Privatizando (III). Protagonistas

En los artículos de las semanas previas he esbozado el escenario de la
privatización de la asistencia sanitaria en nuestro país. Quiero hablar hoy de
algunos de sus protagonistas.

Según señalaban Guillermo Abril y Jaime Prats en El País del día 6 de enero,
el principal proveedor privado de servicios sanitarios públicos en España es el
grupo Capio Sanidad, que en 2011 facturó algo más de 673 millones de euros,
de los que alrededor del 75% proviene de las arcas públicas. Pero, ¿quién es
Capio? Siguiendo estas mismas fuentes, hay que subrayar que el origen de
Capio está en Castilla-La Mancha, mediados los años 90 del pasado siglo, en
“una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una
radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas”. Este surgió con un interés muy
concreto: aprovechar “el hueco” que suponían las listas de espera. Vieron que
se podían obtener pingües beneficios vía conciertos, con el objetivo de
disminuir las listas de espera. A este proyecto se incorporó “pronto un
cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante socialista… experto en conciertos
públicos que había ejercido durante seis años como director provincial del
Insalud de Toledo… y subdirector general de Conciertos en la última legislatura
de Felipe González”. Siguiendo el relato de los autores ya referidos, se empezó
a operar a pacientes de listas de espera en Albacete, y “en 1998, cuatro años
después del nacimiento de Recoletas, la empresa contaba ya con cuatro
hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700 trabajadores”. En ese momento
se planteó la creación de “un gran grupo sanitario”, para lo que echaron mano
de Víctor Madera, un médico que gestionaba centros de la Cruz Roja, y que,
según las mismas fuentes, ha tenido como uno de sus mentores a Fernando
Lamata, profesor suyo en el master en Dirección y Gestión de Instituciones
Sanitarias, impartido en la Escuela Nacional de Sanidad. Madera es
actualmente el presidente del “grupo Capio Sanidad; el único directivo que
estuvo en el origen manchego y que permanece al frente de la compañía… Su
figura convenció al fondo de capital riesgo británico CVC”, propietaria del 60%
de la empresa. Las compañías de capital riesgo conocen bien este campo de
negocio, y son plenamente conscientes de la gran ventaja que supone para el
sector sanitario privado “los ajustados presupuestos del Gobierno, que darán
lugar a considerables oportunidades de subcontratación para los proveedores
ya establecidos”. En la actualidad Capio está considerado como el grupo más
potente, tanto por el tamaño, como por su experiencia, o por contar “con
personas a las que se les suele abrir las puertas, como Javier Gómez-Navarro,
político socialista, exministro de Comercio y expresidente del Consejo Superior
de Cámaras”… En el artículo de El País se pone en boca de Fernando Lamata
la siguiente afirmación: “Madera no está por desmontar o desvalorizar la
sanidad pública. Cuando yo le he planteado que el núcleo duro de la sanidad
es público, él no lo ha cuestionado. Creo que su estrategia es la de ponerse a
disposición de la Administración, dejando que sea esta la que fije las
condiciones. Defiende la colaboración con la pública. No pretende sustituirla
por centros privados. Aunque lo cierto es que las concesiones [de gestión de
hospitales públicos] sí que empiezan a ser una sustitución”.
Resumiendo: en una comunidad autónoma gobernada durante años y años por
el PSOE algunas personas perfectamente conocedoras del mundo sanitario,
junto a otras perfectamente instaladas en la élite política, ven un magnífico
campo de negocio en el “saco sin fondo” de las listas de espera. En
consecuencia deciden montar una empresa privada que se abastecerá de
pacientes provenientes de la sanidad pública, y ésta pagará los gastos. Es
cuestión de hacer una cierta inversión. La cuestión es: ¿por qué no hizo esta
inversión la sanidad pública? A la larga le hubiera resultado más rentable. Pero
hay muchas más preguntas: ¿por qué no se rentabilizaron al máximo los
recursos de la sanidad pública?, ¿por qué tanto énfasis en las listas de espera?
(ya hablaré algún día con más detenimiento de esta cuestión; vaya por delante
mi convicción de que se trata de un asunto utilizado con demagogia, sin
delimitar qué es o no demorable, y sin abordar que es una de las garantías de
sostenibilidad y equidad de los sistemas públicos de atención a la salud). Pero
diría incluso más, la promulgación de la Ley de Garantías en Atención
Especializada o la construcción de hospitales comarcales innecesarios,
algunos ahora próximos a ser privatizados, ¿a qué fin último respondían?

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