Ayuda a parados, 426 euros

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Sábado 20 de diciembre de 2014 Sec. I. Pág. 103569
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURADEL ESTADO
13249 Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el
Programa de Activación para el Empleo.
I
La economía española ha iniciado una etapa de crecimiento económico que acumula
cinco trimestres de crecimiento del PIB. Esta evolución está teniendo, asimismo, impacto
en términos de creación de empleo, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Encuesta
de Población Activa para el segundo y tercer trimestre de 2014 (+1,12 % y +1,59 % de
crecimiento interanual del empleo).
Sin embargo, la duración e intensidad de la crisis de los últimos años y el impacto que
ha tenido sobre la ocupación exigen actuaciones de calado que contribuyan a intensificar
la recuperación y a acelerar su transformación en términos de creación de empleo estable
y de calidad. El desafío es ahora la reincorporación del elevado número de desempleados
al mercado de trabajo para que participen de la reactivación económica.
Por este motivo, el 29 de julio de 2014, el Gobierno, las organizaciones empresariales
CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT adoptaron el Acuerdo de propuestas
para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que
recogía la voluntad de impulsar medidas en distintos ámbitos, desde un renovado
protagonismo del diálogo social, destinadas a intensificar la evolución positiva de la
economía y del empleo.
En particular, la incidencia del desempleo de larga duración supone un reto que debe
abordarse para que la recuperación sea rica en empleo e inclusiva, teniendo en cuenta a
todos aquellos que buscan activamente una oportunidad en el mercado de trabajo.
Para ello, resultan particularmente necesarias medidas de activación para el empleo
que contribuyan a reducir el tiempo que los trabajadores pasan en situación de desempleo
y faciliten su retorno al mundo laboral. Los Servicios Públicos de Empleo deben poner en
común la información necesaria que posibilite la identificación de oportunidades de
empleo, el seguimiento continuo y la evaluación de las actuaciones desarrolladas. En
definitiva, deben acompañar a los desempleados durante todo el proceso y cumplir con
eficacia su objetivo primordial de ayudar en la reinserción y mantenimiento del empleo.
En atención a este objetivo, una de las iniciativas recogidas en el Acuerdo tripartito
con carácter prioritario era el diseño, con la colaboración de las comunidades autónomas,
de un programa de activación para el empleo con un contenido específico de orientación,
formación, recualificación y/o reconocimiento de la experiencia laboral que, acompañado
de una medida de protección, contribuyera a facilitar la reinserción laboral a los
desempleados de larga duración con cargas familiares.
En desarrollo de esta previsión, el 15 de diciembre de 2014, Gobierno e Interlocutores
Sociales firmaron el Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el
Empleo, destinado a mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas oportunidades al citado
colectivo de trabajadores desempleados, dadas sus mayores dificultades de colocación.
Además, el programa de activación se ha diseñado de manera coherente con las
Recomendaciones específicas del Consejo de la Unión Europea de 8 de julio de 2014
relativas al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España. En particular, la tercera
de estas Recomendaciones hace referencia a la importancia de contar con servicios
públicos de empleo modernos, capaces de prestar servicios personalizados y eficaces
especialmente a aquellas personas que tienen más dificultades para acceder a un
empleo, como son los parados de larga duración. Asimismo, las citadas Recomendaciones
reflejan la importancia de mantener el compromiso de los beneficiarios con el mercado
laboral a través de su búsqueda activa de empleo, de manera que tanto las políticas
activas como las pasivas estén alineadas a favor de la activación para el empleo.
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II
El real decreto-ley consta de nueve artículos, cuatro disposiciones adicionales y siete
disposiciones finales.
El artículo 1 se refiere al Programa de Activación para el Empleo como un programa
específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de
larga duración que cumplan con una serie de requisitos. Los beneficiarios del programa
se han definido a partir del colectivo de desempleados de larga duración con
responsabilidades familiares que han agotado su protección por desempleo y que,
precisamente por este motivo, se enfrentan hoy a mayores dificultades de colocación y
especiales necesidades de protección.
Los requisitos que deben cumplir los desempleados para acceder al programa están
recogidos en el artículo 2 y se refieren a diversos aspectos como la necesidad de que
hayan transcurrido al menos seis meses desde que los desempleados agotaran la Renta
Activa de Inserción, el Programa Temporal de Protección e Inserción o el Programa de
Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo;
estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo competente
a fecha 1 de diciembre de 2014 y la permanencia en dicha situación durante un
determinado periodo de tiempo; carecer del derecho a la protección contributiva o
asistencial por desempleo, o a la renta activa de inserción; carecer de rentas, de cualquier
naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional; acreditar responsabilidades familiares; así como cumplir con
determinadas obligaciones de activación.
Por lo tanto, el programa está destinado a las personas con responsabilidades
familiares que han estado vinculadas con el mercado laboral en el pasado y que son
demandantes de empleo en la actualidad pero que, sin embargo, han quedado fuera del
ámbito de la protección por desempleo hace al menos seis meses.
Destaca además que el programa se fundamenta en una cultura de responsabilidad
compartida de la activación para el empleo tanto por los Servicios Públicos de Empleo,
proveedores de las medidas de activación, como por los propios beneficiarios.
Así, el artículo 6, al regular el desarrollo del programa, reconoce a los Servicios
Públicos de Empleo como los encargados de elaborar el itinerario individual y
personalizado de empleo, asignar un tutor individual y, en definitiva, guiar a los
beneficiarios en el proceso de retorno al empleo. Para ello contarán con sus propios
medios o bien con la colaboración público-privada, cuyas sinergias deben ponerse a
disposición de la activación para el empleo.
Por su parte, los beneficiarios deberán cumplir con una serie de obligaciones de
activación, recogidas en el artículo 3, que pueden agruparse en tres bloques: suscribir un
compromiso de actividad, acreditar acciones de búsqueda activa de empleo, y participar
en las acciones de mejora de la empleabilidad y búsqueda activa de empleo previstas en
el itinerario individual y personalizado de empleo.
