Este documento describe las sanciones aplicables a los servidores públicos por incumplir con sus obligaciones constitucionales en México. Establece que las sanciones pueden ser disciplinarias, administrativas o económicas, como amonestaciones, suspensiones, destituciones o multas. Detalla los criterios para determinar qué sanción aplicar dependiendo de si hubo lucro personal, daños al erario público u otras circunstancias relacionadas con la falta cometida.