la información pública, en particular en
lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la
información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se
contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la
ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. En todo caso, para la realización de la citada ponderación, se
tomarán particularmente en consideración los criterios establecidos en la
legislación básica.
TÍTULO V.- De la participación ciudadana y los procesos participativos.
Artículo 115.- Finalidad y articulación de la participación.
1.- La Administración Pública Vasca impulsará la participación y
colaboración de la ciudadanía y de los grupos representativos de intereses en
los asuntos públicos.
2.- La citada participación tiene como finalidad la mejor satisfacción de las
necesidades que precisan de una intervención pública y la implicación de la
ciudadanía y de los grupos de interés en la toma de decisiones sobre los
asuntos públicos.
3.- El derecho de participación en los asuntos públicos implicará a los
efectos de esta ley:
81

a) Derecho a participar en la definición de los programas y políticas públicas.
b) Derecho a participar en la evaluación de políticas y calidad de los
servicios públicos.
c) Derecho a participar en la elaboración de disposiciones de carácter
general.
d) Derecho a promover iniciativas reglamentarias.
e) Derecho a formular alegaciones y observaciones en los trámites de
exposición pública que se abran para ello.
f) Derecho a formular propuestas de actuación o sugerencias.
4.- Los anteriores derechos obligan al conjunto de entidades integrantes de
la Administración Pública Vasca. No obstante, en la medida que afecten o se
ejerciten con ocasión de procedimientos de carácter administrativo, no resultan
de aplicación a las relaciones de derecho privado de la ciudadanía y los grupos
representativos de intereses con las entidades de esta naturaleza.
5.- Para ello, deberán articularse procesos participativos eficaces para la
evaluación, elaboración, modificación y revisión de las políticas y programas
públicos, de los servicios públicos y de las iniciativas reglamentarias que
contemplen fases de difusión pública del proceso participativo -sus
características y alcance-, y de la información que contribuya a la reflexión y al
debate; fases de deliberación y contraste desde diferentes ópticas y grupos de
interés; fases de propuesta y búsqueda de consensos; y fases de devolución
pública de las conclusiones y decisiones adoptadas.
Artículo 116.- Condición de personas interesadas y procesos
participativos.
1.- En el ejercicio de los derechos que en materia de participación se
recogen en ley, la Administración Pública Vasca deberá asegurar las
condiciones de inclusión social y plena de la ciudadanía a través de la
promoción de la igualdad de trato entre los ciudadanos y ciudadanas y, de
éstos con los grupos sociales de interés.
2.- A los efectos del procedimiento correspondiente para el que se prevé el
trámite participativo tienen la condición de personas interesadas las personas y
grupos que reúnan las condiciones recogidas en el artículo 31 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- Al inicio del procedimiento correspondiente para el que se prevé el
trámite participativo, la entidad de la Administración Pública Vasca promotora
de la iniciativa, deberá determinar de forma anticipada y provisionalmente, sin
perjuicio de la acreditación de ulteriores interesados, los ciudadanos y
82

