Ley1122

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LEY NÚMERO 1122 DE 2007
(Enero 9)
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º: Objeto. La presente ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los
servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección,
universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y
mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud
pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de
redes para la prestación de servicios de salud.
CAPITULO II
DE LA DIRECCIÓN Y REGULACION
Artículo 2º. Evaluación por Resultados. El Ministerio de la Protección Social, como órgano
rector del sistema, establecerá dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la
presente ley los mecanismos que permitan la evaluación a través de indicadores de gestión y
resultados en salud y bienestar de todos los actores que operan en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. El Ministerio, como resultado de esta evaluación, podrá definir
estímulos o exigir, entre otras, la firma de un convenio de cumplimiento, y si es del caso, solicitará
a la Superintendencia Nacional de Salud suspender en forma cautelar la administración de los
recursos públicos, hasta por un año de la respectiva entidad. Cuando las entidades municipales no
cumplan con los indicadores de que trata este artículo, los departamentos asumirán su
administración durante el tiempo cautelar que se defina. Cuando sean los Departamentos u otras
entidades del sector de la salud, los que incumplen con los indicadores, la administración cautelar
estará a cargo del Ministerio de la Protección Social o quien éste designe. Si hay reincidencia,
previo informe del Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud
evaluará y podrá imponer las sanciones establecidas en la Ley.
Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en cuenta la
rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización, cobertura, aplicación de
estándares internacionales sobre contratación de profesionales en las áreas de la salud para la
atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad laboral de sus servidores y
acatamiento a las normas de trabajo.
Artículo 3º. Comisión de Regulación en Salud: Creación y naturaleza. Créase la Comisión de
Regulación en Salud (CRES) como unidad administrativa especial, con personería jurídica,
autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de la Protección Social.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud mantendrá vigentes sus funciones establecidas
en la Ley 100 de 1993, mientras no entre en funcionamiento la Comisión de Regulación en Salud
CRES.

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Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones

Parágrafo: Se le dará al actual Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud un carácter de
asesor y consultor del Ministerio de la Protección Social y de la Comisión de Regulación en Salud.
El Ministerio de la Protección Social reglamentará las funciones de asesoría y consultoría del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Artículo 4º. Composición. La Comisión de Regulación en Salud estará integrada de la siguiente
manera:
1. El Ministro de la Protección Social quien la preside, excepcionalmente podrá delegar sólo en
alguno de sus Viceministros.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público quien, excepcionalmente podrá delegar sólo en
alguno de sus Viceministros.
3. Cinco Comisionados expertos, designados por el Presidente de la República, de ternas
enviadas por diferentes entidades tales como: Asociación Colombiana de Universidades, Centros
de Investigación en Salud, Centros de Investigación en Economía de la Salud, Asociaciones de
Profesionales de la Salud y Asociaciones de Usuarios debidamente organizados. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia.
Parágrafo: Las ternas serán elaboradas por las anteriores organizaciones, a partir de una lista de
elegibles conformada mediante concurso público de méritos para todas las profesiones que
incluyan examen de antecedentes laborales, examen de conocimientos sobre el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con su experiencia y entrevista conforme lo señale el
reglamento.
Artículo 5º: Comisionados expertos. Los comisionados expertos de la Comisión de Regulación
en Salud serán de dedicación exclusiva.
Los anteriores comisionados ejercerán por períodos individuales de tres (3) años, reelegibles por
una sola vez y no estarán sujetos a las disposiciones que regulan la carrera administrativa.
Parágrafo 1º. Los comisionados estarán sujetos al siguiente régimen de inhabilidades e
incompatibilidades:
Los comisionados no podrán tener directa o a través de terceros ningún vínculo contractual o
comercial con entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud y
productoras o comercializadores mayoristas de medicamentos o insumos hospitalarios.
No podrán ser comisionados aquellas personas cuyo cónyuge o compañero (a) permanente, o sus
parientes en el tercer grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil, sean
representantes legales, miembros de junta directiva o accionistas o propietarios de entidades
promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud, empresas productoras o
comercializadoras mayoristas de medicamentos o insumos hospitalarios.
Parágrafo 2º. Los expertos deberán ser profesionales mínimo con título de maestría o su
equivalente, cada uno de ellos deberá acreditar experiencia en su respectiva área no menor de 10
años.
Parágrafo transitorio. Los comisionados expertos y seleccionados en la primera integración de la
CRES, tendrán los siguientes periodos: un Comisionado tendrá un período de un (1) año, dos de
dos (2) años y dos de tres (3) años. Al vencimiento del período de cada uno de estos expertos, el
Presidente de la República designará el reemplazo respectivo, con base en los criterios
estipulados en el artículo anterior, para períodos ordinarios de tres (3) años.
Artículo 6º. Secretaría Técnica. La Comisión de Regulación en Salud tendrá una secretaría
técnica, que apoyará los estudios técnicos que soporten las decisiones de este organismo. El
Secretario Técnico será designado por el Presidente de la Comisión de Regulación en Salud.

Artículo 7º: Funciones. La Comisión de Regulación en Salud ejercerá las siguientes funciones:
1. Definir y modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) que las Entidades Promotoras de
Salud (EPS) garantizarán a los afiliados según las normas de los Regímenes Contributivo y
Subsidiado.

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2. Definir y revisar, como mínimo una vez al año, el listado de medicamentos esenciales y
genéricos que harán parte de los Planes de Beneficios.
3. Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación de cada Régimen, de acuerdo con la
presente Ley. Si a 31 de diciembre de cada año la Comisión no ha aprobado un incremento en el
valor de la UPC, dicho valor se incrementará automáticamente en la inflación causada.
4.
Definir el valor por beneficiario de los subsidios parciales en salud, sus beneficios y los
mecanismos para hacer efectivo el subsidio.
5. Definir los criterios para establecer los pagos moderadores de que trata el numeral 3° del
artículo 160 y los artículos 164 y 187 de la Ley 100 de 1993.
6. Definir el régimen que deberán aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de las
incapacidades originadas en enfermedad general o en las licencias de maternidad, según las
normas del Régimen Contributivo.
7. Establecer y actualizar un Sistema de tarifas que debe contener entre otros componentes, un
manual de tarifas mínimas que será revisado cada año, incluyendo los honorarios profesionales.
En caso de no revisarse el mismo, será indexado con la inflación causada.
8. Presentar ante las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, un informe anual sobre la
evolución del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las recomendaciones para
mejorarlo.
9. Recomendar proyectos de ley o de decretos reglamentarios cuando a su juicio sean requeridos
en el ámbito de la salud.
10. Adoptar su propio reglamento.
11. Las demás que le sean asignadas por Ley.
Parágrafo 1. El valor de pagos compartidos y de la UPC serán revisados por lo menos una vez
por año, antes de iniciar la siguiente vigencia fiscal, y el nuevo valor se determinará con
fundamento en estudios técnicos previos.
Parágrafo 2. En casos excepcionales, motivados por situaciones de emergencia sanitaria que
puedan afectar la salubridad pública, el Ministerio de la Protección Social asumirá temporalmente
las funciones de la Comisión de Regulación en Salud.
Parágrafo 3. Las decisiones de la Comisión de Regulación en Salud referidas al régimen
contributivo deberán consultar el equilibrio financiero del sistema, de acuerdo con las
proyecciones de sostenibilidad de mediano y largo plazo, y las referidas al régimen
subsidiado, en cualquier caso serán compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Artículo 8º: Financiación de la Comisión de Regulación en Salud. La Comisión de Regulación
en Salud se financiará con recursos del FOSYGA incluyendo la remuneración de los
Comisionados, la secretaria técnica y los costos de los estudios técnicos necesarios. Dichos
estudios serán definidos y contratados por la Comisión.
CAPITULO III
DEL FINANCIAMIENTO
Artículo 9º. Financiación: El Sistema General de Seguridad Social en Salud alcanzará, en los
próximos tres años, la cobertura universal de aseguramiento en los niveles I, II y III del SISBEN de
las personas que cumplan con los requisitos para la afiliación al Sistema.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional
deberá presupuestar la totalidad de los recaudos de las sub-cuentas de solidaridad y ECAT. Por
ningún motivo el valor presupuestado puede ser inferior al valor recaudado por estas sub.-cuentas
en la vigencia anterior, más la inflación. Los recursos de la UPC no podrán destinarse al pago de
pensiones a cargo de las Empresas Promotoras de Salud (EPS´s).
Artículo 10.º: Modifícase el inciso primero del artículo 204 de la ley 100 de 1993, el cual quedará
así:
Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al régimen contributivo de
Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de
cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será
del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán
trasladados a la subcuenta de Solidaridad del FOSYGA para contribuir a la financiación de los
beneficiarios del régimen subsidiado. Las cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes
especiales y de excepción se incrementarán en cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del
empleador, que será destinado a la sub-cuenta de solidaridad para completar el uno punto cinco
a los que hace referencia el presente artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional

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reemplaza en parte el incremento del punto en pensiones aprobado en la ley 797 de 2003, el cual
sólo será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por ciento (0,5%).
Artículo 11º: Modificase el artículo 214 de la ley 100, el cual quedará así:
Artículo 214: Recursos del Régimen subsidiado. El régimen subsidiado se financiará con los
siguientes recursos:
1) De las entidades territoriales.
a. Los recursos del Sistema General de Participaciones en salud – SGP.S que se destinarán
previo concepto del CONPES, y en una forma progresiva al régimen subsidiado en salud: en el
año 2007 el 56%, en el año 2008 el 61% y a partir del año 2009 el 65%, porcentaje que no podrá
ser superado. El porcentaje restante se destinará, de acuerdo a la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional para financiar la atención de la población pobre no asegurada, las actividades
no cubiertas por subsidio a la demanda y a las acciones en salud pública.
b. Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar y los recursos
transferidos por ETESA a las entidades territoriales, que no estén asignados por Ley a pensiones,
funcionamiento e investigación. Estos recursos se contabilizarán como esfuerzo propio territorial.
c. Sin perjuicio de lo previsto en el primer inciso del artículo 60 de la Ley 715 de 2001, a partir del
año 2009, del monto total de las rentas cedidas destinadas a salud de los departamentos y el
Distrito Capital, se destinarán por lo menos el 25% a la financiación del régimen subsidiado o el
porcentaje que a la entrada en vigencia de la presente Ley estén asignando, si éste es mayor.
Estos recursos se contabilizarán como esfuerzo propio territorial. Para los años 2007 y 2008 se
mantendrá en pesos constantes el monto de los recursos de rentas cedidas asignados al régimen
subsidiado en la vigencia 2006.
d. Otros recursos propios de las entidades territoriales que hoy destinan o que puedan destinar en
el futuro a la financiación del régimen subsidiado.
e. Los recursos propios y los demás que asignen las entidades territoriales al régimen subsidiado,
diferentes a los que deben destinar por Ley, deberán estar garantizados de manera permanente.
2) Del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA.
a. Uno punto cinco de la cotización del régimen contributivo y de los regímenes especiales y de
excepción.
b. El Gobierno Nacional aportará un monto por lo menos igual en pesos constantes mas un punto
anual adicional a lo aprobado en el presupuesto de la vigencia del año 2007 cuyo monto fue de
doscientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y tres millones de pesos
($286.953.000.000,oo). En todo caso el Gobierno Nacional garantizará los recursos necesarios
para cumplir con el proceso de universalización de la población de SISBEN I, II y III en los
términos establecidos en la presente ley.
c. El monto de las cajas de compensación familiar de que trata el Artículo 217 de la Ley 100 de
1993.
3) Otros.
a.
Los recursos que para tal efecto sean aportados por gremios, asociaciones y otras
organizaciones.
b. Los rendimientos financieros que produzcan las diferentes fuentes que financian el régimen
subsidiado.
c. El 15% de los recursos adicionales que a partir de 2007 reciban los municipios, distritos y
departamentos como participación y transferencias por concepto de impuesto de rentas sobre la
producción de las empresas de la industria petrolera causada en la zona de Cupiagua y Cusiana.
d. Los recursos que aporten los afiliados que tienen derecho a subsidio parcial y que quieran optar
al subsidio pleno o al POS del régimen contributivo.
Parágrafo. Los recursos del régimen subsidiado de salud transferidos por el Sistema General de
Participaciones y el Fondo de Solidaridad y Garantía se distribuirán dentro de los municipios y
distritos con criterio de equidad territorial. En todo caso, se garantizará la continuidad del
aseguramiento de quienes lo han adquirido, siempre y cuando cumplan los requisitos para estar
en el régimen subsidiado.
Artículo 12°. Pago de Deudas al régimen subsidiado. Autorízase a los municipios y
departamentos para destinar por una sola vez, recursos no comprometidos, provenientes del

