Balance al poder legislativo periodo 2010 2013

BALANCE AL PODER LEGISLATIVO
PERÍODO 2010 – 2013

OBSERVATORIO PARLAMENTARIO

Corporación Humanas
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales
Centro de Estudios de la Mujer CEM
Corporación Opción
Observatorio Ciudadano
Con la colaboración de Amnistía Internacional

BALANCE AL PODER LEGISLATIVO
PERÍODO 2010 – 2013

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Observatorio Parlamentario
y en ningún caso debe considerar que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Camila Maturana Kesten
Coordinadora Observatorio Parlamentario
y Coordinadora Balance al Poder Legislativo

Equipo Observatorio Parlamentario

Camila Maturana Kesten, Corporación Humanas
Judith Schonsteiner, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales
Amalia Mauro, Centro de Estudios de la Mujer CEM
Carolina Díaz, Corporación Opción
Nancy Yañez, Observatorio Ciudadano
Ana Piquer, Amnistía Internacional Chile (colaboración)

Balance al Poder Legislativo
INDICE

Introducción 5
Principales debates legislativos sobre obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos
7
Tratados internacionales de Derechos Humanos 7
Institucionalidad de Derechos Humanos 12
Defensoría de las Personas 12
Subsecretaría de Derechos Humanos 14
Igualdad y no discriminación 21
Legislación sobre discriminación 21
Reconocimiento y protección a las relaciones familiares 33
Identidad de género 40
Discriminación por orientación sexual e identidad de género 43
Debido proceso 45
Reforma a la Ley Antiterrorista 45
Reforma a la Justicia Militar 53
Crímenes de Derecho Internacional 61
Derogación o nulidad del Decreto Ley de Amnistía 61
Imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional 64
Castigo, conceptualización e imprescriptibilidad de la tortura 69

3

Período 2010‐2013

Derechos humanos de las mujeres 71
Extensión del postnatal 71
Tipificación del femicidio, la trata de personas y otras manifestaciones
de violencia contra las mujeres
75
Reforma a la sociedad conyugal 86
Participación política paritaria entre hombres y mujeres 91
Despenalización del aborto en determinadas circunstancias 97
Derechos de niños, niñas y adolescentes 109
Principales debates legislativos sobre reformas políticas para la profundización de la
democracia
115
Principales reformas políticas aprobadas durante el cuadrienio 115
Reforma al sistema electoral 122
Voto de chilenos en el exterior 129
Conclusiones 136

4

INTRODUCCION

El Observatorio Parlamentario, coordinado por Corporación Humanas e integrado además por el
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Observatorio Ciudadano,
Corporación Opción, Centro de Estudios de la Mujer CEM junto a la colaboración de Amnistía
Internacional, cumple ocho años en su tarea de informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento
del Congreso Nacional, el desempeño de los y las legisladoras, sus posiciones y compromiso con
los derechos humanos y la democracia, e incidir en el debate de iniciativas relevantes a la
protección de los derechos humanos y la calidad de la democracia.

Es propio de un sistema político democrático que organizaciones de la sociedad civil
independientes vigilen a sus autoridades en el cumplimiento de sus funciones de representación y
que existan mecanismos institucionales para la participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones públicas y el control social, rendición de cuentas de las autoridades y canales expeditos
para la interlocución entre los y las ciudadanas y sus representantes.

Desde su conformación en 2006, el Observatorio Parlamentario, además de la incidencia en la
discusión de numerosas iniciativas en función de su adecuación a las obligaciones internacionales
sobre derechos humanos, ha asignado especial importancia al monitoreo y fiscalización del
quehacer de senadores/as, diputados/as y del Ejecutivo en tanto co‐legislador; particularmente en
lo que respecta a la presentación, debate y contenidos de las propuestas sobre derechos humanos
y democracia. Ello, en atención al rol fundamental que al Poder Legislativo corresponde en la
representación de intereses de los y las ciudadanas y en la dictación de normas, tales como
tratados internacionales, normas constitucionales y legales, que permitan a todas las personas el
ejercicio pleno de sus derechos y libertades fundamentales.

Un conjunto de obligaciones ha asumido el Estado de Chile para la promoción, protección, respeto
y garantía de los derechos humanos, mediante la suscripción de diversos tratados internacionales
y su participación en numerosos mecanismos internacionales y regionales de protección. De allí
que corresponda al Poder Legislativo ajustar la normativa nacional a dichas obligaciones, de
acuerdo a lo señalado en los tratados y a lo dispuesto por organismos tales como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, los Comités que vigilan el cumplimiento de los tratados y el
Consejo de Derechos Humanos, entre otros.

Además, como se relevó en Balances al Poder Legislativo de años previos, numerosos
compromisos fueron asumidos por el entonces Presidente de la República y por la Coalición por el
Cambio en materia de derechos humanos y democracia como parte de su Programa de Gobierno.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos organismos internacionales a
los que ha correspondido revisar el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
Estado de Chile –como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité
de Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, además del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas–
han formulado recomendaciones legislativas específicas en variados ámbitos.
5


Finalizado el período presidencial de Sebastián Piñera y el cuadrienio legislativo 2010‐2013, resulta
pertinente revisar los principales debates legislativos sobre derechos humanos y democracia que
han tenido lugar en el período, identificando los logros alcanzados y los desafíos pendientes a ser
enfrentados por las nuevas autoridades gubernamentales y parlamentarias.

El Balance al Poder Legislativo Período 2010‐2013 da cuenta de ello, a partir del análisis de las
propuestas presentadas tanto por el Ejecutivo como por parlamentarios/as, sus contenidos, las
posiciones sostenidas por los y las congresistas, su adecuación a las obligaciones internacionales
antedichas, así como las etapas de tramitación alcanzada. El presente Balance comenta el estado
de tramitación legislativa de una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos
pendientes de ratificación, aborda la discusión legislativa sobre institucionalidad de derechos
humanos, legislación y propuestas en debate sobre igualdad y no discriminación, normativas
aprobadas y en discusión en materia de debido proceso, debates legislativos pendientes sobre
crímenes internacionales, un conjunto de leyes y debates referidos a derechos humanos de las
mujeres y la discusión de proyectos sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se
comentan diversas reformas políticas aprobadas en el período y se relevan algunos debates
pendientes sobre profundización de la democracia.
6

PRINCIPALES DEBATES LEGISLATIVOS SOBRE OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
20. El Comité alienta al Estado parte a ratificar los tratados internacionales de los que aún no es
parte, en especial, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (…).
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales sobre los
informes periódicos 19° a 21° de Chile, aprobadas por el Comité en su 83° período de sesiones (12 a
30 de agosto de 2013), 83° período de sesiones, 23 de septiembre de 2013, CERD/C/CHL/CO/19‐21,
Párrafo 20.

Entre los compromisos contenidos en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y
la Coalición por el Cambio destaca el de “avanzar en la adecuación de nuestras instituciones
jurídicas y procedimientos a las exigencias que los Derechos Humanos imponen a los países
integrados al sistema internacional de protección. Asimismo, Chile debe insertarse plenamente a la
comunidad internacional vinculada a los Derechos Humanos y a los organismos internacionales”1
.
Sin embargo, durante el cuadrienio informado (2010‐2013) el debate legislativo sobre tratados
internacionales de derechos humanos fue escaso. Se avanzó en la adopción de instrumentos
internacionales que apoyan el quehacer de la Corte Penal Internacional, de la que Chile es parte
desde el año 20092
, pero otros instrumentos de derechos humanos pendientes de ratificación
desde hace ya demasiados años no fueron ni siquiera considerados por el Congreso Nacional ni
impulsada su discusión por el Gobierno.

El Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC) regula una
serie de protecciones necesarias para el adecuado desarrollo del trabajo de la Corte Penal
Internacional en los diversos Estados en que deba llevar a cabo sus actuaciones. Al personal de la
Corte y a los funcionarios se les confieren similares privilegios e inmunidades que los otorgados a
otros organismos internacionales, para que puedan llevar a cabo sus labores de modo
independiente y sin entorpecimientos en el territorio de los Estados. Asimismo, mediante
privilegios e inmunidades se favorece la adecuada intervención y participación de abogados
defensores, testigos, víctimas, peritos y otras personas.

1
Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐2014, Sebastián Piñera,
Coalición por el Cambio, pág. 152. En tanto, en su primera Cuenta Pública el Presidente Piñera reiteró este
compromiso, señalando “Asimismo, avanzaremos en adecuar nuestras instituciones y legislación interna al
derecho humanitario internacional, y promoveremos una política de difusión permanente de los derechos
humanos, para fortalecer su mejor conocimiento y valoración en nuestra sociedad”, Mensaje a la Nación, de
S.E. el Presidente de la República, Don Sebastián Piñera Echeñique “Del Chile del Bicentenario al país de las
oportunidades”, Valparaíso, 21 de mayo de 2010, pág. 40.
2
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Decreto N° 104, Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, publicado en el Diario Oficial el 1° de agosto de 2009. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
Balance al Poder Legislativo Período 2006‐2009, págs. 141 a 156.
7


Luego de su suscripción, el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal
Internacional fue presentado a debate ante el Congreso Nacional3
en marzo de 2010 y aunque el
Ejecutivo no le asignó urgencia legislativa, fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de
ese mismo año. Fue apoyado por 80 diputados/as pero votaron en contra 15 legisladores de la
Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional y dos se abstuvieron4
.

En la Cámara Alta tampoco el Gobierno asignó urgencia al debate sobre la ratificación del APIC,
que igualmente fue aprobado, en agosto de 20115
. El 26 de septiembre de 2011 fue depositado el

3
Proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal
Internacional” aprobado en Nueva York el 9 de septiembre de 2002, mensaje presentado por la ex
Presidenta Michelle Bachelet ante la Cámara de Diputados, 10 de marzo de 2010 (Boletín Legislativo N°
6.842‐10).
4
Votaron a favor los/as diputados/as Enrique Accorsi (PPD), Sergio Aguiló (PS a la fecha), René Alinco (PPD a
la fecha), Osvaldo Andrade (PS), Pedro Araya (PRI a la fecha), Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (PPD), Pedro
Browne (RN a la fecha), Jorge Burgos (DC), Cristián Campos (PPD), Lautaro Carmona (PC), Eduardo Cerda
(DC), Aldo Cornejo (DC), Fuad Chahín (DC), Alfonso De Urresti (PS), Roberto Delmastro (RN a la fecha),
Marcelo Díaz (PS), Edmundo Eluchans (UDI), Marcos Espinosa (PRSD), Fidel Espinoza (PS), Ramón Farías
(PPD), Alejandro García‐Huidobro (UDI), Cristina Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Rodrigo González (PPD),
Hugo Gutiérrez (PC), Romilio Gutiérrez (UDI), Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Marta Isasi (IND),
Enrique Jaramillo (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), Luis Lemus (PS), Pablo Lorenzini (DC), Javier Macaya (UDI),
Patricio Melero (UDI), Andrea Molina (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Nicolás Monckeberg (RN), Manuel
Monsalve (PS), Carlos Montes (PS), Celso Morales (UDI), Adriana Muñoz (PPD), Claudia Nogueira (UDI),
Marco Antonio Núñez (PPD), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Clemira Pacheco (PS), Denise Pascal
(PS), Carlos Recondo (UDI), Ricardo Rincón (DC), Alberto Robles (PRSD), Manuel Rojas (UDI), Karla Rubilar
(RN a la fecha), María Antonieta Saa (PPD), Jorge Sabag (DC), René Saffirio (DC), Felipe Salaberry (UDI), David
Sandoval (UDI), Alejandro Santana (RN), Frank Sauerbaum (RN), Alejandra Sepúlveda (PRI a la fecha) Gabriel
Silber (DC), Ernesto Silva (UDI), Jorge Tarud (PPD), Guillermo Teillier (PC), Víctor Torres (DC), Marisol Turres
(UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Patricio Vallespín (DC), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Orlando Vargas (PPD),
Pedro Velásquez (IND), Mario Venegas (DC), Germán Verdugo (RN), Ximena Vidal (PPD), Carlos Vilches (UDI),
Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Matías Walker (DC) y Mónica Zalaquett (UDI). En contra votaron Nino
Baltolu (UDI), Ramón Barros (UDI), Eugenio Bauer (UDI), Alberto Cardemil (RN), María Angélica Cristi (UDI),
José Manuel Edwards (RN), Enrique Estay (UDI), José Antonio Kast (UDI), Rosauro Martínez (RN), Iván
Moreira (UDI), Iván Norambuena (UDI), Leopoldo Pérez (RN), Arturo Squella (UDI), Jorge Ulloa (UDI) y Felipe
Ward (UDI). Se abstuvieron Mario Bertolino (RN) y María José Hoffmann (UDI). CÁMARA DE DIPUTADOS,
Legislatura 358ª, Sesión 41ª, 17 de junio de 2010, págs. 40 y 41 (Boletín Legislativo N° 6.842‐10).
5
Votaron a favor 24 senadores/as, mientras que 13 legisladores/as que asistieron a la sesión de sala del 2 de
agosto de 2011 no participaron de la votación referida. Votaron a favor: Isabel Allende (PS), Soledad Alvear
(DC), Carlos Cantero (IND), Francisco Chahuán (RN), Camilo Escalona (PS), Alberto Espina (RN), Eduardo Frei
(DC), Alejandro García Huidobro (UDI), Antonio Horvath (RN a la fecha), Carlos Kuschel (RN), Ricardo Lagos
(PPD), Hernán Larraín (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Orpis (UDI), Lily Pérez (RN a la fecha), Jorge
Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Jaime Quintana (PPD), Fulvio Rossi (PS), Eugenio Tuma (PPD), Gonzalo
Uriarte (UDI), Ignacio Walker (DC), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC). Los senadores que no
concurrieron con su voto: Carlos Bianchi (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), José García (RN), Guido Girardi
(PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Carlos Larraín (RN), Pedro Muñoz (PS), Jovino Novoa (UDI), Víctor Pérez
(UDI), Ximena Rincón (DC), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín Sabag (DC) y Ena Von Baer (UDI); en tanto el
Senador Alejandro Navarro (MAS) no asistió. SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado,
Legislatura 359ª, Sesión 37ª, 2 de agosto de 2011, págs. 115 y 116 (Boletín Legislativo N° 6.842‐10).
8

instrumento de adhesión ante el Secretario General de Naciones Unidas y, algunos meses
después, publicado en el Diario Oficial6
.

En marzo de 2012 se presentó a debate parlamentario la Enmienda al Artículo 8 del Estatuto de
Roma y las Enmiendas relativas al crimen de agresión, adoptadas en la Conferencia de Revisión
del Estatuto de Roma celebrada en junio de 2010 en la ciudad de Kampala, Uganda7
. Mediante el
primer acuerdo se modifica la disposición sobre crímenes de guerra cometidos en conflictos
armados no internacionales para incluir la utilización de ciertas armas que solo eran criminalizadas
en el contexto de conflictos armados internacionales (veneno o armas envenenadas; el empleo de
gases asfixiantes, tóxicos o similares, o cualquier líquido, material o dispositivo análogos; y el
empleo de balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, conocidas como
balas dum‐dum). En tanto una serie de acuerdos fueron adoptados para que la Corte Penal
Internacional pueda ejercer su jurisdicción respecto del crimen de agresión8
, el que fue incluido –
junto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra– en el Estatuto de
Roma en 1998 pero postergando su definición e implementación a una Conferencia de Revisión
posterior.

6
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Decreto N° 137, Promulga el Acuerdo sobre los Privilegios e
Inmunidades de la Corte Penal Internacional, publicado en el Diario Oficial el 18 de enero de 2012 (Boletín
Legislativo N° 6.842‐10).
7
Proyecto de acuerdo que aprueba la “Enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional” de 10 de junio de 2010 y las “Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
relativas al crimen de agresión” de 11 de junio de 2010 ambas adoptadas en la Conferencia de Revisión del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional celebrada en Kampala Uganda, mensaje presentado por el
Presidente de la República Sebastián Piñera ante la Cámara de Diputados, 6 de marzo de 2012 (Boletín
8
Entre otras disposiciones acordadas en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, se adoptó como
definición de acto de agresión: “2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de
la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de
otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad
con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974,
cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se
caracterizará como acto de agresión: a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del
territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o
toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él; b) El bombardeo,
por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por
un Estado contra el territorio de otro Estado; c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las
fuerzas armadas de otro Estado; d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas
armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea; e) La utilización de
fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado
receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en
dicho territorio después de terminado el acuerdo; f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que
ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión
contra un tercer Estado; g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o
mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean
equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos”.
9

Las enmiendas de Kampala fueron aprobadas por la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados en marzo de 20129
, pero posteriormente la Cámara Baja consideró
necesario un informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que no
llegó a ser emitido en los años siguientes.

Por otra parte, cabe señalar que desde el año 2001 se encuentra pendiente ante el Congreso
Nacional el debate sobre la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer10
. Se trata de un instrumento
fundamental para la protección de los derechos humanos de las mujeres, puesto que cautela el
derecho de las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales de acudir a una instancia
internacional a denunciarlas si no son debidamente resueltas en el país. El Protocolo faculta al
Comité de Expertas11
para conocer de denuncias individuales de violaciones a los derechos
consagrados en la Convención, una vez agotados los recursos internos; y además, le permite
investigar violaciones graves o sistemáticas a los derechos de las mujeres que se cometan en un
Estado Parte.

El Protocolo fue presentado al Parlamento para su análisis en marzo de 2001 por el entonces
Presidente de la República, Ricardo Lagos, y aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados en
agosto de ese año. Luego de ser remitido al Senado su debate se estancó en la Comisión de
Relaciones Exteriores, que por más de 12 años no se ha pronunciado.

Pese al compromiso anunciado por el Presidente Piñera en orden a la integración del país a la
comunidad internacional y a la institucionalidad de protección a los derechos humanos12
, y a
corresponderle durante su mandato el examen del Estado de Chile ante el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), ningún impulso se dio al debate
del Protocolo Facultativo, al que no se le asignó nunca urgencia legislativa. De allí que el Comité
CEDAW en 2012 reiterara su recomendación de agilizar el proceso de ratificación13
, tal como el
propio Estado se había comprometido ante el Consejo de Derechos Humanos14
en 2009.

9
CÁMARA DE DIPUTADOS, Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e
Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo que aprueba la “Enmienda al Artículo 8 del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” de 10 de junio de 2010 y las “Enmiendas al Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión” de 11 de junio de 2010 ambas
adoptadas en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional celebrada en
Kampala Uganda, Boletín N° 8.182‐10‐1, 20 de marzo de 2012 (Boletín Legislativo N° 8.182‐10).
10
Proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, mensaje presentado por el ex Presidente Ricardo Lagos ante
la Cámara de Diputados, 6 de marzo de 2001. Fue aprobado por mayoría en la Cámara Baja y remitido al
Senado, para su segundo trámite constitucional, el 14 de agosto de 2001 permaneciendo desde entonces
paralizado ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta (Boletín Legislativo N° 2.667‐10).
11
El Comité de Expertas está establecido en el Artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, vigente en Chile desde 1989.
12
Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐2014, Op.Cit., pág. 152.
13
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observaciones finales sobre
los informes periódicos quinto y sexto de Chile, adoptadas por el Comité en su 53° período de sesiones (1° a
19 de octubre de 2012), 53° período de sesiones, 12 de noviembre de 2012, CEDAW/C/CHL/CO/5‐6, Párrafo
52. Anteriormente, en 2006, el Comité CEDAW había recomendado “al Estado Parte a que ratifique el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
10


En tanto, también se encuentra pendiente sin que ningún avance se haya producido durante todo
el cuadrienio, la ratificación del  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San
Salvador”)15
. Este instrumento regional complementa la Convención Americana de Derechos
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales a fin de hacer efectiva la
universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Se releva el derecho al
trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias; derechos sindicales; derecho a la
seguridad social; derecho a la salud; derecho a un medio ambiente sano; derecho a la
alimentación; derecho a la educación; derecho a los beneficios de la cultura; derecho a la
constitución y protección de la familia; y se dispone la protección especial de los derechos de la
niñez, de personas ancianas y de personas con discapacidad.

El Protocolo de San Salvador ingresó a tramitación ante el Congreso Nacional en enero de 2006 y
fue despachado por mayoría por la Cámara de Diputados en marzo de ese año, pero
posteriormente su discusión se estancó  en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. A la
fecha completa ocho años de total falta de atención legislativa y sin que el Gobierno haya
impulsado su discusión.

Cabe esperar que durante el período legislativo que se inicia (2014‐2017), se aborde con agilidad
el debate de los tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentran pendientes
de ratificación.


mujer, junto con esfuerzos encaminados a realizar una campaña nacional que informe y eduque
correctamente a los funcionarios de la administración pública y al público en general acerca de la
Convención, su Protocolo Facultativo y el Comité”; COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer: Chile, 36° período de sesiones, 25 de agosto de 2006, CEDAW/C/CHI/CO/4, Párrafo 25.
14
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el
Examen Periódico Universal Chile, 12° período de sesiones, 4 de junio de 2009, A/HRC/12/10, Párrafo 96
numeral 3.
15
Proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado Protocolo de San Salvador,
mensaje presentado por el ex Presidente Ricardo Lagos ante la Cámara de Diputados, 24 de enero de 2006.
Fue aprobado por mayoría en la Cámara Baja el 15 de marzo de 2006 y remitido al Senado, para su segundo
trámite constitucional, permaneciendo desde el 21 de marzo de ese año sin avances ante la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara Alta (Boletín Legislativo N° 4.087‐10).
11

INSTITUCIONALIDAD DE DERECHOS HUMANOS
11. Velar por la pronta aprobación de los proyectos de ley sobre el establecimiento de una
institución nacional de derechos humanos y la Defensoría de las Personas (España, Nigeria,
Pakistán, Ghana)
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo
sobre el Examen Periódico Universal Chile, 12° período de sesiones, 4 de junio de 2009,
A/HRC/12/10, Párrafo 96 numeral 11.

7. (…) También alienta al Estado parte a contemplar la creación de una defensoría de las personas
con una sección especializada en asuntos de discriminación racial y con gestores interculturales a
nivel local.
Párrafo 7.

Defensoría de las Personas

El Estado de Chile se encuentra retrasado en el cumplimiento de su compromiso en orden a
establecer la Defensoría de las Personas y en el cuadrienio informado (2010‐2013) no se observa
ningún avance en el debate legislativo de la propuesta para su creación16
. Se trata de una
institucionalidad que desde la recuperación de la democracia en el país ha sido analizada por el
Parlamento a propuesta de todos los ex Presidentes de la República17
, puesto que se requiere
contar con un organismo encargado de la protección y defensa de los derechos de las personas,
toda vez que las violaciones a derechos fundamentales y las falencias en materia de acceso a la
justicia exigen de mecanismos e instituciones que permitan enfrentarlas.

16
Proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas, mensaje presentado por la ex
Presidenta Michelle Bachelet ante la Cámara de Diputados, 4 diciembre de 2008. Fue despachado por la
Cámara Baja en primer trámite constitucional el 10 de marzo de 2009, permaneciendo desde entonces sin
avances ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (Boletín Legislativo
N° 6.232‐07).
17
Proyecto de ley orgánica constitucional sobre el Defensor del Pueblo, mensaje presentado por el ex
Presidente Patricio Aylwin ante la Cámara de Diputados, 9 de abril de 1991, archivado el 2 de diciembre de
1994 (Boletín Legislativo N° 333‐07); proyecto de ley que crea la Defensoría Nacional del Usuario, mensaje
presentado por el ex Presidente Eduardo Frei ante la Cámara de Diputados, 5 de noviembre de 1997 (Boletín
Legislativo N° 2.115‐03); proyecto de reforma constitucional que crea el Defensor del Ciudadano, mensaje
presentado por el ex Presidente Ricardo Lagos ante el Senado, 18 de octubre de 2000, archivado el 2 de
marzo de 2004 (Boletín Legislativo N° 2.605‐07); proyecto de reforma constitucional que crea el Defensor
del Ciudadano, mensaje presentado por el ex Presidente Ricardo Lagos ante la Cámara de Diputados, 4 de
diciembre de 2003, rechazado por falta de quórum el 12 de noviembre de 2008 (Boletín Legislativo N° 3.429‐
07).
12


El proyecto de reforma constitucional presentado en 2008 por la ex Presidenta Michelle Bachelet y
despachado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados en marzo de 2009,
establece que “Un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y
patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas, tendrá a su cargo la promoción,
protección y defensa de los derechos y garantías asegurados en esta Constitución, en los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en las leyes, ante los
actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas jurídicas de
derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación, que ejerzan
actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley orgánica
constitucional respectiva”. Se trata de un mandato amplio en cuanto a las funciones y los derechos
resguardados por la Defensoría, pero limitado respecto a los órganos frente a los cuales estaría
facultada a intervenir. Preocupa también que la propuesta omita definiciones sobre las
atribuciones que el organismo tendría, lo que se encomienda a la respectiva ley orgánica
constitucional que ha de dictarse con posterioridad a la reforma constitucional18
.

Esta iniciativa concitó inicialmente un amplio respaldo ante la Cámara Baja, pero luego ante el
Senado no se logró ningún avance y la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
a la que se encomendó su análisis postergó por años su discusión, sin que en todo el período que
comprende el presente informe se cumpliera ninguna etapa de tramitación legislativa ni se
alcanzara acuerdo político alguno. En ello fue determinante la falta de apoyo gubernamental a la
creación de la Defensoría de las Personas. Pese al compromiso declarado por el Presidente Piñera
en orden a “fortalecer las instituciones, acciones, procedimientos y prácticas de tutela y protección
de los derechos fundamentales”19
, no se asignó en cuatro años urgencia legislativa a su debate
parlamentario y tampoco presentó una propuesta al respecto.