ciudadanas y grupos que tienen la condición de personas interesadas a los
efectos del trámite de audiencia y los grupos representativos de intereses
inscritos en el Registro recogido en esta ley que, conforme a su ámbito
declarado, han de tomar parte en el proceso participativo.
4.- Respecto a los procedimientos en los que este Título reconoce derecho
de participación, y salvo que otra ley disponga otra cosa, el derecho de
participación puede limitarse sólo a las personas interesadas.
Artículo 117.- Grupos representativos de intereses diversos.
A los efectos de esta ley, son grupos representativos de intereses diversos
los siguientes:
a) Entidades colectivas: las personas jurídicas, sin ánimo de lucro,
cualquiera que sea su forma jurídica y su naturaleza, que tengan como fin la
defensa de intereses colectivos o de sus asociados o asociadas, ya sean de
carácter general o sectorial, que desarrollen sus actividades en la Comunidad
b) Grupos de interés: las organizaciones y personas, sea cual sea su
estatuto jurídico, que se dedican profesionalmente como parte de su actividad a
influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas o
disposiciones o en la aplicación de las mismas y en las tomas de decisiones de
la Administración Pública Vasca y que desarrollen sus actividades en la
c) Grupos de reflexión: instituciones académicas y de investigación que
desarrollen sus actividades en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Artículo 118.- Registro de grupos representativos de intereses diversos
1.- Se crea el Registro de grupos representativos de intereses diversos de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en el que se inscribirán voluntariamente las
entidades y grupos a que hace referencia el artículo anterior que deseen
participar en los procesos participativos previstos en este Capítulo en
representación de los intereses colectivos, de sus asociados o asociadas,
propios, de clientes, académicos o científicos que en su caso constituyan el
objeto de su participación.
2.- Los citados grupos y entidades, junto con los demás requisitos que sean
necesarios para su inscripción, determinarán los ámbitos sectoriales o
generales, territoriales o no, en los que sus intereses se manifiestan.
3.- La inscripción en el Registro implica la comunicación temprana y
detallada de cualquier proceso participativo de los recogidos en esta ley al
83

objeto de ejercitar plenamente los derechos igualmente recogidos, sin que ello
suponga la exclusión de otros grupos o entidades representativas de intereses
no inscritas.
4.- La participación en dicho procesos no sustituye el trámite de audiencia
pública en los supuestos en los que este trámite sea preceptivo conforme a la
normativa correspondiente y estos grupos representativos tengan, con arreglo
a esa normativa, la condición de interesados.
5.- El Registro de grupos representativos de intereses diversos de la
Comunidad Autónoma de Euskadi tiene carácter público. Estará adscrito al
departamento competente en materia de administración electrónica de la
Administración general cuyos medios materiales y personales proveerán a su
funcionamiento.
6.- Reglamentariamente se determinará los requisitos de inscripción, el
contenido de sus asientos, las formas de acceso y la coordinación con los
departamentos promotores de cada iniciativa que justifique la participación de
los grupos inscritos.
Artículo 119.- Medidas de fomento de la participación.
La Administración Pública Vasca, con el fin de promover el asociacionismo
entre la ciudadanía, la participación ciudadana y las prácticas colaborativas
privadas o público-privadas para el desarrollo comunitario, llevará a cabo
programas de sensibilización y formación tanto para la ciudadanía como para el
personal a su servicio, en los que se integrará la perspectiva de género, con el
fin de dar a conocer los procedimientos e instrumentos de participación y
promover su utilización. Se desarrollarán también programas de fomento de
iniciativas de cocreación, de cogestión, de innovación ciudadana y de creación
cívica de valor público.
Artículo 120.- Instrumentos de participación.
1.- Los derechos y garantías reconocidos en este título se materializan por
medio de diferentes instrumentos participativos, destinados a legitimar,
encauzar y estructurar la participación ciudadana y de los grupos
representativos de intereses.
2.- Con este objetivo la Administración general de la Comunidad Autónoma
de Euskadi fomentará el uso de instrumentos variados incluyendo, entre otros,
las tecnologías de la comunicación en internet que resulten idóneas, además
de los ya existentes y de otros como dispositivos de telecomunicaciones
móviles, encuestas, los sondeos, los foros de consulta, espacios de debate y
consulta, los paneles ciudadanos, los jurados ciudadanos y cuantos
instrumentos resulten adecuados.
84

