31. código-de-procedimiento-civil(1)

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CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
G. O. (4209E) 18/9/1990.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
DECRETA
el siguiente,
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Artículo 1.- La Jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se
ejerce por los Jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones de este
Código. Los Jueces tienen la obligación de administrar justicia tanto a los
venezolanos como a los extranjeros, en la medida en que las leyes determinen su
competencia para conocer del respectivo asunto.
Artículo 2.- La jurisdicción venezolana no puede derogarse convencionalmente en
favor de una jurisdicción extranjera ni de árbitros que resuelvan en el exterior
cuando se trate de controversias sobre bienes inmuebles situados en el territorio
de la República o sobre otras materias que interesen al orden público o a las
buenas costumbres. En todos los demás casos, se aplicarán los Tratados y
Convenciones Internacionales suscritos por Venezuela.
Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación
de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda y no tienen
efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la
ley disponga otra cosa.
Artículo 4.- La jurisdicción venezolana no queda excluida por la pendencia ante
un Juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella, salvo en los
casos previstos en el artículo 2º.
Artículo 5.- La competencia o puede derogarse por convenio de las partes, sino
en los casos establecidos en este Código y en las leyes especiales.
Artículo 6.- Si estuviese interesada o se discutiere la jurisdicción de la República,
se consultará con la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa la
decisión que recaiga y se seguirá el procedimiento contemplado en los artículos
62 y siguientes para la regulación de la jurisdicción.
Artículo 7.- Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este
Código y en las leyes especiales. Cuando la ley no señale la forma para la

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realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere
idóneas para lograr los fines del mismo.
Artículo 8.- En los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado, los
Jueces atenderán primero a los tratados públicos de Venezuela con el Estado
respectivo, en cuanto al punto en cuestión; en defecto de tales tratados, aplicarán
lo que sobre la materia dispongan las leyes de la República o lo que se desprende
de la mente de la legislación patria; y en último lugar se regirán por los principios
de dicho Derecho aceptados generalmente.
Artículo 9.- La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aún en los
procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya
cumplidos sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley
anterior.
Artículo 10.- La justicia se administrará lo más brevemente posible. En
consecuencia, cuando en este Código o en las leyes especiales no se fije término
para librar alguna providencia, el Juez deberá hacerlo dentro de los tres días
siguientes a aquél en que se haya hecho la solicitud correspondiente.
Artículo 11.- En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sino previa
demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o
cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea
necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.
En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los
jueces obrarán con conocimiento de causa, y , al efecto, podrán exigir que se
amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir
otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las
formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los
derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las
circunstancias y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado,
caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa.
Artículo 12.-Los jueces tendrán por parte de sus actos la verdad, que procurarán
conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las
normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la
equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar
elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones o argumentos de
hecho no alegados ni probados, El Juez puede fundar su decisión en los
conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia
común o máximas de experiencia.
En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o
deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de
los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la
buena fe.

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Artículo 13.- El Juez decidirá el fondo de la causa con arreglo a la equidad,
cuando las partes de común acuerdo así lo soliciten y la controversia se refiera a
derechos disponibles.
Artículo 14.- El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta
su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal.
Cuando esté paralizada, el Juez debe fijar un término para su reanudación que no
podrá ser menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados.
Artículo 15.- Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las
partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni
desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente,
según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que
puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Artículo 16.- Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual.
Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera
declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación
jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante
puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción
diferente.
Artículo 17.- El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las
medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a solucionar las
faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la
colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de la
justicia y al respeto que se deben los litigantes.
Artículo 18.- Los funcionarios judiciales son responsables conforme a la ley de las
faltas y delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 19.- El Juez que se obtuviera de decidir so pretexto de silencio,
contradicción o deficiencia de la ley, de oscuridad o de ambigüedad en sus
términos, y asimismo, el que retardare ilegalmente dictar alguna providencia, será
penado como culpable de denegación de justicia.
Artículo 20.- Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna
disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia.
Artículo 21.- Los Jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias, autos y
decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo uso de la
fuerza pública, si fuere necesario. Para el mejor cumplimiento de sus funciones,
las demás autoridades de la República prestarán a los Jueces toda la colaboración
que éstos requieran.
Artículo 22.- Las disposiciones y los procedimientos especiales del presente
Código se observarán con preferencia a los generales del mismo, en todo cuanto

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constituya la especialidad; sin que por eso dejen de observarse en lo demás las
disposiciones generales aplicables al caso.
Artículo 23.- Cuando la ley dice: "El Juez o Tribunal puede o podrá", se entiende
que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más
equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad.
Artículo 24.- Los actos del proceso serán públicos, pero se procederá a puertas
cerradas cuando así lo determine el Tribunal, por motivo de decencia pública,
según la naturaleza de la causa. En tal caso, ni las partes ni los terceros podrán
publicar los actos que se hayan verificado, ni dar cuenta o relación de ellos al
público, bajo multa de un mil a cinco mil bolívares, o arresto hasta por ocho días,
penas que impondrá el Juez por cada falta. El estudio de expedientes y
solicitudes, la conferencia que tengan los jueces para sentenciar y la redacción del
fallo, se harán en privado, sin perjuicio de la publicación de las sentencias que se
dictaren.
Artículo 25.- Los actos del Tribunal y de las partes, se realizarán por escrito. De
todo asunto se formará expediente separado con un número de orden, la fecha de
su iniciación, el nombre de las partes y su objeto. Las actuaciones deben observar
el orden cronológico, según la fecha de su realización y la foliatura del expediente
se llevará al día y con letras, pudiéndose formar piezas distintas para el más fácil
manejo, cuando sea necesario.
Artículo 26.- Hecha la citación para la contestación de la demanda las partes
quedan a derecho, y no habrá necesidad de nueva citación para ningún otro acto
del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la
ley.
Artículo 27.- Sin perjuicio de las nulidades a que hubiere lugar, la Corte Suprema
de Justicia y los Tribunales Superiores impondrán de oficio, como penas
disciplinarias y por lo que resulte demostrado en el proceso, apercibimiento y aún
multas que no excedan de cinco mil bolívares a los funcionarios que hayan
intervenido en aquél, por faltas materiales que aparezcan, tales como omisión de
firmas, de notas, de salvaturas y otras de la misma especie. Podrán también por lo
que resulte del proceso, pero sólo a solicitud de la parte perjudicada, imponer a
dichos funcionarios multas disciplinarias hasta de ocho mil bolívares por aquellas
faltas que hayan tenido como consecuencia aumentar los gastos a la parte o
causar demoras en el asunto y las impondrán también en los casos que la ley lo
ordene.
En cualquier otro caso de falta que acarree responsabilidad civil, o en el cual la ley
reserva a la parte el recurso de queja, se abstendrán de toda condenación al
infractor, quedando a salvo la acción de los interesados.
Lo dispuesto en este artículo no impide que el Juez que sustancie la causa haga
subsanar las faltas materiales que notare y que use de la facultad legal de
apremiar con multas a testigos, peritos u otras personas.

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LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TITULO I
DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES
CAPITULO I
Del Juez
SECCIÓN I
De la competencia del Juez por la materia y por el valor de la demanda
Artículo 28.- La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la
cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan.
Artículo 29.- La competencia por el valor de la demanda se rige por las
disposiciones de este Código, y por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 30.- El valor de la causa, a los fines de la competencia, se determina en
base a la demanda, según las reglas siguientes.
Artículo 31.- Para determinar el valor de la demanda se sumarán al capital los
intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la estimación de los daños
y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda.
Artículo 32.- Si se demandare una cantidad que fuere parte, pero no saldo de una
obligación más cuantiosa, el valor de la demanda lo determinará el valor de dicha
obligación, si ésta estuviere discutida.
Artículo 33.- Cuando una demanda contenga varios puntos, se sumará el valor de
todos ellos para determinar el de la causa, si dependen del mismo título.
Artículo 34.- Cuando varias personas demanden de una o más, en un mismo
juicio, el pago de la parte que las demandantes tengan en un mismo crédito, el
valor de la causa se determinará por la suma total de las partes reclamadas.
Artículo 35.- Si se demandaren prestaciones alimentarias periódicas, el valor de
la demanda se determinará por el monto de las prestaciones reclamadas; pero si
la obligación estuviere discutida, su determinación se hará por suma de dos
anualidades.
Cuando se demande el pago de una renta de cualquier denominación que sea, el
valor se determinará acumulando las anualidades reclamadas, pero si el título
estuviere discutido, el valor se determinará acumulando diez anualidades. Esta
regla se aplica también para determinar el valor de las causas relativas a
prestaciones enfitéuticas.

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Artículo 36.- En las demandas sobre la validez o continuación de un
arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales
se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor
se determinará acumulando las pensiones o cánones de un año.
Artículo 37.- En los casos de los dos artículos anteriores o en otros semejantes, si
la prestación debe hacerse en especie , su valor se estimará por los precios
corrientes en el mercado.
Artículo 38.- Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea
apreciable en dinero, el demandante la estimará.
El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o
exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez
decidirá sobre la estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva.
Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa
resulte por cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, será éste quien
resolverá sobre el fondo de la demanda y no será motivo de reposición la
incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda
originalmente.
Artículo 39.- A los efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en
dinero todas las demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la
capacidad de las personas.
SECCIÓN II
De la competencia por el territorio
Artículo 40.- Las demandas relativas a derechos personales y las relativas a
derechos reales sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del
lugar donde el demandado tenga su domicilio, o en defecto de éste su residencia.
Si el demandado no tuviere ni domicilio ni residencia conocidos, la demanda se
propondrá en cualquier lugar donde él se encuentre.
Artículo 41.- Las demandas a que se refiere el artículo anterior se pueden
proponer también ante la autoridad judicial del lugar donde se haya contraído o
deba ejecutarse la obligación, o donde se encuentre la cosa mueble objeto de la
demanda con tal de que en el primero y en el ultimo caso, el demandado se
encuentre en el mismo lugar.
Sin embargo, por una cosa mueble que tuviere consigo fuera de su domicilio,
podrá dar fianza para responder de ella ante el Tribunal competente de su propio
domicilio, si se tratare del último de dichas casos.
Los títulos de competencia a que se refiere este artículo, son concurrentes con los
del artículo anterior, a elección del demandante.
Artículo 42.- Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles
se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble,

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la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato,
caso de hallarse allí el demandado, todo a elección del demandante.
Cuando el inmueble esté situado en el territorio correspondiente a dos o más
jurisdicciones, la demanda se podrá proponer ante la autoridad judicial de
cualquiera de ellas, a elección del demandante.
Artículo 43.- Son competentes los Tribunales del lugar de la apertura de la
sucesión para conocer:
1º De las demandas sobre partición y división de la herencia y de cualquiera otras
entre coherederos, hasta la división.
2º De las demandas sobre rescisión de la partición ya hecha, y sobre saneamiento
de las cuotas asignadas, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a
contar de la partición.
3º De las demandas contra los albaceas, con tal de que se intenten antes de la
división, y si ésta no es necesaria, dentro de un bienio, a contar de la apertura de
la sucesión.
4º De las demandas de los legatarios y los acreedores de la herencia, si se
proponen en los términos indicados en los números precedentes.
Cuando la sucesión se haya abierto fuera de la República, todas estas demandas
podrán proponerse en el lugar donde se encuentre la mayor parte de los bienes
existentes dentro del territorio nacional, salvo disposiciones especiales.
La competencia que establece este artículo no excluye la del domicilio, pero
siendo más de uno los demandados, deberán todos tener un mismo domicilio para
que pueda proponerse la demanda ante el Tribunal a que ese domicilio
corresponda.
Artículo 44.- La demanda entre socios se propondrá ante la autoridad judicial del
lugar donde se halle el domicilio de la sociedad. Se propondrán ante la misma
autoridad judicial las demandas entre socios, aún después de disuelta y liquidada
la sociedad, por la división y por la obligaciones que deriven de ésta, con tal de
que se propongan dentro de un bienio, a partir de la división. Esto sin perjuicio de
que pueda intentarse la demanda ante el Tribunal del domicilio en los términos
que expresa el aparte último del artículo 43.
Artículo 45.- La demanda de rendición de cuentas de una tutela o de una
administración se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se hayan
conferido o ejercido la tutela o la administración o ante el Tribunal del domicilio a
elección del demandante. Esto sin perjuicio de lo establecido en el último aparte
del artículo 43.
Artículo 46.- Cuando el obligado haya renunciado su domicilio podrá
demandársele en el lugar donde se le encuentre.
Artículo 47.- La competencia por el territorio pude derogarse por convenio de las
partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del
lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse

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cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en
cualquier otro en que la ley expresamente lo determine.
SECCIÓN III
De las modificaciones de la competencia por razón de conexión y
continencia
Artículo 48.- En materia de fiadores o garantía y en cualquier demanda accesoria,
conocerá el Tribunal donde esté pendiente la causa principal.
Artículo 49.- La demanda contra varias personas a quienes por domicilio o
residencia debería demandarse ante distintas autoridades judiciales, podrá
proponerse ante la del domicilio o residencia de cualquiera de ellas, si hubiere
conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa,
salvo disposiciones especiales.
Artículo 50.- Cuando por virtud de las solas pretensiones del demandado, como
en los casos de oponer compensación o de intentar reconvención, el Tribunal haya
de decidir sobre una cosa que por su valor corresponda al conocimiento de un
Tribunal Superior, será éste el competente para conocer de todo el asunto,
aunque el Tribunal ante quien se le haya propuesto lo fuese para conocer de la
demanda sola.
Artículo 51.- Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya
pendiente ante otra autoridad judicial, la decisión competerá a la que haya
prevenido.
La citación determinará la prevención.
En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el Juez
ante el cual estuviere pendiente la causa continente, a la cual se acumulará la
causa contenida.
Artículo 52.- Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los
efectos de la primera parte del artículo precedente:
1º Cuando haya identidad de personas y objeto, aunque el título sea diferente.
2º Cuando haya identidad de personas y título, aunque el objeto sea distinto.
3º Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean
diferentes.
4º Cuando las demandas provengan del mismo título, aunque sean diferentes las
personas y el objeto.
SECCIÓN IV
De la competencia procesal internacional
Artículo 53.- Además de la competencia general que asignan las Secciones
anteriores a los Tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas
domiciliadas en el territorio nacional, los Tribunales de la República tendrán

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competencia para conocer de las demandas intentadas contra personas no
domiciliadas en la República, aunque se encuentren en su territorio:
1º Si se tratare de demandas sobre bienes situados en el territorio de la República.
2º Si se tratare de obligaciones provenientes de contratos o hechos verificados en
el territorio de la República o que deban ejecutarse en ella.
3º Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a la jurisdicción de los
Tribunales de la República.
Artículo 54.- Si quien no tuviere domicilio en la República se encontrare
transitoriamente en su territorio, podrá ser demandado ante los Tribunales
respectivos, no sólo en los casos expresados en el artículo precedente, sino
también cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de
la República y en cualquier caso de demandas relativas a derechos personales en
que la ejecución pueda exigirse en cualquier lugar.
Artículo 55.- En los casos de los dos artículos precedentes, regirán las reglas de
la competencia establecidas en las Secciones anteriores, en cuanto sean
aplicables, teniéndose como domicilio o residencia el lugar donde se encuentre el
demandado.
Artículo 56.- Cuando el contrato no se haya celebrado en Venezuela, y la persona
no tenga habitación, residencia o domicilio elegido en la República, ni haya un
lugar establecido para la ejecución del contrato, la demanda relativa a derechos
reales o personales sobre bienes muebles se propondrá ante la autoridad judicial
del lugar donde el actor tenga su domicilio, residencia o habitación y si versare
sobre inmuebles determinados, ante el Tribunal del lugar donde se encuentren
éstos.
Artículo 57.- Los Tribunales venezolanos tendrán competencia para conocer de
las demandas relativas al estado de las personas o las relaciones familiares:
1º Cuando el Derecho venezolano sea competente para regir el fondo del litigio.
2º Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre
que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República.
Artículo 58.- Son competentes los Tribunales venezolanos para dictar medidas
provisionales de protección de las personas que se encuentren en territorio de la
República, aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del litigio.
SECCIÓN V
De la falta de jurisdicción, de la incompetencia y de la litispendencia
Artículo 59.- La falta de jurisdicción del Juez respecto de la administración
pública, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.
La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero, se
declarará de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso cuando se trate de
causas que tienen por objeto bienes inmuebles situados en el extranjero.

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En cualquier otro caso, mientras no se haya dictado sentencia sobre el fondo de la
causa en primera instancia, la falta de jurisdicción sólo podrá declararse a solicitud
de parte.
En todo caso, el pronunciamiento del Juez sobre la jurisdicción se consultará en la
Corte Suprema de Justicia, en la Sala Político-Administrativa conforme a lo
dispuesto en el artículo 62.
Artículo 60.- La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos
previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier
estado e instancia del proceso.
La incompetencia por el valor puede declararse aún de oficio, en cualquier
momento del juicio en primera instancia.
La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la
última parte del artículo 47, pude oponerse sólo como cuestión previa, como se
indica en el artículo 346.
La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que
la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a es indicación, la
competencia del Juez indicado queda firme, y se pasarán los autos al Juez
competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de
recibidos los autos.
Artículo 61.- Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades
judiciales igualmente competentes, el Tribunal que haya citado posteriormente, a
solicitud de parte y aún de oficio, en cualquier estado y grado de la causa,
declarará la litispendencia y ordenará el archivo del expediente, quedando
extinguida la causa.
Si las causas idénticas han sido promovidas ante el mismo Tribunal, la
declaratoria de litispendencia pronunciada por éste, producirá la extinción de la
causa en la cual no se haya citado al demandado o haya sido citado con
posteridad.
SECCIÓN VI
De la regulación de la jurisdicción y de la competencia
Artículo 62.- A los fines de la consulta ordenada en el artículo 59, el Tribunal
remitirá inmediatamente los autos a la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-
Administrativa, suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión. La Corte
procederá luego de recibidas las actuaciones, a decidir la cuestión, lo cual hará
dentro de diez días, con preferencia a cualquier otro asunto.
Artículo 63.- La determinación sobre la jurisdicción se dictará sin previa citación ni
alegatos, atendiéndose la Corte únicamente a lo que resulte de las actuaciones
remitidas.
Artículo 64.- La decisión se comunicará de oficio al Tribunal donde cursare la
causa.

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Artículo 65.- La administración pública que no es parte en la causa, puede
solicitar ante el Juez que conoce de ella, mientras la jurisdicción no haya sido
afirmada mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que se
declare el defecto de jurisdicción del Juez, fundándose en las atribuciones
conferidas por la ley a dicha administración, y se procederá con arreglo a los
artículos anteriores.
Artículo 66.- La solicitud de regulación de la jurisdicción suspende el
procedimiento hasta que sea decidida la cuestión de jurisdicción.
Artículo 67.- La sentencia interlocutora en la cual el Juez declare su propia
competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, solamente será
impugnable mediante la solicitud de regulación de la competencia, conforme a lo
dispuesto en esta Sección.
Artículo 68.- La sentencia definitiva en la cual el Juez declare su propia
competencia y resuelva también sobre el fondo de la causa, puede ser impugnada
por las partes en cuanto a la competencia, mediante la solicitud de regulación de
ésta o con la apelación ordinaria. En este último caso, el apelante deberá expresar
si su apelación comprende ambos pronunciamientos o solamente el de fondo.
La solicitud de regulación de la competencia, suspende el lapso de apelación
hasta el recibo del Oficio previsto en el artículo 75.
Si la regulación de la competencia se solicita por la otra parte con posteridad a la
apelación, se suspende el proceso hasta que se resuelva la regulación de la
competencia, sin perjuicio de las medidas que el Juez puede tomar conforme a la
última parte del artículo 71.
Artículo 69.- La sentencia en la cual el Juez se declare incompetente, aun en los
casos de los artículos 51 y 61, quedará firme si no se solicita por las partes la
regulación de la competencia dentro del plazo de cinco días después de la
pronunciada, salvo lo indicado en el artículo siguiente para los casos de
incompetencia por la materia o de la territorial prevista en el artículo 47. Habiendo
quedado firme la sentencia, la causa continuará su curso ante el Juez declarado
competente, en el plazo indicado en el artículo 75.
Artículo 70.- Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno,
por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47,
si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente,
solicitará de oficio la regulación de la competencia.
Artículo 71.- La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el
Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los
artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El
Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la
Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha
copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior

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común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá
cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior.
Salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 68, o que fuere solicitada como
medio de impugnación de la decisión a que se refiere el artículo 349, la solicitud
de regulación de la competencia no suspenderá el curso del proceso y el Juez
podrá ordenar la realización de cualesquiera actos de sustanciación y medidas
preventivas, pero se abstendrá de decidir el fondo de la causa mientras no se dicte
la sentencia que regule la competencia.
Artículo 72.- Los partes podrán presentar al Tribunal que deba decidir sobre la
regulación de la competencia, los recaudos que juzguen conducentes sobre el
punto de competencia , pero en ningún caso la falta de presentación de dichos
recaudos podrá paralizar el curso del procedimiento de regulación de la
competencia, ni la decisión de la misma.
Artículo 73.- El Tribunal a quien corresponda procederá luego de recibidas las
actuaciones del Juez, a decidir sobre la competencia, lo cual hará dentro de diez
días, con preferencia a cualquier otro asunto.
Artículo 74.- La decisión se pronunciará sin previa citación ni alegatos,
ateniéndose únicamente a lo que resulte de la actuación remitida por el Tribunal y
las que presenten las partes, a menos que faltare algún dato indispensable para
decidir, en cuyo caso podrá requerirlos el Tribunal que deba decidir,
suspendiéndose entre tanto la decisión.
Artículo 75.- La decisión se comunicará mediante oficio al Tribunal donde se haya
suscitado la regulación de la competencia. Si la decisión declarase la
incompetencia del Juez que venia conociendo, éste pasará inmediatamente los
autos al Juez o Tribunal declarado competente, en el cual se continuará el curso
del juicio el tercer día siguiente al recibo del expediente
Artículo 76.- La parte que haya promovido la regulación de la jurisdicción o de la
competencia que resulte manifiestamente infundada, será condenada, por el
Tribunal que decida, al pago de una multa que no será menor de un mil bolívares
ni mayor de cinco mil. En la misma pena incurrirá el Juez que haya dejado de
enviar oportunamente al Tribunal que deba decidir, las actuaciones pertinentes,
sin perjuicio de poder ser apremiado a cumplir tal deber por el Tribunal llamado a
regular la competencia.
SECCIÓN VII
De la acumulación
Artículo 77.- El demandante podrá acumular en el libelo cuantas pretensiones le
competan contra el demandado, aunque deriven de diferentes títulos.
Artículo 78.- No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se
excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la

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materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos
procedimientos sean incompatibles entre sí.
Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones
incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra siempre que
sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí.
Artículo 79.- En los casos de los artículos 48 y 51, habiendo quedado firme la
declaratoria de accesoriedad, de conexión, o de continencia, las causas se
acumularán y se seguirán en un solo proceso ante el Juez declarado competente,
y se suspenderá el curso de la causa que estuviere más adelantada hasta que la
otra se halle en el mismo estado, terminándolas con una misma sentencia.
Artículo 80.- Si un mismo tribunal conociere de ambas causas, la acumulación
podrá acordarse a solicitud de parte, con examen de ambos autos, en el plazo de
cinco días a contar de la solicitud. La decisión que se dicte será impugnable
mediante la solicitud de la regulación de la competencia.
Artículo 81.- No procede la acumulación de autos o procesos:
1º Cuando no estuvieren en una misma instancia los procesos.
2º Cuando se trate de procesos que cursen en tribunales civiles o mercantiles
ordinarios a otros procesos que cursen en tribunales especiales.
3º Cuando se trate de asuntos que tengan procedimientos incompatibles.
4º Cuando en uno de los procesos que deban acumularse estuviere vencido el
lapso de promoción de pruebas.
5º Cuando no estuvieren citadas las partes para la contestación de la demanda en
ambos procesos.
SECCIÓN VIII
De la recusación e inhibición de los funcionarios judiciales
Artículo 82.- Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o
especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados
por alguna de las causas siguientes:
1º Por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes, en cualquier
grado en la línea recta, y en la colateral hasta cuarto grado inclusive; o de
afinidad hasta el segundo, también inclusive. Procede también la
recusación por ser cónyuge del recusado el apoderado o asistente de una
de las partes.
2º Por parentesco de afinidad del cónyuge del recusado con cualquiera de
las partes, dentro del segundo grado, si vive el cónyuge y no está
divorciado o separado de cuerpos, o si, habiendo muerto o declarándose
el divorcio o la separación de cuerpos, existen hijos de él con el recusado.
3º Por parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de cualquiera de
las partes, hasta el segundo grado inclusive, en caso de vivir el cónyuge
que cause la afinidad sin estar divorciado o separado de cuerpos, o en
caso de haber hijos del mismo con la parte aunque el cónyuge haya
muerto o se halle divorciado o separado de cuerpos.

136
4º Por tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus consanguíneos o
afines, dentro de los grados indicados, interés directo en el pleito.
5º Por existir una cuestión idéntica que deba decidirse en otro pleito en el
cual tengan interés las mismas personas indicadas en el número anterior.
6º Si el recusado o su cónyuge fueren deudores de plazo vencido de alguno
de los litigantes o de su cónyuge.
7º Si el recusado o su cónyuge y sus hijos tuvieren pleito pendiente ante el
Tribunal en el cual el litigante sea el Juez.
8º Si en los cinco años precedentes se ha seguido juicio criminal entre una
de las mismas personas y uno de los litigantes, su cónyuge o hijos.
9º Por haber dado el recusado recomendación, o prestado su patrocinio en
favor de alguno de los litigantes, sobre el pleito en que se le recusa.
10. Por existir pleito civil entre el recusado o alguno de sus parientes dentro
de los grados indicados, y el recusante, si se ha principiado antes de la
instancia en que ocurre la recusación, y si no han transcurrido doce
meses a partir del término del pleito entre los mismos.
11. Por ser el recusado dependiente, comensal, tutor o curador, heredero
presunto o donatario, de alguno de los litigantes.
12. Por tener el recusado sociedad de intereses, o amistad íntima , con
alguno de los litigantes.
13. Por haber recibido el recusado, de alguno de ellos, servicios de
importancia que empeñen su gratitud.
14. Por ser el recusado administrador de cualquier establecimiento público o
particular relacionado directamente con el pleito.
15. Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito
o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente,
siempre que el recusado sea el Juez de la causa.
16. Por haber sido el recusado testigo o experto en el pleito, siempre que sea
Juez en el mismo.
17. Por haber intentado contra el Juez queja que se haya admitido, aunque se
le haya absuelto, siempre que no hayan pasado doce meses de dictada la
determinación final.
18. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes,
demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable
la imparcialidad del recusado.
19. Por agresión, injuria o amenazas entre el recusado y alguno de los
litigantes, ocurridas dentro de los doce meses precedentes al pleito.
20. Por injurias o amenazas hechas por el recusado o alguno de los litigantes,
aun después de principiado el pleito.
21. Por haber el recusado recibido dádiva de alguno de los litigantes, después
de comenzado el pleito.
22. Por haber fallado la causa un ascendiente, descendiente o hermano del
recusado.
Artículo 83.- No hay lugar a recusación porque exista una de las causas
expresadas, entre el funcionario judicial por una parte, y por la otra el tutor,
curador, apoderado o asistente de alguno de los litigantes, o los miembros, jefes o

137
administradores de establecimientos, sociedades o corporaciones que sean partes
en el juicio, a menos que se trate de las causales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 12ª y 18ª.
No serán admitidos a ejercer la representación o asistencia de las partes en juicio
quienes estén comprendidos con el Juez en alguna de las causales expresadas en
el artículo 82, que hubiere sido declarada existente con anterioridad en otro juicio,
el cual será indicado por el Juez en su pronunciamiento, de oficio o a su solicitud
de parte.
Cuando en el lugar donde se siga el juicio no existiere sino un solo Tribunal
competente para conocer del asunto, la representación o la asistencia de la parte
por el abogado comprendido con el Juez en alguna de las causales previstas en el
Artículo 82, ya declarada existente con anterioridad en otro juicio ante el mismo
Tribunal, sólo será admitida si el apoderado o asistente se presentare a ejercer la
representación o la asistencia de la parte antes de la contestación de la demanda.
Artículo 84.- El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna
causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse,
a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su
allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido.
Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no
obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que
gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior, que le imponga una
multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares.
La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en la cual se
expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que
sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre
el impedimento.
Artículo 85.- El Juez u otro funcionario impedidos podrán continuar en sus
funciones, si convinieren en ello las partes o aquella contra quien obrare el
impedimento, excepto si este fuere el de ser recusado cónyuge, ascendiente,
descendiente o hermano de alguna de las partes, o el de tener interés directo en el
pleito, siendo el recusado Juez o ConJuez.
Los apoderados no necesitarán autorización especial para prestar su
consentimiento en este caso.
Artículo 86.- La parte o su apoderado deberán manifestar su allanamiento,
firmándolo ante el Secretario del Tribunal, dentro de los dos días siguientes a
aquel en que se manifieste el impedimento. Pasado este término no podrán allanar
al impedido.
Artículo 87.- Si el funcionario allanado no manifestare en el mismo día, o en el
siguiente, que no está dispuesto a seguir conociendo, quedará obligado a
continuar desempeñando sus funciones, caso de no ser el impedimento de los que
según el artículo 85 no dejan al impedido la facultad de seguir conociendo en
virtud del allanamiento.

138
Artículo 88.- El Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará
con lugar si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales
establecidas por la ley.
En caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez inhibido continuará conociendo.
Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación de que pueden
usar las partes.
Artículo 89.- En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia
de los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales
dictarán la resolución dentro de los tres días siguientes al recibo de las
actuaciones.
Artículo 90.- La recusación de los Jueces y Secretarios sólo podrá intentarse,
bajo pena de caducidad, antes de la contestación de la demanda pero si el motivo
de la recusación sobreviniere con posterioridad a ésta, o se tratara de los
impedimentos previstos en el artículo 85, la recusación podrá proponerse hasta el
día en que concluya el lapso probatorio.
Si fenecido el lapso probatorio otro Juez o Secretario intervienen en la causa, las
partes podrán recusarlos por cualquier motivo legal, dentro de los tres días
siguientes a su aceptación.
Cuando no haya lugar al lapso probatorio conforme al artículo 389 de éste Código,
la recusación de los Jueces y Secretarios podrá proponerse dentro de los cinco
primeros días del lapso previsto para el acto de informes en el artículo 391.
Los asociados, alguaciles, jueces comisionados, asesores, peritos, prácticos,
intérpretes y demás funcionarios ocasionales podrán ser recusados dentro de los
tres días siguientes a su nombramiento, si se trata de jueces comisionados, o de
la aceptación, en el caso de los demás funcionarios indicados, salvo disposición
especial.
Propuesta la recusación de secretarios, alguaciles, asociados, jueces
comisionados, peritos, prácticos, intérpretes y demás funcionarios ocasionales o
auxiliares, el funcionario que debe decidir la incidencia oirá, dentro del plazo de
tres días siguientes a la recusación, las observaciones que quieran formular las
partes y si alguna de éstas lo pidiere, abrirá una articulación probatoria por ocho
días y decidirá dentro de los tres días siguientes, si tratare de recusación de
asociados, peritos prácticos, interpretes u otros funcionarios ocasionales o
auxiliares declarada con lugar, el Juez fijará nuevo día y hora para la elección del
sustituto.
Artículo 91.- Ninguna de las partes podrá intentar más de dos recusaciones en
una misma instancia, bien versen sobre el asunto principal, bien sobre alguna
incidencia; ni recusar funcionarios que no están actualmente conociendo en la
causa o en la incidencia; pero en todo caso tendrá la parte facultad de acusar al
que haya intervenido con conocimiento del impedimento legítimo. Para los efectos
de este artículo, se entenderá por una recusación la que no necesite más de un
solo término de pruebas, aunque comprenda a varios funcionarios.

139
Artículo 92.- La recusación se propondrá por diligencia ante el Juez,
expresándose las causas de ella.
Si la recusación se fundare en un motivo que la haga admisible, el recusado, en el
día siguiente, informará ante el Secretario del Tribunal, indicando lo conveniente
para la averiguación de la verdad.
Si el recusado fuere el mismo Juez extenderá su informe a continuación de la
diligencia de recusación, inmediatamente o en el día siguiente.
Artículo 93.- Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo
conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro
Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste,
a quien deba suplirlo conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere
declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso
contrario, pasará los autos al inhibido o recusado.
Artículo 94.- Cuando se allanare a quien haya manifestado el impedimento,
cesará la incidencia desde que él exprese su voluntad de seguir conociendo, o
desde que, según la ley, se presuma esa voluntad.
Artículo 95.- Conocerá de la incidencia de recusación el funcionario que indica la
Ley Orgánica del Poder Judicial, al cual se remitirá copia de las actas conducentes
que indique el recusante y el funcionario recusado o inhibido.
Artículo 96.- El funcionario a quien corresponda conocer de la incidencia, admitirá
las pruebas que el recusante, el recusado o la parte contraria de aquel, quieran
presentar dentro de los ocho días siguientes, los cuales correrán desde la fecha
que reciba las actuaciones y sentenciará al noveno, sin admitirse término de la
distancia; pero si renunciaren a aquel término, y el Juez no creyere conveniente
mandar a evacuar de oficio alguna prueba dentro de dicho término, se dictará
sentencia dentro de veinticuatro horas después de recibidas las actuaciones. Lo
mismo se hará si el punto fuere de mero derecho. No podrá obligarse al Juez
recusado a contestar posiciones; pero podrán exigírsele informes; que extenderá
por escrito, sin necesidad de concurrir ante el que conozca de la recusación.
Artículo 97.- El día siguiente a aquél en que se reciban los autos por el Tribunal
que haya de seguir conociendo, continuará la causa su curso en el estado en que
se encuentre, sin necesidad de providencia.
Artículo 98.- Declarada sin lugar la recusación o inadmisible o habiendo desistido
de ella el recusante, pagará éste una multa, de dos mil bolívares si la causa de la
recusación no fuere criminosa, y de cuatro mil bolívares si lo fuere. La multa se
pagará en el término de tres días al Tribunal donde se intentó la recusación, el
cual actuará de agente del Fisco Nacional para su ingreso de la Tesorería
Nacional. Si el recusante no pagare la multa dentro de los tres días, sufrirá un
arresto de quince días en el primer caso y de treinta días en el segundo.

140
Si la causa de la recusación fuere criminosa, tendrá el recusado la acción penal
correspondiente contra quien la haya propuesto, el cual podrá incurrir también en
las costas causadas a la otra parte.
Artículo 99.- El funcionario recusado que quiera hacer uso de dicha acción contra
el recusante, deberá abstenerse, en todo caso, de seguir interviniendo en el
asunto.
Artículo 100.- Si la parte sufriere el arresto a que se refiere el artículo 98 por culpa
o negligencia de su apoderado en no comunicarle oportunamente la multa
impuesta por el Tribunal podrá reclamarle indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 101.- No se oirá recurso contra las providencias o sentencias que se
dicten en la incidencia de recusación e inhibición.
Artículo 102.- Son inadmisibles: la recusación que se intente sin expresar motivos
legales para ella; la intentada fuera del término legal, y la que se intente después
de haber propuesto dos en la misma instancia, o sin pagar la multa, o sin sufrir
arresto en que se haya incurrido por una recusación anterior, según el artículo 98.
Artículo 103.- Ni la recusación ni la inhibición tienen efecto alguno sobre los actos
anteriores.
CAPITULO II
Del Secretario y del Alguacil
Artículo 104.- El Secretario actuará con el Juez y suscribirá con él todos los actos,
resoluciones y sentencias.
El Secretario suscribirá también con el Juez los actos de contestación, recusación
declaraciones, aceptaciones, experticias y demás a que deban concurrir las partes
o terceros llamados por la ley.
Artículo 105.- El Secretario escribirá en el expediente los actos del Tribunal, bajo
el dictado o las instrucciones del Juez. Podrá con todo encomendarse la práctica
de estas diligencias a los amanuenses que dependan del Tribunal.
Artículo 106.- El Secretario suscribirá con las partes las diligencias que formulen
en el expediente de la causa y dará cuenta inmediata de ellas al Juez.
Artículo 107.- El Secretario recibirá los escritos y documentos que le presenten
las partes, las los agregará al expediente de la causa respectiva, estampando en
él su firma, la fecha de la presentación y la hora, y dará cuenta inmediata del Juez.
Artículo 108.- El Secretario tendrá bajo su inmediata custodia el Sello del
Tribunal, el Archivo y los expedientes de las causas y cuidará de que éstos
conserven el orden cronológico de las actuaciones y lleven la foliatura en letras y
al día, absteniéndose de suscribir las diligencias o escritos que no guarden el
orden cronológico mencionado.

141
Artículo 109.- Toda enmendadura, aunque sea de foliatura, palabras testadas y
cualquiera interlineación, deberá salvarse por el Secretario, bajo la multa de
doscientos bolívares por cada falta de esta naturaleza. Los defectos de esta clase
que se noten en los escritos presentados por las partes, impedirán su admisión, si
no están salvados por la parte misma, de lo cual dejará constancia el Secretario
en la nota de presentación. Los que se observaren en los escritos o instrumentos
privados, reconocidos o no, y en los instrumentos públicos, se harán constar
igualmente por el Secretario al recibirlos. Estos defectos en los instrumentos
privados que no hayan sido firmados por la parte que los presente, no obstan para
que la parte a quien interese pida su reconocimiento por la persona a quien
perjudica.
Artículo 110.- El Secretario deberá facilitar a las partes, cuando lo soliciten, el
expediente de la causa para imponerse de cualquier solicitud hecha o providencia
dictada, debiendo reservar únicamente los escritos de promoción de pruebas, pero
sólo hasta el día siguiente a aquel en que venza el lapso de promoción. La misma
obligación tiene el Secretario respecto de los terceros o extraños a la causa, a
menos que se haya mandado a reservar por causa de decencia pública. Si los
interesados en un proceso solicitaren a la vez que se les permita examinar el
expediente o tomar notas, el Secretario distribuirá en proporción el tiempo
destinado al efecto.
Artículo 111.- Las copias certificadas expedidas por el Secretario conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, hacen fe, salvo a la parte interesada el derecho
de exigir su confrontación con el original.
Artículo 112.- Después de concluida una causa, el Secretario expedirá las
certificaciones o copias de cualesquiera actuaciones que existan en ella, a quien lo
pida, a su costa, exceptuando aquellas que se reserven por decencia pública, de
las cuales no podrá darse testimonio sino a las partes. En cualquier de la causa,
se solicitare copia certificada de algún documento o acta que exista en autos, se la
dará a quién la pida, siempre que sea o haya sido parte en el juicio. Si se pidiere la
devolución de documentos originales por la misma parte que los haya producido,
se le entregarán, si hubiere pasado la oportunidad de su tacha o desconocimiento,
quedando en autos la copia respectiva certificada por el Secretario, y en el
documento se dejará constancia de la devolución.
Las copias y devoluciones de que trata este artículo no podrán darse sin previo
decreto del Juez, que se insertará al pie de la copia o del documento devuelto.
Artículo 113.- El Secretario llevará el libro Diario del Tribunal, en el cual anotará
sin dejar espacios en blanco, en términos claros, precios y lacónicos las
actuaciones realizadas cada día en los asuntos en curso. Los asientos del Diario
serán firmados por el Juez y por el Secretario al final de cada día, y hacen fe de
las menciones que contienen, salvo prueba en contrario.
Artículo 114.- El Secretario tendrá las demás atribuciones y deberes que le
imponen este Código y las leyes.

142
Artículo 115.- Sin perjuicio de dispuesto en el artículo 345, el Alguacil practicará
las citaciones y notificaciones en los términos y formas establecidas en este
Código, salvo aquellas que expresamente estén atribuidas al Juez o al Secretario.
Artículo 116.- El Alguacil es el guardián del orden dentro del local del Tribunal, y
ejecuta las órdenes que en uso de sus atribuciones le comunique el Juez o el
Secretario.
Artículo 117.- El Alguacil tendrá las demás atribuciones y deberes que le imponen
este Código y las leyes.
CAPITULO III
De los asociados y relatores
Artículo 118.- Toda parte tiene derecho a que en todas las instancias de los
juicios cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales de Primera Instancia, el
Tribunal de la causa se constituya con asociados, para dictar la sentencia
definitiva. Al efecto, podrá cualquiera de las partes pedir dentro de los cinco días
siguientes a la conclusión del lapso probatorio en el Tribunal de la causa, o la
llegada del expediente en el Tribunal Superior, que se elijan dos asociados para
que, unidos al Juez o a la Corte formen el Tribunal.
Artículo 119.- Pedida la elección de asociados, el Juez o la Corte fijarán una hora
del tercer día siguiente para proceder a la elección.
Artículo 120.- A la hora fijada concurrirán las partes, y cada una de ellas
consignará en el expediente una lista de tres personas que reúnan las condiciones
fijadas por la ley para ser Juez del Tribunal que vaya a sentenciar, debiendo
exponer cada uno de los presentados, al pie de la lista, su disposición de aceptar.
De cada lista escogerá uno la parte contraria.
Si alguna de las partes no concurriere al acto, el Tribunal o la Corte harán sus
veces en la formación de la terna y elección del asociado.
Si ambas partes no concurren al acto, el Tribunal lo declarará desierto y la causa
seguirá su curso legal sin asociados.
Artículo 121.- Si fuesen varios los demandantes o los demandados, en la lista que
consigne el respectivo grupo se hará constar que la terna fue escogida de común
acuerdo, por la mayoría, o por la suerte a falta de aquélla. En el acto se expresará
la persona escogida por alguno de estos tres medios, para que haga la elección
de la lista contraria.
En todo caso de falta a lo preceptuado en este artículo, el Tribunal o la Corte
formarán la lista y harán la elección de la otra parte.
Artículo 122.- Si hubiere más de dos partes, las que tuvieren derechos
semejantes formarán el grupo que deba hacer lo prevenido en el artículo anterior.

143
Si hubiere derechos contrarios o desemejantes, cada uno de los distintos grupos
formará su terna de la manera que queda establecida, y el Juez insaculará
papeletas con los nombres de todos los de esas ternas, y por la suerte sacará tres
que compondrán la lista de donde ha de escoger la parte contraria; y por la suerte
se hará también la designación de la lista contraria.
También en estos casos suplirá el Tribunal o la Corte, de la manera dicha, las
faltas de cualquier grupo.
Artículo 123.- La parte que haya pedido la constitución del Tribunal con
asociados, consignará los honorarios de los asociados, dentro de los cinco días
siguientes a la elección, y si no lo hiciere, la causa seguirá su curso legal sin
asociados.
Artículo 124.- Si murieren o faltaren por cualquier otro motivo, los asociados
nombrados o alguno de ellos, se llenará su falta del mismo modo como se les
nombró.
Artículo 125.- En los Tribunales unipersonales, el Juez puede solicitar de
autoridad competente el nombramiento temporal o permanente de uno o más
Relatores, quienes prestarán al Juez la colaboración que éste determine en la
sustanciación y estudio de las causas e incidencias que dicho funcionario les
encargue.
Artículo 126.- Los Relatores pueden ser recusados por las partes por los motivos
indicados en el artículo 82 y en los plazos establecidos en el artículo 90.
Artículo 127.- De la recusación del Relator conoce el Juez de la causa. La
recusación del Relator no paraliza el curso de la causa, pero el recusado no podrá
intervenir en ella desde que se proponga la recusación.
Artículo 128.- Declarada con lugar la recusación del Relator, el Juez natural
realizará las funciones que le estaban encomendadas en la causa al recusado.
TITULO II
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 129.- En el proceso civil el Ministerio Público interviene como parte de
buena fe en los casos permitidos por este Código, por el Código Civil, por la Ley
Orgánica del Ministerio Público y por otras leyes, especiales, en resguardo de las
disposiciones de orden público o de las buenas costumbres.
Artículo 130.- El Ministerio Público puede proponer la demanda en las causas
relativas a la oposición y anulación del matrimonio, interdicción e inhabilitación en
los mismos casos y términos establecidos en el Código Civil para el Síndico
Procurador Municipal y en cualesquiera otras causas autorizadas por la ley.
Artículo 131.- El Ministerio Público debe intervenir:

144
1º En las causas que él mismo habría podido promover.
2º En las causas de divorcio y en las de separación de cuerpos contenciosa.
3º En las causas relativas a la rectificación de los actos del estado civil y a la
filiación.
4º En la tacha de los instrumentos.
5º En los demás casos previstos por la ley.
Artículo 132.- El Juez ante quien se inicie uno de los juicios indicados en el
artículo anterior, al admitir la demanda notificará inmediatamente mediante boleta
al Ministerio Público, bajo pena de nulidad de lo actuado sin haberse cumplido
dicha notificación. La notificación del Ministerio Público será previa a toda otra
actuación, y a la boleta se anexará copia certificada de la demanda.
Artículo 133.- El Ministerio Público que interviene en las causas que él mismo
habría podido promover, tiene iguales poderes y facultades que las partes
interesados y los ejercita en las formas y términos que la ley establece para estas
últimas.
En los casos de los ordinales 3º, 4º, y 5º del artículo 131, el Ministerio Público sólo
puede promover la prueba documental. En los casos indicados en el Ordinal 2º del
mismo artículo, no podrá promover ninguna prueba. Sin embargo, tanto en este
caso, como en los demás del artículo 131, el Ministerio Público podrá intervenir en
la evacuación de las pruebas promovidas por las partes dentro de los límites de lo
alegado y probado en autos, pero no puede interponer apelación ni cualquier otro
recurso contra las decisiones dictadas.
Artículo 134.- A los funcionarios del Ministerio Público que intervienen el proceso
civil, se aplican las disposiciones relativas a la inhibición de los Jueces, pero no
relativas a la recusación.
Artículo 135.- Las disposiciones sobre responsabilidad del Juez son aplicables
respecto de los funcionarios del Ministerio Público que intervienen en el proceso
civil, cuando en el desempeño de sus funciones han incurrido en dolo, fraude o
concusión.
TITULO III
DE LAS PARTES Y DE LOS APODERADOS
CAPITULO I
De las partes
Artículo 136.- Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre
ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio
de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley.
Artículo 137.- Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos,
deberán ser representadas o asistidas en juicio, según las leyes que regulen su
estado o capacidad.