De forma complementaria, el programa ofrece una ayuda económica de
acompañamiento. En este sentido, el artículo 7 reconoce que la ayuda tendrá una
duración máxima de seis meses y que su cuantía será igual al 80 por ciento del indicador
público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento. Esta ayuda
permitirá a los beneficiarios participar activamente y hacer un mejor aprovechamiento de
las medidas que les sean propuestas como respuesta a sus necesidades específicas en
la búsqueda de empleo.
Por tanto, el programa pretende evitar el riesgo de permanencia en situación de
desempleo de sus beneficiarios y contribuir a su activación e inserción eficaz en el
mercado de trabajo, mientras se pone a su disposición una ayuda económica que permita
afrontar una situación personal difícil en la transición de vuelta al entorno laboral.
Asimismo, el artículo 8 regula, como elemento novedoso de este programa, que los
beneficiarios puedan compatibilizar un contrato por cuenta ajena con la percepción de la
ayuda de acompañamiento. De esta manera, se permite la formalización de un contrato
con una empresa privada y que esta tenga en cuenta la ayuda que continuará percibiendo
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el beneficiario en el cómputo de las retribuciones salariales que correspondan, durante un
máximo de cinco meses. Se establece, por tanto, una excepción legal a lo previsto con
carácter general en la normativa laboral en cuanto a la obligación empresarial de abonar
íntegramente el salario correspondiente, lo que se justifica en disponer de un incentivo
que pueda actuar eficazmente para la inserción y contratación laboral del colectivo
objetivo del programa.
Con esta medida, se potencian los incentivos para que el colectivo de desempleados
pueda adquirir una experiencia laboral real, lo que supone un importante potencial de
mejora de empleabilidad.
En los artículos 4 y 5 se regulan los aspectos procedimentales tanto para incorporarse
al programa como para que se tenga por producida una baja definitiva o temporal en
dicho programa y en la percepción de la ayuda. Es especialmente relevante que para ser
admitidos en el programa y obtener el reconocimiento de la ayuda económica de
acompañamiento las personas desempleadas deban presentar la solicitud de
incorporación al programa entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016.
Por último, el artículo 9 aclara que la financiación de la ayuda económica se incluirá
dentro de la acción protectora por desempleo y se realizará con cargo al presupuesto del
Servicio Público de Empleo Estatal.
En cuanto a las disposiciones adicionales recogidas en este real decreto-ley, cabe
señalar que la disposición adicional primera habilita al Servicio Público de Empleo Estatal
a desarrollar el procedimiento de concesión y pago de las ayudas, así como a establecer
los mecanismos necesarios de coordinación e intercambio de información con los
Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas y las agencias de
colocación cuando actúen en colaboración con aquellos.
La disposición adicional segunda regula la distribución de competencias entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades
autónomas. Al primero le corresponde la gestión y el pago de la ayuda económica prevista
en el programa de activación, y los segundos serán competentes para asignar el itinerario
individual y personalizado de empleo y las acciones de mejora de la empleabilidad para la
realización de este programa de conformidad con lo previsto en los reales decretos de
traspaso.
La disposición adicional tercera prevé la realización de una evaluación del programa,
con el fin de analizar los resultados obtenidos, tres meses antes de la fecha de finalización
de su vigencia, para determinar su eficacia. Se realizará de forma conjunta entre el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las autoridades competentes de las
comunidades autónomas y los interlocutores sociales. En el año 2016 los resultados de
esta evaluación se tendrán en cuenta para la asignación de fondos procedentes del
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal entre las diferentes
comunidades autónomas, en los términos que se acuerden en la respectiva Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta contemplan,
respectivamente, la modificación del apartado 2 de la disposición transitoria octava de la
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; la
modificación del artículo 2.1.b) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el
que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; la modificación de los
artículos 32.1.c) y 33.2 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la
Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo y, por último, la supresión de la
letra c) del apartado 4 y la modificación del apartado 5 del artículo 21 bis de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo.
III
La disposición adicional cuarta regula los supuestos de fuerza mayor en los que la
Tesorería General de la Seguridad Social puede reconocer a determinadas empresas,
afectadas por una suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada, la
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exoneración del pago de hasta el cien por cien de la aportación empresarial prevista en el
artículo 214.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social con la finalidad
de favorecer el mantenimiento del empleo.
Es necesario que las empresas que pretendan beneficiarse de la exoneración
cumplan con obligaciones básicas como la de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social; justificar los daños sufridos, la
imposibilidad de continuar la actividad laboral y las pérdidas de actividad derivadas
directamente del supuesto de fuerza mayor; así como la de tener asegurados los bienes
indispensables para realizar la actividad productiva al tiempo de producirse el
acontecimiento de carácter catastrófico.
En último término, resulta imprescindible que las empresas asuman unos compromisos
básicos vinculados a realizar la reinversión necesaria para el restablecimiento de las
actividades afectadas por la causa de fuerza mayor y a mantener en el empleo al cien por
cien de los trabajadores afectados por la suspensión de contrato o la reducción de jornada.
La exoneración a las empresas del pago de las cuotas empresariales de la Seguridad
Social tendrá una duración máxima de 12 meses destacando que, cuando dentro del
plazo de 12 meses se extinguiera algún contrato temporal por la expiración del plazo
convenido o por la realización de la obra o servicio objeto del contrato, las empresas
podrán seguir beneficiándose de la exoneración por el tiempo que reste hasta los 12 meses
siempre que suscriba con el trabajador afectado por la extinción un contrato por tiempo
indefinido. La Tesorería General de la Seguridad Social, previa solicitud de la empresa,
podrá prorrogar por otros 12 meses la exoneración reconocida a las empresas siempre
que resulte acreditado tanto que la empresa sigue cumpliendo los requisitos que
determinaron el reconocimiento inicial de la exoneración, como que ha puesto en marcha
los compromisos adquiridos en cuanto a la necesaria reinversión en la empresa y el
mantenimiento en el empleo de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción.
IV
En las medidas que se adoptan concurren las circunstancias de extraordinaria y
urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa
para recurrir a la figura del real decreto-ley.
