Sentencia Csj docelectronico

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente
Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez
(2010).
Ref.: Expediente No.11001 3110 005 2004 01074 01

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el
demandado contra la sentencia proferida el 3 de julio de 2009, por la
Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
dentro del proceso ordinario promovido por MARTHA HELENA
PILONIETA frente a GABRIEL HUMBERTO PULIDO CASAS.
ANTECEDENTES
1. La actora pidió que se declarara que entre ella y el
demandado existió una unión marital de hecho, desde antes de
diciembre de 2000 o, en su defecto, en la fecha que resulte probada,
hasta el día en que éste abandonó el hogar; y que, en consecuencia,
surgió entre ellos una sociedad patrimonial, cuya liquidación debe
ordenarse. Así mismo, ejercitó la acción prevista en el artículo 1824
del Código Civil y solicitó que fueran dispuestas las restituciones
mutuas de aquellos bienes que no hacen parte de aquella, como

también que se reconociera como pasivo a cargo del señor Pulido
Casas “todos los gastos o donaciones”

realizados con dineros

pertenecientes a aquella.
2. Fundó tales súplicas en la situación fáctica que se
sintetiza, así:
2.1 La relación marital entre las partes inició formalmente
en enero de 1998, “cuando acordaron un viaje de luna de miel a la
Hacienda Baza en el municipio de Boyacá”, consolidándose en el mes
siguiente, puesto que Gabriel Humberto permanecía en el apartamento
de la actora de lunes a viernes, desde cuando salía de trabajar hasta
las 11:00 p.m., y los fines de semana pernoctaba allí, salvo aquellos en
que viajaban juntos a la finca de éste o a la de algunos amigos.
2.2

El demandado tenía un inmueble, en el que sólo

habitaban sus dos hijas, pues él realmente estaba habitualmente en la
casa de Martha Helena, al punto que allí atendía a sus amigos y
familiares, trabajaba y en general compartía la cotidianidad y
desarrollaba actividades propias de la convivencia; incluso, se instaló
en forma permanente, hacía finales del año 2000, y en febrero de la
anualidad siguiente tomaron en arriendo otro apartamento, donde
fueron a vivir junto con el hijo de Martha Helena, distribuyéndose los
gastos de sostenimiento.
2.3 La pareja se presentaba socialmente como esposos,
además, la actora asumió los deberes y obligaciones de compañera
permanente.
2.4

Martha

Helena

y Gabriel

Humberto

tuvieron

sociedades conyugales anteriores a su unión, las cuales fueron

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disueltas y liquidadas, mediante las escrituras públicas Nos.952 de 30
de marzo de 1992 y 2669 de 2002, respectivamente.
2.5 Entre los compañeros surgieron problemas y buscaron
asesoría sicológica para salvar la relación, pero el demandado no
facilitó que la situación mejorara, pues dejó de recibir la atención
profesional, viéndose afectada la convivencia en paz, al punto que
culminó el 30 de noviembre de 2003, fecha en que los compañeros
retiraron sus pertenencias del inmueble donde vivían y lo entregaron al
arrendador.
2.6

El señor Pulido Casas distrajo bienes sociales que

estaban bajo su administración, afectando el patrimonio de la sociedad.
2.7

El hecho de compartir los gastos de convivencia

permitió a aquel ahorrar, valores que depositó en las cuentas que abrió
en el país y en el extranjero; igualmente lo hizo con parte del precio
recibido por la venta del inmueble adjudicado en la sucesión de su
esposa, cuya escrituración canceló con dineros obtenidos durante la
vigencia de la sociedad patrimonial; así mismo, invirtió éstos y los
valores recibidos por concepto de la retroactividad de la pensión
reconocida por el I.S.S., en la compra de un apartamento a nombre de
su hija, amén que constituyó un CDT con los cánones de
arrendamiento de ese bien.
3.

La admisión del escrito introductor del litigio fue

notificada personalmente al señor Pulido Casas, por conducto de su
apoderado judicial, quien presentó la respectiva replica, en la que se
opuso a la prosperidad de las súplicas y formuló las excepciones que
denominó “causa ilícita para pretender la declaración de existencia de
la unión marital”, “falta de los requisitos legales necesarios para la

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conformación

de

la

sociedad

patrimonial

entre

compañeros

permanentes” e “ilegitimidad e ilicitud de las pruebas aportadas”.
4. El Juez 5º de Familia de Bogotá, tras imprimirle al
asunto el trámite pertinente, dictó sentencia el 31 de marzo de 2008,
mediante la cual declaró la existencia de la unión marital y la
consecuente sociedad patrimonial, fijando su marco temporal entre el
14 de febrero de 2001 y el 27 de octubre de 2003.