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Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y del Fondo Nacional de Regalías, para el
pago de las deudas con el régimen subsidiado de salud vigentes a 31 de diciembre de 2004, que
hayan sido registradas en los estados financieros de las ARS a diciembre de 2005. Si las ARS (a
partir de esta ley EPS del régimen subsidiado) con las que se tengan estas cuentas le adeudan a
la red de prestadores, el FAEP y el Fondo Nacional de Regalías, realizarán el giro directo a las
instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública, previa revisión de las cuentas
pendientes con el régimen subsidiado.
Artículo 13º: Flujo y Protección de los recursos. Los actores responsables de la administración,
flujo y protección de los recursos deberán acogerse a las siguientes normas:
a. El gasto de los recursos de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA se programará
anualmente por un valor no inferior al recaudo del año anterior incrementado por la inflación
causada y se girará, a las entidades territoriales por trimestre anticipado previo cumplimiento de la
radicación de los contratos, la acreditación de cuentas maestras y el envío y cruce de la base de
datos de los afiliados, sin que sean exigibles otros requisitos. El no cumplimiento oportuno de
estos giros, generará las sanciones correspondientes por parte de la Superintendencia Nacional
de Salud de acuerdo a lo establecido en la ley. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público girará
por trimestre anticipado los recursos que por Presupuesto Nacional le correspondan al FOSYGA.
b. Todos los recursos de salud, se manejarán en las entidades territoriales mediante los fondos
locales, distritales y departamentales de salud en un capítulo especial, conservando un manejo
contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permita identificar con precisión el origen y
destinación de los recursos de cada fuente. El manejo de los recursos se hará en tres cuentas
maestras, con unidad de caja al interior de cada una de ellas. Estas cuentas corresponderán al
recaudo y al gasto en salud pública colectiva, régimen subsidiado de salud y prestación de
servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, con las excepciones de algunos
rubros que en salud pública colectiva o en prestación de servicios de salud en lo no cubierto por
subsidios a la demanda, señale el Ministerio de la Protección Social.
Las cuentas maestras deberán abrirse con entidades financieras que garanticen el pago de
intereses a tasas comerciales aceptables, el incumplimiento de lo anterior acarreará las sanciones
previstas en el artículo 2 de la presente ley. El Ministerio de la Protección Social reglamentará la
materia, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente ley.
c. Los pagos, efectuados por la entidad territorial a las EPS del régimen subsidiado se harán
bimestre anticipado dentro de los primeros 10 días de cada bimestre. Estos pagos se harán solo
mediante giro electrónico, a cuentas previamente registradas de entidades que estén debidamente
habilitadas y mediante la presentación de facturas que cumplan lo previsto en el artículo 617 del
Estatuto Tributario.
d. Las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán los servicios a los
Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un 100% si los contratos son por
capitación. Si fuesen por otra modalidad, como pago por evento, global prospectivo o grupo
diagnóstico se hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor de la factura, dentro de los
cinco días posteriores a su presentación. En caso de no presentarse objeción o glosa alguna, el
saldo se pagará dentro de los treinta días (30) siguientes a la presentación de la factura, siempre y
cuando haya recibido los recursos del ente territorial en el caso del régimen subsidiado. De lo
contrario, pagará dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción del pago. El Ministerio
de la Protección Social reglamentará lo referente a la contratación por capitación, a la forma y los
tiempos de presentación, recepción, remisión y revisión de facturas, glosas y respuesta a glosas y
pagos e intereses de mora, asegurando que aquellas facturas que presenten glosas queden
canceladas dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la factura.
e. Los municipios y distritos destinarán hasta el 0,4% de los recursos del régimen subsidiado, para
financiar los servicios de interventoría de dicho régimen. La interventoría sólo podrá ser contratada
con entidades previamente habilitadas departamentalmente y del Distrito Capital, a través de
concursos de méritos, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección
Social.
Adicionalmente, los municipios y distritos destinarán el 0,2% de los recursos del régimen
subsidiado a la Superintendencia Nacional de Salud para que ejerza la inspección, vigilancia y
control en las entidades territoriales. El recaudo al que hace referencia el presente inciso, será

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reglamentado por el Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley.
f. Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, manejarán los recursos en
cuentas maestras separadas para el recaudo y gasto en la forma que reglamente el Ministerio de
la Protección Social. Sus rendimientos deberán ser invertidos en los Planes Obligatorios de
Salud.
Parágrafo 1º: El Gobierno Nacional tomará todas las medidas necesarias para asegurar el flujo
ágil y efectivo de los recursos del Sistema, utilizando de ser necesario, el giro directo y la sanción
a aquellos actores que no aceleren el flujo de los recursos.
Parágrafo 2º. Los giros correspondientes al Sistema General de Participaciones para salud,
destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se podrán
efectuar directamente a los actores del Sistema, en aquellos casos en que alguno de los actores
no giren oportunamente. Este giro se realizará en la forma y oportunidad que señale el reglamento
que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Los mecanismos de sanción y giro oportuno de
recursos también se deben aplicar a las EPS que manejan el régimen contributivo.
Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional, antes de seis meses de la entrada en vigencia de la presente
ley, establecerá los mecanismos que busquen eliminar la evasión y la elusión en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Parágrafo 4º. El Ministerio de la Protección Social ejercerá las funciones propias del consejo de
administración del FOSYGA.
Parágrafo 5°. Cuando los Entes Territoriales o las Entidades Promotoras de Salud, EPS o ARS no
paguen dentro de los plazos establecidos en la presente Ley a las Instituciones Prestadoras de
Servicios, estarán obligadas a reconocer intereses de mora a la tasa legal vigente que rige para
las obligaciones financieras.
Parágrafo 6°. Cuando las IPS no paguen oportunamente a los profesionales que les prestan sus
servicios, estarán obligadas a reconocer intereses de mora a la tasa legal vigente que rige para las
obligaciones financieras, de acuerdo con la reglamentación que, para ello expida el Ministerio de la
Protección Social dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley.
CAPITULO IV
DEL ASEGURAMIENTO
Artículo 14º. Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley entiéndase por
aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la
articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la
prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás
actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el
riesgo transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes
Obligatorios de Salud.
Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las
funciones indelegables del aseguramiento. Las entidades que a la vigencia de la presente ley
administran el régimen subsidiado se denominarán en adelante Entidades Promotoras de Salud
del Régimen Subsidiado.(EPS´S). Cumplirán con los requisitos de habilitación y demás que
señala el reglamento.
A partir de la vigencia de la presente Ley el Sistema tendrá las siguientes reglas adicionales para
su operación:
a. Se beneficiarán con subsidio total o pleno en el Régimen Subsidiado, las personas pobres y
vulnerables clasificadas en los niveles I y II del SISBEN o del instrumento que lo remplace,
siempre y cuando no estén en el régimen contributivo o deban estar en él o en otros regímenes
especiales y de excepción.
Conservarán los subsidios quienes a la vigencia de la presente Ley cuenten con subsidios
parciales y estén clasificados en los niveles I y II del SISBEN y las poblaciones especiales que el
Gobierno Nacional defina como prioritarias.

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Se promoverá la afiliación de las personas que pierdan la calidad de cotizantes o beneficiarios del
régimen contributivo y que pertenezcan a los niveles I y II del SISBEN.
b. La ampliación de cobertura con subsidios parciales a nivel municipal se hará una vez se haya
logrado una cobertura del 90% al régimen subsidiado de los niveles I y II del SISBEN y aplicará
únicamente para personas clasificadas en el nivel III del SISBEN. Tendrán prioridad quienes
hayan perdido su afiliación al régimen contributivo, de acuerdo con la reglamentación que
establezca el Ministerio de la Protección Social.
c. Los beneficiarios del nivel III del SISBEN que estén afiliados al Régimen Subsidiado mediante
subsidios totales o parciales al momento de la entrada en vigencia de la presente ley y que hayan
recibido su carné de régimen subsidiado de acuerdo a las reglas vigentes en el momento de la
carnetización, mantendrán su condición siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos
para ser beneficiarios.
d. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos e incentivos para promover que la
población del nivel III del SISBEN pueda, mediante los aportes complementarios al subsidio
parcial, afiliarse al régimen contributivo o recibir los beneficios plenos del régimen subsidiado. La
UPC de los subsidios parciales no podrá ser inferior al 50% del valor de la UPC-S.
e. La Comisión de Regulación en Salud actualizará anualmente el Plan Obligatorio de Salud
buscando el acercamiento progresivo de los contenidos de los planes de los dos regímenes con
tendencia hacia el que se encuentra previsto para el régimen contributivo.
f. El valor total de la UPC del Régimen Subsidiado será entregado a las EPS del régimen
subsidiado. Las actividades propias del POS subsidiado incluidas las de promoción y prevención
serán ejecutadas a través de las EPS del Régimen Subsidiado.
La prestación de los servicios para la atención de Promoción y Prevención se hará a través de la
red pública contratada por las EPS del Régimen Subsidiado del respectivo municipio. Cuando las
ESE’s no tengan capacidad para prestar estos servicios de promoción y prevención o cuando los
resultados pactados entre EPS del Régimen Subsidiado y las ESE’s se incumplan, estos servicios
podrán prestarse a través de otras entidades, previa autorización del Ministerio de la Protección
social o en quien éste delegue. Los municipios acordarán con las EPS del Régimen Subsidiado los
mecanismos para que las atenciones en salud y de promoción y prevención se efectúen cerca a
la residencia del afiliado, con agilidad y celeridad.
g. No habrá copagos ni cuotas moderadoras para los afiliados del Régimen Subsidiado en Salud
clasificados en el nivel I del SISBEN o el instrumento que lo remplace.
h. No habrá períodos mínimos de cotización o periodos de carencia superiores a 26 semanas en el
Régimen Contributivo. A los afiliados se les contabilizará el tiempo de afiliación en el Régimen
Subsidiado o en cualquier EPS del Régimen Contributivo, para efectos de los cálculos de los
periodos de carencia.
i. La afiliación inicial de la población de desplazados y desmovilizados cuyo financiamiento en su
totalidad esté a cargo del FOSYGA se hará a una Entidad Promotora de Salud de naturaleza
pública del orden nacional, sin perjuicio de que preserve el derecho a la libre elección en el
siguiente periodo de traslado. El Gobierno Nacional reglamentará la afiliación de esta población
cuando en el respectivo municipio no exista dicha oferta.
j. En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten medicamentos no
incluidos en el Plan de beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán a consideración del
Comité Técnico Científico dichos requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales
solicitudes ni las tramita ante el respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos
mediante acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el
FOSYGA. El Ministerio de la Protección Social reglamentará el presente artículo, dentro de los
seis (6) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley. En todo caso, cuando el
FOSYGA haga el reconocimiento, el pago se hará sobre la base de las tarifas mínimas definidas
por la Comisión de Regulación en Salud.
k. Es responsabilidad de los aseguradores el implementar programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad que se enmarquen dentro las prioridades definidas en el Plan
Nacional de Salud Pública. La gestión y resultados de dichos programas serán monitoreados a
través de los mecanismos de evaluación de que trata el artículo segundo de la presente Ley.

