Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Sábado 16 de marzo de 2013 Sec. I. Pág. 21441

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
2874 Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover
el envejecimiento activo.

I

Los sistemas de pensiones de los países de la Unión Europea se enfrentan a
importantes desafíos en el medio plazo derivados de fenómenos demográficos. Las
bajas tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida exigen la adaptación
de estos sistemas para asegurar su viabilidad en el largo plazo y mantener unas
pensiones adecuadas para el bienestar de los ciudadanos de más edad.
España no es una excepción, y el sistema de Seguridad Social debe hacerse cargo
del pago de un número creciente de pensiones de jubilación, por un importe medio que
es superior a las que sustituyen, y que deben abonarse en un periodo cada vez más
largo, gracias a los progresos en la esperanza de vida.
La Unión Europea está otorgando una creciente importancia a este desafío. Sus
competencias en este ámbito son limitadas, pero las implicaciones del proceso para el
crecimiento económico y la cohesión económica y social son tales que la sostenibilidad
de los sistemas de pensiones y el impulso del envejecimiento activo se han convertido
en una prioridad. La Estrategia Europa 2020, que constituye el marco de referencia
para la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, es el ámbito
desde el que se impulsa una política de orientación y coordinación de los esfuerzos de
las Instituciones Comunitarias y de los Estados miembros para afrontar el reto del
envejecimiento y su impacto sobre los sistemas de protección social.
Fruto de este enfoque es la publicación por la Comisión Europea del «Libro Blanco
2012: Ayuda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles», con el objetivo
de orientar los instrumentos políticos de la Unión para que respalden los esfuerzos de
los Estados miembros para la reforma de sus sistemas de pensiones, y proponer una
serie de iniciativas que impulsen una mayor coordinación del seguimiento de los
avances hacia objetivos comunes en el marco de la estrategia integrada y global Europa
2020. Este Libro blanco se complementa con otros documentos como el «Informe de
envejecimiento 2012» o «Adecuación de las pensiones en la UE 2010-2050».
El Libro Blanco detalla una serie de recomendaciones a nivel global y otras a nivel
de Estado miembro, que enfatizan la necesidad de reformar las pensiones tanto por las
previsiones demográficas analizadas como por la necesaria sostenibilidad de las
finanzas públicas, máxime en períodos de crisis financiera y económica como el actual.
Si bien reconoce los progresos realizados en la última década, advierte de que es
necesario seguir avanzando para garantizar la viabilidad en el largo plazo.
El incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el
incremento de la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más
edad suponen elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones.
Para ello, es recomendable vincular la edad de jubilación a los aumentos de la
esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras
vías de salida temprana del mercado laboral, y favorecer la prolongación de la vida
laboral, facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando
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oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el
envejecimiento activo.


II

Los avances realizados en este ámbito por España han sido muy ambiciosos y
coherentes con los planteamientos de la Unión Europea. El Acuerdo Social y Económico
para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito en fecha 2 de
febrero de 2011 entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y las orientaciones
contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el
Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, configuraron
una base sólida para la reforma del sistema de forma consensuada. Buena parte de sus
planteamientos se plasmaron en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que supuso un avance
muy relevante para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Esta
norma se completó con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011,
que aprobó la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores de Más Edad 2012-2014
(Estrategia 55 y más), por la que se establece el marco general de las políticas que se
dirijan a favorecer el empleo de las personas de más edad.
La recomendación número 12 del mencionado Informe de Evaluación y Reforma del
Pacto de Toledo incluía referencias expresas a tres elementos que todavía deben ser
abordados para asegurar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y el impulso
efectivo del envejecimiento activo. Por un lado, es necesario conceder una mayor
relevancia a la carrera de cotización del trabajador para favorecer la aproximación de la
edad real de jubilación a la edad legal de acceso a la jubilación. Por otro, la jubilación
anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de
cotización. Finalmente, debe facilitarse la coexistencia de salario y pensión.
Por otra parte, la cuestión del envejecimiento activo debe abordarse de forma integral,
ya que la transición entre vida activa y jubilación implica tanto a la política de Seguridad
Social, como a las políticas de empleo. Por ello, el presente real decreto-ley incorpora
también entre sus objetivos la lucha contra la discriminación por razón de la edad en el
mercado de trabajo, así como la racionalización del sistema de prestaciones por
desempleo para reforzar su vinculación con sus objetivos originales.
El presente real decreto-ley aborda estas cuestiones a través de medidas en el ámbito
de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y
pensión, la lucha contra el fraude, y las políticas de empleo. Estas medidas permiten
satisfacer las Recomendaciones del Consejo de la UE de 10 de julio de 2012 en el ámbito
de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.

III

El capítulo I de este real decreto-ley regula la compatibilidad entre la percepción de
una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena para favorecer el
alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social,
y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores.
Esta posibilidad, muy restringida en el ordenamiento español hasta la fecha, es habitual
en las legislaciones de países del entorno. Se permite así que aquellos trabajadores que
han accedido a la jubilación al alcanzar la edad legal, y que cuentan con largas carreras
de cotización, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro
del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de cotización social limitadas.
La sostenibilidad de los sistemas de pensiones precisa que los parámetros esenciales
que determinan el acceso a la protección o la cuantía de las prestaciones se adecuen a
las circunstancias y realidades sociales y económicas en que ese sistema se desenvuelve.
Resulta, por tanto, esencial que la edad de acceso tenga en cuenta la variación de la
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esperanza de vida tanto cuando el acceso se produce a la edad legalmente establecida,
como en los supuestos en que el acceso es posible a una edad inferior. En este sentido,
las medidas adoptadas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para
garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino
entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación


anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono
temprano del mercado laboral.
Teniendo en cuenta esos objetivos, es evidente la conveniencia de proceder a
modificar la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial tal como está
prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, así como la relativa a la
determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de
aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, a que se
refiere el artículo 163.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por
el artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Si bien estas normas debieron entrar en
vigor el día 1 de enero de 2013, su aplicación fue suspendida durante tres meses por la
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de
mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y
otras medidas de carácter económico y social, y ello tanto a fin de evitar la existencia de
normas consecutivas que podrían operar sobre la misma materia en un breve espacio de
tiempo, como ante la imposibilidad material de que por parte de las Entidades Gestoras
de la Seguridad Social se tuviesen adaptados en esa fecha los procedimientos de gestión
a los cambios que debían efectuarse.
A tal fin se dedica el capítulo II de la norma, en el que se acomete la modificación del
régimen jurídico de las modalidades de jubilación indicadas, así como de otros preceptos
concordantes de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, como el apartado 2 de su disposición
final duodécima, que establece reglas transitorias en materia de pensión de jubilación.
Ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo
de 2013, procede efectuar las modificaciones previstas con anterioridad a dicha fecha, lo
que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a
través del presente real decreto-ley.
En el capítulo III, y a través de su artículo 9, se modifica la disposición final primera de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en la que se da una nueva redacción a los apartados 6 y
7 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, relativos a la regulación del
contrato a tiempo parcial y al contrato de relevo, incorporando a la misma las
modificaciones efectuadas en esta norma relativas a la jubilación parcial, manteniendo en
este sentido la adecuada coordinación entre ambos textos legales.
Esta disposición final primera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, también ha sido
afectada por la suspensión de tres meses en su aplicación respecto a la inicialmente
prevista para el día 1 de enero de 2013, acordada por la disposición adicional primera del
Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, por lo que la inminente finalización de
dicho plazo de suspensión, justifica la extraordinaria y urgente necesidad que legitima la
regulación de esta materia mediante real decreto-ley.
El capítulo IV regula las aportaciones económicas por despidos que afecten a
trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios con el objetivo de
desincentivar la discriminación de trabajadores de más edad en el marco de medidas
extintivas de regulación de empleo, así como de racionalizar las obligaciones de las
empresas.
En primer lugar, se modifican determinados aspectos de la disposición adicional
decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que regula las aportaciones económicas
que tienen que efectuar las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos
que afecten a trabajadores de cincuenta o más años para compensar el impacto que
generan estos procesos sobre el sistema de protección por desempleo.
La principal novedad que se introduce consiste en exigir la aportación económica
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exclusivamente a las empresas que utilicen la edad como criterio preferente de selección
de los trabajadores objeto de despido. De modo que, para que nazca la obligación,
deberá concurrir un nuevo requisito consistente en que el porcentaje de trabajadores
despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje
que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.


Por otra parte, se introduce una modificación relativa al requisito de obtención de
beneficios, de manera que, además de las empresas que hayan obtenido beneficios en
los dos ejercicios anteriores al despido colectivo, queden incluidas aquellas empresas
que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del
periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al despido colectivo y los
cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.
Con esta nueva regulación se pretende cumplir más eficazmente con los objetivos
sociales y presupuestarios para los que la aportación económica fue creada, y que
persigue desincentivar el despido de los trabajadores de cincuenta o más años
únicamente por razón de su edad, promover su recolocación y compensar el impacto que
estos despidos generan sobre el sistema público de protección por desempleo.