145
Artículo 138.- Las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus
representantes según la ley, sus estatutos o sus contratos. Si fueren varias las
personas investidas de su representación en juicio, la citación se podrá hacer en la
persona de cualquiera de ellas.
Artículo 139.- Las sociedades irregulares, las asociaciones y los comités que no
tienen personalidad jurídica, estarán en juicio por medio de las personas que
actúan por ellas o a las cuales los asociados o componentes han conferido la
representación o la dirección. En todo caso, aquellos que han obrado en nombre y
por cuenta de la sociedad, asociación o comité, son personal y solidariamente
responsables de los actos realizados.
Artículo 140.- Fuera de los casos previstos por la ley no se puede hacer valer en
juicio, en nombre propio, un derecho ajeno.
Artículo 141.- Si la parte se hiciere incapaz durante el transcurso del juicio, se
suspenderá la causa mientras se cite a la persona en quien haya recaído la
representación.
Los actos procesales posteriores a la declaración de incapacidad serán nulos. Los
actos anteriores serán anulables si fuere evidente que la causa de incapacidad
existía en el momento de la realización de dichos actos, o siempre que la
naturaleza del acto, el perjuicio que resulte o pueda resultar de él, al incapaz, o
cualquier otro circunstancia, demuestre la mala fe de la parte favorecida por el
acto.
Artículo 142.- Si durante el transcurso del juicio se hiciere capaz una parte que no
lo era, el procedimiento se seguirá con ella misma, pero los actos realizados antes
de la comparecencia de la parte serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones
que ésta pudiere tener contra su representante anterior.
Artículo 143.- A falta de la persona a la cual corresponde la representación, o si
ésta tiene interés opuesto al que debe hacer valer en el proceso, y existiendo
motivos de urgencia, puede nombrarse al incapaz un curador especial que lo
represente.
Artículo 144.- La muerte de la parte desde que se haga constar en el expediente,
suspenderá el curso de la causa mientras se cite a los herederos.
Artículo 145.- La cesión que hiciere alguno de los litigantes, por acto entre vivos,
de los derechos que ventila a quien no es parte en la causa, después del acto de
la contestación de la demanda y mientras no sea dictada sentencia definitivamente
firme, no surte efectos sino entre el cedente y el cesionario, salvo el
consentimiento del otro litigante.
Si la transferencia a título particular de los derechos que se ventilan se produce
por causa de muerte, se suspenderá la causa desde que aquélla se haga constar

146
en el expediente, hasta que se cite al sucesor a título particular, quien se hará
parte en la causa.
Artículo 146.- Podrán varias personas demandar o ser demandadas
conjuntamente como litisconsortes:
a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al
objeto de la causa;
b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que
derive del mismo título;
c) En los casos 1º, 2º y 3º del artículo 52.
Artículo 147.- Los litisconsortes se considerarán en sus relaciones con la parte
contraria, y mientras no resulte otra cosa de disposiciones de la ley, como
litigantes distintos, de manera que los actos de cada litisconsorte no aprovechan ni
perjudican a los demás.
Artículo 148.- Cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo
uniforme para todos los litisconsortes, o cuando el litisconsorcio sea necesario por
cualquier otra causa, se extenderán los efectos de los actos realizados por los
comparecientes a los litisconsortes contumaces en algún término o que hayan
dejado transcurrir algún plazo.
Artículo 149.- El derecho de impulsar el procedimiento corresponde a todos los
litisconsortes; cuando uno de ellos haga citar a la parte contraria para alguna
actuación, deberá citar también a sus colitigantes.
CAPITULO II
De los apoderados
Artículo 150.- Cuando las partes gestionen en el proceso civil por medio de
apoderados, éstos deben estar facultados con mandato o poder.
Artículo 151.- El poder para actos judiciales deben otorgarse en forma pública o
auténtica. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un tercero,
expresándose esta circunstancia en el poder. No será válido el poder simplemente
reconocido, aunque sea registrado con posterioridad.
Artículo 152.- El poder puede otorgarse también apud acta, para el juicio
contenido en el expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal, quien
firmara el acta junto con el otorgante y certificará su identidad.
Artículo 153.- El poder se presume otorgado para todas las instancias y recursos
ordinarios o extraordinarios.
Artículo 154.- El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del
proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero
para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar

147
la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de
dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.
Artículo 155.- Si el poder fuere otorgado a nombre de otra persona natural o
jurídica, o fuere sustituido por el mandatario, el otorgante deberá enunciar en el
poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o
registros que acrediten la representación que ejerce. El funcionario que autorice el
acto hará constar en la nota respectiva, los documentos, gacetas, libros o registros
que le han sido exhibidos, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y
demás datos que concurran a identificarlos, sin adelantar ninguna apreciación o
interpelación jurídica de los mismos.
Artículo 156.- Si la parte pidiere la exhibición de los documentos, gacetas, libros o
registros mencionados en el poder, el apoderado deberá exhibirlos para su
examen por el interesado y el Tribunal, en la oportunidad que se fije al efecto. En
dicho acto, la parte interesada hará las observaciones que crea pertinentes en el
Tribunal y éste resolverá dentro de tres días sobre la eficacia del poder. La
inasistencia del solicitante al acto del examen de los documentos excluidos, dará
por válido y eficaz el poder y la falta de exhibición de los documentos requeridos
quedará desechado, y así lo hará constar el Juez en el acta respectiva.
Artículo 157.- Si el poder se hubiere otorgado en país extranjero que haya
suscrito el Protocolo sobre uniformidad del Régimen Legal de los Poderes y
Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados
en el extranjero, deberá llenar las formalidades establecidas en dichos
instrumentos, en caso contrario, deberá tener las formalidades establecidas en las
leyes del país de su otorgamiento. En ambos casos, el poder deberá estar
legalizado por un magistrado del lugar o por otro funcionario público competente, y
por el funcionario consular de Venezuela, o en defecto de éste, por el de una
nación amiga. Caso de haberse otorgado en idioma extranjero, se lo traducirá al
castellano por Intérprete Público en Venezuela.
Podrá también otorgarse el poder ante un agente del servicio exterior de la
República en el país del otorgamiento, sujetándose a las formalidades
establecidas en el presente Código.
Artículo 158.- El abogado a quien se confiera un poder judicial no estará obligado
a aceptarlo; pero si no lo aceptare deberá avisar inmediatamente al poderdante
por la vía más rápida.
Aunque el apoderado no exprese la aceptación del poder, se presumirá de
derecho que lo acepta desde que se presente con él en juicio.
Artículo 159.- El apoderado que hubiere aceptado el mandato, podrá sustituirlo en
la persona que el poderdante designado o lo designare, y a falta de designación,
en abogado capaz y solvente, si en el poder se le hubiere facultado para sustituir.
Si en el poder nada se le hubiere dicho de sustitución, el apoderado podrá
sustituirlo también en abogado de reconocida aptitud y solvencia, cuando por
cualquier causa no quisiere o no pudiere seguir ejerciéndolo.

148
Si en el poder se hubiere prohibido sustituir, no podrá hacerlo; pero en caso de
enfermedad, alejamiento forzado, envío de la causa a Tribunal de otra localidad, o
por cualquier otro motivo grave que le impidiere seguir ejerciéndolo, deberá
avisarlo al poderdante inmediatamente, por el medio más rápido, para que provea
lo conducente.
Si la prohibición se hubiere hecho por instrucción o instrumento privado, el
sustituyente será responsable del perjuicio que la sustitución causare a su
representado.
Artículo 160.- El sustituto podrá sustituir, siguiendo lo que a este respecto
determinaren el poder y las reglas establecidas en el artículo precedente.
Artículo 161.- Las sustituciones pueden ser especiales, aun cuando el poder sea
general.
Artículo 162.- Las sustituciones de poderes y las sustituciones de sustituciones,
deben hacerse con las mismas formalidades que el otorgamiento de los poderes.
Artículo 163.- Respecto de la sustitución, los apoderados y los sustitutos
quedarán sujetos a las responsabilidades que establece el Código Civil para los
mandatarios.
Artículo 164.- Tanto el apoderado como el sustituto quedan sometidos, en cuanto
a sus facultades, a las disposiciones del Código Civil sobre mandato.
Artículo 165.- La representación de los apoderados y sustitutos cesa:
1º. Por la revocación del poder, desde que ésta se introduzca en cualquier
estado del juicio, aun cuando no se presente la parte ni otro apoderado
por ella. No se entenderá revocado el sustituto si así no se expresare en
la revocación.
2º. Por la renuncia del apoderado o la del sustituto; pero la renuncia no
producirá efecto respecto de las demás partes, sino desde que se haga
constar en el expediente la notificación de ella al poderdante.
3º. Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del
apoderado o sustituto.
4º. Por la cesión o transmisión a otra persona de los derechos deducidos por
el litigante, o por la caducidad de la personalidad con que obraba.
5º. Por la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, a menos que
se haga constar lo contrario.
La sola presentación personal de la parte en el juicio no causará la revocatoria del
poder ni de la sustitución, a menos que se haga constar lo contrario.
Artículo 166.- Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en
ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados.

149
Artículo 167.- En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente,
podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las
disposiciones de la Ley de Abogados.
Artículo 168.- Podrán presentarse en juicio como actores sin poder: El heredero
por su coheredero, en las causas originadas por la herencia, y el comunero por su
condueño, en lo relativo a la comunidad.
Por la parte demandada podrá presentarse además sin poder, cualquiera que
reúna las cualidades necesarias para ser apoderado judicial; pero quedará
sometido a observar las disposiciones pertinentes establecidas en la Ley de
Abogados.
Artículo 169.- Los representantes que lo son por virtud de la ley, y sus
apoderados, están sometidos en sus gestiones en el proceso a las disposiciones
del Código Civil y del Código de Comercio en cuanto a facultades, deberes y
formalidades.
CAPITULO III
De los deberes de las partes y de los apoderados
Artículo 170.- Las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en
el proceso con lealtad y prioridad. En tal virtud, deberán:
1º Exponer los hechos de acuerdo a la verdad;
2º No interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes, cuando
tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos;
3º No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o innecesarios
a la defensa del derecho que sostengan.
Parágrafo Único.- Las partes y los terceros que actúen en el proceso con
temeridad o mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren.
Se presume, salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado en el
proceso con temeridad o mala fe cuando:
1º Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales,
manifiestamente infundadas;
2º Maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa;
3º Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal
del proceso.
Artículo 171.- Las partes y sus apoderados deberán abstenerse de emplear en
sus diligencias y escritos expresiones o conceptos injuriosos o indecentes. El Juez
ordenará testar tales conceptos si no se hubiesen notado antes, apercibiendo a la
parte o al apoderado infractor, para que se abstenga en lo sucesivo de repetir la
falta, con una multa de dos mil bolívares por cada caso de reincidencia.
Artículo 172.- Las partes deben suministrar a sus apoderados lo suficiente para
expensas. Si no lo hicieren, no podrán ellas exigir responsabilidad al apoderado
que hubiere dejado de hacer algo que ocasione gastos.

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Artículo 173.- El apoderado o el sustituto estarán obligados a seguir el juicio en
todas las instancias, siempre que los Tribunales que deban conocer del asunto
existan en el mismo lugar; en caso contrario, deben hacer las sustituciones
convenientes, con arreglo a lo dispuesto en este Código o avisar al poderdante por
la vía más rápida.
Artículo 174.- Las partes y sus apoderados deberán indicar una sede o dirección
en su domicilio o en el lugar del asiento del Tribunal, declarando formalmente en el
libelo de la demandada y en el escrito o acta de la contestación, la dirección
exacta. Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras
no se constituya otro en el juicio, y en él se practicarán todas las notificaciones,
citaciones o intimaciones a que haya lugar. A falta de indicación de la sede o
dirección exigida en al primera parte de este artículo, se tendrá como tal la sede
del Tribunal.
CAPITULO IV
De la Justicia Gratuita
Artículo 175.- Para los efectos de este capítulo la justicia se administrará
gratuitamente a las personas a quienes el Tribunal o la Ley concedan este
beneficio.
Artículo 176.- El beneficio de la justicia gratuita podrá ser solicitado por cualquiera
de las partes en cualquier estado y grado de la causa, y la respectiva incidencia se
sustanciará y decidirá en cuaderno separado.
Si el beneficio se solicitare para obrar en juicio, deberá pedirse por escrito que se
anexará a la demanda, del cual se pasará copia certificada al demandado. En este
caso, el demandado podrá contradecir la solicitud dentro del lapso del
emplazamiento, o en el mismo día en que presente su contestación. En los demás
casos, la solicitud deberá ser contradicha dentro de los cinco días siguientes a su
presentación, sin necesidad de citación.
Artículo 177.- Contradicha o no la solicitud de justicia gratuita, se abrirá una
articulación probatoria por ocho días, sin término de distancia, a fin de que las
partes hagan instruir las pruebas pertinentes.
Vencida la articulación, el Tribunal decidirá el asunto dentro de los tres días
siguientes, y de la decisión no se oirá apelación.
Artículo 178.- Los Tribunales concederán el beneficio de la justicia gratuita, para
los efectos de este Capítulo, a quienes no tuvieren los medios suficientes, ya para
litigar, ya para hacer valer de manera no contenciosa algún derecho.
Este beneficio es personal, sólo se concederá para gestionar derechos propios, y
gozarán de él, sin necesidad de previa declaratoria, las personas que perciban un
ingreso que no exceda del triple del salario mínimo obligatorio fijado por el
Ejecutivo Nacional, los institutos de beneficencia pública y cualesquiera otros a los
que la ley lo conceda en los asuntos que les conciernan.
La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida, no
constituirá por sí mismo un impedimento para la concesión del beneficio.

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Artículo 179.- Si en cualquier estado y grado de la causa se demuestra que el
beneficiario de la justicia gratuita dispone de medios económicos suficientes, el
Tribunal, juzgando sumariamente mandará cesar los efectos de beneficio. De esta
decisión no se oirá apelación.
Artículo 180.- Los que por disposición legal o por declaración judicial tengan
derecho a la justicia gratuita disfrutarán de los siguientes beneficios:
1º Usar papel común y no estar obligado a inutilizar timbres fiscales ni a
pagar aranceles, tasas, contribuciones u otra clase de derechos a los
funcionarios judiciales.
2º Que se les nombre por el Tribunal defensor que sostenga sus derechos
gratuitamente.
3º Exención del pago de tasas u honorarios a los auxiliares de la justicia,
tales como intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos y otros,
los cuales estarán obligados a prestar gratuitamente sus servicios en el
asunto cuando actúen a solicitud del beneficiario de la justicia gratuita.
Artículo 181.- Quien haya litigado gratuitamente quedará obligado a pagar el
papel sellado, las estampillas, los honorarios de su defensor y las demás costas
que hubiere causado o en que se le hubiere condenado, si dentro de los tres años
siguientes a la terminación del proceso llegare a mejor fortuna. Estarán exentos de
esta obligación los que hayan litigado gratuitamente por concederles ese beneficio
la Ley.
Artículo 182.- Es competente para conceder el beneficio de la justicia gratuita del
Tribunal que lo sea para conocer del negocio a que se refiere la declaratoria del
mismo.
TITULO IV
DE LOS ACTOS PROCESALES
CAPITULO I
De la forma de los actos
Artículo 183.- En la realización de los actos procesales solo podrá usarse el
idioma legal que es el castellano.
Artículo 184.- Cuando en cualquier acto del proceso deba interrogarse a una
persona que no conociese el idioma castellano, el Juez nombrará un intérprete
que jurará previamente traducir con fidelidad las preguntas y las respuestas.
Artículo 185.- Cuando deban examinarse documentos que no estén extendidos
en el idioma castellano, el Juez ordenará su traducción por un intérprete público y
en defecto de éste, nombrará un traductor, quien prestará juramento de traducir
con fidelidad su contenido.
Artículo 186.- Cuando se deba interrogar a un sordo, a un mudo o a un
sordomudo, al sordo se le presentarán las preguntas escritas, así como cualquier

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observación del Juez para que conteste verbalmente; al mudo se le hará
verbalmente la pregunta para que la conteste por escrito; y al sordomudo se le
harán las preguntas y las observaciones por escrito, para que responda también
por escrito. Lo escrito se agregará al original, además de copiarse en el acta.
Si el sordo, el mudo o el sordomudo no supieren leer ni escribir, no podrán ser
interrogados en el juicio civil.
Artículo 187.- Las partes harán sus solicitudes mediante diligencia escrita que
extenderán en el expediente de la causa en cualquier hora de las fijadas en la
tablilla o Cartel a que refiere el artículo 192, y firmarán ante el Secretario; o bien
por escrito que presentarán en las mismas horas al Secretario, firmado por la parte
o sus apoderados.
Artículo 188.- Los actos del Tribunal se realizarán también por escrito, bajo el
dictado o las instrucciones del Juez, en términos claros, precisos y lacónicos. Las
observaciones, reclamaciones, salvedades o recursos de quienes intervinieren en
el acto, se manifestarán al Juez, quien redactará sustancialmente el acta, sin
alterar la verdad de lo que haya pasado, ni omitir nada de lo expuesto. Si leídos, el
interesado observare algo de más o de menos de lo que quisiere hacer constar, se
escribirá lo observado en términos precisos y breves.
Las ejecutorias y las rogatorias que se dirijan a los tribunales o funcionarios
extranjeros y las suplicatorias, exhortos o despachos que se envíen a otras
autoridades venezolanas, se encabezarán "En nombre de la República de
Venezuela". Las rogatorias para el extranjero se dirigirán por la vía diplomática o
consular, y las demás, por la vía ordinaria, sin necesidad de legalización. Estos
documentos deberán llevar el sello del Tribunal, sin lo cual no tendrán
autenticidad.
Artículo 189.- El acta deberá contener la indicación de las personas que han
intervenido y de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se han cumplido
las diligencias de que hace fe; debe además contener la descripción de las
actividades cumplidas y de los reconocimientos efectuados. El acto deberá ser
suscrita por el Juez y por el Secretario.
Si han intervenido otras personas, el Secretario, después de dar lectura al acta,
les exigirá que firmen. Si alguna de ellas no pudiere o no quisiere firmar, se pondrá
constancia de ese hecho.
Las declaraciones de las partes, las posiciones juradas, las declaraciones de
testigos y cualesquiera otras diligencias del Tribunal que deban hacerse constar
en acta, podrán ser tomadas mediante el uso de algún medio técnico de
reproducción o grabación del acto, por disposición del Tribunal o por solicitud de
alguna de las partes. En estos casos, la grabación se mantendrá bajo la custodia
del Juez, el cual ordenará realizar la versión escrita de su contenido por el
Secretario o algún amanuense bajo la dirección de aquél, o por alguna otra
persona natural o jurídica, bajo juramento de cumplir fielmente su cometido. En
todo casa el Secretario, dentro de un plazo de cinco días agregará al expediente la
versión escrita del contenido de la grabación, firmada por el Juez y por el
Secretario. Si ninguna de las partes hiciere objeción al acta, señalando

153
expresamente alguna inexactitud, la misma se considerará admitida,, pasados que
sean cuatro días de su consignación en los autos. En caso de objeciones, el Juez
fijará día y hora para la revisión del acta con los interesados, oyendo nuevamente
la grabación. De lo resuelto por el Juez en ese acto, no habrá recurso alguno.
El costo de la grabación estará a cargo del solicitante, y en caso de disponerla de
oficio el Tribunal, será de cargo de ambas partes.
Artículo 190.- Cualquiera persona pude imponerse de los actos que se realicen
en los Tribunales y tomar de ellos las copias simples que quiera, sin necesidad de
autorización del Juez, a menos que se hayan mandado reservar por algún motivo
legal.
CAPITULO II
Del lugar y tiempo de los actos procesales
Artículo 191.- Los jueces no podrán despachar los asuntos de su competencia,
sino en el lugar destinado para sede del Tribunal, a no ser para los actos respecto
de los cuales acuerdan previamente otra cosa conforme a la ley, de oficio o a
petición de parte.
Artículo 192.- Tampoco podrán los jueces despachar sino en las horas del día
destinados al efecto, las cuales indicarán en una tablilla que se fijará en el
Tribunal, para conocimiento del público. Para actuar fuera de dichas horas,
cuando sea necesario, habilitarán con un día de anticipación o haciendo saber a
las partes las horas indispensables que determinarán.
Artículo 193.- Ningún acto procesal puede practicarse en día feriado, ni antes de
las seis de la mañana ni después de las seis de la tarde, a menos que por causa
urgente se habiliten el día feriado o la noche.
Será causa urgente para los efectos de este artículo el riesgo manifiesto de que
quede ilusoria una providencia o medida, o de que se frustre cualquiera diligencia
importante para acreditar algún derecho para la prosecución del juicio.
Artículo 194.- Las diligencias, solicitudes, escritos y documentos a que se refieren
los artículos 106 y 107 de este Código deberán ser presentados por las partes
dentro de las horas del día fijadas por el Tribunal para despachar.
Los días en los cuales el Tribunal disponga no despachar, el Secretario no podrá
suscribir ni recibir diligencias, solicitudes, escritos y documentos de las partes.
Artículo 195.- Los Tribunales harán saber al público, a primera hora, por medio de
una tablilla o aviso, el día en que dispongan por causa justificada no despachar, y
el Secretario dejará constancia de ello en el Libro Diario, como lo prevé el artículo
113.
Artículo 196.- Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales
son aquellos expresamente establecidos por la ley; el Juez solamente podrá
fijarlos cuando la ley lo autorice para ello.

154
Artículo 197.- Los términos o lapsos procesales se computarán por días
calendarios consecutivos, excepto los lapsos de pruebas, en los cuales no se
computarán los sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes santos los
declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no
laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no
despachar.
Artículo 198.- En los términos o lapsos procesales señalados por días no se
computará aquél en que se dicte la providencia o se verifique el acto que dé lugar
a la apertura del lapso.
Artículo 199.- Los términos o lapsos de años o meses se computarán desde el
día siguiente de la fecha del acto que de lugar al lapso, y concluirán el día de
fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número
del lapso.
El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca
el mes se entenderá vencido el último de ese mes.
Artículo 200.- En los casos de los dos artículos anteriores, cuando el vencimiento
del lapso ocurra en uno de los días exceptuados del cómputo por el artículo 197,
el acto correspondiente se realizará en el día laborable siguiente.
Artículo 201.- Los Tribunales vacarán del día 15 de agosto al 15 de septiembre y
del 24 de diciembre al 6 de enero, todos inclusive. Durante las vacaciones
permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello
no impide que se practiquen las actuaciones que fueren necesarias para asegurar
los derechos de alguna parte, la cual deberá justificar la urgencia y prestar caución
o garantía suficientes, cuando la naturaleza del acto lo requiera para cubrir los
daños y perjuicios que pudiere ocasionar. Al afecto, se acordará la habilitación
para proceder al despacho del asunto; pero si este fuese contencioso, se requerirá
para su validez la citación previa de la otra parte.
Los Tribunales no podrán practicar durante las vacaciones otras diligencias sino
las concernientes al acto declarado urgente. Los jueces suplentes y conjueces que
suplan a éstos en los períodos de vacaciones judiciales no podrán dictar sentencia
definitiva ni interlocutoria, salvo que las partes lo soliciten expresamente de común
acuerdo.
Parágrafo Único.- En materia de amparo constitucional se considerarán
habilitados todos los días de vacaciones. Los jueces, así sean temporales, están
en la obligación de tramitarlo y sentenciarlo.
Artículo 202.- Los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse
de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados
por la Ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga
necesario.
Parágrafo Primero.- En todo caso en que el curso de la causa quede en
suspenso por cualquier motivo, la causa reanudará su curso en el mismo estado
en se encontraba al momento de la suspensión.

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Parágrafo Segundo.- Pueden las partes, de común acuerdo, suspender el curso
de la causa por un tiempo que determinarán en acta ante el Juez.
Artículo 203.- Los términos o lapsos procesales no podrán abreviarse sino en los
casos permitidos por la ley, o por voluntad de ambas partes o de aquella a quien
favorezca el lapso, expresada ante el Juez, y dándose siempre conocimiento a la
otra parte.
Artículo 204.- Los términos y recursos concedidos a una parte se entenderán
concedidos a la otra, siempre que de la disposición de la ley o de la naturaleza del
acto no resulte lo contrario.
Artículo 205.- El término de distancia deberá fijarse en cada caso por el Juez,
tomando en cuenta la distancia de poblado a poblado y las facilidades de
comunicaciones que ofrezcan las vías existentes. Sin embargo, la fijación no
podrá exceder de un día por cada doscientos kilómetros, ni ser menor de un día
por cada cien.
En todo caso en que la distancia sea inferior al límite mínimo establecido en este
artículo, se concederá siempre un día de término de distancia.
CAPITULO III
De la nulidad de los actos procesales
Artículo 206.- Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o
corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no
se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de
cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba
destinado.
Artículo 207.- La nulidad de actos aislados del procedimiento no acarreará la de
los demás actos anteriores ni consecutivos, independientes del mismo, sino que
dará lugar a la renovación del acto dentro de un término que fijará el Tribunal,
siempre que la causa estuviere en la misma instancia en que haya ocurrido el acto
írrito.
Artículo 208.- Si la nulidad del acto la observare y declarare un Tribunal Superior
que conozca en grado de la causa, repondrá ésta al estado de que se dicte nueva
sentencia por el Tribunal de la instancia en que haya ocurrido el acto nulo,
disponiendo que este Tribunal antes de fallar, haga renovar dicho acto conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 209.- La nulidad de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de la
instancia inferior, que se halle viciado por los defectos que indica el artículo 244,
sólo puede hacerse valer mediante el recurso de apelación, de acuerdo con las
reglas propias de este medio de impugnación. La declaratoria del vicio de la
sentencia por el Tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de

156
reposición de ésta, y el Tribunal deberá resolver también sobre el fondo de litigio.
Esta disposición no se aplica en los casos a que se refiere la última parte del
artículo 246.
Parágrafo Único.- Los Tribunales Superiores que declaren el vicio de la sentencia
de los inferiores, apercibirán a éstos de la falta cometida y en casos de
reincidencia, les impondrán una multa que no sea inferior a dos mil bolívares ni
exceda de cinco mil.
Artículo 210.- Cuando los defectos a que se contrae el artículo 244 ocurrieren en
la sentencia de la última instancia de un juicio en que fuere admisible y se
anunciare y formalizare el recurso de casación, corresponderá decretar la
reposición de la causa, al estado de dictar nueva sentencia, a la Corte Suprema
de Justicia al decidir el recurso y se seguirá el procedimiento indicado en el
artículo 322.
Artículo 211.- No se declarará la nulidad total de los actos consecutivos a un acto
írrito, sino cuando éste sea esencial a la validez de los actos subsiguientes o
cuando la ley expresamente preceptúe tal nulidad. En estos casos se ordenará la
reposición de la causa al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad
y la renovación del acto írrito.
Artículo 212.- No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del
procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de
parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no
podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a
la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio
o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido
citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad.
Artículo 213.-Las nulidades que sólo pueden declararse a instancia de parte,
quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la falta no pidiere la nulidad en
la primera oportunidad en que se haga presente en autos.
Artículo 214.- La parte que ha dado causa a la nulidad que sólo pueda declararse
a instancia de parte, o que la hubiese expresa o tácitamente consentido, no podrá
impugnar la validez del procedimiento.
CAPITULO IV
De las citaciones y notificaciones
Artículo 215.- Es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación del
demandado para la contestación de la demanda, citación que se verificará con
arreglo a lo que se dispone en este Capítulo.
Artículo 216.- La parte demandada podrá darse por citada personalmente para la
contestación, mediante diligencia suscrita ante el Secretario.

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Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de
la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes
en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la
contestación de la demanda, sin más formalidad.
Artículo 217.- Fuera del caso previsto en el artículo anterior, cuando se
presentare alguien por el demandado a darse por citado, sólo será admitido en el
caso de exhibir poder con facultad expresa para ello. Si el poder no llenare este
requisito, se hará la citación de la manera prevenida en este Capítulo, sin perjuicio
de que, llenadas que sean todas las formalidades en él establecidas, según los
casos, pueda gestionar en el juicio el mismo que no haya sido admitido a darse
por citado, si tuviere poder suficiente para intervenir en él.
Artículo 218.- La citación personal se hará mediante compulsa con la orden de
comparecencia expedida por el Tribunal, entregada por el Alguacil a la persona o
personas demandadas en su morada o habitación, o en su oficina, o en el lugar
donde ejerce la industria o el comercio, o en el lugar donde se la encuentre, dentro
de los límites territoriales de la jurisdicción del Tribunal, a menos que se encuentre
en ejercicio de algún acto público o en el templo, y se le exigirá recibo, firmado por
el citado, el cual se agregará al expediente de la causa. El recibo deberá expresar
el lugar, la fecha y la hora de la citación. Si el citado no pudiere o no quisiere
firmar el recibo, el Alguacil dará cuenta al Juez y éste dispondrá que el Secretario
del Tribunal libre una boleta de notificación en la cual comunique al citado la
declaración del Alguacil relativa a su citación. La boleta la entregará el Secretario
en el domicilio o residencia del citado, o en su oficina, industria o comercio, y
pondrá constancia en autos de haber llenado esta formalidad, expresando el
nombre y apellido de la persona a quien la hubiere entregado. El día siguiente al
de la constancia que ponga el Secretario en autos de haber cumplido dicha
actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del citado.
Parágrafo Único.- La citación personal podrá gestionarse por el propio actor o por
su apoderado mediante cualquier otro Alguacil o Notario de la jurisdicción del
Tribunal, como se indica en el artículo 345.
Artículo 219.- Si la citación personal no fuere posible y se tratare de citación de
una persona jurídica, el actor podrá solicitar la citación por correo certificado con
aviso de recibo, antes de la citación por carteles prevista en el artículo 223.
La citación por correo de persona jurídica se practicará en su oficina o en el lugar
donde ejerce su comercio o industria, en la dirección que previamente indique en
autos el solicitante. El Alguacil del Tribunal depositará el sobre abierto,
conteniendo la compulsa de la demanda con la orden de comparecencia, en la
respectiva oficina de correo.
El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos incluidos
en el sobre, del remitente, del destinatario, la dirección de este y la fecha de recibo
del sobre y cerrará éste en presencia del Alguacil. A vuelta de correo, el
Administrador o Director enviará al Tribunal remitente el aviso de recibo firmado
por el receptor del sobre, indicándose en todo caso, el nombre, apellido y cédula
de identidad de la persona que lo firma.

158
El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el Secretario del
Tribunal, poniendo constancia de la fecha de esta diligencia, y al día siguiente
comenzará a computarse el lapso de comparecencia de la persona jurídica
demandada.
Artículo 220.- En los casos de citación por correo certificado con aviso de recibo,
de personas jurídicas, el aviso de recibo deberá ser firmado por el representante
legal o judicial de la persona jurídica, o por uno cualquiera de sus directores o
gerentes, o por el receptor del correspondencia de la empresa.
Artículo 221.- En los casos de citación por correo de una persona jurídica, la
citación será declarada nula:
1º Si el aviso de recibo no estuviere firmado por alguno de los funcionarios o
personas que se indican en el artículo 220.
2º Si en el aviso de recibo no constare el nombre, apellido y cédula de identidad
de la persona que recibió el sobre y firmó el recibo.
Artículo 222.- Los funcionarios judiciales, los funcionarios de la Administración de
Correos, los funcionarios y empleados de personas jurídicas de carácter público o
privado, y toda persona que haya forjado o contribuido a forjar una falsa citación
judicial serán castigados con prisión de uno a cinco años.
Las personas indicadas en el artículo 221 que rehusen firmar el aviso del recibo en
los casos de citación por correo, o entregar el sobre con la citación a su
destinatario, serán castigados con arresto de tres a doce meses.
Artículo 223.- Si el Alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la
citación personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de
recibo, o cuando pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado,
ésta se practicará por Carteles, a petición del interesado. En este caso el Juez
dispondrá que el Secretario fije en la morada, oficina o negocio del demandado un
Cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince
días, y otro Cartel igual se publicará por la prensa, a costa del interesado, en dos
diarios que indique el Tribunal entre los de mayor circulación en la localidad, con
intervalo de tres días entre uno y otro. Dichos Carteles contendrán: el nombre y
apellido de las partes, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia y
la advertencia de que si no compareciese el demandado en el plazo señalado, se
le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación. Se pondrá constancia
en autos por el Secretario, de haberse cumplido estas formalidades y se agregará
al expediente por la parte interesada, un ejemplar de los periódicos en que hayan
aparecido publicados los Carteles. El lapso de comparecencia comenzará a
contarse al día siguiente de la constancia en autos de la última formalidad
cumplida.
Artículo 224.- Cuando se compruebe que el demandado no está en la República,
se le citará en la persona de su apoderado, si lo tuviere. Si no lo tuviere, o si el
que tenga se negare a representarlo, se convocará al demandado por Carteles,
para que dentro de un término que fijará el Juez, el cual no podrá ser menor de

159
treinta días ni mayor de cuarenta y cinco, según las circunstancias, comparezca
personalmente o por medio de apoderado. Estos carteles deberán contener las
menciones indicadas en el artículo anterior y se publicarán en dos diarios de los
de mayor circulación en la localidad, que indicará expresamente el Juez durante
treinta días continuos, una vez por semana. Si pasado dicho término no
compareciere el no presente, ni ningún representante suyo, el Tribunal le
nombrará defensor, con quien se entenderá la citación.
Artículo 225.- El Tribunal al hacer el nombramiento del defensor, dará preferencia
en igualdad de circunstancias, a los parientes y amigos del demandado o a su
apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo
hubiere y quisiere hacerla.
Artículo 226.- Los honorarios del defensor y las demás litis expensas se pagarán
de los bienes del defendido, conforme lo determine el Tribunal, consultando la
opinión de dos abogados sobre la cuantía.
Artículo 227.- Cuando la citación haya de practicarse fuera de la residencia del
Tribunal, se remitirá con oficio la orden de comparecencia, en la forma ya
establecida, a cualquier autoridad judicial del lugar donde resida el demandado
para que practique la citación en la forma indicada en el artículo 218, sin perjuicio
de la facultad que confiere al actor el Parágrafo Único de dicha disposición.
Si buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará cuenta al Juez, y
éste dispondrá de oficio, que la citación se practique en la forma prevista en el
artículo 223 sin esperar ninguna otra instrucción del comitente, dando cuenta del
resultado a éste.
En los casos de este artículo, el término de la comparecencia comenzará a
contarse a partir del día siguiente al recibo de la comisión en el Tribunal de la
causa, sin perjuicio del término de la distancia.
Artículo 228.- Cuando sean varias las personas que deben ser citadas y el
resultado de todas las citaciones no constare en el expediente por lo menos dos
días antes del vencimiento del lapso de comparecencia, el acto de contestación de
la demanda quedará diferido y el Tribunal fijará el lapso dentro del cual deberá
darse la contestación. Esta fijación no podrá exceder del lapso ordinario a que se
refiere el artículo 359 ni será menor de diez (10) días. En todo caso, si
transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última citación, las
practicadas quedarán sin efectos y el procedimiento se suspenderá hasta que el
demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Si hubiere
citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro
del lapso indicado.
Artículo 229.- Cuando el demandado haya elegido domicilio para los efectos de la
obligación demandada, con indicación de persona, la citación se entenderá con
ésta, observándose, por lo demás, las disposiciones de los artículos 218 y 219.

160
Si la persona designada en la elección de domicilio fuere la misma a cuya
instancia se haga la citación, o hubiere muerto o desaparecido, o héchose
incapaz, la citación se verificará como si no se hubiere designado persona en la
elección.
Artículo 230.- En cualquier caso en que se necesite la citación de una parte,
aunque no sea para la contestación de la demanda, se procederá con arreglo a lo
dispuesto en este Capítulo, salvo cualquiera disposición especial.
Artículo 231.- Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una
persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un
derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común, la citación que debe
hacerse a tales sucesores desconocidos, en relación con las acciones que afecten
dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean
asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un
término no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del
Tribunal, según las circunstancias.
El edicto deberá contener el nombre y apellido del demandante y los del causante
de los sucesores desconocidos, el último domicilio del causante, el objeto de la
demanda y el día y la hora de la comparecencia.
El edicto se fijará en la puerta del Tribunal y se publicará en dos periódicos de los
de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata, que indicará el Juez,
por los menos durante sesenta días, dos veces por semana.
Artículo 232.- Si transcurriere el lapso fijado en el edicto para la comparecencia,
sin verificarse ésta, el Tribunal nombrará un defensor de los desconocidos, con
quien se entenderá la citación, hasta que según la ley cese su encargo.
Artículo 233.- Cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de
las partes para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del
proceso, la notificación puede verificarse por medio de la imprenta, con la
publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el
cual indicará expresamente el Juez, dándose un término que no bajará de diez
días.
También podrá verificarse por medio de boleta remitida por correo certificado con
aviso de recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada,
conforme al artículo 174 de este Código, o por medio de boleta librada por el Juez
y dejada por el Alguacil en el citado domicilio. De las actuaciones practicadas
conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el
expediente el Secretario del Tribunal.
CAPITULO V
De la comisión
Artículo 234.- Todo Juez puede dar comisión para la práctica de cualesquiera
diligencias de sustanciación o de ejecución a los que le sean inferiores, aunque
residan en el mismo lugar.

161
Esta facultad no podrá ejercerse cuando se trate de inspecciones judiciales,
posiciones juradas, interrogatorios de menores y casos de interdicción e
inhabilitación.
Artículo 235.- Todo Juez podrá dar igual comisión a los que sean de igual
categoría a la suya, siempre que las diligencias hayan de practicarse en un lugar
hasta donde se extienda la jurisdicción del comisionado, y que este lugar sea
distinto del de la residencia del comitente.
Artículo 236.- En el caso del artículo anterior, el Juez comisionado podrá pasar la
comisión a un Juez inferior suyo.
Artículo 237.- Ningún Juez comisionado podrá dejar de cumplir su comisión sino
por nuevo decreto del comitente, fuera de los casos expresamente exceptuados
por la ley.
Cuando las partes tengan que nombrar peritos o ejecutar otros actos semejantes,
y no comparezcan oportunamente, el Juez comisionado hará las veces del
comitente.
Artículo 238.- El Juez comisionado debe limitarse a cumplir estrictamente su
comisión, sin diferirla so pretexto de consultar al comitente sobre la inteligencia de
dicha comisión.
Artículo 239.- Contra las decisiones del Juez comisionado podrá reclamarse para
ante el comitente exclusivamente.
Artículo 240.- Los Tribunales Militares, de Comercio, y cualquier otro de
jurisdicción especial, no podrán ser comisionados sino en asuntos que sean de su
competencia.
Artículo 241.- Si el Juez comisionado estuviere comprendido en alguna causa
legal de recusación, la parte a quien interese podrá proponerla o excitar al
comitente a que use de la facultad de revocar la comisión.
TITULO V
DE LA TERMINACION DEL PROCESO
CAPITULO I
De la sentencia
Artículo 242.- La sentencia se pronuncia en nombre de la República de
Venezuela, y por autoridad de la ley.
Artículo 243.- Toda sentencia debe contener:
1º La indicación del Tribunal que la pronuncia.
2º La indicación de las partes y de sus apoderados.

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3º Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado
planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que
constan de autos.
4º Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
5º Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida
y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda
absolverse de la instancia.
6º La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.
Artículo 244.- Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en
el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de
tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo
decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
Artículo 245.- Salvo lo dispuesto en el artículo 209, la sentencia podrá limitarse a
ordenar la reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado que en la
propia sentencia se determine.
Artículo 246.- La sentencia expresará la fecha en que se haya pronunciado y se
firmará por los miembros del Tribunal, pero los que hayan disentido respecto de lo
dispositivo, podrán salvar su voto, el cual se extenderá a continuación de la
sentencia, firmada por todos.
No se considerará como sentencia ni se ejecutará, la decisión a cuyo
pronunciamiento aparezca que no han concurrido todos los jueces llamados por la
ley, ni la que no esté firmada por todos ellos.
Artículo 247.- Las sentencias definitivas se publicarán agregándose al
expediente, en el cual se pondrá constancia del día y la hora en que se haya
hecho la publicación.
Artículo 248.- De toda sentencia se dejará copia certificada en el Tribunal que la
haya pronunciado.
Artículo 249.- En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o
daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según
las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo
establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del
presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de
frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la
estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el
pleito.
En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia
de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y
los diversos puntos que deban servir de base a los expertos.
En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado;
pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando
que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por
excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a

163
dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto,
a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de
fijar definitivamente la estimación; y de lo determinado se admitirá apelación
libremente.
Artículo 250.- Lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable a la reparación
del daño moral, cuya indemnización puede acordar el Juez de acuerdo con el
artículo 1.196 del Código Civil.
Artículo 251.- El pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una
sola vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración expresa en el
auto de diferimiento, y por un plazo que no excederá de treinta días. La sentencia
dictada fuera del lapso de diferimiento deberá ser notificada a las partes, sin lo
cual no correrá el lapso para interponer los recursos.
Artículo 252.- Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria
sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya
pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos,
salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos
numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar
ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que
dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la
publicación o en el siguiente.
Artículo 253.- Los Tribunales en las multas que hayan impuesto o en los
apercibimientos que hayan hecho, por lo que aparezca del proceso, sin audiencia
de quienes resulten condenados, oirán las reclamaciones de éstos, formuladas por
escrito, y decidirán en el mismo acto o en el día siguiente. El reclamante podrá
producir con su solicitud la prueba que le favorezca.
Estas reclamaciones no podrán intentarse después de sesenta días de haberse
instruido al reclamante respecto de la condenación.
Artículo 254.- Los Jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando,
a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda,
sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias,
favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de
sutilezas y de puntos de mera forma.
En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las
de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre
deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya faltado, o el
Juez a quien deba ocurrirse.

164
CAPITULO II
De la transacción y de la conciliación
Artículo 255.- La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa
juzgada.
Artículo 256.- Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la
transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la
transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las
cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su
ejecución.
Artículo 257.- En cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, el
Juez podrá excitar a las partes a la conciliación, tanto sobre lo principal como
sobre alguna incidencia, aunque ésta sea de procedimiento, exponiéndoles las
razones de conveniencia.
Artículo 258.- El Juez no podrá excitar a las partes a la conciliación cuando se
trate de materias en las cuales estén prohibidas las transacciones.
Artículo 259.- La conciliación hecha por un tutor u otro administrador, o por quien
no pueda disponer libremente del objeto sobre que verse la controversia, tendrá
efecto solamente cuando se le apruebe de la manera establecida para las
transacciones en el Código Civil.
Artículo 260.- La propuesta de conciliaciones no suspenderá en ningún caso el
curso de la causa.
Artículo 261.- Cuando las partes se hayan conciliado, se levantará un acta que
contenga la convención, acta que firmarán el Juez, el Secretario y las partes.
Artículo 262.- La conciliación pone fin al proceso y tiene entre las partes los
mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.
CAPITULO III
Del desistimiento y del convenimiento
Artículo 263.- En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante
desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por
consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la
demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.
Artículo 264.- Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener
capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate
de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones

165
Artículo 265.- El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si
el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda,
no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria.
Artículo 266.- El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia,
pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que transcurran
noventa días.
CAPITULO IV
De la perención de la instancia
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse
ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez
después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de
la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que
le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de
la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese
cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea
practicada la citación del demandado.
3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión
del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido
el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la
continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la
ley les impone para proseguirla.
Artículo 268.- La perención procede contra la Nación, los Estados y las
Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra
persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso contra
sus representantes.
Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las
partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en
cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.
Artículo 270.- La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni
extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los
autos; solamente extingue el proceso.
Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la
sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de
sentencias sujetas a consulta legal, en los cuales no habrá lugar a perención.
Artículo 271.- En ningún caso el demandante podrá volver a proponer la
demanda, antes de que transcurran noventa días continuos después de verificada
la perención.