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disposiciones

l. Por tratarse de una población dispersa geográficamente y con el fin de facilitar la operatividad en
la atención en salud de la población de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare,
Guainia, Putumayo, Vichada y Vaupés, el Gobierno Nacional definirá los mecanismos que
permitan mejorar el acceso a los servicios de salud de dichas comunidades y fortalecerá el
aseguramiento público en dichos Departamentos.
m. La población reclusa del país se afiliará al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El
Gobierno Nacional determinará los mecanismos que permitan la operatividad para que esta
población reciba adecuadamente sus servicios.
Artículo 15º: Regulación de la integración vertical patrimonial y de la posición dominante.
Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no podrán contratar, directamente o a través de
terceros, con sus propias IPS más del 30% del valor del gasto en salud. Las EPS podrán distribuir
este gasto en las proporciones que consideren pertinentes dentro de los distintos niveles de
complejidad de los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud.
El Gobierno Nacional reglamentará dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la
presente ley, las condiciones de competencia necesarias para evitar el abuso de posición
dominante o conflictos de interés, de cualquiera de los actores del sistema de salud.
Dese un período de transición de un (1) año para aquellas EPS que sobrepasen el 30% de que
trata el presente artículo para que se ajusten a este porcentaje.
Parágrafo. Las EPS del Régimen Contributivo garantizarán la inclusión en sus redes de
Instituciones Prestadoras de Salud de carácter público.
Artículo 16º: Contratación en el Régimen Subsidiado y EPS Públicas del Régimen
Contributivo. Las Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado contratarán obligatoria
y efectivamente un mínimo porcentual del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado
debidamente habilitadas en el municipio de residencia del afiliado, siempre y cuando exista allí la
correspondiente capacidad resolutiva. Dicho porcentaje será, como mínimo, el sesenta por ciento
(60%). Lo anterior estará sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y
resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas. Las Entidades
Promotoras de Salud de naturaleza pública del Régimen Contributivo, deberán contratar como
mínimo el 60% del gasto en salud con las ESEs escindidas del ISS siempre y cuando exista
capacidad resolutiva y se cumpla con indicadores de calidad y resultados, indicadores de gestión y
tarifas competitivas.
El Ministerio de la Protección Social reglamentará este artículo de tal manera que permita la
distribución adecuada de este porcentaje en los diferentes niveles de complejidad, teniendo en
cuenta la diversidad de las diferentes Entidades Territoriales.
Parágrafo. Se garantizarán los servicios de baja complejidad de manera permanente en el
municipio de residencia de los afiliados, salvo cuando a juicio de éstos sea más favorable
recibirlos en un municipio diferente con mejor accesibilidad geográfica.
Artículo 17º: Liquidación de contratos en el régimen subsidiado. Los gobernadores y/o
alcaldes tendrán un plazo de seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente ley, para liquidar
de mutuo acuerdo, en compañía de las EPS del Régimen Subsidiado, los contratos que hayan
firmado las Entidades territoriales como consecuencia de la operación del Régimen Subsidiado, y
que tengan pendiente liquidar en cada Entidad Territorial.
En los casos en que no haya acuerdo para la liquidación o que los entes territoriales no lo hagan
una vez vencido el plazo señalado en el presente articulo, el Ministerio de la Protección Social
reglamentará el mecanismo por el cual se permita que, a través de un mecanismo de arbitramento
técnico se proceda a la liquidación de los mismos, en el menor tiempo posible.
Artículo 18º. Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios.
Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de
Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización
máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá autorizar a la entidad
contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello genere relación laboral.

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disposiciones

Para los demás contratos y tipos de ingresos el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de
presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas, la región de
operación, la estabilidad y estacionalidad del ingreso.
Parágrafo. Cuando el contratista pueda probar que ya está cotizando sobre el tope máximo de
cotización, no le será aplicable lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 19º: Aseguramiento del Alto Costo. Para la atención de enfermedades de alto costo las
entidades promotoras de salud contratarán el reaseguro o responderán, directa o colectivamente
por dicho riesgo, de conformidad con la reglamentación que sobre la materia expida el Gobierno
Nacional.
Artículo 20º. Prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por
subsidios a la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con Empresas Sociales del
Estado debidamente habilitadas, la atención de la población pobre no asegurada y lo no cubierto
por subsidios a la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el
municipio o en su área de influencia, la entidad territorial, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud debidamente habilitadas.
Parágrafo. Se garantiza a todos los colombianos la atención inicial de urgencias en cualquier IPS
del país. Las EPS o las entidades territoriales responsables de la atención a la población pobre no
cubierta por los subsidios a la demanda, no podrán negar la prestación y pago de servicios a las
IPS que atiendan sus afiliados, cuando estén causados por este tipo de servicios, aún sin que
medie contrato. El incumplimiento de esta disposición, será sancionado por la Superintendencia
Nacional de Salud con multas, por una sola vez o sucesivas, hasta de 2000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMLMV) por cada multa, y en caso de reincidencia podrá conllevar
hasta la pérdida o cancelación del registro o certificado de la institución.
Artículo 21º: Movilidad entre Regimenes. Con el ánimo de lograr la permanencia en el Sistema,
los afiliados al régimen subsidiado que ingresen al régimen contributivo deberán informar tal
circunstancia a la entidad territorial para que proceda a suspender su afiliación la cual se
mantendrá por un año, termino dentro del cual podrá reactivarla.
Artículo 22º: Del subsidio a la cotización: Aquellas personas que teniendo derecho al régimen
subsidiado pero que, hayan cotizado al régimen contributivo dos (2) años dentro de los últimos
cuatro (4) años, tendrán prioridad en cualquier programa de subsidio a la cotización que como
desarrollo de la presente ley, se implemente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Parágrafo. El Subsidio a la cotización, una vez sea definido por la Comisión de Regulación en
Salud, se mantendrá por lo menos durante un año a los beneficiarios del mismo.
Artículo 23º: Obligaciones de las Aseguradoras para garantizar la Integralidad y continuidad
en la Prestación de los Servicios. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen
contributivo y subsidiado deberán atender con la celeridad y la frecuencia que requiera la
complejidad de las patologías de los usuarios del mismo. Así mismo las citas médicas deben ser
fijadas con la rapidez que requiere un tratamiento oportuno por parte de la EPS, en aplicación de
los principios de accesibilidad y calidad correspondiente.
El Gobierno Nacional reglamentará dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la
presente ley, los limites de afiliación a las entidades promotoras de salud, previo estudio técnico
que se realice de acuerdo a las capacidades técnicas, científicas y administrativas de las mismas.
Artículo 24º. Afiliación de las entidades públicas al Sistema General de Riesgos
Profesionales. A partir de la vigencia de la presente ley todas las entidades públicas del orden
nacional, departamental, distrital ó municipal podrán contratar directamente con la administradora
de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales, de no ser así, deberán seleccionar su
administradora de riesgos
profesionales mediante concurso público, al cual se invitará
obligatoriamente por lo menos a una administradora de riesgos profesionales de naturaleza
pública. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los regímenes de excepción previstos en
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
CAPITULO V
DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