IV

La disposición adicional primera introduce una serie de cautelas tendentes a evitar
que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y trabajo del Capítulo I
pueda ser indebidamente utilizada por las empresas como una vía de reducción de costes
a través del empleo de esta figura en fraude de ley, mediante la sustitución de parte de los
puestos de trabajo actuales –fuera de los supuestos previstos en la norma– por nuevas
contrataciones, que implican una menor cotización al sistema de la Seguridad Social.
Las disposiciones adicionales segunda y tercera contemplan el régimen de
compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas. En aras de
continuar avanzando en el proceso de armonización con el Régimen General de la
Seguridad Social, resulta conveniente que este nuevo régimen de compatibilidades de la
pensión de jubilación se aplique no sólo a las pensiones de Seguridad Social, sino
también a las de Clases Pasivas, y en términos análogos, es decir, a las causadas por
jubilación o retiro forzoso, siempre que el porcentaje aplicable al haber regulador a efectos
de determinar la cuantía de la pensión sea del cien por cien, mientras que las pensiones
de jubilación o retiro forzosas que no cumplan estos requisitos, así como las voluntarias y
por incapacidad o inutilidad para el servicio, seguirán rigiéndose por la normativa
precedente.
En cuanto al ámbito temporal de aplicación de la modificación que se propone hay
que tener en cuenta que tal modificación no debe afectar a aquellas pensiones de
jubilación o retiro cuyo hecho causante sea anterior a 1 de enero de 2009. La razón es
que la normativa aplicable a tales pensiones actualmente permite la compatibilidad de las
mismas con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector privado sin ningún tipo de
limitación, con lo cual la nueva regulación supondría un empeoramiento de los derechos
de que gozan en la actualidad. Por lo tanto, únicamente deberá afectar la modificación
propuesta del artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, a aquellas pensiones de
jubilación o retiro cuyo hecho causante sea posterior a 1 de enero de 2009, si bien los
efectos económicos derivados de la misma en ningún caso serán anteriores a la entrada
en vigor del real decreto-ley.
A tal efecto, se modifica el artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas
del Estado y se determina el ámbito temporal de aplicación y los efectos económicos de
la nueva regulación.
La disposición adicional cuarta encomienda a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social la colaboración y apoyo a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social a efectos de comprobar que el acceso a la modalidad de jubilación anticipada
derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, a
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que se refiere el apartado 2.A) del artículo 161 bis del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, se produce conforme a los requisitos exigidos en el mismo.
La disposición adicional quinta se refiere al informe relativo a la previsión social
complementaria, que el Gobierno debe elaborar en cumplimiento de la disposición
adicional decimonovena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, para precisar que deberá
contener las propuestas oportunas tendentes a facilitar el rescate de las aportaciones


realizadas a planes y fondos de pensiones aún cuando el beneficiario opte por
compatibilizar el disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo.
La disposición adicional sexta prevé que la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos conozca de las discrepancias surgidas por falta de acuerdo sobre
la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en un convenio colectivo, cuando
dicha inaplicación afecte a centros de trabajo situados en el territorio de una Comunidad
Autónoma, si en un plazo de tres meses dicha Comunidad Autónoma no hubiera
constituido y puesto en funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión, o
suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
acordando la actuación de la misma en su ámbito territorial.
Mediante la disposición adicional séptima se prevé que las entidades participadas
mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria así como los entes, organismos y entidades del sector público estatal
que no tengan la consideración de Administración Pública, deberán informar a una
comisión técnica interministerial, con carácter previo, tanto del inicio de cualquier
procedimiento de despido colectivo como de cualquier propuesta de acuerdo que sea
presentada a la representación de los trabajadores durante el desarrollo del periodo de
consultas. Ello con la finalidad de que las autoridades dispongan de información adecuada
tanto sobre la situación en que se encuentran las entidades como sobre las principales
decisiones con trascendencia económica y social que se van a adoptar en su ámbito.
La disposición adicional octava establece que los trabajadores mayores de 55 años
que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a
los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas
activas de empleo a fin de fomentar su permanencia en el mercado de trabajo prolongando
su vida laboral, y mediante la disposición adicional novena se encomienda al Gobierno la
creación en el plazo de un mes de un comité de expertos independientes para que elabore
un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su
remisión a la Comisión del Pacto de Toledo.
Mediante la disposición final primera se modifica el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social en diversos apartados:

Se incluye un tercer párrafo al número 3 del apartado 1 del artículo 215 en el que se
exige, para tener por cumplido el requisito de carencia de rentas a efectos del subsidio,
que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el
solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por
ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias. La finalidad de este precepto es homogeneizar la regulación del subsidio
para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema y reforzar
las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo.
Mediante la modificación del artículo 229 se establece que la Entidad Gestora de la
prestación por desempleo podrá exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos en
virtud de las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 208, la acreditación de haber
percibido la indemnización legal correspondiente. No se trata en ningún caso de un
requisito nuevo para acceder a la prestación por desempleo sino de un control posterior
dirigido a evitar comportamientos fraudulentos.
Mediante la inclusión de un nuevo apartado 6 en la disposición adicional octava,
tendente a excepcionar lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 163 y la escala de
edades incluida en el apartado 2.a) del artículo 166 a los trabajadores a que se refiere la
norma 2.ª de la disposición transitoria tercera del Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el
que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
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A través de la modificación de la disposición adicional trigésima novena se facilita la
constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las
prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las
cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento
de la documentación exigida.


Por último, se introduce una nueva disposición adicional en el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, la sexagésima cuarta, tendente a extender la
aplicación de la jubilación parcial a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas
para lo cual deberán estar incluidos en el sistema de la Seguridad Social como asimilados
a trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta, reducir
su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el apartado 6 del
artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y cumplir los requisitos establecidos en
el apartado 2 del artículo 166 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Para ello, la cooperativa deberá concertar con un socio de duración determinada o con un
desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, de la
jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las mismas
condiciones establecidas para la celebración de un contrato de relevo en el apartado 7
del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y conforme
a lo previsto en el artículo 166 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
Se equipara de este modo para el colectivo de socios de cooperativas el régimen de
acceso a la pensión de jubilación parcial previsto para los trabajadores por cuenta ajena.
En la disposición final segunda se modifica el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de
diciembre, para adecuar la redacción del apartado 2 del artículo 6 a lo establecido en el
artículo 47.Uno, primer párrafo, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, así como al artículo 50 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2013, a fin de unificar el criterio aplicable
para el cómputo de los rendimientos del pensionista a efectos de determinar el derecho al
reconocimiento del complemento por mínimos.
También se subsana mediante esta disposición la omisión existente en la letra a) del
apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto-ley 29/2012, en relación con lo establecido en
la letra a) del artículo 47.Dos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, donde se precisa que las pensiones reconocidas
por otro Estado se computen en los mismos términos que las pensiones internas a cargo
de un régimen público de previsión social, para determinar la concurrencia o no de la
dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con
cónyuge a cargo.
La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, con el fin de tipificar una nueva infracción muy grave en el supuesto de
incumplimiento de la obligación de presentar ante la autoridad laboral el certificado al que
se refiere el apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1
de agosto.
Mediante la disposición final cuarta se modifica el Real Decreto 1493/2011, de 24 de
octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación, ampliando el plazo para la presentación de solicitud de suscripción de convenio
especial hasta el 31 de diciembre de 2014 y el número máximo de mensualidades en que
se puede efectuar el pago fraccionado del convenio especial.
Las disposiciones finales quinta y sexta establecen diversas modificaciones técnicas
del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones
establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social y del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
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infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
La disposición final séptima contiene una serie de modificaciones del Real
Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por
las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores


de cincuenta o más años, que desarrolla la disposición adicional decimosexta de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, y contiene el procedimiento de liquidación y pago necesario
para la efectividad de las aportaciones. Con ello se pretende adaptar la regulación
reglamentaria a los cambios introducidos en la disposición legal a la que desarrolla,
permitiendo su aplicación inmediata.
Asimismo, de forma coherente con la anterior modificación, la disposición final octava
suprime la disposición adicional primera del Reglamento de los procedimientos de
despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

