El documento es un auto de la Corte Constitucional de Colombia en el que solicita al Fiscal General información sobre investigaciones penales relacionadas con graves delitos denunciados como frecuentemente cometidos contra menores de edad en situación de desplazamiento forzado interno, como reclutamiento forzado, trata de personas, abuso y explotación sexual. La Corte no ha sido informada sobre dichas investigaciones o programas de protección a las víctimas y durante una sesión técnica se afirmó que estas conductas criminales gozan de impunidad.