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TITULO VI
DE LOS EFECTOS DEL PROCESO
Artículo 272.- Ningún Juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por
una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo
permita.
Artículo 273.- La sentencia definitivamente firme es ley de las partes en los límites
de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro.
Artículo 274.- A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una
incidencia se la condenará al pago de las costas.
Artículo 275.- Cuando hubiere vencimiento recíproco cada parte será condenada
al pago de las costas de la contraria. Mientras no estén liquidadas las costas de
ambas partes, no podrá procederse a su ejecución. En todo caso, liquidadas las
costas, éstas se compensarán hasta concurrencia de la cantidad menor.
Artículo 276.- Las costas producidas por el empleo de un medio de ataque o de
defensa que no haya tenido éxito se impondrán a la parte que lo haya ejercitado,
aunque resulte vencedora en la causa.
Artículo 277.- En la transacción no hay lugar a costas, salvo pacto en contrario.
Artículo 278.- Cuando la parte esté constituida por varias personas, todas ellas
responderán de las costas por cabeza, pero cuando cada una de estas personas
tengan una participación diferente en la causa, el Tribunal dividirá las costas entre
ellas según esta participación.
Artículo 279.- Cuando varios demandados sean condenados en su calidad de
deudores solidarios, responderán de las costas solidariamente.
Artículo 280.- En los casos de pluralidad de partes, si alguno de los litis consortes
hace uso de un medio especial de ataque o de defensa, los demás no responden
de las costas causadas por el mismo.
Artículo 281.- Se condenará en las costas del recurso a quien haya apelado de
una sentencia que sea confirmada en todas sus partes.
Artículo 282.- Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiere
interpuesto, pagará las costas si no hubiere pacto en contrario.
Cuando conviniere en la demanda en el acto de la contestación, pagará las costas
si hubiere dado lugar al procedimiento, y si fuere en otra oportunidad, las pagará
igualmente, si no hubiere pacto en contrario. Caso de que las partes estén en
desacuerdo respecto de la primera parte del párrafo anterior, el Juez abrirá una
articulación por ocho días para decidir sobre las costas.

167
Artículo 283.- La perención de la instancia no causará costas en ningún caso.
Artículo 284.- Las costas que se causen en las incidencias, sólo podrán exigirse a
la parte vencida al quedar firme la sentencia definitiva. En todo caso, las partes
pueden solicitar la compensación de estas costas con las impuestas en la
definitiva.
Artículo 285.- Las costas de la ejecución de la sentencia serán de cargo del
ejecutado. El procedimiento de ejecución de estas costas no causará nuevas
costas.
Serán igualmente a cargo del ejecutado las costas que produzcan el ejecutante
cualesquiera medios de defensa promovidos por aquél en la ejecución y que
resulten desestimados por el Tribunal.
Artículo 286.- Las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios del
apoderado de la parte contraria estarán sujetas a retasa. En ningún caso estos
honorarios excederán del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado.
Cuando intervengan varios abogados, la parte vencida sólo estará obligada a
pagar los honorarios por el importe de lo que percibiría uno solo, sin perjuicio del
derecho de retasa.
Artículo 287.- Las costas proceden contra las Municipalidades, contra los
Institutos Autónomos, empresas del Estado y demás establecimientos públicos,
pero no proceden contra la Nación.
TITULO VII
DE LOS RECURSOS
CAPITULO I
De la Apelación
Artículo 288.- De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da
apelación, salvo disposición especial en contrario.
Artículo 289.- De las sentencias interlocutorias se admitirá apelación solamente
cuando produzcan gravamen irreparable.
Artículo 290.- La apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos,
salvo disposición especial en contrario.
Artículo 291.- La apelación de la sentencia interlocutoria se oirá solamente en el
efecto devolutivo, salvo disposición especial en contrario.
Cuando oída la apelación, ésta no fuere decidida antes de la sentencia definitiva,
podrá hacérsela valer nuevamente junto con la apelación de la sentencia
definitiva, a la cual se acumulará aquélla.
En todo caso, la falta de apelación de la sentencia definitiva, producirá la extinción
de las apelaciones de las interlocutorias no decididas.

168
Artículo 292.- La apelación se interpondrá ante el Tribunal que pronunció la
sentencia, en la forma prevista en el artículo 187 de este Código.
Artículo 293.- Interpuesto el recurso de apelación en el término legal, el Tribunal
lo admitirá o lo negará en el día siguiente al vencimiento de aquel término.
Artículo 294.- Admitida la apelación en ambos efectos, se remitirán los autos
dentro del tercer día al Tribunal de alzada, si éste se hallare en el mismo lugar, o
por correo, si residiere en otro lugar. El apelante deberá consignar el porte de
correo, pero podrá hacerlo la otra parte, si le interesare, y a reserva de que se le
reembolse dicho porte.
Artículo 295.- Admitida la apelación en el solo efecto devolutivo, se remitirá con
oficio al Tribunal de alzada copia de las actas conducentes que indiquen las
partes, y de aquellas que indique el Tribunal, a menos que la cuestión apelada se
esté tramitando en cuaderno separado, en cuyos casos se remitirá el cuaderno
original.
Artículo 296.- Admitida la apelación en ambos efectos, no se dictará ninguna
providencia que directa o indirectamente pueda producir innovación en lo que sea
materia del litigio, mientras esté pendiente el recurso, salvo disposiciones
especiales.
Artículo 297.- No podrá apelar de ninguna providencia o sentencia la parte a
quien en ella se hubiere concedido todo cuanto hubiere pedido; pero, fuera de este
caso, tendrán derecho de apelar de la sentencia definitiva, no sólo las partes, sino
todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del
juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoría
contra él mismo haga negatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.
Artículo 298.- El término para intentar la apelación es de cinco días, salvo
disposición especial.
CAPITULO II
De la Adhesión a la Apelación
Artículo 299.- Cada parte puede adherirse a la apelación interpuesta por la
contraria.
Artículo 300.- La adhesión puede tener por objeto la misma cuestión objeto de la
apelación, o una diferente o aun opuesta de aquélla.
Artículo 301.- La adhesión a la apelación deberá formularse ante el Tribunal de
alzada, desde el día en que éste reciba el expediente, hasta el acto de informes.

169
Artículo 302.- La adhesión se propondrá en la forma prevista en el artículo 187 de
este Código, y deberán expresarse en ella, las cuestiones que tenga por objeto la
adhesión, sin lo cual se tendrá por no interpuesta.
Artículo 303.- En virtud de la adhesión, el Juez de alzada conocerá de todas las
cuestiones que son objeto de la apelación y de la adhesión.
Artículo 304.- La parte que se adhiere a la apelación de la contraria no podrá
continuar el recurso si la que hubiere apelado desistiere de él, aunque la adhesión
haya tenido por objeto un punto diferente del de la apelación o aun opuesto a éste.
CAPITULO III
Del Recurso de Hecho y de la Revocatoria
Artículo 305.- Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá
recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal
de alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se la admita en ambos
efectos y acompañará copia de las actas del expediente que crea conducentes y
de las que indique el Juez si éste lo dispone así. También se acompañará copia
de los documentos o actas que indique la parte contraria, costeándolos ella
misma. El auto que niegue la apelación o la admita en un solo efecto, fijará el
término de la distancia, si fuere procedente, a los efectos del recurso de hecho.
Artículo 306.- Aunque el recurso de hecho se haya introducido sin acompañar
copia de las actas conducentes, el Tribunal de alzada lo dará por introducido.
Artículo 307.- Este recurso se decidirá en el término de cinco días contados
desde la fecha en que haya sido introducido, o desde la fecha en que se
acompañen las copias de las actas conducentes si el recurso hubiese sido
introducido sin estas copias.
Artículo 308.- El Tribunal de alzada impondrá una multa que no será menor de
quinientos bolívares ni mayor de dos mil, al Juez que hubiere negado las copias
de que tratan los artículos anteriores, o que hubiere retardado injustamente su
expedición, sin perjuicio del derecho de queja de la parte perjudicada por la
negativa o por el retardo.
Artículo 309.- Si por no haberse admitido la apelación o por haberla admitido en
un solo efecto, el Juez de la causa hubiere dictado providencias, éstas quedarán
sin efecto si el Juez de alzada ordenare que se oiga la apelación libremente.
Artículo 310.- Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite,
podrán ser revocados o reformados de oficio a petición de parte, por el Tribunal
que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva,
salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no
habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto
devolutivo.

170
Artículo 311.- La revocatoria o reforma deberá pedirse dentro de los cinco días
siguientes al acto o providencia de mero trámite y se proveerá dentro de los tres
días siguientes a la solicitud.
TITULO VIII
DEL RECURSO DE CASACION
Artículo 312.- El recurso de casación puede proponerse:
1º Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios
civiles o mercantiles, cuyo interés principal exceda de Doscientos
Cincuenta Mil Bolívares, salvo lo dispuesto en leyes especiales respeto de
la cuantía.
2º Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios
especiales contenciosos cuyo interés principal exceda de Doscientos
Cincuenta Mil Bolívares, y contra las de última instancia que se dicten en
los procedimientos especiales contenciosos, sobre el estado y la
capacidad de las personas.
3º Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos
esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que
provean contra lo ejecutorio o lo modifiquen de manera sustancial,
después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios.
4º Contra las sentencias de los Tribunales Superiores que conozcan en
apelación de los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la
controversia exceda de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares.
Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan
comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no
reparado en ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieren agotado
oportunamente todos los recursos ordinarios.
Los juicios sentenciados conforme al artículo 13 de este Código, no tienen recurso
de casación.
Artículo 313.- Se declarará con lugar el recurso de casación:
1º Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas
sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; o
cuando en la sentencia no se hubieren cumplido los requisitos del artículo
243, o cuando adoleciere de los vicios enumerados en el artículo 244;
siempre, que contra dichos quebrantamientos u omisiones se hayan
agotado todos los recursos, o que la omisión o quebrantamiento lesionen
el orden público.
2º Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del
contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado
falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté
vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando
se haya violado una máxima de experiencia.
En los casos de este ordinal la infracción tiene que haber sido determinante de lo
dispositivo en la sentencia.

171
Artículo 314.- El recurso de casación se anunciará ante el Tribunal que dictó la
sentencia contra la cual se recurre, dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento de los lapsos indicados en el artículo 521 según los casos.
Sólo en caso de haber imposibilidad material de hacerlo ante aquél, podrá
anunciarse ante otro Tribunal o ante un Registrador o Notario de la
Circunscripción, para que éste lo pase de inmediato al Tribunal que debe admitirlo
o negarlo, a los fines del pronunciamiento de ley.
Toda intervención del Tribunal que dictó la sentencia contra la cual se recurre para
frustrar u obstaculizar el anuncio del recurso, será sancionada por la Corte
Suprema de Justicia con multa hasta de Veinte Mil Bolívares, sin perjuicio de que
declare admitido el recurso posteriormente y se proceda a su tramitación.
La Corte Suprema de Justicia podrá oír, sustanciar y pronunciar sobre cualquier
reclamo de parte interesada relativo a la tramitación del anuncio y admisión del
recurso, imponiendo a los responsables multa de hasta Veinte Mil Bolívares, sin
perjuicio de la responsabilidad personal a que pudiere haber lugar.
Artículo 315.- El Tribunal competente para oír el anuncio del recurso de casación
lo admitirá o negará el primer día inmediato siguiente al vencimiento de los 10 días
que se dan para el anuncio. En caso de negativa razonará en dicho auto los
motivos del rechazo, y en caso de admisión hará constar en el auto el día del
calendario que correspondió al último de los diez (10) que se dan para el anuncio.
Si no hubiere habido pronunciamiento oportuno sobre admisión o negativa del
recurso, el anunciante consignará su escrito de formalización en la Corte Suprema
de Justicia dentro de los cuarenta (40) días continuos, más el término de la
distancia si tal fuere el caso, siguientes a los diez (10) días del anuncio, para que
ésta requiera el expediente e imponga al Juez una multa entre Diez Mil y Veinte
Mil Bolívares, y se pronuncie sobre la admisión o negativa del recurso.
Artículo 316.- Pasados los diez (10) días que se dan para anunciar el recurso sin
que éste haya sido propuesto, se remitirá el expediente al Tribunal a quien
corresponda la ejecución.
En caso de negativa de admisión del recurso de casación, el Tribunal que lo negó
conservará el expediente durante cinco (5) días a fin de que el interesado pueda
ocurrir de hecho para ante la Corte Suprema de justicia. Este recurso se
propondrá por ante el Tribunal que negó la admisión del recurso, en el mismo
expediente del asunto, quien lo remitirá en primera oportunidad a la Corte
Suprema de Justicia para que ésta lo decida dentro de los cinco (5) días
siguientes al recibo de las actuaciones, con preferencia a cualquier otro asunto.
Si el recurso de hecho fuere declarado con lugar, comenzará a correr, desde el día
siguiente al de dicha declaratoria, el término de la distancia que fijará la Corte, y el
lapso de formalización, y en caso contrario, el expediente se remitirá directamente
al Juez que deba conocer de la ejecución, participándole dicha remisión al
Tribunal que le envió el expediente.
La Corte Suprema de Justicia al pronunciarse sobre el recurso de hecho podrá
imponer, en caso de interposición maliciosa por parte del proponente, una mula a
éste, hasta de Veinte Mil Bolívares.

172
Artículo 317.- Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de hecho,
comenzarán a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los diez (10) días
que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y del día siguiente al de la
declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de
cuarenta (40) días, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede
del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República,
computado en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes
deberán consignar un escrito razonado, bien en el Tribunal que admitió el recurso,
si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente
en la Corte Suprema de Justicia, o por órgano de cualquier Juez que lo autentique,
que contenga en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos:
1º La decisión o decisiones contra las cuales se recurre.
2º Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del
artículo 313.
3º La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos
contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, con expresión de las
razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o
aplicación errónea.
4º La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última
instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con
expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas
normas.
La recusación o inhibición que se proponga contra los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia no suspenderá el lapso de la formalización.
Artículo 318.- Transcurridos los cuarenta días establecidos en el artículo anterior,
y el término de la distancia, si tal fuere el caso, si se ha consignado el escrito de
formalización establecido en el artículo anterior, la contraparte podrá, dentro de los
veinte días siguientes, consignar por escrito los argumentos que a su juicio
contradigan los alegatos del formalizante, citando en su escrito las normas que a
su juicio deben aplicarse para resolver la controversia, con expresión de las
razones que demuestren dicha aplicación.
Si hubiere habido contestación de la formalización, el recurrente puede replicar
ésta, dentro de los diez días siguientes al vencimiento de los veinte que se dan
para la contestación, y si el recurrente hiciese uso de dicho derecho, el
impugnante tendrá una última oportunidad, en los diez días siguientes, para
formular su contrarréplica.
Artículo 319.- Concluida la sustanciación del recurso en la forma indicada en el
artículo anterior, la Corte Suprema de Justicia tendrá un plazo de sesenta días
para dictar su fallo sobre el recurso propuesto.
Artículo 320.- En su sentencia del recurso de casación, la Corte Suprema de
Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, sin extenderse al
fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que
hayan efectuado los Tribunales de instancia, salvo que en el escrito de
formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que

173
regule el establecimiento o valoración de los hechos, o de las pruebas, o que la
parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del
Juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no
contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o
cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.
Podrá también la Corte Suprema de Justicia extender su examen al
establecimiento o valoración de los hechos, cuando tratándose de pruebas no
contempladas expresamente en la ley, el Juez las haya admitido o evacuado sin
atenerse a la analogía a que se refiere el artículo 395 de este Código, o no las
haya apreciado según las reglas de la sana crítica a que se refiere el artículo 507
ejusdem.
Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de
las descritas en el ordinal 1º del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras
denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la
causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico
infringido. Igual abstención hará cuando declare con lugar una infracción que
afecte una interlocutoria que haya producido un gravamen no reparado en la
definitiva.
Si no hubiere habido las infracciones aludidas en el párrafo anterior, la Corte
Suprema de Justicia entrará a conocer de las denuncias formuladas conforme al
ordinal 2º del artículo 313, pronunciándose sobre ellas afirmativa o negativamente
mediante análisis razonado y estableciendo además cuáles son las normas
jurídicas aplicables para resolver la controversia, ya sean éstas las indicadas por
las partes en los escritos de formalización o de contestación, o las que la propia
Corte Suprema de Justicia considere que son las aplicables al caso.
Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer
pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones
de orden público y constitucional que ella encontrare, aunque no se las haya
denunciado.
En la sentencia del recurso se hará pronunciamiento expreso sobre costas
conforme a lo dispuesto en el Título VI de este libro. La condena en costas del
recurso será obligatoria en caso de desistimiento o cuando se le deje perecer.
Si en un mismo juicio se anunciaren y admitieren varios recursos de casación al
mismo tiempo, la decisión de ellos se abrazará en una sola sentencia que
contenga tantos capítulos como recursos, pero la sustanciación se hará en
cuadernos separados.
Artículo 321.- Los Jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación
establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la
uniformidad de la jurisprudencia.
Artículo 322.- Declarado con lugar el recurso de Casación por las infracciones
descritas en el ordinal 1º del artículo 313, la Corte Suprema de Justicia remitirá el
expediente directamente al Tribunal que deba sustanciar de nuevo el juicio y si
éste no pudiere continuar conociendo por razones de inhibición, lo pasará de
inmediato al que deba continuar conociendo conforme a las disposiciones de este

174
Código, participándole dicha remisión al Tribunal que le envió el expediente a la
Corte.
Si el recurso fuere declarado con lugar por las infracciones descritas en el ordinal
2º del artículo 313, el Juez de reenvío se limitará a dictar nueva sentencia
sometiéndose completamente a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. La
doctrina del fallo de casación, tanto estimatoria como desestimatoria, es vinculante
para el Juez de reenvío, quien dictará nueva sentencia con base a las
disposiciones de la ley que la Corte Suprema de Justicia haya declarado
aplicables al caso resuelto.
La Corte Suprema de Justicia podrá casar un fallo sin reenvío, cuando su decisión
sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo.
Podrá también la Corte Suprema de Justicia prescindir del reenvío, y poner
término al litigio, cada vez que los hechos que han sido soberanamente
establecidos y apreciados por los jueces del fondo, le permitan aplicar la
apropiada regla de derecho. En estos casos, la Corte Suprema de Justicia hará
pronunciamiento expreso sobre las costas del juicio, de acuerdo con las
disposiciones del Título VI, Libro Primero de este Código. El fallo dictado por la
Corte Suprema de Justicia que no requiriese decisión de reenvío, se remitirá
directamente al Tribunal al cual corresponda la ejecución, junto con el expediente
respectivo.
Artículo 323.- Si el Juez de reenvío fallara contra lo decidido por la Corte
Suprema de Justicia, las partes interesadas podrán proponer recurso de nulidad
contra la nueva sentencia dentro de los diez días siguientes a su publicación.
Propuesto este recurso, el Tribunal de Reenvío remitirá en primera oportunidad el
expediente a la Corte Suprema de Justicia, certificándolo de oficio, la cual, tan
luego como lo reciba leerá la sentencia que dictó y la del Juez de reenvío, y las
demás actas del expediente que fuere necesario para formarse criterio sobre el
particular. Las partes podrán presentar, dentro de los cinco días siguientes al
recibo del expediente por la Corte Suprema de Justicia, un escrito, que no
excederá de tres folios, consignando sus puntos de vista sobre el asunto. Pasados
dichos cinco días la Corte Suprema de Justicia entrará a decidir el recurso, y si
encontrare que el Tribunal de reenvío contrario lo decidido por ella le ordenará que
dicte nueva sentencia obedeciendo su decisión. La Corte Suprema de Justicia
podrá imponer multa hasta de diez mil bolívares a los Jueces de reenvío que se
aparten de lo decidido por ella, sin perjuicio de la responsabilidad que las partes
puedan exigir al Juez.
Artículo 324.- Para formalizar y contestar el recurso de casación, así como para
intervenir en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Corte Suprema de
Justicia, el abogado deberá ser venezolano, mayor de treinta (30) años y tener el
título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la
abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no
menor de 5 años continuos. A los efectos de este artículo, el abogado acreditará
ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las condiciones expresadas, y el
Colegio le expedirá la constancia correspondiente y lo comunicará a la Corte
Suprema de Justicia, la cual formará una lista de abogados habilitados para actuar

175
en ella, que mantendrá al día y publicará periódicamente. El apoderado constituido
en la instancia que llene los requisitos exigidos en este artículo, no requerirá poder
especial para tramitar el recurso de casación. Se tendrá por no presentado el
escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizados el acto de réplica
o de contrarréplica, cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este
artículo, y en el primer caso la Corte declarará perecido el recurso
inmediatamente.
Artículo 325.- Se declarará perecido el recurso, sin entrar a decidirlo, cuando la
formalización no se presente en el lapso señalado en el artículo 317, o no llene los
requisitos exigidos en el mismo artículo.
Artículo 326.- Después de sentenciado el recurso de casación, el expediente se
remitirá al Tribunal de reenvío por el primer correo si el recurso fuere declarado
con lugar, o al de la ejecución en caso contrario, participándole dicha remisión al
Tribunal que envió el expediente a la Corte.
TITULO IX
DEL RECURSO DE INVALIDACION
Artículo 327.- Siempre que concurra alguna de las causas que se enumeran en el
artículo siguiente, el recurso extraordinario de invalidación procede contra las
sentencias ejecutorias, o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal.
Artículo 328.- Son causas de invalidación:
1) La falta de citación, o el error, o fraude cometidos en la citación para la
contestación.
2) La citación para la contestación de la demanda de menor, entredicho o
inhabilitado.
3) La falsedad del instrumento en virtud del cual se haya pronunciado la
sentencia, declarada dicha falsedad en juicio penal.
4) La retención en poder de la parte contraria de instrumento decisivo en
favor de la acción o excepción del recurrente; o acto de la parte contraria
que haya impedido la presentación oportuna de tal instrumento decisivo.
5) La colisión de la sentencia con otra pasada en autoridad de cosa juzgada,
siempre que por no haberse tenido conocimiento de la primera, no se
hubiere alegado en el juicio la cosa juzgada.
6) La decisión de la causa en última instancia por Juez que no haya tenido
nombramiento de tal, o por Juez que haya sabido estar depuesto o
suspenso por decreto legal.
Artículo 329.- Ese recurso se promoverá ante el Tribunal que hubiere dictado la
sentencia ejecutoriada cuya invalidación se pida, o ante el Tribunal que hubiere
homologado el acto que tenga fuerza de tal.

176
Artículo 330.- El recurso se interpondrá mediante un escrito que contenga los
requisitos indicados en el artículo 340, y al mismo se acompañarán los
instrumentos públicos o privados fundamentales del recurso.
El recurso se sustanciará y decidirá en cuaderno separado del expediente
principal, por los trámites del procedimiento ordinario.
Artículo 331.- Al admitir el recurso, el Tribunal ordenará la citación de la otra parte
en la forma prevista en el Capítulo IV, Título III, del Libro Primero de este Código,
y en lo adelante el recurso se sustanciará y sentenciará por los trámites del
procedimiento ordinario, pero no tendrá sino una instancia. La sentencia se
comunicará para su cumplimiento al Juez que haya conocido en la primera
instancia del juicio, si prosperare la invalidación.
Artículo 332.- La invalidación de un capítulo o parte de la sentencia no quita a
ésta su fuerza respecto de otros capítulos o partes que a ella correspondan.
Siempre que la sentencia contenga varias partes o capítulos, el Juez declarará
expresamente lo que quedare comprendido en la invalidación, no sólo respecto de
lo principal, sino también respecto de todos sus accesorios.
Artículo 333.- El recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia, a
menos que el recurrente diere caución de las previstas en el artículo 590 de este
Código, para responder del monto de la ejecución y del perjuicio por el retardo
caso de no invalidarse el juicio.
Artículo 334.- El recurso no podrá intentarse después de transcurridos tres meses
de que se haya declarado la falsedad del instrumento o se haya tenido prueba de
la retención o de la sentencia que cause la cosa juzgada.
Artículo 335.- En los casos de los números 1º, 2º y 6º del artículo 328, el término
para intentar la invalidación será de un mes desde que se haya tenido
conocimiento de los hechos; o desde que se haya verificado en los bienes del
recurrente cualquier acto de ejecución de la sentencia dictada en el juicio cuya
sentencia se trate de invalidar.
Artículo 336.- Declarada la invalidación, el juicio se repondrá al estado de
interponer nuevamente la demanda, en los casos de los números 1º y 2º del
artículo 328; y al estado de sentencia, en los demás casos.
Artículo 337.- La sentencia sobre la invalidación es recurrible en Casación, si
hubiere lugar a ello.

177
LIBRO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
TITULO I
DE LA INTRODUCCION DE LA CAUSA
CAPITULO I
De la demanda
Artículo 338.- Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de
algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado
un procedimiento especial.
Artículo 339.- El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se
propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el Secretario del Tribunal o ante
el Juez.
Artículo 340.- El libelo de la demanda deberá expresar:
1º La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.
2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el
carácter que tiene.
3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda
deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su
creación o registro.
4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión,
indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores o
distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que
puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y
explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.
5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base
la pretensión, con las pertinentes conclusiones.
6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos
de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales
deberán producirse con el libelo.
7º Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación
de éstos y sus causas.
8º El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
9º La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.
Artículo 341.- Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al
orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.
En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del
auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación
inmediatamente, en ambos efectos.

178
Artículo 342.- Admitida la demanda, el Tribunal ordenará compulsar por
Secretaría tantas copias cuantas partes demandadas aparezcan en ella, con
certificación de su exactitud; y en seguida se extenderá orden de comparecencia
para la contestación de la demanda, orden que autorizará el Juez, expresándose
en ella el día señalado para la contestación.
Si para cualquier otro efecto establecido en el Código Civil, necesitare la parte
demandante alguna otra copia de la demanda con la orden de comparecencia, se
la mandará expedir en la misma forma.
Artículo 343.- El demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, antes
que el demandado haya dado la contestación a la demanda, pero en este caso se
concederán al demandado otros veinte días para la contestación, sin necesidad de
nueva citación.
CAPITULO II
Del emplazamiento
Artículo 344.- El emplazamiento se hará para comparecer dentro de los veinte
días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren varios.
Si debiere fijarse término de distancia a varios de los demandados, el Tribunal
fijará para todos un término común, tomando en cuenta la distancia más larga. En
todo caso el término de la distancia se computará primero.
El lapso del emplazamiento se dejará correr íntegramente cuando el demandado o
alguno de ellos, si fueren varios, diere su contestación antes del último día del
lapso.
Artículo 345.- La copia o las copias del libelo de la demanda con la orden de
comparaciones se entregarán al Alguacil del Tribunal a objeto de que practique la
citación. Sin embargo, a petición de la parte demandante, dichas copias se
entregarán al propio actor, o a su apoderado para que gestione la citación por
medio de cualquier otro Alguacil o Notario de la Circunscripción Judicial del
Tribunal de la causa, o del lugar donde resida el demandado, en la forma prevista
en el artículo 218.
Cumplida la gestión de la citación, el actor o su apoderado entregará al Secretario
del Tribunal el resultado de las actuaciones, debidamente documentados.
CAPITULO III
De las cuestiones previas
Artículo 346.- Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá
el demandado en vez de contestarla promover las siguientes gestiones previas:
1º La falta de jurisdicción del Juez, o la incompetencia de éste, o la
litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por
razones de accesoriedad, de conexión o de continencia.
2º La legitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad
necesaria para comparecer en juicio.

179
3º La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o
representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer
poderes en juicio, por no tener la representación que se atribuya, o porque
el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.
4º La ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado,
por no tener el carácter que se le atribuye. La ilegitimidad podrá
proponerla tanto la persona citada como el demandado mismo, o su
apoderado.
5º La falta de caución o fianza para proceder al juicio.
6º El defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en libelo los
requisitos que índica el artículo 340, o por haberse hecho la acumulación
prohibida en el artículo 78.
7º La existencia de una condición o plazo pendientes.
8º La existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un
proceso distinto.
9º La cosa juzgada.
10. La caducidad de la acción establecida en la Ley.
11. La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo
permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas
en la demanda.
Si fueren varios los demandados y uno cualquiera de ellos alegare cuestiones
previas, no podrá admitirse la contestación a los demás y se procederá como se
índica en los artículos siguientes.
Artículo 347.- Si faltare el demandado al emplazamiento, se le tendrá por confeso
como se indica en el Artículo 362, y no se le admitirá después la promoción de las
cuestiones previas ni la contestación de la demanda, con excepción de la falta de
jurisdicción, la incompetencia y la litispendencia, que pueden ser promovidas
como se indica en los artículos 59, 60 y 61 de este Código.
Artículo 348.- Las cuestiones previas indicadas en el Artículo 346, a que hubiere
lugar, se promoverán acumulativamente en el mismo acto, sin admitirse después
ninguna otra.
Artículo 349.- Alegadas las cuestiones previas a que se refiere el ordinal 1º del
artículo 346, el Juez decidirá sobre las mismas en el quinto día siguiente al
vencimiento del lapso del emplazamiento, ateniéndose únicamente a lo que
resulte de los autos y de los documentos presentados por las partes. La decisión
sólo será impugnable mediante la solicitud de regulación de la jurisdicción o de la
competencia, conforme a las disposiciones de la Sección Sexta del Título I del
Libro Primero.
Artículo 350.- Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2°,
3°, 4°, 5° y 6° del artículo 346, la parte podrá su bsanar el defecto u omisión
invocados, dentro del plazo de cinco días siguientes al vencimiento del lapso del
emplazamiento, en la forma siguiente:

180
El del ordinal 2°, mediante la comparecencia del de mandante incapaz, legalmente
asistido o representado.
El del ordinal 3º, mediante la comparecencia del representante legítimo del actor o
del apoderado debidamente constituido, o mediante la ratificación en autos del
poder y de los actos realizados con el poder defectuoso.
El del ordinal 4°, mediante la comparecencia del de mandado mismo o de su
verdadero representante.
El del ordinal 5°, mediante la presentación de la f ianza o caución exigida.
El del ordinal 6º, mediante la corrección de los defectos señalados al libelo, por
diligencia o escrito ante el Tribunal.
En estos casos, no se causarán costas para la parte que subsana el defecto u
omisión.
Artículo 351.- Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 7º,
8°, 9°,10 y 11 del Artículo 346, la parte demandant e manifestará dentro de los
cinco días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento, si conviene en
ellas o si las contradice. El silencio de la parte se entenderá como admisión de las
cuestiones no contradichas expresamente.
Artículo 352.- Si la parte demandante no subsana el defecto u omisión en el plazo
indicado en el artículo 350, o si contradice las cuestiones a que se refiere el
artículo 351, se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho días para
promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del Juez, y el
Tribunal decidirá en el décimo día siguiente al último de aquella articulación, con
vista de las conclusiones escritas que pueden presentar las partes.
Cuando las cuestiones previas a que se refiere este artículo, hayan sido
promovidas junto con la falta de jurisdicción a que se refiere el ordinal 1° del
Artículo 346, la articulación mencionada comenzará a correr al tercer día siguiente
al recibo del oficio que indica el artículo 64, siempre que la resolución sea
afirmativa de la jurisdicción.
Artículo 353.- Declarada con lugar la falta de jurisdicción, o la litispendencia a que
se refiere el ordinal 1° del artículo 346, el proce so se extingue. En los demás
casos del mismo ordinal, la declaratoria con lugar de las cuestiones promovidas,
producirá el efecto de pasar los autos al Juez competente para que continúe
conociendo, conforme al procedimiento que deba seguir.
Artículo 354.- Declaradas con lugar las cuestiones previas a que se refieren los
ordinales 2º, 3º, 4º, 5º, y 6º del artículo 346, el proceso se suspende hasta que el
demandante subsane dichos defectos u omisiones como se índica en el artículo
350, en el término de cinco días, a contar del pronunciamiento del Juez. Si el
demandante no subsana debidamente los defectos u omisiones en el plazo
indicado, el proceso se extingue, produciéndose el efecto señalado en el artículo
271 de este Código.

181
ordinales 7º y 8º del artículo 346, el proceso continuará su curso hasta llegar al
estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que el plazo o la
condición pendientes se cumplan o se resuelva la cuestión prejudicial que deba
influir en la decisión de él.
ordinales 9º, 10 y 11 del artículo 346, la demanda que dará desechada y
extinguido el proceso.
Artículo 357.- La decisión del Juez sobre las defensas previas a que se refieren
los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 346, no tendrá apelación. La
decisión sobre las cuestiones a que se refieren los ordinales 9º, 10 y 11 del mismo
artículo, tendrá apelación libremente cuando ellas sean declaradas con lugar y en
un solo efecto cuando sean declaradas sin lugar. En ambos casos, las costas se
regularán como se indica en el Título VI del Libro Primero de este Código.
CAPITULO IV
De la Contestación de la Demanda
Artículo 358.- Si no se hubieren alegado las cuestiones previas a que se refiere el
artículo 346, procederá el demandado a la contestación de la demanda. En caso
contrario, cuando habiendo sido alegadas, se las hubiere desechado, la
contestación tendrá lugar:
1° En el caso de la falta de jurisdicción a que se refiere el ordinal 1° del
artículo 346, dentro de los cinco días siguientes a la resolución del
Tribunal, si no fuere solicitada la regulación de la jurisdicción, o dentro de
los cinco días siguientes al recibo del oficio a que se refiere el artículo 64,
cuando fuere solicitada aquella. En los demás casos del mismo ordinal 1°
del artículo 346, la contestación tendrá lugar dentro de los cinco días
siguientes a la resolución del Tribunal, si no fuere solicitada la regulación
de la competencia, o dentro de los cinco días siguientes al recibo del
oficio a que se refiere el artículo 75, si fuere solicitada aquélla; pero si la
cuestión fuere declarada con lugar, la contestación se efectuará ante el
Tribunal declarado competente, dentro del plazo indicado en el artículo
75.
2º En los casos de los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 346, dentro de
los cinco días siguientes a aquel en que la parte subsane voluntariamente
el defecto u omisión conforme al artículo 350; y en caso contrario, dentro
de los cinco días siguientes a la resolución del Tribunal, salvo el caso de
extinción del proceso a que se refiere el artículo 354.
3° En los casos de los ordinales 7°y 8°del artícu lo 346, dentro de los cinco
días siguientes a la resolución del Tribunal.
4° En los casos de los ordinales 9°, 10 y 11 del ar tículo 346, dentro de los
cinco días siguientes al vencimiento del término de apelación, si ésta no
fuere interpuesta. Si hubiere apelación, la contestación se verificará
dentro de los cinco días siguientes a aquél en que haya oído la apelación

182
en un solo efecto conforme al artículo 357, o dentro de los cinco días
siguientes al recibo del expediente en el Tribunal de origen, sin necesidad
de providencia del Juez, cuando ha sido oída la apelación en ambos
efectos, conforme al mismo artículo. En todo caso, el lapso para la
contestación se dejará correr íntegramente cuando el demandado o
alguno de ellos, si fueren varios, diere su contestación antes del último día
del lapso.
Artículo 359.- La contestación de la demanda podrá presentarse dentro de los
veinte días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren
varios, a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo
192, sin necesidad de la presencia del demandante. En todo caso, para las
actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso del
emplazamiento.
Artículo 360.- La contestación de la demanda deberá darse presentándola por
escrito. El escrito de contestación se agregará al expediente, con una nota firmada
por el Secretario, en la cual se exprese que aquella es la contestación presentada
y la fecha y hora de su presentación. Si fueren varios los demandados, podrán
proceder a la contestación juntos o separados en el día y a la hora que elijan
conforme al artículo anterior.
Artículo 361.- En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar
con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella
absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones
perentorias que creyere conveniente alegar.
Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste
hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado
para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales
9°, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como
cuestiones previas.
Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un
tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación.
Artículo 362.- Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los
plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea
contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca.
En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado
hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más
dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso,
ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la
apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si
la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.
Artículo 363.- Si el demandado conviniere en todo cuanto se le exija en la
demanda, quedará ésta terminada y se procederá como en cosa juzgada, previa la
homologación del convenimiento por el Tribunal.

183
Artículo 364.- Terminada la contestación o precluido el plazo para realizarla, no
podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la
demanda, ni la reconvención, ni las citas de terceros a la causa.
CAPITULO V
De la Reconvención
Artículo 365.- Podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición,
expresando con toda claridad y precisión el objeto y sus fundamentos. Si versare
sobre objeto distinto al del juicio principal, lo determinará como se indica en el
artículo 340.
Artículo 366.- El Juez, a solicitud de parte y aun de oficio, declarará inadmisible la
reconvención si ésta versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de
competencia por la materia, o que deben ventilarse por un procedimiento
incompatible con el ordinario.
Artículo 367.- Admitida la reconvención, el demandante la contestará en el quinto
día siguiente, en cualquier hora de las fijadas en las tablillas a que se refiere el
artículo 192, sin necesidad de la presencia del reconviniente, suspendiéndose
entre tanto el procedimiento respecto de la demanda.
Si el demandante no diere contestación a la reconvención en el plazo indicado, se
le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del
reconviniente, si nada probare que le favorezca.
Artículo 368.- Salvo las causas de inadmisibilidad de la reconvención indicadas
en el artículo 366, no se admitirá contra ésta la promoción de las cuestiones
previas a que se refiere el artículo 346.
Artículo 369.- Contestada la reconvención, o si hubiere faltado a ello el
reconvenido, continuará en un solo procedimiento la demanda y la reconvención
hasta la sentencia definitiva, la cual deberá comprender ambas cuestiones.
CAPITULO VI
De la intervención de terceros
Artículo 370.- Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente
entre otras personas, en los casos siguientes:
1° Cuando el tercero pretenda tener un derecho pref erente al del
demandante, o concurrir con éste en el derecho alegado, fundándose en
el mismo título; o que son suyos los bienes demandados o embargados, o
sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que
tiene derecho a ellos.
2° Cuando practicado el embargo sobre bienes que se an propiedad de un
tercero, éste se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo
546.

184
Si el tercero sólo es un poseedor precario, a nombre del ejecutado, o si
sólo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, podrá también
hacer la oposición, a los fines previstos en el aparte único del artículo 546.
3º Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones
de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso.
4º Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser
común a éste la causa pendiente.
5º Cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de
garantía respecto del tercero y pida su intervención en la causa.
6º Para apelar de una sentencia definitiva, en los casos permitidos en el
artículo 297.
SECCION 1ª
De la intervención voluntaria
Artículo 371.- La intervención voluntaria de terceros a que se refiere el ordinal 1º
del artículo 370, realizará mediante demanda de tercería dirigida contra las partes
contendientes, que se propondrá ante el Juez de la causa en primera instancia. De
la demanda se pasará copia a las partes y la controversia se sustanciará y
sentenciará según su naturaleza y cuantía.
Artículo 372.- La tercería se instruirá y sustanciará en cuaderno separado.
Artículo 373.- Si el tercero interviniere durante la primera instancia del juicio
principal y antes de hallarse en estado de sentencia, continuará su curso el juicio
hasta llegar a dicho estado, y entonces se esperará a que concluya el término de
pruebas de la tercería, en cuyo momento se acumularán ambos expedientes para
que un mismo pronunciamiento abrace ambos procesos siguiendo unidos para las
ulteriores instancias.
Artículo 374.- La suspensión del curso de la causa principal, en el caso del
artículo anterior, no excederá de noventa días continuos, sea cual fuere el número
de tercerías propuestas. Pasado aquel término, el juicio principal seguirá su curso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 274, si el tercero no diere curso a su
tercería, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aun antes del vencimiento del
término de la suspensión, ordenar la continuación del juicio principal e imponer al
tercero una multa que no exceda de tres mil bolívares ni baje de dos mil.
Artículo 375.- Si el tercero interviniere después de la sentencia de primera
instancia, continuará su curso la demanda principal, y la tercería seguirá el suyo
por separado.
Si se encontraren en segunda instancia para sentencia los dos expedientes, se
acumularán para que una sola decisión comprenda ambos.
Artículo 376.- Si la tercería fuere propuesta antes de haberse ejecutado la
sentencia, el tercero podrá oponerse a que la sentencia sea ejecutada cuando la
tercería apareciere fundada en instrumento público fehaciente. En caso contrario,

185
el tercero deberá dar caución bastante, a juicio del Tribunal, para suspender la
ejecución de la sentencia definitiva.
En todo caso de suspensión de la ejecución, el tercero será responsable del
perjuicio ocasionado por el retardo, si la tercería resultare desechada.
Artículo 377.- La intervención de terceros a que se refiere el ordinal 2º del artículo
370, se realizará por vía de oposición al embargo, mediante diligencia o escrito
ante el Tribunal que haya decretado el embargo, aun antes de practicado, o bien
después de ejecutado el mismo.
Artículo 378.- Formulada la oposición, el Tribunal procederá como se indica en el
artículo 546 de este Código.
Artículo 379.- La intervención del tercero a que se refiere el ordinal 3º del artículo
370, se realizará mediante diligencia o escrito, en cualquier estado y grado del
proceso, aun con ocasión de la interposición de algún recurso. Junto con la
diligencia o el escrito, el tercero deberá acompañar prueba fehaciente que
demuestre el interés que tenga en el asunto, sin lo cual no será admitida su
intervención.
Artículo 380.- El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en
que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer
todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa,
siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte
principal.
Artículo 381.- Cuando según las disposiciones del Código Civil, la sentencia firme
del proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica del
interviniente adhesivo con la parte contraria, el interviniente adhesivo será
considerado litisconsorte de la parte principal, a tenor de lo dispuesto en el artículo
147.
SECCION 2ª
De la intervención forzada
Artículo 382.- La llamada a la causa de los terceros a que se refieren los
ordinales 4º y 5º del artículo 370, se hará en la contestación de la demanda y se
ordenará su citación en las formas ordinarias, para que comparezcan en el término
de la distancia y tres días más.
La llamada de los terceros a la causa no será admitida por el Tribunal si no se
acompaña como fundamento de ella la prueba documental.
Artículo 383.- El tercero que comparece, debe presentar por escrito su
contestación a la cita y proponer en ella las defensas que le favorezcan, tanto
respecto de la demanda principal como respecto de la cita, pero en ningún caso se
le admitirá la promoción de cuestiones previas.

186
La falla de comparecencia del tercero llamado a la causa, producirá el efecto
indicado en el artículo 362.
Artículo 384.- Todas las cuestiones relativas a la intervención, serán resueltas por
el Juez de la causa en la sentencia definitiva.
Artículo 385.- En los casos de saneamiento, la parte puede pedir, a su elección,
la intervención de su causante inmediata, o la del causante remoto, o la de
cualesquiera de ellos simultáneamente.
Artículo 386.- Si el citado que comparece pidiere que se cite otra persona, se
practicará la citación en los mismos términos, y así cuantas ocurran.
Al proponerse la primera cita, se suspenderá el curso de la causa principal por el
término de noventa días, dentro del cual deberán realizarse todas las citas y sus
contestaciones. Pero si no se propusieren nuevas citas, la causa seguirá su curso
el día siguiente a la última contestación, aunque dicho término no hubiere vencido,
quedando abierto a pruebas el juicio principal y las citas.
Artículo 387.- Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá que el
interesado pueda proponer, si lo prefiere, su demanda principal del saneamiento o
garantía contra la persona que deba sanear o garantizar; pero en este caso, la
decisión sobre esta demanda, corresponderá al Tribunal donde está pendiente la
causa principal, a la cual se acumulará aquella para que una sola sentencia
comprenda todos los interesados.
La acumulación de que trata este artículo sólo podrá realizarse en primera
instancia, siempre que, tanto la demanda de saneamiento o de garantía, como la
principal, se encuentren en estado de sentencia.
TITULO II
DE LA INSTRUCCION DE LA CAUSA
CAPITULO I
Del lapso probatorio
Artículo 388.- Al día siguiente del vencimiento del lapso del emplazamiento para
la contestación de la demanda, sin haberse logrado la conciliación ni el
convenimiento del demandado, quedará el juicio abierto a pruebas, sin necesidad
de decreto o providencia del Juez, a menos que, por deberse decidir el asunto sin
pruebas, el Juez lo declare así en el día siguiente a dicho lapso.
Artículo 389.- No habrá lugar al lapso probatorio:
1°. Cuando el punto sobre el cual versare la demand a, aparezca, así por ésta
como por la contestación, ser de mero derecho.
2º Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados
en el libelo y haya contradicho solamente el derecho.
3º Cuando las partes, de común acuerdo, convengan en ello, o bien cada
una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho, o

187
sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, o con los
instrumentos que presentaren hasta informes.
4º Cuando la ley establezca que sólo es admisible la prueba instrumental, la
cual, en tal caso, deberá presentarse hasta el acto de informes.
Artículo 390.- El auto del Juez por el cual se declare que no se abrirá la causa a
pruebas, fundado en los casos 1º, 2° y 4° del artíc ulo anterior será apelable, y el
recurso se oirá libremente.
Artículo 391.- Ejecutoriado dicho auto, se procederá al acto de informes en el
décimo quinto día siguiente a la ejecutoria, a la hora que fije el Tribunal.
Artículo 392.- Si el asunto no debiere decidirse sin pruebas, el término para ellas
será de quince días para promoverlas y treinta para evacuarlas, computados,
como se indica en cl artículo 197, pero se concederá el término de la distancia de
ida y vuelta para las que hayan de evacuarse fuera del lugar del juicio.
Artículo 393.- Se concederá el término extraordinario hasta de seis meses para
las pruebas que hayan de evacuarse en el exterior, siempre que concurra alguna
de las circunstancias siguientes:
1° Que lo que se intentare probar haya ocurrido en el lugar donde haya de
hacerse la prueba.
2º Que haya constancia de que los testigos que deban declarar residan en el
lugar donde haya de evacuarse la prueba.
3º Que en el caso de ser instrumental la prueba, se exprese la oficina donde
se encuentren los instrumentos o la persona en cuyo poder existan.
Artículo 394.- Si la parte que ha obtenido el término extraordinario de pruebas de
que trata el artículo precedente, no practicare las diligencias consiguientes, o de lo
actuado apareciere que la solicitud fue maliciosa, con el objeto de retardar cl juicio,
se le impondrá una multa no menor de dos mil bolívares ni mayor de cinco mil, en
beneficio de la parte contraria como indemnización por los perjuicios sufridos por
la dilación.
CAPITULO II
De los medios de prueba, de su promoción y evacuación
Artículo 395.- Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina
el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República.
Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido
expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus
pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía
las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en
el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez.