V

La modificación de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial,
tal y como está prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, así como
la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran
de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, a que
se refiere el artículo 163.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
en la redacción dada por el artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que si bien
debieron entrar en vigor el día 1 de enero de 2013, su aplicación fue suspendida durante
tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de
diciembre, debe tener efectos antes del transcurso del plazo indicado, lo que justifica las
razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente
real decreto-ley, ante la inminente finalización del mismo.
Las mismas razones de urgente necesidad derivada de la perentoriedad del plazo de
suspensión cabe apreciar respecto a la modificación de la regulación del contrato a
tiempo parcial y del contrato de relevo a que se refiere el artículo 9, afectados ambos
igualmente por el mismo, además de que en este caso la fecha de entrada en vigor de
estas modificaciones debe hacerse coincidir con la correspondiente a la de la jubilación
parcial, al objeto de mantener la adecuada coordinación entre los ordenamientos jurídicos
laboral y de Seguridad Social.
A efectos de mantener igualmente un tratamiento coherente y uniforme en relación
con la fecha de efectos tanto del artículo 8, relativo a normas transitorias en materia de
pensión de jubilación, y por el que se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición
final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, como de la disposición final cuarta,
por la que se modifica la redacción del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de
desarrollo de aquélla en materia de prestaciones, y ante la inminente entrada en vigor de
las importantes modificaciones operadas tanto en la regulación de la jubilación anticipada,
como de la jubilación parcial, procede su regulación mediante el real decreto-ley, al estar
justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad para ello.
Similares argumentos que los esgrimidos en el párrafo anterior justifican la necesidad
de regular mediante este real decreto-ley la compatibilidad entre la pensión de jubilación y
el trabajo, a que se refiere el capítulo I, así como lo dispuesto en las disposiciones
adicionales primera y segunda, en las que se regula la obligatoriedad por parte de las
empresas de mantener el nivel de empleo previo existente en las mismas y se dispone la
colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con las entidades de la
Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada, dotando así al conjunto de
medidas a introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-
trabajo de una fecha de vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento
se facilite a los interesados la elección, en su caso, de la modalidad que mejor convenga
a sus intereses.
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Las razones de extraordinaria y urgente necesidad de las distintas modificaciones
introducidas en la Ley General de la Seguridad Social contenidas en la disposición final
primera tienen varias justificaciones. Por lo que respecta a la extensión de la aplicación
de la jubilación parcial a los socios de las cooperativas, por la necesidad de coordinar sus
efectos con las modificaciones introducidas en la regulación de esta modalidad de
jubilación. En cuanto a la eliminación de requisitos a los interesados para que puedan


acreditar estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones, para no
demorar los beneficiosos efectos que esta medida depara, al conseguirse una mayor
celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones.
Por lo que respecta a las aportaciones económicas en supuestos de despido de
trabajadores de cincuenta o más años de edad, la necesidad de reducir el impacto social
y presupuestario de estos despidos ante la grave situación actual del mercado laboral y
de cumplir con los compromisos presupuestarios, determinan la extraordinaria y urgente
necesidad de regular esta materia mediante un real decreto-ley.
En cuanto a la disposición final segunda, en la que se modifica con efectos de 1 de
enero de 2013 el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de
diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a fin de adecuar su redacción a lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como la
subsanación de la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro
Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del
reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la
pensión, la propia previsión de la norma por la que retrotrae la fecha de efectos de estas
modificaciones al día 1 de enero de 2013 justifican en modo adecuado las razones de
extraordinaria y urgente necesidad para su regulación mediante este real decreto-ley.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Empleo y Seguridad Social y de
Hacienda y Administraciones Públicas, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 15 de marzo de 2013,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable a todos los regímenes del sistema de
la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por
lo dispuesto en su normativa específica.
El desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, delimitado en
el párrafo segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, será
incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.
2. La modalidad de jubilación regulada en este capítulo se entenderá aplicable sin
perjuicio del régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de
compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.

Artículo 2. Requisitos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el
disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la
realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en
los siguientes términos:
cve: BOE-A-2013-2874

a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que
en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la
disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o
anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.


b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la
cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por 100.
c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.

Artículo 3. Cuantía de la pensión.

1. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente
al 50 por 100 del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si
procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el
momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el
complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice
el pensionista.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las
pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el
trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se
reducirá en un 50 por 100.
2. El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a
la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.
3. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
4. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad
por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.

Artículo 4. Cotización.

Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible
con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad
Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la
normativa reguladora del régimen del sistema de la Seguridad Social correspondiente, si
bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8 por 100, no
computable para las prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta
ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6
por 100 y del trabajador el 2 por 100.

CAPÍTULO II

Modificaciones en materia de jubilación en la Seguridad Social

Artículo 5. Cuantía de la pensión de jubilación en los supuestos de anticipación en el
acceso a la misma.

Se modifica el apartado cinco del artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, dando una
nueva redacción al apartado 3 y añadiendo un nuevo apartado 4 en el artículo 163 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes términos:

«3. Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran
de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante,
aquéllos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base
reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una vez
aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión
no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión
cve: BOE-A-2013-2874

en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.
4. El coeficiente del 0,50 por 100 a que se refiere el apartado anterior no será
de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de jubilaciones causadas al amparo de lo establecido en la
norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera.


b) En los casos de jubilaciones anticipadas conforme a las previsiones del
apartado 1 del artículo 161 bis, en relación con los grupos o actividades
profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica,
peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad.»

Artículo 6. Modificación de la jubilación anticipada.

Se da nueva redacción al apartado uno del artículo 5 de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, en los siguientes términos:

«Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 161 bis, en los
siguientes términos:

2. Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada, la que
deriva del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador y la que deriva de
la voluntad del interesado, para las cuales se exigen los siguientes requisitos:

A) Respecto de la derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la
libre voluntad del trabajador.

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la
edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a)
y en la disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de
aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de
empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales
efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una
situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación
laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán
dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las
siguientes:

a. El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
b. El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, conforme al artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.
c. La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
d. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de
la personalidad jurídica del contratante.
e. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza
mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7
del Estatuto de los Trabajadores.

En los supuestos contemplados en las letras a y b, para poder acceder a la
cve: BOE-A-2013-2874

jubilación anticipada derivada de cese en el trabajo por causa no imputable al
trabajador, será necesario que éste acredite haber percibido la indemnización
correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto
demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la
decisión extintiva.


El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la
transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.
La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser
víctima de la violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado A),
la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o
fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador
para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación
de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, de
los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:

1º. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período
de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se
considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido
cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el
cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación
de lo establecido en el artículo 161.1 a) y en la disposición transitoria vigésima.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos,
sin que se equipare a un período la fracción del mismo.

B) Respecto del acceso anticipado a la jubilación por voluntad del interesado:

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la
edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a)
y en la disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de
aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que, a tales
efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha
modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a
la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación
familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá
acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.

En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado B),
la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o
fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador
para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación
de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, de
los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:

1º. Coeficiente del 2 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de
cve: BOE-A-2013-2874

cotización inferior a 38 años y 6 meses.


de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se
considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido
cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el
cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación
de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos,
sin que se equipare a un período la fracción del mismo.»

Artículo 7. Modificación de la jubilación parcial.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en los

Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 6, en los siguientes términos:

«Uno. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 166, en los

1. Los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el
artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima y reúnan los requisitos
para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una
reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por 100 y
un máximo del 50 por 100, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de
la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se
entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
2. Asimismo, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de
relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores,
los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando
reúnan los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido las siguientes edades sin que, a tales efectos, se tengan
en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran
ser de aplicación al interesado.

Edad exigida con 33
Año del hecho Edad exigida según períodos cotizados en el momento años cotizados en el
causante del hecho causante momento del hecho
causante

2013 61 y 61 y 1 mes 33 años y 3 meses o más 61 y 2 mes
2014 61 y 61 y 2 meses 33 años y 6 meses o más 61 y 4 meses
2016 61 y 61 y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses
2018 61 y 61 y 6 meses 34 años y 6 meses o más 62 años
2020 61 y 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses
2021 62 años 35 años y 3 meses o más 63 años
cve: BOE-A-2013-2874

2024 62 y 62 y 6 meses 36 años o más 64 años
2027 y siguientes 63 años 36 años y 6 meses 65 años


La escala de edades indicada no será de aplicación a los trabajadores a que se
refiere la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera, a quienes se
exigirá haber cumplido la edad de 60 años sin que, a estos efectos, se tengan en
cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran
ser de aplicación a los interesados.
b) Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se
computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una
sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
c) Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un
mínimo de un 25 por 100 y un máximo del 50 por 100, o del 75 por 100 para los
supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa
mediante un contrato de duración indefinida, siempre que se acrediten el resto de
los requisitos. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un
trabajador a tiempo completo comparable.
d) Acreditar un período de cotización de 33 años en la fecha del hecho
causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la
parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos
efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o
de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33
por 100, el período de cotización exigido será de 25 años.
e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del
trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al
trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por 100 del promedio de las bases
de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base
reguladora de la pensión de jubilación parcial.
f) Los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilación
parcial tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador
sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo 161.1 a) y en la
disposición transitoria vigésima.
En los casos a que se refiere la letra c), en que el contrato de relevo sea de
carácter indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante una
duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador
sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo 161.1 a) y en
la disposición transitoria vigésima. En el supuesto de que el contrato se extinga antes
de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a celebrar un
nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo restante. En
caso de incumplimiento por parte del empresario de las condiciones establecidas en
el presente artículo en materia de contrato de relevo, será responsable del reintegro
de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial.
g) Sin perjuicio de la reducción de jornada a que se refiere la letra c), durante
el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la
base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando
éste a jornada completa.»

Dos. Se modifica el apartado tres del artículo 6, en los siguientes términos:

«Tres. Se añade una nueva disposición transitoria, la vigésima segunda, con
la siguiente redacción:
cve: BOE-A-2013-2874

«Disposición transitoria vigésima segunda. Normas transitorias sobre jubilación parcial.