Corresponderá a los y las parlamentarias elegidas para el nuevo período legislativo el debate sobre
la Defensoría de las Personas, y así avanzar en el fortalecimiento de las instituciones que el país
requiere para la protección y defensa de los derechos humanos.

18
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Período 2006‐2009, págs. 130 a 140.
19
Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐2014, Op. Cit., pág. 151.
13

Subsecretaría de Derechos Humanos

El Gobierno del Presidente Piñera ha impulsado, sometiendo a debate e imponiendo las
correspondientes urgencias legislativas, la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos20
,
para establecer a “nivel de Gobierno, una entidad que lidere los esfuerzos del Ejecutivo en materia
de Derechos Humanos, y de prestar asesoría y colaboración directa al Ministro en la elaboración de
los planes, programas y decisiones relativas a la promoción y protección de los Derechos
Humanos”21
. Tras casi dos años de debate, la propuesta fue despachada por el Senado de la
República en primer trámite constitucional y remitida a la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa apunta a contar dentro del aparato gubernamental con un órgano encargado de
coordinar el quehacer de las diversas reparticiones públicas en materia de derechos humanos,
tarea diferente de la que otros organismos o dependencias realizan y por lo tanto no deben ser
confundidas. Así, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una corporación autónoma de
derecho público encargada de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de
quienes habiten el territorio nacional22
. Su mandato se extiende a la totalidad del Estado y se trata
de un organismo de carácter autónomo, no circunscrito al Poder Ejecutivo ni sometido al
Gobierno, por lo que la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos no obsta a la necesidad
de fortalecimiento del Instituto y el resguardo de los recursos suficientes para el desarrollo de su
labor.

La creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en tanto referente gubernamental
coordinador, tampoco sustituye la necesidad de contar en el país con una Defensoría de las
Personas, dado que la institucionalidad a nivel del Poder Ejecutivo es un asunto y otro distinto lo
es la existencia de un organismo autónomo encargado de proteger y defender los derechos de las
personas.

20
Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley
Orgánica del Ministerio de Justicia, mensaje presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera
ante el Senado, 19 de marzo de 2012. Fue despachado por la Cámara Alta en primer trámite constitucional,
el 14 de enero de 2014 (Boletín Legislativo N° 8.207‐07).
21
El Mensaje presidencial constata que “En Chile, históricamente, el tratamiento de los Derechos Humanos
no ha sido parte de una institucionalidad unificada y con potestades transversales de carácter estatal” y que
a la fecha no se cuenta con una “política unitaria que permita coordinar las distintas iniciativas sectoriales y
desarrollarlas de una manera coherente”, por lo que destaca la necesidad de “coordinar, complementar y
fortalecer la labor de los diferentes organismos públicos con competencia sectorial en este ámbito”. Mensaje
N° 405‐359, Proyecto de ley iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República que crea la
Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia,
2 de marzo de 2012, págs. 2 y 3 (Boletín Legislativo N° 8.207‐07).
22
República de Chile, Ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario
Oficial el 10 de diciembre de 2009. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Período
2006‐2009, págs. 17 y 18.
14

El proyecto presentado por el Presidente Piñera el 19 de marzo de 2012 encomienda a la
Subsecretaría de Derechos Humanos la asesoría y colaboración con el/la Ministro/a de Justicia en
la elaboración de planes, programas y decisiones relativas a la promoción y protección de los
derechos humanos para lo que se le entregan diversas atribuciones.

Durante la discusión de la propuesta ante el Senado, se acordó reemplazar la denominación del
Ministerio de Justicia por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como asimismo la
designación de las respectivas secretarías regionales ministeriales. A la Subsecretaría de Derechos
Humanos se le mandata a proponer y colaborar con el/la Ministro/a de Justicia y Derechos
Humanos en el diseño y desarrollo de políticas públicas, estudios, planes y programas de
promoción y protección de derechos humanos; promover la elaboración de planes y políticas de
derechos humanos por los órganos de la Administración del Estado; elaborar el Plan Nacional de
Derechos Humanos en base a las prioridades propuestas por el Comité Interministerial de
Derechos Humanos y coordinar su posterior ejecución por los respectivos ministerios; asistir al/la
Ministro/a en su tarea de proponer al/la Presidente/a de la República reformas para adecuar la
normativa interna a los tratados internacionales; diseñar y coordinar programas de capacitación y
promoción de los derechos humanos para funcionarios/as de la Administración del Estado23
.

Además se le encomienda asesorar al/la Ministro/a de Relaciones Exteriores en los
procedimientos seguidos ante los tribunales y órganos internacionales de derechos humanos y
coordinar con dicha cartera la ejecución de medidas cautelares y provisionales, acuerdos
amistosos, resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el
Sistema Universal de Derechos Humanos.

Se explicita en la propuesta que las atribuciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos no
excluyen las facultades entregadas a otros órganos de la Administración Pública ni las
encomendadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ello a fin de resguardar las
atribuciones que corresponden a diversos organismos en materia de derechos humanos en
atención a su diversa naturaleza y mandato24
.

23
SENADO DE LA REPÚBLICA, Segundo Informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía unidas recaído en el proyecto de ley en
primer trámite constitucional que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en
la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Boletín N° 8.207‐07, 27 de agosto de 2013; SENADO DE LA
REPÚBLICA, Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley en primer trámite
constitucional que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica
del Ministerio de Justicia, Boletín N° 8.207‐07, 26 de diciembre de 2013 (Boletín Legislativo N° 8.207‐07).
24
“Las atribuciones en materia de derechos humanos que éste y otros cuerpos legales y reglamentarios
entreguen a la Subsecretaría de Derechos Humanos no excluyen las facultades que tengan, también en lo
relativo a estos derechos y en sus respectivas áreas, los demás órganos que integran la Administración
Pública ni aquellas establecidas en la ley N° 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y
sus normas complementarias”. Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece
adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Artículo 8 inciso final del Decreto Ley N° 3.346 de
1980 que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (Boletín Legislativo N° 8.207‐07).
15

El proyecto también plantea la creación del Comité Interministerial de Derechos Humanos, al que
se le encomienda la función de “asesorar al Presidente de la República en la determinación de los
lineamientos de la política intersectorial del Gobierno en materia de derechos humanos,
constituyendo una instancia de información, orientación, coordinación, y acuerdo para los
ministerios y servicios que lo integran”25
. Dicha instancia estaría integrada por el/la Ministro/a de
Justicia y Derechos Humanos en calidad de Presidente/a, el/la Ministro/a Secretario/a General de
la Presidencia, el/la Ministro/a del Interior y Seguridad Pública, el/la Ministro/a de Relaciones
Exteriores, el/la Ministro/a de Desarrollo Social, el/la Ministro/a de Educación, el/la Ministro/a de
Defensa y la Directora del Servicio Nacional de la Mujer26
.

La propuesta de crear la Subsecretaría de Derechos Humanos representa un aporte en orden a
superar el déficit que se mantiene en el país en materia de institucionalidad para la protección,
promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la iniciativa presidencial presenta
una serie de falencias que requieren ser consideradas y corregidas por el Parlamento durante el
siguiente período27
.

En primer lugar, tal como se señaló en el Balance al Poder Legislativo Año 2012, preocupa que el
proyecto omita encomendar a la Subsecretaría de Derechos Humanos funciones en materia de
reparación y no se le entreguen atribuciones para ello, pese a que el propio Mensaje señala la
importancia de dicha labor en cuanto al “diseño y desarrollo de estudios, planes y programas
destinados a la reparación de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”28
.

25
Esta norma fue aprobada por el Senado sin modificaciones a la formulación inicialmente contenida en la
propuesta gubernamental. Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece
adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Artículo 10 del Decreto Ley N° 3.346 de 1980 que
fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (Boletín Legislativo N° 8.207‐07).
26
Durante la discusión particular se incorporaron como integrantes del Comité Interministerial los Ministros
de Educación y de Defensa. Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece
adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Artículo 11 del Decreto Ley N° 3.346 de 1980 que
fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. En tanto, la norma que permitía al Ministro invitar a
opinar a otros ministros y funcionarios de la Administración del Estado, al Director del Instituto Nacional de
Derechos Humanos y a personas de reconocida competencia en el ámbito de los derechos humanos –cuya
redacción fue modificada durante la discusión particular ante las Comisiones de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía unidas– fue suprimida del texto
aprobado por el Senado, durante el debate y votación particular por la Sala; SENADO DE LA REPÚBLICA,
Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 361ª, Sesión 85ª, 14 de enero de 2014, pág. 63 (Boletín Legislativo
N° 8.207‐07).
27
Por tratarse del Balance al Poder Legislativo correspondiente al cuadrienio 2010‐2013, los comentarios
sobre el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos considerados en el presente
informe reproducen en gran medida lo expresado en el Balance al Poder Legislativo Año 2012, a excepción
de los contenidos que en el transcurso del debate que tuvo lugar en 2013 fueron modificados por las
respectivas comisiones de trabajo legislativo y la Sala del Senado. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
Balance al Poder Legislativo Año 2012, págs. 11 a 18.
28
El Mensaje presidencial, luego de comentar las funciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos,
señala “Especial importancia tiene, en este contexto funcional, la participación que se espera tenga la
Subsecretaría de Derechos Humanos en el diseño y desarrollo de estudios, planes y programas destinados a
la reparación de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”. Mensaje N° 405‐359, Op. Cit., pág. 4
(Boletín Legislativo N° 8.207‐07).
16

Hace parte de las obligaciones del Estado –además de promover, proteger, garantizar y respetar–
la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que refiere a restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y a las garantías de no repetición, sea que se trate de
las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico‐militar que
rigió en el país entre 1973 y 1990, como de otras violaciones que puedan ser cometidas por el
Estado de Chile.

Evidentemente el cumplimiento cabal de dichas obligaciones excede el mandato de la
Subsecretaría de Derechos Humanos pero en tanto organismo gubernamental le corresponde un
rol clave en la coordinación y definición de las políticas, planes, programas y decisiones que en
materia de reparación se adopten.

En segundo lugar, compartiendo la centralidad de las tareas encomendadas a la Subsecretaría
respecto de políticas públicas, estudios, planes y programas de promoción y protección de
derechos humanos, se considera que también debería encomendársele funciones en el ámbito de
la defensa y garantía de los derechos humanos, así como para la reparación de las violaciones a los
derechos humanos.

En tercer lugar, es evidente que el Plan Nacional de Derechos Humanos constituye un instrumento
fundamental para la concreción de las obligaciones internacionales que le corresponden al Estado
de Chile en materia de derechos humanos, pero que a la fecha no ha llegado a materializarse29
. De
allí la importancia de su inclusión en la presente propuesta gubernamental, y que durante el
debate legislativo se clarificara que su aprobación corresponde a la más alta autoridad, es decir,
al/la Presidente/a de la República, a partir de la propuesta del Comité Interministerial y la
Subsecretaría. Pero para que este instrumento cuente con la efectividad que requiere, deben
resolverse durante la tramitación legislativa una serie de vacíos que se observan en la formulación
propuesta.

El Plan Nacional de Derechos Humanos en cuanto instrumento que guía el accionar del conjunto
de órganos públicos en materia de promoción, protección, garantía, respeto y reparación debe
comprender el conjunto de obligaciones y compromisos internacionales que corresponden al
Estado de Chile, esto es, los que derivan de los tratados internacionales vigentes, las sentencias de
órganos jurisdiccionales y las recomendaciones de los organismos internacionales, entre las
principales. Asimismo, debe incorporar las recomendaciones que el Instituto Nacional de Derechos
Humanos –en cumplimiento de su mandato legal– formule para el debido “resguardo y respeto”
de estos derechos con ocasión del Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en el
país, así como las medidas que el Instituto proponga a los órganos del Estado para “favorecer la
protección y la promoción de los derechos humanos”30
.

29
En 2009 el Estado de Chile se comprometió voluntariamente ante el Consejo de Derechos Humanos a
“elaborar un plan de acción nacional de derechos humanos en que como parte de su metodología, se
prevean amplias consultas con la sociedad civil antes de su puesta en marcha”, sin que a la fecha dicho
compromiso se haya cumplido. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Examen Periódico Universal, Informe
del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Chile, Op. Cit., Párrafo 100.
30
República de Chile, Ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Artículo 3 numerales 1 y
3. A este respecto, se considera insuficiente la atribución encomendada por el proyecto al Comité
Interministerial en cuanto a “e) Conocer el informe anual elaborado por el Instituto Nacional de Derechos
17


El Plan debe establecer objetivos, responsabilidades y metas claras para cada una de las
reparticiones públicas involucradas, susceptibles de ser evaluadas en plazos determinados.

Además, se deben contemplar mecanismos para la participación de la sociedad civil en la
definición de los objetivos y contenidos del Plan Nacional de Derechos Humanos, así como en la
evaluación de su implementación, cuestión que el debate legislativo hasta ahora no ha
considerado.

Sin perjuicio de que durante el debate legislativo se amplió la integración del Comité
Interministerial, no se han incluido las carteras de Trabajo y Previsión Social, Salud y Hacienda,
entre otras, que resultan centrales en materia de derechos humanos, particularmente atendiendo
el rol del Comité en la formulación de la propuesta del Plan Nacional.

En cuarto lugar, se valora que la iniciativa plantee que el/la Ministro/a de Justicia y Derechos
Humanos propondrá al/la Presidente/a las reformas necesarias para adecuar el derecho interno a
los tratados internacionales, para lo cual será asistido por la Subsecretaría. No obstante, la
obligación de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de
derechos humanos no se limita a su ajuste a los tratados internacionales sino que también
comprende lo que organismos supervisores de dichos tratados interpretan como contenido de las
obligaciones estatales en las observaciones generales que periódicamente formulan y,
particularmente, en las recomendaciones dirigidas al Estado de Chile en cada uno de los exámenes
a que el Estado voluntariamente se somete31
. Asimismo, esta obligación de adecuación normativa
se extiende a los compromisos asumidos por el Estado de Chile en acuerdos de solución amistosa
promovidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión de denuncias
formuladas en su contra y, por cierto, a lo dispuesto en las sentencias pronunciadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; así como igualmente comprende los compromisos que el
Estado de Chile asume ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con motivo del
Examen Periódico Universal.

Además, se considera que en la “realización del estudio crítico del derecho interno” previo a la
formulación de propuestas de reforma normativa al/la Presidente/a, deben participar un conjunto
amplio de reparticiones estatales y deben contemplarse mecanismos para la participación de la
sociedad civil en ello. Asimismo, es del todo aconsejable que esta tarea se realice periódicamente,
debiendo definirse plazos para ello en el proyecto de ley.

Humanos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3°, número 1, de la ley N° 20.405”; Proyecto de ley que
crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de
Justicia, Artículo 12 letra e) del Decreto Ley N° 3.346 de 1980 que fija el texto de la Ley Orgánica del
Ministerio de Justicia (Boletín Legislativo N° 8.207‐07).
31
Por ejemplo ante el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
18

En quinto lugar, destaca la limitada composición del Comité Interministerial de Derechos
Humanos. Por la importancia de su tarea y en atención a la interdependencia e indivisibilidad de
los derechos humanos, además de las carteras contempladas en la iniciativa se considera que
deben hacer parte del Comité Interministerial el/la Ministro/a del Trabajo y Previsión Social, el/la
Ministro/a de Salud, el/la Ministro/a Secretario/a General de Gobierno y el/la Ministro/a de
Hacienda. Asimismo, se considera insuficiente que la propuesta gubernamental limite la
celebración de sesiones del Comité a la convocatoria del/a Ministro/a de Justicia sin definir una
periodicidad de las mismas y que pueda ser considerado suficiente que sesione dos veces al año.

En sexto lugar, más allá de la existencia del referido Comité, se requiere institucionalizar al interior
de cada Ministerio y organismo público un mecanismo de promoción, protección, respeto y
garantía de derechos humanos que, entre otras funciones, vele por la adecuada definición de
políticas públicas, programas y servicios así como por la implementación de las obligaciones y
compromisos sectoriales en materia de derechos humanos y del Plan Nacional de Derechos
Humanos.

En séptimo lugar, se requiere que la Subsecretaría de Derechos Humanos cuente en su estructura
con una unidad especializada en derechos humanos de las mujeres, cuestión que el proyecto de
ley no contempla. Ello, por cuanto el avance en materia de derechos humanos de las mujeres
requiere de la transversalización de los mismos en todo el aparato público pero también de
mecanismos especializados en cada uno de los órganos del Estado.

Por último, cabe agregar que se considera de la mayor relevancia la responsabilidad del Estado en
el conocimiento de la verdad histórica acerca de las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas en el país durante la dictadura cívico‐militar (1973‐1990), y el derecho de las víctimas a
ser reconocidas como tales y reparadas. Por ello debiera establecerse un mecanismo de carácter
permanente para la calificación de las víctimas y que estas accedan a los beneficios legalmente
establecidos en función de su condición de tales. Además, en atención a la particular dificultad que
presentan las mujeres para reconocer y relatar experiencias de violencia sexual sufridas en dicho
período, dicha entidad debiera contar con una unidad especializada a cargo del adecuado registro
de estos relatos y su calificación32
.

32
Al respecto cabe tener presente la recomendación formulada en 2009 por el Comité contra la Tortura: “El
Comité insta al Estado parte a que reabra la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o a que establezca con
prontitud otro organismo que retome el mandato de dicha Comisión. Con miras a satisfacer la exigencia de
reparación de las víctimas de tortura bajo la dictadura, el Comité recomienda que: a) Se adopten medidas
efectivas a fin de dar a conocer el mandato y la labor de la Comisión o, en su caso, del organismo que se cree
con el mismo fin, de manera que todas las personas que fueron víctimas de tortura durante la dictadura
tengan conocimiento de su existencia, particularmente aquéllas que se encuentran en zonas aisladas o más
desfavorecidas, o fuera del país. Para ello, el Comité insta al Estado parte a utilizar, entre otros, los medios
de difusión y las oficinas consulares en los países donde residen antiguos exiliados chilenos; b) Se establezcan
unos límites temporales suficientemente amplios para que todas aquellas personas que se consideren
víctimas de tortura puedan presentar su caso; c) Se incluyan todos los casos que correspondan a la definición
de tortura prevista en el artículo 1 de la Convención; d) Se reconsideren los criterios de calificación, en
especial con relación a todas las personas que sufrieron tortura siendo menores de edad, o fuera del
territorio nacional, o que no residen en el Estado parte; e) Se incluya la violencia sexual como forma de
tortura”. COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Examen de los informes presentados por los Estados partes en
19


Como se ha señalado, el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y
establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia ingresó a trámite legislativo
ante el Senado el 19 de marzo de 2012. Tras ser analizado por la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía y luego por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, fue sometido a debate ante la Sala del Senado, que el 5 de marzo de 2013 lo aprobó
en general por unanimidad33
. Posteriormente fue analizado en particular por las Comisiones de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía unidas y por la Comisión de Hacienda. El debate y votación particular ante la Sala de la
Cámara Alta se inició el 8 de enero de 201434
y culminó el 14 de enero35
, despachándose el
proyecto a segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados.

Cabe esperar que en el siguiente cuadrienio, el Parlamento continúe la tramitación de la creación
de la Subsecretaría de Derechos Humanos. No obstante se espera que en dicha discusión los
aspectos críticos que presenta la iniciativa sean corregidos.

virtud del Artículo 19 de la Convención, Observaciones finales del Comité contra la Tortura Chile, 42°
período de sesiones, 23 de junio de 2009, CAT/C/CHL/CO/5, Párrafo 17.
33
Votaron a favor 34 senadores/as, Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Carlos Bianchi (IND), Carlos
Cantero (IND), Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Camilo Escalona (PS), Alberto Espina
(RN), Eduardo Frei (DC), José García (RN), Alejandro García‐Huidobro (UDI), Guido Girardi (PPD), José
Antonio Gómez (PRSD), Antonio Horvath (RN a la fecha), Ricardo Lagos (PPD), Hernán Larraín (UDI), Juan
Pablo Letelier (PS), Pedro Muñoz (PS), Alejandro Navarro (MAS), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Lily
Pérez (RN a la fecha) Jorge Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS), Mariano
Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD), Gonzalo Uriarte (UDI), Ena Von Baer (UDI),
Ignacio Walker (DC), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC). Los senadores Carlos Kuschel (RN), Víctor
Pérez (UDI) y Jaime Quintana (PPD) no votaron pese a haber asistido a la sesión, mientras el senador Carlos
Larraín (RN) estuvo ausente en la sesión del 5 de marzo de 2013. SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de
Sesiones del Senado, Legislatura 360ª, Sesión 100ª, 5 de marzo de 2013, pág. 154 (Boletín Legislativo N°
8.207‐07).
34
SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 361ª, Sesión 84ª, 8 de enero de
2014 (Boletín Legislativo N° 8.207‐07). Ver nota de prensa: Subsecretaría de Derechos Humanos: senadores
analizan articulado, Senado de la República, Departamento de Prensa, 8 de enero de 2014. En:
http://www.senado.cl/subsecretaria‐de‐derechos‐humanos‐senadores‐analizan‐
articulado/prontus_senado/2014‐01‐08/201527.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
35
2014 (Boletín Legislativo N° 8.207‐07). Ver nota de prensa: Cámara Baja deberá conocer proyecto que
establece la creación de la Subsecretaría de DD.HH., Senado de la República, Departamento de Prensa, 14 de
enero de 2014. En: http://www.senado.cl/camara‐baja‐debera‐conocer‐proyecto‐que‐establece‐la‐creacion‐
de‐la‐subsecretaria‐de‐dd‐hh/prontus_senado/2014‐01‐14/191726.html (revisado por última vez el 31 de
marzo de 2014).
20

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Legislación sobre discriminación

9. Si bien nota los avances legislativos para combatir la discriminación racial, preocupa al Comité
que la “discriminación arbitraria” contenida en la Ley de no discriminación podría llevar a los jueces
a una interpretación que justifique ciertas acciones de discriminación y exima de responsabilidad a
los actores de dicha discriminación. El Comité también lamenta que la Ley citada no prevea
claramente medidas especiales que garanticen el goce pleno e igual de derechos humanos y
libertades fundamentales de todos los grupos en el Estado parte (art. 1, párrs. 1 y 4, y art. 2, párrs. 1
y 2).
El Comité alienta al Estado parte a revisar las categorías de discriminación consideradas “no
arbitrarias” para alinear la Ley de no discriminación a la Convención. También recomienda al Estado
parte que clarifique que la Ley contempla las medidas especiales en el combate de la discriminación
racial tomando en cuenta su Recomendación general N° 32 (2009) sobre el significado y alcance de
las medidas especiales en la Convención.
Párrafo 9.

11. El Comité exhorta al Estado parte a que: a) Adopte una definición jurídica general de todas las
formas de discriminación contra la mujer que abarque tanto la discriminación directa como la
indirecta, y establezca en su Constitución y/o en otra legislación el principio de igualdad entre la
mujer y el hombre, de conformidad con el artículo 2 a) de la Convención, con miras a lograr una
igualdad formal y sustantiva entre la mujer y el hombre;
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observaciones finales
sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile, adoptadas por el Comité en su 53° período de
sesiones (1° a 19 de octubre de 2012), 53° período de sesiones, 12 de noviembre de 2012,
CEDAW/C/CHL/CO/5‐6, Párrafo 11 letra a).

20. Velar en mayor medida por la aplicación de la legislación que garantiza los principios de no
discriminación y adoptar una estrategia integral para eliminar todas las formas de discriminación,
en particular la discriminación por motivos de género (Ucrania); revisar y, si es necesario, modificar
la legislación para garantizar a todos el derecho a no ser discriminados y, en particular, a eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer (México);
27. Reforzar las medidas contra las actitudes discriminatorias en la sociedad, por ejemplo iniciativas
de educación pública y de igualdad y medidas legislativas para prevenir la discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género (Nueva Zelandia);
28. Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y
abordarla en los programas y políticas de igualdad (Suecia) y utilizar los Principios de Yogyakarta
como guía en la formulación de políticas (Países Bajos).
A/HRC/12/10, Párrafos 96 numerales 20, 27 y 28.

21

16. (...) El Estado parte debería garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos
establecidos en el Pacto, independientemente de su orientación sexual, incluyendo igualdad ante la
ley y en el acceso a los servicios de salud. Debería también poner en práctica programas de
sensibilización con el fin de combatir los prejuicios sociales.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Examen de los informes presentados por los Estados partes con
arreglo al Artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos Chile, 89°
período de sesiones, 17 de abril de 2007, CCPR/C/CHL/CO/5, Párrafo 16.

El principal avance legislativo en materia de igualdad y no discriminación del cuadrienio 2010–
2013 es la Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación36
dictada en 2012. Dado
que en la definición legal de discriminación se ha incluido la orientación sexual y la identidad de
género, entre otras categorías de discriminación prohibida, esta Ley constituye un hito en el
reconocimiento y protección de la diversidad sexual. Se trata de la primera herramienta legal que
defiende la dignidad y derechos de todas las personas y expresamente proscribe la discriminación
en contra de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans37
.