3.- A tal efecto se establecerán las reglas aplicables a cada instrumento y,
también, los criterios para utilizar el instrumento de participación y colaboración
ciudadana que resulte más efectivo en cada caso, tratando de llegar al máximo
de población y a los grupos sociales de interés, con el menor coste posible, y
de forma proporcionada a la importancia y complejidad del plan, programa o
proyecto.
4.- Dentro de cada procedimiento, los plazos, los grados de participación y
los efectos de esta participación se deben ajustar a la importancia y
complejidad del plan, programa o proyecto.
Artículo 121.- Garantías comunes de los diferentes procedimientos e
instrumentos participativos.
1.- Para asegurar la efectividad de la participación, las personas y grupos
participantes en los procedimientos participativos deben contar con las
siguientes garantías:
a) Tener la posibilidad de conocer con suficiente antelación de los
procedimientos de su interés que puedan tramitarse y de los cauces
participativos habilitados en los mismos.
b) Conocer los fines y alcance que se pretenden con el proceso participativo,
así como la forma de participar.
c) Acceder con antelación suficiente a la información relevante para el
ejercicio de su derecho y tener la posibilidad de contrastarla por sus propios
medios.
d) Formular alegaciones, observaciones y propuesta de alternativas cuando
estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión
sobre los planes, programas, proyectos o disposiciones de carácter general.
e) A que la Administración garantice la confidencialidad de la identidad de la
persona participante, cuando esta así lo solicite y ello sea posible en función
del instrumento participativo empleado. Esto no será de aplicación a los grupos
representativos de intereses a los que se refiere esta ley.
f) Conocer los grupos y, al menos de forma resumida, las personas que han
tomado parte en el proceso participativo y las principales aportaciones que se
realizan. En función del instrumento participativo, esto incluirá la posibilidad de
buscar consensos con otros grupos o personas participantes dentro de las
reglas del debate o deliberación que resulten de aplicación.
2.- Con el mismo fin, se les reconocen los siguientes derechos:
a) A que estas alegaciones, observaciones y propuestas sean consideradas
y tenidas debidamente en cuenta por la entidad pública correspondiente, junto
con los demás intereses públicos afectados.
85

b) A que les sea notificado o se haga público el resultado definitivo del
procedimiento en el que han participado. En la expresión de los motivos y
consideraciones en los que se base la decisión adoptada, que también debe
ser comunicada a las personas y grupos participantes, se ha de incluir la
información relativa al proceso de participación pública y el modo en que se
hayan sido tenida en cuenta las principales aportaciones de los participantes o
los motivos de su rechazo.
3.- Los derechos de participación regulados en esta ley no suponen ninguna
limitación de cualquier otra disposición que amplíe su régimen de ejercicio.
Artículo 122.- Derecho a participar en la evaluación de las políticas
públicas y de la calidad de los servicios públicos.
1.- Las entidades que conforme a esta ley integran la Administración Pública
Vasca fomentarán la participación de la ciudadanía y de los grupos
representativos de intereses diversos, consultándoles de manera periódica y
regular sobre su grado de satisfacción respecto de los servicios públicos
prestados y la evaluación previa, de seguimiento o de resultados, en la forma
prevista en esta ley.
2.- A los resultados de estas consultas se les deberá dar la máxima
publicidad a través de todos los soportes utilizados por la Administración para
la difusión de su actividad.
Artículo 123.- Derecho a promover iniciativas reglamentarias.
1.- Las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el censo electoral y que tengan
la condición política de vascos o vascas, así como los grupos representativos
de intereses regulados en esta ley tienen derecho a promover iniciativas
reglamentarias sobre materias que afecten a sus derechos e intereses
legítimos, colectivos, de sus asociados o de aquellos a los que representan.
2.- Quedan exceptuadas aquellas materias que en la ley 8/1986, de 26 de
junio se excluyen, a su vez, de la posibilidad de tramitación a través de la
iniciativa legislativa popular.
3.- Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo a una iniciativa
ciudadana propuesta, los promotores deben registrarla ante el departamento de
Gobierno Vasco competente en materia de participación ciudadana, mediante
la presentación de un escrito que contendrá el texto propuesto, acompañado de
las mismas memorias e información requeridas para las iniciativas legislativas
populares, además de acreditar, en el caso de los grupos representativos de
intereses regulados en esta ley, la representatividad del colectivo en cuyo
nombre actúen. No obstante, incluso en este último caso serán de aplicación
todas las exigencias previstas en la citada ley 8/1986, de 26 de junio, de
86