1. La exigencia del requisito de la edad a que se refiere el apartado 1 y la letra f)
del apartado 2 del artículo 166 se aplicará de forma gradual, conforme a lo previsto
en la disposición transitoria vigésima de esta Ley.


2. La base de cotización durante la jubilación parcial a que se refiere la letra g)
del apartado 2 del artículo 166 se aplicará de forma gradual conforme a los
porcentajes calculados sobre la base de cotización a jornada completa de acuerdo
con la siguiente escala:

a) Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 50 por 100
de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa.
b) Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5 por 100
más hasta alcanzar el 100 por 100 de la base de cotización que le hubiera
correspondido a jornada completa.
c) En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada
ejercicio en la escala anterior podrá resultar inferior al porcentaje de actividad
laboral efectivamente realizada.»

Artículo 8. Normas transitorias en materia de pensión de jubilación.

Se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, en los siguientes términos:
«2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus
diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de
determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a
las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los
siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril
de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas
en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como
consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o
por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de
empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales,
aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre
que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad
a 1 de enero de 2019.
c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad
a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a
planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o
acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación
parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.
En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación
de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de
jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición
indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren
debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto
Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.»

CAPÍTULO III

Modificación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo
cve: BOE-A-2013-2874

Artículo 9. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.

Se da nueva redacción a la disposición final primera de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, en los siguientes términos:


«Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Se da nueva redacción a los apartados 6 y 7 del artículo 12 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los siguientes términos:

“6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los
términos establecidos en el apartado 2 del artículo 166 de la Ley General de la
Seguridad Social y demás disposiciones concordantes, deberá acordar con su
empresa una reducción de jornada y de salario de entre un mínimo del 25 por 100 y
un máximo del 50 por 100, conforme al citado artículo 166, y la empresa deberá
concertar simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en
el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante
por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá concertar el contrato
de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente después de
haber cumplido la edad establecida en el artículo 161.1.a) y en la disposición
transitoria vigésima de la Ley General de la Seguridad Social.
La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el 75 por 100 cuando el
contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida,
siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el artículo 166.2.c)
de la Ley General de la Seguridad Social.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en
concepto de jubilación parcial.
La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.
7. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas:

a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese
concertado con la empresa un contrato de duración determinada.
b) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, la
duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una
jubilación parcial tendrá que ser indefinida o, como mínimo, igual al tiempo que
falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad establecida en el apartado 1 del
artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social o, transitoriamente, las
edades previstas en la disposición transitoria vigésima. Si, al cumplir dicha edad, el
trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo
que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante
acuerdo con las partes por períodos anuales, extinguiéndose en todo caso al
finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total
del trabajador relevado.
En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de
relevo deberá alcanzar al menos una duración igual al resultado de sumar dos
años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de
jubilación a que se refiere el artículo 161.1.a) y la disposición transitoria vigésima
de la Ley General de la Seguridad Social. En el supuesto de que el contrato se
extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará
obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el
tiempo restante.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido la
edad prevista en el apartado 1 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad
cve: BOE-A-2013-2874

Social, o transitoriamente, las edades previstas en la disposición transitoria
vigésima de la misma, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la
empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá ser
indefinida o anual. En este segundo supuesto, el contrato se prorrogará
automáticamente por períodos anuales, extinguiéndose en todo caso al finalizar el


período correspondiente al año en que se produzca la jubilación total del trabajador
relevado.
c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el
contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo
caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de
jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador
relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.
d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del
trabajador sustituido. En todo caso, deberá existir una correspondencia entre las
bases de cotización de ambos, en los términos previstos en el artículo 166.2 e) de
la Ley General de la Seguridad Social.
e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la
celebración de contratos de relevo.”»

CAPÍTULO IV

Medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los
despidos colectivos

Artículo 10. Régimen de aportaciones económicas por despidos.

La disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, queda
redactada como sigue:

«Disposición adicional decimosexta. Aportaciones económicas por despidos que
afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios.

1. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los despidos colectivos sean realizados por empresas de más de 100
trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que
empleen a ese número de trabajadores.
b) Que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años de
edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de
trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa.
A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o
más años sobre el total de trabajadores despedidos, se incluirán los trabajadores
afectados por el despido colectivo y aquellos cuyos contratos se hayan extinguido por
iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del
trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores,
siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años
anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.
A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores de cincuenta o más
años sobre el total de trabajadores de la empresa, se tendrá en cuenta la plantilla
de la empresa a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo.
c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción que justifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos
cve: BOE-A-2013-2874

condiciones siguientes:

1.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran
tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el
empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.


2.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte obtengan
beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo
comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del
procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores
a dicha fecha.

A estos efectos, se considera que una empresa ha tenido beneficios cuando
el resultado del ejercicio, tal y como se define en los modelos de cuentas anuales
de pérdidas y ganancias, tanto normal como abreviada, recogidos en el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad, o en la normativa contable que sea de aplicación, sea positivo.

2. Para el cálculo de la aportación económica a que se refiere el apartado
anterior, se tomará en consideración el importe bruto, desde la fecha del despido,
de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de cincuenta o
más años de edad afectados por el despido colectivo, incluidas las cotizaciones a
la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo
con lo establecido en los siguientes apartados. También se incluirán a los efectos
del cálculo de la aportación económica los importes abonados por el Servicio
Público de Empleo Estatal por los referidos conceptos de los trabajadores de
cincuenta o más años cuyos contratos se hayan extinguido por iniciativa de la
empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador
distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores,
siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años
No obstante, se excluirán del cálculo de la aportación económica, a petición de
la empresa afectada, los importes de prestaciones y subsidios por desempleo de
los trabajadores de cincuenta o más años de edad afectados que hubieran sido
objeto de recolocación en la misma empresa, o en otra empresa del grupo del que
forme parte, o en cualquier otra empresa, en los seis meses siguientes a la fecha
en que se produzca la extinción de sus contratos de trabajo. En estos casos la
empresa deberá acreditar estos extremos en el procedimiento.
3. El importe de la aportación se determinará anualmente mediante la
aplicación del tipo establecido en el apartado 4 sobre cada uno de los siguientes
conceptos:

a) Cuantía total efectivamente abonada por el Servicio Público de Empleo
Estatal por prestaciones por desempleo de nivel contributivo de los trabajadores de
cincuenta o más años afectados por los despidos, generadas total o parcialmente
en virtud de las cotizaciones acreditadas en la empresa que promovió su despido.
b) Cuantía total efectivamente abonada por el Servicio Público de Empleo
Estatal por cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la entidad gestora de las
prestaciones por desempleo por los trabajadores afectados, durante el periodo de
percepción de las mismas.
c) Un canon fijo por cada trabajador que haya agotado la prestación por
desempleo de nivel contributivo y que comience a percibir algún subsidio de los
establecidos en el artículo 215.1.1). a) y b), y 215.1.3) del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio. Este canon se calculará mediante la totalización durante un periodo de
seis años de la suma del coste anual del subsidio por desempleo más el de la
cotización por jubilación por cuenta de la entidad gestora en el año del agotamiento.
cve: BOE-A-2013-2874

También se hará efectivo el canon fijo por cada trabajador que, no teniendo
derecho al cobro de la prestación por desempleo contributiva, acceda directamente
al subsidio por desempleo previsto en el artículo 215.1.2) del citado texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, como consecuencia de la situación legal
de desempleo motivada por el despido.


4. El tipo aplicable será el fijado por la siguiente escala en función del número
de trabajadores de la empresa, del número de trabajadores de cincuenta o más
años de edad afectados por el despido y del porcentaje de los beneficios de la
empresa sobre los ingresos:

Tipo aplicable para calcular la aportación económica

Número de trabajadores en la
Porcentaje de trabajadores afectados Porcentaje empresa
de 50 o más años en relación con el de beneficios Entre
número de trabajadores despedidos sobre los ingresos Más Entre 101
1.000
de 2.000 y 999
y 2.000

Más del 35 %. Más del 10 %. 100 % 95 % 90 %
Menos del 10 %. 95 % 90 % 85 %
Entre 15 % y 35 %. Más del 10 %. 95 % 90 % 85 %
Menos del 10 %. 90 % 85 % 80 %
Menos del 15 %. Más del 10 %. 75 % 70 % 65 %
Menos del 10 %. 70 % 65 % 60 %

5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:

a) El porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre
el total de trabajadores despedidos se calculará año a año, dentro del periodo
previsto para la realización de los despidos que figure en la comunicación de la
decisión empresarial a la autoridad laboral tras la finalización del periodo de
consultas, teniendo en cuenta el número total de ambos colectivos que ha sido
objeto de despido hasta el año en que se efectúa el cálculo.
b) En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).1.ª, los beneficios de la
empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio de
los mismos respecto de los ingresos obtenidos en los dos ejercicios inmediatamente
anteriores a aquél en que se inicie el procedimiento de despido colectivo.
c) En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).2.ª, los beneficios de la
los mismos respecto de los ingresos obtenidos en los dos primeros ejercicios
consecutivos en que la empresa haya obtenido beneficios dentro del periodo
indicado en dicho apartado.
d) El número de trabajadores de la empresa o grupo de empresas se calculará
según los que se encuentren en alta en la empresa o grupo de empresas al inicio
del procedimiento de despido colectivo, con independencia de que trabajen a
jornada completa o a tiempo parcial.

