Informe

¿De qué lado estás?

Traducir la violencia en Colombia y analizarla frente a
un hecho concreto hace imposible dimensionar todo su
dolor. Leer sobre acontecimientos frente a la vulneración
de derechos humanos nos hace pensar que el país que
recoge la Constitución Política, esa carta magna que
describe tantos derechos a los que muchos son ajenos,
esta desacorde con la realidad y nos lleva a confrontar
de que lado estamos en este escenario.

Aquellos que crecimos en las “grandes” ciudades como Medellín o Bogotá y que de alguna
forma hemos contado con muchos derechos satisfechos nos aturde cada vez que
escuchamos esa Colombia que llora por sus derechos vulnerados, porque esa sangre de
cada compatriota que muere parece tan ajena a nosotros que ni los nombres de todos esos
valientes que han dado su vida por la lucha de un bienestar comunitario, por defender
derechos de los pobres o por tratar de hacer justicia con sus testimonios han encontrado en
la muerte alivio, solo olvido e impunidad.

Para analizar dicha situación podríamos iniciar reflexionando a partir de esa teoría de Estado
estudiada en donde encontramos elementos que confluyen como los son: la población, la
nación y el territorio para los cuales, confrontando tales con sus realidades actuales,
podríamos pensar que existen varias comunidades paralelas que están siendo y han sido
gobernadas por agentes distintos al gobierno central y que de igual forma, cual institución del
estado, cumplen su justicia.

En la conformación del Estado se aboga por la concentración del fuerza con
el fin de mantener mayor convivencia por parte de los pobladores dentro de
la nación, por lo que se considera ilegal aquel que desee tomar la justicia
por sus manos y hacer valer los actos de hecho por encima de los derecho
en cada situación en particular, pero a la luz de nuestra historia y en
especial, en las últimas décadas hemos visto como todos los actores

armados,tanto los “legales” como los que están al margen de la ley han hecho su cometido
defendiendo unos intereses de quién sabe quien pues al final siempre terminan siendo otro
muerto más en esta triste historia o exiliados pagando condenas en otros países
interrumpiendo más el proceso de presentarle al país las verdades que tanto suplican las
víctimas y los reales los implicados en toda esta guerra.

Otro elemento importante que señala la teoría de Estado es el territorio, para lo cual se
determina en nuestro país una división política a través de departamentos y alcaldías

contando con representación por parte del Estado a través de sus alcaldes y gobernadores.
Todo esto con el fin de mostrar como este hace participación en poblaciones ajenas a
Bogotá, su casco urbano central, por medio de “representantes” como voceros de las
comunidades pero quienes, al igual que los jueces, se sienten maniatados en el propio
ejercicio en la medida que tienen que contar con la aprobación del agente armado que
gobierna en la zona tal como lo describe el Abogado y doctor en Ciencia Política Mauricio
García Villegas quien a través de un elaborado estudio bajo el título de Jueces sin rostro
recoge en sus capítulos las espeluznantes historias vividas por algunos jueces de la nación
quienes describen, entre otras cosas, que para poder ejercer su labor debían contar con la
consentimiento de quien contaba con el dominio en dicha comunidad, allí ellos eran vistos
como trabajadores estatales pero nunca como personal envestido de autoridad y con la
suficiente potestad de ejercer justicia.

A estos hechos se suma la ausencia que ha presentado el Estado en diferentes localidades
dando vía libre a la conformación de grupos ilegales quienes ajustician a su amaño y
controlan la economía con negocios ilícitos como el narcotráfico y todas sus vertientes por lo
que el Estado debe reconocer su ausentismo y su obligación de ofrecer policías, ejército, y
demás actores como fiscales, jueces, personeros que representen la institucionalidad de la
nación, y que le permitan esclarecer los delitos que se cometen en todo el territorio a fin de
garantizar la convivencia que tanto aboga pero de la cual aun sigue padeciendo porque, no
todos los corregimientos poseen participación de estos actores, sino que además, se han
presentado casos abominables de corrupción e ilegalidad atados con crímenes injustificados
a pobladores ajenos al conflicto que han pagado con sus vidas intereses de un particular sin
rostro pero con demasiado poder para hacer prevalecer sus argumentos al derecho
primordial de la vida.

Tales acontecimientos han sido descritos por ciudadanos comprometidos con su deber cívico
como el sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno quien describe como sus palabras, y sus
acciones son insuficientes para aminorar el dolor de muchos que han acudido a él en busca
de respuestas de verdad y el padre, con su principio de legalidad consagrado por sus
conocimientos vocacionales y demás, ha tenido que desistir de la credibilidad de tales
instituciones por la cantidad innumerable e injustificable de irregularidades cometidas,
investigaciones inconclusas, la construcción de falsas verdades a fin de documentar
procesos, la perversión del sistema judicial, la dicotomía que se presenta entre la elección
del testimonio oral o la vida, el cambio de orientación de las investigaciones por parte de la
difusión de los medios de comunicación y quien ha tenido que buscar ayuda internacional
para poder extender las voces de quienes reclaman justicia.

Otro caso memorable para considerar es el de la Comunidad de paz de San José de
Apartadó ubicada en
Urabá dentro del departamento de Antioquia, la cual fue una de esas poblaciones que se
hartó del conflicto armado por parte de agentes externos como el gobierno, la guerrilla y los
paramilitares y decidieron, a través del consentimiento mayoritario autoproclamarse como
una comunidad neutral en donde ella misma, a través de su Consejo Interno como mayor
órgano, fuera el encargado para resolver sus diferencias sustanciales. Además de mantener
viva su historia a través del monumento a las víctimas que están construyendo, del trabajo
conjunto de sus habitantes, de reuniones periódicas para analizar los progresos y las
dificultades de las mismas a fin de mantener mayor convivencia entre ellos mismos.

Tal experiencia, la de San José de Apartadó, en donde se niegan a borrar de su memoria los
más de 300 crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio y que hasta los medios
de comunicación parecieran negar toda vez que se presentan comunicados desvirtuado las
infamias ocurridas allí y que por el contrario deberían ser los principales veedores de
legalidad en la medida que se mantengan al tanto de mostrar los hechos cometidos por los
representantes de las instituciones “legales” quienes han abusado de su poder y han querido
menguar las poblaciones más vulneradas.

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