La aprobación de la Ley coincidió con el crimen cometido en contra del joven homosexual Daniel
Zamudio38
, que concitó el rechazo de amplios sectores de la sociedad chilena y a nivel
internacional; y la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por la discriminación cometida por el Estado de Chile en contra de Karen Atala, madre
lesbiana a quien la Corte Suprema en 2004 privó de la custodia de sus tres hijas39
. De allí que su
dictación pudo haber marcado el comienzo de una política pública orientada a cautelar los
derechos de las personas de diversa orientación sexual, según lo comprometido por el Presidente
de la República en su Programa de Gobierno40
.

36
República de Chile, Ley N° 20.609, establece medidas contra la discriminación, publicada en el Diario
Oficial el 24 de julio de 2012 (Boletín Legislativo N° 3.815‐07).
37
sobre la Ley N° 20.609 establece medidas contra la discriminación considerados en el presente informe
reproducen en gran medida lo expresado en el Balance al Poder Legislativo Año 2012, publicado con
posterioridad a la dictación de la misma, en base a los aspectos críticos de la normativa en debate
contenidos en los Balances al Poder Legislativo de años anteriores. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
Balance al Poder Legislativo Año 2012, págs. 18 a 31; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder
Legislativo Año 2011, págs. 13 a 19; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año
2010, págs. 137 a 151; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Período 2006‐2009,
págs. 119 a 129; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008, págs. 125 a
131; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007, págs. 44 a 52; y
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance Anual al Poder Legislativo Año 2006, págs. 24 a 32.
38
La Tercera, Daniel Zamudio muere a 25 días de recibir brutal golpiza por ser homosexual, 28 de marzo de
2012, pág. 2.
39
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, Sentencia de 24 de
febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 239.
40
“Promover una política de respeto por todas las personas, independiente de su orientación religiosa,
política, sexual u origen étnico o racial, velando porque no existan discriminaciones arbitrarias contra las
minorías”; Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐2014, Op. Cit., pág.
151.
22


La Ley que establece medidas contra la discriminación se debatió en el Parlamento durante siete
años, tras ser presentada en marzo de 2005 por el entonces Primer Mandatario, Ricardo Lagos41
.
Si bien la Cámara de Diputados despachó prontamente la iniciativa en primer trámite
constitucional –en octubre de 2005–, en el Senado su tramitación se extendió por varios años,
estancándose en reiteradas ocasiones por las resistencias de numerosos parlamentarios a
reconocer y proteger a las personas de diversa orientación sexual42
. En noviembre de 2011 el
Senado aprueba el proyecto, remitiéndolo a la Cámara Baja que lo somete a votación el 4 de abril
de 2012 y posteriormente se conforma una Comisión Mixta que propuso el texto que en definitiva
fue sancionado por el Congreso Nacional el 10 de mayo de 2012.

La Ley define que constituye discriminación arbitraria “toda distinción, exclusión o restricción que
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se
funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género,
el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad” (Artículo
2° inciso 1).

41
Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, mensaje presentado por el ex Presidente
Ricardo Lagos ante la Cámara de Diputados, 22 de marzo de 2005 (Boletín Legislativo N° 3.815‐07).
42
Cabe recordar que el 5 de enero de 2012 un grupo de 47 diputados y diputadas presentaron un
requerimiento ante el Tribunal Constitucional solicitando se declarara inconstitucional el Artículo 2° del
proyecto de ley referido a la definición de discriminación arbitraria. Presentaron dicho requerimiento
Gonzalo Arenas (UDI), María José Hoffmann (UDI), Ignacio Urrutia (UDI), Carlos Vilches (UDI), Felipe Ward
(UDI), Eugenio Bauer (UDI), Jorge Ulloa (UDI), David Sandoval (UDI), Joel Rosales (UDI), Gustavo Hasbun
(UDI), Javier Macaya (UDI), Enrique Estay (UDI), Celso Morales (UDI),Giovanni Calderón (UDI), Iván Moreira
(UDI), María Angélica Cristi (UDI), José Antonio Kast (UDI), Carlos Recondo (UDI), Mónica Zalaquett (UDI),
Enrique Van Rysselberghe (UDI), Ramón Barros (UDI), Fuad Chaín (DC), René Saffirio (DC), Miodrag
Marinovic (IND), Rosauro Martínez (RN); Roberto Del Mastro (IND), Arturo Squella (UDI), Alejandro Santana
(RN), Iván Norambuena (UDI), Romilio Gutiérrez (UDI), Pedro Pablo Álvarez‐Salamanca (UDI), Claudia
Nogueira (UDI), Mario Bertolino (RN), Cristian Letelier (UDI), José Manuel Edwards (RN), Javier Hernández
(UDI), Germán Verdugo (RN), Alberto Cardemil (RN), René Manuel García (RN), Leopoldo Pérez (RN), Nino
Baltolu (UDI), Issa Kort (UDI), Sergio Bobadilla (UDI), Ernesto Silva (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Jorge Sabag
(DC), Gastón Von Mühlenbrock (UDI). Con fecha 19 de enero de 2012 el Tribunal Constitucional resolvió no
acoger a tramitación el requerimiento deducido por no haberse cumplido la exigencia legal de contener una
exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho que le sirven de apoyo, así como de
precisar los vicios de inconstitucionalidad, dado que no se explicitaron las consideraciones que
transformarían en una reforma constitucional el precepto legal impugnado, a la vez que no resulta lógico
que en subsidio se solicite su carácter de norma interpretativa. Tribunal Constitucional, 19 de enero de
2012, Rol N° 2.160‐12‐CPT (Boletín Legislativo N° 3.815‐07).
23

Destaca en esta conceptualización marco de discriminación, la inclusión de la orientación sexual y
la identidad de género entre las categorías de discriminación prohibida. Ello se ajusta a las
obligaciones internacionales en la materia43
, particularmente a lo señalado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Karen Atala e hijas contra el Estado de Chile. A
partir de este caso “(…) la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la
identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está
proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho
interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de
modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”44
.

No obstante, más allá de la importancia del reconocimiento normativo de la prohibición de
discriminación en base a un conjunto de categorías sospechosas, se lamenta que se haya
eliminado del proyecto la causal residual “cualquier otra condición” contemplada en los tratados
internacionales de derechos humanos vigentes en el país45
, que permitiría ampliar la protección al
principio constitucional de igualdad de derechos a otras situaciones inicialmente no previstas en la
formulación legal46
.

Pero, además, la Ley presenta otra serie de omisiones que hacen de esta normativa una
herramienta limitada en su capacidad de resguardar la igualdad de derechos de todas las personas
y que impiden calificarla como una respuesta estatal acorde a las obligaciones internacionales de
prevención, sanción, erradicación y reparación de la discriminación, tal como se señaló en diversas
oportunidades ante las comisiones de trabajo legislativo que analizaron la propuesta.

43
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Resolución 17/19 Derechos humanos, orientación sexual e identidad
de género, 17° período de sesiones, 14 de julio de 2011, A/HRC/RES/17/19; ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS, Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 41° período ordinario de
sesiones, 7 de junio de 2011, AG/RES. 2653 (XLI‐O/11); ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS,
Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 40° período ordinario de sesiones, 8 de junio
de 2010, AG/RES. 2600 (XL‐O/10); ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Derechos humanos,
orientación sexual e identidad de género, 39° período ordinario de sesiones, 4 de junio de 2009, AG/RES.
2504 (XXXIX‐O/09); ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Derechos humanos, orientación sexual e
identidad de género, 38° período ordinario de sesiones, 3 de junio de 2008, AG/RES. 2435 (XXXVIII‐O/08).
Corresponden, en tanto, a fechas posteriores a la aprobación de la Ley: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS, Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, 43° período
ordinario de sesiones, 6 de junio de 2013, AG/RES. 2807 (XLIII‐O/13); ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS, Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 42° período ordinario de
sesiones, 4 de junio de 2012, AG/RES. 2721 (XLII‐O/12).
44
febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 239, Párrafo 91.
45
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 2.1; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2.2; Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 1.1.
46
El proyecto de ley original, contenido en el Mensaje presidencial de 2005, consideraba en la
conceptualización de discriminación la causal residual “cualquiera otra condición social o individual”, la que
se mantuvo en el proyecto aprobado en primer tramite constitucional por la Cámara de Diputados, pero
posteriormente fue eliminada del texto aprobado por el Senado (Boletín Legislativo N° 3.815‐07).
24


El objetivo fundamental de la Ley N° 20.609 se define acotado a “instaurar un mecanismo judicial
que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de
discriminación arbitraria” (Artículo 1° inciso 1). Regular una acción judicial es claramente más
limitado que el objetivo inicialmente planteado en este proyecto en orden a “prevenir y eliminar
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona”, como lo señalaba el
Mensaje presidencial de 200547
.

Es central en una normativa sobre discriminación el establecimiento de una acción jurisdiccional
que permita a quienes han sufrido discriminación exigir el pleno respeto de sus derechos por la vía
judicial. De allí la importancia que se asigna al mecanismo judicial que la Ley aprobada contempla.
El problema reside en la insuficiencia que presenta la sola respuesta judicial ante la omisión de
otras medidas por parte de los órganos del Estado para garantizar la igualdad y la no
discriminación, puesto que no basta con sancionar la discriminación una vez ocurrida si
previamente los poderes públicos no cumplieron sus obligaciones de asegurar a todos y todas el
disfrute de sus derechos fundamentales.

La importancia de una adecuada definición del objeto de la ley que establece medidas contra la
discriminación radica en que a partir de este se interpreta y aplica la normativa por parte del
conjunto de actores públicos y privados. Pero –como se ha señalado–, al minimizar sus alcances, la
Ley adoptada no incorpora los estándares internacionales aplicables ni asegura el cumplimiento
del mandato constitucional de respetar y promover los derechos humanos48
. Para garantizar los
principios de igualdad y no discriminación en el ordenamiento jurídico nacional hubiera sido
necesario definir que el objeto de la ley es la prevención, sanción, eliminación y reparación de la
discriminación.

Otro aspecto relevante que debió considerar la normativa aprobada, dice relación con el
señalamiento claro y expreso de las obligaciones que corresponden a los poderes del Estado y
órganos públicos en orden a prevenir, sancionar, erradicar y reparar la discriminación. Se esperaba
que en la Ley se incluyera la obligatoriedad de implementar medidas imprescindibles para
prevenir la discriminación tales como acciones educativas, campañas públicas, capacitación a
funcionarios públicos y operadores de justicia, acciones afirmativas y un conjunto de políticas que
garanticen la igualdad de derechos; así como una institucionalidad abocada a ello, dotada de
recursos humanos y financieros suficientes.

47
Mensaje N° 315‐352, Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley
que establece medidas contra la discriminación, 14 de marzo de 2005 (Boletín Legislativo N° 3.815‐07).
48
“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados
por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes”. República de Chile, Constitución Política de la República, Artículo 5° inciso 2.
25

En la Ley aprobada se incluye, eso sí, una norma referida a las políticas que a los órganos de la
Administración del Estado corresponde elaborar e implementar para garantizar a “toda persona,
sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la
Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes” (Artículo 1° inciso 2). Se trata de un enunciado general que no llega a
establecer obligaciones precisas a los órganos gubernamentales, ni plazos para su
implementación, así como tampoco mecanismos para su exigibilidad o para la evaluación de las
mismas. Aun así, cabe valorar que al menos este inciso se haya reincorporado a propuesta del
Gobierno durante la discusión ante la Comisión Mixta, luego de que el Senado haya planteado
eliminarlo49
.

Por otra parte, el texto finalmente aprobado omite considerar medidas de acción afirmativa, que
sí se incluían en el Mensaje original y fueron aprobadas en primer trámite constitucional por la
Cámara de Diputados.

Las medidas de acción afirmativa constituyen distinciones o tratamientos diferenciados o
preferenciales que los Estados adoptan, precisamente, para reducir o eliminar condiciones que
obstaculizan el ejercicio de algunos derechos a determinados sectores de la población
históricamente discriminados. De allí que se considere consustancial a una legislación sobre
discriminación instaurar un conjunto de mecanismos que permitan enfrentarla. El derecho
internacional de los derechos humanos no solo admite, sino que alienta la adopción de medidas
de acción afirmativa a fin de corregir ciertas situaciones de hecho contrarias al principio de
igualdad, y la jurisprudencia de los organismos internacionales ha sido enfática en su defensa.
Asimismo, la legislación comparada avanza en el reconocimiento e implementación de acciones
afirmativas50
.

49
CONGRESO NACIONAL, Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece medidas
contra la discriminación, Boletín N° 3.815‐07, 7 de mayo de 2012 (Boletín Legislativo N° 3.815‐07).
50
De hecho, algunos países de la región han incorporado con rango constitucional el mandato de adoptar
medidas afirmativas. Al respecto se pueden mencionar algunos ejemplos relevantes: Argentina, Colombia y
Ecuador. La Constitución de la Nación Argentina incorpora este deber en su Artículo 75 señalando entre las
atribuciones del Congreso Nacional: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (Artículo 75 N° 23). Por su parte, la
Constitución Política de Colombia dispone que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (Artículo 13 inciso
2). En tanto, la Constitución de la República del Ecuador establece que “Todas las personas son iguales y
gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio‐económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal
o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos
que se encuentren en situación de desigualdad” (Artículo 11 N° 2).
26

Al menos cuatro tratados internacionales vigentes en Chile señalan expresamente la procedencia
de las medidas o acciones afirmativas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial51
, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer52
, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad53
, y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes54
, por lo que constituye una obligación para los órganos del Estado.

Además del tratamiento internacional específico frente a ciertas clases de discriminación
especialmente graves –como la discriminación racial, contra las mujeres, contra personas con
discapacidad y contra pueblos indígenas–, se ha abordado la importancia de adoptar medidas de
acción afirmativa como parte de las obligaciones generales de los Estados en materia de derechos
humanos. El Comité de Derechos Humanos (que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos) en una observación general de 1989 señaló que “el principio de la
igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o
eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida” y que
si la “situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los

51
“Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos
raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de
garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como
consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se
mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”. Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Artículo 1.4.
52
“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la
presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de
oportunidad y trato”. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, Artículo 4.1.
53
“A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. No se considerarán discriminatorias,
en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la
igualdad de hecho de las personas con discapacidad”. Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Artículos 5.3 y 5.4.
54
“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros
de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional
otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos
sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y
tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la
comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”. “Deberán adoptarse
las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, Artículos 2 y 4.1.
27

derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales
para poner remedio a esa situación”55
.

En tanto, ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos es clara la
procedencia y la obligatoriedad de estas medidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha dispuesto que “los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar
situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de
personas” y que el “incumplimiento de estas obligaciones genera la responsabilidad internacional
del Estado”56
. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que
“avanza hacia un concepto de igualdad material o estructural que parte del reconocimiento de que
ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas especiales de equiparación”57
.

55
“El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados Partes
adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se
perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de
un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa
población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las
medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se
trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin
embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una
diferenciación legítima con arreglo al Pacto”. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General N° 18,
Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, No discriminación, 37° período
de sesiones, 10 de noviembre de 1989, HRI/GEN/1/Rev.7 at 168, Párrafo 10.
56
“104. Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones
discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el
deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros
que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. 105.
En razón de los efectos derivados de esta obligación general, los Estados sólo podrán establecer distinciones
objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos y de
conformidad con el principio de la aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana. 106. El
incumplimiento de estas obligaciones genera la responsabilidad internacional del Estado, y ésta es tanto más
grave en la medida en que ese incumplimiento viola normas perentorias del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (…)”. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva OC‐18/03
de 17 de septiembre de 2003 solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes Indocumentados, Párrafos 104 a 106.
57
“El sistema interamericano no sólo recoge una noción formal de igualdad, limitada a exigir criterios de
distinción objetivos y razonables y, por lo tanto, a prohibir diferencias de trato irrazonables, caprichosas o
arbitrarias, sino que avanza hacia un concepto de igualdad material o estructural que parte del
reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas especiales de
equiparación. Ello implica la necesidad de trato diferenciado cuando, debido a las circunstancias que afectan
a un grupo desaventajado, la igualdad de trato suponga coartar o empeorar el acceso a un servicio, bien o el
ejercicio de un derecho”. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Acceso a la justicia para
las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero de 2007, Párrafo 99.
28

Sin embargo, en el Senado se eliminaron del proyecto las normas sobre medidas de acción
afirmativa, pese a que numerosas organizaciones y entidades que participaron de la discusión
legislativa argumentaron extensamente sobre la importancia y necesidad de su inclusión58
. Haber
excluido las medidas de acción afirmativa de la Ley N° 20.609 no solo atenta contra los estándares
internacionales, sino que incide negativamente en la aplicabilidad práctica de esta legislación.
Cuesta entender de qué modo la normativa contra la discriminación pueda contribuir a asegurar el
ejercicio pleno de sus derechos a todas las personas si una de las herramientas fundamentales
para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, enfrentar la discriminación existente y
avanzar en su corrección –como son las medidas de acción afirmativa– se ha eliminado de su
texto.

En definitiva, durante la extensa tramitación legislativa que tuvo esta iniciativa no llegó a
mejorarse la redacción original, tal como se espera del proceso de debate parlamentario. Por el
contrario, la discusión se orientó más bien –como evidencia el texto finalmente despachado por el
Congreso Nacional– a restringir los contenidos inicialmente propuestos. Esta Ley se circunscribe a
establecer un mecanismo jurisdiccional específico para la discriminación, complementado con una
agravante de responsabilidad penal59
, pero sin contemplar ninguna otra medida. El hecho de
haber suprimido durante el debate otras herramientas contenidas en el texto primitivo debió
reflejarse en la denominación de la normativa ya que no corresponde sea nombrada como la Ley
“que establece medidas contra la discriminación”.

La acción judicial de no discriminación arbitraria prevista en la Ley N° 20.609 puede ser interpuesta
por quienes sean “directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación
arbitraria” ante el juez de letras de su domicilio o del domicilio del responsable de esta, en un
plazo de 90 días desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria o desde que se tuvo
conocimiento de ella. Se trata de un plazo en extremo limitado que no se condice con la
naturaleza de violación de derechos humanos que se pretende enfrentar. Esta limitación –como se
advirtió a las comisiones de trabajo legislativo que analizaron la propuesta– puede entrabar el
oportuno acceso a la justicia de quienes han sido discriminados, puesto que de no poder accionar

58
Durante el debate ante la Comisión Mixta expusieron ante la misma diversas organizaciones y entidades
de la sociedad civil, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además del INDH, sostuvieron la
necesidad de volver a incluir en el texto del proyecto de ley las medidas de acción afirmativa Amnistía
Internacional, Corporación Humanas y el Observatorio Parlamentario, Fundación Iguales, Movimiento por la
Diversidad Sexual MUMS, Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad OTD y el académico
Patricio Zapata. CONGRESO NACIONAL, Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que
establece medidas contra la discriminación, Boletín N° 3.815‐07, 7 de mayo de 2012 (Boletín Legislativo N°
3.815‐07).
59
La agravante penal contenida en la Ley fue objeto de revisión por la Comisión Mixta, quedando finalmente
formulada en los siguientes términos: “Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión
política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo,
orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad
que padezca”. La revisión por parte de la Comisión Mixta fue crucial para incorporar la identidad de género
dentro del listado de motivaciones discriminatorias para la comisión o participación en un delito, dado que
ello no había sido contemplado en la propuesta del Senado pese a que en el Artículo referido a la definición
de discriminación arbitraria sí incorporaba la identidad de género como causal de discriminación prohibida
29

en tan estricto plazo quedarían impedidos de hacer valer sus derechos, lo que podría configurar
una vulneración del derecho a la protección judicial.

Este procedimiento judicial se orienta a que en la sentencia el tribunal declare si ha existido o no
discriminación arbitraria, y en caso de haberla ordene dejar sin efecto el acto discriminatorio, que
no se repita, o bien que se realice el acto omitido en cierto plazo. Además, puede el tribunal
ordenar medidas para restablecer el imperio del derecho y proteger al afectado. Asimismo,
durante la tramitación de esta acción, el tribunal está facultado para suspender provisionalmente
el acto reclamado, lo que deberá ordenar si, además de la apariencia de derecho, su ejecución
haga inútil, muy gravosa o imposible la restitución de la situación a su estado anterior.

Se regula como sanción a quien ha incurrido en discriminación el pago de una multa a beneficio
fiscal, lo que no llega a constituir en modo alguno una medida de reparación para quien ha sufrido
la discriminación. En tanto, si se establece que la denuncia es infundada el tribunal aplicará una
multa al recurrente, cuestión que puede desincentivar la presentación de esta acción.

Otro de los gravísimos problemas que presenta esta Ley –que también fuera representado por
diversas entidades durante el debate– es la inclusión por el Senado de una norma que establece
una improcedente primacía de algunas garantías constitucionales por sobre los principios de
igualdad y no discriminación. La norma señala: “Se considerarán razonables las distinciones,
exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el
inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en
especial los referidos en los números 4°, 6°, 11°, 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución
Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima” (Artículo 2° inciso 3).

Esta disposición relativiza de un modo inaceptable el propósito –ya bastante limitado como se
indicara anteriormente– de la iniciativa. Ello por cuanto preceptúa que si trata del ejercicio del
derecho a la vida privada, la honra de la persona y la familia; la libertad de conciencia, creencia o
religión; la libertad de enseñanza; la libertad de expresión; el derecho de asociación; el derecho al
trabajo; el derecho a desarrollar actividades económicas; u “otra causa constitucionalmente
legítima” (causal residual que amplía de modo insospechado la excepción y que ni siquiera se
refiere a un derecho o garantía constitucional propiamente sino a una “causa”), las distinciones,
exclusiones o restricciones que agentes públicos o privados puedan realizar “se considerarán
razonables”, es decir, no configurarán la discriminación prohibida y sancionada por la ley.

Con esta norma se consagra que un conjunto –muy amplio por lo demás– de distinciones,
exclusiones o restricciones basadas en categorías de discriminación prohibidas que causen
privación, perturbación o amenaza al ejercicio legítimo de derechos fundamentales, no
constituyen discriminación y están expresamente permitidas por la Ley, que no es otra que la
misma Ley que pretendidamente busca proteger frente a la discriminación.

30

Los derechos humanos, emanados de la intrínseca dignidad de la persona humana, detentan,
entre otras características, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia60
. Expresado en
términos sencillos, los derechos humanos corresponden a todas las personas por el solo hecho de
serlo y el ejercicio de unos derechos o libertades es condición para el disfrute de otros, sin que sea
posible establecer jerarquías o preferencias entre unos y otros. A ello se agrega que por mandato
constitucional “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada
uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible,
con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”61
y es deber de los
órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos garantizados por la Constitución
Política y los tratados internacionales vigentes en el país62
.

De allí que no resulte coherente con la regulación constitucional de los derechos humanos
establecer jerarquías o preferencias entre unos derechos y libertades por sobre otros, como lo
hace la Ley N° 20.609. Ni la Constitución Política de la República de Chile, ni el derecho
internacional de los derechos humanos, como tampoco la legislación comparada, establecen a
priori y de modo abstracto jerarquías o graduaciones de derechos humanos y libertades
fundamentales.

Es inaceptable que la propia Ley que regula el derecho a la igualdad y la no discriminación –o
cualquier otra– lo haga creando una preferencia para otros derechos o garantías constitucionales,
o peor aun, alguna “causa constitucionalmente legítima” que ni siquiera es definida, los que
pasarían a tener un rango superior no contemplado en la Constitución Política. La Carta
fundamental no consagra derechos de primera categoría por sobre derechos de segundo o inferior
rango y es totalmente improcedente que dicha prelación pueda ser establecida por una norma de
rango legal de carácter general, contrariando las normas constitucionales y los tratados
internacionales vigentes.

Considerando la posibilidad –frecuente por lo demás– de que en ciertas circunstancias se
presenten conflictos entre uno o más derechos, éstos no pueden ser resueltos de modo abstracto
y a priori por una norma de rango legal que disponga que el derecho a la igualdad y la no
discriminación ceden frente a determinadas garantías constitucionales y que quedarían
desprovistas de la protección judicial. De hecho, la iniciativa en discusión crea una acción
jurisdiccional especial precisamente para que el órgano judicial se pronuncie frente a la eventual
existencia de una discriminación, ponderando en el caso concreto los derechos en conflicto.

60
“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí
(…)”; Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a
25 de junio de 1993 A/CONF.157/23, Párrafo 5.
61
República de Chile, Constitución Política de la República, Artículo 1° inciso 4.
62
Ibídem, Artículo 5° inciso 2.
31

Una eventual colisión de derechos es una cuestión fáctica que debe ponderarse caso a caso en
conformidad a las circunstancias particulares por el órgano jurisdiccional. No es posible
determinar de modo abstracto y a priori, como lo regula la Ley sobre discriminación, que ciertos
derechos están por sobre el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política y los
tratados internacionales.

Pese a la extensa argumentación que organizaciones expresaron ante la Comisión Mixta en orden
a la necesidad de eliminar la referida disposición63
, lamentablemente ello no fue acogido,
consagrándose en definitiva, junto al enunciado general de prohibición de la discriminación, una
jerarquía de derechos inadmisible que rebaja los derechos a la igualdad y a la no discriminación a
derechos de segundo orden, además de inoperantes al quedar desprovistos de protección
judicial64
.

En definitiva, la aprobación de la Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación
destaca por los principios que sostiene pero es evidente que las herramientas que entrega
presentan graves falencias, por lo que resulta complejo considerar que pueda tener efectos
significativos para enfrentar la discriminación existente en el país.