6. En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).2.ª, el cálculo de la primera
aportación incluirá todos los conceptos establecidos en el apartado 3 correspondientes
al periodo comprendido desde la fecha de los despidos hasta el segundo ejercicio
consecutivo, incluido éste, en que la empresa haya obtenido beneficios. Este mismo
periodo se considerará para la determinación del porcentaje de trabajadores a
efectos de la aplicación de la regla establecida en el apartado 5.a).
7. Las empresas a que se refiere esta disposición presentarán, ante la
Autoridad laboral competente en el procedimiento de despido colectivo, un
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certificado firmado por persona con poder suficiente en el que deberá constar la
información que se determine reglamentariamente, en los siguientes plazos:

a) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 1,
letras a), b) y c).1.ª, tres meses a contar desde que finalice el año siguiente al
inicio del procedimiento de despido colectivo.


b) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 1,
letras a), b) y c).2.ª, antes de que finalice el ejercicio inmediatamente posterior
a aquél en que se cumpla el último de los tres requisitos mencionados.

En ambos casos, la autoridad laboral deberá remitir dicho certificado al Servicio
Público de Empleo Estatal.
8. El procedimiento para la liquidación y pago de la aportación económica se
determinará reglamentariamente.
9. Cuando el despido colectivo implique la cesación total de la actividad de la
empresa en el territorio español, se podrán adoptar las medidas cautelares
oportunas, de acuerdo con la ley, para asegurar el cobro de la deuda
correspondiente a la aportación económica, aun cuando esta no haya sido objeto
de cuantificación y liquidación con carácter previo.
10. En el supuesto de cambio de titularidad de la empresa, el nuevo
empresario quedará subrogado en las obligaciones establecidas en esta
disposición.
11. Será exigible la aportación a que se refiere la presente disposición cuando
la empresa proceda a la aplicación de medidas temporales de regulación de
empleo que afecten a trabajadores de cincuenta o más años con carácter previo a
la extinción de los contratos de trabajo de los mismos trabajadores, en virtud de
despido colectivo u otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos
de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que
no haya transcurrido más de un año entre la finalización de la situación legal de
desempleo derivada de la aplicación de las medidas temporales de regulación de
empleo y la extinción del contrato de cada trabajador.
En todo caso, para el cálculo de la aportación económica se tomará en cuenta
el importe de las cantidades realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal a
que se refiere el apartado 2, durante los periodos de aplicación de medidas de
regulación temporal de empleo previos a la extinción de los contratos, incluidos, en
su caso, los que pudieran corresponder en concepto de reposición de la duración
de la prestación por desempleo de nivel contributivo, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 3.c).
12. Al menos el 50 de las cantidades recaudadas en el ejercicio
%
inmediatamente anterior se consignarán en el presupuesto inicial del Servicio
Público de Empleo Estatal con la finalidad de financiar acciones y medidas de
reinserción laboral específicas para el colectivo de los trabajadores de cincuenta o
más años que se encontraran en situación legal de desempleo, para lo cual en el
presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal deberán constar créditos
destinados a financiar este tipo de acciones y medidas.
13. A los efectos previstos en esta disposición, se considerarán incluidos en el
concepto de empresa los entes, organismos y entidades que formen parte del
sector público y no tengan la consideración de Administración Pública conforme a
lo previsto en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
14. Lo previsto en esta disposición será de aplicación a los procedimientos de
despido colectivo iniciados a partir del 1 de enero de 2013.»

Disposición adicional primera. Mantenimiento del empleo durante la percepción de la
pensión de jubilación compatible con el trabajo.

Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de
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la pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en el capítulo I no deberán haber
adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha
compatibilidad. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, y para la cobertura de aquellos puestos de
trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción.


Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá
mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel
de empleo existente en la misma antes su inicio. A este respecto se tomará como
referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de
los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de
dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en
los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio.
No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo
anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido
disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las
extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o
realización de la obra o servicio objeto del contrato.

Disposición adicional segunda. Nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de
jubilación o retiro de Clases Pasivas.

El artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda redactado como sigue:

«1. Las pensiones de jubilación o retiro, a que se refiere este Capítulo, serán
incompatibles con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector
público por parte de sus titulares, entendido éste de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y
aplicándose, a este efecto, las excepciones contempladas en la disposición
adicional novena de dicha Ley y, en el caso de que no se perciban retribuciones
periódicas por el desempeño de cargos electivos como miembros de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, las
previstas en el artículo 5 de la misma.
2. Asimismo, con carácter general, el percibo de las pensiones de jubilación o
retiro será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena,
que de lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad
Social.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el percibo de las pensiones
de jubilación o retiro, en el supuesto contemplado en la letra a) del artículo 28.2 del
presente texto refundido, será compatible con el ejercicio de una actividad, por
cuenta propia o ajena, que de lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen
público de Seguridad Social, en los siguientes términos:

a) La edad de acceso a la pensión de jubilación o retiro debe ser, al menos, la
establecida como edad de jubilación forzosa para el correspondiente colectivo de
funcionarios públicos.
b) El porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de determinar la
cuantía de la pensión debe ser del cien por cien.

En caso de desempeñar una actividad compatible, la cuantía de la pensión
será equivalente al cincuenta por ciento del importe resultante en el reconocimiento
inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o el que
el pensionista esté percibiendo en la fecha de inicio de la actividad, excluido, en
todo caso, el complemento por mínimos, que no se podrá percibir durante el tiempo
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en que se compatibilice pensión y actividad.
La pensión se revalorizará en su integridad, en los términos establecidos para
las pensiones del Régimen de Clases Pasivas. No obstante, en tanto se desempeñe
el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas
se reducirá en un cincuenta por ciento.


3. El percibo de las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad será incompatible con el ejercicio de una
actividad, por cuenta propia o ajena, que de lugar a la inclusión de su titular en
cualquier régimen público de Seguridad Social.
No obstante, en los términos que reglamentariamente se determine, en los
supuestos de pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad, cuando el interesado no esté incapacitado para toda profesión
u oficio, se podrá compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de
dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del
Estado. En este caso, y mientras dure dicha situación, el importe de la pensión
reconocida, se reducirá al 75 por ciento de la correspondiente cuantía, si se
acreditan más de 20 años de servicios efectivos al Estado; o al 55 por ciento, si el
interesado hubiera cubierto menos de 20 años de servicios al momento de su
jubilación o retiro.
4. La percepción de las pensiones afectadas por las incompatibilidades
señaladas en los apartados anteriores quedará en suspenso por meses completos,
desde el día primero del mes siguiente al inicio de la actividad que determina la
incompatibilidad hasta el último día del mes en que se finalice, sin que ello afecte a
los incrementos que deban experimentar tales pensiones, conforme a lo dispuesto
en el artículo 27 de este texto.
Como excepción a los efectos de la suspensión señalados en el párrafo
anterior, si la actividad incompatible se inicia el día primero de un mes la suspensión
del abono procederá desde el día primero del mes en que se realice la actividad
incompatible.
En el supuesto regulado en el precedente apartado 2, tanto la reducción como
el restablecimiento del importe íntegro de la pensión se llevará a cabo por meses
completos, con los efectos señalados en los párrafos anteriores.
5. La situación económica de los perceptores de pensiones de jubilación o
retiro se revisará de oficio, con la periodicidad que reglamentariamente se
determine, a efectos de la aplicación de las normas anteriores, sin perjuicio de las
revisiones que procedan a instancia del interesado.»

Disposición adicional tercera. Aplicación del nuevo régimen de compatibilidad de la
pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas.

El régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas
regulado en la disposición adicional segunda será de aplicación a las pensiones que se
causen o hayan causado a partir de 1 de enero de 2009, sin perjuicio de que los efectos
económicos no podrán ser, en ningún caso, anteriores a la fecha de entrada en vigor de la
presente norma.
Las pensiones de jubilación o retiro causadas con anterioridad a 1 de enero de 2009
mantendrán el régimen de incompatibilidades que les venia siendo de aplicación.