Iniciativa legislativa popular, en relación a la composición, responsabilidades
derechos de subsanación o de retirada de la iniciativa y demás aspectos
relativos a la comisión promotora de la iniciativa.
4.- En el plazo de treinta días a partir de la recepción de la información
contemplada en el apartado anterior, el departamento de Gobierno Vasco
competente en materia de participación ciudadana:
a) Registrará y hará pública la iniciativa ciudadana propuesta con un número
de registro único.
b) Remitirá una confirmación a la comisión promotora.
c) Cuando así lo estime oportuno, podrá recabar de los distintos
departamentos del Gobierno Vasco, los estudios e informes que sean precisos
y, en particular, los relativos a la admisibilidad de la iniciativa, la factibilidad de
las normas o a su coste.
d) Elevará una propuesta de acuerdo a Consejo de Gobierno con el
contenido indicado en el apartado siguiente.
5.- A la vista de los estudios e informes, el Gobierno Vasco examinará la
documentación remitida y, en el plazo de otros treinta días a partir del registro,
se pronunciará sobre su admisibilidad a los efectos de su tramitación conforme
a lo previsto en esta ley, sobre la base de las causas de inadmisibilidad
previstas por la ley 8/1986.
La resolución adoptada, junto a los estudios e informes recabados será
notificada, a todos los efectos, a la Comisión Promotora, informando en su caso
de las razones de inadmisión, si la hubiere, y de todos los posibles recursos
judiciales y extrajudiciales que tiene a su disposición la Comisión Promotora.
Esta resolución será también publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, así
como en el registro de iniciativas ciudadanas referido en el apartado anterior,
indicando la fecha en que ha sido notificada a la Comisión promotora.
6.- Cuando una iniciativa ciudadana haya resultado inadmitida por no cumplir
con todos los requisitos previstos en su normativa reguladora, a petición de sus
firmantes podrá convertirse en petición ante la Administración, en los términos
establecidos en la normativa reguladora del mismo, si cumple los requisitos
para ello.
Lo mismo se aplicará cuando la iniciativa, aun siendo admitida, no consiga
recabar las cantidades mínimas de firmas.
7.- Admitida la proposición, el departamento de Gobierno Vasco competente
participación ciudadana lo comunicará a la Junta Electoral de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, a los efectos de que pueda disponer medidas para
supervisar la regularidad del procedimiento de recogida de firmas, conforme a
lo dispuesto en la ley 8/1986.
87

8.- Recibida por el Gobierno Vasco la certificación acreditativa de haberse
obtenido el mínimo número de firmas exigido por la ley 8/1986, dará traslado al
departamento competente en la materia objeto de la iniciativa ciudadana para
que, en el plazo de un mes desde dicha recepción dicte una resolución
ordenando el inicio de la tramitación con el contenido exigido por el artículo 5.1
de la ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general. A partir de dicha resolución, el texto,
traducido a las dos lenguas oficiales si fuera preciso, seguirá la tramitación
prevista para los proyectos de disposición aprobados previamente, conforme a
los artículos 7 a 11 de esa misma ley, evacuándose los trámites de
negociación, audiencia y consulta que procedan.
9.- Antes de que el proyecto de disposición de carácter general se someta a
la aprobación del órgano competente, los promotores tendrán la posibilidad de
presentar la iniciativa ciudadana en una audiencia pública en la que podrán
expresar su opinión sobre las modificaciones propuestas por los diferentes
organismos y agentes consultados a lo largo del procedimiento.
10.- A la vista de los trámites efectuados y de los informes consultas,
audiencias y demás trámites evacuados, el departamento responsable de la
tramitación, someterá a la aprobación del órgano competente una propuesta en
la que, de forma motivada y acompañada de los documentos previstos en el
artículo 12 de la ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de
elaboración de disposiciones de carácter general:
a) Propondrá la aprobación del texto articulado como disposición de carácter
general, con las modificaciones que a la vista del procedimiento estime
oportunas o, en su caso, la toma en consideración como anteproyecto de ley
en la forma prevista por el artículo 13 de la citada ley.
b) Propondrá el rechazo de la iniciativa ciudadana.
11.- La decisión tomada por el órgano competente sobre la iniciativa será
comunicada a los proponentes.
12.- Los gastos realizados por la Comisión Promotora en la difusión de la
proposición y en la recogida de firmas serán resarcidos cuando, reuniendo los
requisitos exigidos en la ley 8/1986, sea admitida de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 5.
Artículo 124.- Derecho a participar en la elaboración de disposiciones
de carácter general, la planificación gubernamental y las actuaciones
significativas.
mantendrá canales de recepción de aportaciones o sugerencias para que la
ciudadanía y los grupos representativos de intereses puedan interactuar con el
88