Las demás

pretensiones las negó.
5. Esa decisión fue confirmada por el tribunal al desatar la
alzada interpuesta por las partes, salvo la fecha de iniciación de la
relación marital, pues resolvió que había surgido el 2 de febrero de
2001.
6. El demandado recurrió en casación dicha providencia,
impugnación que ahora es objeto de decisión.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El tribunal precisó que la inconformidad de la actora con el
fallo opugnado recaía sobre los extremos temporales de la unión
marital, concretamente, que ella disentía de la fecha de iniciación,
mientras que el opositor insistía en la ausencia de la comunidad de
vida y de la singularidad exigida para la conformación de esa especie
de relación, como también en que su contendiente obró con el
propósito de lucrarse del acercamiento al señor Pulido Casas y, por
ende, la sociedad patrimonial reclamada tendría origen en una causa
ilícita.
Delimitado el tema de la alzada y tras asentar algunas
reflexiones en torno a la institución en cuestión, reparó en los
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testimonios de Clemencia María del Socorro Baquero Melo, Gloria
Susana Esse Druan, Bárbara Inés Márquez Echeverry, Elizabeth
Virginia Harper Peralta, Germán Hernández Gutiérrez, Gustavo Adolfo
Posada Díaz, José Fernando Cerón Quintero, Edna Patricia Pulido
Gómez, Claudia Yolanda Aristizábal, Santiago Monge Solano, José
Alejandro Cerón Pilonieta y María Teresa Buenaventura, cuyas
versiones resumió, e infirió de ellas que entre las partes existió una
relación de pareja

“seria, estable, afectuosa, equiparable a la

existente

esposos,

entre

los

como

una

realidad

socialmente

ostensible”, por cuanto compartían los espacios familiares y sociales,
eran conocidos en el ámbito laboral del uno y del otro, los vecinos
consideraban su unión como una familia, incluso apreciaban como
agradable la forma como se trataban y departían en lo que
evidentemente era un hogar, asumiendo ambos la responsabilidad
económica, afectiva y moral.
Así mismo, estimó que esa convivencia marital la
reafirmaba, por un lado, la propia hija del demandado, pues admitió
que éste la llamó para darle a conocer su intención de convivir con la
demandante, a quien años atrás le había presentado como su novia;
por el otro, el hijo de ésta, ya que refirió cómo inició la relación en
cuestión y el establecimiento familiar en un lugar escogido, cuyos
costos fueron financiados por la pareja conjuntamente, amén que
reconoció haber tenido dificultades para aceptar la misma.
Además, encontró que a esos elementos de juicio, de por
sí contundentes en su criterio, se sumaba la voluntad innegable de
cohabitar al arrendar un apartamento

“destinado para vivienda

familiar”, tal como emergía de la prueba documental, esto es, de la
factura de pago del estudio de papeles, expedida por la Inmobiliaria
Vélez Osorio y Cía. Ltda.; del contrato respectivo y su adendo,
firmados el 2 y 3 de febrero de 2001, y los demás documentos
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relacionados con el mismo, del inventario y entrega del inmueble; como
también de los concernientes con la ejecución de dicha convención
(pago de servicios)

y la carta de terminación de ésta; y la factura

No.939 de 29 de enero de 2001, expedida a nombre de las partes por
concepto de compra de muebles para el hogar, material que advirtió no
había sido objeto de reparo alguno.
Concluyó, entonces, que estaba acreditado que entre los
litigantes existió una “comunidad de vida” y, por tanto, no le asistía la
razón a Gabriel Humberto sobre la inexistencia de la unión marital de
hecho por la ausencia de ese elemento estructural.
Relativamente a la iniciación de la convivencia marital
expuso que la actora aducía que “las tarjetas, fotografías, escritos del
demandado sobre el estado de sus bienes, anotaciones en consulta
con su abogado” mostraban que aquella acaeció en 1997 y no el 14 de
febrero de 2001 como infirió el juez cognoscente del asunto; empero,
consideró que

“unas fotografías, tarjetas con manifestaciones de

afecto, no son razón suficiente y eficiente de convivencia”, y mucho
menos al contrastarla con la prueba testimonial que da cuenta de una
etapa de noviazgo de la pareja, sin precisar su marco temporal.
Reseñó, seguidamente, los documentos atrás citados y
asentó que la voluntad de la pareja para conformar una familia se
manifestó de manera seria, responsable y perceptible cuando
decidieron convivir en forma permanente y tomaron con ese fin en
arriendo un apartamento, lo amoblaron y se trasladaron allí junto con el
hijo de Martha Helena, asumiendo conjuntamente los costos y las
actividades propias del hogar, incluso invitaron a sus amigos a la
inauguración, circunstancia referida por los deponentes, quienes, en su
mayoría, “no llegan a precisar la época o fecha de existencia de la
unión marital para el año 1997”.
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Añadió que si bien algunos deponentes ubicaron la etapa
de noviazgo entre 1998 y 1999, incluso dieron cuenta de las visitas
mutuas a sus respectivos apartamentos para ese lapso, lo cierto era
que esas atestaciones no solventaban la carga probatoria de éstos
porque esa inestabilidad contradecía el elemento de la permanencia
necesario para reconocer la existencia de la familia de hecho. Y para
reafirmar esa reflexión destacó que el hijo de la actora en su
declaración señaló que el demandado comenzó a salir con su madre
en 1997, además, dijo que después la visitaba y se quedaba hasta las
10:00 p.m., o los fines de semana, situación que insistió era insuficiente
para tener esa fecha como inicio de la relación marital, pues, “con esa
lógica, toda relación de amistad, más o menos cercana tendría
vocación para convertirse en unión marital de hecho”.
Con fundamento en tales razonamientos determinó que las
partes iniciaron la convivencia en la fecha en la que ajustaron el
contrato de arrendamiento y no cuando les fue entregado el inmueble
como entendió el fallador de primera instancia.
Procedió, seguidamente, a ocuparse de los hechos
exceptivos alegados por el opositor, y abordó, en primer lugar, el
concerniente con la ilicitud de las pruebas adosadas a la demanda, por
haber sido aportadas por Martha Helena violando supuestamente la
intimidad de su pretenso compañero permanente, incluso mediante
sustracción calificable como ilícita, planteamiento que el tribunal estimó
debía ponderarse frente al derecho que aquella tenía de reclamar el
reconocimiento del estado civil de compañera permanente y sus
consecuencias patrimoniales.
Sobre el particular consideró, por una parte, que la
denuncia formulada por el supuesto apoderamiento de los documentos
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no era prueba de tal hecho, para cuya acreditación no se contaba con
medio de convicción alguno; y, por el otro, que de todas maneras,
ellos, en su mayoría, concernían a ambas partes, en su condición de
socios patrimoniales,