63
Durante el debate ante la Comisión Mixta –como se ha señalado– se recibió a diversas organizaciones y
entidades de la sociedad civil, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además del INDH,
sostuvieron la necesidad de eliminar del texto del proyecto el referido inciso sobre jerarquización de
derechos: Amnistía Internacional, Corporación Humanas y el Observatorio Parlamentario, Fundación Iguales,
Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, Movimiento Chileno de Minorías Sexuales MOVILH y
Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad OTD. CONGRESO NACIONAL, Informe de la
Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, Boletín N°
3.815‐07, 7 de mayo de 2012 (Boletín Legislativo N° 3.815‐07).
64
Cabe señalar que ante la Comisión Mixta, a propuesta del Ejecutivo, sí llegó a ser revertida otra norma
aberrante contenida en el proyecto aprobado por el Senado. La norma estigmatizaba a las personas de
diversa orientación sexual estableciendo una suerte de vinculación entre la orientación sexual y la eventual
comisión de delitos de violencia sexual o contra la integridad sexual de menores de edad, contribuyendo –a
lo menos– a reforzar prejuicios y estereotipos sobre homosexuales, bisexuales y lesbianas. En definitiva se
aprobó una norma inadecuada que dispone “Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán
invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o
al orden público” (Artículo 2° inciso 2); pero se suprimió la parte en que se señalaba “De esta manera, por
ejemplo, no podrá reclamar discriminación por orientación sexual un individuo que deba responder por actos
sexuales violentos, incestuosos, dirigidos a menores de edad cuando tengan el carácter de delito, o que, en
los términos de la ley vigente, ofendan el pudor”. Aun cuando la Ley no contemple la norma estigmatizante,
resulta muy grave que parlamentarios/as en algún momento hayan debatido respecto a una posible relación
causal entre la orientación sexual y ciertos delitos, y que de dicho debate haya surgido una propuesta
normativa como la comentada (Boletín Legislativo N° 3.815‐07).
32

Reconocimiento y protección a las relaciones familiares

142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto
cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al
respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al
matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común
por fuera del matrimonio.
172. Respecto al concepto de familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados,
han indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto éste puede variar. De igual
forma, el Tribunal Europeo ha interpretado el concepto de “familia” en términos amplios. Respecto
a parejas de diferente sexo, ha señalado reiteradamente que: La noción de familia bajo esta norma
no está circunscrita a relaciones basadas en el matrimonio y puede abarcar otros vínculos de
‘familia’ de facto donde las partes están viviendo juntas fuera del matrimonio (...)
174. (...) Al aplicar un criterio amplio de familia, el Tribunal Europeo estableció que “la noción de
‘vida familiar’ abarca a una pareja del mismo sexo que convive en una relación estable de facto, tal
como abarcaría a una pareja de diferente sexo en la misma situación”, pues consideró “artificial
mantener una posición que sostenga que, a diferencia de una pareja heterosexual, una pareja del
mismo sexo no puede disfrutar de la ‘vida familiar’ en los términos del artículo 8” del Convenio
Europeo.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, Sentencia de
24 de febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 239, Párrafos 142, 172 y 174.

47. (…) b) Considere la posibilidad de aprobar, lo antes posible, la nueva legislación sobre las
uniones de hecho y se asegure de que sus disposiciones respetan plenamente el principio de no
discriminación e igualdad entre la mujer y el hombre.
CEDAW/C/CHL/CO/5‐6, Párrafo 47 letra b).

En materia de reconocimiento y protección a las relaciones familiares, interesa señalar que
durante el cuadrienio informado se presentó una moción sobre matrimonio igualitario que no
llegó a ser analizada por el Parlamento y que, en cambio, el proyecto de acuerdo de vida en pareja
propuesto por el Presidente de la República fue profusamente debatido en el Senado y aprobada
la idea de legislar en enero de 2014.

Pese a la claridad con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en la sentencia dictada
en el caso Karen Atala contra el Estado de Chile– se ha pronunciado respecto del alcance de la
obligación estatal de protección a la familia, reconociendo que ella no se limita a una noción
tradicional de familia sino que comprende tanto a las parejas de diferente como del mismo sexo65
,
el Parlamento chileno no ha debatido sobre matrimonio igualitario.

65
febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 239, Párrafos 142, 172 y 174.
33

En agosto de 2010 los/as senadores/as Isabel Allende (PS), Guido Girardi (PPD), Ricardo Lagos
(PPD) y Fulvio Rossi (PS) presentaron un proyecto sobre matrimonio entre personas del mismo
sexo66
, generando un interesante debate público que no tuvo eco en la agenda legislativa.
Sustentada en la igualdad de derechos y en la prohibición de discriminación, la moción proponía
modificar la definición del contrato de matrimonio en el Código Civil, permitiendo contraerlo a dos
personas en reemplazo de la norma vigente que lo limita a un hombre y una mujer, y suprimir la
finalidad de procrear que actualmente define al matrimonio, manteniendo la vida en común y el
auxilio mutuo67
.

El impulso que algunos/as legisladores/as han procurado al debate sobre matrimonio igualitario68
,
lamentablemente no ha concitado el respaldo necesario para avanzar en su discusión y la
Comisión de Constitución no llegó a analizar el proyecto.

En tanto, el Gobierno mantuvo su postura de que el matrimonio únicamente corresponde a una
pareja conformada por un hombre y una mujer69
. Lo mismo se ha sostenido por gran parte de
los/as parlamentarios/as70
y numerosos representantes de iglesias evangélicas y católica así lo

66
Proyecto de ley sobre el contrato de matrimonio entre personas del mismo sexo, moción presentada por
los/as senadores/as Isabel Allende (PS), Guido Girardi (PPD), Ricardo Lagos (PPD) y Fulvio Rossi (PS), 3 de
agosto de 2010. El Senador Alejandro Navarro retiró su firma del proyecto el 7 de septiembre de 2010. La
iniciativa fue remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que lo archivó el 14
de marzo de 2014 (Boletín Legislativo N° 7.099‐07).
67
El proyecto plantea, básicamente, la modificación del artículo 102 del Código Civil que contiene la
definición del contrato de matrimonio, norma que dispone “El matrimonio es un contrato solemne por el
cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos,
de procrear y auxiliarse mutuamente”. Se propone reemplazar la expresión “un hombre y una mujer” por
“dos personas” y suprimir la frase “de procrear”. Además, en la Ley de Matrimonio Civil (Ley N° 19.947) se
propone el reconocimiento en Chile de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el
extranjero; así como restringir la causal de divorcio por razones de homosexualidad únicamente a los
matrimonios entre un hombre y una mujer (Boletín Legislativo N° 7.099‐07).
68
Además de la moción presentada en 2010 ante el Senado, en marzo de 2008 una iniciativa similar había
sido propuesta por Alfonso de Urresti (PS), Ramón Farías (PPD), Adriana Muñoz (PPD) y los entonces
diputados Marco Enríquez‐Ominami (PS a la fecha), Guido Girardi Briere (PPD) y Jorge Insunza (PPD). La
moción nunca fue debatida y en junio de 2010 fue archivada por la Comisión de Familia. Proyecto de ley que
modifica el Código Civil en relación al concepto de matrimonio (Boletín Legislativo N° 5.780‐18).
69
“Nuestro objetivo será fortalecer la familia y el matrimonio, que por esencia es la unión entre un hombre y
una mujer que se complementan para formar un hogar”, Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y
la Esperanza Chile 2010‐2014, Op. Cit., pág. 142. “Al proceder de esta manera quiero que sepan que lo hago
honrando no solamente un compromiso de campaña, sino que también una profunda convicción que me
lleva a sostener que el matrimonio, por su naturaleza, debe ser entre un hombre y una mujer. Esta
convicción, que yo sé que no todos comparten, la he mantenido siempre, tanto privada como públicamente,
como ciudadano, como senador, dos veces como candidato presidencial y ahora la ratifico como Presidente
de la República”, Palabras de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al firmar el proyecto de ley
que establece y regula el acuerdo de vida en pareja, Santiago, 9 de Agosto de 2011. En:
http://www.prensapresidencia.cl/discurso.aspx?codigo=7150 (revisado por última vez el 31 de marzo de
2014).
70
SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 361ª, Sesión 81ª, 18 de diciembre
de 2013; SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 361ª, Sesión 83ª, 7 de enero
de 2014 (Boletines Legislativos N°s 7.011‐07 y 7.083‐07 refundidos).
34

defendieron durante el debate del proyecto de acuerdo de vida en pareja71
. Se trata de una
posición que atribuye al matrimonio una suerte de esencia natural e inmutable que en definitiva
redunda en la reserva de instituciones y derechos a las personas en razón de su orientación sexual.
Los derechos y responsabilidades que derivan del matrimonio solo corresponderían a las parejas
heterosexuales, excluyendo de la ciudadanía plena a lesbianas y homosexuales.

Cabe recordar que el Estudio sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos y Democracia
Senado de la República 2011 –realizado por Corporación Humanas y el Observatorio Parlamentario
para conocer las posiciones y evaluar el compromiso de los/as senadores/as con los derechos
humanos y la democracia– evidenció el bajo nivel de apoyo al matrimonio igualitario entre los/as
entonces senadores/as. De quienes participaron del estudio, diez declararon que votarían a favor
de una “ley que reconozca el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo” (33,3%),
mientras que 17 expresaron que lo harían en contra (56,7%) y tres no respondieron la pregunta
(10%); además, ocho senadores/as no accedieron a participar72
.

No obstante, durante la campaña electoral de 2013 la necesidad de legislar en torno al
matrimonio igualitario fue planteada por algunos/as presidenciables y candidatos/as al Congreso
Nacional, generando una importante adhesión en el electorado. De allí que se espere que el
Parlamento aborde este debate en el período que se inicia, en cumplimiento de las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado de Chile en materia de igualdad de derechos, prohibición
de la discriminación y protección de las familias.

Por otra parte, en respuesta a su compromiso de campaña, en agosto de 2011 el Presidente Piñera
presentó a tramitación el proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja73
, dando un
nuevo impulso al debate sobre uniones civiles que la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del Senado había iniciado a comienzos de junio de ese año74
.

71
SENADO DE LA REPÚBLICA, Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que regulan el acuerdo de vida en pareja,
Boletines N°s 7.011‐07 y 7.873‐07 refundidos, 11 de diciembre de 2013 (Boletines Legislativos N°s 7.011‐07 y
7.083‐07 refundidos).
72
Estudio sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos y Democracia Senado de la República 2011 en
Capítulo Posiciones y compromiso de los/as senadores/as chilenos/as en reformas legislativas sobre
derechos humanos y democracia. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011,
págs. 81 a 108.
73
Proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja, mensaje presentado por el Presidente de la
República Sebastián Piñera ante el Senado, 17 de agosto de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.873‐07).
74
El 8 de junio de 2011, en forma previa a la presentación del Mensaje presidencial que desde hace meses
venía anunciándose, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento inicia el análisis de una
serie de mociones sobre uniones civiles presentadas en años previos. Proyecto de ley que regula la figura
contractual denominada Acuerdo de Vida en Común, moción presentada por el Senador Andrés Allamand
(RN), 29 de junio de 2010 (Boletín Legislativo N° 7.011‐07); proyecto de ley que regula los pactos de uniones
civiles, moción presentada por los senadores Guido Girardi (PPD) y Carlos Ominami (IND), 10 de marzo de
2010 (Boletín Legislativo N° 6.846‐07); proyecto de ley que regula la celebración del contrato de unión civil y
sus consecuencias patrimoniales, moción presentada por el Senador Carlos Bianchi (IND), 19 de diciembre
de 2007 (Boletín Legislativo N° 5.623‐07); y proyecto de ley que establece un régimen legal para las uniones
de hecho, moción presentada por los ex senadores Ricardo Núñez (PS) y José Antonio Viera‐Gallo (PS), 7 de
35


Tras más de dos años de análisis, en el que se recibió a diversas organizaciones de la sociedad civil
y religiosas, la Comisión de Constitución emitió su Informe para el debate por la Sala del Senado.
La discusión sobre la idea de legislar comenzó el 18 de diciembre de 2013 y continuó el 7 de enero
de 2014, oportunidad en que se aprobó en general la propuesta por 28 votos a favor, seis en
contra y dos abstenciones75
.

Apoyaron el acuerdo de vida en pareja los/as senadores/as Isabel Allende (PS), Soledad Alvear
(DC), Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Camilo Escalona (PS), Alberto Espina (RN),
Eduardo Frei (DC), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Antonio Horvath (IND),
Ricardo Lagos (PPD), Hernán Larraín (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), Pedro Muñoz (PS), Alejandro
Navarro (MAS), Jaime Orpis (UDI), Lily Pérez (RN a la fecha), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC),
Jaime Quintana (PPD), Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín
Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD), Ignacio Walker (DC), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC).
En cambio votaron en contra Juan Antonio Coloma (UDI), José García (RN), Alejandro García‐
Huidobro (UDI), Carlos Kuschel (RN), Carlos Larraín (RN) y Ena Von Baer (UDI); y se abstuvieron
Francisco Chahuán (RN) y Baldo Prokurica (RN)76
.

La iniciativa se orienta a consagrar un estatuto jurídico que regule los efectos patrimoniales,
sucesorios, previsionales y de seguridad social de la convivencia de parejas de diferente sexo que
no estén casadas así como de parejas del mismo sexo, que como se ha comentado, están
impedidas por ley de acceder al matrimonio. Refundido el proyecto presidencial a la moción sobre
acuerdo de vida en común que en 2010 presentó el entonces Senador Andrés Allamand77
, se
define el acuerdo de vida en pareja como un “contrato celebrado entre dos personas con el
propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común”.

Cabe señalar que la propuesta gubernamental inicial desconoce el carácter familiar de estas
uniones y le priva de los efectos que de ello derivarían. Así, se plantea expresamente que el
acuerdo no genere estado civil, que es lo propio de los vínculos de familia reconocidos
jurídicamente. En la misma línea, se propuso que fueran los tribunales civiles –y no los de familia–

abril de 2004 (Boletín Legislativo N° 3.494‐07). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder
Legislativo  Año 2011, págs. 19 a 23.
75
Ver notas de prensa: Pendiente quedó discusión del proyecto que crea el Acuerdo de Vida en Pareja,
Senado de la República, Departamento de Prensa, 18 de diciembre de 2013. En:
http://www.senado.cl/pendiente‐quedo‐discusion‐del‐proyecto‐que‐crea‐el‐acuerdo‐de‐vida‐en‐
pareja/prontus_senado/2013‐12‐18/202635.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014); Sala
aprueba en general proyecto que crea el Acuerdo de Vida en Pareja, Senado de la República, Departamento
de Prensa, 7 de enero de 2014. En: http://www.senado.cl/sala‐aprueba‐en‐general‐proyecto‐que‐crea‐el‐
acuerdo‐de‐vida‐en‐pareja/prontus_senado/2014‐01‐07/153814.html (revisado por última vez el 31 de
marzo de 2014).
76
2014, págs. 184 y 185 (Boletines Legislativos N°s 7.011‐07 y 7.083‐07 refundidos).
77
Proyecto de ley que regula la figura contractual denominada acuerdo de vida en común, moción
presentada por el Senador Andrés Allamand (RN), 29 de junio de 2010, remitido a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín Legislativo N° 7.011‐07). OBSERVATORIO
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo  Año 2010, págs. 25 y 26.
36

los encargados de conocer de eventuales conflictos, y en varias materias se regulan efectos
jurídicos significativamente menores a los derivados de relaciones matrimoniales78
.

El debate ante la Comisión de Constitución del Senado permitió evidenciar la incongruencia entre
el pretendido reconocimiento a la diversidad familiar y la dignidad de toda relación basada en el
amor que sustentaría el proyecto presidencial79
, y parte de las regulaciones contenidas en el texto
del mismo. Por ello, la Comisión modificó algunas de las normas propuestas estableciendo que el
acuerdo de vida en pareja da lugar al estado civil de convivientes legales, que los tribunales de
familia son los competentes para conocer y resolver las controversias que puedan presentarse, y
asimiló los derechos hereditarios y de seguridad social de los convivientes a los de los cónyuges80
.

La iniciativa establece como requisitos para celebrar el contrato de acuerdo de vida en pareja que
los contrayentes sean mayores de edad, tengan la libre administración de sus bienes y no estén
unidos por un vínculo matrimonial previo u otro acuerdo de vida en pareja. Además, se impide
contraerlo a ciertos parientes, como los ascendientes y descendientes consanguíneos y entre
hermanos. Como se ha señalado, quienes celebren el contrato de acuerdo de vida en pareja pasan
a tener el estado civil de convivientes legales, y se generan los derechos y deberes que la
propuesta regula.

78
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2012, págs. 35 a 43.
79
El Mensaje presidencial expresa entre sus fundamentos que al Gobierno le asiste la “convicción de que el
Estado no está cumpliendo adecuadamente con su finalidad ni sus deberes primordiales si no ofrece un
marco jurídico que, al menos, reconozca, respete y otorgue certeza jurídica a los derechos de esos
aproximadamente dos millones de compatriotas, que viven en pareja sin estar casados, regulando los efectos
patrimoniales, sociales y sucesorios de su convivencia. Ello, por cierto, se aplica tanto a parejas de distinto
como del mismo sexo, toda vez que en ambas es posible desarrollar el amor, afecto, respeto y solidaridad
que inspiran un proyecto de vida en común y con vocación de permanencia”; Mensaje N° 156‐359, Mensaje
de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en
pareja, 8 de agosto de 2011, pág. 5 (Boletín Legislativo N° 7.873‐07). En tanto, en la ceremonia de firma del
proyecto, el Presidente Piñera señaló que “Pero también quiero decir, con la misma fuerza y claridad con
que destaqué la importancia de la familia, que debemos entender que no existe un solo tipo de familia,
existen múltiples formas o expresiones de familias. En consecuencia, además de la familia tradicional o
nuclear, que consta de padres unidos por vínculo matrimonial e hijos, existen muchas otras formas de
familias, como por ejemplo, las familias monoparentales, las familias extendidas, los convivientes de sexos
distintos o del mismo sexo, las familias de parientes consanguíneos, y todas y cada una de esas formas de
familia merece respeto, dignidad y va a tener el apoyo del Estado. Porque todas esas familias son fruto del
amor, que es el principal elemento que une y que define a una verdadera familia. Pero además, porque todas
esas familias no solamente dan satisfacción a quienes las integran, sino que además significan un inmenso
aporte y una gigantesca contribución para una mejor sociedad. Y, por tanto, el interés por la familia no es
solamente de sus miembros. También existe un interés del Estado en representación del bien común, por
proteger, fortalecer, apoyar, respetar y tratar con dignidad a todas y cada una de los distintos tipos de
familia que existen en nuestro país”; Palabras de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al
firmar el proyecto de ley que establece y regula el acuerdo de vida en pareja, Santiago, 9 de Agosto de 2011.
En: http://www.prensapresidencia.cl/discurso.aspx?codigo=7150 (revisado por última vez el 31 de marzo de
2014).
80
recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que regulan el acuerdo de vida en pareja,
Boletines N°s 7.011‐07 y 7.873‐07 refundidos, 11 de diciembre de 2013 (Boletines Legislativos N°s 7.011‐07 y
37


La celebración del AVP puede formalizarse ante notario por escritura pública o ante el Oficial del
Registro Civil que levantará acta de ello. En ambos casos se prevé la inscripción en un registro
especial que llevará el Servicio de Registro Civil e Identificación, privando de efectos jurídicos entre
las partes y respecto de terceros a los acuerdos que no se inscriban. Este registro especial
constituye un elemento central en el reconocimiento estatal y social a las personas que conviven y
celebran el acuerdo de vida en pareja.

Entre los efectos personales que derivan del AVP destaca el deber de ayuda mutua y la obligación
de solventar los gastos de la vida en común. En el plano patrimonial, en principio no se producen
efectos pues los contrayentes conservan la propiedad, goce y administración de los bienes que
tenían con anterioridad al AVP, así como respecto de los bienes que adquieran luego de
celebrarlo. Ello a menos que expresamente acuerden someterse a un régimen de comunidad
especial que la propuesta establece, conformada por los bienes adquiridos a título oneroso
durante la vigencia del acuerdo, que se rige por las normas sobre cuasicontrato de comunidad del
Código Civil y de la que se exceptúan los bienes muebles de uso personal. Es decir, quienes
celebren el AVP mantienen sus patrimonios totalmente separados y solo se constituiría una
comunidad civil de bienes si así lo pactan expresamente, pero quedan impedidos de optar por
regirse por alguno de los regímenes patrimoniales que la ley regula para quienes se casan, como la
sociedad conyugal o la participación en gananciales. Tampoco se contiene en la propuesta
regulación alguna sobre los bienes familiares, estatuto que cautela la celebración de ciertos actos
jurídicos respecto del inmueble en que la familia reside y los bienes muebles que lo integran.

Reconoce la propuesta efectos sucesorios al acuerdo de vida en pareja, regulándose iguales
derechos para el conviviente legal sobreviviente que los que la ley confiere al cónyuge
sobreviviente81
. Además, se plantea que tanto ante el sistema público como privado de salud los
contratantes de AVP puedan ser carga del otro. Igualmente se regula aplicar a los convivientes
legales las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que leyes y reglamentos establezcan
respecto de los cónyuges.

En materia de término del acuerdo de vida en pareja se reconoce ampliamente la voluntad de los
contrayentes. Además de la muerte real o presunta de uno de los contratantes y de la nulidad del
contrato, los convivientes pueden poner fin a su unión por mutuo acuerdo que conste en escritura
pública o acta ante el oficial del Registro Civil –dependiendo de cómo se haya celebrado el
contrato de AVP previamente–, la que debe subinscribirse en la respectiva inscripción del acuerdo
en el registro especial que el proyecto establece.

81
Los efectos sucesorios contenidos en la propuesta gubernamental eran notablemente inferiores a los que
la Comisión de Constitución llegó a incorporar en el texto del proyecto que el Senado aprobó en general. Se
planteaba como requisito que el acuerdo de vida en pareja hubiere tenido un vigencia mínima de un año,
cuestión que por carecer de fundamento resultaba arbitraria; y se conferían derechos hereditarios inferiores
a los regulados para el cónyuge sobreviviente. De ello se debatió ante la Comisión, optándose por un
estatuto jurídico equivalente al del cónyuge sobreviviente (Boletines Legislativos N°s 7.011‐07 y 7.083‐07
refundidos).
38

También puede terminar la unión por voluntad unilateral, la que debe constar del mismo modo y
además comunicarse al otro por carta certificada notarial. Igualmente termina si las partes se
casan entre sí, lo que solo procede si se trata de un hombre y una mujer; pero además se permite
que una de las partes se case con una tercera persona, poniendo así término al acuerdo de vida en
pareja.

Se trata de una regulación controversial puesto que se priva del más mínimo resguardo a la
dignidad de la pareja la cual se estuvo unida, que se verá enfrentada al término de su vínculo por
el solo hecho del matrimonio de su conviviente legal con una tercera persona. Puesto que se trata
de una relación familiar y no meramente contractual, que inclusive da lugar a un nuevo estado
civil entre las partes, la propuesta debiera exigir la previa disolución del AVP para contraer
matrimonio y regular como un impedimento para contraerlo el hecho de estar unido en acuerdo
de vida en pareja.

Además –como se señaló anteriormente–, la propuesta prevé que el conocimiento de los asuntos
que deriven del acuerdo de vida en pareja corresponda a la jurisdicción de familia.

Sin embargo, un aspecto deliberadamente omitido de la regulación propuesta para el acuerdo de
vida en pareja dice relación con el estatuto jurídico de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo,
la posibilidad de adopción de hijos a las personas unidas en AVP, así como las relaciones familiares
entre los/as hijos/as de una de las partes y su conviviente legal; asuntos que deberán ser
abordados en las siguientes etapas de tramitación legislativa que el proyecto debe cumplir.

En definitiva, se valora la presentación del proyecto que crea el acuerdo de vida en pareja por el
entonces Gobierno, orientado a reconocer y proteger parte de los derechos de las personas que
conviven y comprendiendo tanto a parejas de diferente como del mismo sexo. No obstante, ello
no llega a constituir el cumplimiento pleno de la igualdad de derechos consagrada en la
Constitución Política y en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país,
puesto que se mantiene –y refuerza– la discriminación legal que impide a las parejas del mismo
sexo contraer matrimonio. Y ello, precisamente, en razón de su orientación sexual.

Tras la aprobación de la idea de legislar por el Senado en primer trámite constitucional –dos años y
medio después de su presentación–, resulta evidente que la tramitación legislativa de la misma se
ha visto complejizada por las diversas posturas que los parlamentarios sostienen frente a la
realidad familiar, las instituciones que deben regularla y los derechos de las personas de diversa
orientación sexual. De allí la gran cantidad de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y
senadores/as para el análisis particular de la propuesta que corresponde realizar a la Comisión de
Constitución82
.

82
SENADO DE LA REPÚBLICA, Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Indicaciones
formuladas durante la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula
el acuerdo de vida en pareja, Boletines N°s 7.011‐07 y 7.083‐07 refundidos, Indicaciones 20 de enero de
2014. Con posterioridad a ello se abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el 21 de enero de
2014 (Boletines Legislativos N°s 7.011‐07 y 7.083‐07 refundidos).
39

Cabe esperar que durante el cuadrienio que se inicia dicha instancia legisle con celeridad, se
mantengan los aspectos positivos de la regulación propuesta y se mejoren las falencias
detectadas, especialmente en cuanto al carácter familiar de la unión y respecto de los hijos e hijas
de parejas del mismo sexo.