Resulta crucial trasladar la incipiente recuperación económica al empleo con la mayor
celeridad e intensidad posibles. Ello aconseja la adopción de medidas que estimulen las
oportunidades de empleo, especialmente para aquellas personas con mayores problemas
de empleabilidad y que, tras un período prolongado de recesión, corren el riesgo de
mantenerse en esta situación quedando excluidos del citado proceso de recuperación y
dificultando sus posibilidades de incorporación al mercado de trabajo y sus perspectivas
de carrera profesional y evolución personal.
El programa contenido en este real decreto-ley, con efectividad inmediata, da
respuesta a esta necesidad y, como tal, tiene un carácter excepcional y limitado en el
tiempo.
Procede destacar la participación que han tenido las comunidades autónomas, así
como los interlocutores sociales, en el establecimiento de las bases que han orientado el
programa que regula este real decreto-ley.
Lo mismo puede señalarse respecto de la exoneración del pago de la cuota
empresarial cuyo fundamento último se encuentra en la existencia de catástrofes
naturales de carácter imprevisible y que, por lo tanto, pueden afectar a las empresas y a
su actividad productiva en cualquier momento. Por este carácter imprevisible y para
favorecer el mantenimiento del empleo, es importante que las empresas se encuentren
protegidas frente a las graves consecuencias económicas que suelen traer consigo este
tipo de acontecimientos extraordinarios lo antes posible.
Por consiguiente, la necesidad de la inmediata aplicación de las medidas que se
adoptan constituye el hecho habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que la
Constitución exige en su artículo 86 para aprobar este real decreto-ley.
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En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución,
a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 19 de diciembre de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. El presente real decreto-ley tiene por objeto regular el Programa de Activación
para el Empleo. Se trata de un programa específico y extraordinario de carácter temporal,
dirigido a personas desempleadas de larga duración que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 2.
2. El programa comprende políticas activas de empleo, actuaciones de
intermediación laboral, gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo con la finalidad
de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo, y una ayuda
económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y
vinculada a la participación en las mencionadas políticas de activación para el empleo.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias del presente programa las personas desempleadas que,
presentando la solicitud de incorporación en el plazo indicado en el artículo 4, reúnan los
siguientes requisitos a la fecha de dicha solicitud:
a) Haber transcurrido al menos seis meses desde el agotamiento de alguna de las
siguientes ayudas o prestaciones: la Renta Activa de Inserción (RAI) regulada en el Real
Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el Programa de Renta
Activa de Inserción para Desempleados con Especiales Necesidades Económicas y
Dificultad para Encontrar Empleo, o en las normas que le precedieron, cuando se haya
agotado el tercer derecho a la misma; el Programa Temporal de Protección e Inserción
(PRODI) regulado por el Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula
el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción; el Programa de
Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo
(PREPARA), regulado en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de
las personas desempleadas, así como en los sucesivos reales decreto-leyes que han
prorrogado dicho programa.
A los efectos de este apartado no se considerará agotamiento la extinción derivada de
una sanción o baja en el derecho por causa imputable al beneficiario.
b) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo
competente a fecha 1 de diciembre de 2014. Este requisito se entenderá cumplido en los
supuestos en que el trabajador, aún no estando inscrito como demandante de empleo en
dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por
cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días.
c) Haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante 360 días en
los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de incorporación
al programa.
d) Carecer del derecho a la protección contributiva o asistencial por desempleo, o a
la renta activa de inserción.
e) Haber cesado involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena previamente al
agotamiento del último derecho de los contemplados en la letra a) anterior. Además, si se
hubiera trabajado tras el agotamiento de dicho derecho, haber cesado de forma
involuntaria en el último trabajo realizado.
f) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75
por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias, y acreditar responsabilidades familiares. La consideración de rentas y la
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acreditación de las responsabilidades familiares se efectuarán conforme a lo establecido
en los apartados 3.2) y 2, respectivamente, del artículo 215 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio. A estos efectos no se tendrán en cuenta las rentas derivadas de las actividades
compatibles con la ayuda.
g) En el caso de que tras el agotamiento de alguna de las prestaciones o ayudas
incluidas en el apartado a) se hubiese percibido cualquier tipo de rentas mínimas, salarios
sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración
Pública, deberán haber transcurrido como mínimo 6 meses desde la finalización de la
percepción de estas rentas antes de la solicitud de este programa.
h) Cumplir con las obligaciones de activación previstas en el artículo 3.
2. A efectos del acceso al programa no se considerará desempleado a quien en la
fecha de solicitud de incorporación al mismo se encuentre trabajando por cuenta ajena a
tiempo parcial.
Artículo 3. Obligaciones de activación.
Para su incorporación y mantenimiento en el programa, las personas desempleadas
deberán cumplir, además de los requisitos establecidos en el artículo 2, las siguientes
obligaciones:
a) Suscribir en el momento de la solicitud un compromiso de actividad en virtud del
cual realizarán las distintas actuaciones favorecedoras de su inserción laboral que se
acuerden por los Servicios Públicos de Empleo, o por sus entidades colaboradoras
conforme a lo previsto en el artículo 6, así como:
1.ª Aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida por los Servicios Públicos
de Empleo o por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito
de colaboración con aquellos durante la participación en el programa. A estos efectos se
entenderá por colocación adecuada la regulada en el artículo 231.3 del texto refundido de
la Ley General de Seguridad Social.
2.ª Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determine en el
documento de renovación de la demanda y comparecer, cuando hayan sido previamente
requeridos, ante el Servicio Público de Empleo Estatal, los Servicios Públicos de Empleo
o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración
con aquellos.
3.ª Comunicar, en el momento en que se produzcan, las variaciones de renta,
patrimonio o de la unidad familiar, así como las situaciones que puedan dar lugar a
incompatibilidad con la ayuda.
4.ª Reintegrar las ayudas indebidamente percibidas.
5.ª Facilitar a los Servicios Públicos de Empleo o, en su caso, a las agencias de
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos, en
el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y
fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos.