“situación frente a la cual resultaba excesivo

acudir a una orden judicial para tomar conocimiento de lo que
eventualmente hace parte de los derechos de la demandante”. Para
fortalecer esa elucidación recordó que el derecho a la intimidad, pese a
ser de aplicación inmediata, no es absoluto, justificándose su
limitación, según la jurisprudencia constitucional,

cuando

“i)

esté

dirigida a la consecución de un fin constitucionalmente legítimo,
(principio de exclusión del capricho); ii) sea relevante para la obtención
de dicho fin; iii) sea necesario, es decir no exista otro medio para
alcanzar el objetivo”.
Arguyó, también, que en observancia de los principios de
solidaridad, apoyo mutuo, esfuerzo común e igualdad que rigen las
relaciones de familia, resultaba inexplicable la reserva de las cuentas
del hogar al cónyuge o compañero, pues su papel se reduciría al de un
tercero convidado de piedra, sin posibilidad de conocer sus derechos y
obligaciones patrimoniales como socio y responsable de la comunidad
de bienes.
Además, resaltó que los documentos anexados a la
demanda fueron incorporados al proceso (auto de 18 de marzo de
2005), sometidos a publicidad y contradicción, de ahí que no se
configuró la ilicitud aducida por la parte opositora, prueba que por
demás carece de incidencia en la demostración de la existencia de la
unión marital, pues concierne con el manejo de los bienes sociales.
Relativamente al otro hecho exceptivo, esto es, el atinente
a la supuesta causa ilícita que originó la aludida relación, develada,
según el apelante, en el mensaje electrónico remitido por el ex esposo
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de la señora Pilonieta Pinzón (mediante el cual informaba a Gabriel
Humberto que ésta buscaba conformar con él una sociedad patrimonial
con el mero propósito de lucrarse de sus bienes), estimó que tenía un
valor de convicción bastante precario porque, por una parte, no reunía
los requisitos de confiabilidad previstos en la Ley 527 de 1999; y, por la
otra,

“como

documento

privado

proveniente

de

terceros

fue

desconocido en el proceso por la persona a quien se imputa su
autoría”.
Dijo también que la precariedad de dicho medio de
persuasión “contrastaba” con los demás que obran en el plenario y
que dan cuenta, en forma contundente, de la existencia de la unión
marital de hecho y del afecto, ayuda y socorro que se prodigaron las
partes, siendo ostensible la unidad familiar en el ámbito social, laboral y
ante su parentela.
Por último, entró a estudiar el requisito de la singularidad
de la comunidad de vida, rebatido por el opositor, quien aducía que la
actora durante la convivencia con él mantuvo otras relaciones de
pareja (con el ex esposo y un tercero); empero, el sentenciador no
encontró acreditado tal hecho y, por el contrario, advirtió que

“la

prueba testimonial atrás revisada era unánime al descartar cualquier
relación de la demandante con persona distinta al señor Gabriel
Humberto Pulido”. Añadió que, además, los interrogatorios absueltos
por los litigantes no reflejaban nada distinto.

LA DEMANDA DE CASACIÓN
Cargo Único

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La censura le imputa al fallo opugnado haber violado los
artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990; el artículo 42 de la Constitución
Política; los artículos 2º, 3º, 5º al 12º de la Ley 527 de 1999; y los
artículos 37 num.4º, 179 y 180 del estatuto procesal civil, a causa de
haber incurrido en error de derecho por no hacer uso de las facultades
oficiosas con miras a establecer la autenticidad del mensaje de datos
enviado al opositor, cuyo texto fue aportado con la contestación de la
demanda.
En el desenvolvimiento de la acusación, trasunta las
normas de la Ley 54 de 1990 y de la Carta Política Colombiana atrás
citadas para denotar que contemplan los elementos estructurales de la
institución allí consagrada, entre los que, a su juicio, están “la voluntad
libre y responsable de conformar una familia” y “la singularidad”, cuya
presencia en el caso en cuestión desvirtúa el medio de convicción
sobre el cual supuestamente recae el yerro denunciado.
Precisa, seguidamente, en qué consiste el error de
derecho y afirma que el tribunal le restó mérito a un elemento de
persuasión formalmente aportado -mensaje de datos-, contrariando lo
dispuesto sobre la valoración del mismo en la Ley 527 de 1999 y, por
ello, dio por acreditados unos elementos constitutivos de la unión
marital de hecho que el mentado documento desdibujaba y que
imponía dar por acreditadas las excepciones de mérito propuestas y,
por ende, negar las súplicas de la actora.
Explica, entonces, que en la contestación a la demanda se
afirmó que la relación existente entre las partes terminó porque, el 23
de octubre de 2004, Gabriel Humberto recibió un mensaje de datos,
enviado desde la dirección electrónica josealejandro7880@latinmail.com
al correo gpulido@escuelaing.edu.co, siendo remitente el señor José
Fernando Cerón Quintero,