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disposiciones

Artículo 25º: De la Regulación en la prestación de servicios de salud. Con el fin de regular la
prestación de los servicios de salud, el Ministerio de la Protección Social definirá:
a. Los requisitos y el procedimiento para la habilitación de nuevas Instituciones prestadoras de
servicios de salud teniendo en cuenta criterios poblacionales, epidemiológicos, financieros,
socioeconómicos y condiciones del mercado. Toda nueva Institución Prestadora de Servicios de
Salud, habilitará en forma previa al inicio de actividades, ante el Ministerio de la Protección Social
los servicios de salud que pretenda prestar. El Ministerio podrá delegar la habilitación en las
entidades territoriales.
b. Definir las medidas necesarias para evitar la selección adversa y selección de riesgo de los
usuarios por parte de las EPS y de los entes territoriales, para evitar la distribución inequitativa de
los costos de la atención de los distintos tipos de riesgo.
c. El diseño de un sistema de clasificación de IPS, con base en los indicadores, que provea el
sistema obligatorio de garantía de calidad relacionado con el Sistema Tarifario, de manera que
incentive a las IPS para ascender en su clasificación y optar por mejores tarifas.
d. Los mecanismos para que las EPS, de los diferentes regímenes, garanticen a los afiliados la
posibilidad de escoger entre las diferentes opciones de IPS existentes en la red ofrecida por la
aseguradora en su área de influencia, sin perjuicio de lo previsto en la presente ley como
porcentaje mínimo a contratar con la red pública de prestación de servicios en el régimen
subsidiado.
Parágrafo 1. El usuario que vea menoscabado su derecho a la libre escogencia de IPS o que se
haya afiliado con la promesa de obtener servicios en una determinada red de prestadores y ésta
no sea cierta, podrá cambiar de aseguradora sin importar el tiempo de permanencia en ésta. El
traslado voluntario de un usuario podrá hacerse a partir de un año de afiliado a esa EPS según
reglamentación que para dichos efectos expida el Ministerio de la Protección Social. La
Superintendencia Nacional de Salud podrá delegar en las entidades territoriales la autorización de
estos traslados. La aseguradora que incurra en las causales mencionadas en el presente artículo
será objeto de las sanciones establecidas en la ley por parte de la Superintendencia Nacional de
Salud, salvo las limitaciones a la libre elección derivadas del porcentaje de obligatoria contratación
con la red pública.
Parágrafo 2. Autorizase al Ministerio de la Protección Social para certificar, previo el lleno de los
requisitos, a los municipios capitales de departamentos, que a la entrada en vigencia de la
presente ley, no hayan sido certificados para el manejo autónomo de los recursos destinados a la
salud.
Parágrafo 3. El servicio de salud a nivel territorial se prestará mediante la integración de redes,
de acuerdo con la reglamentación existente.
Artículo 26º. De la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas. La
prestación de servicios de salud por parte de las instituciones públicas solo se hará a través de
Empresas Sociales del Estado (ESE’s) que podrán estar constituidas por una o varias sedes o
unidades prestadoras de servicios de salud. En todo caso, toda unidad prestadora de servicios de
salud de carácter público deberá hacer parte de una Empresa Social del Estado, excepto las
unidades de prestación de servicios de salud que hacen parte de las empresas industriales y
comerciales del Estado y de aquellas entidades públicas cuyo objeto no es la prestación de
servicios de salud. En cada municipio existirá una ESE o una unidad prestadora de servicios
integrante de una ESE.
Parágrafo 1º. Cuando por las condiciones del mercado de su área de influencia, las ESE’s no
sean sostenibles financieramente en condiciones de eficiencia, las entidades territoriales podrán
transferir recursos que procuren garantizar los servicios básicos requeridos por la población, en las
condiciones y requisitos que establezca el reglamento.
Parágrafo 2°. La Nación y las entidades territoriales promoverán los servicios de Telemedicina
para contribuir a la prevención de enfermedades crónicas, capacitación y a la disminución de
costos y mejoramiento de la calidad y oportunidad de prestación de servicios como es el caso de
las imágenes diagnósticas. Especial interés tendrán los Departamentos de Amazonas, Casanare,
Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.