6.ª Acreditar durante la vigencia del programa y cuando así les sea requerido por el
Servicio Público de Empleo competente, la búsqueda activa de empleo.
7.ª Proporcionar la documentación e información precisa para la incorporación y
mantenimiento en el programa y comunicar a los Servicios Públicos de Empleo y al
Servicio Público de Empleo Estatal, el domicilio y, en su caso, el cambio del domicilio,
facilitado a efectos de notificaciones, en el momento en que este se produzca.
8.ª Autorizar que los Servicios Públicos de Empleo comuniquen la condición de
beneficiario del programa y de la ayuda económica a las agencias de colocación que
desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con los mismos, así como a las
empresas que lo soliciten.
9.ª Informar a las empresas de su condición de solicitante o beneficiario del
programa cuando realicen actuaciones de búsqueda activa de empleo o cuando celebren
con estas contratos de trabajo.
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b) Acreditar ante el Servicio Público de Empleo Estatal que durante el plazo de un
mes a partir de la presentación de la solicitud han realizado, al menos, tres acciones de
búsqueda activa de empleo (BAE). La acreditación se efectuará dentro de los diez días
hábiles siguientes al transcurso del citado plazo de un mes.
Se considerarán actuaciones de BAE cada una de las siguientes:
1.ª Trabajo por cuenta propia o ajena.
2.ª Envío o presentación de currículos en, al menos, tres empresas distintas.
3.ª Realización de, al menos, una entrevista de trabajo.
4.ª Inscripción en, al menos, una agencia de colocación.
5.ª Inscripción como solicitante de empleo en, al menos, dos portales de empleo
públicos o privados.
6.ª Presentación, al menos, a una oferta de trabajo gestionada por los Servicios
Públicos de Empleo.
7.ª Cualesquiera otras ofertadas por los Servicios Públicos de Empleo y
específicamente acciones formativas o acciones de información y actuaciones dirigidas al
autoempleo y emprendimiento.
c) Participar en las acciones de mejora de la empleabilidad y búsqueda activa de
empleo, previstas en el itinerario individual y personalizado de empleo que, con carácter
previo al inicio del programa, les haya sido asignado por los Servicios Públicos de Empleo.
Este itinerario se asignará en el plazo de un mes desde la solicitud de acuerdo con lo
previsto en el artículo 6.
No obstante, si el Servicio Público de Empleo no hubiese podido realizar el itinerario
en el citado plazo de un mes, para que la solicitud de admisión al programa sea aprobada,
este itinerario deberá realizarse necesariamente antes del transcurso de los tres meses
de plazo que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal para resolver la solicitud, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 4.3.
Artículo 4. Solicitud e incorporación al programa.
1. Para ser admitidos en el programa y obtener el reconocimiento de la ayuda
económica de acompañamiento prevista en el artículo 7, las personas desempleadas
deberán presentar la solicitud de incorporación al programa entre el 15 de enero de 2015
y el 15 de abril de 2016.
La solicitud deberá presentarse, conforme al modelo que se determine, en la oficina
de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal que corresponda a la persona
desempleada.
La solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa de que se reúnen
los requisitos recogidos en el artículo 2 y contendrá el compromiso de actividad que
deberá suscribirse por el solicitante.
2. Una vez comprobado por el Servicio Público de Empleo Estatal que se cumplen
los requisitos de acceso recogidos en el artículo 2, se informará al solicitante de que, para
proceder a su admisión al programa y al abono de la ayuda económica correspondiente,
deberá acreditar haber realizado las acciones de la BAE en los términos establecidos en
el artículo 3, así como tener asignado un itinerario individual y personalizado de empleo,
en los términos establecidos en los artículos 3 y 6.2.
Asimismo, se dará traslado de la solicitud al Servicio Público de Empleo competente a
los efectos de que inicie las actuaciones necesarias para el diagnóstico del perfil del
solicitante, la elaboración del itinerario individual y personalizado de empleo y la
asignación de un tutor individual, en los términos establecidos en el artículo 6.
3. Una vez se haya acreditado la BAE y asignado al trabajador el itinerario individual
y personalizado de empleo, así como el tutor individual, el Servicio Público de Empleo
Estatal dictará resolución reconociendo la incorporación del trabajador al programa, lo
que implicará su derecho a la percepción de la ayuda económica y la posibilidad, en su
caso, de compatibilizarla con el trabajo en los términos previstos en el artículo 8. El
Servicio Público de Empleo Estatal resolverá la solicitud en el plazo máximo de los tres
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meses siguientes a la fecha en que esta se hubiera presentado. Transcurrido el plazo sin
que se haya dictado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada
por silencio administrativo.
4. Contra la resolución adoptada por el Servicio Público de Empleo Estatal podrá
interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social en el plazo de treinta días
desde la notificación de la misma.
Artículo 5. Baja y reincorporación al programa y a la ayuda económica.
1. Causarán baja definitiva en el programa, dejando de percibir la correspondiente
ayuda económica, los beneficiarios en los que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso de actividad y que
se concretan en el itinerario individual y personalizado de empleo, salvo causa justificada.
b) No comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo Estatal
o ante los servicios públicos de empleo, no renovar la demanda de empleo en la forma y
fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda o no devolver
en plazo a los Servicios Públicos de Empleo el correspondiente justificante de haber
comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas
por dichos servicios o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el
ámbito de colaboración con aquellos, salvo causa justificada.
c) No acreditar búsqueda activa de empleo en los términos establecidos en el
artículo 3, cuando sea requerido por los Servicios Públicos de Empleo.
d) Rechazar una oferta de colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios
públicos de empleo o por agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el
ámbito de colaboración con aquellos.
e) Rechazar la participación en programas de empleo, acciones de promoción,
formación o reconversión profesional, que determinen los servicios públicos de empleo o
las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración
con aquellos.
f) Causar baja voluntaria en el trabajo al que se acceda durante el programa.
g) Trabajar por cuenta ajena a tiempo completo o parcial, por un periodo de tiempo
igual o superior a 90 días, cuando la empresa no proceda a descontar del salario que
legal o convencionalmente corresponda al trabajador la ayuda económica que este
perciba, conforme a lo previsto en el artículo 8.
h) Trabajar por cuenta propia por un período superior a 180 días.
i) Acceder a una prestación por desempleo, subsidio por desempleo o renta agraria,
u obtener otras pensiones, prestaciones o ayudas sociales.
j) Dejar de reunir el requisito de carencia de rentas o de responsabilidades
familiares contemplado en el artículo 2, salvo lo previsto en el apartado siguiente.
k) El traslado al extranjero, salvo que corresponda a actuaciones contempladas en
el itinerario individual y personalizado de empleo y haya sido autorizado por el tutor
asignado en el Programa.
l) La renuncia voluntaria al programa.
m) Obtener o mantener indebidamente la percepción de la ayuda económica.