“primer esposo”

de la señora Pilonieta

Pinzón, y receptor, el demandado, documento relacionado en el
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capítulo de pruebas de dicha replica, cuya información, debidamente
verificada, fue incorporada al equipo de soporte y se grabó en un disco
compacto (CD) adosado también al aludido escrito, elemento de juicio
que permitía al juzgador no solo verificar su contenido, sino también
tener por acreditada la integridad de la información, de ahí que no
debió negarle ningún efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria.
Transcribe seguidamente los preceptos de la Ley 527 de
1999 que denuncia como infringidos, como también apartes de la
sentencia de exequibilidad de los mismos -C 662 de 2000-, con el
propósito de mostrar que si el demandado adosó a la mentada réplica
la reproducción impresa del contenido del mensaje de datos y entregó
éste en un “CD”, bien “podía confirmarse la integridad del mismo” y,
por lo tanto, debió dársele el valor probatorio que el referido
ordenamiento concede a ese tipo de documentos.
Y, en un capítulo que denomina “necesidad de aplicar las
facultades oficiosas para llegar a la certeza sobre la integridad del
medio probatorio”, expuso que el accionado hizo lo que estaba a su
alcance, aportó la prueba magnética en forma correcta y garantizó con
su entrega no sólo la contradicción de la misma, sino, también, la
posibilidad, ante cualquier duda, de que el juez a través de expertos, y
acudiendo a la facultad de decretar pruebas de oficio en la búsqueda
de la verdad material, ahondara en la integridad del mensaje de datos,
para conferirle el mérito probatorio reconocido por la Ley 527 de 1999,
el cual desconoció el sentenciador. El recurrente insiste, entonces, en
que el juzgador, en ejercicio de las facultades oficiosas conferidas por
el ordenamiento procesal (artículos 37 num.4º, 179 y 180 del C. de P.
Civil), debió adoptar las medidas conducentes para identificar
plenamente al autor del correo en cuestión, dar certeza de la
participación exclusiva de esa persona en el acto mismo de la emisión
y asociarla con el contenido del documento.
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Sobre este último aspecto refiere que el remitente allí dice
que él y la señora Pilonieta Pinzón, quienes eran esposos entre sí,
cuando decidieron distanciarse, no lo hicieron porque no se amaran,
sino porque optaron por conformar una especie de alianza, dado que el
señor Cerón Quintero no podía cumplir las perspectivas económicas de
su cónyuge, ni su excesivo apego a las cosas materiales, motivo por el
cual decidieron “… buscar una persona con ciertas características,
pensando en el futuro de Alejito”.

CONSIDERACIONES
1.

El tribunal descartó que la unión marital debatida

hubiese tenido origen en una causa ilícita -cuestión alegada por el
demandado como excepción-, en cuanto consideró que el valor
probatorio del mensaje de datos aportado para acreditar ese hecho era
precario, por las razones advertidas por el juzgador a quo, ya que se
trataba de un documento electrónico que no reunía los requisitos de
confiabilidad previstos en la Ley 527 de 1999 y fue desconocido por la
persona a quien se imputa su autoría.
Por su parte, el juez de primera instancia adujo que el
aludido documento carecía de fuerza probatoria, porque no daba
certeza de que el señor Cerón Quintero -ex cónyuge de la actora-,
participó en su elaboración ni de que fue su autor. Agregó que así lo
hubiere creado, de todas maneras lo allí manifestado no alteraba la
conclusión sobre la existencia de la unión de hecho, toda vez que no
obraba prueba de su veracidad.
2.

Como es patente en el fallo recurrido, el tribunal

refrendó e hizo suyas las elucidaciones que en punto del valor
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probatorio del aludido mensaje electrónico asentó el juzgador de primer
grado, el cual, como quedó dicho, además de colegir que éste carecía
de autenticidad, acotó que si en gracia de discusión la misma pudiera
admitirse, lo cierto era que no podía tenerse como veraz, pues, por el
contrario, los testimonios recaudados daban cuenta de la
relación que mantuvo la pareja”

“buena

durante la convivencia, incluso

referían que lo que ella reflejaba ante sus familiares, vecinos y amigos
era una unión estable, permanente, de buen trato y de seguridad.
Esto es, que en un atinado ejercicio de valoración del
medio probatorio, ese fallador comenzó por establecer si el documento
gozaba de eficacia demostrativa, y descartada ésta por carencia de
autenticidad, le negó cualquier vigor persuasivo. Pero no se detuvo allí,
toda vez que para robustecer su inferencia, y dejando de lado ese
aspecto, abordó el relativo a la credibilidad que el mismo podía
suscitar, para concluir, rotundamente, por demás, que no era veraz.
Significa lo anterior, que a juicio de los juzgadores de instancia, aún en
la hipótesis de que el documento fuese auténtico y, por ende,
susceptible de ser estimado, no era creíble, razón de más para negarle
mérito probatorio.