Identidad de género

91. (…) la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género
de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la
Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la
persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de
autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los
derechos de una persona a partir de su orientación sexual.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, Sentencia de
24 de febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 239, Párrafo 91.

27. Reforzar las medidas contra las actitudes discriminatorias en la sociedad, por ejemplo iniciativas
de educación pública y de igualdad y medidas legislativas para prevenir la discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género (Nueva Zelandia);
28. Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y
abordarla en los programas y políticas de igualdad (Suecia) y utilizar los Principios de Yogyakarta
como guía en la formulación de políticas (Países Bajos).
A/HRC/12/10, Párrafos 96 numerales 27 y 28.

Destaca como un importante avance del período informado la presentación y posterior
aprobación a la idea de legislar del proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la
identidad de género. Este proyecto fue presentado por las senadoras Lily Pérez (RN a la fecha) y
Ximena Rincón (DC) junto a Camilo Escalona (PS), Ricardo Lagos (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS) el
7 de mayo de 2013, en colaboración con la Organización de Transexuales por la Dignidad de la
Diversidad (OTD) que propuso el texto de la moción83
.

83
Proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, moción presentada por
los/as senadores/as Camilo Escalona (PS), Ricardo Lagos (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Lily Pérez (RN a la
fecha) y Ximena Rincón (DC), 7 de mayo de 2013 (Boletín Legislativo N° 8.924‐07). Ver nota de prensa:
Quieren establecer un mecanismo que resguarde el reconocimiento de la identidad de género, Senado de la
República, Departamento de Prensa, 7 de mayo de 2013. En: http://www.senado.cl/quieren‐establecer‐un‐
mecanismo‐que‐resguarde‐el‐reconocimiento‐de‐la‐identidad‐de‐genero/prontus_senado/2013‐05‐
07/172337.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
40


La iniciativa se orienta, según señalan sus autores en la fundamentación, a “terminar con las
situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en Chile, por la
imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género, en los casos
en que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre, y la apariencia y
vivencia personal del cuerpo”.

Ello, puesto que en el país se encuentra vigente una ley que prohíbe expresamente la
discriminación basada en la identidad de género de las personas (Ley N° 20.609) y numerosos
acuerdos internacionales se han adoptado para la protección de las personas de diversa
orientación sexual e identidad de género84
.

Plantea la propuesta que la identidad de género corresponde a “la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos,
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de
género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”85
. Y consagra que toda
persona tiene derecho al reconocimiento y protección de su identidad de género; al libre
desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, permitiendo su mayor realización
espiritual y material posible; a ser tratada en conformidad con su identidad de género; y, en
particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan
su identidad, es decir, respecto a su nombre y sexo.

Además, se regula un procedimiento judicial para que las personas trans puedan obtener, por una
sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y de nombre, cuando no
coincidan con su identidad de género; sin que para ello se exijan tratamientos farmacológicos,
psicológicos, psiquiátricos ni quirúrgicos, como tampoco la realización de exámenes médicos o de
otra clase.

84
Ver nota pie de página N° 45. Además, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
durante su 43° período ordinario de sesiones, el 5 de junio de 2013, adoptó la Convención Interamericana
contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que condena y protege frente a la discriminación
basada en el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, entre otras causales de
discriminación; cuya entrada en vigor se encuentra pendiente.
85
La conceptualización de la identidad de género que adopta el proyecto de ley se basa en los Principios de
Yogyakarta sobre la Aplicación de las Leyes Internacionales de Derechos Humanos en relación con la
Orientación Sexual y la Identidad de Género 2006, en los que a su vez se ha basado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Orientación sexual, identidad de género y expresión de género:
algunos términos y estándares relevantes, 23 de abril de 2012, CP/CAJP/INF. 166/12).
41


La propuesta fue analizada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del
Senado que aprobó la idea de legislar86
y emitió su Informe87
. En la Sala del Senado, en tanto, el
proyecto fue debatido el 21 de enero de 2014 y se aprobó la idea de legislar con el apoyo de 29
senadores que votaron a favor, ninguno votó en contra y tres se abstuvieron88
.

Votaron a favor los/as senadores/as Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Carlos Bianchi (IND),
Carlos Cantero (IND), Francisco Chahuán (RN), Camilo Escalona (PS), Alberto Espina (RN), Alejandro
García‐Huidobro (UDI), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Antonio Horvath (IND),
Ricardo Lagos (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Alejandro Navarro (MAS), Jaime Orpis (UDI), Lily
Pérez (IND), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Jaime Quintana (PPD),
Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín Sabag (DC), Eugenio
Tuma (PPD), Gonzalo Uriarte (UDI), Ignacio Walker (DC), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar
(DC); mientras se abstuvieron Juan Antonio Coloma (UDI), José García (RN) y Carlos Larraín (RN)89
.

Cabe esperar que el apoyo expresado por la amplia mayoría de senadores a un cuerpo legal que
proteje los derechos de las personas trans y les permite la corrección de sus documentos de
identidad, se mantenga durante el período legislativo que se inicia y la propuesta en debate se
apruebe prontamente.

86
Ver nota de prensa: Identidad de género: respaldan idea de legislar, Senado de la República,
Departamento de Prensa, 22 de agosto de 2013. En: http://www.senado.cl/identidad‐de‐genero‐respaldan‐
idea‐de‐legislar/prontus_senado/2013‐08‐22/093647.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
87
SENADO DE LA REPÚBLICA, Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que reconoce y da protección al derecho a la
identidad de género, Boletín N° 8.924‐07, 27 de agosto de 2013 (Boletín Legislativo N° 8.924‐07).
88
Ver nota de prensa: Acuerdan avanzar en el reconocimiento de la identidad de género, Senado de la
República, Departamento de Prensa, 21 de enero de 2014. En: http://www.senado.cl/acuerdan‐avanzar‐en‐
el‐reconocimiento‐de‐la‐identidad‐de‐genero/prontus_senado/2014‐01‐21/193813.html (revisado por
última vez el 31 de marzo de 2014).
89
2014, pág. 72 (Boletín Legislativo N° 8.924‐07).
42

Discriminación por orientación sexual e identidad de género

29. (…) Además, preocupa al Comité que las relaciones homosexuales, inclusive entre personas
menores de 18 años de edad, se sigan penalizando, lo que supone una discriminación sobre la base
de la preferencia sexual.
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Examen de los informes presentados por los Estados partes
con arreglo al Artículo 44 de la Convención, Observaciones finales Chile, 44° período de sesiones, 23
de abril de 2007, CRC/C/CHL/CO/3, Párrafo 29.

29. Revisar el artículo 373 del Código Penal de modo de impedir su aplicación abusiva para perseguir
a integrantes de las minorías sexuales (República Checa)

Tras la dictación de la Ley que establece medidas contra la discriminación, siguen vigentes en el
país normas legales que consagran y contribuyen a perpetuar la discriminación por orientación
sexual e identidad de género, aun cuando diversos organismos internacionales han señalado
expresamente la necesidad de reformas legales al respecto.

Paradigmática resulta la mantención en el Código Penal de la norma que criminaliza la
homosexualidad de jóvenes entre 14 y 18 años90
. Se trata de una norma legal que consagra
expresamente la discriminación por orientación sexual en el ejercicio de la sexualidad, pero que
además resulta de la mayor gravedad puesto que impone como consecuencia un castigo penal o
pena privativa de libertad.

La edad de consentimiento sexual está fijada por la ley en 14 años sin distinción de sexo,
reconociendo a los menores de edad su condición de sujetos de derechos y que el desarrollo de la
sexualidad solo puede ser regulado penalmente si atenta contra la integridad o indemnidad
sexual. Sin embargo, la ley prevé una sanción penal a las relaciones sexuales entre personas del
mismo sexo si se trata de adolescentes mayores de 14 años pero menores de 18, aun cuando se
trate de relaciones voluntarias y libremente elegidas.

La evidente transgresión a la igualdad de derechos y prohibición de discriminación contenida en la
normativa penal referida ha sido representada al Estado de Chile por el Comité de Derechos del
Niño91
, pues se requiere su derogación.

90
“El que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las
circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a
medio”. República de Chile, Código Penal, Artículo 365.
91
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Examen de los informes presentados por los Estados partes con
arreglo al Artículo 44 de la Convención, Observaciones finales Chile, 44° período de sesiones, 23 de abril de
2007, CRC/C/CHL/CO/3, Párrafo 29.
43

Pese a ello, se trata de una norma vigente en el ordenamiento jurídico nacional que no ha sido
revisada por el Parlamento. Durante todo el cuadrienio informado ninguna atención se prestó al
proyecto de ley para derogar el Artículo 365 del Código Penal e igualar la edad de consentimiento
sexual con independencia de la orientación sexual que en 2009 presentaron diputados/as de
diversos partidos políticos, y tampoco el Gobierno le asignó urgencia legislativa92
.

En tanto, otro delito sancionado por el Código Penal referido a las “ofensas al pudor o las buenas
costumbres” también ha sido reprochado por organismos internacionales y el Estado de Chile se
comprometió a revisar su tipificación para “impedir su aplicación abusiva para perseguir a
integrantes de las minorías sexuales”93
.

Esta norma contempla un tipo penal ambiguo e impreciso que señala “Los que de cualquier modo
ofendieren el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, no
comprendidos expresamente en otros artículos de este Código, sufrirán la pena de reclusión menor
en sus grados mínimo a medio”94
.

Puesto que no define en qué consiste la conducta sancionada, constituye una transgresión al
principio de legalidad en que se sustentan las garantías judiciales protegidas por la Constitución
Política y los tratados internacionales y debe ser suprimida del ordenamiento jurídico.

La indefinición de la conducta sancionada posibilita su aplicación arbitraria y discriminatoria por
parte de las policías en contra de homosexuales, lesbianas y principalmente en contra de personas
trans, que son perseguidas y víctimas de abusos y violencia policial. Bajo el amparo de este tipo
penal, las policías detienen y agreden a integrantes de minorías sexuales por su expresión afectiva
o identidad de género aunque no hayan cometido delito alguno, por lo que no llega a haber un
proceso judicial ni condena.

Sin embargo, la norma sigue vigente y no ha sido debatida por el Congreso Nacional. En mayo de
2010 fue archivada en la Cámara de Diputados una moción que planteaba derogar el Artículo 373
del Código Penal95
y durante todo el cuadrienio no volvió a presentarse una iniciativa en la
materia.

92
Proyecto de ley que deroga el Artículo 365 del Código Penal igualando derechos de las personas al margen
de su orientación sexual, moción presentada por los/as diputados/as Guillermo Ceroni (PPD), Adriana
Muñoz (PPD), Fulvio Rossi (PS), María Antonieta Saa (PPD), Gabriel Silber (DC) y Ximena Valcarce (RN), 3 de
septiembre de 2009, remitida a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín Legislativo N°
6.685‐07).
93
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Examen Periódico Universal Informe del Grupo de Trabajo sobre el
Examen Periódico Universal Chile, Op. Cit., Párrafo 96 numeral 29.
94
República de Chile, Código Penal, Artículo 373.
95
Proyecto de ley que deroga el Artículo 373 del Código Penal, moción presentada por los/as diputados/as
Gabriel Ascencio (DC), Juan Bustos (fallecido Diputado PS), Alfonso De Urresti (PS), Álvaro Escobar (IND),
Fulvio Rossi (PS), María Antonieta Saa (PPD), Gabriel Silber (DC), Carolina Tohá (PPD),
13 de diciembre de 2007. Informada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el 2 de
septiembre de 2008 nunca llegó a ser analizada por la Sala de la Cámara de Diputados y fue archivada el 5 de
mayo de 2010 (Boletín Legislativo N° 5.565‐07).
44

DEBIDO PROCESO
En materia de debido proceso destaca la aprobación de dos leyes en el período 2010‐2013. Se
trata de dos iniciativas propuestas en septiembre de 2010 por el Presidente Piñera que buscaban
principalmente resolver parte de las demandas que más de 30 comuneros mapuche en huelga de
hambre desde junio de ese año plantearon a las autoridades, la reforma a la Ley Antiterrorista y a
la Justicia Militar.

Reforma a la Ley Antiterrorista

14. El Comité nota con beneplácito las enmiendas de la Ley Nº 18314 (Ley Antiterrorista). No
obstante, sigue preocupado por información que indica la continua aplicación desproporcionada de
la Ley a miembros del pueblo mapuche por actos ocurridos en el contexto de reclamos por sus
derechos, incluyendo sobre sus tierras ancestrales (CERD/C/CHL/CO/15‐18, párr. 15). Le preocupa la
falta de criterios legales objetivos para la aplicación de dicha ley en los casos de mapuches cuando
se les haya imputado un acto terrorista y la calificación de los delitos por la policía y los fiscales, lo
que podría violar el principio de legalidad, igualdad y no discriminación. El Comité reitera también
su preocupación sobre el uso indebido y excesivo de la fuerza contra miembros de comunidades
Mapuches, incluyendo niños, mujeres y ancianos, por los Carabineros y la Policía de Investigaciones
en el cumplimiento de órdenes de registro y otras operaciones policiales (ibíd., párr. 19) y se
preocupa de la impunidad ante dichos abusos. El Comité señala que la aplicación de la Ley
Antiterrorista y el uso indebido y excesivo de fuerza sobre miembros del pueblo mapuche podría
tener impactos negativos que afectarían y discriminarían a los pueblos indígenas más allá de los
individuos sospechosos de haber cometido un delito (arts. 2 y 5).
El Comité recomienda con urgencia que el Estado parte: a) Revise la Ley Antiterrorista para que se
definan de manera precisa los delitos de terrorismo que ésta incluye; b) Asegure que la Ley
Antiterrorista no sea aplicada a miembros de la comunidad mapuche por actos de demanda social;
c) Ponga en práctica las recomendaciones formuladas en este sentido por el Comité de Derechos
Humanos (2007) y por el Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (2003 y 2007),
y que además tome en cuenta las recomendaciones preliminares del Relator especial sobre la
promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (2013); d)
Investigue las alegaciones de violencia cometida por funcionarios estatales contra comunidades de
pueblos indígenas, particularmente los pueblos mapuche y rapa nui; e) Monitoree los efectos
discriminatorios que la aplicación de la Ley Antiterrorista y prácticas relacionadas podrían tener
sobre los pueblos indígenas; f) Intensifique y extienda los esfuerzos de capacitación y educación en
derechos humanos de agentes de seguridad y del poder judicial del Estado para el cumplimiento
adecuado de sus funciones.
Párrafo 14.

45


23. (…) Sin embargo, al Comité le preocupan las numerosas denuncias recibidas que apuntan a una
persistencia de actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales contra integrantes de
pueblos indígenas, en particular, contra miembros del pueblo mapuche. Le preocupa al Comité
especialmente que entre las víctimas de esas actuaciones se encuentren mujeres, niños, niñas y
personas de avanzada edad. Asimismo, el Comité también nota con preocupación que, en ocasiones,
el Estado parte ha aplicado la Ley Antiterrorista contra integrantes de pueblos indígenas en relación
con actos de protesta social (art. 16).
COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Examen de los informes presentados por los Estados partes en
virtud del Artículo 19 de la Convención, Observaciones finales del Comité contra la Tortura Chile,
42° período de sesiones, 23 de junio de 2009, CAT/C/CHL/CO/5, Párrafo 23.

7. El Comité expresa su preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley
Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. Preocupa también al Comité que esta
definición ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de
terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos
sobre sus tierras. El Comité observa también que las garantías procesales, conforme al 14 del Pacto,
se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley. (art. 2, 14 y 27 del Pacto)
El Estado parte debería adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo de tal
manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o
ideológicos. Tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las
consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales
establecidas en el Pacto sean respectadas.

68. Proseguir los esfuerzos para resolver los problemas de los pueblos indígenas, en particular las
cuestiones de la tierra, y velar por que la Ley antiterrorista (Ley Nº 18314) no menoscabe sus
derechos (Azerbaiyán);
69. Abstenerse de aplicar la Ley antiterrorista a actos vinculados con las reclamaciones no violentas
de los pueblos indígenas (Suiza);
70. Adoptar las medidas necesarias para impedir que se proscriban o penalicen las actividades o
reivindicaciones sociales legítimas y pacíficas de las organizaciones y pueblos indígenas, y reforzar la
noción de que la Ley antiterrorista debe circunscribirse a su ámbito de aplicación, sin hacerse
extensiva a los actos no violentos de reivindicación de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las
recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (Países Bajos);
A/HRC/12/10, Párrafo 96 numerales 68, 69 y 70.

46


En octubre de 2010 y tras solo tres semanas de debate parlamentario96
, se aprobó la Ley N°
20.647 que modifica disposiciones de la Ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija
su penalidad97
. Cabe recordar que la presentación y debate de la iniciativa respondió a la urgencia
derivada de la huelga de hambre que 34 comuneros mapuche mantuvieron por casi tres meses.

Aun cuando la dictación de la Ley permitió el término del extendido ayuno, en realidad el alcance
de las modificaciones aprobadas es bastante limitado y la normativa vigente sigue presentando
serios déficit en materia de cumplimiento de los estándares internacionales aplicables. El concepto
de terrorismo sancionado, aun tras la eliminación de la presunción de finalidad terrorista, no se
ajusta a los elementos que definen estos ilícitos de acuerdo a los tratados internacionales y la
legislación comparada. Además, se mantienen inalteradas un conjunto de disposiciones
excepcionales que limitan seriamente las garantías procesales de quienes participan de hechos a
los que se atribuye el carácter de terroristas.98
.

El terrorismo constituye una estrategia de atentados a derechos humanos fundamentales,
orientada a desestabilizar las bases de sustentación social y jurídica del estado de derecho
democrático (alterar la seguridad u orden públicos, según legislaciones latinoamericanas; alterar o
destruir el sistema democrático, según legislaciones europeas); lo que se realiza a través de
determinados medios que por su capacidad de destrucción infundan temor en la población o parte
de ella, y que –por definición– solo puede ser desarrollada a través de una organización
constituida para tal fin, una asociación ilícita terrorista.

Por ello, las legislaciones antiterroristas no protegen simplemente bienes jurídicos individuales,
sino ante todo un bien jurídico colectivo que puede identificarse con el orden constitucional, la paz
pública o la seguridad pública. La lesión a los bienes jurídicos individuales inmediatamente
afectados –como la vida, integridad física, libertad y salud– corresponde al vehículo para atentar
contra dicho bien colectivo, por lo que los tipos penales no se estructuran en base a la afectación
de los referidos bienes jurídicos individuales sino en relación a la afectación o puesta en peligro del
bien jurídico colectivo.

96
Proyecto de ley relativo a las conductas terroristas y su investigación, mensaje presentado por el
Presidente de la República Sebastián Piñera ante el Senado, 13 de septiembre de 2010 (Boletín Legislativo
N° 7.211‐07). La iniciativa recoge el acuerdo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado en orden a debatir solo parte de los contenidos planteados en la propuesta
presidencial del 10 de septiembre (Proyecto de ley sobre penalidad y juzgamiento de los delitos terroristas,
mensaje presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante el Senado, 10 de septiembre de
2010, Boletín Legislativo N° 7.207‐07).
97
República de Chile, Ley N° 20.467, modifica disposiciones de la Ley N° 18.314 que determina conductas
terroristas y fija su penalidad, publicada en el Diario Oficial el 8 de octubre de 2010 (Boletín Legislativo N°
7.211‐07).
98
sobre la Ley N° 20.467 modifica disposiciones de la Ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija
su penalidad considerados en el presente informe reproducen lo expresado en el Balance al Poder
Legislativo Año 2010 en relación a los contenidos de la misma. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al
Poder Legislativo Año 2010, págs. 27 a 30.
47

Sin embargo, la legislación chilena –aun tras la reforma de 2010– mantiene un concepto difuso,
con tipos penales abiertos que permiten la calificación a título de terrorismo de conductas que no
responden a la real naturaleza del fenómeno, ni atiende al mandato constitucional en orden a
considerar al terrorismo como violación a derechos humanos fundamentales. De acuerdo a la
modificación introducida por la Ley N° 20.467 “Constituirán delitos terroristas los enumerados en
el artículo 2°, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una
parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la
naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan
premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se
cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”.

Es decir, se mantiene la estructura del tipo penal de terrorismo sobre la mera causación de temor,
desvinculado de la finalidad de atentar contra las bases de sustentación del estado de derecho
democrático y sin exigir para ello que se trate de una estrategia de violación a derechos
fundamentales desarrollada por una organización constituida para ese fin. La finalidad de causar
temor es solo un medio en la conducta del terrorista para alcanzar su finalidad destructiva de las
bases del sistema democrático, por lo que no puede ser la base para estructurar un tipo penal,
menos aún considerando el conjunto de consecuencias gravosas que se imponen. Por lo demás, el
temor en la población o parte de ella no es un efecto o resultado privativo de la delincuencia
terrorista pues existen otras múltiples formas de delincuencia que presentan esta característica y
que no por ello califican como tal, por ejemplo el narcotráfico o las barras bravas, que sin duda,
atemorizan a la población. Se facilita de este modo, la calificación de terrorismo a un amplio
espectro de conductas, incluso delitos cometidos en el marco de reivindicaciones sociales.

Además de una conceptualización tautológica del terrorismo (causar temor), la reforma del año
2010 persevera en otro de los problemas que presentaba la legislación nacional. En cuanto a los
bienes jurídicos individuales susceptibles de ser afectados como medios para alcanzar la finalidad
terrorista –ya criticada– la normativa chilena excede aquellos bienes personalísimos que, en
conformidad al derecho internacional, ameritan ser considerados: vida, integridad física, libertad
personal, salud. Ello porque se extiende la protección a la propiedad, incluso la privada, aun si esta
no presta ninguna función social y sin exigir que los atentados a la propiedad afecten o puedan
afectar aquellos derechos fundamentales. Si bien fue materia del debate legislativo, tras la
reforma aprobada los delitos de incendio continúan integrando el catálogo de conductas
terroristas, aunque limitándose la agravación de la pena.

La incorporación de la propiedad privada como bien jurídico a proteger frente a conductas
calificadas como terrorismo resulta especialmente grave, por cuanto importa apartarse de la
regulación internacional vigente. De hecho, el Convenio Internacional para la Represión de
Atentados Terroristas Cometidos con Bombas (al que se refiere el Mensaje presidencial entre los
fundamentos de la reforma propuesta) cuando excepcionalmente considera la propiedad privada
como susceptible de ser atacada en delitos terroristas, se limita a la propiedad en su función
social, sin extender a cualquier bien de carácter privado; y por lo demás, siempre ello en el marco
de atentados contra bienes jurídicos de carácter colectivo, que no es el caso de la normativa
aprobada.

48


Por otra parte, tampoco resguarda la legislación reformada el conjunto de garantías judiciales
propias del proceso penal en un estado democrático de derecho. Ello, a pesar de las disposiciones
expresas contenidas en numerosos instrumentos internacionales sobre terrorismo, que obligan a
mantener la vigencia de los derechos fundamentales aun frente a estos graves delitos99
. De hecho,
se mantiene el estatuto especial aplicable al terrorismo, que limita severamente aspectos
fundamentales de dichas garantías, entre las que destacan las altas penas que se imponen, gran
parte de las cuales no se condice con la naturaleza del bien jurídico protegido; adelantamiento de
la punibilidad; amplísimo plazo de detención no sujeto a control judicial; testigos con reserva de
identidad o protegidos con limitadas posibilidades de ser contrainterrogados; excesivas facultades
para la intervención de las comunicaciones, aun sin conocimiento del afectado e incluso con
anterioridad a la formalización; así como la provisión de recursos económicos a testigos protegidos
por parte del Ministerio Público.

En definitiva, –como se señaló en el Balance al Poder Legislativo Año 2010– se trata de una
reforma a la normativa sobre terrorismo que escasamente aporta a la adecuación de esta a los
estándares internacionales aplicables en la materia, especialmente en lo referido al concepto de
terrorismo que consagra, las conductas calificadas como tal y las garantías judiciales.

99
La Convención Interamericana contra el Terrorismo señala expresamente que “1. Las medidas adoptadas
por los Estados Parte de conformidad con esta Convención se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de
derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. 2. Nada de lo dispuesto en la presente
Convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de
las personas conforme al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de
los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. 3. A toda persona que se encuentre
detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente
Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de
conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del
derecho internacional” (Artículo 15). Además, el Convenio Internacional para la Represión de Atentados
Terroristas Cometidos con Bombas dispone que “Toda persona que se encuentre detenida o respecto de la
cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo al presente Convenio gozará de un trato
equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en
cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho
internacional en materia de derechos humanos” (Artículo 14); y que “Nada de lo dispuesto en el presente
Convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de los
individuos con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario” (Artículo 19.1). Asimismo, disposiciones similares
se encuentran en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Artículo 17)
y en el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (Artículo 12).
49

De allí que a la preocupación manifestada por el Comité de Derechos Humanos100
, el Comité
contra la Tortura101
y a los compromisos asumidos por el Estado de Chile ante el Consejo de
Derechos Humanos102
; en 2013 se sumó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
que recomendó expresamente revisar la referida normativa para definir de manera precisa los
delitos de terrorismo y asegurar que no se aplique a miembros de la comunidad mapuche por
actos de demanda social103
.