2. Causarán baja temporal en el programa, dejando de percibir durante el periodo
de baja la correspondiente ayuda económica, los beneficiarios en los que concurra alguna
de las circunstancias siguientes:
a) El trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o parcial por un periodo inferior a
90 días, cuando la empresa no proceda a descontar del salario que legal o convencionalmente
corresponda al trabajador la ayuda económica que este perciba, conforme a lo previsto
en el artículo 8.
b) Trabajar por cuenta propia por un periodo inferior a 180 días.
c) La pérdida del requisito de rentas o responsabilidades familiares contemplado en
el artículo 2, por un periodo inferior a 180 días.
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3. Producida la baja temporal en el programa y en la ayuda por las causas previstas
en el apartado anterior, se podrá reconocer el derecho a la reincorporación al mismo
siempre que se solicite dentro del plazo de solicitud previsto en el artículo 4.1 y se acredite
cumplir los requisitos establecidos en las letras d) y f) del artículo 2, así como, en su caso,
haber cesado en el trabajo por cuenta ajena acreditando situación legal de desempleo. La
reincorporación exigirá la previa inscripción como demandante de empleo y reactivación
del compromiso de actividad.
El período de tiempo durante el que el trabajador se encuentre en situación de baja
temporal en el programa, sin percibir la ayuda económica, de acuerdo con lo previsto en
el apartado 2 de este artículo, no se computará a efectos del período de duración de la
ayuda.
4. Las bajas y las reincorporaciones al programa se resolverán por el Servicio
Público de Empleo Estatal y se comunicarán a los Servicios Públicos de Empleo
competentes a los efectos que correspondan en relación con la continuidad, o no, de las
distintas acciones de inserción laboral previstas en el artículo 6.
5. La tramitación de las bajas en el programa en los supuestos previstos en los
párrafos a), b), c), d), e) h), i) y k) del apartado 1 podrá iniciarse desde que se disponga
de información sobre el incumplimiento de alguna de las obligaciones o desde que se
detecten irregularidades en la ejecución del programa. Como consecuencia de ello, se
cursará una baja cautelar en el programa y se dará audiencia al interesado para que, en
el plazo de 15 días, formule por escrito las alegaciones que considere oportuno.
Transcurrido dicho plazo se adoptará, en los 15 días siguientes, la resolución que
corresponda.
Contra la resolución que dicte el Servicio Público de Empleo Estatal podrá interponerse
reclamación previa a la vía jurisdiccional social en los términos previstos en el artículo 4.4.
6. Los beneficiarios que hayan percibido indebidamente la ayuda económica de
acompañamiento vendrán obligados a reintegrar su importe. La exigencia de la
devolución se realizará conforme a lo establecido para las prestaciones por desempleo
en el artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en su
normativa de desarrollo.
Artículo 6. Desarrollo del programa en materia de activación para el empleo.
1. El programa tendrá por objeto la activación y la inserción laboral de sus
beneficiarios y se podrá acceder al mismo una sola vez.
2. Con carácter previo a la admisión en el programa, el Servicio Público de Empleo
competente asignará al beneficiario un tutor individual que elaborará el itinerario individual
y personalizado de empleo en el plazo de un mes desde la solicitud de la admisión al
programa, a partir de una entrevista individualizada que permita realizar un diagnóstico
previo del perfil del trabajador.
3. El tutor será el responsable de la elaboración, en su caso, y seguimiento del
itinerario, de proponer las medidas de activación necesarias para posibilitar la inserción
laboral del trabajador, así como del control de las restantes obligaciones adquiridas en el
compromiso de actividad. En particular, el tutor será el encargado de gestionar los
servicios y programas de orientación e intermediación y de formación profesional
necesaria para la inserción laboral, así como de realizar un seguimiento individualizado
de las colocaciones que se produzcan durante la vigencia del programa.
El beneficiario deberá comunicar al tutor las posibles contrataciones que realice
conforme a la compatibilidad prevista en el artículo 8.
4. La información relativa a los servicios o programas que configuren el itinerario
individual y personalizado de empleo se deben recoger en el Sistema de Información de
los Servicios Públicos de Empleo en el plazo máximo de un mes desde que se hubieran
iniciado.
5. Las medidas de activación tendrán en cuenta las tendencias actuales del mercado
de trabajo y las necesidades formativas del beneficiario. Asimismo deberán contemplar la
atención a las empresas, sus necesidades de contratación, el tipo de perfiles profesionales
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que precisen, la búsqueda y propuesta de candidatos mediante sondeos entre los
participantes en el programa, y el seguimiento de las contrataciones realizadas.
6. Los Servicios Públicos de Empleo comunicarán al Servicio Público de Empleo
Estatal:
a) La identidad del tutor individual que se asigne al solicitante del programa, los
itinerarios que se elaboren, y las colocaciones que se realicen durante la vigencia de los
itinerarios, así como su seguimiento. Los itinerarios deberán ser comunicados inmediatamente
después de su elaboración.
b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el momento de
la solicitud de incorporación al programa, así como del mantenimiento de la inscripción
como demandante de empleo, la participación efectiva en el itinerario individual y
personalizado de empleo y la búsqueda activa de empleo.
Artículo 7. Ayuda económica de acompañamiento.