Trátase de un discurso argumentativo sólido, en

cuanto examinó desde diferentes ámbitos el medio probatorio, sin
confundirlos y dándoles la prioridad debida, ejercicio al cabo del cual
anotó que por no ser auténtico éste carecía de valor probatorio; añadió
que de llegar a tenerlo, no era creíble.
Por supuesto que la autenticidad y la veracidad son
atributos distintos de la prueba documental, pues hacen referencia a
aspectos disímiles.

La primera concierne con la certeza que debe

tener el juzgador respecto de la persona a quien se le atribuye la
autoría del documento, certidumbre que alcanzará en la medida que se
encuentre en alguna de las hipótesis específicamente previstas por el
ordenamiento (artículos 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil,
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entre otros).

Establecida la autenticidad del documento, podrá el

juzgador avanzar en su estimación con miras a establecer su vigor
probatorio, particularmente su credibilidad, empeño que deberá
abordar de la mano de las reglas de la sana crítica.
Puede acontecer, entonces, respecto de la apreciación de
los documentos, que el fallador, en un examen ajustado a Derecho,
delanteramente los desestime en cuanto advierta que carecen de
autenticidad, esto es que, conforme a las reglas probatorias que
gobiernan la materia, no pudo establecerse con certeza la identidad de
su autor. Puede igualmente suceder que a pesar de haber fijado con
certidumbre dicha autoría, les niegue poder persuasivo en la medida en
que al supeditarlos al examen conjunto de las demás pruebas
aportadas al proceso, así como al someterlos al escrutinio de las reglas
de la experiencia, el sentido común, la lógica y la ciencia, infiera que no
son creíbles, es decir, que carecen de eficacia demostrativa de los
hechos o representaciones que contiene.
Es incontestable, subsecuentemente, que la autenticidad y
la veracidad son atributos distintos de la prueba documental, pues,
como ha quedado dicho, el primero tiene que ver con la plena
identificación del creador del documento, con miras a “establecer la
pertenencia del documento a la persona a quien se atribuye, es decir,
la correspondencia del sujeto que aparece elaborándolo o firmándolo,
con la persona que realmente lo hizo” (sent. 20 de octubre de 2005,
exp. 1996 1540 01), mientras que la veracidad concierne con el
contenido del documento y la correspondencia de éste con la realidad
o, en otros términos, está referida a la verdad del pensamiento,
declaración o representación allí expresados.
3. No hay duda, entonces, que los jueces de instancia
desestimaron el aludido mensaje electrónico porque, además de
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considerar que carecía de autenticidad, coligieron que, de llegar a
tenerla, no era veraz.

Y, precisamente, este último aspecto no fue

refutado por el casacionista, habida cuenta que enderezó la acusación
a censurar únicamente la inferencia concerniente con la autenticidad
del aludido documento, pues fundó el error de derecho denunciado en
que el tribunal se abstuvo de decretar de oficio las pruebas requeridas
para identificar plenamente el autor del documento en cuestión, dar
certeza de la participación de éste en la emisión del mismo y asociarla
con su contenido, pero en modo alguno discrepó de que no estuviera
demostrada la veracidad de los hechos referidos en el susodicho
mensaje, pues ningún esfuerzo hizo por mostrar lo contrario.
No puede desconocerse que al recurrente le competía
derribar la totalidad de los cimientos del fallo, pues si alguno de ellos
permanece en pie y, en sí mismo considerado, resulta suficiente para
preservar las conclusiones a las que llegó el juzgador, como aquí
acontece con el argumento relativo a la veracidad del mensaje de
datos, la censura no puede abrirse paso.
4. De todas maneras, al margen de la señalada deficiencia
técnica se tiene, por un lado, que ciertamente el correo electrónico al
que hace referencia el cargo formulado, carece de autenticidad, amén
de que no aparece fijada a él la firma digital de su autor; y por otro, que
el juzgador cognoscente del asunto agotó las facultades conferidas
para establecer su autenticidad, pues convocó a la persona a quien se
le imputaba su autoría -José Fernando Cerón Quintero, ex cónyuge de
la actora- a reconocer el mismo (folios 484 a 489 del C.1), sin que
éste hubiese aceptado ser su creador. No obstante, el resultado de
esa diligencia, el demandado se abstuvo de tramitar el respectivo
incidente de autenticidad.