Tras la dictación de la Ley, en 2010, pudo apreciarse que las expresas disposiciones sobre
responsabilidad penal adolescente contenidas en la Ley Antiterrorista estaban siendo
desconocidas por el Ministerio Público, identificándose incluso casos de niños formalizados por
conductas terroristas104
. Ello motivó al Presidente de la República a presentar un proyecto105

orientado a “plasmar de manera indudable” que la voluntad del Legislativo y el Ejecutivo al
modificar la Ley Antiterrorista “fue excluir totalmente a los adolescentes de la aplicación de la
legislación Sobre Conductas Terroristas, en virtud de la existencia de una normativa penal especial

100
arreglo al Artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos Chile, 89° período
de sesiones, 17 de abril de 2007, CCPR/C/CHL/CO/5, Párrafo 7.
101
COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del
Artículo 19 de la Convención, 23 de junio de 2009, Op. Cit., Párrafo 23.
102
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el
Examen Periódico Universal Chile, Op. Cit., Párrafo 96 numerales 68, 69 y 70.
103
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, Observaciones finales sobre los informes
periódicos 19° a 21° de Chile, aprobadas por el Comité en su 83° período de sesiones (12 a 30 de agosto de
2013), 83° período de sesiones, 23 de septiembre de 2013, CERD/C/CHL/CO/19‐21, Párrafo 14.
104
“Actualmente, si bien no existen condenas contra menores de edad que se funden en la tipificación de los
delitos contenidos en la Ley N° 18.314, en la investigación y el procedimiento penal seguido contra
adolescentes, se ha invocado y utilizado el citado cuerpo normativo, llegando a formalizarse a estos últimos
por delitos terroristas, Con ello, se ha permitido en la práctica hacer uso de las especiales atribuciones
investigativas y las particulares medidas cautelares en contra de menores de edad que la calificación de un
delito como terrorista permite decretar. Este tipo de actuaciones procesales se ha materializado, por vía
ejemplar, en la mantención de la prisión preventiva en contra de un menor formalizado por delito terrorista,
no obstante contar con aprobación mayoritaria de la Corte de Alzada respectiva para revocar la medida,
puesto que por disposición constitucional, tratándose de delitos terroristas, se requiere de la unanimidad de
los miembros de la Corte para la revocación. Esto pone de manifiesto que el uso procesal del tipo penal
terrorista no resulta inocuo contra adolescentes, aun cuando la sentencia definitiva no se condene al menor
por dicho ilícito, al abrir un abanico de herramientas ajenas a un sistema penal especial que tienda a
proteger y reeducar a los adolescentes, llegando a permitir la aplicación de restricciones que rompen el
principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, consagrado expresamente en el artículo 33 de la
Ley N° 20.084”. Mensaje N° 612‐358, Proyecto de ley iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la
República que excluye a los menores de edad de la legislación sobre conductas terroristas, pág. 2 (Boletín
105
Proyecto de ley que excluye a los menores de edad de la legislación sobre conductas terroristas, mensaje
presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante el Senado, 15 de marzo de 2011 (Boletín
Legislativo N° 7.529‐07). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, págs. 27
y 28.
50

aplicable a ellos, cual es la Ley N° 20.084 y las disposiciones del Derecho Internacional de los
Derechos del Niño”106
.

La iniciativa fue prontamente aprobada por el Congreso Nacional dictándose en julio de 2011 la
Ley N° 20.519 que modifica disposiciones de la Ley N° 18.314 y otro cuerpo legal excluyendo de
su aplicación a conductas ejecutadas por menores de edad, que consagra expresamente “La
presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de edad”107
.

Por otra parte, cabe señalar que luego de la dictación de la Ley N° 20.467 parlamentarios de
diversas bancadas presentaron algunas mociones orientadas a restringir el alcance de la Ley
Antiterrorista, pero ninguna de ellas fue considerada en el debate108
. En mayo de 2011 los/as
diputados Sergio Aguiló (IND), Lautaro Carmona (PC), Alfonso De Urresti (PS), Cristina Girardi
(PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Ojeda (DC) y
Alberto Robles (PRSD), presentaron un proyecto de ley que elimina el sistema de declaración
protegida establecido en la Ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su
penalidad109
.

106
“Durante la tramitación del proyecto que dio origen a la Ley N° 20.467, se propuso establecer
expresamente que a los menores de dieciocho años que incurrieran en conductas tipificadas como terroristas
se les aplicaría sólo la Ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por
Infracciones a la Ley Penal, y no la Ley Sobre Conductas Terroristas, en atención a lo dispuesto en la
Convención Sobre los Derechos del Niño, excluyendo de manera total a los adolescentes de la aplicación de la
citada ley”. Mensaje N° 612‐358, Op. Cit., pág. 1 (Boletín Legislativo N° 7.529‐07).
107
Para mayor claridad, se derogó también el texto del Artículo 3° de la Ley N° 20.467 que disponía “Si las
conductas tipificadas en la Ley N° 18.314 o en otras leyes fueren ejecutadas por menores de dieciocho años,
por aplicación del principio de especialidad se aplicarán siempre el procedimiento y las rebajas de penas
contemplados en la Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad penal adolescente. Será
circunstancia agravante de los delitos contemplados en la Ley N° 18.314 actuar con menores de dieciocho
años”. República de Chile, Ley N° 20.519, modifica disposiciones de la Ley N° 18.314 y otro cuerpo legal
excluyendo de su aplicación a conductas ejecutadas por menores de edad, publicada en el Diario Oficial el
21 de junio de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.529‐07)
108
Otras mociones orientadas a ampliar la persecución penal por terrorismo presentadas por
parlamentarios tampoco prosperaron. Proyecto de ley que modifica el Artículo 1° de la Ley que determina
conductas terroristas y fija su penalidad para calificar como delito de esta especie las que tengan por objeto
difundir una posición o ideología insurreccional destinada a desestabilizar el sistema democrático, moción
presentada por el Senador Francisco Chahuán (RN), 24 de agosto de 2012, remitido a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y posteriormente retirado de tramitación por su autor, el 9
de octubre de 2012 (Boletín Legislativo N° 8.544‐07). Proyecto de ley que modifica Ley N° 18.314 sobre
conductas terroristas y fija su penalidad, moción presentada por los diputados Germán Becker (RN), Alberto
Cardemil (RN), José Manuel Edwards (RN) René Manuel García (RN), Rosauro Martínez (RN), Cristián
Monckeberg (RN), Leopoldo Pérez (RN), Karla Rubilar (RN a la fecha), Marcela Sabat (RN) y Germán Verdugo
(RN), 13 de agosto de 2012, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín Legislativo
N° 8.513‐25).
109
La moción plantea derogar los Artículos 18 a 21 de la Ley N° 18.314. Ello, según señalan los autores en la
fundamentación del proyecto, por la necesidad de eliminar “una de las medidas procesales extraordinarias
contempladas en esta ley para el tratamiento del ‘terrorismo’ y que consiste en la posibilidad de recabar
pruebas a través de testigos y peritos protegidos (sin rostro), los que a su turno admiten que se les otorgue
un contraprestación económica (art. 19) lo que desnaturaliza la esencia de la prueba testimonial, es decir, la
imparcialidad de quién depone, de ahí que un régimen procesal como este, más que una herramienta útil
51


En tanto, los/as diputados/as Sergio Aguiló (IND), Aldo Cornejo (DC), Marcelo Díaz (PS), Hugo
Gutiérrez (PC), Gustavo Hasbún (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Marcela Sabat (RN) presentaron un
proyecto que establece control judicial a la facultad del Ministerio Público para invocar la Ley de
Conductas Terroristas en investigaciones a su cargo110
.

En atención a los reiterados reparos de organismos internacionales y las recomendaciones
formuladas al Estado de Chile en orden a modificar la legislación sobre terrorismo, corresponde a
los y las parlamentarias elegidas para el cuadrienio legislativo que se inicia abordar este debate.

fomenta el soplonaje a cambio de dinero, la fabricación de pruebas que no puede ser debidamente
apreciadas por los intervinientes en especial por la defensa, o bien, que se admitan vicios como la
declaración como testigos protegidos los que tengan o hayan tenido el carácter de imputado en el delito que
se investiga, cuestión rechazada en la doctrina comparada”. Proyecto de ley que elimina el sistema de
declaración protegida establecido en la Ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su
penalidad, moción presentada por los/as diputados/as Sergio Aguiló (IND), Lautaro Carmona (PC), Alfonso
De Urresti (PS), Cristina Girardi (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Tucapel Jiménez (PPD),
Sergio Ojeda (DC) y Alberto Robles (PRSD), 3 de mayo de 2011, remitido a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia (Boletín Legislativo N° 7.610‐07).
110
La moción plantea que corresponda al Tribunal de Garantía resolver fundadamente sobre la procedencia
de aplicar la Ley Antiterrorista cada vez que el Ministerio Público solicite su autorización para determinadas
investigaciones o se formalice a imputados por delitos que se señalen como terroristas. Ello por cuanto,
señalan los autores en la fundamentación, “la facultad del Ministerio Público de calificar a su arbitrio una
determinada conducta como terrorista no es propio de un debido proceso, ya que le permite al órgano
persecutor fijar cual es el marco procesal a partir del cual se va a realizar una determinada investigación, sin
contrapeso ni control real hasta la realización de la audiencia de juicio oral. Lo anterior resulta en la práctica
en una situación de grave desmedro en los derechos y garantías de las personas imputadas por tales
conductas, toda vez que atendida la gravedad de los delitos contenidos en la ley 18.314 y las altas penas que
se imponen a tales ilícitos, se reduce sustantivamente las exigencias materiales para decretar y mantener
cautelares de alta intensidad en contra de quienes son signados por el ente persecutor como autores,
cómplices o encubridores de dichos delitos, como para obtener la autorización judicial a fin de realizar
interceptaciones telefónicas, levantamiento de secreto bancarios y otras medidas intrusivas. De esta
situación se deriva un hecho preocupante y reiterado: personas privadas de libertad durante un largo tiempo
a título de prisión preventiva en investigaciones seguidas en su contra por delitos que son calificados por el
Ministerio Público como terroristas, son en definitiva absueltos en juicio oral, y dejados en libertad. De esta
forma, en la práctica, más que prisiones preventivas estamos frente a prisiones por sospecha, las cuales se
fundan en la sola impresión de peligrosidad que se encuentra asociada a la imputación de haber cometido un
delito terrorista o ser parte de una asociación ilícita de dicha naturaleza”. Proyecto de ley que establece
control judicial a la facultad del Ministerio Público para invocar la Ley de conductas terroristas en
investigaciones a su cargo, moción presentada por los/as diputados/as Sergio Aguiló (IND), Aldo Cornejo
(DC), Marcelo Díaz (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Gustavo Hasbún (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Marcela Sabat (RN),
18 de mayo de 2011, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín Legislativo N°
7.668‐07).
52

Reforma a la Justicia Militar

14. El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares
internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria
la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de
delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer,
a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de
forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales
penales militares, en los términos de los párrafos 256 y 257 de la presente Sentencia.
15. El Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección
judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares, en los términos de el párrafo 257
de la presente Sentencia.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Sentencia de
22 de noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 135, Puntos Resolutivos 14 y
15.

14. (…) El Comité recomienda al Estado parte que agilice el proceso de adopción de la ley que
modifica el Código de Justicia Militar, por medio del cual se establecen límites a la competencia
material y personal de los tribunales militares. Asimismo, el Comité reitera al Estado parte que
elimine el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar.

46. Revisar las disposiciones aplicables al funcionamiento de los tribunales militares en tiempo de
paz para cumplir con las normas internacionales (Francia) y aprobar una reforma del Código de
Justicia Militar que permita ajustar su sistema judicial a las normas internacionales de derechos
humanos (Nicaragua);

12. (…) El Estado parte debería agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia
Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal
militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente; verificando que esta ley no contenga
ningún precepto que pueda permitir violaciones de los derechos establecidos en el Pacto.

53

Entre los compromisos asumidos por el Presidente de la República en el Programa de Gobierno se
incluyó la reforma a la Justicia Militar para “establecer como delitos del fuero militar en tiempo de
paz aquellos que exclusivamente afecten un bien jurídico propiamente militar y siempre que sean
cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones, excluyendo como regla general la
competencia sobre civiles” por una parte; y por otra la creación de “un Ministerio Público Militar,
dependiente del Ministerio de Defensa, encargado de investigar los delitos del fuero militar y
ejercer la acción penal, de la que conocerán los tribunales civiles de la Reforma Procesal Penal. Este
organismo estará integrado por abogados militares y civiles especializados”111
.

Ello en la línea de lo mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2005
condenó al Estado de Chile por la violación a un conjunto de garantías protegidas por la
Convención Americana de Derechos Humanos y le ordenó –entre otras medidas– reformar la
Justicia Militar, debiendo “adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los
estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar”.

En este caso, Palamara Iribarne contra el Estado de Chile, la Corte IDH dictaminó “que en caso de
que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar” esta se restrinja
únicamente “al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo”
debiendo el Estado establecer en la legislación nacional “límites a la competencia material y
personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea
sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares”. Además, la Corte IDH ordenó
“garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las
actuaciones de las autoridades militares”112
.

Puesto que en los años siguientes a la sentencia de la Corte IDH no se emprendió la reforma,
organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos113
en 2007 y el Comité contra
la Tortura114
en 2009 reiteraron la necesidad de limitar la jurisdicción de los tribunales militares; y
a ello se comprometió el Estado de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas115
en 2009.


111
112
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Palamara Iribarne  Vs. Chile, Sentencia de 22
de noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 135, Puntos Resolutivos 14 y 15.
113
arreglo al Artículo 40 del Pacto, 17 de abril de 2007, Op. Cit., Párrafo 12.
114
115
54

En diciembre de 2010, a iniciativa del Gobierno del Presidente Piñera116
, se dictó la Ley N° 20.477
que modifica la competencia de los tribunales militares117
. Ello en el marco de la extensa huelga
de hambre mantenida por comuneros mapuche por más de 80 días entre julio y octubre de ese
año.

La Ley señala que “En ningún caso, los civiles y los menores de edad estarán sujetos a la
competencia de los tribunales militares. Ésta siempre se radicará en los tribunales ordinarios con
competencia en materia penal” (Artículo 1° inciso 1). Se establece una diversa jurisdicción en caso
de coautoría y participación de civiles y militares, disponiéndose la competencia de los tribunales
ordinarios para enjuiciar a los civiles, y de tribunales castrenses respecto de los militares
involucrados (Artículo 2°). Se encomienda a la Corte Suprema la resolución de las eventuales
contiendas de competencia que se presenten entre ambas jurisdicciones (Artículo 3°).

Dispone esta normativa que “se entenderá que civil es una persona que no reviste la calidad de
militar” (Artículo 1° inciso 2); definiéndose en el Código de Justicia Militar que militares son “los
funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, constituidos por el
personal de planta, personal llamado al servicio y el personal de reserva llamado al servicio
activo”, así como “los soldados conscriptos; los Oficiales de Reclutamiento; las personas que sigan
a las Fuerzas Armadas en estado de guerra; los prisioneros de guerra, que revistan el carácter de
militar, los cadetes, grumetes, aprendices y alumnos regulares de las Escuelas Institucionales y de
Carabineros de Chile” (Código de Justicia Militar, Artículo 6° incisos 1 y 2, reformado por la Ley N°
20.477).

Respecto de menores de edad se señala expresamente que “siempre estarán sujetos a la
competencia de los tribunales ordinarios, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 20.084, que
establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal”
(Código de Justicia Militar, Artículo 6° inciso 3, reformado por la Ley N° 20.477).

116
Proyecto de ley que modifica el sistema de Justicia Militar y establece un régimen más estricto de
sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías, mensaje presentado por el Presidente
de la República Sebastián Piñera ante la Cámara de Diputados, 9 de septiembre de 2010 (Boletín Legislativo
N° 7.203‐02). El mensaje inicialmente proponía, también, un conjunto de normas especiales sobre
publicidad y reserva de las actuaciones judiciales respecto de ciertos delitos militares cometidos por civiles,
por tratarse de figuras cuya investigación y juzgamiento podría implicar ventilar materias que afecten la
seguridad nacional; así como un nuevo estatuto jurídico, más severo, para los delitos cometidos contra
funcionarios de las policías. Estas disposiciones, no directamente relacionadas con el objetivo principal de la
propuesta –modificar la competencia de los tribunales militares–, fueron retiradas por el Ejecutivo, a fin de
acotar la discusión únicamente al ámbito de aplicación de la justicia castrense, y se propusieron en un
proyecto separado, ingresado a tramitación el 15 de septiembre ante la Cámara Baja, que lo despachó el 22
de diciembre de 2010 pero que posteriormente en el Senado no fue debatido. Proyecto de ley que establece
normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y
un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías, mensaje
presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante la Cámara de Diputados, 15 de
septiembre de 2010 (Boletín Legislativo N° 7.217‐07).
117
República de Chile, Ley N° 20.477, modifica competencia de tribunales militares, publicada en el Diario
Oficial el 30 de diciembre de 2010 (Boletín Legislativo N° 7.203‐02). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
55

La dictación de la Ley N° 20.477 constituye un importante avance pues se excluye a los civiles y
menores de edad de la competencia de tribunales militares cuando son imputados. Sin embargo,
se trata de un logro parcial porque cuando son víctimas de delitos cometidos por uniformados,
igualmente conocen los tribunales castrenses. Cabe recordar que durante la tramitación de la
iniciativa diversos actores plantearon la necesidad de una reforma amplia, que excluyera del todo
a los civiles de la Justicia Militar. En este sentido, la Corte Suprema reiteró su planteamiento en
orden a que “considera que debe entenderse en la expresión ‘civiles y menores de edad’ que
emplea el precepto se incluye no sólo a quienes pudieren revestir la calidad de imputados de
alguno de los delitos calificados de militares, sino también a quienes tuvieren el carácter de
ofendidos o víctimas de ellos, precisión que resultaría conveniente efectuar de manera expresa en
la norma”118
.

En definitiva, la Ley mantuvo bajo la jurisdicción castrense un amplio conjunto de delitos definidos
como delitos militares únicamente por el hecho de ser cometidos por uniformados, pero sin
diferenciar entre delitos comunes y aquellos que corresponden propiamente a delitos de función
militar. De ello deriva que los delitos que eventualmente cometan uniformados, incluyendo a
funcionarios de Carabineros de Chile, aun en contra de víctimas civiles y menores de edad
continúan siguen siendo conocidos por tribunales militares y no por la justicia ordinaria, en abierto
incumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana y otros organismos internacionales.

En particular, preocupa que las denuncias de violencia policial se sigan remitiendo a la Justicia
Militar, cuya falta de imparcialidad determina altos niveles de impunidad de los delitos cometidos
por carabineros y militares, tales como homicidios, lesiones, violencia innecesaria, apremios
ilegítimos, violencia sexual, entre otros; o bien que se apliquen penas ínfimas que no dicen
relación con la gravedad de los delitos.

Por otra parte, el incumplimiento a lo dispuesto por la sentencia de la Corte IDH se expresa,
asimismo, en la mantención inalterada del procedimiento judicial que aplican los tribunales
militares, caracterizado por la falta de garantías judiciales y apartarse de los estándares de debido
proceso. Ello ni siquiera fue objeto de la reforma de 2010, señalando en su momento el Presidente
de la República que sería materia de otra iniciativa de ley, que no llegó a presentar119
.


118
CORTE SUPREMA, Oficio N° 152, Informe proyecto de ley 46‐2010, Antecedente Boletín N° 7.203‐02, 8 de
octubre de 2010, considerando segundo (Boletín Legislativo N° 7.203‐02).
119
En los fundamentos del respectivo Mensaje presidencial se señala: “En la presente iniciativa legal, se ha
optado por tratar derechamente la exclusión de los civiles de la competencia y jurisdicción de los tribunales
militares, y se ha dejado aparte y para un tratamiento posterior la institución de un nuevo procedimiento de
Justicia Militar. Ello, con el objeto de estudiarlo y tramitarlo en el futuro, en conjunto con las reformas
orgánicas que precisa y harían posible su implementación”. Mensaje N° 257‐358, Mensaje de S.E. el
Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley sobre modificación del sistema de justicia
militar y que establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de
las policías, 7 de septiembre de 2010, pág. 5 (Boletín Legislativo N° 7.203‐07).
56


Cabe agregar que durante la tramitación legislativa de la Ley N° 20.477 el Gobierno declaró
mantener su compromiso con una amplia reforma a la Justicia Militar, la que emprendería en
distintas etapas. Ello fue explicado por el Ministro de Justicia de la época que anunció
expresamente que se presentaría “a más tardar, el 30 de junio de 2011, un proyecto de ley sobre
Código de Justicia Militar que contemple una definición del delito militar y hacer esfuerzos durante
el mismo año, para presentar otra iniciativa legal destinada a establecer una nueva estructura
orgánica y un nuevo procedimiento de justicia castrense”120
. Sin embargo, ninguna de las
propuestas anunciadas llegó a ser presentada dentro del cuadrienio informado.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del proceso de
supervisión de cumplimiento a la sentencia dictada en el caso Palamara Iribarne contra el Estado
de Chile, en 2011 tomó conocimiento de la reforma sobre competencia de los tribunales militares.
La Corte IDH valoró el “avance que representa la aprobación de la Ley No. 20.477 en el proceso de
reforma de la justicia militar”121
, pero recalcó que su dictación no constituye el cumplimiento
cabal de las obligaciones impuestas al Estado y que en atención al tiempo transcurrido desde la
dictación de la sentencia “el proceso de cumplimiento de éstas medidas de reparación se
encuentra aún en una etapa inicial”122
.

La Corte reiteró su jurisprudencia en orden a que “la jurisdicción penal militar ha de tener un
alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos
especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se

120
Durante la discusión legislativa ante la Cámara de Diputados, el entonces Ministro de Justicia, Felipe
Bulnes, “Consultado sobre la propuesta de reforma integral a la justicia castrense que comenzó a ser
analizada en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, explicó que en esta materia se contemplan distintas
etapas. La primera de ellas consiste en excluir a los civiles de la justicia militar, que corresponde a la idea
matriz del proyecto que presentó en su momento la ex Presidenta Bachelet y de otras mociones
parlamentarias, lo cual refleja el consenso a que se ha arribado en esta materia. Precisó que la segunda
etapa, que no es abordada en esta iniciativa legal, corresponde a la definición de delito militar, aspecto que,
igualmente, fue tratado en un proyecto de ley de la anterior administración que será objeto de revisión por
parte del Ejecutivo. Aclaró que asiste al Gobierno la convicción de la necesidad de efectuar una redefinición
del concepto, pero también la seguridad de que esta materia no puede ser abordada conjuntamente con el
tema relativo a la competencia de los tribunales, que puede tener, a diferencia de la primera, un fácil
despacho. Finalmente, indicó que una tercera etapa debe acometer la tarea de modificar la estructura
orgánica de la justicia militar y someter el procedimiento a los principios que inspiran el sistema procesal
penal. Al efecto, se comprometió a enviar, a más tardar, el 30 de junio de 2011, un proyecto de ley sobre
Código de Justicia Militar que contemple una definición del delito militar y hacer esfuerzos durante el mismo
año, para presentar otra iniciativa legal destinada a establecer una nueva estructura orgánica y un nuevo
procedimiento de justicia castrense”. CÁMARA DE DIPUTADOS, Informe de las Comisiones unidas de
Constitución, Legislación y Justicia y de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley que modifica el
sistema de justicia militar y establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los
miembros de las policía, Boletín N° 7.203‐02, 29 de septiembre de 2010, págs. 9 y 10 (Boletín Legislativo N°
7.203‐02).
121
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 1° de julio 2011, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia,
párrafo 19.
122
Ibídem, párrafo 20.
57

debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten
contra bienes jurídicos propios del orden militar”, señalándole al Estado de Chile que “para que la
adecuación del ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción
penal militar resulte compatible con la medida de reparación ordenada en la Sentencia, la reforma
normativa debe cumplir con aquellos extremos”123
.

Ante la imposibilidad de dar por cumplidas las obligaciones emanadas de la sentencia Palamara, la
Corte resolvió mantener abierto el proceso de supervisión y mandató al Estado a informar sobre
“el contenido y estado legislativo actual de todos los proyectos de ley que se adelantan para la
reforma de la justicia militar y cómo estos se adecuan a los estándares de la Sentencia dictada en
el presente caso” y sobre “las acciones necesarias y los plazos estimados para alcanzar una
reforma integral de la justicia militar en Chile, y de esta forma cumplir con las medidas ordenadas
por el Tribunal”, entre otras124
.

No obstante, como se ha señalado, en los años siguientes no llegó a conocerse ninguna propuesta
gubernamental para reformar integralmente la Justicia Militar, manteniéndose el Estado de Chile
en transgresión de sus obligaciones internacionales.

En tanto, desde el Parlamento, diversas mociones fueron presentadas a fin de corregir las
omisiones de la Ley. En agosto de 2011, el Senador Camilo Escalona (PS) ingresó a tramitación el
proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar en materia de competencia por delitos
en que aparezcan involucrados menores de edad125
. La moción plantea eliminar del conocimiento
de los tribunales castrenses todos “los casos en que aparezcan involucrados menores de edad, sea
que se trate de víctimas o tengan la calidad de imputados”, y que sean conocidos por los
tribunales ordinarios. Ello, por cuanto la Ley N° 20.477 –como se ha señalado– excluye a los
menores de la jurisdicción castrense pero únicamente en el caso de ser imputados, no así cuando
sean víctimas de algún delito por parte de uniformados. La propuesta fue remitida a la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que no la debatió y tampoco el
Gobierno le asignó urgencia.