Una vez dictada por el Servicio Público de Empleo Estatal la resolución de admisión
al programa y de reconocimiento de la ayuda económica de acompañamiento, en los
términos previstos en el artículo 4.3, los beneficiarios podrán percibir una ayuda
económica de acuerdo con lo establecido en los siguientes párrafos:
a) La duración máxima de la ayuda económica será de seis meses, si bien las
acciones de inserción previstas en el programa pueden continuar realizándose con
posterioridad a este plazo.
b) La cuantía de la ayuda será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas
de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.
c) Los efectos económicos del reconocimiento de la ayuda económica se producirán
desde el día siguiente al transcurso del plazo de un mes a contar desde el día de la
presentación de la solicitud de incorporación al programa, siempre que el solicitante
acredite, en los diez días hábiles siguientes a la finalización del período señalado, que
durante el mismo ha realizado la BAE en el tiempo y forma establecidos en el artículo 3, y
que le ha sido asignado por el Servicio Público de Empleo competente el itinerario
individual y personalizado de empleo.
Si transcurrido el citado periodo de un mes no se hubiera elaborado el itinerario
individual y personalizado de empleo por el Servicio Público de Empleo competente, los
efectos económicos de la ayuda sólo se producirán a partir de la fecha en que quede
acreditado que el solicitante tiene asignado dicho itinerario, en los términos establecidos
en el artículo 3.
d) El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el Servicio Público de
Empleo Estatal dentro del mes siguiente al que corresponda el devengo.
Artículo 8. Compatibilidad e incompatibilidad de la ayuda económica de acompañamiento.
1. Una vez admitido en el programa, la ayuda económica será compatible con:
a) Las ayudas de cualquier naturaleza que se pudieran obtener por la asistencia a
acciones de formación profesional para el empleo.
b) El trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial y de duración indefinida
o temporal, hasta un máximo de cinco meses, siempre que el mismo se desarrolle en
empresas o entidades que no formen parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.1
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1.b) el trabajador mantendrá la percepción
de la ayuda económica durante la vigencia del contrato por el tiempo que le reste por
percibir aquella hasta un máximo de cinco meses.
Durante este tiempo, el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del
importe del salario que corresponda percibir al trabajador legal o convencionalmente. En
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el supuesto de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la ayuda económica a
descontar del importe del salario será proporcional al tiempo efectivamente trabajado. No
obstante lo anterior, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo tanto de
indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo como de bases de cotización a la
Seguridad Social será el que, legal o convencionalmente, correspondiera al trabajador.
Para la aplicación de la compatibilidad, el trabajador deberá presentar ante la empresa
un documento acreditativo del periodo y cuantía de la ayuda económica reconocida,
siendo válida a estos efectos la resolución adoptada por el Servicio Público de Empleo
Estatal reconociendo la admisión al programa y el pago de la ayuda.
3. A esta contratación, le serán de aplicación las bonificaciones o reducciones en las
cuotas a la Seguridad Social que correspondan según la regulación vigente siempre que el
contrato celebrado cumpla los requisitos establecidos en cada caso. No obstante, la cuantía
de la ayuda económica a descontar del importe del salario, en concurrencia con medidas de
apoyo público distintas de las citadas bonificaciones o reducciones en las cuotas a la
Seguridad Social, no podrá superar el 80 % del coste salarial anual correspondiente al
contrato que se hubiera formalizado, sin incluir las cuotas a la Seguridad Social.
En el caso de extinción del contrato antes de finalizar la participación del beneficiario
en el programa, y siempre que no se reúnan los requisitos de acceso a una prestación
contributiva o subsidio por desempleo, el trabajador deberá comunicar la citada extinción
del contrato a la oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal dentro de
los quince días siguientes a la misma, y reactivar el compromiso de actividad para
mantener la participación en el programa y la percepción por el tiempo que reste de la
ayuda económica de acompañamiento.
4. La ayuda económica será incompatible con:
a) La obtención de rentas de cualquier naturaleza que hagan superar los límites
establecidos, en los términos fijados en el artículo 2, sin que se computen a esos efectos
las rentas que provengan de acciones o trabajos compatibles con la percepción de la
renta.
b) La percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, o de la renta agraria.
c) La percepción de pensiones o prestaciones de carácter económico de la
Seguridad Social que sean incompatibles con el trabajo.
d) La realización simultánea de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, a
tiempo completo o parcial, salvo cuando sea compatible según lo establecido en el
apartado 1.b).
e) La percepción de cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas
análogas de asistencia social concedidas por las Administraciones Publicas.
Artículo 9. Financiación.
1. La financiación de la ayuda económica recogida en el artículo 7 se incluirá dentro
de la acción protectora por desempleo y se realizará con cargo al presupuesto del Servicio
Público de Empleo Estatal.
2. La financiación del diseño, asignación y seguimiento del itinerario individual y
personalizado de empleo, así como las acciones de inserción incluidas en el programa de
activación para el empleo, se realizarán con cargo a los presupuestos de las respectivas
comunidades autónomas.
3. Las comunidades autónomas utilizarán en la ejecución de este programa, las
cantidades procedentes del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal
que les sean asignadas como consecuencia de los criterios aprobados en la respectiva
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 2015, en los términos dispuestos
en las normas o convenios que fijen, entre otras cuestiones las condiciones de gestión de
estos fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
4. Sin perjuicio de lo mencionado en el apartado anterior, las comunidades
autónomas podrán destinar recursos propios adicionales para financiar la adecuada
gestión del programa de activación e inserción para el empleo.
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Disposición adicional primera. Obligaciones de información.
1. A fin de garantizar el correcto funcionamiento de este programa y garantizar las
mismas posibilidades de acceso a todos sus potenciales beneficiarios, se habilita al
Servicio Público de Empleo Estatal para desarrollar el procedimiento de concesión y pago
de las ayudas, así como para establecer los mecanismos necesarios de coordinación e
intercambio de información con los Servicios Públicos de Empleo así como con las
agencias de colocación cuando actúen en colaboración con aquellos.