departamento promotor de las disposiciones de carácter general. Tales
aportaciones y sugerencias serán tenidas en cuenta por el órgano encargado
de la tramitación que podrá asumirlas o rechazarlas motivadamente y,
posteriormente, ponerlas en conocimiento de quienes las han promovido.
Lo previsto en el párrafo anterior no sustituye al trámite de audiencia pública
en los supuestos en los que sea preceptivo de acuerdo con la normativa de
aplicación, ni atribuye a quien participa la condición de persona interesada en
el procedimiento.
2.- Asimismo, la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Euskadi promoverá la participación de la ciudadanía y los grupos
representativos de intereses en la elaboración de la planificación
gubernamental y en el diseño de las actuaciones significativas, así como
durante la fase de implementación de dichos planes y actuaciones. Con este
fin, la Administración abrirá durante el proceso de elaboración y diseño un
periodo de consulta previo a su elevación a Consejo de Gobierno para su
aprobación. La Administración estudiará las propuestas y comunicará a sus
proponentes el acuerdo que adopte en relación a las mismas motivando su
decisión. Del mismo modo y durante su fase de ejecución existirán espacios
abiertos de participación donde se dé a conocer el avance en dichos planes y
actuaciones significativas y pueda recibirse visiones o valoraciones sobre
dichas iniciativas.
integrará el asesoramiento científico y experto en los procesos participativos a
que se refiere este artículo cuando sea necesario.
Artículo 125.- Plataforma de Gobierno Abierto.
1.- La plataforma de Gobierno Abierto es un espacio permanente de
interacción entre la Administración Pública Vasca y la ciudadanía encaminada
a la gestión participada y corresponsable en la acción pública donde se
materializan los principios de transparencia, participación y rendición de
cuentas.
2.- Serán finalidades de la plataforma:
a) Informar de todo aquello a lo que se hace referencia en los artículos
precedentes y que configura la información básica a publicitar de modo
proactivo por la Administración Pública Vasca, así como aquella cuyo acceso
se solicite con mayor frecuencia.
b) Mostrar y coordinar las aportaciones ciudadanas con los órganos
competentes.
c) Impulsar el diálogo bidireccional estimulando la participación ciudadana y
el compromiso público de su toma en consideración.
89

d) Facilitar espacios en Internet para que la ciudadanía de forma abierta,
pública, libre y sin intermediación pueda dirigirse a la Administración Pública
Vasca, tanto para proponer iniciativas como para expresarse sobre las que
proponga la propia Administración.
e) Practicar la escucha activa en Internet con el fin de captar las inquietudes
ciudadanas e incorporarlas a la agenda pública.
f) Promover la colaboración público-privada en proyectos de interés público y
el fomento de las iniciativas ciudadanas que redunden en el bien común.
3.- En el marco del modelo de presencia en Internet de la Administración
Pública Vasca se desarrollarán herramientas en Internet de Gobierno Abierto,
que puedan compartirse y ser reutilizadas de una forma libre y gratuita.
90
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Disposición Adicional.- Aplicación de la regulación de esta ley sobre el
derecho de acceso a la información pública en el ámbito de las Entidades
Locales, y su respectivo sector público, de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
A la entrada en vigor de esta ley, la regulación sobre el derecho de acceso a
la información pública que contiene el Título IV resultará de aplicación en el
ámbito de las Entidades Locales, y su respectivo sector público, de la
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Disposición Transitoria Primera.- Aplicación de la regulación de esta
ley sobre el derecho de acceso a la información pública en el ámbito de
los órganos forales de los Territorios Históricos.
Las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 105 de esta
ley y del artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con los supuestos
de resoluciones en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, dictadas por las Entidades forales y su sector público, y mientras que
dichas Entidades no atribuyan la competencia a otro órgano, serán resueltas
por la Presidencia de la Agencia Vasca de Transparencia - Gardena, que
ejercerá como órgano competente en reclamaciones sobre acceso a la
información pública en dicho ámbito, con el fin de garantizar en todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de Euskadi el derecho a dicha reclamación.