En la Cámara Baja, por su parte, los/as diputados/as René Alinco (IND), Osvaldo Andrade (PS),
Lautaro Carmona (PC), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Enrique
Jaramillo (PPD), Denise Pascal (PS), Alberto Robles (PRSD) y Guillermo Teillier (PC) presentaron el
proyecto de ley que modifica la competencia de la Justicia Militar para permitir que la justicia
ordinaria juzgue a carabineros por delitos cometidos en actos de servicios126
. Los/as autores/as de

123
124
125
Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar en materia de competencia por delitos en que
aparezcan involucrados menores de edad, moción presentada por el Senador Camilo Escalona (PS), 30 de
agosto de 2011, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que no lo debatió
y procedió a su archivo el 14 de marzo de 2014 (Boletín Legislativo N° 7.887‐07).
126
Proyecto de ley que modifica la competencia de la Justicia Militar para permitir que la justicia ordinaria
juzgue a carabineros por delitos cometidos en actos de servicios, moción presentada por los/as diputados/as
René Alinco (IND), Osvaldo Andrade (PS), Lautaro Carmona (PC), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS),
Hugo Gutiérrez (PC), Enrique Jaramillo (PPD), Denise Pascal (PS), Alberto Robles (PRSD) y Guillermo Teillier
58

la iniciativa critican que la Ley N° 20.477 mantenga el juzgamiento por tribunales castrenses a los
militares que cometen delitos comunes, en particular que “actualmente, los delitos cometidos por
Carabineros en actos del servicio, son de competencia de la justicia militar, especialmente el delito
de violencias innecesarias”. La moción propone excluir de la competencia de los tribunales
militares los actos realizados “por Carabineros en actos de servicio o con ocasión de él”; pero la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a la que fue remitida no la analizó ni contó con
urgencia legislativa por parte del Gobierno.

Posteriormente, en julio de 2012, una nueva propuesta fue presentada ante el Senado, aunque
tampoco llegó a ser debatida. El proyecto que modifica el Código de Justicia Militar y la Ley N°
20.477 en materia de competencia de los tribunales militares, de los/as senadores/as Soledad
Alvear (DC), Pedro Muñoz (PS) y Patricio Walker (DC) plantea restringir la competencia de los
tribunales militares de modo que nunca civiles ni menores de edad estén sujetos a ella, ni cuando
se trate de imputados ni cuando sean víctimas de un delito, como tampoco los soldados
conscriptos, correspondiendo el conocimiento de estas causas a los tribunales ordinarios con
competencia en materia penal127
.

La iniciativa fue informada favorablemente por la Corte Suprema, que reiteró su posición en
cuanto a la necesidad de “excluir expresamente a los civiles y menores de edad –cuando sean
víctimas u ofendidos– de la competencia de los juzgados militares”128
. La Corte Suprema,
asimismo, cuestionó la mantención de la jurisdicción militar, señalando “lo inconveniente de
mantener, salvo en los aspectos netamente disciplinarios, esta judicatura especial en tiempos de
paz (…) No parece adecuado que en un Estado Democrático de Derecho, sus ciudadanos se
encuentren sometidos a dos clases de justicia, uno de ellos –el militar– que afecta los principios de
imparcialidad e independencia y sustentado, además, en un procedimiento escrito e inquisitivo”129
.

(PC), 19 de octubre de 2011, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín Legislativo
N° 7.999‐07).
127
Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar y la Ley N° 20.477 en materia de competencia
de los tribunales militares, moción presentada por los/as senadores/as Soledad Alvear (DC), Pedro Muñoz
(PS) y Patricio Walker (DC), 31 de julio de 2012, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento (Boletín Legislativo N° 8.472‐07).
128
“(…) En definitiva, el artículo 1° de la Ley N° 20.477 no señaló expresamente que los civiles y menores de
edad serían excluidos de la justicia castrense cuando fueran victimas u ofendidos, lo que ha generado que se
presenten proyectos de ley tratando de modificar la situación y que uno de ellos, correspondiente al Boletín
7.887‐07, haya sido informado por la Corte Suprema en términos favorables, con recomendaciones de
carácter sistemático que el actual proyecto de ley recoge totalmente. El proyecto de ley que se informa es
coincidente con lo expresado por el Máximo Tribunal durante la tramitación de la Ley N° 20.477, al excluir
expresamente a los civiles y menores de edad –cuando sean víctimas u ofendidos– de la competencia de los
juzgados militares. Además, desde el punto de vista sistemático, se condice con la recomendación realizada
por el Máximo Tribunal, en cuanto a que la modificación debe realizarse al artículo 1°

de la Ley N° 20.477,
que establece la regla general que suprime la competencia de los tribunales militares en el caso de los civiles
y menores de edad”. CORTE SUPREMA, Oficio N° 99‐2012, Informe proyecto de ley 30‐2012, Boletín N°
8.472‐07, Santiago, 29 de agosto de 2012, considerando tercero (Boletín Legislativo N° 8.472‐07).
129
Ibídem, considerando cuarto.
59

Además, en enero de 2013, los diputados/as Sergio Aguiló (IC a la fecha), Pedro Araya (IND), Jorge
Burgos (DC), Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Roberto León (DC), José Pérez (PRSD),
Ricardo Rincón (DC) y Marcelo Schilling (PS), presentaron el proyecto denominado adecua la
legislación a las exigencias de los tratados internacionales sobre derechos humanos en las
materias que indica130
. Esta iniciativa plantea la derogación de la Ley N° 20.447 y del Código de
Justicia Militar, proponiendo en su reemplazo un nuevo Código de Justicia Militar que acota
sustantivamente el ámbito de la justicia castrense respecto de las conductas que se consideran
delitos militares. Fue remitida para su estudio a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara
Baja, sin que se observen avances en su tramitación.

En definitiva, terminado el cuadrienio 2010‐2013 la reforma del ámbito de competencia y el
funcionamiento de la Justicia Militar, para limitarla únicamente al juzgamiento de delitos de
función cometidos por militares y garantizar el debido proceso en conformidad a las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado de Chile, continúa pendiente. Corresponderá su debate a
los y las congresistas elegidos para el período que se inicia.

130
Proyecto de ley que adecua la legislación a las exigencias de los tratados internacionales sobre derechos
humanos en las materias que indica, moción presentada por los/as diputados/as Sergio Aguiló (IC a la
fecha), Pedro Araya (IND), Jorge Burgos (DC), Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Roberto León (DC),
José Pérez (PRSD), Ricardo Rincón (DC) y Marcelo Schilling (PS), 24 de enero de 2013, remitido a la Comisión
de Defensa Nacional (Boletín Legislativo N° 8.803‐02).
60

CRIMENES DE DERECHO INTERNACIONAL
Derogación o nulidad del Decreto Ley de Amnistía
12. El Comité toma nota de que los tribunales de justicia chilenos y, en particular su Corte Suprema,
hayan venido declarando en sus fallos la inaplicabilidad del Decreto‐Ley de Amnistía que veda el
castigo a individuos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, aduciendo como fundamento legal los instrumentos
de derechos humanos. Sin embargo, el Comité considera, en línea con el fallo de la Corte
Interamericana en el asunto Almonacid Arellanos y otros, de 26 de septiembre de 2006, que el
hecho de que dicho Decreto‐Ley continúe vigente deja todavía al arbitrio de las cortes internas la
aplicación o no de la amnistía. En ese sentido, el Comité ha tenido conocimiento de sentencias
recientes de la Corte Suprema que parecen tener en cuenta la vigencia formal de dicho Decreto, en
particular, para disminuir las penas aplicables a crímenes graves cometidos bajo la dictadura (art.
2).
El Comité insta al Estado parte, siguiendo sus recomendaciones anteriores, a que derogue el
Decreto‐Ley de Amnistía. En este sentido señala a la atención del Estado parte el párrafo 5 de su
Observación general n° 2 conforme a la cual, el Comité considera que las amnistías u otros
obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de
tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el
carácter imperativo de la prohibición de la tortura. Asimismo, el Comité recomienda que se adopten
todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de torturas y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente, con prontitud y de
manera imparcial y que se proceda al enjuiciamiento y castigo de los autores, así como a la
adopción de medidas de reparación a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en la
Convención.

39. Considerar la posibilidad de derogar la Ley de amnistía promulgada durante el régimen militar
(Italia);

5. El Comité reitera su preocupación ante el Decreto Ley de Amnistía 2.191 de 1978. Aunque observa
que según el Estado parte este decreto ya no es aplicado por los tribunales, considera que el hecho
de que continúe vigente deja abierta la posibilidad de su aplicación. El Comité recuerda su
observación general No. 20, en el sentido de que las leyes de amnistía respecto de las violaciones de
derechos humanos son generalmente incompatibles con el deber del Estado parte de investigar tales
violaciones, garantizar que las personas no estén sujetas a dichas violaciones dentro de su
jurisdicción y velar por que no se comentan violaciones similares en el futuro. (Artículo 2 del Pacto)
El Estado parte debería reforzar sus esfuerzos para incorporar lo más pronto posible la
jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el Decreto Ley de Amnistía 2.191 de 1978 al derecho
interno positivo, a fin de garantizar que las violaciones graves de derechos humanos no queden
impunes.
61


Dentro de los compromisos declarados por el Presidente Piñera destacan aquellos referidos a
verdad y justicia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Expresamente
se releva en el Programa de Gobierno “Reforzar una política para enfrentar las situaciones del
pasado orientada por valores de verdad, justicia y reconciliación”, así como “la adecuación de
nuestras instituciones jurídicas y procedimientos a las exigencias que los Derechos Humanos
imponen a los países integrados al sistema internacional de protección” de lo que deriva la
necesidad de “ajustar la legislación interna al derecho humanitario convencional”131
.

Lamentablemente, al terminar el período no se observa ningún avance legislativo en la materia.
De hecho el Gobierno ni siquiera presentó alguna iniciativa que permitiera impulsar el debate
parlamentario. Es así como el Decreto Ley de Amnistía de 1978 continúa vigente en el país, pese a
que hace más de siete años el Estado de Chile fuera condenado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos –en el caso Almonacid Arellano contra el Estado de Chile–, precisamente por
haber aplicado y mantener vigente dicha norma132
.

Los crímenes cometidos en Chile durante la dictadura cívico‐militar instaurada en 1973,
constitutivos de gravísimas violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sus familiares y de
la humanidad en su conjunto, se encuentran totalmente proscritos por el derecho internacional
que no admite a su respecto ninguna justificación. Por el contrario, los Estados se encuentran
obligados, en todo momento, a investigarlos, establecer la verdad de lo ocurrido, determinar las
responsabilidades penales individuales que correspondan, sancionarlos con penas proporcionadas
a su gravedad, reparar a las víctimas y dar garantías de no repetición.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos –en una sentencia pronunciada en 2001 contra el
Estado peruano– ha dictaminado que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan
impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las
desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”133
.

131
Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐2014, Op. Cit., págs. 151 y 152.
En tanto, en su primera Cuenta Pública el Presidente Piñera reiteró su compromiso, señalando “Respecto de
las graves e injustificables violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, seguiremos
avanzando en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación entre los chilenos”, Mensaje a la
Nación, 21 de mayo de 2010, Op. Cit. pág. 40.
132
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2012, págs. 45 a 48; OBSERVATORIO
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, págs. 30 y 31; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
Balance al Poder Legislativo Año 2010, págs. 33 y 34; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder
Legislativo Período 2006‐2009, pág. 23.
133
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Barrios Altos VS. Perú, Sentencia de 14 de
marzo de 2001 (Fondo), Serie C N° 75, Párrafo 41.
62


Posteriormente, en el caso Almonacid Arellano y otros contra el Estado de Chile, en 2006 la Corte
condenó a Chile por la aplicación y vigencia del Decreto Ley N° 2.191 de 1978. Como es sabido,
esta norma concedió la amnistía o perdón general a quienes “en calidad de autores, cómplices o
encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos” entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de
marzo de 1978134
. Esta amnistía general representa un severo obstáculo para la aplicación de
justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país en esos años.
Aun cuando desde 1998 en adelante la Corte Suprema ha dictaminado privar de eficacia al
referido Decreto Ley en un número significativo de causas –estableciendo una cierta
jurisprudencia en tal sentido–, lo cierto es que la norma hace parte del ordenamiento jurídico
nacional, es invocada permanentemente por los defensores de los agentes estatales encausados
en procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad perpetrados y eventualmente podría
resolverse su aplicación por parte de un órgano jurisdiccional.

En este caso la Corte IDH señaló que las leyes de amnistía “conducen a la indefensión de las
víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son
manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e
indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la
Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su
naturaleza, el Decreto Ley No. 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando
un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación
y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de
violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”135
.

La Corte IDH tuvo en consideración y valoró expresamente que en numerosos casos el Poder
Judicial no aplicara la cuestionada norma sobre amnistía, sin embargo, insistió en la necesidad de
su supresión. Resolvió la Corte que el Decreto Ley de Amnistía de 1978 es incompatible con las
obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos que el Estado de
Chile ha asumido y que, por tratarse de una normativa vigente, el criterio aplicado por los
tribunales de justicia podría cambiar decidiéndose nuevamente su aplicación en procesos
penales136
.

La vigencia de la amnistía conferida por quienes detentaron el poder entre septiembre de 1973 y
marzo de 1990, ha sido reiteradamente reprochada por diversos organismos internacionales en
los años siguientes a la sentencia de la Corte IDH. En este sentido se pronunciaron en 2007 el
Comité de Derechos Humanos137
y en 2009 el Comité contra la Tortura138
así como el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas139
.

134
República de Chile, Decreto Ley N° 2.191, concede amnistía a las personas que indica por los delitos que
señala, publicado en el Diario Oficial el 19 de abril de 1978.
135
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia
de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 154,
Párrafo 119.
136
Ibídem, Párrafo 121.
137
63


No obstante, el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH y de las recomendaciones de los
organismos internacionales no ha concitado la debida preocupación de los órganos colegisladores,
que no han procurado una adecuada respuesta normativa al respecto. Ninguna propuesta
presentó el Ejecutivo en los pasados cuatro años para dar cumplimiento a las obligaciones
internacionales y tampoco los/as parlamentarios/as promovieron que el debate sobre la vigencia
del Decreto Ley de Amnistía tuviera lugar. La moción que en 2006 propusieron senadores para
declarar la nulidad de dicha norma nunca fue considerada por la Cámara Alta y en marzo de 2010
fue archivada140
sin que posteriormente volviera a presentarse una nueva iniciativa en la materia.

Imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional

10. (…) Al tiempo que valora la iniciativa de adoptar una ley interpretativa al artículo 93 del Código
Penal, referida a las eximentes de responsabilidad penal, al Comité le preocupa que dicha iniciativa
no haya prosperado (arts. 1 y 4) (…)
11. (…) El Comité insta al Estado parte a que adopte formalmente el proyecto de ley que introduce la
imprescriptibilidad de los citados crímenes.
42° período de sesiones, 23 de junio de 2009, CAT/C/CHL/CO/5, Párrafos 10 y 11.

9. (…) El Estado parte debe vigilar que las violaciones graves de derechos humanos cometidas
durante la dictadura no permanezcan impunes; en particular, garantizando la acusación efectiva de
los responsables sospechosos. Deben tomarse medidas adicionales para fincar responsabilidades
individuales. En cuanto a las personas que hayan cumplido una condena por tales actos, se deben
examinar sus aptitudes para ejercer funciones públicas. El Estado parte debería hacer pública toda
la documentación colectada por la Comisión Verdad y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura (CNPPT), susceptible de contribuir a la identificación de aquellos
responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

138
139
140
Proyecto de ley que declara la nulidad del Decreto Ley N° 2.191 de 1978, moción presentada por los
senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Alejandro Navarro (PS a la fecha) y Mariano Ruiz‐
Esquide (DC), 21 de abril de 2006, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
y posteriormente a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. No avanzó en su
tramitación en ninguna de ellas siendo archivado por falta de debate legislativo el 15 de marzo de 2010; y
posteriormente desarchivada por la Sala del Senado a solicitud del Senador Guido Girardi, el 28 de enero de
2014 (Boletín Legislativo N° 4.162‐07).
64

Por otra parte, igualmente problemática resulta la vigencia en el ordenamiento jurídico nacional
de las normas sobre prescripción aplicables a los crímenes constitutivos de graves violaciones a los
derechos humanos cometidos en el país durante la dictadura cívico‐militar que rigió entre 1973 y
1990. Nada se avanzó al respecto durante el cuadrienio informado y el Gobierno, que se había
comprometido a “emprender diversas modificaciones de nuestro Código Penal y ajustar la
legislación interna al derecho humanitario convencional”141
, no promovió ningún debate al
respecto.

El año 2009 se dictó la Ley N° 20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y
crímenes y delitos de guerra, a fin de ajustar la normativa nacional a los estándares contenidos en
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuya ratificación a la fecha se debatía. A partir
de ello, la legislación chilena sanciona las más graves violaciones a los derechos humanos,
constitutivas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo,
además de incurrir en un conjunto de falencias en cuando a la conceptualización adoptada
respecto de parte de dichos crímenes –particularmente en cuanto a los crímenes de violencia
sexual–, dicha ley establece que la imprescriptibilidad prevista solo aplica a los eventuales
crímenes que sean cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma, en julio de
2009142
.

Por su parte, la Corte Suprema, a partir del año 2006 ha reconocido en numerosos casos que los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, por aplicación de las normas y principios del
derecho internacional no prescriben y deben ser investigados y juzgados, aun cuando
disposiciones de derecho interno prevean la extinción de la responsabilidad penal. Sin embargo,
este máximo tribunal desde el año 2007 en un número significativo de causas, aun considerando
que no se aplican las normas sobre amnistía ni prescripción –precisamente por tratarse de
violaciones a los derechos humanos prohibidas por el derecho internacional–, ha aplicado la figura
de la prescripción gradual143
lo que ha determinado una considerable rebaja en la extensión de las
penas aplicadas. Debido a ello, agentes del Estado responsables de atroces crímenes no han
recibido una sanción proporcionada a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos
cometidas y, en muchos casos, la rebaja de la pena ha permitido que accedan a beneficios
alternativos a las penas privativas de libertad terminando por cumplir su condena en libertad144
.

141
142
República de Chile, Ley N° 20.357, tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos
de guerra, publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2009. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al
Poder Legislativo Período 2006‐2009, págs. 141 a 156.
143
La prescripción gradual, también conocida como medida prescripción, es una atenuante calificada de
responsabilidad penal regulada en el Artículo 103 del Código Penal que dispone: “Si el inculpado se
presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena,
pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones,
deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy
calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 sea en la imposición de
la pena, sea para disminuir la ya impuesta. Esta regla no se aplica a las prescripciones de las faltas y
especiales de corto tiempo”. República de Chile, Código Penal, Artículo 103.
144
65


A la recomendación formulada por el Comité de Derechos Humanos en 2007 en orden a que las
violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la dictadura no queden impunes145
,
se suma lo señalado en 2009 por el Comité contra la Tortura, que recomendó al Estado de Chile la
adopción de una ley que consagre la imprescriptibilidad de crímenes internacionales como el
genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad146
.

Pese a ello, en el Parlamento ningún debate legislativo tuvo lugar durante los cuatro años
informados. Una moción para consagrar la improcedencia de amnistías, indultos y prescripción
respecto de los crímenes y delitos que en conformidad al derecho internacional constituyan
genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, despachada en primer trámite constitucional
por la Cámara de Diputados en mayo de 2009, nunca fue analizada en el Senado147
. Esta moción,
además, plantea excluir expresamente la posibilidad de aplicar la prescripción gradual establecida
en el Artículo 103 del Código Penal respecto de los referidos crímenes, lo que permitiría poner fin
a la errada jurisprudencia de la Corte Suprema que ha admitido la aplicación de dicho instituto con
la consiguiente significativa rebaja de las penas aplicadas a violadores a los derechos humanos.

A fin de reactivar el estancado debate, en mayo de 2012, la Senadora Soledad Alvear (DC) junto a
Camilo Escalona (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Alejandro Navarro (MAS) y Jaime Quintana
(PPD) presentaron un nuevo proyecto, aunque de alcances más limitados que la iniciativa
anteriormente comentada. La moción dispone que “la amnistía, el indulto y la prescripción de la
acción penal y de la pena no serán aplicables a los crímenes y simples delitos que constituyen
genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, contemplados en los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”; pero no aborda el problema que importa la
prescripción gradual de la pena respecto de estos crímenes148
. Tampoco esta propuesta fue
considerada en el debate.

145
146
147
Proyecto de ley que establece ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, moción presentada por los diputados Sergio Aguiló (PS a
la fecha), Jorge Burgos (DC), Alfonso De Urresti (PS), Álvaro Escobar (IND), Ramón Farías (PPD), Patricio Hales
(PPD), Tucapel Jiménez (PPD), Juan Carlos Latorre (DC), Laura Soto (PPD), Raúl Sunico (PS), 31 de marzo de
2009. Fue aprobado por mayoría en la Cámara Baja y remitido al Senado, para su segundo trámite
constitucional, el 6 de mayo de 2009 sin que posteriormente se haya avanzado en su tramitación legislativa
148
Proyecto de ley que interpreta el Artículo 93 del Código Penal, presentado por los senadores/as Soledad
Alvear (DC), Camilo Escalona (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Alejandro Navarro (MAS) y Jaime Quintana
(PPD), 23 de mayo de 2012, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
66

En tanto, el debate parlamentario de los últimos años sobre la ratificación de la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad resulta
complejo149
. Tras casi dos décadas desde su presentación ante el Congreso Nacional, en octubre
de 2012 el Senado aprobó –aunque sin llegar a debatirlo en Sala, sino únicamente sometiéndolo a
votación– este importante tratado internacional150
, que se encuentra pendiente en la Cámara de
Diputados en segundo trámite constitucional.

Básicamente, la Convención dispone que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad
son imprescriptibles “cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido” (Artículo I). Ello,
tanto respecto de los representantes de la autoridad del Estado como de los particulares que
participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de
esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, y
asimismo, si se trata de representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración
(Artículo II). Respecto de estas personas, los Estados quedan obligados a adoptar todas las
medidas necesarias, legislativas o de otro orden, para posibilitar su extradición, conforme al
derecho internacional (Artículo III). Igualmente, los Estados se obligan a adoptar las medidas
legislativas o de otra índole necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena,
establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa
humanidad y, en caso de que exista, sea abolida (Artículo IV).

Sin embargo, el problema que se advierte es que la ratificación de esta Convención se ha
planteado supeditada a que el Estado de Chile acompañe al instrumento de ratificación una
declaración que contraría lo dispuesto por la misma Convención y otros instrumentos
internacionales vigentes en el país151
. Ello puesto que durante el debate que tuvo lugar ante la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, previo a su aprobación por la Sala de la Cámara
Alta, el Gobierno propuso agregar una declaración que en definitiva fue apoyada por los senadores
integrantes de la Comisión. La referida declaración plantea que: “La aplicación de la presente
Convención se regirá por los términos previstos en la Ley 20.357”152
.

149
Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
Resolución N° 2391 (XXIII) del 26 de Noviembre de 1968, mensaje presentado por el ex Presidente Eduardo
Frei ante el Senado, 6 de julio de 1994. Despachado por el Senado en primer trámite constitucional el 3 de
octubre de 2012, fue remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que no lo
ha informado (Boletín Legislativo N° 1.265‐10).
150
SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 360ª, Sesión 52ª, 3 de octubre de
2012, págs. 22 y 23 (Boletín Legislativo N° 1.265‐10).
151
152
En apoyo a la declaración propuesta por el Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló
durante el debate ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que en opinión del Gobierno, el
mandato de imprescriptibilidad ya se encuentra cumplido en Chile al haberse ratificado el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional y dictado la Ley N° 20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad y
genocidio y crímenes y delitos de guerra, en julio de 2009. Ello, por cuanto dicha Ley establece en su Artículo
40 que “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. No obstante, el
Gobierno expresó su preocupación en cuanto al elemento temporal de aplicación de la referida
imprescriptibilidad, puesto que la Convención “contiene una norma que puede ser interpretada de manera
retroactiva”, frente a lo cual hizo presente lo dispuesto por la Ley en el Artículo 44 respecto a dicho
elemento temporal: "Los hechos de que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación,
67


Se pretende con esta declaración dar primacía a la regulación interna contenida en la Ley N°
20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, por
sobre la Convención y otros instrumentos internacionales que han consagrado el principio de
imprescriptibilidad como una norma de jus cogens. Como se ha señalado, la referida Ley
efectivamente consagra la imprescriptibilidad de los delitos y crímenes que en ella se tipifican,
según lo mandata expresamente el Artículo 40; pero ello rige únicamente respecto de los “hechos
cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia”, tal como lo dispone el Artículo
44, mientras que los crímenes y delitos “cometidos con anterioridad a su promulgación,
continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento”153
.

La declaración contraviene el expreso mandato contenido en la Convención en cuanto a que los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles “cualquiera que sea la
fecha en que se hayan cometido” (Artículo I). Por tratarse de una declaración contraria al fin y al
objeto de la Convención, en realidad corresponde que sea calificada de una reserva encubierta.

La ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad supeditada a que se incluya la referida declaración es incompatible
con las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido, lo que resulta inaceptable.
Se pretende con esta declaración subordinar las obligaciones de ella derivadas a la regulación
contenida en la Ley N° 20.357 que expresamente limita la imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de lesa humanidad a aquellos que sean cometidos con posterioridad a julio de 2009.