2. Asimismo, los Servicios Públicos de Empleo competentes arbitrarán las medidas
necesarias con el fin de informar en todo momento a las empresas y agencias de
colocación que lo soliciten sobre los beneficiarios de este programa a los efectos de
favorecer su inserción laboral.
3. En los casos de contratación de beneficiarios del programa que compatibilicen la
ayuda económica conforme a lo previsto en el artículo 8, el empresario informará acerca
de esta circunstancia en el momento de comunicación de la contratación.
Disposición adicional segunda. Distribución de competencias.
1. Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, a través de sus direcciones
provinciales, la gestión y el pago de la ayuda económica prevista en el programa de
activación. Las personas titulares de las direcciones provinciales, deberán dictar
resolución que reconozca o deniegue el derecho a la admisión al programa, así como
resolver las bajas y las reincorporaciones al mismo.
Las resoluciones dictadas serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del
orden social, previa reclamación ante dicho organismo, en la forma prevista en el artículo 71
de Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal efectuará el pago de la ayuda
prevista en el artículo 7, el control de requisitos e incompatibilidades, la exigencia de la
devolución de las cantidades indebidamente percibidas, así como las compensaciones en
las prestaciones por desempleo o en la renta activa de inserción de las cantidades
indebidamente percibidas por cualquiera de dichas percepciones, todo ello en los mismos
términos fijados para las prestaciones por desempleo.
El Servicio Público de Empleo Estatal será también competente para desarrollar las
acciones de mejora de la empleabilidad del ámbito de las políticas activas de empleo que
hayan de ser financiadas con cargo a los créditos específicamente autorizados, por la Ley
anual de Presupuestos Generales del Estado, en su estado de gastos como reserva de
gestión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo.
2. Las comunidades autónomas, que han asumido el traspaso de la gestión
realizada por el antiguo Instituto Nacional de Empleo, actual Servicio Público de Empleo
Estatal, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, serán competentes para
asignar el itinerario individual y personalizado de empleo y las acciones de mejora de la
empleabilidad para la realización de este programa, de conformidad con lo previsto en los
reales decretos de traspaso.
3. El Instituto Social de la Marina ejercerá las competencias atribuidas al Servicio
Público de Empleo Estatal relativas a la gestión del programa de activación cuando se
aplique a los desempleados procedentes del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar.
Disposición adicional tercera. Evaluación.
Con el fin de analizar los resultados obtenidos por el programa, se procederá a una
evaluación del mismo, tres meses antes de la fecha de finalización de su vigencia, para
determinar la eficacia del Programa y, en su caso, determinar la necesidad de articular su
continuidad o de realizar cualquier tipo de adaptación. Esta evaluación se realizará de
forma conjunta entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las autoridades
competentes de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.
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Asimismo, en el año 2016, los resultados de esta evaluación se tendrán en cuenta
para la asignación de fondos procedentes del presupuesto de gastos del Servicio Público
de Empleo Estatal entre las diferentes comunidades autónomas, en los términos que se
acuerden en la respectiva Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Disposición adicional cuarta. Exoneración del pago de cuotas en supuestos de fuerza
mayor para favorecer el mantenimiento del empleo.
1. Las empresas que, previa resolución de la autoridad laboral, acuerden la
suspensión de contratos de trabajo o la reducción de jornada por causa de fuerza mayor
podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social una exoneración de hasta
el 100 por cien del pago de la aportación empresarial prevista en el artículo 214.2 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre y cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que la causa de fuerza mayor derive de acontecimientos catastróficos naturales,
imprevisibles o que habiendo sido previstos fueran inevitables, como terremotos,
maremotos, incendios, inundaciones, plagas, explosiones, tormentas de viento y mar,
siempre que supongan la destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa o
centro de trabajo, impidiendo la continuidad de la actividad laboral para los trabajadores
afectados.
b) Que resulte acreditado, mediante informe preceptivo de la Dirección Especial de
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solicitado por la
Tesorería General de la Seguridad Social, que la fuerza mayor reúne las características
mencionadas en la letra anterior. Este informe se entiende sin perjuicio del exigido de
conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y su
normativa de desarrollo.
c) Que las empresas se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social y justifiquen los daños sufridos, la imposibilidad de
continuar la actividad laboral y las pérdidas de actividad derivadas directamente del
supuesto de fuerza mayor.
d) Que las empresas, al tiempo de producirse el acontecimiento de carácter
catastrófico, hubieran tenido asegurados los bienes indispensables para realizar la
actividad productiva afectada por la fuerza mayor.
e) Que las empresas se comprometan a realizar, mientras dure la exoneración, la
reinversión necesaria para el restablecimiento de las actividades afectadas por la causa
de fuerza mayor. Para verificar el cumplimiento de este compromiso, la Tesorería General
de la Seguridad Social podrá requerir el asesoramiento e informes técnicos que
correspondan.
f) Que las empresas se comprometan a mantener en el empleo, durante el año
posterior a la finalización de la suspensión o reducción, al 100 por cien de los trabajadores
afectados por la suspensión de contrato o la reducción de jornada, excluidos los
trabajadores recolocados en otros centros de trabajo.
2. La resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social deberá indicar el
porcentaje de exoneración que se reconozca. Las circunstancias a tener en cuenta para
fijar dicho porcentaje serán, entre otras, la situación económica de la empresa, el impacto
económico de la fuerza mayor sobre otras empresas auxiliares de la afectada, las
perspectivas de mantenimiento y creación de empleo a medio y largo plazo, así como el
porcentaje de trabajadores indefinidos de su plantilla.
3. La exoneración a las empresas del pago de las cuotas empresariales de la
Seguridad Social a que se refiere esta disposición tendrá una duración máxima de 12
meses a partir de la resolución de reconocimiento que dicte la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Cuando dentro del plazo de 12 meses señalado en el párrafo anterior se extinguiera
algún contrato temporal por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o
servicio objeto del contrato, las empresas podrán seguir beneficiándose de la exoneración
cve:BOE-A-2014-13249

para dichos contratos por el tiempo que reste hasta los 12 meses siempre que suscriba
con el trabajador afectado por la extinción un contrato por tiempo indefinido.