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disposiciones

Artículo 27º: Regulación de las Empresas Sociales del Estado. El Gobierno Nacional
reglamentará dentro de los seis meses a partir de la vigencia de la presente ley, los siguientes
aspectos:
a. Los requisitos para la creación, transformación, categorización, organización, y operación de las
Empresas Sociales del Estado, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Población, densidad
poblacional, perfil epidemiológico, área de influencia, accesibilidad geográfica y cultural, servicios
que ofrece, grado de complejidad, capacidad instalada, capital de trabajo, producción,
sostenibilidad, diseño y la participación de la Empresa Social del Estado (ESE) en la red de su
área de influencia.
b. La forma de constituir Empresas Sociales del Estado cuando se trata de empresas de
propiedad de varias entidades territoriales que se asocian.
c. Las condiciones y requisitos para que la Nación y las entidades territoriales puedan transferir a
las Empresas Sociales del Estado (ESE´s), recursos cuando por las condiciones del mercado las
ESE´s, en condiciones de eficiencia, no sean sostenibles.
d. Los mecanismos de conformación, las funciones y funcionamiento de las juntas directivas del
nivel nacional, departamental, distrital y municipal. En todo caso éstas deberán estar integradas
en forma tal que un tercio de sus integrantes estén designados por la comunidad, un tercio
represente el sector científico de la salud y un tercio al sector político-administrativo.
Parágrafo 1º. Mientras el Gobierno Nacional reglamente el presente artículo, y a partir de la
vigencia de la presente ley, cualquier creación o transformación de una nueva Empresa Social del
Estado (ESE) deberá tener previamente, el visto bueno del Ministerio de la Protección Social.
Parágrafo 2º. Las Instituciones Prestadoras de Salud públicas que en el momento vienen
funcionando y tienen contratación vigente podrán continuar su ejecución, y dispondrán de un año a
partir de la fecha de la vigencia de la presente ley para transformarse en Empresas Sociales del
Estado o afiliarse a una.
Parágrafo 3º. Por ser de categoría especial de entidad pública descentralizada, el Gobierno
Nacional expedirá seis meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, la
reglamentación en lo referido a conformación de juntas directivas, nombramiento, evaluación y
remoción de gerentes, régimen salarial, prestacional, sistemas de costos, información, adquisición
y compras de las Empresas Sociales del Estado.
Parágrafo 4. Para los Departamentos nuevos creados por la Constitución de 1991 en su artículo
309, que presenten condiciones especiales, y el Departamento del Caquetá, el Ministerio de la
Protección Social reglamentará en los seis meses siguientes a la expedición de esta Ley, la
creación y funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado, con los servicios especializados
de mediana y alta complejidad requeridos, priorizando los servicios de Telemedicina.
La Contratación de servicios de Salud para las Empresas Sociales del Estado de estos
Departamentos se realizará preferiblemente con las EPS públicas administradoras del régimen
subsidiado, las cuales se fortalecerán institucionalmente.
Artículo 28º. De los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Los Gerentes de las
Empresas Sociales del Estado serán nombrados por períodos institucionales de cuatro (4) años,
mediante concurso de méritos que deberá realizarse dentro de los tres meses, contados desde el
inicio del período del Presidente de la República o del Jefe de la Entidad Territorial respectiva,
según el caso. Para lo anterior, la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de
selección de la cual, el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente.
Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez,
cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los
indicadores de evaluación conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos.
En caso de vacancia absoluta del gerente deberá adelantarse el mismo proceso de selección y el
período del gerente seleccionado culminará al vencimiento del período institucional. Cuando la
vacancia se produzca a menos de doce meses de terminar el respectivo periodo, el Presidente de
la República o el jefe de la administración Territorial a la que pertenece la ESE, designará gerente.

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Parágrafo Transitorio. Los Gerentes de las ESE´s de los niveles Departamental, Distrital y
Municipal cuyo período de tres años termina el 31 de diciembre de 2006 o durante el año 2007
continuarán ejerciendo el cargo hasta el 31 de marzo de 2008.
Los gerentes de las ESE’s nacionales que sean elegidos por concurso de méritos o reelegidos
hasta el 31 de diciembre de 2007, culminarán su periodo el 6 de noviembre de 2010. Cuando se
produzcan cambios de gerente durante este periodo, su nombramiento no podrá superar el 6 de
noviembre de 2010 y estarán sujetos al cumplimiento de los reglamentos que para el efecto expida
el Ministerio de la Protección Social.
Para el caso de los gerentes de las ESE’s Departamentales, Distritales o Municipales que a la
vigencia de la presente Ley hayan sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos,
continuarán ejerciendo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos,
quienes los reemplacen para la culminación del período de cuatro años determinado en esta Ley,
serán nombrados por concurso de méritos por un periodo que culminará el 31 de marzo de 2012.
Todos los gerentes de las ESE’s departamentales, distritales o municipales iniciarán periodos
iguales el 1º de abril de 2012 y todos los gerentes de las ESE’s nacionales iniciarán periodos
iguales el 7 de noviembre de 2010.
Artículo 29º. Del pasivo prestacional de las empresas sociales del Estado. En concordancia
con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, los artículos 61, 62, 63 de la Ley 715 de 2001, el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los entes territoriales
departamentales firmarán los contratos de concurrencia y pagarán el pasivo prestacional por
concepto de cesantías, reserva para pensiones y pensiones de jubilación, vejez, invalidez y
sustituciones pensionales, causadas en las Empresas Sociales del Estado al finalizar la vigencia
de 1993.
Parágrafo. Concédase plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y las entidades territoriales departamentales
emitan los bonos pensionales respectivos de acuerdo a la concurrencia entre el Gobierno Nacional
y el ente territorial Departamental. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será
sancionado como falta gravísima.
Artículo 30º. Del fortalecimiento de Asociaciones y/o Cooperativas de las ESES. El Gobierno
Nacional, departamental y municipal promoverán la creación y el fortalecimiento de asociaciones
y/o cooperativas de las ESEs, que tengan como objetivo fortalecer la red pública hospitalaria.
Estas asociaciones y/o cooperativas ofrecerán servicios y/o podrán proveer insumos, siempre y
cuando beneficien a las entidades con economía de escala, calidad, oportunidad, eficiencia y
transparencia.
Artículo 31º. Prohibición en la prestación de servicios de salud: En ningún caso se podrán
prestar servicios asistenciales de salud directamente por parte de los Entes Territoriales
CAPITULO VI
SALUD PÚBLICA
Articulo 32º. De la salud Pública. La salud pública esta constituida por el conjunto de políticas
que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones
de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se
constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas
acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable
de todos los sectores de la comunidad.
Artículo 33º: Plan Nacional de Salud Pública. El Gobierno Nacional definirá el Plan Nacional
de Salud Pública para cada cuatrienio, el cual quedará expresado en el respectivo Plan Nacional
de Desarrollo. Su objetivo será la atención y prevención de los principales factores de riesgo para
la salud y la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de
la comunidad y la de los diferentes niveles territoriales para actuar. Este plan debe incluir:
a. El perfil epidemiológico, identificación de los factores protectores de riesgo y determinantes, la
incidencia y prevalencia de las principales enfermedades que definan las prioridades en salud
pública. Para el efecto se tendrán en cuenta las investigaciones adelantadas por el Ministerio
de la Protección Social y cualquier Entidad Publica o privada. En materia de vacunación, salud

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b.
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sexual y reproductiva, salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y
suicidio.
Las actividades que busquen promover el cambio de estilos de vida saludable y la integración
de éstos en los distintos niveles educativos.
Las acciones que, de acuerdo con sus competencias, debe realizar el nivel nacional, los niveles
territoriales y las aseguradoras.
El plan financiero y presupuestal de salud pública, definido en cada uno de los actores
responsables del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo las entidades
territoriales, y las EPS’s.
Las coberturas mínimas obligatorias en servicios e intervenciones de salud, las metas en
morbilidad y mortalidad evitables, que deben ser alcanzadas y reportadas con nivel de
tolerancia cero, que serán fijadas para cada año y para cada periodo de cuatros años.
Las metas y responsabilidades en la vigilancia de salud pública y las acciones de inspección,
vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud humana.
Las prioridades de salud pública que deben ser cubiertas en el Plan Obligatorio de Salud y las
metas que deben ser alcanzadas por las EPS, tendientes a promover la salud y controlar o
minimizar los riesgos de enfermar o morir.
Las actividades colectivas que estén a cargo de la Nación y de las entidades territoriales con
recursos destinados para ello, deberán complementar las acciones previstas en el Plan
Obligatorio de Salud. El Plan de salud pública de intervenciones colectivas, reemplazará el Plan
de Atención Básica
Los modelos de atención, tales como, salud familiar y comunitaria, atención primaria y atención
domiciliaria.
El plan nacional de inmunizaciones que estructure e integre el esquema de protección
específica para la población colombiana en particular los biológicos a ser incluidos y que se
revisarán cada cuatro años con la asesoría del Instituto Nacional de Salud y el Comité Nacional
de Prácticas de Inmunización
El plan deberá incluir acciones orientadas a la promoción de la salud mental, y el tratamiento de
los trastornos de mayor prevalencia, la prevención de la violencia, el maltrato, la drogadicción y
el suicidio.
El Plan incluirá acciones dirigidas a la promoción de la salud sexual y reproductiva, así como
medidas orientadas a responder a comportamiento de los indicadores de mortalidad materna.

