Presentacion Campo Algodonero

CASO “CAMPO ALGODONERO” VS. EL ESTADO MEXICANO

HECHOS El 21 de septiembre de 2001, después de acudir al bachillerato y trabajar como mesera en un restaurante, Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años, no regresó a su domicilio. El 10 de octubre del mismo año, Claudia Ivette González, de 20 años de edad, fue vista por última vez al salir de la maquiladora LEAR 173, a la que no le permitieron entrar a trabajar por llegar dos minutos tarde. El 29 de octubre de 2001 Esmeralda Herrera Monreal, desapareció cuando regresaba a su vivienda después de trabajar como empleada del hogar en una casa de Ciudad Juárez. Al reportarlas sus madres, las autoridades locales no actuaron para buscarlas inmediatamente sino que las responsabilizaron de su situación: “estará con el novio” o que “andaban de voladas”. Debían esperan 72 horas para que iniciaran las autoridades su búsqueda.

El 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados 8 cuerpos de mujeres en un campo algodonero, ubicado al norponiente de la Ciudad Juárez. La identificación de las víctimas: A los dos días de encontrados los cuerpos, las autoridades asignaron arbitrariamente la identidad de los cuerpos. Fue hasta el año 2006 que se tuvo certeza plena sobre la identidad de las víctimas gracias a los trabajos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Con la intervención de esta organización, se confirmó la identidad de Esmeralda y Laura Berenice y dos mujeres más. Tres de las víctimas no correspondieron con la identidad asignada por el Estado, dos de las cuales sí fueron reconocidas y una permanece desconocida.

En el caso de Claudia Ivette González, cuyo caso fue parte del proceso ante la CoIDH, la madre no aceptó que se realizaran los estudios por parte del EAAF por lo que no se tiene certeza absoluta de su identidad. Los años de errónea identificación ha llevado a afirmar que en el caso de Campo Algodonero son once las víctimas y sus familias. Investigación de responsables Cuatro días después de que se encontraran los cuerpos, se consignó a dos hombres por los delitos de homicidio y violación, con claras sospechas de haber sido torturados para obtener su confesión.

En febrero 2002, uno de los presuntos responsables murió en prisión. En octubre de 2004, fue condenado a 50 años de cárcel el otro hombre consignado. En julio de 2005, el Tribunal de Apelación decretó absolver al condenado por falta de elementos en su contra. Los dos abogados que defendieron a estos inculpados fueron asesinados posteriormente. Otras y nuevas investigaciones sobre los responsables. Entre 2003 y 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) había abierto otra línea de investigación de posible vínculo de los crímenes con la delincuencia organizada (tráfico de órganos) por la que atrajo 14 expedientes de investigación de homicidios de mujeres y niñas –entre ellos, los de Campo Algodonero .

Después de tres años la PGR declinó la competencia a las autoridades locales, concluyendo que no existía vínculo de los crímenes con la delincuencia organizada; entretanto, no se avanzó en ninguna otra línea de investigación. Al no haber inculpados, en 2006 se reiniciaron las investigaciones sobre los responsables de los homicidios de las ocho mujeres encontradas en Campo Algodonero. La investigación se dividió en ocho legajos –uno por cada víctima-; actualmente las autoridades investigan a diferentes probables responsables, que no tienen un vínculo entre sí. Responsabilidad de funcionarios En el año 2005 se presentó una denuncia contra quienes desde el servicio público hubieran sido negligentes u omisos durante el procedimiento.

PROCESO ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS En marzo de 2002 se presentan tres peticiones individuales de los casos de Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González. En el año de 2005 se admiten de manera individual. La CIDH consideró que el Estado mexicano no había avanzado lo suficiente en el cumplimiento de las recomendaciones del “Informe 50”, por lo que presenta demanda a la CoIDH por presuntas violaciones a derechos humanos. Su aceptación fue notificada el 9 de diciembre de 2007. En febrero de 2008 se presentó el escrito de argumentos, solicitudes y pruebas de las víctimas. La audiencia Pública se celebró el 28 y 29 de abril de 2009. La sentencia fue aprobada en noviembre y publicada el 10 de diciembre de 2009.