188
Artículo 396.- Dentro de los primeros quince días del lapso probatorio deberán las
partes promover todas las pruebas de que quieran valerse, salvo disposición
especial de la Ley. Pueden sin embargo, las partes, de común acuerdo, en
cualquier estado y grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de prueba en
que tengan interés.
Artículo 397.- Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, cada
parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de
probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el Juez pueda
fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto
de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado,
se considerarán contradichos los hechos.
Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión
de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o
impertinentes.
Artículo 398.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término fijado
en el artículo anterior, el Juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo
las que son legales y procedentes y desechando las que aparezcan
manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Juez ordenará que
se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan
claramente convenidas las partes.
Artículo 399.- Si el Juez no providenciare los escritos de prueba en el término que
se le señala en el artículo anterior, incurrirá en una multa disciplinaria de
quinientos a mil quinientos bolívares, que le impondrá el Superior de acuerdo con
el artículo 27; y si no hubiere oposición de las partes a la admisión, éstas tendrán
derecho a que se proceda a la evacuación de las pruebas, aun sin providencia de
admisión.
Si hubiere oposición sobre la admisión de alguna prueba, no se procederá a
evacuar ésta sin la correspondiente providencia.
Artículo 400.- Admitidas las pruebas, o dadas por admitidas conforme a los
artículos precedentes, comenzarán a computarse los treinta días destinados a la
evacuación; pero si hubieren de practicarse algunas mediante comisión dada a
otro Tribunal, se hará el computo del lapso de evacuación del siguiente modo:
1° Si las pruebas hubieren de practicarse en el lug ar del juicio, se contarán
primero los días transcurridos en el Tribunal después del auto de admisión
hasta la salida del despacho para el Juez comisionado, exclusive, y lo que
falta del lapso, por los días que transcurran en el Tribunal comisionado, a
partir del día siguiente al recibo de la comisión.
2° Si las pruebas hubieren de evacuarse fuera del l ugar del juicio, se
contarán a partir del auto de admisión: primero el término de la distancia
concedido para la ida; a continuación, los días del lapso de evacuación
que transcurran en el Tribunal comisionado, a partir del día siguiente al
vencimiento del término de la distancia, de lo cual dejará constancia el
comisionado; y finalmente, el término de la distancia de vuelta. No se

189
entregarán en ningún caso a las partes interesadas los despachos de
pruebas para los jueces comisionados. Si las comisiones no fueren
libradas por falta de gestión del interesado, el lapso de evacuación se
computará por los días que transcurran en el Tribunal de la causa.
Artículo 401.- Concluido el lapso probatorio, el Juez podrá de oficio ordenar la
práctica de las siguientes diligencias:
1° Hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos
libremente, sin juramento, sobre algún hecho que aparezca dudoso u
obscuro.
2º Exigir la presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún
dato en el proceso que se juzgue necesario.
3º La comparecencia de algún testigo que habiendo sido promovido por
alguna de las partes, sin embargo, no rindió oportunamente su
declaración, o la de cualquier otro que sin haber sido promovido por las
partes, aparezca mencionado en alguna prueba o en cualquier acto
procesal de las partes.
4º Que se practique inspección judicial en algún lugar, y se forme un croquis
sobre los puntos que se determinen; o bien se tenga a la vista un proceso
que exista en algún archivo público y se haga certificación de algunas
actas, siempre que en el pleito de que se trate haya alguna mención de tal
proceso y tengan relación el uno con el otro.
5º Que se practique alguna experticia sobre los puntos que determine el
Tribunal, o se amplíe o aclare la que existiere en autos.
El auto en que se ordenen estas diligencias, fijará el término para cumplirlas y
contra él no se oirá recurso de apelación. Cumplidas las diligencias, se oirán las
observaciones de las partes en el acto de Informes.
Artículo 402.- De la negativa y de la admisión de alguna prueba habrá lugar a
apelación y ésta será oída en ambos casos en el solo efecto devolutivo.
Si la prueba negada fuere admitida por el Superior, el Tribunal de la causa fijará
un plazo para su evacuación y concluido éste, se procederá como se indica en el
artículo 511. Si la prueba fuere negada por el Superior, no se apreciará en la
sentencia la prueba si hubiere sido evacuada.
CAPITULO III
De la confesión
Artículo 403.- Quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo
juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes
de que tenga conocimiento personal.
Artículo 404.- Si la parte fuere una persona jurídica, absolverá las posiciones el
representante de la misma según la ley o el Estatuto Social. Sin embargo, el
representante de la persona jurídica o el apoderado de ésta, mediante diligencia o
escrito, pueden designar a otra persona para que absuelva en su lugar las
posiciones, por tener ésta conocimiento directo y personal de los hechos de la

190
causa, quien se entenderá citada para la prueba y quedará obligada a contestar
las posiciones.
Artículo 405.- Las posiciones sólo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes
al mérito de la causa, desde el día de la contestación de la demanda, después de
ésta, hasta el momento de comenzar los informes de las partes para sentencia.
Artículo 406.- La parte que solicite las posiciones deberá manifestar estar
dispuesta a comparecer al Tribunal a absolverlas recíprocamente a la contraria,
sin lo cual aquellas no serán admitidas.
Acordadas las posiciones solicitadas por una de las partes, el Tribunal fijará en el
mismo auto la oportunidad en que la solicitante debe absolverlas a la otra,
considerándosele a derecho para el acto por la petición de la prueba.
Artículo 407.- Además de las partes, pueden ser que llamados a absolver
posiciones en juicio: el apoderado por los hechos realizados en nombre de su
mandante, siempre que subsista mandato en el momento de la promoción de las
posiciones y los representantes de los incapaces sobre los hechos en que hayan
intervenido personalmente con ese carácter.
Artículo 408.- No están obligados a comparecer al Tribunal a absolver posiciones
las personas eximidas por la ley de comparecer a declarar como testigos. En estos
casos, la prueba se realizará siguiendo las previsiones de la prueba de testigos,
en cuanto sean aplicables.
Artículo 409.- Los hechos acerca de los cuales se exija la confesión, deberán
expresarse en forma asertiva, siempre en términos claros y precisos, y sin que
puedan formularse nuevas posiciones sobre hechos que ya han sido objeto de
ellas.
Artículo 410.- Las posiciones deben ser concernientes a los hechos
controvertidos. En caso de reclamación por impertinencia de alguna pregunta, el
Juez puede eximir al absolvente de contestarla. En todo caso, el Juez no tomará
en cuenta en la sentencia definitiva, aquellas contestaciones versen sobre hechos
impertinentes.
Artículo 411.- No podrán formularse al absolvente más de veinte posiciones; pero
si por la complejidad del asunto, el Juez lo considerare procedente, podrá, a
solicitud de la parte, conceder a ésta antes de la conclusión del acto, la
formulación de un número adicional que no exceda de diez posiciones.
Artículo 412.- Se tendrá por confesa en las posiciones que la parte contraria haga
legalmente en presencia del Tribunal: a la que se negare u contestarlas, a menos
que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la posición
por considerarla impertinente, y así resulte declarada por el Tribunal en la
sentencia definitiva; a la que citada para absolverlas no comparezca sin motivo
legítimo, o a la que se perjure al contestarlas, respecto de los hechos a que se

191
refiere el perjurio. Si la parte llamada a absolver las posiciones no concurre al
acto, se dejaran transcurrir sesenta minutos a partir de la hora fijada para la
comparecencia, ya se refiera ésta al primer acto de posiciones o a la continuación
del mismo después de alguna suspensión de aquél o de haberse acordado
proseguirlo ante un Juez comisionado al efecto. Pasado este tiempo sin que
hubiese comparecido el absolvente, se le tendrá por confeso en todas las
posiciones que le estampe la contraparte, sin excederse de las veinte indicadas en
el artículo 411.
Artículo 413.- Las posiciones se harán constar en un acta que firmarán el Juez, el
Secretario y las partes. En el acto, el solicitante hará las preguntas verbalmente y
la contestación se hará también verbal, pero el Secretario las transcribirá fielmente
en el acta.
Artículo 414.- La contestación a las posiciones debe ser directa y categórica,
confesando o negando la parte cada posición. Se tendrá por confesa a aquélla
que no responda de una manera terminante; pero cuando la posición versare
sobre el tenor de instrumentos que existan en autos, la contestación podrá
referirse a ellos.
Si se tratare de hechos que hayan ocurrido mucho tiempo antes o que por su
naturaleza sean tales que sea probable el olvido, el Juez estimará las
circunstancias si la parte no diere una contestación categórica.
Artículo 415.- El absolvente no podrá leer ningún papel para dar su contestación,
a no ser que se trate de cantidades u otros asuntos complicados, a juicio del
Tribunal, caso en el cual se le permitirá consultar sus apuntes y papeles,
dándosele para ello tiempo, si fuere necesario.
Artículo 416.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 404, la citación para
absolver posiciones deberá hacerse personalmente para el día y la hora
designados, y aquellas en ningún caso suspenderán el curso de la causa.
Artículo 417.- En caso de no hallarse el absolvente en el lugar del juicio, el
Tribunal comisionará a otro Juez o Tribunal de la jurisdicción en que aquel se
encuentre, para que ante éste se verifiquen las posiciones, a menos que el
absolvente prefiera comparecer a contestar ante el Juez de la causa,
anunciándolo previamente al Tribunal.
Artículo 418.- Si el absolvente se hallare en el extranjero, se librará rogatoria al
Juez respectivo. La absolución de posiciones de una persona que se halle en el
extranjero, sólo puede pedirse en el lapso de promoción de pruebas indicado en el
Artículo 419.- No se permitirá promover la prueba de posiciones más de una vez
en la primera instancia y una en la segunda, a no ser que, después de absueltas
las primeras posiciones, se aleguen en contra hechos o instrumentos nuevos,

192
caso en el cual se podrán promover otra vez con referencia a los hechos o
instrumentos nuevamente aducidos.
CAPITULO IV
Del juramento decisorio
Artículo 420.- El juramento puede deferirse en cualquier estado o grado de la
causa, en toda especie de juicio civil, salvo disposiciones especiales.
Quien defiera el juramento deberá proponer la formula de éste.
Esta debe ser una, breve, clara, precisa y comprensiva del hecho o los hechos, o
de conocimiento de éstos, de que las partes hagan depender la decisión del
asunto.
Artículo 421.- Si objetare la formula la parte a quien se defiera el juramento, el
Juez podrá modificarla de manera que se ajuste a lo preceptuado en el artículo
anterior, en el mismo decreto sobre admisión del juramento.
Este decreto es apelable en ambos efectos, así en cuanto a la admisión o no,
como en cuanto a la modificación de la fórmula, de modo que ésta quede
definitivamente establecida por la decisión.
Artículo 422.- El juramento deferido puede ser referido, conformándose a las
disposiciones del Código Civil.
Artículo 423.- Decidida definitivamente la prestación del juramento deferido o
referido, el Juez fijará el día y la hora para el acto, y ordenará la citación personal
de quien deba prestarlo, la cual se hará por los medios preceptuados en este
Código.
Artículo 424.- Si la parte citada no se presentare en el día y hora fijados, se
entenderá que rehusa prestar el juramento, salvo que justifique impedimento
legítimo, caso en el cual se aplazará el acto para cuando haya cesado el
impedimento, fijando siempre el Juez otro día y hora, sin necesidad de nueva
citación.
Artículo 425.- En el acto de prestación del juramento, la persona que deba
prestarlo deberá hacerlo en acto público, observando los ritos de la religión que
profese, y circunscribiéndose en su contestación a los términos estrictos de la
formula establecida, sin razonamiento, objeciones, ni digresiones.
Si requerido por el Juez a ceñirse en su prestación a la fórmula, no lo hiciere, se
considerará que ha rehusado el juramento, para todos los efectos de ley.
Si quien deba prestar el juramento no lo hiciere por alegar que no profesa ninguna
religión, se le admitirá el juramento por su honor y su conciencia y si aún no lo
prestare, se tendrá como si lo hubiese rehusado, para todos los efectos de la ley.
Artículo 426.- No podrá deferirse el juramento sino dentro del lapso que fije el
artículo 405 para las posiciones juradas.

193
Artículo 427.- Prestado el juramento, o rehusado por quien debe prestarlo según
la ley, el Juez procederá a sentenciar la causa.
Artículo 428.- Las disposiciones de los artículos de esta Sección se observarán,
en cuanto sean aplicables al juramento deferido de oficio, en los casos en que lo
permita el Código Civil.
CAPITULO V
DE LA PRUEBA POR ESCRITO
SECCION 1ª
De los instrumentos
Artículo 429.- Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos
legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia
certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.
Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio
mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como
fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la
demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días
siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción
de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad,
no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra
parte.
La parte que quiera servirse de la copia impugnada podrá solicitar su cotejo con el
original, o la falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a
aquella. el cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante inspección
ocular o mediante uno o más peritos que designe el Juez, a costa de la parte
solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el
original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.
Artículo 430.- Respecto de los instrumentos privados, cartas o telegramas
provenientes de la parte contraria, se observarán las disposiciones sobre tacha y
reconocimiento de instrumentos privados.
Artículo 431.- Los documentos privados emanados de terceros que no son parte
en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero
mediante la prueba testimonial.
Artículo 432.- Las publicaciones en periódicos o gacetas, de actos que la ley
ordena publicar en dichos órganos, se tendrán como fidedignos, salvo prueba en
contrario.
Artículo 433.- Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros,
archivos u otros papeles que se hallen en oficinas publicas, Bancos, Asociaciones
gremiales, Sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque éstas
no sean parte en el juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, no requerirá de ellas

194
informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos, o
copia de los mismos.
Las entidades mencionadas no podrán rehusar los informes o copias requeridas
invocando causa de reserva, pero podrán exigir una indemnización, cuyo monto
será determinado por el Juez en caso de inconformidad de la parte, tomando en
cuenta el trabajo efectuado, la cual será sufragada por la parte solicitante.
Artículo 434.- Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los
instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán menos que haya indicado
en el libelo o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que
aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos.
En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados, y en
cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los quince
días del lapso de promoción de pruebas, o anunciarse en él de donde deban
compulsarse; después no se le admitirán otros.
Artículo 435.- Los instrumentos públicos que no sea obligatorio presentar con la
demanda, ya por no estar fundada en ellos la misma, ya por la excepción que
hace el artículo 434, podrán producirse en todo tiempo, hasta los últimos informes.
SECCION 2ª
De la exhibición de documentos
Artículo 436.- La parte que deba servirse de un documento que según su
manifestación, se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición.
A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su
defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido
del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de
que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.
El Tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del documento dentro de
un plazo que le señalará bajo apercibimiento.
Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indicado, y no apareciere de autos
prueba alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el
texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y
en defecto de ésta, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante
acerca del contenido del documento.
Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder del adversario
resultare contradictoria, el Juez resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo
sacar de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las
presunciones que su prudente arbitro le aconsejen.
Artículo 437.- El tercero en cuyo poder se encuentren documentos relativos al
juicio, está igualmente obligado a exhibirlos, salvo que invoque justa causa a juicio
del Juez.

195
SECCION 3ª
De la tacha de los instrumentos
Artículo 438.- La tacha de falsedad se puede proponer en juicio civil. ya sea como
objeto principal de la causa, ya incidentalmente en el curso de ella, por los motivos
expresados en el Código Civil.
Artículo 439.- La tacha incidental se puede proponer en cualquier estado o grado
de la causa.
Artículo 440.- Cuando un instrumento público, o que se quiera hacer valer como
tal, fuere tachado por vía principal, el demandante expondrá en su libelo los
motivos en que funde la tacha, expresando pormenorizadamente los hechos que
le sirvan de apoyo y que se proponga probar; y el demandado, en su contestación
a la demanda, declarará si quiere o no hacer valer el instrumento; en caso
afirmativo, expondrá los fundamentos y los hechos circunstanciados con que se
proponga combatir la impugnación.
Si presentado el instrumento en cualquier estado y grado de la causa, fuere
tachado incidentalmente, el tachante, en el quinto día siguiente, presentará escrito
formalizando la tacha con explanación de los motivos y exposición de los hechos
circunstanciados que quedan expresados; y el presentante del instrumento
constará en el quinto día siguiente, declarando asimismo expresamente si insiste o
no en hacer valer el instrumento y los motivos y hechos circunstanciados con que
se proponga combatir la tacha.
Artículo 441.- Si en el segundo caso del artículo precedente, quien presente el
instrumento manifestare que insiste en hacerlo valer, seguirá adelante la
incidencia de tacha, que se sustanciará en cuaderno separado. Si no insistiere, se
declarará terminada la incidencia y quedará el instrumento desechado del
proceso, el cual seguirá su curso legal.
Artículo 442.- Si por la declaración de que se insiste en hacer valer el
instrumento, deba seguir adelante el juicio de impugnación o la incidencia de
tacha, se observarán en la sustanciación las reglas siguientes:
1º Tanto la falta de contestación a la demanda de impugnación como la falta
de contestación al escrito de tacha, producirán el efecto que da este
Código a la inasistencia del demandado al acto de la contestación.
2º En el segundo día después de la contestación, o del acto en que ésta
debiere verificarse, el Tribunal podrá desechar de plano, por auto
razonado, las pruebas de los hechos alegados, si aun probados, no
fueren suficientes para invalidar el instrumento. De este auto habrá lugar a
apelación en ambos efectos, si se interpusiere dentro del tercer día.
3º Si el Tribunal encontrare pertinente la prueba de alguno o de algunos de
los hechos alegados, determinará con toda precisión cuáles son aquellos
sobre los que haya de recaer la prueba de una u otra parte.

196
4º Cuando se promoviere prueba de testigos se presentará la lista de éstos
con indicación de su domicilio o residencia, en el segundo día después de
la determinación a que se refiere el número anterior.
5º Si no se hubiere presentado el instrumento original, sino traslado de él, el
Juez ordenará que el presentante manifieste el motivo de no producir el
original y la persona en cuyo poder esté, y provendrá a ésta que lo exhiba.
6º Se prohibe hacer que el funcionario y los testigos que hubieren
intervenido en el acto del otorgamiento, rindan declaraciones anticipadas,
y, caso de hacerse, no se admitirán en juicio.
7º Antes de proceder a la evacuación de las pruebas promovidas por las
partes, y sin pérdida de tiempo, el Tribunal se trasladará a la oficina donde
aparezca otorgado el instrumento, hará minuciosa inspección de los
protocolos o registros, confrontará éstos con el instrumento producido y
pondrá constancia circunstanciada del resultado de ambas operaciones.
Si el funcionario y los testigos instrumentales, o alguno de ellos, residieren
en la misma localidad, los hará comparecer también el Juez ante dicha
oficina para que, teniendo a la vista los protocolos o registros y el
instrumento producido, declaren con precisión y claridad sobre todos los
hechos y circunstancias referentes al otorgamiento.
Si la oficina estuviere fuera del lugar del juicio, y el funcionario y los
testigos o alguno de ellos residieren en ese lugar, se dará comisión el
Juez de mayor categoría en primera instancia, de dicha localidad, para las
operaciones y declaraciones expresadas. Si fueren distintos el lugar de la
oficina y el de la residencia del funcionario y los testigos, o de alguna de
ellos, se dará las respectivas comisiones a loa jueces.
En todo caso, tanto el funcionario como los testigos, se les leerán también
los escritos de impugnación o tachas y sus contestaciones, para que
declaren sobre los hechos alegados en ellos, haciéndose las
correspondientes inserciones en los despachos que se libren.
8º Las partes no podrán repreguntar al funcionario ni a los testigos pero
podrán indicar al Juez las preguntas que quieran que se les haga, y el
Juez las hará si fueren pertinentes en términos claros y sencillos.
9º Si alguna de las partes promoviere prueba de testigos para demostrar
coartada, no será eficaz si no deponen en absoluta conformidad cinco
testigos, por lo menos, que sepan leer y escribir, mayores de toda
excepción, y de edad bastante para conocer los hechos verificados en la
época del otorgamiento del instrumento.
Las partes, y aun los testigos, podrán producir instrumentos que
confirmen o contraríen la coartada y que pueden obrar en el ánimo de los
jueces, quienes, en todo caso, podrán darla como no probada, aun
cuando la afirme el número de testigos que se deja indicado, si por las
circunstancias del caso no la consideraren los Tribunales suficientemente
demostrada.
10. Si alguna de las partes promoviere experticia para la comparación de
firmas o letras, los instrumentos con que se haga la comparación deben
ser de los indicados en el artículo 448.

197
11. Cuando por los hechos sobre que versare la tacha, cursase juicio penal
de falsedad ante los Jueces competentes en los criminal, se suspenderá
el procedimiento civil de la tacha hasta que haya terminado el juicio penal,
respetándose lo que en éste se decidiere sobre los hechos; pero
conservará el Juez civil plena facultad para apreciarlos cuando el proceso
penal concluyere por muerte del reo, por prescripción de la acción pública,
o por cualquier otro motivo legal que impidiera examinar en lo criminal el
fondo del asunto.
Sin embargo, no se decretará la suspensión cuando el Tribunal encuentre
que la causa o algunos de sus capítulos pueden decidirse
independientemente del instrumento impugnado o tachado, caso en el
cual continuará la causa civil.
12. Si el funcionario y los testigos instrumentales sostuvieren sustancialmente
la autenticidad del instrumento, y de los hechos del otorgamiento, no
serán suficientes para desechar sus dichos cualesquiera divergencias en
pormenores, o faltas de recuerdo, si hubieren transcurrido algunos años, o
si la edad hubiere podido debilitar la memoria de los declarantes.
Si todos, o la mayor parte de los testigos instrumentales y el funcionario,
sostuvieren sustancialmente la autenticidad del instrumento, sólo podrá
desecharse éste cuando resulte, sin duda posible, una prueba
concluyente de la falsedad.
En caso de duda se sostendrá el instrumento, sin que valga por sí solo a
desvirtuarlo el desconocimiento que de su firma hiciere el funcionario que
lo autorizó, si se prueba que ésta es auténtica.
13. En la sentencia podrá el Tribunal, según el caso y sus circunstancias,
ordenar la cancelación en todo o en parte, o la reforma o renovación del
instrumento que declare falso en todo o en parte; y, además de las costas,
impondrá indemnización de perjuicios a quien hubiere impugnado o
tachado el instrumento con temeridad.
14. El Tribunal notificará al Ministerio Público a los fines de la articulación e
informes para sentencia o transacción, como parte de buena fe, conforme
a lo dispuesto en el artículo 132 de este Código.
15. Cualquiera transacción de las partes necesitará para su validez, además
del informe del Ministerio Público, la aprobación del Tribunal, si éste no la
encontrare contraria a la moral o al orden público.
16. Si se hubiere dictado sentencia firme, civil o penal que reconozca la
autenticidad de un instrumento público, no podrá abrirse nuevo debate
sobre ella, respetándose la ejecutoria.
Artículo 443.- Los instrumentos privados pueden tacharse por los motivos
especificados en el Código Civil, la tacha deberá efectuarse en el acto del
reconocimiento o en la contestación de la demanda, o con apoyo de la demanda,
amenos que la tacha verse sobre el reconocimiento mismo.
Pasadas estas oportunidades sin tacharlos se tendrán por reconocidos; pero la
parte, sin promover expresamente la fecha, puede limitarse a desconocerlos en la
oportunidad y con sujeción a las reglas que se establecen en la Sección siguiente.

198
En el caso de impugnación o tacha de instrumentos privados, se observarán las
reglas de los artículos precedentes, en cuanto les sean aplicables.
SECCION 4a.
Del reconocimiento de instrumentos privados
Artículo 444.- La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado
como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente
si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el
instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a
aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El
silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento.
Artículo 445.- Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no
conocerla, toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A
este efecto, puede promover la prueba de cotejo, y la de testigos, cuando no fuere
posible hacer cotejo.
Si resultare la autenticidad del instrumento, se le tendrá por reconocido, y se
impondrán las costas a la parte que lo haya negado , conforme a lo dispuesto en
el artículo 276.
Artículo 446.- El cotejo se practicará por expertos con sujeción a lo que se
previene en el Capítulo VI de este Título.
Artículo 447.- La persona que pida el cotejo designará el instrumento o los
instrumentos indubitados con los cuales deba hacerse.
Artículo 448.- Se considerarán como indubitados para el cotejo:
1º Los instrumentos que las partes reconozcan como tales, de común
acuerdo.
2º Los instrumentos firmados ante un Registrador u otro funcionario público.
3º Los instrumentos privados reconocidos por la persona a quien se atribuya
el que se trate de comprobar; pero no aquellos que ella misma haya
negado o no reconocido, aunque precedentemente se hubieren declarado
como suyos.
4º La parte reconocida o no negada del mismo instrumento que se trate de
comprobar.
A falta de estos medios, puede el presentante del instrumento cuya firma se ha
desconocido o si se ha declarado por los herederos o causahabientes no
conocerla, pedir, y el Tribunal lo acordará, que la parte contraria escriba y firme en
presencia del Juez lo que éste dicte. Si se negare a hacerlo, se tendrá por
reconocido el instrumento, a menos que la parte se encuentre en la imposibilidad
física de escribir.
Artículo 449.- El término probatorio en esta incidencia será de ocho días, el cual
puede extenderse hasta quince, pero la cuestión no será resuelta sino en la
sentencia del juicio principal.

199
Artículo 450.- El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por
demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento
ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448.
CAPITULO VI
De la experticia
Artículo 451.- La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho, cuando
lo determine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley, o a petición
de parte. En este último caso se promoverá por escrito, o por diligencia,
indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse.
Artículo 452.- Admitida la prueba, el Juez fijará una hora del segundo día
siguiente para proceder al nombramiento de los expertos.
Artículo 453.- El nombramiento de expertos, bien sea hecho por las partes o bien
por el Juez, no podrá recaer sino en personas que por su profesión, industria o
arte, tengan conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia.
Si se alegare que el nombrado no tiene tales condiciones la parte a quien interese
podrá pedir que se le sustituya con otro que las posea y el Juez lo acordará así, en
caso de encontrar fundada la petición por la información que se suministre,
debiendo la parte proceder dentro de las veinticuatro horas siguientes a nombrar
otro experto en lugar del anterior, y si no lo hiciere, lo nombrará el Juez en su
lugar.
El perito designado por el Juez puede ser sustituido cuando ambas partes así lo
soliciten.
Artículo 454.- Cuando la experticia haya sido acordada a pedimento de parte, las
partes concurrirán a la hora señalada para hacer el nombramiento, debiendo en
este caso presentar la constancia de que el experto designado por ellas aceptará
el cargo. En dicho acto las partes manifestarán si están de acuerdo en que se
practique por un solo experto y tratarán de acordarse en su nombramiento. En
caso de que las partes hayan convenido en un solo experto pero no se acordaren
en su nombramiento el experto será designado por el Juez.
Si no convinieren en que se practique por un solo experto cada una de las partes
nombrará un experto y el Juez nombrará un tercero, siempre que con respecto de
este último no se acordaren en su nombramiento.
Artículo 455.- Cuando la experticia se haya acordado de oficio el Juez nombrará
uno o tres expertos tomando en cuenta para ello la importancia de la causa y la
complejidad de los puntos sobre los cuales deben dictaminar los expertos.
Artículo 456.- En caso de litisconsorcio, si los interesados no se acordaren en el
nombramiento del experto que les corresponde, el Juez procederá a insacular los
nombres de las personas que ellos propongan y se nombrará el que resulte
elegido por la suerte. Si al acto concurre uno solo de los litisconsortes, éste hará el
nombramiento del experto.

200
Artículo 457.- Cuando alguna de las partes dejare de concurrir al acto del
nombramiento de los expertos, el Juez hará la designación por la parte que faltare
y la del tercer experto y si ninguna de las partes concurriere al acto, éste se
considerará desierto.
Artículo 458.- El tercer día siguiente a aquel en la cual se haya hecho el
nombramiento de los expertos por las partes, a la hora que fije el Juez, los
nombrados deberán concurrir al Tribunal sin necesidad de notificación a prestar el
juramento de desempeñar fielmente el cargo. A tal efecto, cada parte, por el solo
hecho de hacer el nombramiento de su experto, tiene la carga de presentarlo al
Tribunal en la oportunidad aquí señalada.
Si el experto nombrado no compareciere oportunamente, el Juez procederá
inmediatamente a nombrar otro en su lugar.
Artículo 459.- En la experticia acordada de oficio o a pedimento de parte, el
experto o los expertos que nombre el Juez prestarán su aceptación y juramento
dentro de los tres días siguientes a su notificación.
Artículo 460.- En el mismo acto de juramentarse los expertos, el Juez consultará
a cada uno de ellos sobre el tiempo que necesiten para desempeñar el cargo y
luego lo fijará sin exceder de treinta días y fijará también el término de la distancia
de ida y vuelta respecto del lugar donde haya de practicarse la diligencia, si fuere
el caso.
Artículo 461.- En todo caso, el Juez podrá prorrogar el tiempo fijado a los
expertos, cuando éstos así lo soliciten antes de su vencimiento y lo estime
procedente en fuerza de las razones aducidas.
Artículo 462.- Cuando el objeto de la experticia fuere de tal naturaleza que a juicio
de los expertos las diligencias puedan practicarse inmediatamente después del
juramento, así podrán hacerlo, rindiendo el dictamen acto continuo, previa
autorización del Juez.
Artículo 463.- Los expertos practicarán conjuntamente las diligencias. Las partes
podrán concurrir al acto personalmente o por delegados que designarán por
escrito dirigido a los expertos y hacerles las observaciones que crean
convenientes, pero deberán retirarse para que los expertos deliberen solos.
Artículo 464.- Los expertos están obligados a considerar en el dictamen las
observaciones escritas que las partes o sus delegados les formulen, las cuales
acompañarán originales al dictamen.
Artículo 465.- Los expertos procederán libremente en el desempeño de sus
funciones, pero no podrán destruir o inutilizar las cosa sometidas a su examen sin
autorización del Juez.

201
Artículo 466.- Los expertos juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos
deberán hacer constar en los autos con veinticuatro horas de anticipación, por lo
menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio
de que la asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal
constancia.
Artículo 467.- El dictamen de los expertos deberá rendirse por escrito ante el Juez
de la causa o su comisionado, en la forma indicada por el Código Civil. Se
agregará inmediatamente a los autos y deberá contener por lo menos: descripción
detallada de lo que fue objeto de la experticia, métodos o sistemas utilizados en el
examen y las conclusiones a que han llegado los expertos.
Artículo 468.- En el mismo día de su presentación o dentro de los tres días
siguientes cualquiera de las partes puede solicitar del Juez que ordene a los
expertos aclarar o ampliar el dictamen, en los puntos que señalará con brevedad y
precisión. El Juez, si estimare fundada la solicitud, así lo acordará sin recurso
alguno y señalará a tal fin un término prudencial que no excederá de cinco días.
Artículo 469.- El experto que dejare de cumplir su encargo sin causa legítima,
incurrirá en una multa de quinientos a dos mil bolívares, que le impondrá el Juez
según la gravedad de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda
incurrir.
Artículo 470.- En los casos de falta absoluta de alguno de los expertos, se
nombrará otro conforme a las disposiciones anteriores; y en los demás casos de
falta, se hará únicamente nuevo señalamiento de plazo para realizar la experticia.
En todo caso, si el impedimento del experto durase más de quince días se
nombrará nuevo experto conforme a las disposiciones anteriores.
Artículo 471.- Una parte no podrá recusar al experto que haya nombrado, o aquél
que nombre el Juez en su lugar, sino por causa superviniente.
CAPITULO VII
De la inspección judicial
Artículo 472.- El Juez a pedimento de cualquiera de las partes o cuando lo juzgue
oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o
documentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para
la intención de la causa o el contenido de documentos.
La inspección ocular prevista en el Código Civil se promoverá y evacuará
conforme a las disposiciones de este Capítulo.
Artículo 473.- Para llevar a cabo la inspección judicial, el Juez concurrirá con el
Secretario o quien haga sus veces y uno o más prácticos de su elección cuando
sea necesario. Las partes, sus representantes o apoderados podrán concurrir al
acto.

202
Artículo 474.- Las partes, sus representantes y apoderados podrán hacer al Juez,
de palabra, las observaciones que estimaren conducentes, las cuales se
insertarán en el acta, si así lo pidieren.
Artículo 475.- El Juez hará extender en acta la relación de lo practicado, sin
avanzar opinión ni formular apreciaciones, y para su elaboración se procederá
conforme a lo dispuesto en el Artículo 189. El Juez podrá, así mismo, ordenar la
reproducción del acto por cualquiera de los medios, instrumentos o procedimientos
contemplados en el Artículo 502, si ello fuere posible.
Artículo 476.- Las funciones de los prácticos se reducirán a dar al Juez los
informes que éste creyere necesarios para practicar mejor la diligencia, informes
que podrá solicitar también de alguna otra persona, juramentándola.
Los honorarios de los prácticos serán fijados por el Juez, a cargo de la parte
promovente de la prueba, o de ambas partes, de por mitad, si se hubiere ordenado
de oficio.
CAPITULO VIII
De la prueba de testigos
SECCION 1ª
De los testigos y de sus declaraciones
Artículo 477.- No podrán ser testigos en juicio: el menor de doce años, quienes se
hallen en interdicción por causa de demencia, y quienes hagan profesión de
testificar en juicio.
Artículo 478.- No puede tampoco testificar el magistrado en la causa en que esté
conociendo; el abogado o apoderado por la parte a quien represente; el vendedor,
en causa de evicción sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que
pertenezcan a la compañía. El heredero presunto, el donatario, el que tenga
interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito, y el amigo íntimo, no
pueden testificar en favor de aquellos con quienes les comprenda estas
relaciones. El enemigo no puede testificar contra su enemigo.
Artículo 479.- Nadie puede ser testigo en contra, ni en favor de sus ascendientes
o descendientes o de su cónyuge. El sirviente doméstico no podrá ser testigo ni en
favor ni en contra de quien lo tenga su servicio.
Artículo 480.- Tampoco pueden ser testigos en favor de las partes que los
presenten, los parientes consanguíneos o afines: los primeros hasta el cuarto
grado, y los demás hasta el segundo grado, ambos inclusive. Se exceptúan
aquellos casos en que se trate de probar parentesco o edad, en los cuales pueden
ser testigos los parientes, aun cuando sean ascendientes o descendientes.
Artículo 481.- Toda persona hábil para ser testigo debe dar declaración. Podrán
sin embargo, excusarse:

203
1º Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y los afines hasta el
segundo.
2º Quienes por su estado o profesión deben guardar secreto respecto del
hecho de que se trate.
Artículo 482.- Al promover la prueba de testigos, la parte se presentará al Tribunal
la lista de los que deban declarar, con expresión del domicilio de cada uno.
Artículo 483.- Admitida la prueba, el Juez fijará una hora del tercer día siguiente
para el examen de los testigos, sin necesidad de citación a menos que la parte la
solicite expresamente.
Cada parte tendrá la carga de presentar al Tribunal los testigos que no necesiten
citación en la oportunidad señalada. Puede, con todo, el Tribunal, fijar
oportunidades diferentes para el examen de los testigos de una y otra parte.
En los casos de comisión dada a otro Juez de la misma localidad para recibir la
declaración del testigo, la fijación la hará el Juez comisionado.
Si en la oportunidad señalada no compareciera algún testigo, podrá la parte
solicitar la fijación de nuevo día y hora para su declaración siempre que el lapso
no se haya agotado.
Los testigos domiciliados fuera del lugar del juicio podrán ser presentados por la
parte para su examen ante el Juez de la causa u otro comisionado del mismo
lugar, a cuyo efecto la parte hará el correspondiente anuncio en el acto de la
promoción. En caso contrario, el testigo rendirá su declaración ante el Juez de su
domicilio o residencia, comisionado al efecto.
Artículo 484.- Cuando varios testigos sean promovidos por una misma parte para
declarar fuera del lugar del juicio y en domicilios diferentes, si la parte promovente
no hiciere uso de la facultad que le confiere la última parte del Artículo 483, se
emitirán despachos de pruebas separados a los distintos jueces comisionados,
tomándose en cuenta la regla de cómputo a que se refiere el Artículo 400, numeral
2º de este Código. Del mismo modo se procederá cuando se trate de diversos
medios de prueba a evacuarse en distintos lugares, fuera de la sede del Tribunal
de la causa.
Artículo 485.- Los testigos serán examinados en público, reservada y
separadamente unos de otros. El interrogatorio será formulado de viva voz por la
parte promovente del testigo o por su apoderado. Concluido el interrogatorio, la
parte contraria o su apoderado, podrá repreguntar de palabra al testigo sobre los
hechos a que se ha referido el interrogatorio u otros que tiendan a esclarecer,
rectificar o invalidar el dicho del testigo. Cada pregunta y repregunta versará sobre
un solo hecho.
En todo caso, el Juez podrá considerar suficientemente examinado el testigo y
declarar terminado el interrogatorio. La declaración del testigo se hará constar en
un acta que firmarán el Juez, el Secretario, el testigo y las partes o sus
apoderados presentes, salvo que se haga uso de algún medio técnico de
reproducción o grabación del acto, caso en el cual se procederá como se indica en
el artículo 189 de este Código.

204
Artículo 486.- El testigo antes de contestar prestará juramento de decir verdad y
declarará su nombre y apellido, edad, estado, profesión y domicilio y si tiene
impedimento para declarar, a cuyo efecto se le leerán los correspondientes
artículos de esta sección.
Artículo 487.- El Juez podrá hacer al testigo las preguntas que crea convenientes
para ilustrar su propio juicio.
Artículo 488.- Sólo el Juez podrá interrumpir a los testigos en el acto de declarar,
para corregir algún exceso. Deberá protegerlos contra todo insulto y hacer efectiva
toda la libertad que deben tener para decir la verdad.
Artículo 489.- El Juez, en caso de que lo crea conveniente, podrá ordenar que el
examen del testigo se verifique en el lugar a que se han de referir sus
deposiciones.
Artículo 490.- Podrá también el Juez trasladarse a la morada del testigo, en caso
de tener impedimento justificado para comparecer, a fin de que allí sea
examinado, disponiéndose así por auto del Tribunal, dictado por lo menos el día
anterior a aquél en que haya de verificarse el examen.
Artículo 491.- Terminada que sea la declaración y redactada el acta, se le leerá al
testigo para que manifieste su conformidad o haga las observaciones que se le
ocurran; y luego la firmará con el Tribunal y las partes que hayan concurrido, si el
testigo y las partes supieren y pudieren hacerlo.
Artículo 492.-El acta de examen de un testigo contendrá:
1º La indicación del día, hora, mes y año en que se haya verificado el
examen del testigo y la del diferimiento que se haya hecho para otro día si
no se hubiere concluido la declaración en el mismo.
2º La mención de haberse llenado los requisitos del artículo 486.
3º Las contestaciones que haya dado al interrogatorio, y las razones en que
haya fundado su dicho.
4º Las preguntas que le haya dirigido la parte contraria, su representante, o
el Juez, y las respectivas contestaciones.
5º Si el testigo ha pedido indemnización, y cual haya sido la cantidad
acordada.
6º La constancia de haberse dado lectura a la deposición, la conformidad
que haya prestado el testigo o las observaciones que haya hecho.
7º Las firmas del Juez y su Secretario.
8º La firma del testigo, si supiere y pudiere firmar, o la constancia de que no
sabe o no puede hacerlo.
9º Las firmas de los intérpretes, si los hubiere, y las de las partes y
apoderados que hayan asistido al acto.

205
Artículo 493.- Si no pudiere examinar a todos los testigos en el mismo día, el Juez
señalará en el acto otro día y hora para continuar el examen.
Artículo 494.- Las personas cuyo testimonio se necesitare en juicio, deberán
comparecer precisamente sin necesidad de previa licencia de sus respectivos
superiores, pero dando aviso anticipado a éstos, a rendir declaración ante el
Tribunal y no podrán excusarse por razón de privilegio ni por ningún a otra causa.
Los contumaces pagarán una multa que no exceda de mil bolívares o arresto
proporcional.
Artículo 495.- Se exceptúan de lo dispuesto en la parte primera del artículo
anterior: El Presidente de la República o quien hiciere sus veces; los Ministros, los
Senadores y Diputados al Congreso de la República durante el período de
inmunidad, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Gobernadores de
Estados, de Territorios Federales y del Distrito Federal, los Arzobispos y Obispos
titulares de Arquidiócesis y Diócesis, y los integrantes del Alto Mando Militar.
Las partes podrán pedir que las personas exceptuadas contesten por oficio o
escrito dirigido al Tribunal, los puntos del interrogatorio y las preguntas escritas
que presentare la parte promovente, o que rindan su declaración ante el tribunal
constituido en la morada del testigo, debiendo entonces éste responder a las
preguntas verbales que le haga la otra parte.
Los Jefes de Misiones Diplomáticas y aquellos de sus empleados que gocen de
extraterritorialidad, no están obligados a testificar. Cuando espontáneamente
consientan en ello, el Tribunal les librará una rogatoria a los efectos del párrafo
anterior.
Artículo 496.- Si el testigo justificare que no pudo presentarse el día señalado, el
Tribunal lo eximirá de la pena, después de que haya dado su declaración en la
causa.
Artículo 497.- El testigo que exigiere que se le resarzan los perjuicios y gastos
que le haya ocasionado o pueda ocasionarle la asistencia al Tribunal, y los que le
ocasionare la vuelta a su casa, si residiere fuera de la localidad, pedirá, antes de
declarar, la cantidad que considere justa. El Tribunal podrá reducirla si la
encontrare excesiva, y quedará el testigo, en todo caso, obligado a comparecer y
a dar su declaración.
Artículo 498.- El testigo no podrá leer ningún papel o escrito para contestar:
contestará verbalmente por sí solo a las preguntas que se le hicieren. Sin
embargo, oídas las partes, podrá el Tribunal permitirle que consulte sus notas
cuando se trate de cantidades, y también en los casos difíciles o complicados en
que la prudencia del Tribunal lo estimare necesario.

206
SECCION 2ª
De la tacha de testigos
Artículo 499.- La persona del testigo sólo podrá tacharse dentro de los cinco días
siguientes a la admisión de la prueba. Aunque el testigo sea tachado antes de la
declaración, no por eso dejará de tomársele ésta, si la parte insistiere en ello. La
sola presencia de la parte promovente en el acto de la declaración del testigo, se
tendrá como insistencia.
Artículo 500.- No podrá tachar la parte al testigo presentado por ella misma,
aunque la contraria se valga también de su testimonio, a menos que se le haya
sobornado, caso en el cual su testimonio no valdrá en favor de la parte que lo
hubiere sobornado.
Artículo 501.- Propuesta la tacha, deberá comprobársela en el resto del término
de pruebas, admitiéndose también las que promueva la parte contraria para
contradecirla.
CAPITULO IX
De las reproducciones, copias y experimentos
Artículo 502.- El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes y aun de oficio,
puede disponer que se ejecuten planos, calcos y copias, aun fotográficas, de
objetos, documentos y lugares, y cuando lo considere necesario, producciones
cinematográficas o de otra especie que requieran el empleo de medios,
instrumentos o procedimientos mecánicos.
Artículo 503.- Para comprobar que un hecho se ha producido o pudo haberse
producido en una forma determinada, podrá también ordenarse la reconstrucción
de ese hecho, haciendo eventualmente ejecutar su reproducción fotográfica o
cinematográfica. El Juez debe asistir al experimento, y si lo considera necesario,
podrá encomendar la ejecución a uno o más expertos que designará al efecto.
Artículo 504.- En caso de que así conviniere a la prueba, puede también
disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos,
bacteriológicos y cualesquiera otros de carácter científico, mediante un experto, de
reconocida aptitud, nombrado por el Tribunal.
Artículo 505.- Si para la realización de inspecciones, reproducciones,
reconstrucciones y experiencias fuere menester la colaboración material de una de
las partes, y ésta se negare a suministrarla, el Juez le intimará a que la preste. Si
a pesar de ello continuare su resistencia, el Juez dispondrá que se deje sin efecto
la diligencia, pudiendo interpretar la negativa a colaborar en la prueba, como una
confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto.
Si la prueba debiere realizarse sobre la persona humana, y hubiere negativa
injustificada de ésta a colaborar en la prueba, el Juez dispondrá que se deje sin
efecto la diligencia, pudiendo sacar de la negativa a colaborar en la prueba las
presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.

207
CAPITULO X
De la carga y apreciación de la prueba
Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones
de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien
pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho
extintivo de la obligación.
Los hechos notorios no son objeto de prueba.
Artículo 507.- A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito
de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica.
Artículo 508.- Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si
las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y
estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que
merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan
y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo
inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones
en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado,
expresándose el fundamento de tal determinación.
Artículo 509.- Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se
hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer
algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez
respecto de ellas.
Artículo 510.- Los Jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su
conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia
entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos.
TITULO III
DE LA DECISION DE LA CAUSA
CAPITULO I
De la vista y sentencia en Primera Instancia
Artículo 511.- Si no se hubiere pedido la constitución del Tribunal con asociados
en el término indicado en el artículo 118, los informes de las partes se presentarán
en el decimoquinto día siguiente al vencimiento del lapso probatorio a cualquier
hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192.
Pedida la elección de asociados, los informes de las partes se presentarán en el
decimoquinto día siguiente a la constitución del Tribunal con asociados.
Artículo 512.- Las partes presentarán sus informes por escrito, los cuales se
agregarán a los autos. Sin embargo el Juez, a petición de parte, podrá fijar uno o
varios días para que las partes lean dichos informes.