Parágrafo 1º. El Estado garantizará, que los programas de televisión en la franja infantil, incluyan
de manera obligatoria la promoción de hábitos y comportamientos saludables.
Parágrafo 2º. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las entidades territoriales presentarán
anualmente un plan operativo de acción, cuyas metas serán evaluadas por parte del Ministerio de
la Protección Social, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal efecto. Las
personas que administran los recursos deberán contar con suficiente formación profesional e
idónea para hacerlo.
Parágrafo 3°. El Ministerio de la Protección Social definirá los protocolos de atención que
respondan a las prioridades definidas en el literal a) del presente articulo. El Ministerio definirá los
protocolos de atención, remisión y tratamiento de los servicios de urgencias para los trastornos
mentales de mayor prevalencia.
Parágrafo 4°. El Instituto Nacional de Salud se fortalecerá técnicamente para cumplir además de
las funciones descritas en el decreto 272 de 2004 las siguientes:
a. Definir e implementar el modelo operativo del Sistema de Vigilancia y Control en Salud Pública
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
b. Realizar los estudios e investigación que soporten al Ministerio de Protección Social para la
toma de decisiones para el Plan Nacional de Salud.
Artículo 34º. Supervisión en algunas áreas de Salud Pública. Corresponde al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, como autoridad sanitaria nacional, además
de las dispuestas en otras disposiciones legales, las siguientes:
a. La evaluación de factores de riesgo y expedición de medidas sanitarias relacionadas con
alimentos y materias primas para la fabricación de los mismos.
b. La competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de la producción y
procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de animales, de los centros de acopio de

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disposiciones

leche y de las plantas de procesamiento de leche y sus derivados así como del transporte
asociado a estas actividades.
c. La competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control en la inocuidad en la importación
y exportación de alimentos y materias primas para la producción de los mismos, en puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos, sin perjuicio de las competencias que por ley le corresponden al
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Corresponde a los departamentos, distritos y a los
municipios de categorías 1, 2, 3 y especial, la vigilancia y control sanitario de la distribución y
comercialización de alimentos y de los establecimientos gastronómicos, así como, del transporte
asociado a dichas actividades. Exceptúase del presente literal al departamento archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina por tener régimen especial.
d. La garantía mediante una tecnología de señalización de medicamentos, su identificación en
cualquier parte de la cadena de distribución, desde la producción hasta el consumidor final con el
objetivo de evitar la falsificación, adulteración, vencimiento y contrabando. Las entidades
territoriales exigirán tanto a distribuidores como a productores que todos los medicamentos que se
comercialicen en su jurisdicción cumplan con estos requisitos.
Los establecimientos farmacéuticos minoristas se ajustarán a las siguientes definiciones:
Farmacia-Droguería: Es el establecimiento farmacéutico dedicado a la elaboración de
preparaciones magistrales y a la venta al detal de medicamentos alopáticos, homeopáticos,
fitoterapéuticos, dispositivos médicos, suplementos dietarios, cosméticos, productos de tocador,
higiénicos y productos que no produzcan contaminación o pongan en riesgo la salud de los
usuarios. Estos productos deben estar ubicados en estantería independiente y separada. En
cuanto a la recepción y almacenamiento, dispensación, transporte y comercialización de
medicamentos y dispositivos médicos, se someterán a la normatividad vigente, en la materia.
Droguería: Es el establecimiento farmacéutico dedicado a la venta al detal de productos
enunciados y con los mismos requisitos contemplados para Farmacia-Droguería, a excepción de
la elaboración de preparaciones magistrales.
Parágrafo. El INVIMA, podrá delegar algunas de estas funciones de común acuerdo con las
entidades territoriales.
CAPITULO VII
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
ARTÍCULO 35º: Definiciones. Para efectos del presente capítulo de la Ley, se adoptan las
siguientes definiciones:
A.- Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al
seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que
sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre
la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnicacientífica, administrativa y económica de las entidades sometidas a vigilancia de la
Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia.
Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el seguimiento de
peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones administrativas.
B.- Vigilancia: La vigilancia, consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud
para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del
financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de Salud, atención al usuario, participación
social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las
normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de éste.
C.- Control: El control consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para
ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica,
financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar
las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.

ARTÍCULO 36º: Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. Créase el Sistema de inspección,
vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud como un conjunto de
normas, agentes, y procesos articulados entre sí, el cual estará en cabeza de la Superintendencia

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Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, sin perjuicio de
las facultades asignadas al Instituto Nacional de Salud y al INVIMA.
ARTÍCULO 37º. Ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y control de la Superintendencia
Nacional de Salud. Para cumplir con las funciones de inspección, vigilancia y control la
Superintendencia Nacional de Salud ejercerá sus funciones teniendo como base los siguientes
ejes:
1.- Financiamiento.- Su objetivo es vigilar por la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación,
flujo, administración y aplicación de los recursos del sector salud.
2. Aseguramiento.- Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los derechos derivados de la
afiliación o vinculación de la población a un plan de beneficios de salud.
3. Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la prestación
de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condiciones de
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
4.- Atención al usuario y participación social. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los
derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los
deberes por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; de
igual forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y de protección
al usuario del servicio de salud.
5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención
forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de
explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras
de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir
técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud. Tratándose de liquidaciones
voluntarias, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre
los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia
Nacional de Salud revoque el certificado de autorización o funcionamiento que le otorgue a las
Empresas Promotoras de Salud o Administradoras del Régimen Subsidiado, deberá decidir sobre
su liquidación.
6. Información. Vigilar que los actores del Sistema garanticen la producción de los datos con
calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.
7. Focalización de los subsidios en salud. Vigilar que se cumplan los criterios para la
determinación, identificación y selección de beneficiarios y la aplicación del gasto social en salud
por parte de las entidades territoriales.

ARTÍCULO 38º. Conciliación ante la Superintendencia Nacional de Salud. La
Superintendencia Nacional de Salud podrá actuar como conciliadora, de oficio o a petición de
parte, en los conflictos que surjan entre sus vigilados y/o entre éstos y los usuarios generados en
problemas que no les permitan atender sus obligaciones dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, afectando el acceso efectivo de los usuarios al servicio de salud. Los acuerdos
conciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y el acta que la contenga, donde debe especificarse
con toda claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas, prestará mérito ejecutivo.
Parágrafo. En el trámite de los asuntos sometidos a conciliación, la Superintendencia Nacional de
Salud aplicará las normas generales de la conciliación previstas en la ley 640 de 2001.
Artículo 39º.- Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia
Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control,
desarrollará, además de los señalados en otras disposiciones, los siguientes objetivos:
a. Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
b. Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de Seguridad
Social en Salud.
c. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y promover el mejoramiento integral del mismo.
d. Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y al acceso al
servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación en salud.
e. Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de presión
o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones
prestadoras de salud.