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4.1 Bien es sabido que la autenticidad del documento es
un requisito ineludible de su eficacia, de modo que puede asentarse, y
así lo hace la Corte, que cuando carece de ella, es decir, cuando no se
tiene certeza de quién es su autor, el mismo está desprovisto de
cualquier vigor probatorio, de modo que le está vedado al juzgador
adentrarse más allá en su estimación; por supuesto que todo el
examen se agota y detiene en esa consideración. Por lo demás, es
evidente que es el mismo legislador el que señala de manera puntual
las circunstancias en las que le es dado al fallador inferir la autenticidad
del documento, de modo que semejante elucidación no queda al
arbitrio de éste.
Que las cosas son de ese modo es cuestión que se ofrece
como incontrastable en cuanto se examinan las reglas que gobiernan
la materia. En efecto, por un lado, el inciso primero del artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil, prescribe que

“es auténtico un

documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito o firmado”; esto es que, conforme a la reseñada
norma, la autenticidad es un requisito que concierne con la certidumbre
que debe abrigar el juzgador respecto del autor del mismo.
Seguidamente, reseña el aludido precepto las hipótesis en las que
puede colegirse tal circunstancia.

Por otro, el artículo 279 Ibídem,

refiriéndose a los documentos privados, prescribe que cuando éstos
son auténticos, tienen el mismo valor que los públicos

(cuya

autenticidad presume el artículo 252 ejusdem), entre quienes los
suscribieron o crearon y sus causahabientes, como frente a terceros.
En cambio, cuando éstos no son auténticos, carecen de cualquier vigor
demostrativo, pues como lo precisa la norma, a lo sumo, tendrán el
carácter de prueba sumaria, en cuyo caso, además de precaria, su
fuerza probatoria es eminentemente transitoria.

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4.1.1 A raíz de los avances tecnológicos en el campo de
los computadores, las telecomunicaciones y la informática surgió el
“documento electrónico”, concebido por la doctrina jurídica como
“cualquier representación en forma electrónica de hechos jurídicamente
relevantes, susceptibles de ser asimilados en forma humanamente
comprensible”, y reconocido por la legislación patria, concretamente,
por la Ley 527 de 1999, declarada exequible mediante las sentencias
C-662 de 8 de junio de 2000 y C-831 de 8 de agosto de 2001, estatuto
inspirado en la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico elaborada por
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), uno de cuyos principios vertebrales es el de
“la equivalencia funcional” de los documentos de esa especie y que se
funda en un análisis de los objetivos y funciones que cumple el
documento sobre papel con miras a determinar la manera de
satisfacerlos en el contexto tecnológico.
La precitada ley reguló los mensajes de datos y precisó
que ellos concernían con “la información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o
similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de
datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax” (art. 2). Entratándose, justamente, del correo electrónico -e
mail-, no mucho hay que averiguar para concluir que es, quizás, la
aplicación más difundida y utilizada por los usuarios de Internet, habida
cuenta que les permite el intercambio de datos con la posibilidad,
incluso, de adjuntar archivos, mediante la transferencia de información
en forma de mensaje de texto y de documentos anexos, entre un
transmisor y un receptor, con la intervención de sistemas de
comunicación electrónicos.
Volviendo al documento electrónico en general, es
oportuno precisar que el papel y la tinta son reemplazados por un
17
P.O.M.C. Exp.2004 01074 01

soporte material, que es la memoria de masa sobre la cual se graba el
mismo, y los impulsos electromagnéticos que fijan su contenido.
Igualmente, que la Ley 527 de 1999 lo asimiló, en cuanto a sus efectos
jurídicos, al contenido en un escrito al prescribir que “no se negarán
efectos jurídicos, validez o fuerza probatoria a todo tipo de información
por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos” (artículos
5º y 10, inc.2º), a la vez que lo admite como medio de prueba y remite
su eficacia o fuerza probatoria a las disposiciones contenidas en el
capítulo VIII del título XIII, sección 3ª del libro 2º del estatuto procesal
civil

(artículo 10, inc.1º), es decir, al régimen de la prueba por

documentos; y supedita su valoración a las reglas de la sana crítica y
demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de los
medios de persuasión (artículo 11), haciendo énfasis en que en esa
labor debe tenerse en cuenta “la confiabilidad en la forma en que se
haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en
la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la
forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor
pertinente”.
Aunque lo cierto es que desde antes de la expedición de la
reseñada

ley,

esos

productos

informáticos

ya

gozaban

de

reconocimiento jurídico en el ordenamiento patrio, pues así lo preveía
el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil al admitir como
prueba los elementos allí relacionados y cualquier otro que fuese útil
para la formación del convencimiento del juez, a la vez que el artículo
251 ibídem calificaba como documento todo objeto mueble que tuviese
carácter representativo o declarativo, sin que necesariamente su
contenido debiera materializarse por signos escritos; por supuesto que
al enunciar que son documentos, además de éstos, las fotografías, las
cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas,
las radiografías, etc., pone de relieve que bajo esa concepción
funcional del documento caben los archivos electromagnéticos. Aún
18
P.O.M.C. Exp.2004 01074 01