208
La falta de presentación de los informes, no producirá la interrupción de la causa y
el Tribunal dictará su fallo en el plazo indicado en el artículo 515.
Artículo 513.- Presentados los informes, cada parte podrá presentar al Tribunal
sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria, dentro de los ocho
días siguientes, en cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el
artículo 192.
Artículo 514.- Después de presentados los informes dentro del lapso perentorio
de quince días, podrá el Tribunal, si lo juzgare procedente, dictar auto para mejor
proveer, en el cual podrá acordar:
1º Hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos sobre
algún hecho importante del proceso que aparezca dudoso u obscuro.
2º La presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato
en el proceso, y que se juzgue necesario.
3º Que se practique inspección judicial en alguna localidad, y se forme un
croquis sobre los puntos que se determinen, o bien, que se tenga a la
vista un proceso que exista en algún archivo público, y se ponga
certificación de algunas actas, siempre que en el pleito de que se trate
haya alguna circunstancia de tal proceso y tengan relación el uno con el
otro.
4º Que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el Tribunal, o
se amplíe o aclare la que existiere en autos.
En el auto para mejor proveer, se señalará término suficiente para cumplirlo.
Contra este auto no se oirá recurso alguno; cumplido que sea, las partes podrán
hacer al Tribunal, antes del fallo, las observaciones que crean pertinentes respecto
de las actuaciones practicadas.
Los gastos que ocasionen estas actuaciones serán a cargo de las partes de por
mitad, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.
Artículo 515.- Presentados los informes, o cumplido que sea el auto para mejor
proveer, o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictará su
fallo dentro de los sesenta días siguientes. Este término se dejará transcurrir
íntegramente a los efectos de la apelación.
Los Jueces procurarán sentenciar las causas en el orden de su antigüedad.
CAPITULO II
Del procedimiento en Segunda Instancia
Artículo 516.- Al llegar los autos en apelación, el Secretario del Tribunal pondrá
constancia de la fecha de recibo y del número de folios y piezas que contenga y
dará cuenta al Juez o Presidente.
Artículo 517.- Si no se hubiere pedido la constitución del Tribunal con asociados
en el término indicado en el artículo 118, los informes de las partes se presentarán
en el vigésimo día siguiente al recibo de los autos si la sentencia fuere definitiva y
en el décimo día si fuera interlocutoria.

209
Las partes presentarán sus informes por escrito, en cualquier hora de las fijadas
en la tablilla a que se refiere el artículo 192.
Artículo 518.- Pedida la elección de asociados, se elegirán éstos como se indica
en el artículo 118 y siguientes, pero el término a que se refiere el artículo anterior
para la presentación de los informes de las partes comenzará a contarse desde el
día siguiente a aquél en que haya quedado constituido el Tribunal con asociados.
Artículo 519.- Presentados los informes, cada parte podrá presentar al Tribunal
sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria, dentro de los ocho
días siguientes, en cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el
artículo 192.
Si una de las partes acompañare con sus informes algún documento público, la
contraria podrá hacer las observaciones pertinentes sobre el mismo en el plazo
indicado en este artículo, sin perjuicio de su derecho de tachar el documento
conforme al artículo 440 de este Código.
Artículo 520.- En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de
instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio.
Los primeros podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los que deban
acompañarse con la demanda; las posiciones y el juramento podrán evacuarse
hasta los informes, siempre que se solicite dentro de los cinco días siguientes a la
llegada de los autos al Tribunal.
Podrá el Tribunal dictar auto para mejor proveer, dentro de los límites expresados
Artículo 521.- Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor
proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictará su
fallo dentro de los treinta días siguientes si la sentencia fuere interlocutoria y
sesenta si fuere definitiva.
Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos del anuncio del
recurso de casación.
Artículo 522.- Si no se anunciare oportunamente el recurso de casación, el
Tribunal remitirá los autos inmediatamente al que corresponda la ejecución de la
sentencia.
Si se anunciare y admitiere el recurso de casación contra la sentencia de última
instancia, se le dará curso remitiéndose inmediatamente el expediente a la Corte
Suprema de Justicia. Si no se admitiere el recurso de casación anunciado, el
Tribunal devolverá los autos al inferior para la ejecución de la sentencia, pasados
que sean cinco días desde la fecha de la negativa de admisión del recurso.
Si oportunamente se anunciare el recurso de hecho para ante la Corte Suprema
de Justicia, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 316 de este
Código.
Si hubiere habido recurso de casación, y éste fuere declarado con lugar, el
Tribunal a quien corresponda dictará la nueva sentencia dentro de los cuarenta
días siguientes a la fecha del recibo del expediente, remitiendo éste, pasados que

210
sean los diez días que se dan para la interposición del recurso de nulidad al
Tribunal a quien corresponda la ejecución. Si se propusiere el recurso de nulidad
se remitirá el expediente nuevamente a la Corte Suprema de Justicia con la mayor
urgencia.
En todo caso, el Tribunal Superior dejará copia certificada de la sentencia que
haya pronunciado, a expensas de la parte interesada.
TITULO IV
DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 523.- La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga
fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera
instancia. Si fuere un Tribunal de arbitramento el que haya conocido en primera
instancia, la ejecución corresponderá al Tribunal natural que hubiere conocido del
asunto de no haberse efectuado el arbitramento.
Artículo 524.- Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el
Tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su
ejecución. En dicho decreto el Tribunal fijará un lapso que no será menor de tres
días ni mayor de diez, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no
podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente
dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia.
Artículo 525.- Las partes podrán de mutuo acuerdo que conste en autos,
suspender la ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así como
también realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de
la sentencia.
Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la
ejecución conforme lo previsto en este Título.
Artículo 526.- Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin que se
hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución
forzada.
Artículo 527.- Si la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el
Juez mandará embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble
de la cantidad y costas por las cuales se siga ejecución. No estando líquida la
deuda, el Juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con
arreglo a lo establecido en el artículo 249. Verificada la liquidación, se procederá al
embargo de que se trata en este Artículo.
El tribunal podrá comisionar para los actos de ejecución librando al efecto un
mandamiento de ejecución, en términos generales a cualquier Juez competente
de cualquier lugar donde se encuentren bienes de deudor.
El mandamiento de ejecución ordenará:

211
1º Que se embarguen bienes pertenecientes al deudor en cantidad que no
exceda del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga la
ejecución.
2º Que se depositen los bienes embargados siguiendo lo dispuesto en los
artículos 539 y siguientes de este Código.
3º Que a falta de otros bienes del deudor, se embargue cualquier sueldo,
salario o remuneración de que disfrute, siguiendo la escala indicada en el
artículo 598.
Artículo 528.- Si en la sentencia se hubiere mandado a entregar alguna cosa
mueble o inmueble, se llevará a efecto la entrega, haciéndose uso de la fuerza
pública, si fuere necesario.
Si no pudiere ser habida la cosa mueble, podrá estimarse su valor a petición del
solicitante, procediéndose entonces como si se tratara del pago de cantidad de
dinero.
Artículo 529.- Si en la sentencia se hubiese condenado al cumplimiento de una
obligación de hacer o de no hacer, el Juez podrá autorizar al acreedor, a solicitud
de éste, para hacer ejecutar él mismo la obligación o para destruir lo que se haya
hecho en contravención a la obligación de no hacer, a costa del deudor.
En caso de que el acreedor no formulare tal solicitud o de que la naturaleza de la
obligación no permitiera la ejecución en especie o la hiciere demasiado onerosa,
se determinará el crédito en una cantidad de dinero y luego se procederá como se
establece en el Artículo 527.
Artículo 530.- Si en la sentencia se hubiere condenado alternativamente a la
entrega de una de varias cosas y el deudor a quien corresponda la elección no
diere cumplimiento a la sentencia en el lapso indicado en el artículo 524, el
acreedor puede pedir la entrega de una cualquiera de ellas, a su elección, y se
procederá como indica el artículo 528 de este Código; todo sin perjuicio de lo
previsto en la Sección Tercera, Capítulo II, Título Tercero, Libro Tercero, del
Código Civil para los casos en que ha perecido una o todas las cosas prometidas
alternativamente.
Artículo 531.- Si la parte que resulte obligada según la sentencia a concluir un
contrato no cumple su obligación, y siempre que sea posible y no esté excluido por
el contrato, la sentencia producirá los efectos del contrato no cumplido. Si se trata
de contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa
determinada, o la constitución o la transferencia de otro derecho, la sentencia sólo
producirá estos efectos si la parte que ha propuesto la demanda ha cumplido su
prestación, de lo cual debe existir constancia auténtica en los autos.

212
CAPITULO II
De la continuidad de la ejecución.
Artículo 532.- Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez
comenzada, continuará de derecho sin interrupción, excepto en los casos
siguientes:
1º Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la
ejecutoria y así se evidencie de las actas del proceso. Si el ejecutante
alegare haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación
probatoria de ocho días para promover y evacuar las pruebas y el Juez
decidirá al noveno día. De esta decisión se oirá apelación libremente si el
Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo
si dispusiere la continuación.
2º Cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia
mediante el pago de la obligación y consigne en el mismo acto de la
oposición documento auténtico que lo demuestre. En este caso, el Juez
examinará cuidadosamente el documento y si de él aparece evidente el
pago, suspenderá la ejecución; en caso contrario dispondrá su
continuación. De la decisión del Juez se oirá apelación libremente si el
Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo
si dispusiere su continuación.
La impugnación del documento y el consiguiente juicio de tacha, no será causa de
suspensión de la ejecución.
Artículo 533.- Cualquier otra incidencia que surja durante la ejecución, se
tramitará y resolverá mediante el procedimiento establecido en el artículo 607 de
este Código.
CAPITULO III
Del embargo de bienes
Artículo 534.- El embargo se practicará sobre los bienes del ejecutado que
indique el ejecutante. En cualquier momento en que el ejecutado ponga a
disposición del Tribunal bienes suficientes para llevar a cabo la ejecución, el
Tribunal decretará el levantamiento del embargo que se haya practicado sobre el
inmueble que le sirve de morada.
Un mismo bien podrá ser objeto de varios embargos. Los derechos de los que los
hayan hecho practicar se graduarán por su orden de antigüedad. Rematado el
bien, el derecho de los embargantes se trasladará sobre el precio en el mismo
orden y cuantía en que hayan sido practicados los embargos. Quedan a salvo las
preferencias y privilegios legales.
Artículo 535.- Cuando la cosa embargada fuere un inmueble o un derecho que
tenga sobre él el ejecutado, el Juez participará de oficio el embargo al Registrador
del Distrito donde esté situado el inmueble, indicando sus linderos y demás
circunstancias que lo determinen distintamente, a fin de que se abstenga de
registrar toda escritura que verse sobre gravamen o enajenación del inmueble

213
embargado. El Registrador será responsable de los daños y perjuicios que cause
por el incumplimiento de la orden del Juez.
Artículo 536.- Para practicar el embargo el Juez se trasladará al sitio donde esté
situada la cosa objeto del embargo y procederá a notificar al ejecutado o a
cualquier otra persona que se encuentre en el sitio de la misión del Tribunal.
Seguidamente declarará consumada la desposesión jurídica del ejecutado y
entregará la cosa por inventario al Depositario que nombrará, previamente,
levantando un acta que contenga la descripción de las cosas embargadas y las
demás circunstancias del acto.
Artículo 537.- Si el ejecutado ocupare el inmueble, el Tribunal fijará la cantidad
que debe pagar éste para continuar ocupándolo hasta el remate, ajustándose en
lo posible a las disposiciones sobre regulación de alquileres. Los pagos se
efectuarán por mensualidades anticipadas y en caso de incumplimiento el Tribunal
ordenará la desocupación del inmueble y la llevará a cabo utilizando para ello la
fuerza pública si fuere necesario.
Artículo 538.- Si entre las cosas embargadas hubieren cosas corruptibles, el Juez
podrá, previa audiencia de ambas partes, autorizar al Depositario para que efectúe
la venta de dichas cosas, previa estimación de su valor por un perito que
nombrará el Tribunal. Dicha venta se anunciará mediante un solo cartel que se
publicará en un periódico que circule en la localidad, pudiéndose prescindir de
éste en caso de que el temor de la corrupción de los bienes, sea de tal naturaleza
que haga necesaria dicha omisión. El producto de la venta, con la cual se
favorecerá a quien ofrezca el mayor precio de contado por encima del precio fijado
por el perito, se destinará a los fines de la ejecución.
CAPITULO IV
Disposiciones relativas al depósito de los bienes embargados
Artículo 539.- Todo depósito judicial se confiará a las personas legalmente
autorizadas para tal fin. Si no hubieren personas legalmente autorizadas en el
lugar en que estén situados los bienes, o si por la urgencia no pueden concurrir al
sitio del embargo, el Tribunal podrá confiar el Depósito en persona solvente y
responsable, hasta tanto se efectúe el Depósito en persona calificada por la ley.
Artículo 540.- Salvo lo que dispongan en contrario la Ley de Depósitos Judiciales
u otras leyes especiales, las cantidades de dinero embargadas y las que
produzcan los bienes sobre los cuales se lleve a cabo la ejecución, se depositarán
siempre en una cuenta que al efecto mantendrá el Tribunal en un Banco de la
localidad. A tal efecto requerirán dichas cantidades de quien las perciba. La cuenta
del Tribunal se abrirá bajo la forma de una cuenta corriente, pero si se tratare de
cantidades mayores de cinco mil bolívares la cuenta se abrirá bajo la forma de una
cuenta de ahorros a nombre del ejecutante, pero dicha cuenta no podrá ser
movilizada sin la firma conjunta del Juez y el Secretario del Tribunal. Los intereses
que puedan producir las cantidades de dinero depositadas pertenecerán a la parte

214
que en derecho le correspondan. En caso de muerte del titular de la cuenta el
Banco depositario de ella hará entrega al Tribunal de la cantidad depositada con
sus intereses. La cuenta corriente del Tribunal se movilizará con la firma conjunta
del Juez y el Secretario Titular del Tribunal. El Tribunal llevará al día un libro que
demuestre claramente el estado de los depósitos con especificación del juicio que
los ha causado, con el nombre de las partes y el número del expediente.
Artículo 541.- El Depositario tiene las siguientes obligaciones:
1º Recibir el bien por inventario, y cuidarlo como un buen padre de familia.
2º Tener los bienes a disposición del Tribunal, y devolverlos cuando se le
requiera para ello.
3º Hacer los gastos necesarios para la conservación de la cosa, y la
recolección, beneficio y realización de los frutos.
4º No servirse de la cosa embargada sin el consentimiento expreso de las
partes; ni arrendarla, ni darla en préstamo; ni empeñarla; ni empeñar sus
frutos sino con autorización expresa del Tribunal, que no se acordará sin
dejar transcurrir tres días desde la fecha de la solicitud, a fin de que las
partes puedan exponer lo que crean conveniente al respecto.
5º Ejercer las acciones necesarias para recuperar las cosas cuando ha sido
desposeído de ellas.
6º Presentar la cuenta de su gestión dentro de los cinco días siguientes al
remate judicial, o dentro del plazo que le fije el Juez. Si la cuenta no fuere
presentada dentro de dicho lapso el Depositario sufrirá la pérdida de su
derecho a cobrar emolumentos. Deberá también presentar estados de
cuenta mensuales.
7º Las demás que le señalen las leyes.
Artículo 542.- El Depositario tiene los siguientes derechos:
1º Cobrar y percibir las rentas, alquileres, pensiones de arrendamiento,
sueldos y créditos embargados.
2º Percibir y vender los frutos de la cosa embargada, previa autorización del
Tribunal.
3º Cobrar sus emolumentos en la cantidad y forma previstas en la ley.
Artículo 543.- Si entre los bienes embargados hubiere animales y objetos
susceptibles de uso, el Depositario, previa autorización del Tribunal con audiencia
de las partes, podrá autorizar dicho uso mediante compensación de los gastos del
depósito.
Artículo 544.- Presentada la cuenta por el Depositario, se seguirá para la
aprobación y objeciones de la cuenta el procedimiento establecido en la Ley sobre
Depósitos Judiciales.
Artículo 545.- En ningún caso podrá nombrarse Depositario al ejecutante, salvo
disposición especial y expresa de la ley; ni a funcionarios y empleados del
Tribunal; ni a los parientes de las personas antes indicadas comprendidas dentro
del cuarto grado de consanguinidad, sus dependientes ni sus sirvientes

215
domésticos, sin consentimiento expreso del ejecutado. Tampoco pueden ser
Depositarios ni el ejecutado, ni las personas que tengan con él las relaciones
expresadas en el aparte anterior, sin consentimiento del ejecutante.
CAPITULO V
De la oposición al embargo y de su suspensión
Artículo 546.- Si al practicar el embargo, o después de practicado y hasta el día
siguiente a la publicación del último cartel de remate, se presentare algún tercero
alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el Juez, aunque actúe por comisión,
en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare
verdaderamente en su poder y presentare el opositor prueba fehaciente de la
propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el
ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba
fehaciente, el Juez no suspenderá el embargo, y abrirá una articulación probatoria
de ocho días sobre a quien debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno,
sin conceder término de distancia.
El Juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad
sobre la cosa. En caso contrario, confirmará el embargo, pero si resultare probado
que el opositor sólo es un poseedor precario a nombre del ejecutado, o que sólo
tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo pero
respetando el derecho del tercero. Si la cosa objeto del embargo produce frutos se
declararán embargados éstos y su producto se destinará a la satisfacción de la
ejecución. En este último caso la cosa podrá ser objeto de remate, pero aquel a
quien se le adjudique estará obligado a respetar el derecho del tercero, y para la
fijación del justiprecio de la cosa embargada se tomará en cuenta esta
circunstancia. De la decisión se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos en
que conforme al artículo 312 de este Código sea admisible, el recurso de
casación. Si se agotaren todos los recursos la sentencia producirá cosa juzgada,
pero la parte perdidosa en vez de apelar de la sentencia de primera instancia
podrá proponer el correspondiente juicio de tercería, si hubiere lugar a él.
Artículo 547.- Si después de practicado el embargo transcurrieren más de tres
meses sin que el ejecutante impulse la ejecución; quedarán libres los bienes
embargados.
Artículo 548.- El ejecutante podrá pedir que se traslade de unos bienes a otros el
embargo hecho con el objeto de la ejecución, y que se embarguen nuevos bienes
además de los ya embargados, y el Juez lo decretará así, si del justiprecio que se
haya efectuado, deduce que será necesario para la eficacia de la ejecución. En
caso de hipoteca, el embargo se limitará a los bienes hipotecados y el acreedor
sólo podrá pedir el embargo de otros bienes cuando rematados los hipotecados
hayan resultado insuficientes para su pago. Con respecto a la ejecución de los
inmuebles que no le estén hipotecados tendrán los derechos de un acreedor
quirografario.

216
CAPITULO VI
De los efectos del embargo
Artículo 549.- Todo negocio jurídico de administración o disposición efectuado por
el ejecutado sobre la cosa embargada después de practicado el embargo si la
cosa fuere mueble, o recibida por el Registrador de la jurisdicción a que
corresponda el inmueble la participación que al efecto le hará el Tribunal, será
radicalmente nulo y sin efectos, aun sin declaración del Juez.
La cosa embargada podrá ser perseguida en manos de cualquier persona en
quien se encuentre y restituida al Depositario mediante simple orden del Juez que
practicó el embargo.
CAPITULO VII
De la publicidad del remate
Artículo 550.- No podrá procederse al remate de los bienes embargados hasta
tanto se hayan cumplido las disposiciones de este Capítulo, salvo disposición
especial en contrario.
Artículo 551.- El remate de los bienes muebles se anunciará, en tres distintas
ocasiones, de tres en tres días, mediante carteles que se publicarán en un
periódico del lugar donde tenga su sede el Tribunal y, además, en uno del lugar
donde estén situados los bienes, si tal fuere el caso. Si no hubiere periódico en la
localidad la publicación se hará en un periódico de la capital del Estado y en otro
de la capital de la República que tenga circulación en el lugar donde se efectuará
el remate.
Artículo 552.- El remate de los bienes inmuebles se anunciará, en tres distintas
ocasiones, de diez en diez días, mediante carteles que se publicarán en la misma
forma indicada en el artículo anterior.
Artículo 553.- El cómputo de los días que deben mediar entre las diferentes
publicaciones, se hará como se establece en el Artículo 197.
Artículo 554.- Las partes pueden, de mutuo acuerdo celebrado durante la
ejecución, efectuar el remate con base a la publicación de un solo cartel, siempre
que no hayan terceros interesados que puedan perjudicarse con la supresión. Si
se presentare algún tercero impugnando el acuerdo de las partes, y acredita su
interés ante el Juez, se dejará sin efecto el acuerdo y se harán las publicaciones
en las formas previstas en este Capítulo.
Artículo 555.- Los carteles indicarán:
1º Los nombres y apellidos, tanto del ejecutante como del ejecutado.
2º La naturaleza de la cosa, y una breve descripción de ella, y si fuere
inmueble su situación y linderos, expresándose si el remate versará sobre
la propiedad o sobre cualquier otro derecho.

217
En el último cartel, o en el único cartel si hubiere habido supresión por convenio de
las partes, se indicará además el justiprecio de la sosa, o de cada una de ellas si
fueren varias; los gravámenes que ésta tenga, y el lugar, día y hora en que se
efectuará el remate.
Para conocer los gravámenes oficiará el Juez con debida anticipación al
Registrador del lugar donde esté situado el inmueble pidiéndole noticia de ellos.
Estas diligencias se harán por cuenta del ejecutante.
CAPITULO VIII
Del justiprecio
Artículo 556.- Después de efectuado el embargo se procederá al justiprecio de las
cosas embargadas, por peritos que se nombrarán uno por cada parte, asociados a
un tercero que elegirán las mismas partes, o que en defecto de ellas por
inasistencia o desacuerdo en su designación, designará el Tribunal. Las al
designar su perito consignarán en el mismo acto una declaración escrita del
designado, firmada por éste, manifestando que aceptará la elección. En caso de
no consignar la parte la manifestación a que se refiere el presente artículo, el
nombramiento lo efectuará el Juez en el mismo acto.
Para ser perito avaluador se requiere residir en el lugar donde estén situados los
bienes y poseer conocimientos prácticos de las características, calidad y precios
de las cosas que serán objeto del justiprecio.
Si hubiesen cosas de especie y naturaleza diferentes se harán tantos peritajes
como sean necesarios, determinando el Tribunal los que deban ejecutarse
separadamente.
La recusación contra los peritos deberá proponerse el mismo día de su
nombramiento o en los dos días subsiguientes. Propuesta ésta, el perito, o la parte
que lo nombró, consignará, dentro de los tres días siguientes a la proposición de la
recusación, las razones que tenga que invocar contra ella y la incidencia de
recusación quedará abierta a pruebas por ocho días decidiendo el Juez al noveno.
Si la recusación fuere declarada con lugar el Juez en la decisión que pronuncie al
respecto nombrará el nuevo perito que sustituirá al recusado.
Artículo 557.- Cuando los bienes que vayan a ser objeto del justiprecio estén
situados fuera de la jurisdicción del Tribunal, éste comisionará a uno de su misma
categoría del lugar donde se encuentren los bienes, para que efectúe las
diligencias del justiprecio.
Artículo 558.- Designados los peritos y pasada la oportunidad de su recusación,
las partes presentarán al Tribunal a los que hayan nombrado para que el Juez
tome juramento de cumplir su encargo con honradez y conciencia. Si hubiere
peritos designados por el Tribunal serán notificados mediante boleta, a menos que
éstos se presenten voluntariamente. Una vez juramentados los peritos, el Juez, de
acuerdo con ellos, fijará oportunidad para que concurran al Tribunal, y reunidos en
la oportunidad señalada, oirán las observaciones que deseen hacerles las partes
que puedan contribuir a la fijación del valor racional de las cosas. Si las partes no
concurrieren, o una vez oídas éstas en el caso de que lo hagan, conferenciarán en

218
privado en la misma sede del Tribunal y procederán a efectuar la fijación del
justiprecio, el cual será fijado por mayoría de votos. Si no pudiere haber acuerdo
entre los peritos para la fijación del justiprecio el Juez oirá las razones de cada
uno, y en el mismo acto establecerá el justiprecio.
Artículo 559.- De la reunión y decisión de los peritos se levantará un acta que
contendrá las razones y argumentos que sirvieron de fundamento para la fijación
del justiprecio y el valor asignado al bien o bienes objeto de él. También podrán
los peritos consignar el justiprecio mediante escrito que entregarán al Tribunal el
día fijado para la reunión.
Artículo 560.- El justiprecio fijado por los peritos de acuerdo con las disposiciones
anteriores será vinculante para el Juez.
Artículo 561.- El mismo día de la reunión de los peritos en el Tribunal para la
fijación del justiprecio, podrán las partes impugnar el resultado por error sobre la
identidad o calidad de la cosa justipreciada, lo cual probarán dentro de los cinco
días siguientes, resolviendo el Juez el sexto día de pretensión del impugnante, y
en caso de declarar firme el justiprecio fijado por los peritos impondrá al
impugnante una multa de mil bolívares. De la decisión del Juez no se oirá
apelación.
Artículo 562.- Las partes pueden, de mutuo acuerdo celebrado durante la
ejecución, efectuar ellas el justiprecio de los bienes que serán objeto del remate,
siempre que no hayan terceros interesados que puedan perjudicarse con la
fijación que hagan. En caso de que se presente algún tercero e impugne la fijación
que hayan hecho las partes, acreditando ante el Juez su interés, se dejará sin
afecto la fijación que hayan hecho las partes y se procederá a la fijación del
justiprecio por medio de peritos en la forma prevista en este Capítulo.
CAPITULO IX
De la subasta y venta de los bienes
Artículo 563.- Llegados el día y la hora indicados en el último o único cartel de
remate para la realización de éste, se procederá a efectuarlo con sujeción a las
disposiciones siguientes.
Artículo 564.- Cuando los bienes muebles estén expuestos a corrupción o
deterioro, o sujetos a sufrir en su valor con la demora, o si hubieren de ocasionar
gastos de depósito que no guarden relación con su valor, el Tribunal los sacará a
remate mediante la publicación de un solo cartel aun cuando el justiprecio no se
haya efectuado, y fijará la oportunidad y lugar que crea conveniente para
efectuarlo, pero haciendo saber al público el día y la hora de la venta. La
adjudicación se hará al mayor postor, y sólo se aceptarán propuestas de contado y
pago inmediato. El Juez será responsable de los perjuicios que cause a las partes
por efectuarse un remate conforme a lo previsto en este artículo si se prueba que
no había necesidad de hacerlo.

219
Artículo 565.- Una vez llegado el momento del remate el Juez se constituirá con
el Secretario, y procederá a fijar la caución que deban prestar los postores para
que le sean admitidas sus propuestas. Una vez ofrecidas las cauciones el Juez las
examinará, y si las encuentra convenientes y aceptables las declarará constituidas
en el mismo acto. Al ejecutante se le aceptará como caución su crédito.
Seguidamente el Secretario dará lectura a las certificaciones relativas a la libertad
o gravámenes que puedan afectar los inmuebles, y a cualquier otra información
que el Juez considere conveniente. Acto continuo fijará un lapso no menor de
quince minutos ni mayor de una hora para oír las proposiciones de compra, de las
cuales se dejará constancia si así lo exigiere el postor. Concluido el tiempo fijado
para oír las propuestas el Juez examinará las que se hayan hecho y adjudicará la
buena pro al mayor postor si su propuesta fuere de pago en efectivo, e inmediato,
o al mejor postor en caso de que la mayor propuesta no sea en efectivo y con
pago inmediato.
Artículo 566.- Una vez comenzado el acto de remate éste continuará hasta su
consumación, para lo cual se tendrá por habilitado el tiempo necesario sin petición
de las partes.
CAPITULO X
De la cancelación del precio del remate
Artículo 567.- Cuando el remate no se haya hecho a plazo, el adjudicatario
deberá entregar el precio dentro de los tres días siguientes a aquel en que se le
haya hecho la adjudicación.
Artículo 568.- Si la cosa se adjudicare al ejecutante, éste consignará solamente la
parte en que el precio exceda a su crédito, si por él solo se ha embargado la cosa,
y en el caso de haber otros acreedores, la parte del precio a que él no tenga
derecho. En todo caso, si hubiere duda, se consignará entre tanto la parte del
precio que sobre ella recaiga.
Artículo 569.- La caución a que se refiere el Artículo 565, tiene por objeto cubrir
los gastos que ocasione un nuevo remate en caso del incumplimiento del pago del
precio por el adjudicatario en el lapso establecido en el artículo 567, y los de la
prolongación del depósito hasta el nuevo pago del precio por el adjudicatario
posterior.
Artículo 570.- Si el adjudicatario no consignare el precio en el término establecido
en el artículo 567, se procederá a un nuevo remate de la cosa por su cuenta con
cargo a la caución que haya prestado.
Artículo 571.- El rematador quedará responsable en este caso del valor del
remate, de las cosas y de los perjuicios que causare.
Si el precio de la venta fuere mayor, le aprovechará al anterior rematador el
exceso, tan solo para cubrir la responsabilidad que le impone este artículo.

220
Contra el rematador se procederá para hacer efectiva su responsabilidad como si
hubiere habido contra él sentencia ejecutoriada.
Artículo 572.- La adjudicación en el remate transmite al adjudicatario una vez
pagado el precio del remate los mismos e iguales derechos que sobre ella tenía la
persona a quien se le remató, y, con la sola excepción establecida en el único
aparte del artículo 1.911 del Código Civil transmite no sólo la propiedad y posesión
que tenía el ejecutado, sino también todos los derechos que tenía, fueren
principales, accesorios y derivados sobre la cosa.
Después de pagado el precio, el adjudicatario tiene derecho a ser puesto en
posesión de la cosa que se le adjudicó, por el Tribunal, el cual hará uso de la
fuerza pública, si fuere necesario, para efectuar tal acto. La posesión que adquiere
el adjudicatario en razón de la adjudicación es una posesión legítima. En los casos
en que la adjudicación se haya efectuado mediante la proposición del pago del
precio a plazos la cosa adjudicada queda afectada para garantizar el pago del
precio con hipoteca legal si la cosa fuere inmueble y con prenda sin
desprendimiento de la tenencia si fuere mueble.
Artículo 573.- Verificado el remate, el Secretario del Tribunal estará en el deber
de dar, dentro del tercer día, al rematador que lo pidiere y hubiere cumplido con
las obligaciones impuestas en el remate, copia certificada del acta de ésta para
que le sirva de título de propiedad.
Esta copia se dará a costa del rematador.
Artículo 574.- Cuando los bienes a rematar, muebles o inmuebles, son varios que
constituyan unidades separables se sacarán a remate uno por uno, siguiéndose el
orden que indique el ejecutado o en su defecto, el Tribunal. Si el producto del
remate de uno o varios bienes fuere suficiente para satisfacer el monto de la
ejecución se suspenderá el remate por lo que respecta a los restantes y se
declararán libres de embargo.
Artículo 575.- Para hacer proposiciones de adquisición en un remate se requiere
capacidad de ejercicio y no estar sujeto a ninguna de las prohibiciones
establecidas en los artículos 1.481 y 1.482 del Código Civil. El apoderado requiere
de facultad expresa para poder hacer proposiciones por su poderdante.
Artículo 576.- Se admitirán propuestas a plazos, si el ejecutante y el ejecutado las
aceptaren, o si las aceptare el primero, dándose por satisfecho desde luego del
precio ofrecido, siempre que este precio no sea superior al crédito. Si lo fuere se
requerirá también el consentimiento de quien resulte interesado en el resto del
precio.
Artículo 577.- Para el primer acto del remate se tomará como base la mitad del
justiprecio. Si no hubieren proposiciones que alcancen dicho mínimo se procederá
a un segundo acto de remate, el cual se anunciará mediante un solo cartel en la
forma establecida en el artículo 551, señalando una nueva oportunidad que se
fijará entre quince y treinta días después de declarado desierto el primero, para

221
efectuarlo. En este segundo acto de remate la base del mismo serán dos quintos
del justiprecio.
Artículo 578.- Si en el segundo remate de que trata el artículo anterior, no hubiere
postura que cubra la base o sea aceptada por las partes, éstas concurrirán al
tercer día siguiente, a fin de procurar un avenimiento sobre una nueva base de
remate, administración o arrendamiento de la cosa que esté en ejecución, o sobre
algún otro medio de allanar la dificultad.
Si no se consiguiere nada a este efecto, o si alguna de las partes dejare de
concurrir a la audiencia, el Juez señalará el quinto día para proceder, en un tercer
remate, al arrendamiento de la cosa bajo las condiciones que estipulen las partes,
o que establezca el Juez en defecto de ellas.
Si las condiciones se determinaren por el Juez, procurará que el tiempo del
arrendamiento, o el de la administración, no exceda del necesario para pagar la
cantidad que sea materia de la ejecución, con sus intereses y gastos.
Artículo 579.- En el remate para la administración o arrendamiento el acreedor
podrá proponer tomar el inmueble en anticresis; y, tanto en éste como en los
demás casos expresados, el Juez dará la buena pro a la propuesta que considere
más ventajosa para el deudor siempre que estuviere comprendida dentro de las
bases establecidas.
El arrendamiento o la administración se celebrarán con el mejor postor, quien
deberá dar garantía suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
que contraiga.
Tanto el acreedor como el deudor podrán ser licitadores en el remate del
arrendamiento o de la administración.
La garantía deberá ofrecerse dentro de tres días después del remate y el
rematador no podrá entrar en el goce de la finca, mientras el Juez no haya
aprobado la garantía ofrecida.
Si dentro de ocho días después del remate, no estuviere otorgada la garantía por
haberse declarado insuficiente o inaceptable, o por cualquier otro motivo imputable
al rematador, el remate quedará insubsistente, y el rematador será responsable de
los perjuicios.
Artículo 580.- Si en el remate para el arrendamiento o administración de la cosa
ejecutada, no se alcanzare nada en el propósito de la ejecución, el Juez llamará a
los peritos y les consultará sobre la conveniencia de fijar como base definitiva el
tercio del justiprecio para un cuarto remate, el cual se efectuará cinco días
después de haberse anunciado, caso de que el Juez y dos de los peritos opinen
de conformidad.
Cuando los peritos no creyeren conveniente este cuarto remate, por las
circunstancias especiales del mercado, la cosa ejecutada continuará en depósito
hasta por seis meses, si cualquiera de las partes no promoviere antes un nuevo
justiprecio y nuevos actos de remate, conforme a esta última estimación.
Si transcurrieren los seis meses sin gestión de ninguna de las partes para los
efectos indicados en el párrafo anterior, o sin que se hubiere cubierto la deuda con

222
sus intereses y gastos, el depósito del inmueble se prolongará hasta que esto se
efectúe, a menos que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa.
Artículo 581.- Los frutos e intereses producidos por los bienes y derechos
embargados, desde el día en que lo hayan sido, se aplicarán también al pago del
crédito.
Artículo 582.- El acreedor hipotecario no podrá, sin el consentimiento del deudor,
hacer subastar los inmuebles que no le estén hipotecados, sino cuando los
hipotecados sean insuficientes para el pago de su crédito, como se dispone en el
Código Civil. Si para la consulta a que se refiere el artículo 580 del presente
Código no pudieren citarse los peritos, o alguno de ellos, por no estar presentes,
por enfermedad u otra causa, cada parte tendrá el derecho de indicar otros dos
peritos, de los cuales elegirá el Juez uno por cada parte, para hacerles la consulta.
El Juez suplirá la falta de cualquiera de las partes.
Artículo 583.- Si la cosa rematada fuere mueble, y no hubiere habido propuestas
por la mitad de su valor en el primer acto de remate, se sacará por segunda vez,
previos los carteles y avisos legales, con la base de dos quintos; y si aún no se
obtuvieren, se sacará por tercera vez, previos también los carteles y avisos
conducentes, con la base de un tercio, procediéndose siempre en el acto con las
formalidades que quedan establecidas.
Las disposiciones de los artículos precedentes son aplicables al remate de bienes
muebles en cuanto sean compatibles con su naturaleza.
Artículo 584.- El remate no puede atacarse por vía de nulidad por defectos de
forma o de fondo, y la única acción que puede proponerse contra sus efectos
jurídicos es la reivindicatoria.
LIBRO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO CAUTELAR Y DE OTRAS INCIDENCIAS
TITULO I
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará
el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución
del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya
presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Artículo 586.- El Juez limitará las medidas de que trata este Título, a los bienes
que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. A tal fin,
si se comprueba que los bienes afectados exceden la cantidad de la cual se
decretó la medida, el Juez limitará los efectos de ésta a los bienes suficientes,

223
señalándolos con toda precisión. En este caso, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 592, Capítulo II del presente Título.
Artículo 587.- Ninguna de las medidas de que trata este Título podrá ejecutarse
sino sobre bienes que sean propiedad de aquél contra quien se libren, salvo los
casos previstos en el artículo 599.
Artículo 588.- En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal
puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para
asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente
enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el
Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas,
cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones
graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el
daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y
adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la
lesión.
Parágrafo Segundo: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares
previstas en el Parágrafo Primero de este Artículo, la parte contra quien obre la
providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá
conforme a lo previsto en los Artículos 602, 603 y 604 de este Código.
Parágrafo Tercero: El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender
la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere
caución de las establecidas en el Artículo 590. Si se objetare la eficacia o
suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del Artículo
589.
Artículo 589.- No se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar, o
deberán suspenderse si estuvieren ya decretadas, si la parte contra quien se
hayan pedido o decretado, diere caución o garantía suficiente de las establecidas
en el artículo siguiente.
Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se abrirá una articulación por
cuatro días y se decidirá en los dos días siguientes a ésta.
Artículo 590.- Podrá también el Juez decretar el embargo de bienes muebles o la
prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, sin estar llenos los extremos
de ley, cuando se ofrezca y constituya caución o garantías suficientes para
responder a la parte contra quien se dirija la medida, de los daños y perjuicios que
esta pudiera ocasionarle.
Para los fines de esta disposición sólo se admitirán:
1º Fianza principal y solidaria de empresas de seguro, instituciones
bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia.

224
2º Hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio conste en los
autos.
3º Prenda sobre bienes o valores.
4º La consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale
el Juez.
En el primer caso de este Artículo, cuando se trate de establecimientos
mercantiles, el Juez requerirá la consignación en autos del último balance
certificado por contador público, de la última declaración presentada al Impuesto
sobre la Renta, y del correspondiente Certificado de Solvencia.
CAPITULO II
Del embargo
Artículo 591.- A pedido de parte, el Juez se trasladará a la morada del deudor, o a
los sitios o establecimientos donde se encuentren los bienes o embargarse, para
ejecutar la medida. A tal fin, podrá ordenar la apertura de puertas y de
cualesquiera depósitos o recipientes, y solicitar, cuando fuere necesario, el auxilio
de la fuerza pública.
Artículo 592.- Si se embargan cosas legalmente inembargables o prospera la
oposición prevista en los artículos 546 y 602, el solicitante de la medida sufragará
los gastos y honorarios por el depósito de los bienes, así como los de traslado al
sitio donde se tomaron, y los que sean necesarios para reponer las cosas al
estado en que se encontraban para el momento del embargo. En estos casos no
se admite el derecho de retención en favor del depositario.
Artículo 593.- El embargo de créditos se efectuará mediante notificación que hará
el Juez al deudor del crédito embargado, en la morada, oficina o negocio de éste.
Si no se encontrare al deudor, la notificación se hará a cualquiera de las personas
indicadas en el artículo 220, si se tratare de personas jurídicas. Si se tratare de
personas naturales, la notificación se hará en persona que esté a su servicio, o
sea pariente del deudor, que se encuentre en su morada, oficina o negocio,
dejándose constancia en el acta del nombre, apellido y cédula de identidad de la
persona notificada.
Si se tratare de créditos o derechos litigiosos, bastará con dejar constancia del
embargo en el expediente del juicio respectivo, mediante acta que suscribirán el
Juez, el Secretario y los comparecientes.
Artículo 594.- Al momento del embargo del crédito, o dentro de los dos días
siguientes, el deudor manifestará al Tribunal el monto exacto del crédito, la fecha
en que debe hacerse el pago, la existencia de cesiones o de otros embargos,
indicando también el nombre de los cesionarios y de los otros embargantes, y las
fechas de notificación de las cesiones y embargos.
Si el deudor no hace la manifestación a que se refiere este artículo, quedará
responsable por los daños y perjuicios que su omisión cause al embargante.

225
Artículo 595.- Si los bienes a embargarse estuviesen ya embargados, se aplicará
lo dispuesto en el único aparte del artículo 534.
Artículo 596.- Si hubiesen cesiones de crédito anteriores al embargo, se
practicará éste sobre el remanente del crédito, siempre que la cesión tenga fecha
cierta anterior al embargo.
Artículo 597.- Cuando no haya perjuicio para el embargante, el embargo debe
ejecutarse preferentemente sobre las cosas que indique la parte embargada.
Artículo 598.- Salvo en los juicios o incidentes sobre alimentos, el embargo de
sueldos, salarios y remuneraciones de cualquiera especie se efectuará de acuerdo
con la siguiente escala:
1º Los sueldos, salarios y remuneraciones hasta el monto del salario mínimo
nacional obligatorio fijado por el Ejecutivo Nacional conforme a la Ley, son
inembargables cualquiera que sea la causa.
2º La porción comprendida entre el nivel señalado en el Ordinal 1º de este
artículo y el doble del salario mínimo nacional obligatorio es embargable
hasta la quinta parte.
3º La porción de los sueldos, salarios y remuneraciones que exceda del
doble del salario mínimo nacional obligatorio es embargable hasta la
tercera parte. Lo dispuesto en este Artículo deja a salvo también lo
previsto en los Artículos 125, 171 y 191 del Código Civil y en leyes
especiales.
CAPITULO III
Del secuestro
Artículo 599.- Se decretará el secuestro:
1º De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga
responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la
oculte, enajene o deteriore.
2º De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión.
3º De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto del cónyuge
administrador, que sean suficientes para cubrir aquellos, cuando el
cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad.
4º De bienes suficientes de la herencia o, en su defecto, del demandado,
cuando aquél a quien se haya privado de su legítima, la reclame de
quienes hubieren tomado o tengan los bienes hereditarios.
5º De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber
pagado su precio.
6º De la cosa litigiosa, cuando dictada la sentencia definitiva contra el
poseedor de ella, éste apelare sin dar fianza para responder de la misma
cosa y sus frutos, aunque sea inmueble.
7º De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de
pensiones de arrendamiento, por estar deteriorada la cosa, o por haber
dejado de hacer las mejoras a que esté obligado según el contrato.

226
En este caso el propietario, así como el vendedor en el caso del ordinal 5º, podrá
exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afecta la cosa para
responder respectivamente al arrendatario o al comprador, si hubiere lugar a ello.
CAPITULO IV
De la prohibición de enajenar y gravar
Artículo 600.- Acordada la prohibición de enajenar y gravar, el Tribunal, sin
pérdida de tiempo, oficiará al Registrador del lugar donde esté situado el inmueble
o los inmuebles, para que no protocolice ningún documento en que de alguna
manera se pretenda enajenarlos o gravarlos, insertando en su oficio los datos
sobre situación y linderos que constaren en la petición.
Se considerarán radicalmente nulas y sin efecto la enajenación o el gravámen que
se hubieren protocolizado después de decretada y comunicada al Registrador la
prohibición de enajenar y gravar. El Registrador será responsable de los daños y
perjuicios que ocasione la protocolización.
TITULO II
PRIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Artículo 601.- Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para
solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la
insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba,
decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución. En ambos casos, dicho
decreto deberá dictarse en el mismo día en que se haga la solicitud, y no tendrá
apelación.
Artículo 602.- Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida
preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día
siguientes a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a
ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar.
Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días,
para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan
a sus derechos.
En los casos a que se refiere el artículo 590, no habrá oposición, ni la articulación
de que trata este artículo, pero la parte podrá hacer suspender la medida como se
establece en el artículo 589.
Artículo 603.- Dentro de dos días, a más tardar, de haber expirado el término
probatorio, sentenciará el Tribunal la articulación. De la sentencia se oirá
apelación en un solo efecto.
Artículo 604.- Ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la
reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual
se agregará el cuaderno separado de aquellas, cuando se hayan terminado.