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disposiciones

f. Velar por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo, administración, custodia y
aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud.
g. Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante dentro de los actores del Sistema
h. Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de cuentas a la
comunidad, que deberá efectuarse por lo menos una vez al año, por parte de los actores del
Sistema.
Artículo 40º. Funciones y Facultades de la Superintendencia Nacional de Salud. La
Superintendencia Nacional de Salud, además de las funciones y facultades ya establecidas en
otras disposiciones, cumplirá dentro del sistema de inspección, vigilancia y control, las siguientes:
a. Adelantar funciones de inspección, vigilancia y control al Fondo de Solidaridad y Garantía –
FOSYGA y demás actores del sistema, incluidos los regímenes especiales y exceptuados
contemplados en la ley 100 de 1993.
b. Inspeccionar, vigilar y controlar que las Direcciones Territoriales de Salud cumplan a cabalidad
con las funciones señaladas por ley, conforme a los principios que rigen a las actuaciones de los
funcionarios del Estado, e imponer las sanciones a que haya lugar. En virtud de la misma
potestad mediante decisión motivada, de oficio o a petición de parte podrá avocar el conocimiento
de aquellos asuntos que se tramitan en las entidades territoriales de salud, cuando se evidencia la
vulneración de dichos principios.
c. Con sujeción a las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, señalará los
procedimientos aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de
las investigaciones administrativas sancionatorias que deba surtir, respetando los derechos del
debido proceso, defensa, o contradicción y doble instancia.
d. Introducir mecanismos de autorregulación y solución alternativa de conflictos en el Sistema
e. Ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente a sus vigilados, en
cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de
competencia de los demás órganos que ejercen inspección, vigilancia y control dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, garantizando el ejercicio de la ética profesional, la
adecuada relación médico paciente y el respeto de los actores del sistema por la dignidad de los
pacientes y de los profesionales de la salud.
f. Sancionar en el ámbito de su competencia y denunciar ante las instancias competentes las
posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema General de Seguridad
Social de Salud.
g. Vigilar, inspeccionar y controlar que se cumplan los criterios para la determinación, identificación
y selección de beneficiarios y aplicación del gasto social en salud por parte de las Entidades
Territoriales.
h. Vigilar que las Instituciones aseguradoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad
Social en Salud adopten y apliquen dentro de un término no superior a seis (6) meses, un Código
de conducta y de buen gobierno que oriente la prestación de los servicios a su cargo y asegure la
realización de los fines de la presente Ley.
i. Autorizar la constitución y/o habilitación y expedir el certificado de funcionamiento de las
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado.
j. Las demás que conforme a las disposiciones legales se requieran para el cumplimiento de sus
objetivos
Parágrafo. Para el cumplimiento de su función de inspección y vigilancia, la Superintendencia
Nacional de Salud podrá contratar la realización de programas o labores especiales con firmas de
auditoria.
Artículo 41º. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Con el fin de
garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la
Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y
con las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos:
a. Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud
cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o entidades que se les
asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario.
b. Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado por concepto de
atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga contrato con la respectiva
EPS cuando haya sido autorizado expresamente por la EPS para una atención específica y en

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disposiciones

caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la Entidad
Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus usuarios.
c. Conflictos que se susciten en materia de multiafiliación dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
d. Conflictos relacionados con la libre elección que se susciten entre los usuarios y las
aseguradoras y entre éstos y las prestadoras de servicios de salud y conflictos relacionados con la
movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Parágrafo 1°. La Superintendencia Nacional de Salud sólo podrá conocer y fallar estos asuntos a
petición de parte. No podrá conocer de ningún asunto que por virtud de las disposiciones legales
vigentes deba ser sometido al proceso de carácter ejecutivo o acciones de carácter penal.
Parágrafo 2°. El procedimiento que utilizará la Superintendencia Nacional de Salud en el trámite
de los asuntos de que trata este artículo será el previsto en el artículo 148 de la ley 446 de 1998.
Artículo 42º. Defensor del Usuario en salud. Créase la figura del defensor del usuario en salud
que dependerá de la Superintendencia Nacional de Salud en coordinación con la Defensoría del
Pueblo. Su función será la de ser vocero de los afiliados ante las respectivas EPS en cada
departamento o en el Distrito Capital, con el fin de conocer, gestionar y dar traslado a las
instancias competentes de las quejas relativas a la prestación de servicios de salud.
Créase el fondo - cuenta, dependiente de la Superintendencia Nacional de Salud, encargado de
recaudar y administrar los recursos destinados a la financiación de los costos que demande la
defensoría del usuario. Dicho fondo se alimentará con los recursos girados por las EPS para el
sostenimiento del mismo. El Ministerio de la Protección Social reglamentará todo lo relacionado
con el número de defensores, la elección de los mismos quienes deben ser elegidos por los
usuarios y la forma como deben contribuir, cada EPS para la financiación de dicho Fondo.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 43º: Disposición transitoria - excedentes de la Subcuenta Ecat. De los excedentes de
la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito, del Fondo de Solidaridad y
Garantía, (FOSYGA), acumulados a diciembre 31 de 2005, se utilizará, por una sola vez, la suma
de ciento cincuenta mil millones de pesos ($150.000.000.000.oo) por servicios prestados a la
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Estos servicios serán liquidados a
las tarifas mínimas.
Los recursos se distribuirán entre las entidades territoriales y/o en la red pública hospitalaria, de
acuerdo con los criterios que para tal efecto defina el Ministerio de la Protección Social.
Artículo 44º: De la información en el Sistema General de Seguridad Social. En el transcurso
de los siguientes seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de la
Protección Social definirá el plan de implementación del Sistema Integrado de Información de la
Protección Social –SISPRO-, este Plan será enviado al Congreso Nacional. Dicho sistema deberá
cumplir las siguientes funciones:
a) Registrar la información de acuerdo con las normas emanadas del Ministerio de la Protección
Social. Capturar y sistematizar la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica –
SIVIGILA- y ponerla a disposición del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de la Protección
Social, la Comisión de Regulación en Salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y
de las Entidades Territoriales.
b) Recoger y sistematizar la información que determine el Ministerio de la Protección Social para
monitorear los resultados en salud de las Entidades Territoriales, las aseguradoras y los
prestadores con el fin de alimentar el Sistema de Rectoría y Administración por resultados
previsto en el Artículo 2º de la presente Ley.
Parágrafo 1°. En todo caso las Entidades Promotoras de Salud – EPS - garantizarán la
administración en línea de las bases de datos de los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, asegurando su depuración, y el correcto y oportuno registro de las novedades.
Estas se administrarán de acuerdo a los lineamientos técnicos del Ministerio de la Protección
Social y estarán al servicio de los diversos actores que deben tomar decisiones especialmente el
Ministerio de la Protección Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el FOSYGA,
la Superintendencia Nacional de Salud, los Municipios, Distritos y Departamentos, las
Administradoras del Régimen Subsidiado y los prestadores de servicios.

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Parágrafo 2°. La rendición de información y la elaboración del Registro Individual de Prestación de
Servicios –RIPS- serán obligatorias para todas las entidades y organizaciones del sector que
tengan parte en su elaboración y consolidación.
Artículo 45º: Régimen de contratación de EPS Públicas: Las Empresas promotoras de Salud
del Régimen Subsidiado y Contributivo Públicas tendrán el mismo régimen de contratación que las
Empresas Sociales del Estado
Artículo 46º: Vigencia y Derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las demás normas que le sean contrarias.
Dada en Bogota, D.C. a los 09 días del mes de Enero del año 2007.

(Original firmado por)
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

(Original firmado por)
EL MINISTRO DE LA PROTECION SOCIAL
DIEGO PALACIO BETANCOURTH.

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