Este documento analiza la situación del conflicto social en torno al Proyecto Conga en el Perú y plantea varias preguntas clave. Argumenta que tanto el Estado como la empresa privada Yanacocha y las autoridades locales tienen responsabilidad en la falta de comunicación efectiva con las comunidades afectadas. Sugiere que se requiere un diálogo más directo entre la comunidad y el Estado, así como inversiones responsables de las empresas que generen beneficios para las poblaciones locales.