A dos años de la masacre de Tlatlaya, se denuncia la impunidad prevalente debido a la ineffectividad de la Procuraduría General de la República y el poder judicial, ya que no se ha procesado a ningún responsable. Las organizaciones de derechos humanos exigieron la reactivación de la investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables, mientras la ONU ha expresado su preocupación por la falta de justicia. Además, se denuncia la revictimización de Clara Gómez, sobreviviente de la masacre, quien ha sido crucial en la búsqueda de la verdad.