Disposición adicional cuarta. Colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en relación con la jubilación anticipada.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará su colaboración y apoyo a las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a efectos de comprobar
que el acceso a la modalidad de jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por
causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, a que se refiere el apartado 2.A) del
artículo 161 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
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el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se produce conforme a los requisitos
exigidos en el mismo, procediéndose en caso de infracción de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 23.1.c) y e) y 26. 1 y 3 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto. En estos supuestos, la graduación de las sanciones correspondientes a las


infracciones muy graves tipificadas en las letras c) y e) del artículo 23.1 del texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de
la citada norma. En este sentido, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará
criterios de aplicación uniforme que garanticen el debido reproche administrativo a las
actuaciones de naturaleza fraudulenta.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social extremará, en particular, los controles
sobre los supuestos en fraude de ley relativos a los despidos objetivos por causas
económicas, técnicas, organizativas o de la producción, conforme al artículo 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores, así como la extinción del contrato de trabajo motivada por la
existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido
en el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores.
La colaboración alcanzará a la inclusión en el Plan Integrado de Actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con los Planes anuales de objetivos
acordados con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, de
una planificación específica dirigida a prevenir y reprimir los supuestos de simulación de
la relación laboral, altas ficticias y connivencia para el acceso indebido a la jubilación
anticipada, estableciendo para ello las acciones a realizar y los objetivos a conseguir, así
como las medidas necesarias para facilitar su cumplimiento.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará criterios de aplicación uniforme
que permitan a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizar actuaciones de control ante posibles
supuestos de fraude en el acceso indebido a la jubilación anticipada.

Disposición adicional quinta. Informe sobre la Recomendación 16.ª del Pacto de Toledo.

El Gobierno, en el marco del informe sobre el grado de desarrollo de la previsión
social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse para promover su
desarrollo en España, previsto en la disposición adicional decimonovena de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, realizará las propuestas oportunas para proceder a regular la posibilidad
del rescate de las aportaciones realizadas a planes y fondos de pensiones, regulados en
el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, una vez se
alcance la edad legal de jubilación del partícipe, aun cuando se compatibilice el disfrute
de la pensión de jubilación del Sistema de la Seguridad Social con la realización de
cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia en los términos definidos en el
capítulo primero de este decreto-ley.

Disposición adicional sexta. Actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

Si en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente real
decreto- ley las Comunidades Autónomas no hubieran constituido y puesto en
funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos o suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social acordando la actuación de la Comisión en el ámbito territorial
de las comunidades firmantes, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos podrá, subsidiariamente y en tanto en cuanto no se constituyan dichos
órganos tripartitos equivalentes, en su caso, conocer de las solicitudes presentadas por
las empresas y los representantes legales de los trabajadores para dar solución a las
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discrepancias surgidas por falta de acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de
trabajo, presentes en el convenio colectivo de aplicación, cuando dicha inaplicación
afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de una Comunidad
Autónoma.


Disposición adicional séptima. Informe previo de las entidades, participadas
mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal.

1. Las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria así como los entes, organismos y
entidades que formen parte del sector público estatal y no tengan la consideración de
Administración Pública conforme a lo previsto en el artículo 3.2 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, deberán informar a una comisión técnica integrada por
representantes de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, Economía y
Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas, con carácter previo, tanto del
inicio de cualquier procedimiento de despido colectivo como de cualquier propuesta de
acuerdo a presentar a la representación de los trabajadores durante el desarrollo del
periodo de consultas.
2. Mediante disposición reglamentaria se creará y regulará el funcionamiento de la
comisión técnica prevista en el apartado anterior sin que su creación suponga incremento
del gasto público.

Disposición adicional octava. Políticas activas de empleo para mayores de 55 años.

Los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación por desempleo
de nivel contributivo o cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en el texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o no tengan derecho a los mismos, tendrán la
condición de colectivo prioritario para su participación en las acciones y medidas de
políticas activas de empleo que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo a los efectos
previstos en el artículo 19 octies de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

Disposición adicional novena. Creación de un comité de expertos para el estudio del
Factor de Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social.

El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley,
creará un comité de expertos independientes a fin de que elabore un informe sobre el
factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión
del Pacto de Toledo, en línea con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima
novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducido por la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad Social.

Disposición transitoria única. Subsidio por desempleo para mayores de 55 años.

A los titulares del derecho al subsidio por desempleo previsto en el artículo 215.1.3) del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo nacimiento del derecho se
haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, les será de
aplicación la normativa sobre el requisito de carencia de rentas vigente en ese momento
durante toda la duración del subsidio, siendo de aplicación lo previsto en el apartado uno de
la disposición final primera de este real decreto-ley a aquellas solicitudes cuyo nacimiento
del derecho al subsidio se inicie a partir de la fecha de su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
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Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto-ley, y de manera específica los apartados 1 y 2 de la
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de
mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial de Empleados de Hogar y
otras medidas de carácter económico y social, y el apartado 3 del artículo 7 del Real


Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto,
de Protección por Desempleo.

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Uno. Se modifica el número 3 del apartado 1 del artículo 215, añadiendo un tercer
párrafo, con la siguiente redacción:
«Además, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos establecidos
en este artículo, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores
incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito
de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la
unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de
miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.»
Dos. Se modifica el artículo 229 en los siguientes términos:
«Sin perjuicio de las facultades de los servicios competentes en cuanto a
inspección y control en orden a la sanción de las infracciones que pudieran
cometerse en la percepción de las prestaciones por desempleo, corresponde a la
entidad gestora controlar el cumplimiento de lo establecido en el presente título y
comprobar las situaciones de fraude que puedan cometerse.
La entidad gestora podrá exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos
en virtud de las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 208, acreditación de
haber percibido la indemnización legal correspondiente.
En el caso de que la indemnización no se hubiera percibido, ni se hubiera
interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de
impugnación de la decisión extintiva, o cuando la extinción de la relación laboral no
lleve aparejada la obligación de abonar una indemnización al trabajador, se
reclamará la actuación de la Inspección a los efectos de comprobar la
involuntariedad del cese en la relación laboral.
A tal fin, la entidad gestora podrá suspender el abono de las prestaciones por
desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el curso de las
investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra
el fraude.»

Tres. Se incorpora un nuevo apartado, el 6, en la disposición adicional octava, en
los siguientes términos:

«6. No obstante lo indicado en los apartados precedentes, lo dispuesto en el
artículo 166.3 y la escala de edades incluida en el artículo 166.2 a) no será de
aplicación a los trabajadores a que se refiere la norma 2.ª de la disposición
transitoria tercera del Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.»

Cuatro. Se modifica la disposición adicional trigésima novena que queda redactada
en los siguientes términos:
cve: BOE-A-2013-2874

«Disposición adicional trigésima novena. Requisito de estar al corriente en el
pago de las cuotas a efecto de las prestaciones.

1. En el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de
cotizaciones, para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones
económicas de la Seguridad Social será necesario que el causante se encuentre al


corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, aunque la
correspondiente prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo
recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.
A tales efectos será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto
en el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, cualquiera que sea el Régimen de la Seguridad Social en que el
interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación o en
el que se cause ésta.
2. Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las
cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un
aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla
los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de
hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión
inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente
podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social
en su totalidad. A tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.b) de
esta Ley, la Entidad Gestora de la prestación podrá detraer de cada mensualidad
devengada por el interesado la correspondiente cuota adeudada.
3. A efectos del reconocimiento del derecho a una pensión, las cotizaciones
correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses
previos a aquél, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de
información de la Seguridad Social, se presumirán ingresadas sin necesidad de
que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente. En estos supuestos,
la entidad gestora revisará, con periodicidad anual, todas las pensiones
reconocidas durante el ejercicio inmediato anterior bajo la presunción de situación
de estar al corriente para verificar el ingreso puntual y efectivo de esas
cotizaciones. En caso contrario, se procederá inmediatamente a la suspensión
del pago de la pensión, aplicándose las mensualidades retenidas a la amortización
de las cuotas adeudadas hasta su total extinción, rehabilitándose el pago de la
pensión a partir de ese momento.
Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que el trabajador
acredite el periodo mínimo de cotización exigible, sin computar a estos efectos el
periodo de tres meses referido en el mismo.»

Cinco. Se introduce una nueva disposición adicional, la sexagésima cuarta, con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional sexagésima cuarta. Aplicación de la jubilación parcial a los
socios de las cooperativas.

Podrán acogerse a la jubilación parcial regulada en el artículo 166.2 los
socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que estén
incluidos en el sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores
por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta, que
reduzcan su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el
artículo 12.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 166.2 de la presente ley, cuando la
cooperativa concierte con un socio de duración determinada de la misma o con
un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de
cve: BOE-A-2013-2874

trabajo, de la jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente,
con las mismas condiciones establecidas para la celebración de un contrato de
relevo en el artículo 12.7 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y conforme
a lo previsto en el artículo 166 de esta ley.»


Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de
diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para
Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.

Con efectos de 1 de enero de 2013, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre,
de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de
Hogar y otras medidas de carácter económico y social, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 6, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción
por el pensionista de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades
económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido
para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
computados conforme a lo establecido en el artículo 50 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, cuando los mismos excedan de 7.063,07
euros al año.»

Dos. La letra a) del apartado 1 del artículo 7, queda redactada en los siguientes
términos:

«a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a
cargo de un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos
en dicho concepto las pensiones reconocidas por otro Estado, así como los
subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, ambos
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y las
pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio.»

Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.

Se añade un nuevo apartado 18 en el artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, con la siguiente redacción:

«18. No presentar, en tiempo y forma, ante la Autoridad laboral competente el
certificado a que se refiere el apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social, así como presentar información que resulte falsa
o inexacta.»