más, la Ley 270 de 1996, en su artículo 95, refiriéndose a la tecnología
puesta al servicio de la administración de justicia, equiparó la validez y
eficacia de los documentos emitidos por medios técnicos, electrónicos,
informáticos y telemáticos a la conferida al documento original, siempre
que estuviere garantizada su autenticidad, integridad y cumplimiento de
los requisitos exigidos por las leyes procesales; igualmente, la Ley 223
de 1995 elevó la factura electrónica a la categoría de factura de venta
(artículo 37).
4.1.2 Para determinar la fuerza probatoria del mensaje de
datos, el artículo 11 de la Ley 527, señala, como ya se pusiera de
presente, que deben atenderse las reglas de la sana crítica, así como
la confiabilidad que ofrezca la forma como se haya generado,
archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en que
se hubiere conservado la integridad de la información, la forma como
se identifique a su iniciador, y cualquier otro factor relevante.
La integralidad de la información tiene que ver con que el
texto del documento transmitido por vía electrónica sea recibido en su
integridad por el destinatario, tarea que puede cumplirse técnicamente
utilizando el procedimiento conocido como “sellamiento” del mensaje,
mediante el cual aquel se condensa de forma algorítmica y acompaña
al mensaje durante la transmisión, siendo recalculado al final de ella en
función de las características del mensaje realmente recibido; de modo,
pues, que si el mensaje recibido no es exacto al remitido, el sello
recalculado no coincidirá con el original y, por tanto, así se detectará
que existió un problema en la transmisión y que el destinatario no
dispone del mensaje completo. Incluso, la tecnología actual permite al
emisor establecer si el receptor abrió el buzón de correo electrónico y
presumiblemente leyó el mensaje.

19
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Esa característica guarda una estrecha relación con

la

“inalterabilidad”, requisito que demanda que el documento generado
por primera vez en su forma definitiva no sea modificado, condición
que puede satisfacerse mediante la aplicación de sistemas de
protección de la información, tales como la criptografía y las firmas
digitales.
Otros aspectos importantes son el de la “rastreabilidad”
del mensaje de datos que consiste en la posibilidad de acudir a la
fuente original de creación o almacenamiento del mismo con miras a
verificar su originalidad y su autenticidad. La “recuperabilidad”, o sea
la condición física por cuya virtud debe permanecer accesible para
ulteriores consultas; y la “conservación”, pues de ella depende la
perduración del instrumento en el tiempo, siendo necesario prevenir su
pérdida, ya sea por el deterioro de los soportes informáticos en que fue
almacenado, o por la destrucción ocasionada por “virus informáticos”
o cualquier otro dispositivo o programa ideado para destruir los bancos
de datos informáticos.

Una óptima conservación de la información

puede lograrse mediante la aplicación de protocolos de extracción y
copia, como también con un adecuado manejo de las reglas de cadena
y custodia.
4.1.3 Ahora, la autenticidad del mensaje de datos corre
paralela con la confiabilidad del mismo, determinada por la seguridad
de que esté dotado en cuanto a la forma como se hubiese generado y
conservado la integridad de la información y, por supuesto, en la forma
en que se identifique a su iniciador y la asociación de éste a su
contenido. Como todo documento, la eficacia probatoria del electrónico
dependerá, también, de su autenticidad, contándose con mecanismos
tecnológicos que permiten identificar el autor del mismo y asociarlo con
su contenido.

En este aspecto cobra particular relevancia la firma

electrónica, que es el género, y que puede comprender las firmas
20
P.O.M.C. Exp.2004 01074 01

escaneadas, o los métodos biométricos
digitales), y la firma digital

(como el iris y las huellas

-especie-, basada en la criptografía

asimétrica.
4.1.4

Siendo las cosas de ese modo, resulta oportuno

precisar en qué condiciones el mensaje de datos puede ser auténtico,
no sin antes reiterar que en la prueba documental la firma juega un
papel importante, en tanto que facilita la prueba de su autoría y, en
determinados eventos está revestida de una presunción legal de
autenticidad.
Por tal razón y ante la imposibilidad de que el documento
informático pudiese tener una firma manuscrita, fue concebida la de
carácter electrónico,

que consiste, según la doctrina, en “cualquier

método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado
por una parte con la intención actual de vincularse o autenticar un
documento,

cumpliendo

todas

o

algunas

de

las

funciones

características de una firma manuscrita”. En otras palabras, todo dato
que en forma electrónica cumpla una función identificadora, con
independencia del grado de seguridad que ofrezca, puede catalogarse
como firma electrónica; de suerte, pues, que dentro de este amplio
concepto tienen cabida signos de identificación muy variados, como los
medios biométricos, la contraseña o password, la criptografía, etc.
No obstante, dicha firma sólo producirá los efectos
jurídicos de la manuscrita

-equivalencia funcional- cuando cumpla

determinados requisitos de seguridad y de fiabilidad, cuestiones que
dependen del proceso técnico utilizado en su creación, siendo
altamente seguro el basado en la criptografía asimétrica -arte de cifrar
la información, mediante algoritmos de clave secreta-, porque garantiza
la identificación del autor del mensaje, integridad y confidencialidad del
mismo.

