Este documento describe las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales en España según la Constitución Española. Establece que el Gobierno es responsable políticamente ante el Congreso de los Diputados y que puede ser sometido a interpelaciones, preguntas y mociones de censura. También regula cómo el Gobierno puede plantear cuestiones de confianza y cómo se declaran los estados de alarma, excepción y sitio.