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el
que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo
de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Las reglas 2.ª y 4.ª del apartado 1 de la disposición adicional primera del Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones
de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen
en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
cve: BOE-A-2013-2874

sistema de Seguridad Social, quedan redactadas en los siguientes términos:

«2.ª La solicitud de suscripción del convenio especial podrá formularse hasta
el 31 de diciembre de 2014. En los casos en que se acredite la imposibilidad de
aportar la justificación necesaria para su suscripción dentro del plazo señalado, se


podrá conceder, excepcionalmente, un plazo de seis meses para su aportación, a
contar desde la fecha en la que se hubiese presentado la respectiva solicitud.»
«4.ª Una vez calculado por la Tesorería General de la Seguridad Social el
importe total de la cotización a ingresar par este convenio especial, su abono se
podrá realizar mediante un pago único o mediante un pago fraccionado en un
número máximo de mensualidades igual al triple de aquellas por las que se
formalice el convenio.»

Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre,
de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad Social.

Los apartados 1 y 3 del artículo 4 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de
desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la
Seguridad Social, quedan redactados en los siguientes términos:

«1. A efectos de la aplicación de la regulación de la pensión de jubilación
vigente antes de 1 de enero de 2013, en los supuestos recogidos en el apartado 2.b)
de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, los trabajadores
afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas dispondrán
hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las
direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los
expedientes de regulación de empleo, aprobados con anterioridad al 1 de abril
de 2013, de los convenios colectivos de cualquier ámbito así como acuerdos
colectivos de empresa, suscritos con anterioridad a dicha fecha, o de las decisiones
adoptadas en procedimientos concursales dictadas antes de la fecha señalada, en
los que se contemple, en unos y otros, la extinción de la relación laboral o la
suspensión de la misma, con independencia de que la extinción de la relación
laboral se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013.
De igual modo, y a los mismos efectos, en los supuestos recogidos en el
apartado 2.c), segundo inciso, de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales
o las empresas, dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y
poner a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social los planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos
de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, suscritos antes del día 1
de abril de 2013, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se
haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013. Junto a
la citada documentación se presentará certificación de la empresa acreditativa de
la identidad de los trabajadores incorporados al Plan de Jubilación Parcial con
anterioridad a 1 de abril de 2013.
Cuando en cualquiera de los supuestos indicados, el expediente de regulación
de empleo, el convenio colectivo de cualquier ámbito o acuerdo colectivo de
empresa, o la decisión adoptada en el procedimiento concursal afecte a un ámbito
territorial superior a una provincia, la comunicación tendrá lugar en la provincia
donde la empresa tenga su sede principal. A estos efectos, la sede principal deberá
coincidir con el domicilio social de la empresa siempre que en él esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios; en otro caso,
se atenderá al lugar en que radiquen dichas actividades de gestión y dirección.
cve: BOE-A-2013-2874

En el caso de los convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos
colectivos de empresa, junto a la copia de los mismos se presentará escrito donde
se hagan constar los siguientes extremos: ámbito temporal de vigencia del convenio
o acuerdo, ámbito territorial de aplicación, si estos no estuvieran ya recogidos en


los referidos convenios o acuerdos, y los códigos de cuenta de cotización afectados
por el convenio o acuerdo.
A su vez, en el plazo de un mes desde que finalice el plazo de comunicación de
los convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa a
que se refiere este apartado, las direcciones provinciales citadas remitirán a la
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social una relación
nominativa de las empresas en las que se hayan suscrito dichos convenios o
acuerdos, así como la información relativa a los expedientes de regulación de
empleo y a las decisiones adoptadas en procedimientos concursales.
Mediante Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social se elaborará una relación de empresas afectadas por expedientes
de regulación de empleo, convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos
colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, en
los que resulten de aplicación las previsiones de la disposición final duodécima de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto.»
«3. Si los sujetos obligados hubieran omitido efectuar las comunicaciones y
presentar la documentación relativa a los convenios colectivos, expedientes de
regulación de empleo o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales
a los que se refiere el apartado 1 en el plazo señalado, y la Administración de la
Seguridad Social tuviere conocimiento por otra vía de la concurrencia de los
requisitos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, procederá a aplicar al solicitante de la pensión de jubilación, cuando ésta
se cause, la legislación anterior a dicha ley. Por el contrario, en el caso de acuerdos
colectivos de empresa, será preceptiva su comunicación al Instituto Nacional de la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo señalado
en el apartado 1.»

Disposición final sexta. Modificación del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

La letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo, queda redactada en los siguientes términos:

«a) En el caso de las infracciones en materia de Seguridad Social reguladas
en la Sección Primera del Capítulo III del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, cuyas actas no concurran con actas de
liquidación, la imposición de sanción corresponderá a:

1.º La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el caso de las infracciones leves señaladas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del
artículo 21, las graves previstas en los apartados 1, 2, 3, 5, 7, 9 en el supuesto de
reducciones de cuotas de la Seguridad Social, 10 y 12 del artículo 22, y las muy
graves previstas en las letras b), d), f) y k) del artículo 23.1.
2.º La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en
su caso, del Instituto Social de la Marina en los supuestos calificados como
infracción leve en los apartados 4 y 6 del artículo 21, como infracción grave en los
cve: BOE-A-2013-2874

apartados 4, 6, 8 y 14 del artículo 22, y como infracción muy grave en las letras a),
c), e) y g) del artículo 23.1.
Corresponderá la imposición de sanción a la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, cuando
la sanción afecte a prestaciones por desempleo, en los supuestos previstos en el


apartado 4 del artículo 21, en los apartados 4, 6, 8, 13 y 14 del artículo 22 y en las
letras a), c), e) y g) del artículo 23.1.
3.º La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en el
supuesto previsto como infracción grave en el artículo 22. 9 cuando se trate de
bonificaciones y como infracción muy grave en la letra h) del artículo 23.1.»

Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre,
sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que
realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.

El Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a
realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a
trabajadores de cincuenta o más años, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue:

«1. De conformidad con el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social, lo dispuesto en el presente Real Decreto será de
aplicación a las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que sean realizados por empresas de más de 100 trabajadores o por
empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de
trabajadores.
b) Que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años de
edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de
trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa.
A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta
o más años sobre el total de trabajadores despedidos, se incluirán los trabajadores
afectados por el despido colectivo y aquellos cuyos contratos se hayan extinguido
por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del
trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en
los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido
colectivo.
A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores de cincuenta o más
años sobre el total de trabajadores de la empresa, se tendrá en cuenta la plantilla
de la empresa en el momento de inicio del procedimiento de despido colectivo.
c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción que justifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos
condiciones siguientes:

1.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran
tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el
empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.
2.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte obtengan
beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo
comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del
procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores
cve: BOE-A-2013-2874

a dicha fecha.

A estos efectos, se considera que una empresa ha tenido beneficios cuando
el resultado del ejercicio, tal y como se define en los modelos de cuentas anuales
de pérdidas y ganancias, tanto normal como abreviada, recogidos en el Real


Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad, o en la normativa contable que sea de aplicación, sea positivo.
2. A los efectos de este real decreto se considerará como trabajadores de
cincuenta o más años a:

a) Todos aquellos trabajadores afectados por el despido colectivo que tuvieran
cumplida dicha edad a la fecha de extinción del contrato, dentro del periodo previsto
para la realización de los despidos que figure en la comunicación de la decisión
empresarial a la autoridad laboral tras la finalización del periodo de consultas
contenida en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores.
b) Los trabajadores que tuvieran cumplida dicha edad a la fecha de la extinción
de sus contratos por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes
a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto
de los Trabajadores, cuando dichas extinciones de contratos se produjeran en los
tres años anteriores o en el año posterior al inicio del despido colectivo.

3. De conformidad con el apartado 11 de la disposición adicional decimosexta
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se aplicará lo dispuesto en el presente real decreto
cuando la empresa proceda a la aplicación de medidas temporales de regulación de
empleo conforme a lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores
que afecten a trabajadores de cincuenta o más años con carácter previo a la extinción
de los contratos de trabajo de los mismos trabajadores en virtud de despido colectivo
u otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en
el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no haya transcurrido
más de un año desde la finalización de la situación legal de desempleo por la
aplicación a cada trabajador de las medidas temporales de regulación de empleo
hasta la extinción del contrato de cada trabajador.
A los efectos de lo previsto en este apartado se considerará trabajadores de
cincuenta o más años a todos aquellos que tuvieren cumplida o cumplan dicha
edad dentro del periodo previsto para la aplicación de las medidas temporales de
regulación de empleo.»