PRINCIPALES ALCANCES DE LA SENTENCIA Justicia para las víctimas. Reconocimiento de los homicidios de mujeres por razones de género (feminicidio) por la CoIDH. Desarrollo de la jurisprudencia con base en la Convención Belém Do Pará y de criterios en materia de reparaciones con perspectiva de género.

1. JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

El proceso internacional, permitió que las víctimas fueran escuchadas. La sentencia es una forma de satisfacción para las víctimas. La CoIDH reconoció que las familias Herrera y Monárrez han sido víctimas de actos de hostigamiento y amenazas por parte de agentes del Estado.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS VIOLACIONES ALEGADAS POR LAS PARTES Y DE LAS VIOLACIONES DETERMINADAS POR LA COIDH

EN MATERIA LEGISLATIVA: LA COIDH DETERMINÓ LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO POR LA FALTA DE UN MARCO JURÍDICO ADECUADO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (PÁRR. 285) “… la Corte considera que el Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer. Tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato”.

2. HOMICIDIOS DE MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO

La CoIDH señala en su párrafo 143: En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, también conocido como feminicidio. Para determinar cuándo existen homicidios de mujeres por razones de género se deben analizar las características compartidas por muchos de los casos demuestran que el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue sometida. Lo anterior, no implica que los casos deban ser considerados “seriales”.

Para determinar que los homicidios del caso “Campo Algodonero” ocurrieron por razones de género, la CoIDH valoró ampliamente el contexto de discriminación y violencia estructural contra las mujeres ampliamente documentado en Ciudad Juárez. Por ello, la CoIDH determinó las obligaciones específicas y los alcances adicionales que surgen para el Estado mexicano, sobre todo en materia de investigación, cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres.

3. JURISPRUDENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES A partir de 1969 se ha construido un corpus juris sobre derechos humanos, que hoy abarca protocolos y tratados, entre ellos, la Convención Belém Do Pará. Sin duda, la “Carta magna específica” de los derechos de las mujeres. Hasta la sentencia de “Campo Algodonero”, la CoIDH no había recibido consultas o litigios que tuviesen como eje central a las mujeres. La Corte había abordado temas en los que se proyecta la igualdad entre mujeres y hombres como la Opinión Consultiva OC-4/84, “Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización", e igualmente ha debido conocer de casos que atañen a mujeres cuya situación amerita medidas provisionales de carácter cautelar y tutelar.

Sin embargo, en estos casos la violación o el riesgo no ponía a la vista, necesariamente, consideraciones vinculadas directa e inmediatamente al hecho de que las víctimas fueran mujeres. La CoIDH en cambio, ha tenido la oportunidad de desarrollar amplia jurisprudencia al interpretar otros instrumentos internacionales en relación con la CADH: Protocolo de San Salvador, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otras. Por ello, se logró desarrollar jurisprudencia y reparaciones específicas para la niñez, migrantes, personas desplazadas, personas detenidas y comunidades indígenas.

El “tema inexplorado” era la Convención Belém Do Pará ─El primer antecedente, es el caso Castro Castro vs. Perú. La CoIDH abordó de manera general la Convención Belém Do Pará y no hay reparaciones con perspectiva de género. En esta sentencia la CoIDH determina responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Belém Do Pará. Asimismo, analiza y determina el alcance de las obligaciones que surgen a partir de la ratificación de la Convención Belém Do Pará.

EL ANÁLISIS REALIZADO POR LA COIDH PERMITE ESTABLECER: La violencia contra las mujeres es un asunto de Estado. (La CoIDH no se refiere exclusivamente a los homicidios de mujeres por razones de género u homicidios de mujeres, a lo largo de la sentencia se refiere a las obligaciones que tienen los Estados para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres). La violencia de género es una violación a los derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales. El caso de Campo Algodonero: “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” y que estas situaciones de violencia están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”.

EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA COIDH ESTABLECE: La obligación de "garantizar” implica que: se debe organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben, para actuar con la debida diligencia: prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

CRITERIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia.

La CoIDH retoma algunos criterios internacionales, que le dan contenido a la obligación de prevenir: Se debe “hacer que el entorno físico sea seguro para las mujeres… se deben… detectar los lugares peligrosos, examinar los temores de las mujeres y solicitar a las mujeres sus recomendaciones para mejorar su seguridad. La prevención de la violencia contra las mujeres debe ser un elemento explícito en la planificación urbana y rural y en el diseño de los edificios y residencias. Forma parte de la labor de prevención el mejoramiento de la seguridad del transporte público y los caminos que emplean las mujeres, por ejemplo hacia las escuelas e instituciones educacionales, los pozos, los campos y las fábricas, etc.

CRITERIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN ESPECÍFICO DE LOS HOMICIDIOS DE MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO La CoIDH llego a la conclusión que para lograr el esclarecimiento de los tres homicidios que motivan la sentencia significa para las medidas generales de prevención que debería adoptar el Estado a fin de asegurar el goce de los derechos humanos de las mujeres y niñas en el país. Señaló que la impunidad es causa de la continuidad pero también consecuencia de la violencia estructural contra las mujeres. En cuanto a la obligación de proteger el derecho a la vida, retomo criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos quien desarrollo la teoría de la “obligación procesal” de efectuar una investigación oficial efectiva en casos de violaciones a este derecho, el de la vida.

“… el deber de investigar efectivamente… tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres… “ De acuerdo a la CoIDH ─utilizando los criterios de la Corte Europea─, cuando un ataque contra una mujer es motivados por un asunto de discriminación, por el hecho de ser mujer, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad. ya que existen dos obligaciones adicionales para resolver estos crímenes: reiterar continuamente la condena de los crímenes por razones de género a la sociedad y para mantener la confianza de la población en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia.

SOBRE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO LA COIDH SEÑALA : La CoIDH consideró que el estereotipo de género, es decir, la pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que se consideran deben ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente… se asocia con la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades… La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer…

REPARACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los criterios jurisprudenciales desarrollados en la sentencia, tiene una repercusión importante en el tema de “reparación integral” ( restitutio in integrum ), ya que este principio implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo.

De conformidad con lo anterior, las reparaciones no sólo enfrenten el daño que fue ocasionado por los procesos de victimización, sino también las situaciones de exclusión en que vivían las víctimas. En efecto, desde esta perspectiva, las reparaciones deben tener un potencial transformador de las relaciones de poder que hicieron posible la comisión de atrocidades y que, de permanecer inmodificadas, pondrían en riesgo la sostenibilidad del nuevo orden democrático y pacífico buscado a través de ellas. Esta visión permitirá diseñar estrategias de acceso a la justicia para todas las mujeres víctimas de todas las violencias.

REPARACIONES DICTADAS POR LA COIDH 1. Investigación y sanción de los responsables 2. Atención médica y especializada a las víctimas 3. Investigación y sanción de los servidores públicos involucrados 4. Pago de indemnización, así como de gastos y costas. 5. Acto de reconocimiento y reconocimiento de la responsabilidad 6. Publicación de la sentencia (párrafos señalados por la CoIDH)

7. Estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género. 8. Adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo, para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.

9. Creación de una página electrónica que contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Esta página deberá permitir que cualquier individuo se comunique con las autoridades, inclusive de manera anónima, para proporcionar información sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos. La información contenida en la página electrónica deberá actualizarse permanentemente. 10. Banco Nacional de Información Genética

11. Programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos ─fiscales, jueces, militares, entre otros. 12. Programa de educación para la población.

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