La Tesorería General de la Seguridad Social, previa solicitud de la empresa, podrá
prorrogar la exoneración reconocida a las empresas por otros 12 meses siempre que
resulte acreditado tanto que la empresa sigue cumpliendo los requisitos que determinaron
el reconocimiento inicial de la exoneración, como que ha puesto en marcha los
compromisos adquiridos en cuanto a la necesaria reinversión en la empresa y el
mantenimiento en el empleo de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción.
4. Las empresas que incumplan los compromisos exigidos por las letras e) y f) del
apartado 1 deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron
exoneradas con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo
establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, y ello sin perjuicio
de la aplicación de lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento en el empleo cuando el
contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente,
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del
trabajador. En el caso de que se trate de contratos temporales, no se considerará
incumplida la obligación de mantenimiento en el empleo cuando el contrato de trabajo se
extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio objeto
del contrato.
5. Lo dispuesto en este real decreto-ley será aplicable a las solicitudes de
exoneración que se presenten a partir de su entrada en vigor. En ningún caso se
reconocerá la exoneración cuando haya transcurrido más de 3 meses entre la fecha en
que haya tenido lugar el acontecimiento extraordinario de fuerza mayor y la solicitud.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª
de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislación
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica,
respectivamente.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral.
El apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, queda redactado en los siguientes
términos:
«2. En los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban hasta
el 30 de junio de 2015, en los supuestos en que no exista título de formación
profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a
realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa
inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos
orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para
su consulta en las páginas web del Servicio Público de Empleo Estatal www.sepe.es
y en las de los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades
Autónomas, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral
contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los contenidos
formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio
Público de Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del Sistema
Nacional de Empleo. Por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se
podrá ampliar el plazo antes señalado hasta el 31 de diciembre de 2015.»
cve:BOE-A-2014-13249

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre,
por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con
especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
Uno. La letra b) del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 1369/2006, de 24 de
noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para
desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar
empleo, queda redactada como sigue:
«b) Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado
en la oficina de empleo durante 12 o más meses. A estos efectos, se considerará
interrumpida la demanda de empleo por haber trabajado un período acumulado de 90
o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa.
Durante la inscripción como demandante de empleo a que se refiere el párrafo
anterior deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de
empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales u otras para
incrementar la ocupabilidad.
En el momento de la solicitud se deberá acreditar haber realizado durante el
periodo de inscripción antes indicado acciones de búsqueda activa de empleo en la
forma que se determine reglamentariamente. En tanto se produzca ese desarrollo
normativo se acreditarán de la forma establecida en el artículo 3 del Real Decreto-
ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación
para el Empleo.
La salida al extranjero interrumpe la inscripción como demandante de empleo a
estos efectos.
No se considerará interrumpida la inscripción cuando el solicitante acredite que la
salida al extranjero se ha producido por matrimonio o nacimiento de hijo, fallecimiento
o enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad o por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal, y siempre que la estancia haya sido igual o inferior a 15 días.
Asimismo, tampoco interrumpirá la inscripción la salida a países del Espacio
Económico europeo y Suiza para la búsqueda o realización de trabajo,
perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, y siempre que la
estancia sea inferior a 90 días.
En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un
periodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción.»
Dos. El Gobierno podrá modificar, mediante real decreto, lo establecido en el
apartado anterior.
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el
que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.
El Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de
agosto, de Protección por Desempleo, queda redactado del siguiente modo:
Uno. La letra c) del apartado 1 del artículo 32 queda redactada como sigue:
«c) Transcurrido dicho plazo, si existiera responsabilidad, se dictará resolución
señalando la cuantía de la prestación y el alcance de la responsabilidad del
empresario o de los empresarios, debiendo hacer efectivo el importe de la
prestación en el plazo de treinta días, contados desde la notificación de la
resolución. Si no se reintegrara la deuda en dicho plazo se aplicará lo establecido
en el artículo 69 y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, así
como lo establecido en el artículo 39 y siguientes de dicho Reglamento cuando el
deudor sea una entidad pública.»
cve:BOE-A-2014-13249

Dos. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado como sigue:
«2. El trabajador dispondrá de un plazo de treinta días, a partir de la
notificación de la resolución, para reintegrar la cuantía de la prestación o subsidio
indebidamente percibidos. Transcurrido dicho plazo, sin que haya sido obtenido el
reintegro de la deuda, en los casos en los que no se pueda aplicar la compensación
o descuento según contempla el artículo 34 siguiente, o bien cuando, procediendo
dicha compensación o descuento, no hubiera sido posible cancelar la deuda en
su totalidad, se aplicará lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio.»
Tres. El Gobierno podrá modificar, mediante real decreto, lo establecido en los
apartados anteriores.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificada como sigue:
Uno. Se suprime la letra c) del apartado 4 del artículo 21 bis.
Dos. El apartado 5 del artículo 21 bis queda redactado en los siguientes términos:
«5. Las agencias de colocación podrán ser consideradas entidades
colaboradoras de los servicios públicos de empleo, con el alcance previsto en las
normas de desarrollo de esta Ley.
El instrumento jurídico en que se articule esta colaboración deberá regular los
mecanismos de comunicación por parte de las agencias de colocación de los
incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y
beneficiarios de prestaciones por desempleo previstas en el artículo 231.1 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.»
Disposición final sexta. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dictar
las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en
este real decreto-ley.
Asimismo, se faculta a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público
de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones
sean precisas para el desarrollo de este real decreto-ley.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
No obstante, las disposiciones relativas al programa de activación para el empleo
regulado por este real decreto-ley producirán efectos desde el 15 de enero de 2015.
La disposición final cuarta producirá efectos en la fecha de suscripción del concierto
entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social
que regule la colaboración en materia de recaudación en vía de apremio de las
prestaciones indebidamente percibidas por los trabajadores y aquellas otras de cuyo
pago sean responsables las empresas.
Dado en Madrid, el 19 de diciembre de 2014.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
cve:BOE-A-2014-13249
http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

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