227
Artículo 605.- La parte en cuyo favor se haya expedido el decreto de secuestro
podrá hacerlo protocolizar en la Oficina de Registro respectiva, lo mismo que el del
depósito de la finca vendida o arrendada, hecho en el dueño para responder al
arrendatario cuando hubiere lugar, conforme al aparte final del artículo 599.
Artículo 606.- Si sentenciada en definitiva la causa, no se hubiere decido todavía
la articulación pendiente sobre las medidas decretadas, el Tribunal ante quien se
haya promovido continuará conociendo de ella, aunque haya admitido antes
apelación en ambos efectos o recurso de casación de la sentencia definitiva.
TITULO III
DE OTRAS INCIDENCIAS
Artículo 607.- Si por resistencia de una parte a alguna medida legal del Juez, por
abuso de algún funcionario, o por alguna necesidad del procedimiento, una de las
partes reclamare alguna providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra
parte conteste en el siguiente, y hágalo ésta o no, resolverá a más tardar dentro
del tercer día, lo que considere justo; a menos que haya necesidad de esclarecer
algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho días sin término de
distancia.
Si la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Juez
resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario decidirá al
noveno día.
LIBRO CUARTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
PARTE PRIMERA
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTENCIOSOS
TITULO I
DEL ARBITRAMENTO
Artículo 608.- Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en
número impar, antes o durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre
estado, sobre divorcio o separación de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos
en los cuales no cabe transacción.
Si estuvieren ya en juicio, el compromiso se formalizará en el expediente de la
causa, y en él deberán expresar las partes las cuestiones que cada uno someta al
arbitramento, si no constaren ya en el juicio; el número y nombre de los árbitros, el
carácter de éstos, las facultades que les confieran y lo demás que acordaren
respecto del procedimiento.
Si no estuvieren en juicio, las partes establecerán el compromiso arbitral por
instrumento auténtico, en el cual conste todo cuanto expresa este artículo.
En todo caso de compromiso, la aceptación de los árbitros y la constitución del
Tribunal arbitral se hará ante el Juez que se menciona en el Artículo 628.

228
Artículo 609.- Si existiere cláusula compromisoria, las partes formalizarán el
compromiso siguiendo en un todo las exigencias establecidas en el Artículo
anterior; pero si alguna de las partes se negare a formalizarlo, la otra podrá
presentar el instrumento público o privado en el cual conste la obligación de
comprometer al Tribunal que deba conocer o esté conociendo de la controversia,
expresando las cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento.
Presentado dicho instrumento, el Tribunal ordenará la citación de la parte renuente
para que conteste acerca del compromiso en el quinto día siguiente, en cualquier
hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el Artículo 192. La citación se
practicará mediante boleta, a la cual se anexará copia de la respectiva solicitud y
del documento que contenga la cláusula compromisoria.
Artículo 610.- Si el citado conviniere en la obligación hará constar en el acto de su
comparecencia las cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento y
se procederá el día siguiente, a la hora que señale el Tribunal, a la elección de los
árbitros.
Parágrafo Primero: Si no hubiere acuerdo entre las partes en la elección de los
árbitros, cada parte elegirá uno y los dos árbitros designados elegirán el tercero.
Parágrafo Segundo: Si alguna de las partes fuere renuente en la designación de
su árbitro, o si los dos árbitros no pudieren acordarse para nombrar el tercero, la
designación la hará el Tribunal.
Parágrafo Tercero: Los árbitros nombrados deberán manifestar su aceptación el
mismo día de su designación o al día siguiente. En caso contrario, a la parte que
hubiere designado el árbitro no aceptante se le impondrá una indemnización en
beneficio de la contraria no menor de Tres Mil Bolívares (Bs. 3.000.00) ni mayor
de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,oo), según la importancia del asunto, sin
perjuicio de que el Tribunal proceda a designar un nuevo árbitro en conformidad
con el parágrafo anterior.
Articulo 611.- Si el citado contradice la obligación, se abrirá una articulación
probatoria por quince días, transcurridos los cuales el Tribunal procederá a dictar
su decisión dentro de los cinco días siguientes. De la sentencia se oirá apelación
libremente, pero el fallo del Superior causará cosa juzgada.
Artículo 612.- En la sentencia de la articulación, el Tribunal impondrá las costas a
la parte que resulte totalmente vencida, las cuales serán ejecutables una vez que
quede firme la sentencia que las imponga.
Artículo 613.- Establecida la validez de la cláusula compromisoria, dentro de los
cinco días siguientes al vencimiento del lapso de apelación si no la hubiere; o al de
la fecha de recibo de los autos en el Tribunal de origen, el citado procederá a
expresar las cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento. Cumplido
este requisito, se seguirá el procedimiento. previsto en el artículo 610.
Artículo 614.- Si el citado no compareciere, se tendrá por válida la cláusula
compromisoria, y los árbitros resolverán la controversia ateniéndose a las
cuestiones sometidas al arbitraje por el solicitante. Los árbitros se atendrán

229
también a esta última regla, si en los casos previstos en el Artículo 613 el citado
no expresare las cuestiones que quiera someter al arbitramento, en las
oportunidades allí fijadas.
Parágrafo Primero: En los casos previstos en este Artículo, el Tribunal hará
constar la no comparecencia del citado o su renuencia a expresar las cuestiones
que quiera someter al arbitramento, y seguidamente se procederá a la elección de
los árbitros en la forma prevista en el Artículo 610.
Parágrafo Segundo: Si no hubiere acuerdo entre las partes con respecto al
carácter de los árbitros y a las reglas de procedimiento que deban seguir, se
entenderá que decidirán como árbitros de derecho y la sentencia que se dicte será
inapelable.
Parágrafo Tercero: A los fines del parágrafo anterior, al día siguiente de la
constitución del Tribunal de árbitros comenzará a correr el lapso probatorio
ordinario, que se computará como se indica en el artículo 197.
Parágrafo Cuarto: Vencido el lapso probatorio, el Tribunal de árbitros dictará su
sentencia dentro de los treinta días siguientes.
Artículo 615.-El cargo de árbitro, una vez aceptado, es irrenunciable. El árbitro
que sin causa legítima se separe de su cargo será responsable penalmente por el
delito de denegación de justicia, sin perjuicio de que se haga efectiva su
responsabilidad civil a través del recurso de queja que consagra este Código.
Artículo 616.-Si murieren o faltaren por cualquier otro motivo legal los árbitros
nombrados, o algunos de ellos, se les sustituirá del mismo modo como se les
hubiere nombrado.
Artículo 617.- En cualquier estado de la causa en que las partes se hayan
sometido a árbitros, se suspenderá el curso de ella y se pasarán inmediatamente
los autos, a los árbitros nombrados.
Artículo 618.- Los árbitros son de derecho, o arbitradores. Los primeros deben
observar el procedimiento legal, y en las sentencias, las disposiciones del
Derecho. Los segundos procederán con entera libertad, según les parezca más
convenientes al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad.
Parágrafo Primero: Las partes pueden indicar a los árbitros de derecho, las
formas y reglas de procedimiento que deban seguir y someter a los arbitradores a
algunas reglas de procedimiento. A falta de esta indicación los árbitros de derecho
observarán el procedimiento legal correspondiente.
Parágrafo Segundo: En caso de discrepancia entre los árbitros ya respecto de la
interpretación del compromiso o de cualquiera de sus cláusulas, ya respecto de
alguna regla o forma de procedimiento a seguir, la cuestión será resuelta por el
Juez natural que se indica en el artículo 628. La decisión del Juez será dictada
sumariamente con los elementos que le sean sometidos, y no tendrá apelación.
Parágrafo Tercero: Si en el compromiso no se indica de alguna manera el
carácter de los árbitros, se entiende que son arbitradores.

230
Artículo 619.- No pueden ser árbitros de derecho quienes no sean abogados en
ejercicio.
Artículo 620.- De la recusación de los árbitros conocerá el mismo Juez ante quien
se designen.
Artículo 621.- Los árbitros podrán encomendar los actos de sustanciación a uno
de ellos, si no lo prohibiere el compromiso.
Artículo 622.- Así los Tribunales Ordinarios o Especiales como las demás
autoridades públicas están en el deber de prestar a los árbitros toda la
cooperación que sea de su competencia para que puedan desempeñar bien su
cargo.
Artículo 623.- Los árbitros deberán sentenciar dentro del término que se les
señale en el compromiso.
Artículo 624.- Si los árbitros son arbitradores, sus fallos serán inapelables. Si
fueren de derecho, serán igualmente inapelables, salvo pacto en contrario que
conste en el compromiso, para ante el Tribunal Superior natural o para ante otro
Tribunal de arbitramento que hayan constituido las partes con ese fin.
Artículo 625.- Todo Laudo Arbitral se pasará con los autos al Juez ante quien
fueron designados los árbitros, quien lo publicará al día siguiente de su
consignación por éstos, a la hora que se señale. Desde este día comenzarán a
correr los lapsos para los recursos a que haya lugar.
Artículo 626.- La sentencia de los árbitros será nula:
1° Si se hubiere pronunciado sobre la materia de un compromiso nulo o que
haya caducado, o fuera de los límites del compromiso.
2° Si la sentencia no se hubiere pronunciado sobre todos los objetos del
compromiso, o si estuviere concebida en términos de tal manera
contradictorios que no pueda ejecutarse.
3° Si en el procedimiento no se hubieren observado sus formalidades
sustanciales, siempre que la nulidad no se haya subsanado por el
consentimiento de las partes.
Artículo 627.- La nulidad de que trata el artículo precedente se hará valer por vía
de recurso ante el Tribunal que haya publicado el Laudo Arbitral ejecutoriado,
dentro de los diez días posteriores a la publicación. El Tribunal procederá a ver el
recurso con todas las formalidades legales, dentro de tres días; y, una vez
sentenciado, seguirá su curso ante los Tribunales Superiores, caso de
interponerse apelación.
Articulo 628.- Para todos los efectos de este Título, es Juez competente en
Primera Instancia el que lo fuere para conocer del asunto sometido a arbitramento.

231
Artículo 629.- Los gastos del arbitraje serán sufragados por la parte que solicite el
arbitramento, sin perjuicio de su reembolso mediante la condena en costas.
Si surgiere disputa acerca del monto de los honorarios de los árbitros, ellos serán
fijados por el Juez que indica el artículo 628.
TITULO II
DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS
CAPITULO I
De la vía ejecutiva
Artículo 630.- Cuando el demandante presente instrumento público u otro
instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado
de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido; o cuando acompañe vale o
instrumento privado reconocido por el deudor, el Juez examinará cuidadosamente
el instrumento y si fuere de los indicados, a solicitud del acreedor acordará
inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las
costas, prudentemente calculadas.
Artículo 631.- Para preparar la vía ejecutiva puede pedir el acreedor, ante
cualquier Juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste, el
reconocimiento de su firma extendida en instrumento privado, y el Juez le
ordenará que declare sobre la petición.
La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza
ejecutiva al instrumento. También producirá el mismo efecto la falla de
comparecencia del deudor a la citación que con tal objeto se le haga; y en dicha
citación deberá especificarse circunstanciadamente el instrumento sobre que
verse el reconocimiento.
Si el instrumento no fuere reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en
juicio.
Si fuere tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente si el Tribunal fuere
competente, y de no serlo, se pasarán los autos al que lo sea.
Artículo 632.- Cuando los bienes embargados no estén hipotecados para el pago
que se reclame, podrá el acreedor pedir el embargo de otros bienes del deudor. y
en este caso quedarán libres de embargo los que se hayan embargado antes, si
del justiprecio de los últimos resultare que éstos son suficientes para cubrir la
deuda y los gastos de la cobranza. Podrá también pedirse el embargo de otros
bienes, si del justiprecio de los embargados resultaren no ser constantes para el
pago del todo.
Artículo 633.- En cualquier estado de la demanda quedarán libres de embargo los
bienes del deudor, si éste presentare garantía suficiente que llene los extremos del
Artículo 590.
Artículo 634.- Decretado el embargo de los bienes se procederá respecto de
éstos con arreglo a lo dispuesto en el Título IV, Libro Segundo, hasta el estado en

232
que se deban sacarse a remate las cosas embargadas y en este estado se
suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que haya una sentencia
definitivamente firme procedimiento ordinario.
Si en virtud de ella hubiere de procederse al remate, se anunciará éste con tres (3)
días de anticipación, aunque se hayan dado los tres avisos que ordena el Título
expresado.
Artículo 635.- Cuando los bienes embargados estuvieren hipotecados para el
pago del crédito demandado, el acreedor tendrá derecho a que el remate se lleve
a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia, sin esperar la
sentencia definitiva que se libre en el juicio, con tal de que de caución o garantía
de las previstas en el Artículo 590 de este Código, para responder de lo que en
definitiva se declare en favor del deudor, respecto del crédito de que el acreedor
se haya hecho pago. El Juez será responsable, si la caución dada resultare
después insuficiente.
Artículo 636.- Todo cuanto se practicare en virtud del decreto de embargo, las
diligencias para anunciar la venta de los bienes embargados, las que sean
necesarias para el justiprecio de ellos y cualquiera otra que tenga relación con el
embargo y venta de dichos bienes, formarán un cuaderno separado que
principiará con el expresado decreto.
Artículo 637.- Las diligencias de embargo de bienes y todo lo demás que sea
consiguiente a este procedimiento especial no suspenderán ni alterarán el curso
ordinario de la causa, sino que, conforme a lo prevenido para todos los juicios, las
partes podrán probar al mismo tiempo lo que les convenga, y sus pruebas se
pondrán en el cuaderno de la demanda, observándose los mismos trámites y
términos establecidos para el procedimiento ordinario.
Artículo 638.- La parte totalmente vencida en la vía ejecutiva será condenada al
pago de las costas, de conformidad con lo previsto en el Título VI, Libro Primero
de este Código.
Artículo 639.- Cuando el acreedor hipotecario hubiere sido pagado antes de la
sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecada y en dicha
sentencia se resolviere que no tiene el acreedor el derecho que hizo efectivo, o
que se excedió en su reclamación o cobro, en la misma sentencia se establecerá
la responsabilidad en que hubiere incurrido, y la ejecución de la definitiva abrazará
también esa responsabilidad.
Si el deudor pretendiere que el remate indicado le ha ocasionado otros perjuicios,
podrá reclamarlos por el procedimiento ordinario.
CAPITULO II
Del procedimiento por intimación
Artículo 640.- Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma
líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de

233
una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la
intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días
apercibiéndole de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento
ordinario y el presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el
deudor no esté presente en la República y no haya dejado apoderado a quien
pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo.
Artículo 641.- Sólo conocerá de estas demandas, el Juez del domicilio del deudor
que sea competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la
competencia, salvo elección de domicilio. La residencia hace las veces de
domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte.
Artículo 642.- En la demanda se expresarán los requisitos exigidos en el Artículo
340 de este código. Si faltare alguno, el Juez ordenará al demandante la
corrección del libelo, absteniéndose entre tanto de proveer sobre lo pedido. De
esta resolución del Juez se oirá apelación libremente , la cual deberá interponerse
de inmediato o dentro de los tres días siguientes.
Artículo 643.- El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en
los casos siguientes:
1º Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.
2º Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega.
3º Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o
condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga
presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.
Artículo 644.- Son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo
anterior: los instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas, misivas,
admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio,
pagarés, cheques y cualesquiera otros documentos negociables.
Artículo 645.- Cuando la demanda se refiere a la entrega de cantidad cierta de
cosas fungibles, el demandante deberá expresar en el libelo, la suma de dinero
que estaría dispuesto, a aceptar si no se cumpliera la presentación en especie
para la definitiva liberación de la otra parte. En este caso, si el Juez considera
desproporcionada la suma indicada, antes de proveer sobre la demanda podrá
exigir al demandante que presente un medio de prueba en que conste el justo
precio o el precio corriente de la cosa.
Artículo 646.- Si la demanda estuviere fundada en instrumento público,
instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas
aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros
documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo
provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o
secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el
demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las

234
resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente.
Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.
Artículo 647.- El decreto de intimación será motivado y expresará: El Tribunal que
lo dicta, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, el
monto de la deuda, con los intereses reclamados; la cosa o cantidad de cosas que
deben ser entregadas, la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el
intimado conforme a lo dispuesto en el Artículo 645 y las costas que debe pagar;
el apercibimiento de que dentro del plazo de diez días, a contar de su intimación,
debe pagar o formular su oposición y que no habiendo oposición, se procederá a
la ejecución forzosa.
Artículo 648.- El Juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el
intimado, pero no podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del
demandante, una cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda.
Artículo 649.- El Secretario del Tribunal compulsará copia de la demanda y del
decreto de intimación y la entregará al Alguacil para que practique la citación
personal del demandado en la forma prevista en el artículo 218 de este Código.
Articulo 650.- Si buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará
cuenta al Juez, expresando las direcciones o lugares en que lo haya solicitado, y
éste dispondrá, dentro del tercer día, que el Secretario del Tribunal fije en la puerta
de la casa de habitación del intimado, o en la de su oficina o negocio, si fueren
conocidos o aparecieren de los autos, un cartel que contenga la transcripción
íntegra del decreto de intimación. Otro cartel igual se publicará por la prensa, en
un diario de la de mayor circulación, en la localidad, que indicará expresamente el
Juez, durante treinta días, una vez por semana. El secretario pondrá constancia
en el expediente de todas las diligencias que se hayan practicado en virtud de las
disposiciones de este artículo, y el demandante consignará en los autos los
ejemplares del periódico en que hubieren aparecido los carteles.
Cumplidas las diligencias anteriores, si el demandado no compareciere a darse
por notificado dentro del plazo de diez días siguientes a la última constancia que
aparezca en autos de haberse cumplido las mismas, el tribunal nombrará un
defensor al demandado con quien se entenderá la intimación.
Artículo 651.- El intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días
siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el articulo
649, a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el articulo 192. En
el caso del artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los
diez días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente
indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso, no formulare oposición dentro
de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en
sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada.

235
Artículo 652.- Formulada la oposición en tiempo oportuno por el intimado o por el
Defensor, en su caso, el decreto de intimación quedará sin efecto, no podrá
procederse a la ejecución forzosa y se entenderán citadas las partes para la
contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los cinco días
siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo
192, sin necesidad de la presencia del demandante, continuando el proceso por
los trámites del procedimiento ordinario o del breve, según corresponda por la
cuantía de la demanda.
CAPITULO III
De la ejecución de créditos fiscales
Artículo 653.- Salvo lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, la ejecución de
créditos fiscales se solicitará ante los Tribunales civiles competentes según la
cuantía, de conformidad con las disposiciones del presente Capítulo.
Artículo 654.- Con la demanda se presentará la liquidación del crédito o el
instrumento que lo justifique; y si dicha liquidación o instrumento tuvieren fuerza
ejecutiva, se acordará en el mismo día la intimación del deudor, para que pague
dentro de tres días apercibido de ejecución.
A los fines de acordar la intimación del demandado, el Juez comprobará
cuidadosamente los siguientes extremos:
1° Si la planilla de liquidación del crédito fiscal demandado o el instrumento
que lo justifique cumple los requisitos legales correspondientes.
2° Si el crédito fiscal demandado es líquido y de p lazo vencido.
Artículo 655.- Si dentro del cuarto día acreditare el demandado haber cumplido
con aquella orden se procederá como en el caso de ejecución de sentencia.
Artículo 656.- Dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se lleve a efecto
la intimación, más el término de la distancia que corresponda, el demandado
podrá hacer oposición al pago que se le haya intimado, sólo por los motivos
siguientes:
1° El pago del crédito fiscal que se le haya intima do, a cuyo efecto
consignará con su escrito de oposición el documento que lo compruebe.
2º La pendencia de un recurso administrativo o contencioso administrativo
en el cual se haya decretado la suspensión previa de los efectos del acto
recurrido cuando aquél se relacione con la procedencia o monto del
crédito fiscal cuya ejecución se solicita.
3° La prescripción del crédito fiscal demandado.
Artículo 657.- Hecha la oposición, se abrirá la causa a pruebas y se seguirá en lo
adelante por los trámites del procedimiento ordinario. La oposición formulada de
conformidad con el Artículo 656, suspenderá la ejecución, si el demandado
constituye caución o garantía de las previstas en el Artículo 590 para responder de
las resultas del juicio, por la cantidad que fije el Tribunal.

236
Parágrafo Único: Si junto con los motivos en que se funde la oposición el
demandado alegare cuestiones previas de las indicadas en el artículo 346 de este
código, se entenderá abierta también una articulación probatoria de ocho días
para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del
Juez, y el Tribunal decidirá dentro de los diez días siguientes al vencimiento de la
articulación, sin perjuicio de que antes del fallo, la parte pueda subsanar los
defectos u omisiones invocadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 350. En
estos casos, no se causarán costas para la parte que subsana el defecto u
omisión. La sentencia que se dicte en la articulación no tendrá apelación, si no en
el caso de la incompetencia declarada con lugar, caso en el cual la parte podrá
promover la regulación de la competencia, conforme al artículo 69 y en los casos
de las cuestiones previas previstas en los Ordinales 9°,10 y 11 del artículo 346. En
ambos casos, las costas se regularán como se indica en el Título VI del Libro
Primero de este código. Los efectos de las cuestiones previas declaradas con
lugar en la sentencia de la articulación definitivamente firme, serán las indicados
en los Artículos 353, 354, 355 y 356, según los casos.
Articulo 658.- En caso de oposición, la sentencia definitiva que la resuelva será
apelable para ante el Superior que corresponda.
Artículo 659.- Si la oposición resultare procedente por el motivo previsto en el
ordinal 2°del artículo 656, se paralizará el juici o hasta que se dicte la sentencia en
el Recurso Contencioso-Administrativo en el cual se han suspendido los efectos
del acto recurrido.
En los demás casos en que la oposición resultare procedente, se dará por
terminado el procedimiento de ejecución y se levantará la caución o garantía que
se hubiere constituido de conformidad con el artículo 657 y el tribunal impondrá las
costas del procedimiento, conjunta y solidariamente, a la entidad demandante y a
los funcionarios fiscales que hubieren ordenado la ejecución del crédito
desestimado en la sentencia. Las costas por concepto de honorarios profesionales
no excederán en ningún caso del diez por ciento del monto de la demanda.
CAPITULO IV
De la ejecución de la Hipoteca
Artículo 660.- La obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con
hipoteca, se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de hipoteca
establecido en el presente Capítulo.
Artículo 661.- Llegado el caso de trabar ejecución sobre el inmueble hipotecado,
por estar vencida la obligación garantizada con la hipoteca, el acreedor presentará
al Tribunal competente el documento registrado constitutivo de la misma, e
indicará el monto del crédito con los accesorios que estén garantizados por ella, y
el tercero poseedor de la finca hipotecada, si tal fuere el caso. Asimismo
presentará copia certificada expedida por el Registrador correspondiente de los
gravámenes y enajenaciones de que hubiere podido ser objeto la finca hipotecada
con posterioridad al establecimiento de la hipoteca cuya ejecución se solicita. El

237
Juez podrá excluir de la solicitud de ejecución los accesorios que no estuvieren
expresamente cubiertos con la hipoteca, y examinará cuidadosamente si están
llenos los extremos siguientes:
1°. Si el documento constitutivo de la hipoteca est á registrado en la
jurisdicción donde esté situado el inmueble.
2°. Si las obligaciones que ella garantiza son líqu idas de plazo vencido, y no
ha transcurrido el lapso de la prescripción.
3°. Si las obligaciones no se encuentran sujetas a condiciones u otras
modalidades.
Si el Juez encontrare llenos los extremos exigidos en los ordinales anteriores
decretará inmediatamente la prohibición de enajenar y gravar el inmueble
hipotecado, lo notificará inmediatamente al Registrador respectivo a los efectos
establecidos en el artículo 600 de este Código y acordará la intimación del deudor
y del tercero poseedor para que paguen dentro de tres días, apercibidos de
ejecución. Si de los recaudos presentados al Juez se desprendiere la existencia
de un tercero poseedor y el solicitante no lo hubiere indicado, el Juez procederá
de oficio a intimarlo.
El auto del Juez excluyendo de la ejecución determinadas partidas o no acordando
ésta será apelable en ambos efectos.
Artículo 662.- Si al cuarto día no acreditaren el deudor o el tercero haber pagado,
se procederá al embargo del inmueble, y se continuará el procedimiento con
arreglo a lo dispuesto en el Título IV, Libro Segundo de este Código, hasta que
deba sacarse a remate el inmueble. En este estado se suspenderá el
procedimiento si se hubiere formulado la oposición a que se refiere el Artículo 663.
Decidida la oposición, si ella fuere declarada sin lugar, se procederá al remate del
inmueble previa la publicación de un cartel fijando el día y la hora para efectuarlo.
El acreedor tiene derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con
su precio el pago de su acreencia, sin esperar la sentencia definitiva en la
oposición, siempre que dé caución que llene los extremos del Artículo 590, para
responder de lo que en definitiva se declare en favor del deudor o del tercero. El
Juez será responsable si la caución que haya aceptado resultare después
insuficiente.
Artículo 663.- Dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se haya
efectuado la intimación, más el término de la distancia si a él hubiere lugar, tanto
el deudor como el tercero podrán hacer oposición al pago a que se les intima, por
los motivos siguientes:
1º La falsedad del documento registrado presentado con la solicitud de
ejecución.
2º El pago de la obligación cuya ejecución se solicita, siempre que se
consigne junto con el escrito de oposición la prueba escrita del pago.
3° La compensación de suma líquida y exigible, a cu yo efecto se consignará
junto con el escrito de oposición la prueba escrita correspondiente.
4º La prórroga de la obligación cuyo incumplimiento se exige, a cuyo efecto
se consignará con el escrito de oposición la prueba escrita de la prórroga.

238
5º Por disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud
de ejecución, siempre que se consigne con el escrito de oposición la
prueba escrita en que ella se fundamente.
6º Cualquiera otra causa de extinción de la hipoteca, de las establecidas en
los Artículos l.907 y l.908 del Código Civil.
En todos los casos de los ordinales anteriores, el Juez examinará cuidadosamente
los instrumentos que se le presenten, y si la oposición llena los extremos exigidos
en el presente Artículo, declarará el procedimiento abierto a pruebas, y la
sustanciación continuará por los tramites del procedimiento ordinario hasta que
deba sacarse a remate el inmueble hipotecado, procediéndose con respecto a la
ejecución como se establece en el único aparte del Artículo 634.
Artículo 664.- Son aplicables a este procedimiento las disposiciones de los
artículos 636 y 639 de este Código.
Parágrafo Único: Si junto con los motivos en que se funde la oposición, el deudor
o el tercero poseedor, alegaren cuestiones previas de las indicadas en el artículo
346 de este Código, se procederá como se dispone en el Parágrafo Único del
Artículo 657.
Artículo 665.- La ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca que no
llene los extremos requeridos en el Artículo 661 de este Capítulo, se llevará a cabo
mediante el procedimiento de la vía ejecutiva.
Cuando se lograre la intimación personal del deudor o del tercero poseedor, dicha
intimación se practicará en la forma prevista en el Artículo 650 de este Código.
CAPITULO V
De la ejecución de prenda
Artículo 666.- Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, la ejecución de
prenda se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en este Capítulo.
Llegado el caso de hacer efectiva la prenda, el acreedor prendario presentará la
solicitud al Tribunal competente, acompañada del documento constitutivo de la
prenda, y pondrá a disposición del Tribunal las cosas dadas en prenda.
En la solicitud se indicará:
1º El nombre, apellido y domicilio del acreedor y del deudor prendario y del
tercero que haya dado la prenda si este fuera el caso.
2º El monto de la acreencia garantizada con la prenda y cualquiera otra
cantidad cubierta con el privilegio.
3° La especie y naturaleza de las cosas dadas en pr enda y la indicación de
su calidad, peso y medida.
Artículo 667.- El Juez examinará cuidadosamente los recaudos presentados y
verificará si se han llenado los requisitos exigidos por la ley para la constitución de
la prenda y si las cantidades que se pretende satisfacer con ella son líquidas, de
plazo vencido, y si no ha transcurrido el tiempo para su prescripción.

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Artículo 668.- Si el Juez encontrare llenos los extremos exigidos en los Artículos
anteriores, ordenará el depósito de la cosa dará en prenda y la intimación del
deudor y del tercero que haya dado la prenda, si tal fuere el caso, para que
paguen dentro de los tres días siguientes, apercibidos de ejecución.
Si no fuere posible la intimación personal del deudor o del tercero que ha dado la
prenda, se aplicará la forma supletoria indicada en el Artículo 650.
Artículo 669.- Si al cuarto día siguiente a la intimación personal, el deudor
prendario o el tercero que ha dado la prenda, no acreditaren por medio de
instrumento fehaciente haber pagado, el Juez ordenará la venta de la cosa dada
en prenda en pública subasta, mediante la publicación de un cartel en un periódico
de la circunscripción del Tribunal. El cartel contendrá:
1° Nombre, apellido y domicilio del acreedor, del d eudor prendario y del
tercero que hubiere dado la prenda, si tal fuere el caso.
2° Una descripción de las cosas dadas en prenda que serán objeto de la
venta.
3° La base a partir de la cual se oirán las propues tas, advirtiéndose, además,
que la adjudicación se hará a quien haya hecho la mayor oferta, que la
consignación del precio ofrecido por quien obtenga la buena pro deberá
ser hecha en efectivo el mismo día o el día siguiente al de la adjudicación,
así como también que para tomar parte en las propuestas deberá
consignarse previamente el diez por ciento del valor en que se haya
justipreciado la cosa objeto de la venta.
Artículo 670.- El adjudicatario que no cumpla con su obligación de consignar el
precio perderá la cantidad que dio en garantía, la cual quedará en beneficio del
acreedor prendario, y se procederá a un nuevo acto de remate mediante la
publicación de un nuevo cartel.
Artículo 671.- La base del remate será la mitad del valor justipreciado,
determinado conforme a las disposiciones de este Código en materia de ejecución
de sentencia. Si no hubieren propuestas por dicha cantidad se seguirá el
procedimiento establecido en los artículos 677 y siguientes de este Código.
Artículo 672.- El deudor prendario y el tercero que haya dado la prenda, intimados
personalmente podrán hacer oposición a la venta de la prenda dentro de los ocho
días siguientes a la intimación, pero la oposición no será admitida si junto con ella
no se ofrece ni constituye garantía suficiente de pago de la cantidad exigida por el
acreedor prendario más sus intereses. La oposición deberá estar fundada en
causa legal y suspenderá la venta de la prenda hasta su decisión, a menos que el
acreedor prendario constituya caución o garantía de las previstas en el Artículo
590 para asegurar las resultas de la oposición, caso en el cual se procederá a la
venta de la prenda. Admitida la oposición, la causa se abrirá a pruebas por veinte
días y será decidida dentro de los quince días siguientes a la conclusión del lapso
probatorio. El Juez será responsable si la caución que aceptare resultare después
insuficiente.

240
Si la intimación fuere hecha al defensor como se indica en el Artículo 668, la
oposición podrá formularse dentro de los ocho días siguientes a la intimación del
defensor y deberá llenar los extremos fijados en la primera parte de este artículo
para la oposición del deudor prendario o del tercero que haya dado la prenda.
Parágrafo Único: Si junto con los motivos en que se funde la oposición, el deudor
o el tercero que haya dado la prenda, alegaren cuestiones previas de las indicadas
en el Artículo 346 de este Código, se procederá como se dispone en el Parágrafo
Único del Artículo 657.
CAPITULO VI
Del juicio de cuentas
Artículo 673.- Cuando se demanden cuentas al tutor, curador, socio,
administrador, apoderado o encargado de intereses ajenos, y el demandante
acredite de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendirlas,
así como el período y el negocio o los negocios determinados que deben
comprender, el Juez ordenará la intimación del demandado para que las presente
en el plazo de veinte días, siguiente a la intimación. Si dentro de este mismo plazo
el demandado se opone a la demanda alegando haber rendido ya las cuentas o
que éstas corresponden a un período distinto o a negocios diferentes a los
indicados en la demanda; y estas circunstancias aparecieren apoyadas con
prueba escrita, se suspenderá el juicio de cuentas, y se entenderán citadas las
partes, para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los
cinco días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se
refiere el Artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante, continuando
el proceso por los trámites del procedimiento ordinario.
Artículo 674.- Contra la determinación del Juez, cuando haya presentado el actor
la prueba auténtica de la obligación y de su extensión, sólo se oirá apelación en el
efecto devolutivo.
Artículo 675.- Si la oposición del demandado no apareciere apoyada con prueba
escrita, o si el Juez no la encontrare fundada, ordenará al demandado que
presente las cuentas en el plazo de treinta días. Contra esta determinación sólo se
oirá apelación en el efecto devolutivo.
Artículo 676.- En todo caso la cuenta debe presentarse en términos claros y
precisos, año por año, con sus cargos y abonos cronológicos, de modo que pueda
examinársela fácilmente, y con todos los libros, instrumentos, comprobantes y
papeles pertenecientes a ella.
Artículo 677.- Si el demandado no hiciere oposición a la demanda, ni presentare
las cuentas dentro del lapso previsto en el Artículo 673, se tendrá por cierta la
obligación de rendirlas, el período que deben comprender y los negocios
determinados por el demandante en el libelo y se procederá a dictar el fallo sobre
el pago reclamado por el actor en la demanda o la restitución de los bienes que el
demandado hubiere recibido para el actor en ejercicio de la representación o de la

241
administración conferida, si el demandado no promoviere alguna prueba, dentro
de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso de oposición. La sentencia la
dictará el Juez dentro del lapso de quince días, contados a partir del vencimiento
del lapso de promoción indicado en este Artículo.
Si el demandado promoviere pruebas en el lapso indicado éstas se evacuarán
dentro del plazo de veinte días después de admitidas por el Tribunal, salvo que se
trate de la prueba de experticia, caso en el cual se procederá como se indica en el
Capítulo VI, Título II del Libro Segundo de este Código. En estos Casos, la
decisión del Tribunal será dictada dentro de los quince días siguientes a la
conclusión de las pruebas. De la decisión se oirá apelación libremente.
Las disposiciones contenidas en el presente Artículo se aplicarán también cuando
el demandado no presente las cuentas en el plazo previsto en el Artículo 675, si la
apelación que en él se concede resultare desestimada.
Artículo 678.- Presentada la cuenta por el demandado, con sus libros,
instrumentos, comprobantes y papeles correspondientes, el demandante la
examinará dentro de los treinta días siguientes a su presentación, debiendo
manifestar en ese mismo plazo su conformidad u observaciones. Si no hubiere
acuerdo sobre la cuenta, se procederá a la experticia prevista en el Capítulo VI,
Título II del Libro Segundo de este Código y a este efecto el Juez fijará día y hora
para proceder al nombramiento de los expertos.
Artículo 679.- En todo lo concerniente al nombramiento de los expertos, se
seguirá lo previsto en el Capítulo VI, Titulo II del Libro Segundo de este Código.
Artículo 680.- Siempre que haya de recusarse un experto, deberá proponerse la
recusación dentro de los tres días después de su aceptación.
Artículo 681.- Los expertos no podrán resolver ningún punto de derecho, ni hacer
adjudicaciones o aplicaciones que no estén determinadas y se contraerán
sencillamente a ordenar la cuenta según sus conocimientos en el arte de formarla.
Si les ocurriere duda sobre alguna cosa, y por esto dejaren de poner alguna
partida, o suspendieren alguna operación necesaria, arreglarán la cuenta en lo
demás, si fuere posible y presentarán en pliego separado sus dudas o
observaciones, expresando con claridad la partida o operación que haya dejado
de comprenderse en la cuenta y los fundamentos de su duda.
Artículo 682.- Los expertos tendrán para formar la cuenta, el tiempo que el Juez
les fije de conformidad con el Artículo 460. El Juez podrá prorrogar dicho término
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 461.
Artículo 683.- Podrá apremiarse a los expertos, cuando no llenen su encargo en
el término prefijado, con multas de quinientos bolívares por cada día de retraso.
El importe total de las multas se descontará de lo que debe abonárseles por su
trabajo.

242
Artículo 684.- Si el demandante aceptare la cuenta presentada por el demandado,
se dará por terminado el juicio y se procederá como en ejecución de sentencia.
Presentada la cuenta formada por los expertos, las partes formularán sus
observaciones dentro de los quince días siguientes. Si se hicieren observaciones
sobre el orden de la cuenta se pasarán a los expertos para su informe y reforma
de la cuenta si se encontraren exactas las observaciones, lo que harán dentro de
los quince días siguientes; pero si éstas recayeren sobre la legitimidad de las
partidas o sobre cualquiera otra cosa de que deba responder el demandado, este
deberá contestarlas también.
Si el demandado no contestare las observaciones formuladas por el demandante,
se tendrán por admitidas.
Si los expertos no dieren su contestación en el plazo fijado, se les apremiará con
multas conforme al Artículo 683.
Artículo 685.- Puesto en este estado el negocio, el Juez procederá a sentenciarlo
dentro de los quince días siguientes; pero si alguna de las partes manifestare
necesidad de promover prueba, el Juez concederá el término que a la cuantía del
negocio corresponda, según este Código.
Artículo 686.- El Juez resolverá sobre todas las dudas y observaciones que se
hubieren presentado, aun cuando nada se hubiere contestado sobre ellas.
Artículo 687.- Cuando la parte obligada a rendir cuentas no cumpla con el deber
de presentar los libros, instrumentos, comprobantes y papeles necesarios para
formarlas, se procederá, conforme a lo previsto en el Artículo 436 de este Código.
Los terceros en cuyo poder se encuentren documentos necesarios para la
formación de la cuenta estarán obligados a exhibirlos de conformidad con lo
previsto en el Artículo 437. Cuando se trate de oficinas públicas, bancos,
asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares,
se atenderá a lo dispuesto en el Artículo 433.
Artículo 688.- Dictada la sentencia, se admitirán los recursos legales, y la causa
seguirá en las demás instancias, conforme a las reglas establecidas para el
procedimiento ordinario.
Artículo 689.- Aprobadas las cuentas, no hay lugar a la revisión de ellas, salvo a
las partes, caso de errores, omisiones, falsedades o duplicación de partidas, el
derecho, de proponer por separado sus demandas.
TITULO III
DE LOS JUICIOS SOBRE LA PROPIEDAD Y LA POSESION
CAPITULO I
Del juicio declarativo de prescripción
Artículo 690.- Cuando se pretenda la declaración de propiedad por prescripción
adquisitiva según la ley, o la declaración de cualquier otro derecho real susceptible

243
de prescripción adquisitiva, el interesado presentara demanda en forma ante el
Juez de Primera Instancia en lo Civil del lugar de situación del inmueble, la cual se
sustanciará y resolverá con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo.
Artículo 691.- La demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas
que aparezcan en la respectiva Oficina de Registro como propietarias o titulares
de cualquier derecho real sobre el inmueble. Con la demanda deberá presentarse
una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio
de tales personas, y copia certificada del título respectivo.
Artículo 692.- Admitida la demanda se ordenará la citación de los demandados en
la forma prevista en el Capítulo IV, Título IV, Libro Primero de este Código, y la
publicación de un edicto emplazando para el juicio a todas aquellas personas que
se crean con derechos sobre el inmueble, quienes deberán comparecer dentro de
los quince días siguientes a la última publicación. El edicto se fijará y publicará en
la forma prevista en el Artículo 231 de este Código, una vez que esté realizada la
citación de los demandados principales.
Artículo 693.- La contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los veinte
días siguientes a la citación del demandado, o del último de los demandados, si
fueren varios. Tanto para la contestación, como para los trámites siguientes, se
observarán las reglas del procedimiento ordinario.
Artículo 694.- Las personas que concurran al proceso en virtud del edicto,
tomarán la causa en el estado en que se encuentre, y pueden hacer valer todos
los medios de ataque o de defensa admisibles en tal estado de la causa.
Artículo 695.- Para ser admitida en la causa, la persona que concurra en virtud
del edicto deberá acompañar prueba fehaciente del derecho que invoque sobre el
inmueble.
Artículo 696.- La sentencia firme y ejecutoriada que declare con lugar la
demanda, se protocolizará en la respectiva Oficina de Registro, y producirá los
efectos que indica el ordinal 2°del artículo 507 d el Código Civil.
CAPITULO II
De los interdictos
SECCION 1ª
De los interdictos en general
Artículo 697.- El conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la
jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
Artículo 698.- Es Juez competente para conocer de los interdictos el que ejerza la
jurisdicción ordinaria en Primera Instancia en el lugar donde esté situada la cosa

244
objeto de ellos; respecto de la posesión hereditaria lo es el de la jurisdicción del
lugar donde se haya abierto la sucesión
SECCION 2ª
De los interdictos posesorios
Artículo 699.- En el caso del artículo 783 del Código Civil el interesado
demostrará al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la
prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una
garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda
causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de
la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren
el cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario.
El Juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía.
Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el Juez
solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión, si a
su juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor
del querellante. Los gastos del deposito serán por cuenta de la parte que en
definitiva resultare condenada en costas.
Artículo 700.- En el caso del artículo 782 del Código Civil el interesado
demostrará ante el Juez la ocurrencia de la perturbación, y encontrando el Juez
suficiente la prueba o pruebas promovidas, decretará el amparo a la posesión del
querellante, practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el
cumplimiento de su Decreto.
Artículo 701.- Practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que
aseguren el amparo, según el caso, el Juez ordenará la citación del querellado, y
practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por diez días. Concluido dicho
lapso las partes presentarán dentro de los tres días siguientes, los alegatos que
consideren convenientes, y el Juez, dentro de los ocho días siguientes dictará la
sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el
Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. El Juez
será responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la
sentencia prevista en este artículo.
Artículo 702.- En el caso previsto en la primera parte del artículo 699, la sentencia
definitiva hará pronunciamiento expreso sobre la extinción de la garantía en caso
de que la querella fuere declarada con lugar; y en caso de que fuere declarada sin
lugar, ordenará la fijación de los daños y perjuicios mediante experticia
complementaria del fallo, y una vez fijados éstos se ejecutará la garantía como si
se tratara de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Artículo 703.- Podrá cualquier persona, haciéndose responsable de las resultas
del juicio, y dando caución o garantía de las previstas en el Artículo 590,
presentarse por el poseedor o por aquel a quien se atribuya la perturbación o el
despojo, aún sin poder, e intervenir en la articulación de que trata el Artículo 701.

245
Artículo 704.- Cuando el heredero pida la restitución de la posesión hereditaria o
el amparo de cita, comprobará previamente su calidad de heredero y, de un modo
directo, el hecho de que las cosas sobre que verse el interdicto las poseía su
causante al tiempo de morir, como suyas propias o por algún otro derecho
transmisible al heredero, o que las poseía hasta su muerte quien haya precedido
en el derecho al solicitante; y se procederá como se establece en los Artículos
anteriores.
Artículo 705.- Cuando el Juez no considere suficiente la prueba producida por el
heredero, mandará a ampliarla, indicando el defecto. El heredero, en este caso,
podrá apelar, si no creyere conforme la determinación e interpuesto el recurso, se
practicará lo que queda establecido en este Código para la apelación de la
sentencia definitiva.
Artículo 706.- En todo caso, aquellos contra quienes obren los decretos de
interdictos tendrán derecho a ser oídos en juicio ordinario; pero el despojador no
podrá reclamar el perjuicio que haya sufrido por la restitución decretada por el
Juez.
Artículo 707.- Si dos o más personas pidieren a la vez la posesión de alguna cosa
o pretendieren ser amparados en la posesión con los recaudos del caso, el Juez
dará la posesión o amparará en ella a la que apareciere haber probado mejor su
derecho a invocar la protección posesoria.
Si hubiere duda de tal naturaleza que no pudiere el Juez resolver en justicia, podrá
mandar a ampliar las pruebas presentadas, fijando los puntos que deban
esclarecerse. Cuando a juicio del Juez, no bastare la ampliación, podrá, si se
tratare de cosa embargable, acordar su depósito en poder de uno de los
solicitantes, si el otro consintiere, o del que diere mayor garantía de conservarla
sin alteración ni menoscabo, con la carga de rendir cuenta, si fuere productiva o
en el último caso, en poder de un tercero que tenga las condiciones para ser
depositario.
Si la cosa sobre que versare el interdicto fuere una servidumbre de acueducto, de
cloacas o desagüe u otros derechos incorporales, el Juez hará o mandará
practicar inspección judicial, con asistencia de prácticos inteligentes en la materia,
para examinar si alguno de los fundos, o ambos, quedan expuestos a ruina o
graves perjuicios, según las pretensiones de las partes y dictará las medidas
conducentes a evitar aquellos daños, las cuales deberán cumplirse hasta la
resolución definitiva del interdicto.
Ejecutado el decreto, del Juez, en los casos que quedan previstos, se entenderá
abierta la articulación de que trata el artículo 701 y el juicio interdictal continuará
su curso legal.
Artículo 708.- En la sentencia definitiva se hará pronunciamiento expreso sobre
las costas y se condenará en éstas siempre a quien resulte perturbador o
despojador.