Dos. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue:

«1. Para el cálculo de la aportación económica a que se refiere el artículo
1, se tomará en consideración el importe bruto, desde la fecha del despido, de
las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de cincuenta o
más años de edad afectados por el despido colectivo, incluidas las cotizaciones
a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal de
acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados. También se incluirán a
los efectos del cálculo de la aportación económica los importes realizados por
el Servicio Público de Empleo Estatal por los referidos conceptos de los
trabajadores de cincuenta o más años cuyos contratos se hayan extinguido por
iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona
del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido
en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de
despido colectivo.
No obstante, se excluirán del cálculo de la aportación económica, a petición de
la empresa afectada, los importes de prestaciones y subsidios por desempleo de
los trabajadores de cincuenta o más años de edad afectados que hubieran sido
cve: BOE-A-2013-2874

objeto de recolocación en la misma empresa, o en otra empresa del grupo del que
forme parte, o en cualquier otra empresa, en los seis meses siguientes a la fecha
en que se produzca la extinción de sus contratos de trabajo. En estos casos la
empresa deberá acreditar todos los requisitos exigidos para la recolocación en el
artículo 6.3, en el procedimiento previsto en dicho artículo.»


Tres. La letra c) del apartado 2 del artículo 3 queda redactada como sigue:

«c) Un canon fijo por cada trabajador a que se refiere la letra a) que haya
agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y que comience a percibir
algún subsidio de los establecidos en el artículo 215.1.1). a) y b), y 215.1.3) del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Este canon se calculará mediante la
totalización durante un periodo de seis años de la suma del coste anual del subsidio
por desempleo más el de la cotización por jubilación por cuenta de la entidad
gestora en el año del agotamiento, con independencia de la duración efectiva de
los mencionados subsidios, siendo suficiente que acceda a cualquiera de ellos.
También se hará efectivo el canon fijo por cada trabajador que, no teniendo
derecho al cobro de la prestación por desempleo contributiva, acceda directamente
al subsidio por desempleo previsto en el artículo 215.1.2) del citado texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, como consecuencia de la situación legal
de desempleo motivada por el despido colectivo o la extinción del contrato en virtud
de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador, de acuerdo con el
artículo 3.1.»

Cuatro. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«El tipo establecido en la escala a que se refiere el apartado 4 de la disposición
adicional decimosexta de la Ley 27/2011 para calcular la aportación económica, se
determinará aplicando las siguientes reglas:

a) El porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre
el total de trabajadores despedidos se calculará año a año, dentro del periodo
previsto para la realización de los despidos que figure en la comunicación de la
decisión empresarial a la autoridad laboral tras la finalización del periodo de
consultas, teniendo en cuenta el número total de ambos colectivos que ha sido
objeto de despido hasta el año en que se efectúa el cálculo.
Cuando existan trabajadores afectados por medidas de regulación temporal de
empleo a que se refiere el artículo 2.3, estos se incluirán para determinar el
porcentaje indicado de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el
total de trabajadores despedidos.
El cálculo del porcentaje obtenido en cada año no dará lugar a la revisión de la
cuantía de las aportaciones económicas de los años anteriores, salvo error o falta
de información en el momento de su cálculo.
b) En el supuesto a que se refiere el artículo 2.1.c).1.ª, los beneficios de la
los resultados de cada ejercicio respecto de los ingresos por operaciones
continuadas e interrumpidas considerados para calcular dichos resultados de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1, c), referidos a los dos ejercicios
económicos inmediatamente anteriores a aquél en que se inicie el procedimiento
de despido colectivo.
c) En el supuesto a que se refiere el artículo 2.1.c).2.ª, los beneficios de la
empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio
de los mismos respecto de los ingresos por operaciones continuadas e
interrumpidas considerados para calcular dichos resultados de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.1.c), referidos a los dos primeros ejercicios
consecutivos en que la empresa haya obtenido beneficios dentro del periodo
cve: BOE-A-2013-2874

indicado en dicho artículo.
d) El número de trabajadores de la empresa o del grupo de empresas del que
forme parte se calculará según los que se encuentren en alta en la empresa o en el
grupo de empresas en la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo,
con independencia de que trabajen a jornada completa o a tiempo parcial.»


Cinco. El artículo 5 queda redactado como sigue:

«Artículo 5. Información previa.

1. En la determinación de los elementos que dan lugar al cálculo de la
aportación a que se refiere el presente real decreto, así como el importe de la
misma, se tendrá en cuenta el certificado a que se refiere el apartado siguiente y la
información recabada por el Servicio Público de Empleo Estatal, con base en el
control realizado directamente o a través de los mecanismos de cooperación y
colaboración administrativa previstos legal y reglamentariamente.
2. El certificado a que se refiere el apartado 7 de la disposición adicional
decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, deberá contener la siguiente
información:

a) Datos de identificación de la empresa responsable: razón o denominación
social, número de identificación fiscal, código o códigos de cuenta de cotización a
la Seguridad Social, domicilio y actividad.
b) Resultado del ejercicio e ingresos obtenidos por la empresa o el grupo de
empresas del que forme parte, en los dos ejercicios consecutivos mencionados en
el artículo 2.1.c), así como el porcentaje medio de estos sobre los ingresos.
c) Fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo.
d) Número de trabajadores de la empresa en la fecha de inicio del
procedimiento de despido colectivo.
e) Número de trabajadores de la empresa que tuvieran cincuenta o más años
en la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo.
f) Número de trabajadores afectados por el despido colectivo.
g) Número e identificación de los trabajadores de cincuenta o más años
afectados por el despido colectivo.
h) Relación de los contratos de trabajo extinguidos por iniciativa de la empresa
en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los
previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, con indicación de
la edad de dichos trabajadores, que se hubieran extinguido en el plazo de tres años

La autoridad laboral deberá remitir dicho certificado al Servicio Público de
Empleo Estatal.
3. El Servicio Público de Empleo Estatal podrá en todo caso iniciar el
procedimiento a que se refiere el artículo siguiente cuando verifique la concurrencia
de las circunstancias establecidas en el artículo 2.1, aun cuando no le haya sido
remitido por la Autoridad Laboral el certificado indicado en el apartado anterior.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 2, reenumerándose los actuales apartados 2, 3, 4 y
5 que pasan a ser los apartados 3, 4, 5 y 6, en el artículo 6, que queda redactado como sigue:

«2. De conformidad con el apartado 6 de la disposición adicional decimosexta
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en el supuesto a que se refiere el artículo
2.1.c).2.ª, el cálculo de la primera aportación incluirá todos los conceptos
establecidos en el artículo 3.2 correspondientes al periodo comprendido desde la
fecha de los despidos hasta el segundo ejercicio consecutivo, incluido éste, en que
la empresa haya obtenido beneficios. Este mismo periodo se considerará para la
determinación del porcentaje de trabajadores a efectos de la aplicación de la regla
establecida en el artículo 4.a).»
cve: BOE-A-2013-2874

Siete. El artículo 7 queda redactado como sigue:

«La resolución a que se refiere el artículo 6.4 especificará, en todo caso, los
siguientes extremos:


a) Datos de identificación de la empresa responsable: razón o denominación
social, número de identificación fiscal, código o códigos de cuenta de cotización a
la Seguridad Social, domicilio y actividad.
b) Relación circunstanciada de los hechos y preceptos normativos que
determinan la obligación empresarial de responder del pago de la aportación.
c) Relación nominal de los trabajadores de cincuenta o más años de la
empresa que hubieran percibido prestaciones por desempleo de nivel contributivo
dentro del periodo a que se refiere la liquidación.
d) Importes brutos, desglosados por meses, por los conceptos a que se
refiere el artículo 3.2, a) y b), y 3.3 que hayan sido satisfechos por el Servicio
Público de Empleo Estatal dentro del periodo liquidable por cada uno de los
trabajadores de cincuenta o más años afectados.
e) Periodo a que se refiere la liquidación, que comprenderá el año natural
inmediatamente anterior a aquel en que se realiza la propuesta de liquidación;
salvo que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 2.3, 3.1 y 6.2, resulte
procedente que comprenda los años naturales inmediatamente anteriores a aquel
en que se realiza dicha propuesta.
f) Relación nominal de trabajadores de cincuenta o más años de la empresa que
se vayan a tener en cuenta en el cálculo del canon establecido en el artículo 3.2.c), así
como el importe del mismo.
g) Tipo aplicable conforme a la escala fijada en los apartados 4 y 5 de la
disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y el artículo 4
del presente Real Decreto.
h) Importe total de la deuda a ingresar en el Tesoro Público.»

Ocho. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado como sigue:

«1. Sin perjuicio de la posibilidad de presentar recurso de alzada contra la
resolución indicada en el artículo 6.4, las empresas deberán ingresar en el Tesoro
Público el importe de las aportaciones contenidas en cada una de las resoluciones
anuales en el plazo de 30 días desde el que se hubiera producido su notificación.»

Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de
suspensión de contratos y reducción de jornada.

Se suprime la disposición adicional primera del Reglamento de los procedimientos de
despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias.

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de
modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas en el futuro por normas de
rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposición final décima. Título competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª, 17.ª y
18.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre
las materias de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
Comunidades Autónomas, de legislación básica y régimen económico de la Seguridad
cve: BOE-A-2013-2874

Social, y de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen
estatutario de sus funcionarios, respectivamente.


Disposición final undécima. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Gobierno y a los titulares de los Ministerios de Empleo y Seguridad
Social y de Hacienda y Administraciones Públicas para que, en el ámbito de sus
competencias, dicten cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.

Disposición final duodécima. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 15 de marzo de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

cve: BOE-A-2013-2874

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

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