Dicho sistema es el utilizado para la creación de la
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denominada firma digital, la que corresponde a “un signo numérico
que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un
procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y
al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido
exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha
sido modificado después de efectuada la transformación” (Ley 527 de
1999, art. 2º, literal C).
La firma digital, ciertamente, está compuesta por un juego
de claves -una privada asociada a una pública-, y un certificado digital
emitido por las entidades autorizadas para el efecto, habida cuenta que
el suscriptor del documento lo firma mediante la introducción de una
clave privada, la cual activa un algoritmo que encripta el mensaje -lo
hace ininteligible- y lo envía junto con una copia del certificado digital
del mismo por la red de comunicaciones; a su vez, el receptor del
mismo para hacerlo comprensible tiene que activar el algoritmo
criptográfico, mediante la introducción de la clave pública del firmante,
y si ella está asociada a la primera se producirá la desencriptación.
Recibido el mensaje, el programa de ordenador del
receptor dará acceso al contenido del certificado digital, documento
mediante el cual el prestador de servicios de certificación vincula unos
datos de verificación de firma a un firmante y confirma la identidad de
éste; de suerte, pues, que la función principal del aludido certificado es
vincular una clave pública

-dato de verificación de firma-

a una

determinada información relativa a una persona concreta, dando así
seguridad de la identidad del autor del mensaje.

Por ello, tal

certificación debe contener el nombre, dirección y domicilio del
suscriptor e identificarlo; la clave pública del mismo; la metodología
para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el mensaje de
datos; el número de serie del certificado, su fecha de misión y
expiración y, por supuesto, estar firmado por el ente certificador e
22
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indicar su nombre, dirección y el lugar donde desarrolla sus actividades
(Artículo 35, Ley 527 de 1999).
Dicha especie de firma electrónica se equipara a la firma
ológrafa, por cuanto cumple idénticas funciones que ésta, con las más
exigentes garantías técnicas de seguridad, pues no sólo se genera por
medios que están bajo el exclusivo control del firmante, sino que puede
estar avalada por un certificado digital reconocido, mecanismos que
permiten identificar al firmante, detectar cualquier modificación del
mensaje y mantener la confidencialidad de éste.
De manera, pues, que el documento electrónico estará
cobijado por la presunción de autenticidad cuando hubiese sido firmado
digitalmente, puesto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 28
ibídem, se presumirá que su suscriptor tenía la intención de acreditarlo
y de ser vinculado con su contenido, claro está, siempre que ella
incorpore los siguientes atributos: a) fuere única a la persona que la
usa y estuviere bajo su control exclusivo; b) fuere susceptible de ser
verificada; c) estuviere ligada al mensaje, de tal forma que si éste es
cambiado

queda

invalidada;

y

d)

estar

conforme

a

las

reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. Por lo demás,
será necesario que hubiese sido refrendada por una entidad
acreditada, toda vez, que conforme lo asentó la Corte Constitucional,
éstas “certifican técnicamente que un mensaje de datos cumple con
los elementos esenciales para considerarlo como tal, a saber la
confidencialidad, la autenticidad, la integridad y la no repudiación de la
información, lo que, en últimas permite inequívocamente tenerlo como
auténtico” (C-662 de 2000), pues, a decir verdad, ellas cumplen una
función similar a la fedante.
4.2

Por otra parte, debe dejarse en claro qué ocurre con

los documentos electrónicos carentes de firma, punto en el cual cabe
23
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asentar que aunque ella es útil para establecer la autenticidad del
documento electrónico no es imprescindible, habida cuenta que cuando
el mensaje carece de ella, el juez puede adquirir certeza sobre su
autoría mediante otros mecanismos, particularmente, mediante el
reconocimiento que del mismo haga la persona a quien se le atribuye o
el que hagan sus causahabientes, todo esto sin olvidar que podrá la
parte que lo aportó tramitar el incidente de autenticidad, en el que le
incumbirá la carga de probarla.
En ese orden de ideas, el reconocimiento regulado por el
artículo 269 del C. de P. Civil se impondrá como insoslayable respecto
del mensaje de datos desprovisto de una firma digital, habida cuenta
que se trata de un documento que no ha sido suscrito ni manuscrito por
su autor y carece de un signo de individualidad que permita imputar
autoría y, por ende, ejercer el derecho de contradicción a la persona
que la parte que lo aporta señala como su creador.
Si las cosas son de ese modo, refulge la inanidad de la
acusación que el censor hizo consistir en que el juzgador no agotó las
facultades oficiosas con miras a establecer la autenticidad del mensaje
de datos contenido en el correo electrónico que le atribuyó al señor
Fernando

Cerón

Quintero,

primer

esposo

de

su

compañera

permanente, pues habiendo sido éste citado a que reconociera el
documento y asumiera su contenido como de su autoría, el
compareciente lo negó rotundamente, desconocimiento ante el cual
ninguna actividad oficiosa podría reclamársele al juez.
Es evidente que de persistir el demandado en la creencia
de que ese correo realmente debía atribuirse al mencionado señor,
debió emprender la demostración pertinente, sin que le sea dado
aliviarse de sus cargas probatorias trasladándoselas al juez, pues,

24
P.O.M.C. Exp.2004 01074 01

como es sabido, las facultades oficiosas de éste no fueron previstas
para suplir la inactividad de las partes.
Así las cosas, el cargo no se abre paso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia proferida el 3 de julio de 2009, por la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso
ordinario promovido por MARTHA HELENA PILONIETA frente a
GABRIEL HUMBERTO PULIDO CASAS.
Costas a cargo de la parte recurrente.

NOTIFÍQUESE.

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

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PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

WILLIAM NAMÉN VARGAS

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

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P.O.M.C. Exp.2004 01074 01

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