246
Pero si la querella fuere declarada sin lugar, las costas las pagará el querellante,
quien deberá cumplir, en todo caso, con lo dispuesto en el artículo 38 de este
Código.
Artículo 709.- Después de pasado el año fijado para intentar los interdictos, no
podrá pedirse la restitución o el amparo sino por el procedimiento ordinario; pero si
se hubiese hecho uso de la fuerza contra el poseedor, dicho lapso no comenzará
a contarse mientras no haya cesado la violencia.
Artículo 710.- Cuando en el procedimiento ordinario se pruebe la falsedad de los
fundamentos alegados por el querellante para la restitución o el amparo, se le
condenará a satisfacer todos los perjuicios que por esta causa sufriere la parte
contraria, inclusive las costas que ésta hubiere pagado por el interdicto.
Artículo 711.- El Juez que privare a alguien de su posesión sin las formalidades
que previene esta Ley, será responsable de todos los perjuicios.
SECCION 3°
De los interdictos prohibitivos
Artículo 712.- Es competente para conocer de los interdictos prohibitivos el Juez
de Distrito o Departamento del lugar donde esté situada la cosa cuya protección
posesoria se solicita, a menos que hubiese en la localidad un Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil, en cuyo caso corresponderá a éste el conocimiento del
asunto.
Artículo 713.- En los casos del artículo 785 del Código Civil, el querellante hará la
denuncia ante el Juez competente, expresando el perjuicio que teme, la
descripción de las circunstancias de hecho atinentes al caso, y producirá junto con
su querella el título que invoca para solicitar la protección posesoria. El Juez en el
menor tiempo posible, examinará cuidadosamente si se han llenado dichos
extremos, se trasladara al lugar indicado en la querella, y asistido por un
profesional experto, resolverá sin audiencia de la otra parte, sobre la prohibición
de continuar la obra nueva, o permitirla.
Artículo 714.- Si el Juez prohibiere la continuación de la obra nueva, total o
parcialmente, dictará las medidas que considere necesarias para hacer efectivo el
decreto y exigirá las garantías oportunas al querellante conforme al artículo 785
del Código Civil para asegurar al querellado el resarcimiento del daño que la
suspensión de la obra le pueda producir y que resulten demostrados en el
procedimiento ordinario a que se refiere el Artículo 716.
Las obras realizadas en contravención a la orden del Tribunal, serán destruidas
por cuenta del dueño y los respectivos gastos serán abonados por éste. A falta de
pago, se procederá como se indica en el artículo 527.
De la resolución del Juez prohibiendo la continuación de la obra, se oirá apelación
al querellado en un solo efecto y de la resolución que permita su continuación, se
oirá apelación al querellante en ambos efectos.

247
Artículo 715.- Prohibida la continuación de la obra total o parcialmente, el
querellado puede pedir al Tribunal que lo autorice para continuarla. En este caso,
el Juez mandará a practicar una experticia, a costa del querellado, y con el
dictamen favorable de estos expertos, podrá autorizarse la continuación de la
obra, previo el cumplimiento de las recomendaciones y medidas de seguridad que
hayan indicado los expertos, las cuales determinará el Tribunal circunstanciada y
explícitamente en el auto respectivo.
El Tribunal exigirá al querellado las garantías oportunas para asegurar al
querellante el resarcimiento del daño que la continuación de la obra le pueda
producir, y que resulten demostrados en el procedimiento ordinario a que se
refiere el artículo siguiente.
Artículo 716.- En lo sucesivo, toda reclamación entre las partes se ventilará por el
procedimiento ordinario. La demanda deberá proponerse dentro del año siguiente
a la terminación de la obra nueva, o dentro del año siguiente al Decreto que
hubiere ordenado la suspensión total o parcial de la obra.
Consumada la caducidad, quedarán extinguidas las garantías constituidas en el
interdicto.
Artículo 717.- En los casos del artículo 786 del Código Civil, se procederá en la
forma prevista en el artículo 713 de este Código, y el Juez resolverá según las
circunstancias, sobre las medidas conducentes a evitar el peligro, o que se intime
al querellado la constitución de una garantía suficiente para responder de los
daños posibles, de acuerdo a lo pedido por el querellante.
Artículo 718.- De la resolución del Juez, cualquiera que ella sea, se oirá apelación
en un solo efecto.
Artículo 719.- En lo sucesivo, toda reclamación entre las partes se ventilará por el
CAPITULO III
Del deslinde de propiedades contiguas
Artículo 720.- El deslinde judicial se promoverá por solicitud en la cual deberán
cumplirse los requisitos del artículo 340 e indicarse los puntos por donde a juicio
del solicitante deba pasar la línea divisoria. Deberán acompañarse los títulos de
propiedad del solicitante o medios probatorios tendientes a suplirlos. Podrán
también acompañarse cualesquiera otros documentos que puedan servir para el
esclarecimiento de los linderos.
Artículo 721.- La solicitud de deslinde se presentará ante el Tribunal de Distrito o
Departamento en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los terrenos cuyo
deslinde se solicita, pero si abarcaren dos o más Distritos o Departamentos podrá
solicitarse el deslinde ante cualesquiera de los Tribunales correspondientes. Si

248
ocurrieren peticiones simultáneas, la competencia se determinará por la
prevención.
Artículo 722.- El Tribunal emplazará a las partes para que concurran a la
operación del deslinde en el lugar, día y hora que fijará para uno de los cinco días
siguientes, a la última citación que se practique.
Artículo 723.- Constituido el Tribunal en el lugar señalado para la operación de
deslinde, oirá las exposiciones de las partes a quienes se hubiere pedido el
deslinde, quienes presentarán los títulos a que se refiere el artículo 720, e
indicarán por donde a su juicio deba pasar la línea divisoria.
El Tribunal procederá inmediatamente a fijar en el terreno los puntos que
determinen el lindero, con el auxilio de prácticos si fuere necesario. Si el lindero
así fijado no fuere aceptado por las partes, tendrá la condición de lindero
provisional.
Sólo en este acto las partes podrán expresar su disconformidad con el lindero
provisional, señalando los puntos en que discrepen de él y las razones en que
fundamenten sus discrepancias.
Al colindante a quien se pruebe haber traspasado o alterado el lindero provisional
se le impondrá una indemnización de quinientos a dos mil bolívares en beneficio
de la otra parte, y quedará sujeto a responder de los perjuicios que hubiere
ocasionado.
Artículo 724.- Si no hubiere oposición al lindero provisional éste quedará firme, y
el Tribunal así lo declarará en auto expreso en el cual ordenará que se expida a
las partes copia certificada del acta de la operación de deslinde y del auto que
declare firme el lindero provisional a fin de que se protocolice en la Oficina
Subalterna de Registro correspondiente y se estampen las respectivas notas
marginales en los títulos de cada colindante.
Artículo 725.- La fijación de lindero provisional es inapelable, pero si se hubiese
formulado la oposición a que se refiere la segunda parte del artículo 723, se
pasarán los autos al Juez de Primera Instancia en lo Civil ante quien continuará la
causa por el procedimiento ordinario, entendiéndose abierta a pruebas al día
siguiente del recibo del expediente.
TITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE FAMILIA Y
AL ESTADO DE LAS PERSONAS
CAPITULO I
De la Oposición al Nombramiento de Tutor, Protutor y Miembros del Consejo
de Tutela
Artículo 726.- En casos de oposición al nombramiento de tutor o protutor y
miembros del Consejo de Tutela, el Juez notificará al Procurador de Menores para
que sostenga los intereses del menor o entredicho y fijará día para oír al opositor,

249
a la otra parte y al Procurador de Menores. Si se tratare de un entredicho mayor
de edad, el Juez designará un defensor que sostenga sus intereses.
Artículo 727.- El asunto se tramitará y se decidirá por los trámites del
procedimiento breve.
Artículo 728.- Terminada la sustanciación, se consultará al Consejo de Tutela, si
lo hubiere, o al que en caso contrario se nombrare. También se nombrará un
Consejo de Tutela ad hoc, o se sustituirá en la misma forma alguno o algunos de
sus miembros, cuando tengan interés en la oposición sobre la cual haya de versar
la consulta.
Artículo 729.- Contra la sentencia se oirá apelación libremente.
Artículo 730.- Las disposiciones contenidas en la Ley Tutelar de Menores, se
aplicarán con preferencia las del presente Título.
CAPITULO II
De la remoción de los tutores, curadores, protutores y miembros del consejo
de tutela
Artículo 731.- Cuando se pidiere la remoción de tutor, protutor, curador o miembro
del Consejo de Tutela, deberá presentarse escrito formal en el cual se expresen
los motivos de la solicitud, y se dará al asunto el curso del procedimiento ordinario.
No se admitirá la acción si no se fundare en alguna de las causales expresadas en
el Código Civil.
Artículo 732.- Cuando el Tribunal procediere de oficio en las causas sobre
remoción, notificará al Ministerio Público de conformidad con lo previsto, en el
artículo 132, para que intervenga en el asunto. En los demás casos, podrá hacer
la notificación si lo creyere conveniente.
CAPITULO III
De la interdicción e inhabilitación
Artículo 733.- Luego que se haya promovido la interdicción, o que haya llegado a
noticia del Juez que en alguna persona concurrieren circunstancias que puedan
dar lugar a ella, el Juez abrirá el proceso respectivo y procederá a una
averiguación sumaria sobre los hechos imputados; nombrará por lo menos dos
facultativos para que examinen al notado de demencia y emitan juicio, y practicará
lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil y lo demás que juzgue necesario
para formar concepto.
Artículo 734.- Si de la averiguación sumaria resultaren datos suficientes de la
demencia imputada, el Juez ordenará seguir formalmente el proceso por los
trámites del juicio ordinario; decretará la interdicción provisional y nombrará tutor
interino, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil.

250
Por el hecho mismo de haberse decretado la interdicción provisional, quedará la
causa abierta a pruebas, instruyéndose las que promuevan el indiciado de
demencia o su tutor interino; la otra parte, si la hubiere, y las que el Juez
promueva de oficio.
Además, en cualquier estado del proceso el Juez podrá admitir y aun acordar de
oficio la evacuación de cualquiera otra prueba, cuando considere que puede
contribuir a precisar la verdadera condición del indiciado de demencia.
Artículo 735.- El Juez que ejerza la jurisdicción especial de los asuntos de familia
y, en su defecto, el de primera instancia que ejerza la plena jurisdicción ordinaria,
es el competente en estos juicios, pero los de Departamento o de Distrito o los de
Parroquia o Municipio pueden practicar las diligencias sumariales y remitirlas a
aquél, sin decretar la formación del proceso ni la interdicción provisional.
Artículo 736.- Las sentencias dictadas en estos procesos se consultarán con el
Superior.
Artículo 737.- La declaratoria de no haber lugar a la interdicción no impedirá que
pueda abrirse nuevo procedimiento, si se presentaren nuevos hechos.
Artículo 738.- Las actas del interrogatorio que deban dirigirse al indiciado de
demencia, según lo dispuesto en el Código Civil, expresarán siempre las
preguntas hechas y las respuestas dadas.
Artículo 739.- La revocatoria de la interdicción se decretará por el Juez que
conoció de la causa en primera instancia, a solicitud de las mismas personas que
pueden promover el juicio, o de oficio. A tal fin se abrirá una articulación probatoria
por el lapso que fije el Juez, y la decisión se consultará con el Superior.
Artículo 740.- En la inhabilitación se seguirá el mismo procedimiento que para la
interdicción, salvo que no podrá procederse de oficio ni podrá decretarse
inhabilitación provisional.
Cuando el Juez no encontrare mérito suficiente para decretar la interdicción, en los
casos en que ésta fuera tramitada a instancia de parte, podrá decretar la
inhabilitación si a su juicio hubiere motivo para ello.
Artículo 741.- La revocatoria de la inhabilitación se tramitará conforme a lo
previsto en el Artículo 739.
CAPITULO IV
De la privación de la Patria Potestad
Artículo 742.- Cuando se pretenda la privación de la patria potestad, la
controversia se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario.

251
Artículo 743.- Si se presentare un medio de prueba que constituya presunción
grave de la causal invocada por el demandante, el Juez podrá decretar las
medidas que considere necesarias para garantizar la protección del menor
mientras dure el juicio.
Artículo 744.- Quien hubiere sido privado de la Patria Potestad, podrá solicitar su
rehabilitación pasado que sea un año de la sentencia firme que la decretó. La
solicitud se formulará ante el propio Juez de la causa en primera instancia, y la
decisión se consultará con el Superior.
Artículo 745.- A los fines del artículo anterior, el Juez abrirá una articulación
probatoria por el lapso que fijará en cada caso para la instrucción de las
correspondientes pruebas, y podrá oír al menor, si lo encuentra conveniente.
Artículo 746.- En el caso a que se refiere el artículo 275 del Código Civil, se
seguirán los trámites del procedimiento breve, pero el Juez podrá nombrar un
curador provisional si las circunstancias lo exigieren.
CAPITULO V
Del juicio de alimentos
Artículo 747.- Siempre que conste de modo auténtico la cualidad del acreedor y
del deudor de la obligación alimentaria. En virtud de la cual pretenda el
demandante tener derecho a los alimentos, la respectiva demanda se sustanciará
y decidirá por los trámites del procedimiento breve previsto en el Título XII, Libro
Cuarto de este Código; salvo lo que dispongan leyes especiales.
Artículo 748.- Por solicitud del demandante, y con base en los elementos y
pruebas que le sean presentados, el Juez podrá hacer una estimación provisional
de la cantidad necesaria que el demandado deberá entregar al demandante
mensualmente, quincenalmente, o semanalmente, según se determine. Dicha
estimación será apelable en un solo efecto.
Artículo 749.- A los fines del artículo anterior, el Juez dictará las medidas
siguientes:
1º Ordenar al deudor de sueldos, salarios, pensiones, u otras
remuneraciones o rentas del demandado que retengan la cantidad fijada y
la entrega a la persona indicada.
2º Ejecutar sobre los bienes del demandado cualesquiera medidas que
considere necesarias para asegurar con ellas la entrega de la cantidad
fijada.
Artículo 750.- Es competente para conocer de este procedimiento el Juez de
Primera Instancia en lo Civil del domicilio del demandante, o el del demandado, a
elección de aquél.

252
Artículo 751.- Cuando la cualidad del acreedor y del deudor de la obligación
alimentaria no consta de modo auténtico, la demanda se sustanciará y decidirá por
las reglas del procedimiento ordinario.
CAPITULO VI
De la anulación del matrimonio
Artículo 752.- Los juicios sobre nulidad del matrimonio se sustanciarán y decidirán
por los trámites del procedimiento ordinario, con intervención del Ministerio
Público, de acuerdo a lo previsto en el Título II, del Libro Primero de este Código.
Artículo 753.- La sentencia que se dicte en este juicio, siempre que declare con
lugar la demanda, se consultará con cl Superior.
CAPITULO VII
Del divorcio y de la separación de cuerpos
Artículo 754.- Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de
separación de cuerpos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia,
en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar
donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su
estado.
Artículo 755.- El Tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o de
separación de cuerpos que no esté fundada en alguna de las causales
establecidas en el Código Civil.
Artículo 756.- Admitida la demanda de divorcio o de separación de cuerpos, el
Juez emplazará a ambas partes para un acto conciliatorio en el cual las excitará a
reconciliarse, haciéndoles al efecto las reflexiones conducentes. Este acto tendrá
lugar pasados que sean cuarenta y cinco días después de la citación del
demandado, a la hora que fije el Tribunal. A dicho acto comparecerán las partes
personalmente y podrán hacerse acompañar de parientes o amigos, en número no
mayor de dos por cada parte. La falta de comparecencia del demandante a este
acto será causa de extinción del proceso.
Artículo 757.- Si no se lograre la reconciliación en dicho acto, se emplazará a las
partes para un segundo acto conciliatorio, pasados que sean cuarenta y cinco días
del anterior, a la hora que fije el Tribunal. Para este acto se observarán los mismos
requisitos establecidos en el artículo anterior.
Si tampoco se lograre la reconciliación en este acto, el demandante deberá
manifestar si insiste en continuar con su demanda, sin lo cual la demanda se
tendrá por desistida. Si el demandante insiste en continuar con la demanda, las
partes quedarán emplazadas para el acto de la contestación en el quinto día
siguiente.

253
Artículo 758.- La falta de comparecencia del demandante al acto de contestación
de la demanda causará la extinción del proceso y la del demandado se estimará
como contradicción de la demanda en todas sus partes.
Artículo 759.- Contestada la demanda, o dada por contradicha de acuerdo con el
artículo anterior, la causa continuará por todos los trámites del procedimiento
ordinario.
Si hubiere reconvención, el Juez emplazará a las partes para su contestación en el
término legal, y una vez contestada, la causa quedará abierta a pruebas, sin que
haya lugar a nuevos actos conciliatorios. La falta de comparecencia de las partes
a la contestación, producirá los efectos señalados en el artículo anterior.
Artículo 760.- Si en los juicios de divorcio o de separación de cuerpos, fundados
en la causal quinta del artículo 185 del Código Civil, se presentare copia auténtica
de la sentencia firme de condenación a presidio, el Juez declarará que no hay
lugar a pruebas por ser el punto de mero derecho, y procederá a sentenciar la
causa en el lapso legal.
Artículo 761.- Contra las determinaciones dictadas por el Juez en virtud de lo
dispuesto en el artículo 191 del Código Civil, no se oirá apelación sino en un solo
efecto. El Juez dictará todas las medidas conducentes para hacer cumplir las
medidas preventivas contempladas en este Código.
Las medidas decretadas y ejecutadas sobre los bienes de la comunidad conyugal
no se suspenderán después de declarado el divorcio o la separación de cuerpos,
sino por acuerdo de las partes o por haber quedado liquidada la comunidad de
bienes.
CAPITULO VIII
De la separación de cuerpos por mutuo consentimiento
Artículo 762.- Cuando los cónyuges pretendan la separación de cuerpos por
mutuo consentimiento, presentarán personalmente la respectiva manifestación
ante el Juez que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar del
domicilio conyugal.
En dicha manifestación los cónyuges indicarán:
1° Lo que resuelvan acerca de la situación, la educ ación, el cuidado y la
manutención de los hijos.
2° Si optan por la separación de bienes.
3° La pensión de alimentos que se señalare.
Parágrafo Primero: Presentado el escrito de separación, el Juez, previo examen
de sus términos, decretará en el mismo acto la separación de los cónyuges,
respetando las resoluciones acordadas, salvo que sean contrarias al orden público
o las buenas costumbres.
Parágrafo Segundo: La falta de manifestación acerca de la separación de bienes
no impedirá a los cónyuges optar por ella posteriormente, dentro del lapso de la
separación.

254
Artículo 763.- Durante el lapso de la separación, el Juez podrá dictar las
disposiciones a que se refiere el artículo 191 del Código Civil, cuando las
circunstancias así lo aconsejen según las pruebas que aparezcan de autos.
Artículo 764.- Contra las determinaciones dictadas por el Juez conforme al
artículo anterior, se oirá apelación en ambos efectos.
Artículo 765.- La sentencia de conversión de la separación de cuerpos en
divorcio, respetará los acuerdos de los cónyuges relativos a los hijos, sin perjuicio
de poder resolver otra cosa cuando de los autos aparezcan elementos de prueba
que aconsejen tomar las medidas y resoluciones a que se refiere el artículo 192
del Código Civil.
Si se alegare la reconciliación por alguno de los cónyuges, la incidencia se
resolverá conforme a lo establecido en el artículo 607 de este Código.
CAPITULO IX
De la oposición o suspensión del matrimonio
Artículo 766.- Luego que el Juez de Primera Instancia reciba el expediente de
oposición al matrimonio, citará a las partes para que concurran al tercer día al acto
de contestación, procediéndose en todo lo demás por los trámites del
procedimiento breve.
Artículo 767.- Cuando el Juez de Primera Instancia reciba el expediente sobre la
celebración del matrimonio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 del código
Civil, declarará si debe continuar o no en suspensión la celebración. En el primer
caso procederá de la manera establecida en el artículo anterior, respecto de la
parte a quien se refiera la suspensión; y en el segundo, devolverá el expediente
para que se proceda a la celebración del matrimonio.
De la misma manera se procederá cuando el funcionario que deba presenciar el
matrimonio lo hubiere suspendido por impedimento, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 79 del Código Civil.
CAPITULO X
De la rectificación y nuevos actos del estado civil
Artículo 768.- La rectificación de las partidas y el establecimiento de nuevos actos
del estado civil de las personas, se llevará a cabo por los trámites establecidos en
este Capítulo.
Artículo 769.- Quien pretenda la rectificación de alguna partida de los registros del
estado civil, o el establecimiento de algún cambio permitido por la ley, deberá
presentar solicitud escrita ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil a quien
corresponda el examen de los libros respectivos según el Código Civil, expresado
en ella cuál es la partida cuya rectificación pretende, o el cambio de su nombre o
de algún otro elemento permitido por la ley.

255
En el primer caso, presentará copia certificada de la partida, indicando claramente
la rectificación solicitada y el fundamento de ésta. En el segundo caso, además de
la presentación de la partida, el solicitante indicará el cambio del elemento que
pretende. En ambos casos, se indicará en la solicitud las personas contra quienes
pueda obrar la rectificación o el cambio, o que tengan interés en ello, y su
domicilio y residencia.
Artículo 770.- Una vez que reciba la solicitud, pero antes de admitirla, el Juez la
examinará cuidadosamente para ver si llena los extremos requeridos en el Código
Civil y en este Capítulo y si encontrare llenos los extremos de ley, ordenará el
emplazamiento para el décimo día después de la última citación que se practique
de las personas mencionadas en la solicitud, contra quienes pueda obrar la
rectificación o el cambio, previa publicación de un cartel en un diario de los de
mayor circulación de la capital de la República, emplazando para este acto a
cuantas personas puedan ver afectados sus derechos. En cualquier caso de
oposición, ésta se sustanciará por los trámites del procedimiento ordinario con
citación del Ministerio Público, entendiéndose que la oposición formulada equivale
a la contestación de la demanda.
Artículo 771.- Si las personas contra quienes obre la solicitud de rectificación o
cambio y los terceros interesados no formularen oposición alguna la causa
quedará abierta a pruebas, por diez días, previa citación del Ministerio Público,
durante los cuales la parte interesada evacuará las que considere convenientes en
apoyo de su solicitud. En esta articulación el Juez podrá mandar a evacuar de
oficio las pruebas que considere necesarias, igualmente podrá promoverlas el
Ministerio Público.
Artículo 772.- Concluido el período probatorio establecido en el artículo anterior,
el Juez procederá a dictar sentencia declarando con lugar o sin lugar la
rectificación o el cambio solicitado. Esta sentencia se cumplirá sin lugar a
apelación. En el caso que haya habido oposición, la sentencia será apelable y
recurrible en casación, conforme a las reglas generales.
Artículo 773.- En los casos de errores materiales cometidos en las actas del
Registro Civil, tales como cambio de letras, palabras mal escritas o escritas con
errores ortográficos, transcripción errónea de apellidos, traducciones de nombres,
y otros semejantes, el procedimiento se reducirá a demostrar ante el Juez la
existencia del error, por los medios de prueba admisibles y el Juez con
conocimiento de causa resolverá lo que considere conveniente.
Artículo 774.- Declarada con lugar la rectificación o el cambio, la sentencia
ejecutoriada se insertará íntegra en los Registros del estado civil, sin hacer
alteración de la partida rectificada, poniendo a su margen la nota a que se refiere
el artículo 502 del Código Civil.
En los casos de rectificación de un acta del estado civil, de la cual se hayan
derivado errores en actas posteriores que dependan de ella, será suficiente para la
corrección de estos últimos, la notificación que haga el Juez al funcionario

256
respectivo a fin de que estampe la nota marginal que prevé el artículo 502 del
Código Civil.
TITULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS SUCESIONES
HEREDITARIAS
CAPITULO I
De las oposiciones a la partición o a los pagos
Artículo 775.- Si algún acreedor de la herencia hiciere oposición a que se lleve a
cabo la partición, o a que se paguen los legados, mientras no se le satisfaga su
acreencia, el Tribunal ordenará la citación de los herederos y la de los legatarios,
si a ellos se refiere la oposición, para que den su contestación en el quinto día
siguiente; y si hubiere lugar a juicio, se sustanciará y decidirá conforme al
procedimiento que corresponda por razón de la cuantía.
No habrá lugar a la oposición si los herederos o legatarios dieren caución real o
personal suficiente para asegurar el pago de la acreencia.
Artículo 776.- Si la oposición del acreedor fuere a que se hagan pagos a otros
acreedores, sin que precede graduación, el Tribunal convocará por carteles a los
acreedores de la herencia, para que concurran a deducir sus derechos en el
término de quince días; y se seguirán en todo las disposiciones del título de
concurso necesario de acreedores.
Los carteles se publicarán dos veces por lo menos, en un término de diez días, en
un periódico de los de mayor circulación en la República.
CAPITULO II
De la partición
Artículo 777.- La demanda de partición o división de bienes comunes se
promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará
especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y
la proporción en que deben dividirse los bienes.
Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros
condóminos, ordenará de oficio su citación.
Artículo 778.- En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición,
ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere
apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el
Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día
siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de
haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los
interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor
será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y
de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento.

257
Artículo 779.- En cualquier estado de la causa podrán las partes solicitar
cualquiera de las medidas preventivas a que se refiere el Libro Tercero de este
Código, incluyendo la medida de secuestro establecida en el artículo 599. El
depositario podrá ser nombrado por mayoría por los interesados, y a falta de
acuerdo lo hará el Tribunal.
Artículo 780.- La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o
algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento
ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo
condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes
para el nombramiento del partidor.
Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y
decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que
embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del
partidor.
Artículo 781.- A solicitud del partidor el Tribunal podrá solicitar de los interesados
los títulos y demás documentos que juzgue necesarios para cumplir son su misión
y realizar a costa de los interesados cuantos trabajos sean imprescindibles para
llevar a cabo la partición, como levantamientos topográficos, peritajes y otros
semejantes, previa autorización del Juez, oída la opinión de las partes. El Juez
fijará el término en que el partidor nombrado deba desempeñar su encargo, el cual
no podrá prorrogarse sino por una vez.
Artículo 782.- Puede apremiarse al partidor al cumplimiento de su deber en los
mismos términos que a los peritos en los juicios de cuentas.
Artículo 783.- En la partición se expresarán los nombres de las personas cuyos
bienes se dividen y de los interesados entre quienes se distribuyen, se
especificarán los bienes y sus respectivos valores, se rebajarán las deudas; se
fijará el líquido partible, se designará el haber de cada partícipe y se le adjudicará
en pago bienes suficientes para cubrirlo en la forma más conveniente, siguiendo a
tal efecto las previsiones del Código Civil.
Artículo 784.- El partidor hará presente por escrito al Tribunal las dudas que le
ocurrieren y éste las resolverá oyendo a los interesados si lo cree necesario.
Artículo 785.- Presentada la partición al Tribunal se procederá a la revisión por los
interesados en el término de los diez días siguientes a su presentación. Si éstos
no formularen objeción alguna, la partición quedará concluida y así lo declarará el
Tribunal.
Si entre los herederos hubiese menores, entredichos o inhabilitados, será
necesaria la aprobación del Tribunal, previo un detenido examen de la partición.
Artículo 786.- Si los interesados oponen a la partición reparos leves y fundados a
juicio del Juez, mandará éste que el partidor haga las rectificaciones convenientes
y verificadas, aprobará la operación.

258
Artículo 787.- Si los reparos son graves emplazará a los interesados y al partidor
para una reunión y si en ella se llega a un acuerdo, el Juez aprobará la partición
con las rectificaciones convenidas.
Si no se llega a acuerdo, el Juez decidirá sobre los reparos presentados dentro de
los diez días siguientes. De la decisión se oirá apelación en ambos efectos.
Artículo 788.- Lo dispuesto en este Capítulo no coarta el derecho que tienen los
interesados para practicar amigablemente la partición; pero si entre los
interesados hubieres menores, entredichos o inhabilitados, será necesaria la
aprobación del Tribunal competente, según el Código Civil y las leyes especiales.
TITULO VI
DEL CONCURSO DE ACREEDORES
CAPITULO I
De la cesión de bienes
Artículo 789.- La cesión de bienes puede intentarse en cualquier tiempo, esté o
no demandado el solicitante y aun cuando sólo tenga un acreedor. Este beneficio
no puede renunciarse válidamente.
Artículo 790.- La cesión de bienes se ventilará por ante el Juez competente del
domicilio del solicitante y se sustanciará y decidirá conforme a las reglas previstas
en este Capítulo.
Artículo 791.- El deudor deberá acompañar su solicitud con una lista
circunstanciada de sus bienes, a excepción de los derechos meramente
personales y que por su naturaleza no puedan transmitirse a otros.
También deberá acompañarla con otra lista de todas sus deudas, expresando la
procedencia de éstas y el nombre y domicilio de los acreedores.
Sin la presentación de estos documentos no se dará curso a la solicitud.
Artículo 792.- El Juez ordenará la acumulación de los autos sobre juicios
particulares contra el deudor.
Artículo 793.- El Juez decretará igualmente el embargo y depósito de los bienes
comprendidos en la cesión, y mandará a vender en pública subasta, conforme a lo
dispuesto en los artículos 669, 670 y 671, los efectos expuestos a corrupción y los
animales cuya conservación sea gravosa. Sin embargo, vistas las circunstancias,
el Juez podrá autorizar al depositario para que efectúe la venta, previa audiencia
del solicitante, siguiéndose entonces lo dispuesto en el artículo 538. El Juez
participará al respectivo registrador, el embargo que verse sobre inmuebles, los
cuales identificará debida y completamente en el correspondiente oficio.
Artículo 794.- En el mismo decreto mandará a citar a todas las personas
comprendidas en la lista de acreedores, para que se presenten en el Tribunal en el
decimoquinto día a la hora que se designe después de citado el último, con los

259
instrumentos que justifiquen su derecho. Este decreto se publicará en dos diarios
de los de mayor circulación en la capital de la República.
Las citaciones se harán de la manera establecida en el Título IV, Libro Primero de
este Código.
Artículo 795.- El día designado se reunirán en el Tribunal los acreedores o sus
apoderados, representantes o defensores y consignarán los instrumentos que
justifiquen sus derechos, así como también los instrumentos que acrediten la
representación que ejerzan.
Artículo 796.- Cuando los acreedores o alguno de ellos se hallaren fuera del
territorio de la República, y cumplidos los requisitos que para la citación de estas
personas se establecen en el Título IV, Libro Primero de este Código, el Tribunal
podrá designarles un mismo defensor, si no tuvieren derechos opuestos. En este
caso, el defensor de los no presentes tendrá tantos votos cuantos sean los
acreedores que represente.
Artículo 797.- Si no concurriere la mayoría de los acreedores, se diferirá la
reunión para el tercer día siguiente; y los que no se hayan excusado con causa
justificada pagarán una multa de doscientos cincuenta bolívares (Bs. 250,oo) que
se les impondrá de oficio, y quedarán responsables del perjuicio que la demora
cause a los concurrentes si éstos lo reclamaren. Llegado el tercer día se reunirán
los acreedores y deliberarán cualquiera que sea el número que asista a esta
reunión, siempre que conste que a los demás se les ha citado legalmente. Los no
comparecientes, aunque podrán asistir después al procedimiento, no tendrán
derecho a reclamar contra lo que se hubiere hecho en su ausencia.
Artículo 798.- Reunidos los acreedores, el Secretario dará lectura a la solicitud y a
las listas de bienes y deudas. Luego informará sobre las disposiciones acordadas
por el Tribunal y del resultado de ellas. Los acreedores, por el orden de la lista
respectiva, producirán los instrumentos que legitimen sus créditos, y por el mismo
orden se les dará lectura por el Secretario. Inmediatamente los interesados podrán
revisar dichos instrumentos y, luego, el Juez incitará al deudor, si estuviere
presente, y a los acreedores, a que expongan cuanto crean conducente al objeto
de la solicitud del primero, y a las tachas y observaciones que tengan que hacer
sobre la legitimidad o carácter y graduación de los créditos de los demás
acreedores. El Secretario anotará las opiniones del deudor y los acreedores sobre
ambos puntos, a medida que se fueren emitiendo. Al fin, este mismo funcionario
publicará el resultado de la votación, cuáles son los créditos tachados y cuántos
votos se han reunido contra cada uno de éstos.
Artículo 799.- Si no concurriere alguno de los casos previstos en el artículo 1.938
del Código Civil, o si tratándose de alguno de los cuatro primeros casos, hubiere
unanimidad de votos en favor de la cesión, quedará ésta por el mismo hecho
admitida, y se emplazará a los acreedores discordes sobre la legitimidad de sus
créditos, para la conciliación, dentro del tercer día; pero si fuere al contrario, se
suspenderá la admisión de la cesión hasta que concluya la controversia en todas

260
sus instancias, y se emplazará para la conciliación a las partes discordes, después
de haber firmado todos, con el Juez y el Secretario, el acta que se extenderá.
Artículo 800.- Para la conciliación de los acreedores discordes, se oirá primero a
los que hayan tachado los créditos, después al deudor, si hubiere concurrido y, por
último, a los que sostengan la legitimidad de dichos créditos. Si se tratare de un
acreedor que se haya incorporado, se le oirá primero respecto de la tacha opuesta
a su crédito. El Juez procurará el avenimiento de las partes; y si no se alcanzare
éste, terminará el acto, debiéndose consignar en el acta respectiva los
fundamentos o razones alegados en pro o en contra. Si se lograre la conciliación,
se expresará ésta sola en el acta y los créditos tachados se entenderán por el
mismo hecho admitidos. En esta conciliación no se permitirá estipular condiciones
que no se establezcan en beneficio de todos los acreedores en general.
Artículo 801.- Cuando los acreedores discordes no quedaren avenidos continuará
la causa por el procedimiento ordinario.
Artículo 802.- Si los acreedores se negaren a admitir la cesión, o hubiere duda
sobre si el deudor puede hacer cesión de bienes, el Juez declarará si es legal la
cesión, concediendo antes el término para pruebas, si los interesados lo exigieren.
El Juez según las circunstancias, podrá abreviar el término ordinario de pruebas
que corresponda.
Artículo 803.- Concluida la controversia sobre calificación, los acreedores podrán
pedir nuevo depósito en persona designada por la mayoría de los concurrentes sin
necesidad de expresar causa para la remoción del depositario nombrado por el
Juez, y establecerán el orden estuvieren todos de acuerdo sobre la graduación de
dichos créditos, el Juez la hará dentro de tres días.
Artículo 804.- Concluidas todas las controversias, y si no hubiere convenio que lo
impida, celebrado con arreglo al artículo 1.946 del Código Civil, se procederá al
justiprecio de los bienes cedidos y se sacarán a remate, distribuyéndose los
fondos, bien se haya admitido o negado la cesión, con arreglo a la graduación.
Lo dispuesto en este artículo no obsta para que los acreedores hipotecarios y
prendarios ejecuten sus créditos, aun antes de terminado el juicio de cesión de
bienes.
Artículo 805.- Para las resoluciones de los acreedores que no sean de aquellas a
que se refiere el artículo 1.946 del Código Civil, bastará que la mayoría de las
personas concurran con la de los créditos, sin contarse los acreedores o
defensores de los no presentes que no hayan concurrido ni sus créditos. Si no
hubiere mayoría el Juez decidirá lo que haya de efectuarse.
Artículo 806.- Los acreedores podrán nombrar por mayoría cuando lo estimen
necesario, persona que represente al concurso, bien en asunto o puntos
determinados, bien en todos los asuntos en que tenga interés el mismo concurso.

261
CAPITULO II
Del concurso necesario
Artículo 807.- Cuando se presentaren dos o más acreedores demandando el
pago de sus créditos porque su deudor esté demandado, o cuando se presentaren
más de dos porque haya muerto o porque se haya fugado el deudor, se reunirán
sin citar a ningún otro, y procederán a la calificación de sus créditos en la forma
prevenida en el artículo 798, continuándose la causa como en el juicio de cesión
de bienes; pero en el decreto de declaratoria de concurso no se decretará el
embargo sino de bienes suficientes para cubrir los créditos que consten de un
modo auténtico, sin perjuicio de extenderlo después, si hubiere lugar a ello.
Artículo 808.- La fuga o la muerte del deudor deberá acreditarse en sus casos
para promover el concurso.
Artículo 809.- Si después de la reunión de los acreedores se presentare otro, se
le admitirá al concurso, pero sólo con derecho a participar de los fondos que no
estuvieren distribuidos, si la naturaleza de su crédito no le diere otros derechos.
Artículo 810.- Siempre que aparezca un nuevo acreedor se practicara lo
prevenido para la calificación de los créditos de concurso, y se declarará por el
Juez el lugar que debe ocupar en graduación, si estuviere hecha.
Artículo 811.- Los acreedores que ocurrieren primero tienen derecho para exigir
que continúe el juicio que hubieren promovido, y que se lleve a efecto lo que
sentenciare, dando fianza para responder al acreedor últimamente presentado de
lo que se declare a su favor en las cantidades o bienes que reciban, caso en el
cual se seguirá por separado el juicio a que diere lugar la acción de dicho
acreedor.
Artículo 812.- En esta especie de concurso será Juez competente el que conozca
de la demanda anterior que haya dado origen a la presentación de los acreedores,
si fuere el del domicilio del deudor; y en los casos de fuga o de muerte, el de la
jurisdicción del lugar donde hubiere estado domiciliado el deudor. Si éste hubiere
tenido domicilio conocido, será competente el Juez de la jurisdicción del lugar
donde se hallare la mayor parte de los bienes.
Si a causa de la acumulación la cuantía del concurso excediere de aquella de la
cual puede conocer el Tribunal, se pasará el asunto al que sea competente por
razón de la cuantía.
TITULO VII
DEL RETARDO PERJUDICIAL
Artículo 813.- La demanda por retardo perjudicial procederá cuando haya temor
fundado de que desaparezca alguna prueba del promovente.

262
Artículo 814.- Para preparar la demanda el demandante deberá instruir
justificativo ante cualquier Juez.
Artículo 815.- La demanda fundada en el temor de que desaparezcan algunos
medios de prueba del demandante, deberá expresar sus fundamentos y tendrá por
objeto solamente que se evacúe inmediatamente la prueba. Las funciones del
Tribunal se limitarán a practicar las diligencias promovidas con citación de la parte
contraria, la cual podrá repreguntar a los testigos quedando al Tribunal que venga
a conocer de la causa, la facultad de estimar si se han llenado las circunstancias
requeridas para dar por válida la prueba anticipada.
Artículo 816.- El procedimiento de retardo perjudicial no será aplicable respecto
de la prueba de confesión.
Artículo 817.- En los juicios de retardo perjudicial no se admitirá recurso de
apelación a la parte contra quien se promuevan.
Artículo 818.- El Juez competente para conocer de estas demandas será el de
Primera Instancia del domicilio del demandado, o el que haya de serlo para
conocer del juicio en el cual se harán valer las pruebas a elección del
demandante.
TITULO VIII
DE LA OFERTA Y DEL DEPÓSITO
Artículo 819.- La oferta real se hará por intermedio de cualquier Juez territorial del
lugar convenido para el pago y cuando no haya convención especial respecto del
lugar del pago, en el domicilio o residencia del acreedor o en el lugar escogido
para la ejecución del contrato. El escrito de la oferta deberá contener:
1° El nombre, apellido y domicilio del acreedor.
2º La descripción de la obligación que origina la oferta y la causa o razón del
ofrecimiento.
3° La especificación de las cosas que se ofrezcan.
Artículo 820.- El deudor u oferente pondrá a la disposición del Tribunal para que
las ofrezca al acreedor, las cosas que le ofrece. En el caso de tratarse de
cantidades de dinero la entrega podrá suplirse con la certificación del depósito
hecho a favor del Tribunal en un banco de la localidad.
Artículo 821.- El Tribunal se trasladará al lugar donde deba hacerse la oferta y
entregará las cosas al acreedor que sea capaz de exigir o a aquel que tenga
facultad de recibir por él.
Del ofrecimiento se levantará un acta que contendrá:
1º La indicación de la hora, día, mes, año y lugar en que se ha hecho la
oferta.

263
2º El nombre, apellido y domicilio del deudor u oferente y del acreedor a
quien se ha hecho la oferta o de la persona con facultad para recibir por el
que haya recibido las cosas o se hubiere negado a recibirlas.
3º Una descripción exacta de las cosas, valores o dinero ofrecido.
4º La respuesta del acreedor, su aceptación o negativa a recibir la oferta y
las razones por las cuales se niega a recibirla, si tal fuere el caso.
5º En caso de aceptación de la oferta, la mención del pago o de la entrega
de la cosa y en ambos casos, el otorgamiento del recibo.
6° El acta será suscrita por el Juez, el Secretario y quienes hayan
intervenido.
Artículo 822.- Cuando el acreedor no este presente en el acto, ni la persona que
tenga facultad para recibir por él, o si ésta se negare a recibir las cosas, el
Secretario dejará copia del acta levantada conforme al artículo anterior, en manos
de la persona notificada de la misión del Tribunal, haciendo saber al acreedor que
si dentro del plazo de tres días no hubiere aceptado la oferta, se procederá al
depósito de la cosa ofrecida. De esa entrega se dejará constancia en el
expediente. Si el acreedor hubiere estado presente en el acto de la oferta, se
tendrá a derecho para la secuela del procedimiento.
Artículo 823.- El tercer día siguiente a aquel en que se haya efectuado la oferta, si
el acreedor hubiere estado presente en el acto, o a aquel en que se hubiere
entregado la copia del acta a la persona por cuyo intermedio se le hizo, el Tribunal
ordenará el depósito de la cosa, valores o dinero ofrecido. Si se tratare de dinero,
el depósito se efectuará en un Banco, quien tendrá la obligación de recibirlo sin
cobrar emolumentos por su custodia; pero si el deudor u oferente presentare al
Tribunal constancia de un Banco que esté dispuesto a recibirlo mediante el pago
de intereses, el Tribunal verificará el depósito en éste. Los intereses devengados
por el dinero depositado pertenecerán a la parte a quien en definitiva el Tribunal lo
reintegre.
Artículo 824.- Inmediatamente después de haber ordenado el Tribunal el depósito
de la cosa, valores o dinero ofrecidos, ordenará la citación del acreedor para que
comparezca dentro de los tres días siguientes a su citación y a cualquier hora de
las fijadas en la tablilla a que se refiere el Artículo 192, a exponer las razones y
alegatos que considere conveniente hacer contra la validez de la oferta y del
depósito efectuados. Vencido este lapso, haya expuesto o no el acreedor las
razones y alegatos conducentes, la causa quedará abierta a pruebas por diez días
para que las partes interesadas promuevan y evacuen las que consideren
pertinentes.
Artículo 825.- Expirado el término de pruebas, el Juez decidirá sobre la
procedencia o improcedencia de la oferta y del depósito, dentro del plazo de diez
días.
Si el Juez declarare válidas la oferta y el depósito, quedará libertado el deudor
desde el día del depósito. En la condena en costas se incluirán los gastos
ocasionados por el procedimiento de oferta y depósito. En la sentencia el Tribunal

264
hará determinación expresa asignando los intereses devengados por las
cantidades de dinero que hayan sido depositadas, a quien corresponda.
Artículo 826.- Hasta el día en que se dicte la sentencia sobre validez o nulidad de
la oferta y del depósito, el deudor podrá retirar la cosa ofrecida, y el acreedor
podrá aceptarla.
En este último caso el acreedor, deberá hacer constar su aceptación en el
expediente, con lo cual quedará terminado el procedimiento, y el Juez ordenará al
depositario la entrega de la cosa ofrecida, del recibo de la cual quedará constancia
en autos.
Artículo 827.- Si durante el procedimiento sobre validez o nulidad de la oferta se
embargare la cosa ofrecida por acciones dirigidas contra el deudor o el acreedor,
el efecto de la medida quedará en suspenso hasta que se declare la validez o
nulidad del ofrecimiento.
Artículo 828.- En el caso del artículo 1.313 del Código Civil, se observarán las
reglas establecidas en dicho artículo, y en los artículos anteriores en cuanto sean
aplicables.
TITULO IX
DE LAS DEMANDAS PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE
LOS JUECES EN MATERIA CIVIL
Artículo 829.- Podrá intentarse demanda contra los Jueces, Conjueces y
Asociados de los Tribunales en los casos del presente Título, de conformidad con
las disposiciones en él contenidas.
Artículo 830.- Habrá lugar a la queja:
1º En todos los casos en que la ley declare que no queda a la parte otro
recurso sino el de queja, si se hubiere faltado a la ley.
2º Cuando el Juez o tribunal haya librado decreto ilegalmente sobre punto en
que no concede la ley apelación.
3° Por abuso de autoridad, si se atribuyen funcione s que la ley no les
confiere.
4° Por denegación de justicia, si omiten providenci as en el tiempo legal sobre
alguna solicitud hecha o niegan ilegalmente algún recurso concedido por
la ley.
5º Por cualquiera otra falta, exceso u omisión indebidas contra disposición
legal expresa de procedimiento o por infracción de ley expresa en
cualquier otro punto.
6º Por no haber el Superior reparado la falta del inferior, cuando se le
hubiere pedido en un recurso legal y no le estuviere prohibido hacerlo.