Disposición Transitoria Segunda.- Aplicación de la regulación de esta
ley a las fundaciones preexistentes del Sector Público de la Comunidad
Las fundaciones que a la entrada en vigor de esta ley ya pertenecieran al
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que no cumplan
alguna de las exigencias o condiciones previstas en el artículo 42 de esta ley,
dispondrán de un plazo de 1 año para adaptarse o en su caso iniciar los
trámites para la consiguiente pérdida de la condición de pertenencia al sector
público.
Disposición Transitoria Tercera.- Calendario de aplicación de la
regulación de esta ley en materia de planificación, evaluación y gestión de
políticas públicas.
Se establece el siguiente calendario de aplicación de la regulación de esta
ley en materia de planificación, evaluación y gestión de políticas públicas:
a) Las actuaciones previstas en los artículos 56 y 57.1, únicamente serán
exigibles a partir de la toma de posesión de un nuevo Gobierno Vasco.
b) En el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno
Vasco determinará una relación de intervenciones públicas que deban ser
evaluadas, en los términos del artículo 57.2.
c) En general, el resto de actuaciones relativas a planificación, evaluación y
gestión de políticas públicas previstas en esta ley, se iniciarán de acuerdo con
el plan que apruebe el Gobierno Vasco en el plazo de 1 año desde la entrada
en vigor de la misma.
91
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Se deroga el Título III, sobre Organización Institucional, así como la
disposición adicional única, sobre entidades participadas por el Sector Público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la ley de Principios Ordenadores de
la Hacienda General del País Vasco, así como cualquier otra norma de igual o
inferior rango que se oponga a la presente ley.
DISPOSICIONES FINALES.

Disposición Final Primera.- Modificación del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Presupuestario de
Euskadi
Se modifica el artículo 61 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que pasa a tener la siguiente
redacción:
1.- Como documentación adjunta a la mencionada en el párrafo 1 del artículo
anterior, el Departamento competente en materia de presupuestos elaborará y
enviará al Gobierno la siguiente:
a) Un informe sobre la situación económica de Euskadi.
b) La Memoria Explicativa de los Presupuestos Generales en la que se
recoja un análisis tanto de las modificaciones que presenten los presupuestos
respecto a los vigentes, incidiendo en las más significativas, como del
contenido de cada uno de ellos, y de las demás medidas incluidas en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales.
c) El Presupuesto consolidado del Sector Público de la Comunidad
Autónoma.
d) Un informe sobre el grado de ejecución de los presupuestos vigentes
emitido a la fecha más actualizada posible, que en ningún caso podrá ser
anterior a la del 30 de junio, y que tendrá especial referencia a aquellos
programas cuya ejecución va a continuar en el próximo ejercicio así como una
previsión sobre el grado de ejecución al final del ejercicio, en la que se hará
referencia explícita a los programas no ejecutados regulados en el artículo 72
de la presente Ley.
e) La liquidación de los Presupuestos Generales del año anterior junto a una
memoria sobre el grado de ejecución alcanzado, en la que, de forma
específica, se recogerá un análisis de aquellos programas finalizados en dicho
ejercicio.
f) Cualquier otra información que el Gobierno considere pertinente.
2.- Asimismo, se incluirá a efectos informativos el listado de las entidades
participadas por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
92
Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor de la ley.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2014.

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