265
Artículo 831.- En todo caso, la falta debe provenir de ignorancia o negligencia
inexcusables; sin dolo, y haber causado daño o perjuicio a la parte querellante.
Las faltas que constituyeren delito previsto en el Código Penal u otra ley especial,
no podrán perseguirse sino ante el Tribunal competente en lo criminal.
Artículo 832.- Se tendrá siempre por inexcusable la negligencia o la ignorancia
cuando, aun sin intención, se hubiere dictado providencia manifiestamente
contraria a la ley expresa, o se hubiere faltado a algún trámite o solemnidad que la
ley misma mande observar bajo pena de nulidad.
Artículo 833.- La queja de que trata este Título solo podrá intentarse por la parte
perjudicada o por sus causahabientes.
Artículo 834.- No podrá entablar la queja quien, pudiendo hacerlo, no haya
reclamado oportunamente contra la sentencia, auto o providencia que haya
causado el agravio.
Artículo 835.- El término para intentar la queja será de cuatro meses, contados
desde la fecha de la sentencia, auto o providencia firme que haya recaído en la
causa y en que se funde la queja, o desde el día en que quede consumada la
omisión irremediable que haya causado el agravio.
Artículo 836.- La queja contra los Jueces de Distrito o Departamento y de
Parroquia o Municipio, se dirigirá al de Primera Instancia en lo Civil de la
Circunscripción. La que se proponga contra los Jueces de Primera Instancia, se
dirigirá al Tribunal Superior respectivo; y las que se propongan contra los Jueces
Superiores, se dirigirán a la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 837.- El libelo en que se proponga la queja deberá contener el nombre,
apellido y domicilio del actor; el nombre, apellido, domicilio o residencia del Juez
contra quien se dirija, y su calidad; la explicación del exceso o falta que le atribuya,
con indicación de los instrumentos con los cuales deberá acompañarse el libelo
para justificar la queja.
Artículo 838.- El Juez de Primera Instancia, asociado a dos conjueces abogados,
sacados por suerte de una lista de doce formada a principio de cada año; el
Tribunal Superior, con iguales asociados, y la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con su Ley Orgánica, en sus casos, declararan, dentro de cinco días de
introducida la queja, en decreto motivado, si hay o no mérito bastante para
someter a juicio al funcionario contra quien obre la queja.
Si declararen que no ha lugar, terminará todo procedimiento. En caso contrario,
pasarán inmediatamente el expediente a los llamados a sustanciar y sentenciar la
queja, según el artículo siguiente. En el primer caso podrá imponerse una multa al
querellante, que no será menor de dos mil bolívares ni mayor de cuatro mil.

266
Artículo 839.- La queja contra los Jueces de Primera Instancia, de Distrito o
Departamento y de Parroquia o de Municipio se sustanciará y decidirá por el
Tribunal Superior de la Circunscripción, con asociados; y la intentada contra los
Jueces Superiores por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con su Ley
Orgánica.
Artículo 840.- El sustanciador, al siguiente día de recibido el expediente, ordenará
que se saque copia auténtica del libelo y de la documentación que lo acompañe, y
que se pasen al acusado, previniéndole que informe sobre el asunto dentro de
diez días, más el término de distancia de ida y vuelta respecto del lugar del juicio.
El envío se hará en pliego certificado, y el recibo de éste se agregará a los autos.
Artículo 841.- Si el acusado no informare dentro del término señalado, el Tribunal
procederá en el quinto día a dictar sentencia, con las formalidades para ello
establecidas en este Código.
Artículo 842.- El Juez extenderá su informe a continuación de la copia que se le
remita, y la acompañará con los instrumentos de que se valga.
Artículo 843.- Agregado el informe a sus autos, si el punto debiere sentenciarse
como de mero derecho, o si ambas partes sólo hubieran aducido instrumentos, el
Tribunal fijará el cuarto día para proceder a sentenciar con las formalidades
legales.
Si alguna o algunas de las partes pidieren la apertura de término probatorio, el
Juez acordará el que a su juicio estime suficiente.
Artículo 844.- Si el acusado estuviere actuando en la causa en que se le atribuya
la falta, deberá inhibirse desde que reciba la orden de informar en la queja.
Artículo 845.- Concluido el término probatorio, se oirán los informes de las partes
en el plazo que fije el Juez y se sentenciarán al quinto día siguiente.
De la sentencia no se oirá apelación.
Artículo 846.- Si hubiere lugar a la queja, se condenará al acusado a resarcir al
querellante los daños y perjuicios probados en autos, derivados de la falta, y que
fueren estimables en dinero, según prudente arbitrio del Tribunal, el cual fijará su
monto.
Si la falta fuere grave, podrá además imponerse al acusado una multa de cinco mil
a diez mil bolívares.
Y si fuere gravísima se le depondrá del cargo, debiendo hacer el Tribunal las
participaciones que sean del caso.
En la sentencia condenatoria se impondrán las costas al acusado.
Artículo 847.- Si la sentencia fuere absolutoria, se impondrán las costas al
querellante; y si la queja apareciere manifiestamente infundada, se le condenará,
además, a pagar una multa de cinco mil a diez mil bolívares.

267
Artículo 848.- En la sentencia, si a juicio del Juez el motivo de queja constituye
delito, declarará improcedente la queja y pasará copia al Juez competente para
conocer del delito.
Artículo 849.- La sentencia que se dictare en el recurso de queja no afectará en
manera alguna lo juzgado en el asunto civil al cual se refiere la queja, debiendo
abstenerse el Tribunal sentenciador de mezclarse en él.
En el juicio de queja se admitirá el recurso de casación, si hubiere lugar a él, sólo
cuando no hubiere intervenido la Corte Suprema de Justicia.
TITULO X
DE LA EFICACIA DE LOS ACTOS DE AUTORIDADES EXTRANJERAS
Artículo 850.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia declarar la ejecutoria
de las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no tendrán ningún efecto,
ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutadas.
Sólo las sentencias dictadas en países donde se concede ejecución a las
sentencias firmes pronunciadas por Tribunales venezolanos, sin previa revisión en
el fondo, podrán declararse ejecutorias en la República. Tal circunstancia deberá
probarse con instrumento fehaciente.
Artículo 851.- Para que a la sentencia extranjera pueda darse fuerza ejecutoria en
Venezuela, se requiere que reúna los siguientes requisitos:
1º Que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción que le
correspondiere para conocer el negocio, según los principios generales de
la competencia procesal internacional previstos en el este Código.
2º Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el
cual ha sido pronunciada.
3° Que haya sido dictada en materia civil o mercant il o, en general, en
materia de relaciones jurídicas privadas.
4º Que el demandado haya sido debidamente citado conforme a las
disposiciones legales del Estado donde se haya seguido el juicio y de
aquel donde se haya efectuado la citación, con tiempo bastante para
comparecer y que se le hayan otorgado las garantías procesales que
aseguren una razonable posibilidad de defensa.
5° Que no choque contra sentencia firme dictada por los Tribunales
venezolanos.
6º Que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias al
orden público o al derecho público interior de la República.
Artículo 852.- La solicitud de exequátur se presentará por escrito en el cual se
exprese la persona que lo pida, su domicilio o residencia, la persona contra la cual
haya de obrar la ejecutoria, y su domicilio o residencia. La solicitud deberá
acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se
haya librado y la comprobación de los requisitos indicados en el artículo
precedente; todo en forma auténtica y legalizado por autoridad competente.

268
Artículo 853.- La persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria será citada
conforme a las disposiciones del Título IV, Capítulo IV del Libro Primero de este
Código, a fin de que conteste la solicitud dentro de los diez días siguientes a su
citación, más el término de la distancia si lo hubiere, a cualquier hora de las
indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192.
Artículo 854.- En los casos de citación por carteles, a falta de comparecencia de
la parte contra la cual haya de obrar la ejecutoria a darse por citada, la citación se
entenderá con el Defensor previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia.
Artículo 855.- En el acto de contestación deberán proponerse todas las
cuestiones y defensas acumulativamente y el asunto se decidirá como de mero
derecho, con vista de los documentos auténticos que produjeren las partes, pero
la Corte podrá de oficio, si lo considerare procedente, disponer la evacuación de
otras pruebas, en cuyo caso fijará el lapso correspondiente, según las
circunstancias.
Artículo 856.- El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en
materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo
decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo
examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en
cuanto sean aplicables.
Artículo 857.- Las providencias de Tribunales extranjeros concernientes al
examen de testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás actos de
mera instrucción que hayan de practicarse en la República, se ejecutarán con el
simple decreto del Juez de Primera Instancia que tenga competencia en el lugar
donde hayan de verificarse tales actos siempre que dichas providencias vengan
con rogatoria de la autoridad que las haya librado y legalizadas por un funcionario
diplomático o consular de la República o por vía diplomática.
Estas mismas disposiciones son aplicables a las citaciones que se hagan a
personas residentes de la República, para comparecer ante autoridades
extranjeras, y a las notificaciones de actos procedentes de país extranjero.
Artículo 858.- Para dar curso a las providencias de que trata el artículo anterior,
deberá haber persona autorizada para cubrir los gastos.
TITULO XI
DEL PROCEDIMIENTO ORAL
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 859.- Se tramitarán por el procedimiento oral las siguientes causas,
siempre que su interés calculado según el Título I del Libro Primero de este
Código, no exceda de doscientos cincuenta mil bolívares.

269
1º Las que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales
que no tengan un procedimiento especial contencioso previsto en la parte
primera del Libro Cuarto de este Código.
2º Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la
conciliación ni al arbitraje, y las demandas por accidentes de trabajo.
3º Las demandas de tránsito.
4º Las demás causas que por disposición de la ley o por convenio de los
particulares, deban tramitarse por el procedimiento oral.
Artículo 860.- En el procedimiento oral, la forma escrita de los actos sólo será
admitida en los casos expresamente contemplados en disposiciones del presente
Título y cuando deban practicarse pruebas antes del debate oral, que requieran el
levantamiento de un acta. Son aplicables supletoriamente en el procedimiento oral
las disposiciones del ordinario en todo aquello no previsto expresamente en este
Título, pero en estos casos, el Juez procurará asegurar la oralidad, brevedad,
concentración e inmediación del procedimiento oral.
En todo caso, las disposiciones y formas del procedimiento oral no pueden
renunciarse ni relajarse por convenio de las partes ni por disposición del Juez.
Artículo 861.- Para asegurar la eficacia de la audiencia y la continuidad del
debate oral en los Tribunales a los cuales se les asigne el conocimiento del
procedimiento oral, la autoridad competente designará uno o más Relatores para
la sustanciación de los procesos escritos conforme a lo previsto en el artículo 125
de este Código; o elegirá uno o más jueces que integren el Tribunal, conforme a
las previsiones que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la materia.
Artículo 862.- La causa se tratará oralmente en la audiencia o debate.
Las pruebas se practicarán por los interesados en el debate oral, salvo que por su
naturaleza deban practicarse fuera de la audiencia. En este caso, la parte
promovente de la prueba, tratará oralmente de ella en la audiencia, pero la
contraparte podrá hacer al Tribunal todas las observaciones que considere
pertinentes sobre el resultado o mérito de la prueba.
Si la prueba practicada fuera de la audiencia fuere la de experticia, se oirá en la
audiencia la exposición y conclusiones orales de los expertos y las observaciones
que formulen las partes, sin lo cual la prueba carecerá de eficacia y será
desestimada por el Juez.
En todo caso, el Juez puede hacer los interrogatorios que considere necesarios a
las partes, a los testigos y a los peritos en la audiencia o debate oral.
Artículo 863.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los actos y
pruebas cuya ejecución se disponga fuera de la audiencia, se cumplirán bajo la
dirección del mismo Juez que debe pronunciar la sentencia, a menos que sea
necesario comisionar a la autoridad judicial de otra circunscripción territorial.

270
CAPITULO II
De la introducción de la causa
Artículo 864.- El procedimiento oral comenzará por demanda escrita que deberá
llenar los requisitos exigidos en el artículo 340 de este Código. Pero el
demandante deberá acompañar con el libelo toda la prueba documental de que
disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán
declaración en el debate oral. Si se pidieren posiciones juradas, éstas se
absolverán en el debate oral.
Si el demandante no acompañare su demanda con la prueba documental, y la lista
de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos
públicos y haya indicado en el libelo la oficina donde se encuentran.
Artículo 865.- Llegado el día fijado para la contestación de la demanda según las
reglas ordinarias, el demandado la presentará por escrito y expresará en ella todas
las defensas previas y de fondo que creyere conveniente alegar.
El demandado deberá acompañar con su escrito de contestación, toda la prueba
documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los
testigos que rendirán declaración en el debate oral.
Si el demandado no acompañare su contestación con la prueba documental, y la
lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de
documentos públicos y haya indicado en el escrito de contestación la oficina
donde se encuentran.
CAPITULO III
De la instrucción preliminar
Artículo 866.- Si el demandado planteare en su contestación cuestiones previas
de las contempladas en el artículo 346, éstas se decidirán en todo caso antes de
la fijación de la audiencia o debate oral, en la forma siguiente:
1º Las contempladas en el ordinal 1°del artículo 3 46, serán decididas en el
plazo indicado en el artículo 349 y se seguirá el procedimiento previsto en
la Sección 6a. del Título del Libro Primero, si fuere impugnada la decisión.
2º Las contempladas en los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º el artículo 346 podrán
ser subsanadas por el demandante en el plazo de cinco días en la forma
prevista en el artículo 350, sin que se causen costas para la parte que
subsana el defecto u omisión.
3º Respecto de las contempladas en los ordinales 7°, 8°, 9°, 10 y 11 del
artículo 346, la parte demandante manifestará dentro del mismo plazo de
cinco días, si conviene en ellas o si las contradice.
El silencio se entenderá como admisión de las cuestiones no contradichas
expresamente.
Artículo 867.- Si la parte demandante no subsana las cuestiones indicadas en el
ordinal 2°del artículo anterior, en el plazo señal ado o si contradice las cuestiones
indicadas en el ordinal 3° del mismo artículo, se c oncederán ocho días para
promover e instruir pruebas, si así lo pidiere alguna de las partes y si las

271
cuestiones o su contradicción se fundaren en hechos sobre los cuales no
estuvieren de acuerdo las partes; pero en ningún caso se concederá término de
distancia.
El Tribunal dictará su decisión en el octavo día siguiente al último de la
articulación, con vista de las conclusiones escritas que puedan presentar las
partes.
Si no hubiere articulación, la decisión será dictada en el octavo día siguiente al
vencimiento del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 351.
La decisión del Juez respecto de las cuestiones previstas en los ordinales 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 346, no tendrá apelación en ningún caso.
La decisión de las cuestiones previstas en los ordinales 9°, 10 y 11 del artículo 346
tendrá apelación libremente. Las costas de la incidencia se regularán como se
indica en el Título VI del Libro Primero de este Código.
Los efectos de la declaratoria con lugar de las cuestiones previas, serán los
indicados en el Capítulo III del Título I del Libro Segundo para estas cuestiones,
salvo respecto de las previstas en los ordinales 7º y 8º del artículo 346, las cuales
declaradas con lugar, producirán el efecto de paralizar el juicio hasta que el plazo
o la condición pendientes se cumplan, o se resuelva la cuestión prejudicial que
deba influir en la decisión de él.
Artículo 868.- Si el demandado no diere contestación a la demanda
oportunamente se aplicará lo dispuesto en el artículo 362, pero en este caso, el
demandado deberá promover todas las pruebas de que quiera valerse, en el plazo
de cinco días siguientes a la contestación omitida y en su defecto se procederá
como se indica en la última parte del artículo 362.
Verificada oportunamente la contestación y subsanadas o decididas las cuestiones
previas que el demandado hubiere propuesto, el Tribunal fijará uno de los cinco
días siguientes y la hora para que tenga lugar la audiencia preliminar en la cual
cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que
trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad; aquellos que
consideren admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la
contestación; las pruebas que consideren superfluas o impertinentes, o dilatorias y
las que se proponen aportar en el lapso probatorio y cualesquiera otras
observaciones que contribuyan a la fijación de los límites de la controversia. De
esta audiencia se levantará acta y se agregarán a ella los escritos que hayan
presentado las partes.
Aunque las partes o alguna de ellas no hubiesen concurrido a la audiencia
preliminar, el Tribunal hará la fijación de los hechos y de los límites de la
controversia dentro de los tres días siguientes por auto razonado en el cual abrirá
también el lapso probatorio de cinco días para promover pruebas sobre el mérito
de la causa. Admitidas las pruebas, se evacuarán las inspecciones y experticias
que se hayan promovido en el plazo que fije el Tribunal tomando en cuenta la
complejidad de la prueba. Este plazo no será superior al ordinario.
En ningún caso el Tribunal autorizará declaraciones de testigos ni posiciones
juradas mediante comisionados, fuera del debate oral. Cualquiera que sea el
domicilio de los testigos, la parte promovente tendrá la carga de presentarlo para
su declaración en el debate oral, sin necesidad de citación, pero el absolvente de

272
posiciones será citado para este acto sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
406.
Artículo 869.- En los casos de reconvención, el Tribunal se abstendrá de fijar la
audiencia preliminar a que se refiere el artículo anterior, hasta que la demanda y la
reconvención puedan continuar en un solo procedimiento conforme al artículo 369.
Cuando en la oportunidad de la contestación de la demanda alguna de las partes
solicitare la intervención de los terceros a que se refieren los ordinales 4°y 5°del
artículo 370, la fijación de la audiencia preliminar se hará el día siguiente a la
contestación de la cita o de la última de éstas si fueren varias, de modo que se
siga un solo procedimiento.
En los demás casos de intervención de terceros a que se refieren los ordinales 1°,
2° y 3° del artículo 370, el Tribunal sólo admitirá las tercerías si éstas fueren
propuestas antes del vencimiento del lapso probatorio a que se refiere el artículo
868, caso en el cual se suspenderá el curso del juicio principal hasta que concluya
el término de pruebas de las tercerías, en cuyo momento se acumularán al juicio
principal. En ningún caso la suspensión del juicio principal excederá de noventa
días sea cual fuere el número de tercerías propuestas.
Evacuadas las pruebas a que se refiere el artículo anterior y el presente artículo, el
Tribunal fijará uno de los treinta días siguientes del calendario y la hora para que
tenga lugar la audiencia o debate oral.
CAPITULO IV
De la audiencia o debate oral
Artículo 870.- La audiencia o debate oral será presidida por el Juez, quien será su
director. En el caso de no existir facilidades en la sede del Tribunal, éste podrá
disponer que la audiencia oral se celebre en otro lugar apropiado. Esta
determinación deberá tomarse por el Tribunal al fijar el día y la hora de la
audiencia.
Artículo 871.- La audiencia se celebrará con la presencia de las partes o de sus
apoderados. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se
extingue, con los efectos que indica el artículo 271. Si solamente concurre una de
las partes, se oirá su exposición oral y se practicarán las pruebas que le hayan
sido admitidas, pero no se practicarán las pruebas de la parte ausente.
Artículo 872.- La audiencia la declarará abierta el Juez que la dirige, quien
dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de orden para asegurar la mejor
celebración de la misma. Previa una breve exposición oral del actor y del
demandado, se recibirán las pruebas de ambas partes comenzando siempre con
las del actor. En la audiencia o debate oral no se permitirá a las partes ni la
presentación ni la lectura de escritos, salvo que se trate de algún instrumento o
prueba existente en los autos a cuyo tenor deba referirse la exposición oral. En la
evacuación de las pruebas se seguirán las reglas del procedimiento ordinario en
cuanto no se opongan al procedimiento oral.

273
No se redactará acta escrita de cada prueba singular, pero se dejará un registro o
grabación de la audiencia o debate oral por cualquier medio técnico de
reproducción o grabación. En este caso, se procederá como se indica en el único
aparte del artículo 189.
Artículo 873.- Recibida la prueba de una parte, el Juez concederá a la contraria
un tiempo breve para que haga oralmente las observaciones que considere
oportunas o las repreguntas a los testigos. El Juez podrá en todo caso, hacer
cesar la intervención de la contraparte, cuando considere suficientemente debatido
el asunto.
Artículo 874.- La audiencia o debate oral podrá prolongarse por petición de
cualquiera de las partes, hasta agotarse el debate en el mismo día, con la
aprobación del Juez. En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para
agotar completamente el debate, el Juez deberá fijar otra dentro de los dos días
siguientes para la continuación del debate, y así cuantas sean necesarias hasta
agotarlo.
Artículo 875.- Concluido el debate oral, el Juez se retirará de la audiencia por un
tiempo que no será mayor de treinta minutos. Mientras tanto, las partes
permanecerán en la sala de audiencias.
Artículo 876.- Vuelto a la Sala, el Juez pronunciará oralmente su decisión
expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos
de hecho y de derecho.
Artículo 877.- Dentro del plazo de diez días se extenderá por escrito el fallo
completo y se agregará a los autos, dejando constancia el Secretario del día y
hora de la consignación. El fallo será redactado en términos claros, precisos y
lacónicos sin necesidad de narrativa ni de transcripciones de actas ni de
documentos que consten de autos; pero contendrá los motivos de hecho y de
derecho de la decisión y los demás requisitos exigidos en el artículo 243.
Artículo 878.- En el procedimiento oral las sentencias interlocutorias son
inapelables, salvo disposición expresa en contrario. De la sentencia definitiva se
oirá apelación en ambos efectos en el plazo ordinario, el cual comenzará a correr
el día siguiente a la consignación en autos del fallo completo. Si el valor de la
demanda no excediere de veinticinco mil bolívares, la sentencia definitiva no
tendrá apelación.
Artículo 879.- En segunda instancia se observarán las reglas previstas para el
Artículo 880.- El Ejecutivo Nacional queda autorizado para determinar mediante
Resolución tomada en Consejo de Ministros, las Circunscripciones Judiciales y los
Tribunales de éstas en que entrarán en vigencia las disposiciones del
procedimiento oral contenidas en el presente Título y la fecha de su vigencia.

274
Queda igualmente autorizado el Ejecutivo Nacional, en la forma indicada, para
notificar la cuantía y las materias establecidas en el artículo 859 de este Código; y
para extender la aplicación de este procedimiento oral a otras materias que
considere conveniente.
TITULO XII
DEL PROCEDIMIENTO BREVE
Artículo 881.- Se sustanciarán y sentenciarán por el procedimiento breve las
demandas cuyo valor principal no exceda de quince mil bolívares, así como
también la desocupación de inmuebles en los casos a que se refiere el artículo
1.615 del Código Civil, a menos que su aplicación quede excluida por ley especial.
Se tramitarán también por el procedimiento breve aquellas demandas que se
indiquen en leyes especiales.
Artículo 882.- Este procedimiento comenzará por demanda escrita que llenará los
requisitos exigidos por el artículo 340 de este Código. Si el valor de la demanda
fuere menor de cuatro mil bolívares la demanda podrá proponerse verbalmente
por el interesado, aun sin estar asistido por abogado, ante el Secretario del
Tribunal, quien la reducirá a escrito levantando un acta al efecto y la cual
contendrá los mismos requisitos.
Artículo 883.- El emplazamiento se hará para el segundo día siguiente a la
citación de la parte demandada, citación que se llevará a cabo conforme lo
dispuesto en el Capítulo IV, Título IV del Libro Primero de este Código.
Artículo 884.- En el acto de la contestación el demandado podrá pedir
verbalmente al Juez que se pronuncie sobre algunas de las cuestiones previas a
que se refieren los ordinales 1º al 8º del artículo 346, presentando al efecto la
prueba que acredite la existencia de su alegato, si tal fuere el caso; y el Juez,
oyendo al demandante si estuviere presente, decidirá el asunto con los elementos
que se le hayan presentado y los que consten en autos en el mismo acto, dejando
constancia de todo lo ocurrido en el acta que se levantará al efecto. Las partes
deberán cumplir con lo resuelto por el Juez, sin apelación.
Artículo 885.- Si en virtud de la decisión del Juez las cuestiones previas
propuestas por el demandado fueren rechazadas, la contestación de la demanda
se efectuará el día siguiente a cualquier hora de las fijadas en la tablilla, bien
oralmente, bien por escrito. En el primer caso se levantará un acta que contenga
la contestación. En este acto el demandado podrá proponer las demás cuestiones
previas previstas en los ordinales 9°, 10 y 11 del artículo 346 de este Código, para
que se resuelvan en la sentencia definitiva.
Artículo 886.- Si las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1° al 8° del
artículo 346 fueron resueltas en favor del demandado, se procederá conforme a lo
establecido en los artículos 350 y 355.

275
Artículo 887.- La no comparecencia del demandado producirá los efectos
establecidos en el artículo 362, pero la sentencia se dictará en el segundo día
siguiente al vencimiento del lapso probatorio.
Artículo 888.- En la contestación de la demanda el demandado podrá proponer
reconvención siempre que el Tribunal sea competente por la cuantía y por la
materia para conocer de ella. El Juez, en el mismo acto de la proposición de la
reconvención, se pronunciará sobre su admisión, admitiéndola o negándola. Si la
admitiere, el demandante reconvenido se entenderá citado para dar contestación a
la reconvención en el segundo día siguiente, procediéndose en ese acto conforme
al artículo 887. Si hubiere cuestiones previas sobre la reconvención se resolverán
conforme al artículo, 884. La negativa de admisión de la reconvención será
inapelable.
Artículo 889.- Contestada la demanda, o la reconvención, si ésta hubiere sido
propuesta, la causa se entenderá abierta a pruebas por diez días, sin término de
distancia, a menos que ambas partes soliciten al Juez que decida el asunto con
los solos elementos de autos.
Artículo 890.- La sentencia será dictada dentro de los cinco días siguientes a la
conclusión del lapso probatorio, o de la contestación o reconvención si las partes
hubieren pedido la supresión del lapso.
Artículo 891.- De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se
propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de
cinco mil bolívares.
Artículo 892.- Cuando la sentencia o un acto equivalente a ella, haya quedado
definitivamente firme, la ejecución se llevará a cabo al cuarto día siguiente si
dentro de los tres días que la preceden no ha habido cumplimiento voluntario.
La ejecución se llevará a cabo conforme a las disposiciones del Título IV del Libro
Segundo de este Código, pero los bienes inmuebles sólo podrán ejecutarse previa
execusión de los bienes muebles del ejecutado. En caso de embargarse bienes
inmuebles por el ejecutante, el ejecutado podrá poner a disposición del Tribunal
los bienes muebles que tenga y si su valor es suficiente para cubrir la ejecución,
aquellos quedarán libres de embargo.
Artículo 893.- En segunda instancia se fijará el décimo día para dictar sentencia.
En dicho lapso, que es improrrogable, sólo se admitirán las pruebas indicadas en
el artículo 520.
Artículo 894.- Fuera de las aquí establecidas, no habrá más incidencias en el
procedimiento breve, pero el Juez podrá resolver los incidentes que se presenten
según su prudente arbitrio. De estas decisiones no oirá apelación.

276
PARTE SEGUNDA
DE LA JURISDICCION VOLUNTARIA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 895.- El Juez, actuando en sede de jurisdicción voluntaria, interviene en
la formación y desarrollo de situaciones jurídicas de conformidad con las
disposiciones de la ley y del presente Código.
Artículo 896.- Las determinaciones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria
son apelables, salvo disposición especial en contrario.
Artículo 897.- Solicitada a un Juez una determinación sobre jurisdicción
voluntaria, no puede ser sometida a la consideración de otro Tribunal.
Artículo 898.- Las determinaciones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria
no causan cosa juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable.
Se presumen de buena fe, hasta prueba en contrario, los terceros adquirientes de
derechos que hayan sido objeto de la declaración judicial.
Artículo 899.- Todas las peticiones o solicitudes en materia de jurisdicción
voluntaria deberán cumplir los requisitos del artículo 340 de este Código, en
cuanto fueren aplicables. En la solicitud el solicitante indicará al Juez las personas
que deban ser oídas en el asunto, a fin de que se ordene su citación. Junto con
ellas deberán acompañarse los instrumentos públicos o privados que la justifiquen,
e indicarse los otros medios probatorios que hayan de hacerse valer en el
procedimiento.
Artículo 900.- Si a juicio del Juez hubiere algún tercero interesado en la solicitud,
ordenará que se le cite en la forma ordinaria para que comparezca en el segundo
día siguiente a exponer lo que crea conducente, pero en ningún caso habrá lugar
a la designación de defensor judicial.
Al admitir la solicitud si no hubiere tercero interesado, o pasada que sea la
oportunidad para la comparecencia de éste, el Juez podrá ordenar la apertura de
una articulación probatoria por el lapso que él determine, a fin de que se evacúen
las pruebas pertinentes.
Artículo 901.- En conformidad con el artículo 895, y dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de la articulación, el Juez dictará la resolución que
corresponda sobre la solicitud; pero si advirtiere que la cuestión planteada
corresponde a la jurisdicción contenciosa, sobreseerá el procedimiento para que
los interesados propongan las demandas que consideren pertinentes.
Artículo 902.- Los gastos son de cargo del solicitante.

277
TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL MATRIMONIO
CAPITULO UNICO
De los consentimientos
Artículo 903.- Ni los interesados, ni la autoridad podrán exigir de las personas que
deban prestar su consentimiento para el matrimonio de menores, los motivos de
su negativa, aun cuando se limiten a manifestar que ni convienen ni se oponen al
matrimonio; entendiéndose por tal manifestación que no prestan el
consentimiento.
Artículo 904.- El tutor, para dar o negar su consentimiento al matrimonio podrá oír
al Consejo de Tutela, a cuyo fin solicitará del Juez de Menores del lugar donde se
haya constituido la tutela que reúna al Consejo para oírlo privadamente.
Artículo 905.- El Juez de Menores para dar o negar la licencia, podrá tomar los
informes privados que crea convenientes en interés moral y material del menor.
TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO EN ASUNTOS DE TUTELA
CAPITULO I
Del consejo de tutela
Artículo 906.- El Juez de Menores del lugar donde esté constituida la tutela
formará el Consejo de Tutela y ordenará su reunión en todos los casos
determinados en el Código Civil y en este Código con notificación del protutor.
Artículo 907.- El Juez redactará el acta de la reunión del Consejo y expresará en
ella la fecha, el nombre y apellido de las personas que lo constituyan, la resolución
motivada de la mayoría, la opinión de quienes difieran, y cualquiera otra
circunstancia necesaria, según la ley. Si no hubiere mayoría sobre lo que haya de
resolverse, se expresará el voto de cada uno.
Firmarán el acta el Tribunal y todos los miembros del Consejo, y de ella se dará
copia certificada a quien la pidiere.
Artículo 908.- La falta de mayoría entre los miembros del Consejo no será
obstáculo para que el Juez libre la resolución que deba dar según la ley.
CAPITULO II
Del protutor
Artículo 909.- En todo caso en que, conforme a la ley, el protutor deba promover
juicio en defensa de los derechos del menor, deberá pedir al Juez la reunión del
Consejo de Tutela para consultarle el asunto.

278
Si estuvieren en desacuerdo el protutor y el Consejo de Tutela, el Juez resolverá
lo que sea de justicia y más conveniente a los intereses del menor.
CAPITULO III
De las autorizaciones del padre, al tutor o al curador
Artículo 910.- Cuando los padres necesitaren autorización judicial para algún acto
respecto del cual la exija el Código Civil, ocurrirán al Tribunal de Menores de su
domicilio, presentarán el proyecto de lo que pretendan hacer, o sus bases
sustanciales y comprobarán la necesidad o utilidad evidente del menor.
Cuando se trate de un acto de disposición, el Juez oirá previamente al menor si
éste ha cumplido ya la edad de quince años y se encontrare en el país.
El Juez, con conocimiento de causa, proveerá lo que sea de justicia, debiendo
observar lo dispuesto en el artículo 267 del Código Civil.
Artículo 911.- De la misma manera se procederá en los casos en que el tutor o el
curador necesiten de la autorización judicial para algún acto en que la ley la exija,
observándose en todo, las disposiciones del Código Civil.
Artículo 912.- Las disposiciones del presente Título dejan a salvo lo que
dispongan leyes especiales acerca de los menores y su protección.
TITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS SUCESIONES
HEREDITARIAS
CAPITULO I
De los testamentos
Artículo 913.- La solicitud que se dirija para la apertura de un testamento cerrado,
se realizará en la forma prevista en el artículo 899 de este Código.
Artículo 914.- Los demás actos que deban practicarse según el Código Civil se
harán constar en actas firmadas por el Juez, el Secretario, los testigos y los
solicitantes. Si el solicitante no pudiere o no supiere firmar, se hará constar así en
el acta respectiva.
Artículo 915.- Podrá usarse para con los testigos que no comparezcan a la
citación que se les haga para este acto, de los mismos apremios que en juicio
ordinario; y los del testamento serán además responsables de los daños y
perjuicios que causaren por inasistencia inmotivada.
Artículo 916.- Cuando el testamento abierto se hubiere otorgado ante el
Registrador y dos testigos sin registro en el mismo acto en los protocolos, ni
posteriormente a solicitud del testador, podrá protocolizarse a solicitud de los
herederos o de cualquier interesado.

279
Artículo 917.- El testamento abierto hecho sin Registrador, ante cinco testigos,
deberá presentarse ante el Juez de Primera Instancia del lugar donde se
encuentre el testamento, dentro del término que fija el Código Civil para el
reconocimiento, acto en el cual deberá preguntarse a los testigos si se verificó el
acto estando todos reunidos en presencia del testador; si el testamento fue leído
en alta voz en presencia del otorgante y los testigos; si las firmas son las de las
respectivas personas, y si las vieron poner en su presencia al testador, o a quien
firmó a su ruego, y a cada uno de los testigos.
Si el testador viviere para la fecha del reconocimiento deberá hacerlo también, a
cuyo efecto declarará sobre los mismos hechos.
También dirán los testigos si, a su juicio, el testador se hallaba en estado de hacer
testamento.
Artículo 918.- En los testamentos especiales, hechos de conformidad con lo
preceptuado en el Código Civil, se procederá de acuerdo con las disposiciones
precedentes, en cuanto sean aplicables.
Artículo 919.- Todas las diligencias de declaración de los testigos o sus
reconocimientos, deberán hacerse en actos separados y con las formalidades que
exige este Código para el examen de testigos.
Artículo 920.- Practicadas todas las diligencias con relación a los diversos
testamentos de que tratan los artículos anteriores, el Juez ordenará que la copia
certificada de las disposiciones testamentarias se registre en la respectiva oficina
de Registro, y que se agreguen a los comprobantes el original y las actuaciones
practicadas.
CAPITULO II
Del inventario
Artículo 921.- Para dar principio a la formación del inventario deberán los jueces
fijar previamente día y hora. Si se tratare del inventario de herencias, testadas o
intestadas, o de cualquiera otro solemne, se hará, además, publicación por la
prensa y por carteles, convocando a cuantos tengan interés.
Artículo 922.- El inventario se formará describiendo con exactitud los bienes, y
firmarán el acta el Juez, el Secretario y dos testigos.
Los interesados firmarán también el inventario, y si no supieren o no pudieren
hacerlo, se expresará esta circunstancia.
Artículo 923.- Las disposiciones generales contenidas en este Capítulo se
aplicarán a todo inventario ordenado por la ley, salvo lo establecido por
disposiciones especiales.

280
CAPITULO III
De la herencia yacente
Artículo 924.- El nombramiento de curador de una herencia yacente se insertará
en la orden de emplazamiento prevenida en el artículo 1.064 del Código Civil.
Artículo 925.- El curador nombrado debe, antes de entrar en la administración,
dar caución, como se establece en el artículo 1.062 del Código Civil y prestar ante
el Tribunal juramento de custodiar fielmente la herencia y de administrarla como
un buen padre de familia.
Artículo 926.- Si los bienes pertenecieren a extranjero, y en el lugar donde se
encuentren aquellos residiere algún Cónsul o Agente Consular de la nación a que
aquél pertenecía, se citará a dicho funcionario, y si quisiere hacerse cargo de la
defensa y administración de la herencia, se hará en él el nombramiento de
curador; pero si en tratados públicos celebrados con la nación a que pertenecía el
difunto se dispusiere otra cosa, se observará lo que en ellos estuviere convenido.
TITULO V
DE LA AUTENTICACION DE INSTRUMENTOS
Artículo 927.- Todo instrumento que se presente ante un Juez o Notario para ser
autenticado, se leerá en su presencia por el otorgante o cualquiera de los
asistentes al acto y el Juez o Notario lo declarará autenticado extendiéndose al
efecto, al pie del mismo instrumento, la nota correspondiente, la cual firmarán el
Juez o el Notario, el otorgante u otro que lo haga a su ruego si no supiere o no
pudiere firmar, dos testigos mayores de edad y el Secretario del Tribunal.
El Juez o Notario deberá identificar al otorgante por medio de su cédula de
identidad.
Artículo 928.- Los jueces y notarios llevarán por duplicado un registro foliado y
empastado, en el cual sin dejar claro alguno, insertarán cada instrumento que
autentiquen, bajo numeración continua. El asiento deberá firmarse por los mismos
que hayan suscrito la nota de autenticación en el original.
Antes de hacer ningún asiento en este registro, deberá el Juez o Notario hacer
constar en su primer folio el número de los que contiene, en nota que firmará
además, si fuere el caso, el Secretario del Tribunal. A efecto de facilitar la
autenticación, cada Tribunal o Notaría podrá abrir, de acuerdo con lo que
dispongan leyes especiales, más de un registro original y un duplicado con su
respectivo número de orden y su correspondiente índice alfabético. De toda
apertura se dejará constancia en el diario del Tribunal en la misma fecha en que
se haga.
Al estar concluido el registro mencionado se enviará uno de los dos ejemplares a
la Oficina Subalterna de Registro del respectivo Distrito o Departamento, y el otro
se conservará en el archivo del Tribunal.

281
TITULO VI
DE LA ENTREGA DE BIENES VENDIDOS, DE LAS NOTIFICACIONES Y DE
LAS JUSTIFICACIONES PARA PERPETUA MEMORIA
CAPITULO I
De la entrega y de las notificaciones
Artículo 929.- Cuando se pidiere la entrega material de bienes vendidos, el
comprador presentará la prueba de la obligación y el Tribunal fijará día para
verificar la entrega y notificará al vendedor para que concurra al acto.
Artículo 930.- Si en el día señalado el vendedor o dentro de los dos días
siguientes cualquier tercero, hicieren oposición a la entrega, fundándose en causa
legal, se revocará el acto o se le suspenderá, según se le haya efectuado o no y
podrán los interesados ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad
jurisdiccional competente.
Si no hubiere oposición o no concurriere el vendedor, el Tribunal llevará a efecto la
entrega material.
A los efectos de este artículo, el Tribunal no devolverá los recaudos al peticionario
mientras esté pendiente el lapso de oposición
Artículo 931.- Del mismo modo se procederá si vendida una finca con pacto de
retracto, constare haberse ejercido el derecho de rescate, cuando el comprador
pidiere la entrega material.
Artículo 932.- Si se solicitare la notificación al subarrendatario o tenedor de una
finca vendida en pacto de rescate, de que debe entenderse para el pago de
alquileres con el comprador, bien por estar así convenido, bien por no pagar el
vendedor las pensiones de arrendamiento, el Juez hará la notificación o
comisionará a un inferior para que la verifique.
Artículo 933.- De la misma manera prevista en el artículo interior se procederá
cuando el acreedor se oponga al pago que haya de hacérsele a su deudor según
lo establecido en el artículo 1.289 del Código Civil. En este caso, el solicitante
presentará prueba de su acreencia y el Juez, al hacer la notificación, hará saber al
deudor que si efectúa el pago podría ser obligado a pagar al oponente hasta
concurrencia entre lo pagado y el monto de la acreencia del oponente.
Artículo 934.- En los casos previstos en este Capítulo, será competente el Juez
de la circunscripción a quien corresponda conocer por la cuantía de la venta y la
naturaleza del asunto.
Artículo 935.- Las notificaciones de cesiones de créditos y cualesquiera otras, las
hará cualquier Juez civil del domicilio del notificado.

282
CAPITULO II
De las justificaciones para perpetua memoria
Artículo 936.- Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y
diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del
interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que
se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregarán al
solicitante sin decreto alguno.
Artículo 937.- Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren
bastantes para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición,
el Juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al
solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho
posteriormente a la primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los
derechos de terceros.
El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de
Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate.
Artículo 938.- Si la diligencia que hubiere de practicarse tuviere por objeto poner
constancia del estado de las cosas antes de que desaparecen señales o marcas
que pudieran intentar a las partes, la inspección ocular que se acuerde se
efectuará con asistencia de prácticos; pero no se extenderá a opiniones sobre las
causas del estrago o sobre puntos que requieran conocimiento periciales.
Artículo 939.- Toda autoridad judicial es competente para recibir las
informaciones de nulo hecho que se promuevan con el objeto de acusar a un
funcionario público, y atenderá a esto con preferencia a cualquier otro asunto.
TITULO FINAL
VIGENCIA DEL CODIGO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 940.- El presente Código entrará en vigencia el 02 de agosto de 1990 y
desde tal fecha quedará derogado el Código de Procedimiento Civil promulgado el
04 de julio de 1916, y cualesquiera otras disposiciones de procedimiento que se
opongan a este Código en las materias que él regula.
Artículo 941.- Los recursos interpuestos, la evacuación de las pruebas ya
admitidas, los términos o lapsos que hubieren comenzado a correr, se regirán por
el Código derogado; sin embargo los lapsos procesales en curso que resulten
ampliados por el presente Código, beneficiarán a las partes o al Tribunal en su
caso.
Artículo 942.- La aplicación de este Código a las incidencias sobre excepciones
dilatorias que se hallaren en curso, se regirá por las siguientes disposiciones
transitorias:
1° Las excepciones dilatorias opuestas conforme al ordinal 1° del artículo
248 del Código derogado, que se encuentren en relación o pendientes de

283
resolución en primera instancia, serán decididas en el quinto día siguiente
a la notificación de las partes, a petición de cualesquiera de éstas o de
oficio, y se aplicará respecto a la impugnación de la sentencia lo que
indica el artículo 349 de este Código. Si las excepciones se encontraren
en apelación, el Tribunal Superior las decidirá en el plazo indicado en el
artículo 73, previa notificación de las partes y se seguirá el procedimiento
indicado en el artículo 75.
2º Si la excepción de incompetencia se hubiere propuesto conjuntamente
con otras excepciones dilatorias, el Juez declarado competente aplicará a
las demás lo dispuesto en los artículos 350 y 351 de este Código, según
los casos, y se seguirá el procedimiento que indican los artículos 352 y
siguientes hasta que tenga lugar la contestación de la demanda, conforme
al artículo 358.
3° Si las excepciones dilatorias opuestas no incluy eren la de incompetencia,
sino solamente algunas o todas las indicadas en los ordinales 2°al 8°del
artículo 248 del Código derogado, y se encontraren en primera instancia,
el Tribunal, de oficio o a petición de parte, notificará a éstas a fin de que el
demandante exponga lo conducente conforme a los artículos 350 y 351
del presente Código, según los casos, y se seguirá el procedimiento que
indican los artículos 352 y siguientes en cuanto sean aplicables, hasta que
tenga lugar la contestación de la demanda, conforme a los ordinales 2º, 3º
y 4°del artículo 358.
Si las excepciones de que trata este ordinal se encontraren en apelación,
el Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, terminará la relación de la
incidencia, si ésta no hubiese concluido y fijará día y hora para oír los
informes, previa notificación de las partes, y procederá a sentenciar en el
plazo indicado en el artículo 521 de este Código. En caso contrario, si la
relación y los informes hubieren tenido lugar y la incidencia se encontrare
para sentencia, el Tribunal procederá a decidirla en el plazo indicado, y se
procederá luego a la contestación de la demanda conforme a los ordinales
2°, 3°y 4°del artículo 358, según los casos.
4° Las cuestiones de competencia entre jueces, ya s ean positivas o de
conocer, o negativas o de no conocer, pendientes de decisión, serán
resueltas conforme a la ley vigente al momento de su promoción, en
preferencia a cualquier otro negocio, y la determinación se comunicará de
oficio a los Tribunales entre quienes se haya suscitado la controversia.
Artículo 943.- Las excepciones de inadmisibilidad opuestas conforme a los
ordinales 1°, 2°, 3°y 4°del artículo 257 del Códi go derogado, que se encuentren
pendientes de decisión en primera instancia o en apelación, serán decididas
conforme a la ley vigente al momento de su promoción y de la sentencia se oirá
apelación libremente o el recurso de casación, en su caso, si fueren declaradas
con lugar. En caso contrario, si las excepciones fueren declaradas sin lugar en
primera instancia tendrán apelación en un solo efecto.

284
Artículo 944.- Las perenciones de la instancia que hubiesen comenzado a correr
antes de la vigencia de este Código, se regirán por el Código bajo cuyo imperio
principiaron; pero si desde que este Código estuviere en observancia,
transcurriere todo el tiempo en él requerido para las perenciones, surtirán éstas su
efecto, aunque por el Código anterior se requiera mayor lapso.
Artículo 945.- El Ejecutivo Nacional, oída la opinión de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, podrá modificar las cuantías establecidas
en este Código, salvo aquellas que se refieran a multas, indemnizaciones o
resarcimientos de cualquiera especie. El Decreto respectivo será dictado por el
Presidente de la República en Consejo de Ministros y entrará en vigencia noventa
(90) días después de su publicación.
Artículo 946.- Los expedientes podrán ser eliminados de los archivos judiciales,
por medio de incineración, destrucción mecánica u otro medio adecuado, pasados
que sean cinco (5) años desde la fecha de terminación definitiva de la causa o
asunto, incluida la ejecución. A este efecto, se hará publicar en un diario de
circulación nacional y en la Gaceta Oficial, con treinta (30) días de anticipación,
por lo menos, un aviso destacado para que los interesados soliciten a sus
expensas la devolución de los documentos que se encuentren en los expedientes
respectivos. El aviso deberá contener la denominación completa del Tribunal
correspondiente, el nombre y apellidos de las partes o su razón social y el número
del expediente.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a los veinte
días del mes de julio de mil novecientos noventa. Año 180 de la Independencia y
131 de la Federación.
El Presidente
(L.S.)
DAVID MORALES BELLO
El Vicepresidente
LUIS ENRIQUE OBERTO
Los Secretarios
JOSE RAFAEL QUIROZ SERRANO
JOSE RAFAEL GARCIA
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los diecisiete días del mes de septiembre de mil novecientos
noventa. Año 180º de la Independencia y 131 de la Federación.
Cúmplase,
(L.S.)
CARLOS ANDRES PEREZ
Refrendado
El Ministro de Justicia,
(L.S.)
JESUS MORENO GUACARAN

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