Por ello, se espera que durante el segundo trámite constitucional ante la Cámara de Diputados, se
revierta el acuerdo alcanzado en torno a la improcedente declaración y que la ratificación de la
Convención se apruebe sin declaraciones ni reservas prohibidas por el derecho internacional de
los derechos humanos.

continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la
presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en
vigencia". De acuerdo a ello, agregó el Ministerio, “la ley chilena ya ha regulado el aspecto de la
temporalidad de estos delitos sometiéndolos al principio de ejecución posterior a la entrada en vigencia. En
tal sentido, se requeriría efectuar una declaración en la materia para hacer presente que la Convención se
aplicará respecto de hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigor para Chile”.
SENADO DE LA REPÚBLICA, Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de
acuerdo en primer trámite constitucional que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la Resolución N° 2391 (XXIII) el 26 de noviembre de 1968, Boletín N° 1.265‐10, 11
de septiembre de 2012 (Boletín Legislativo N° 1.265‐10).
153
“La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”, Artículo 40; “Los hechos de
que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa
vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos
cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia”, Artículo 44. República de Chile, Ley N°
20.357, tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, publicada en el
Diario Oficial el 18 de julio de 2009.
68


Castigo, conceptualización e imprescriptibilidad de la tortura

10. No obstante la afirmación del Estado Parte de que, según el Código Penal chileno, todos los
actos que pueden calificarse de “tortura” en el sentido del artículo 1 de la Convención están
penados, el Comité sigue preocupado por el hecho de que, a pesar de sus recomendaciones
anteriores, la definición de tortura en el Estado parte sigue sin estar plenamente en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención. Además, el Comité considera que el Código Penal no
contempla todos los actos punibles contenidos en la Convención, tales como la tentativa. Asimismo,
al Comité le preocupa, como ya manifestó en sus conclusiones anteriores, que no se haya ampliado
el plazo de prescripción de diez años ni se haya eliminado la prescripción para el delito de tortura,
habida cuenta de la gravedad del mismo. Al tiempo que valora la iniciativa de adoptar una ley
interpretativa al art. 93 del Código Penal, referida a las eximentes de responsabilidad penal, al
Comité le preocupa que dicha iniciativa no haya prosperado (arts. 1 y 4).
El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los actos de tortura
aludidos en los artículos 1 y 4 de la Convención sean considerados delitos en su legislación penal
interna y que se apliquen penas apropiadas en cada caso teniendo presente el grave carácter de
estos delitos. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a que elimine la prescripción actualmente
vigente para el delito de tortura.

32. Impulsar cada vez más la política de prevención, lucha y eliminación de la tortura, entre otras
cosas mediante la adopción de una mejor definición de tortura conforme al artículo 1 de la
Convención contra la Tortura (Brasil);
33. Adoptar medidas apropiadas para prevenir la tortura y asegurar la investigación debida e
independiente de todas las denuncias de tortura, y velar por que la ley que defina la tortura se
ajuste al artículo 1 de la Convención contra la Tortura (Uzbekistán);
A/HRC/12/10, Párrafo 96 numerales 32 y 33.

69

Constituye otra obligación pendiente de cumplimiento en Chile, incorporar en la legislación
nacional un tipo penal de tortura conforme a lo establecido por la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes154
. A ello se comprometió el Estado de
Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el Examen Periódico
Universal de 2009155
, y fue parte de las recomendaciones que formuló el Comité contra la Tortura
el mismo año, entre las que se incluye, además, establecer penas adecuadas a su gravedad y
consagrar su imprescriptibilidad156
.

Lamentablemente, pese a los años transcurridos no se observan avances en la materia y durante
el período 2010‐2013 ningún debate legislativo tuvo lugar. El Gobierno no presentó ninguna
iniciativa orientada al cumplimiento de las obligaciones internacionales pendientes, y tampoco
impulsó mediante urgencia legislativa el análisis de propuestas de ley formuladas en años previos,
como el Mensaje presentado por la ex Presidenta Bachelet al término de su respectivo mandato y
algunas mociones parlamentarias157
.

154
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2012, págs. 52 y 53; OBSERVATORIO
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, pág. 31; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
Balance al Poder Legislativo Año 2010, pág. 34; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder
Legislativo Período 2006‐2009, pág. 25.
155
Examen Periódico Universal Chile, Op. Cit., Párrafo 96 numerales 32 y 33.
156
157
Proyecto de ley que modifica Código Penal en lo relativo al delito de tortura adecuándolo a la Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mensaje presentado por la ex
Presidenta Michelle Bachelet ante la Cámara de Diputados, 8 de septiembre de 2009, remitido a la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín Legislativo N° 6.691‐07); proyecto de ley que tipifica y castiga
el delito de tortura, moción presentada por el Diputado Tucapel Jiménez (PPD), 11 de agosto de 2009,
remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín Legislativo N° 6.644‐07); y proyecto de
ley que tipifica el delito de tortura, moción presentada por el Senador Camilo Escalona (PS), 15 de
septiembre de 2009, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que procedió
a su archivo el 14 de enero de 2014 (Boletín Legislativo N° 6.702‐07).
70

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Extensión del postnatal
16. Si bien celebra la reciente legislación en la que se establece el permiso posnatal parental en el
caso del hombre (Ley N° 20545), el Comité sigue preocupando por la persistencia de estereotipos
tradicionales en relación con las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la
familia y la sociedad, que refuerzan el papel tradicional de la mujer como madre y esposa, lo que
sigue afectando a sus posibilidades educativas y profesionales. (…)
CEDAW/C/CHL/CO/5‐6, Párrafo 16.

En materia de derechos de las mujeres, el principal compromiso adquirido por el Presidente
Sebastián Piñera fue la extensión a seis meses del período de postnatal158
. Luego de convocar a la
Comisión asesora presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad y de conocer el conjunto de
propuestas que dicha instancia formuló en agosto de 2010, el Primer Mandatario presentó el
proyecto de ley sobre permiso postnatal parental, en marzo de 2011159
. Tras complejas
negociaciones y viéndose el Gobierno en la necesidad de reformular su propuesta en varias
ocasiones, se aprobó la Ley N° 20.545 que modifica las normas sobre protección a la maternidad
e incorpora el permiso postnatal parental, en octubre de ese mismo año160
.

Esta ley confiere a las madres trabajadoras un nuevo derecho: el permiso postnatal parental de 12
semanas a continuación del período postnatal (que se extiende por las 12 semanas siguientes al
parto), durante el cual reciben un subsidio equivalente a sus remuneraciones, aplicándose en todo
caso el tope general de 66 UF. Precisamente, este fue uno de los principales nudos de la discusión
legislativa, dado que la propuesta inicial del Gobierno sobre extensión del postnatal planteaba
rebajar severamente el tope al subsidio que las trabajadoras recibirían (30 UF), lo que fue
intensamente cuestionado por atentar contra la universalidad de los derechos laborales161
.

158
“Nuestro objetivo será promover el rol de la mujer en la sociedad y remover todos aquellos obstáculos que
impiden su acceso efectivo al mundo del trabajo y las discriminan en materia de salarios. Las mujeres
trabajadoras podrán acceder a un post natal de hasta 6 meses para dar el cuidado que los hijos recién
nacidos necesitan y merecen”. Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐
2014, Op. Cit., pág. 144.
159
Proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad, mensaje presentado por el
Presidente de la República Sebastián Piñera ante el Senado, 15 de marzo de 2011 (Boletín Legislativo N°
7.526‐13).
160
República de Chile, Ley N° 20.545. modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el
permiso postnatal parental, publicada en el Diario oficial el 17 de octubre de 2011 (Boletín Legislativo N°
7.526‐13).
161
sobre la Ley N° 20.545 modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso
postnatal parental considerados en el presente informe reproducen lo expresado en el Balance al Poder
Legislativo Año 2011 en relación a los contenidos de la misma. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al
71


Como medida de flexibilidad, se permite a las trabajadoras optar por el nuevo permiso de 12
semanas en jornada completa o bien reintegrarse al trabajo en media jornada, previéndose que en
tal caso el permiso dura 18 semanas durante las cuales recibe el 50% de su sueldo además del
subsidio estatal por el restante 50%162
.

En función de promover la corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas, se permite a la
trabajadora ceder al padre trabajador parte del permiso parental a partir de la séptima semana,
recibiendo este el subsidio correspondiente, además de gozar de un fuero especial. Sin embargo,
no se trata de un derecho conferido a los padres trabajadores sino de una opción que puede
ejercer la trabajadora163
.

Por otra parte, a fin de aumentar la cobertura de la protección laboral a trabajadoras se incorpora
un permiso y subsidio especial a trabajadoras madres no contratadas que cumplan diversos
requisitos: tener 12 o más meses de afiliación en una AFP al inicio del embarazo; tener ocho o más
cotizaciones, continuas o discontinuas, en calidad de trabajadora dependiente dentro de los
últimos 24 meses calendario inmediatamente anteriores al inicio del embarazo; que la última
cotización más cercana al mes anterior al embarazo se haya registrado por un contrato de trabajo
a plazo fijo, o por obra, servicio o faena. El subsidio se otorgará hasta por 30 semanas, desde la
sexta semana anterior al parto, y no podrá ser inferior a medio sueldo mínimo. Durante las 12
últimas semanas de este permiso especial, las beneficiarias podrán trabajar manteniendo el
subsidio.

La dictación de la Ley que extiende el postnatal ha sido relevada por el Gobierno como uno de los
principales logros para la protección de las familias, las mujeres y los niños164
. Sin embargo, se

162
En este caso la Ley permite al empleador rechazar la reincorporación parcial de la trabajadora
exigiéndosele para ello fundamentar la negativa en “la naturaleza de las labores y condiciones en que las
desempeña”; caso en el cual se faculta a la trabajadora acudir a la Inspección del Trabajo para que resuelva
al respecto.
163
Regula la Ley N° 20.545 que el permiso postnatal parental no se limita a los padres biológicos sino que se
confiere también a trabajadoras y trabajadores que tengan a su cuidado un menor de edad por habérseles
otorgado la tuición o el cuidado personal como medida de protección y en caso de adopción, sin restringirlo
a menores de seis meses. Asimismo, aborda situaciones especiales como los nacimientos prematuros o
partos múltiples, disponiendo que si el parto se produce antes de la trigésimo tercera semana de gestación o
si el niño al nacer pesa menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal será de 18 semanas, es decir, seis
semanas adicionales; mientras que se extiende el período postnatal siete días por cada niño en caso de
nacimientos múltiples.
164
Durante la tercera Cuenta Pública el Presidente Piñera relevó la reciente dictación de la Ley sobre
extensión del postnatal al referirse al tema “Fortaleciendo la familia, la mujer, la infancia y la juventud”,
indicando: “Sin duda el pilar fundamental de esta sociedad de valores es la familia. Solo con familias unidas,
fuertes y sanas podremos hacer de Chile un país verdaderamente integrado, humano y feliz. Ellas son nuestra
principal fuente de amor, felicidad y comprensión, y la mejor defensa frente a los males de la modernidad
como la droga, la delincuencia, el alcoholismo y la soledad. Para ellas ampliamos de tres a seis meses el
posnatal y extendimos su beneficio de un tercio a la totalidad de las mujeres trabajadoras”; Mensaje
Presidencial 21 de mayo de 2012, Mensaje al país del Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera
Echeñique, pág. 24. Posteriormente, en su última Cuenta Pública, volvió a destacar la referida reforma
laboral en el marco del fortalecimiento de la familia, de la que las mujeres constituyen el pilar, señalando
72

trata de una reforma que no permite avanzar en la desvinculación de los costos de la maternidad y
la contratación de las mujeres, que fue uno de los objetivos planteados por el propio Presidente
de la República al convocar a la Comisión Mujer, Trabajo y Maternidad165
. Ello por cuanto se
mantiene inalterada la desigual distribución de las responsabilidades frente al cuidado de los/as
hijos/as, reforzando que esta corresponde principalmente a las madres; lo que impacta
negativamente en las oportunidades de las mujeres para ingresar, permanecer y desarrollarse en
el mercado de trabajo, con la consiguiente disminución de sus derechos previsionales.

Para avanzar en la necesaria desvinculación de los costos de la maternidad y la contratación de
mujeres se requieren medidas directas y obligatorias de corresponsabilidad. De ahí que la
ampliación en la duración del permiso postnatal debió contemplar a la madre y al padre por igual,
pues de lo contrario se reafirma el rol de cuidado de los/as hijos/as de cargo de las mujeres,
manteniendo a los varones al margen de ello. La bajísima utilización del permiso por parte de los
padres el primer año de vigencia de la Ley confirma la ineficacia de mecanismos voluntarios166
.

Al respecto, el problema que presenta el sistema de protección a la maternidad contenido en el
Código del Trabajo es que los derechos laborales en este ámbito –como el permiso prenatal y
postnatal, sala cuna, alimentación y licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de un

“Nuestro Gobierno tiene un claro y fuerte compromiso con el fortalecimiento de la familia y con el apoyo a
las mujeres, que son el verdadero pilar de la familia chilena. Por eso, extendimos el posnatal de tres a seis
meses, ampliamos la cobertura del posnatal de una de cada tres mujeres, a todas las mujeres trabajadoras
de Chile, para que esos niños puedan tener el apoyo y el cariño de sus padres durante los primeros seis meses
de vida, que es cuando más lo necesitan, y para que nunca más el hecho de ser madre, sea un obstáculo para
el trabajo, o el hecho de trabajar sea un obstáculo para la maternidad”; Cuenta Pública a la Nación: “Chile
Avanza con Todos al Desarrollo”, 21 de mayo de 2013. En:
http://www.gob.cl/destacados/2013/05/21/presidente‐pinera‐entrego‐su‐cuarta‐cuenta‐publica‐a‐la‐
nacion‐chile‐avanza‐con‐todos‐al‐desarrollo.htm (revisado por última vez el 31 de enero de 2014).
Finalmente, a pocos meses del término de su mandato, el Presidente señaló durante la ceremonia de
entrega del Informe Anual 2013 Situación de los Derechos Humanos en Chile del Instituto Nacional de
Derechos Humanos que “En el campo de la infancia, mujer y familia. Sabemos que el pilar fundamental de la
sociedad es la familia, pero también sabemos que la columna vertebral de nuestras familias muchas veces
está constituida por nuestras mujeres. Por eso, además de haber creado más de medio millón de empleos
para nuestras mujeres, logramos aprobar el posnatal, que se extendió de tres a seis meses, y adicionalmente
se amplió la cobertura del beneficio del posnatal, que antes beneficiaba a sólo una de cada tres mujeres
trabajadoras, a todas las mujeres trabajadoras de nuestro país”. Palabras de S.E. el Presidente de la
República, Sebastián Piñera, en ceremonia de entrega de “Informe Anual Situación de los Derechos
Humanos en Chile 2013”, Santiago, 9 de Diciembre de 2013. En:
2014).
165
“El mandato presidencial a la Comisión consiste en el análisis y desarrollo de una propuesta integral en
base a la cual modernizar la actual legislación laboral de protección a la maternidad. Esta propuesta debe
permitir alcanzar tres grandes objetivos: 1. Desligar el costo de la maternidad de la contratación de mujeres,
permitiendo su real integración al mundo del trabajo remunerado formal; 2. Garantizar el mejor cuidado de
nuestros hijos; y 3. Incentivar una mayor corresponsabilidad en el cuidado y crianza de los hijos para facilitar
una mayor conciliación entre familia y trabajo para los hombres y mujeres en nuestro país”. Comisión
Asesora Presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad, 6 de mayo al 2 de agosto de 2010, pág. 3.
166
La Tercera, Sólo el 0,3% de los subsidios por posnatal parental fue utilizado por hombres en 2012, 13 de
febrero de 2013, pág. 27.
73

año– únicamente se confieren a las trabajadoras pero no a los trabajadores, salvo situaciones
muy excepcionales. La legislación laboral permite y favorece la participación de los hombres en el
mercado del trabajo remunerado, mientras que a las mujeres les permite dicha participación pero
además les asigna el trabajo no remunerado o gratuito propio del espacio doméstico familiar.

Por ello se lamenta que durante el cuadrienio informado no se haya debatido respecto de otras
reformas orientadas a garantizar la igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres,
como la moción presentada por los diputados René Alinco (IND), Cristián Campos (PPD), Fidel
Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Luis Lemus (PS) y Fernando Meza
(PRSD) en marzo de 2011 para ampliar el derecho a sala cuna a trabajadores y trabajadoras167
.

La regulación vigente sobre derecho a sala cuna resulta paradigmáticamente discriminatoria pues
al limitarse a las empresas en que se desempeñan 20 o más trabajadoras, constituye uno de los
principales desincentivos a la contratación de las mujeres. Su reforma resulta fundamental para
asegurar el cuidado infantil a todos/as los/as niños/as y la debida corresponsabilidad de padres y
madres. La importancia de la moción referida radica, precisamente, en que plantea modificar el
Artículo 203 del Código del Trabajo para que “Las empresas que ocupan veinte o más trabajadores
de cualquier edad, sexo o estado civil” se encuentren obligadas a proveer de sala cuna y en el caso
de que ambos padres sean trabajadores independientes, cualquiera de ellos a elección de la
madre pueda ejercer este derecho.

La Comisión de Trabajo a la que se encomendó el estudio de la moción, no avanzó en su debate y
el Ejecutivo nunca le asignó urgencia legislativa. Durante el período informado tampoco se revisó
la normativa que confiere solo a las trabajadoras el derecho de alimentación y la licencia médica
por enfermedad grave del/a hijo/a menor de un año, que dificulta a los trabajadores el ejercicio de
sus responsabilidades parentales y obstaculiza la participación laboral de las mujeres.

En tanto, la anunciada reforma a la sala cuna que el Gobierno señaló presentaría a tramitación,
finalmente no fue ingresada. Sin embargo, el anuncio gubernamental se orienta a ampliar la
cobertura de la sala cuna respecto de las trabajadoras dependientes pero no incluye a
trabajadores por lo que se trataría de una política laboral que no avanza en la necesaria
corresponsabilidad que debe existir entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades
familiares. Tras la firma de la propuesta por el Presidente Piñera, senadoras y diputadas de la
Coalición Nueva Mayoría cuestionaron la falta de universalidad en el beneficio anunciado por los
requisitos exigidos en cuanto a cotizaciones previas, que no abarque a padres y madres y, además,
el mecanismo de financiamiento168
.

167
Proyecto de ley que modifica Art. 203 del Código del Trabajo ampliando el derecho a sala cuna para
hombres y mujeres trabajadoras, moción presentada por los diputados René Alinco (IND), Cristián Campos
(PPD), Fidel Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Luis Lemus (PS) y Fernando Meza
(PRSD), 23 de marzo de 2011, remitido a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social (Boletín Legislativo N°
7.555‐13).
168
Ver notas de prensa: Exigen proyecto de sala cuna como derecho universal, Senado de la República,
Departamento de Prensa, 28 de agosto de 2013. En:
http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20130828/pags/20130828201435.html (revisado por
última vez el 31 de marzo de 2014); Parlamentarias de la Nueva Mayoría critican letra chica de propuesta de
derecho a sala cuna, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 28 de agosto de 2013. En:
74


Tipificación del femicidio, la trata de personas y otras manifestaciones de violencia contra las
mujeres

18. El Comité observa con reconocimiento que el Estado parte ha hecho mayores esfuerzos para
luchar contra la violencia doméstica, incluida la modificación del Código Penal para incorporar el
delito de feminicidio cometido por cónyuges o excónyuges (Ley N° 20480), y para prestar asistencia
y ofrecer una reparación a las víctimas de la violencia doméstica. Sin embargo, si bien observa la
explicación de la delegación de que la circunstancia del "maltrato habitual" se refiere únicamente a
la violencia psicológica, al Comité le preocupa que la aplicación de este requisito adicional a actos
constitutivos de delito represente una barrera procesal que impida que se persigan. Preocupa
asimismo al Comité que la legislación no contenga una tipificación concreta de la violencia
doméstica como delito que abarque tanto la violencia psicológica como la violencia física. Además,
al Comité le preocupa que el acoso sexual se tipifique únicamente como conducta que tiene lugar en
el entorno laboral (artículo 2 del Código del Trabajo) y contra menores (Ley N° 20526).
19. El Comité exhorta al Estado parte a que: a) Modifique la Ley de violencia intrafamiliar (Ley N°
20066) para que incluya una tipificación concreta de la violencia doméstica como delito que
abarque la violencia física y la psicológica y elimine el requisito del "maltrato habitual" a fin de que
puedan realizarse investigaciones penales de todos los actos de violencia doméstica y se procese a
los autores; b) Promulgar legislación para tipificar como delito el acoso sexual.
23. El Comité recomienda al Estado parte que: a) Haga más esfuerzos para aplicar la nueva
legislación sobre la trata, particularmente en lo concerniente a la investigación, el procesamiento y
el castigo de los que se dedican a ella, y proporcione información al respecto en su próximo informe
periódico; b) Asegure la supervisión sistemática y la evaluación periódica de la aplicación de la
nueva legislación, lo que incluye la reunión y el análisis de datos sobre la trata interna y
transfronteriza, así como sobre la explotación de las mujeres en el marco de la prostitución, e
incluya tales datos en su próximo informe periódico; c) Establezca mecanismos efectivos de remisión
e identificación de las víctimas de la trata; d) Proporcione formación sistemática a los miembros de
la judicatura, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de vigilar las fronteras y los
trabajadores sociales para asegurar la aplicación rigurosa de las nuevas disposiciones penales
pertinentes y el procesamiento y el castigo de quienes se dedican a la trata, e informe
sistemáticamente a las víctimas de sus derechos durante las actuaciones judiciales; e) Aumente el
número de centros de acogida temporal públicos para mujeres y niñas víctimas de la trata y
proporcione a unas y otras protección y asistencia adecuadas que incluyan programas de
rehabilitación y reinserción sociales; f) Intensifique la labor de cooperación internacional, regional y
bilateral con los países de origen, de tránsito y de destino para prevenir la trata mediante el
intercambio de información, y armonice los procedimientos legales para el procesamiento y el
castigo de quienes se dedican a la trata.
CEDAW/C/CHL/CO/5‐6, Párrafos 18, 19 y 23.

http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=77605 (revisado por última vez el 31 de marzo
de 2014).
75


22. Mejorar la situación de la mujer y aplicar las disposiciones legislativas específicas sobre la
violencia contra la mujer y las que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer
(España);
23. Aprobar y aplicar leyes eficaces para prevenir y eliminar la discriminación contra la mujer y
combatir la violencia doméstica (Suiza); fortalecer las medidas (Azerbaiyán); hacer nuevos esfuerzos
y fijar metas específicas para reducir el número de casos de violencia doméstica, en particular por
medio de mecanismos e instituciones que protejan a la mujer contra este tipo de violencia
(Noruega); promulgar la legislación pertinente para dar a las mujeres toda la protección necesaria y
velar por su aplicación efectiva (Pakistán), difundir esta legislación entre la ciudadanía; registrar
todos los casos de violencia e investigar sin demora todas las denuncias (República Checa);
36. Adoptar nuevas medidas para luchar contra la trata de seres humanos, como la promulgación
de legislación específica (Azerbaiyán) y la realización de un estudio exhaustivo de las causas y la
amplitud de la trata de personas, que contemple los países de origen, tránsito y destino (Malasia);
A/HRC/12/10, Párrafo 96 numerales 22, 23 y 36.

En materia de violencia contra las mujeres destaca que en el cuadrienio informado se aprobara la
Ley que tipifica el femicidio y la Ley que tipifica el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas,
y que se debatiera sobre violencia en el pololeo; pero preocupa observar que reformas integrales
para ajustar la legislación nacional a lo dispuesto por la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer169
no se han abordado.

La normativa nacional sanciona y prevé medidas de protección frente a la violencia intrafamiliar y
algunos delitos de violencia sexual pero omite conceptualizar la violencia contra las mujeres como
violación a los derechos humanos y expresión de la discriminación de género, en conformidad a
los tratados internacionales vigentes en el país170
, según se pudo constatar al término del período
legislativo anterior171
.

169
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Decreto N° 1.640, Promulga la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, publicado en el Diario Oficial el 11 de noviembre
de 1998.
170
Dispone la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado” (Artículo 1°); “Se entenderá que violencia contra la mujer
incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o
en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar
en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así
como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o
tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra” (Artículo 2°).
171
76

Al respecto, el Presidente de la República se había comprometido a “reducir el número de niños y
mujeres víctimas” de la violencia intrafamiliar o doméstica, mediante políticas de prevención y
enseñanza de buenos tratos, atención a las víctimas y protección efectiva172
, inclusive mediante
un sistema de monitoreo electrónico a distancia173
.

En su primera Cuenta Pública, el Primer Mandatario señaló “Finalmente, hemos decidido
incorporar a nuestra legislación un tipo penal de femicidio y fortalecer las medidas cautelares y
precautorias a favor de la mujer que sufre violencia doméstica”174
. Ello, por cuanto a la fecha se
debatía ante el Parlamento una propuesta parlamentaria en tal sentido y el Gobierno definió
asignarle urgencia para impulsarlo en sus etapas finales175
.

La Ley N° 20.480 que tipifica el femicidio como un delito en la legislación chilena fue dictada en
diciembre de 2010176
. Esta Ley brinda un reconocimiento jurídico a este grave problema de
derechos humanos, por la vía de tipificarlo como un delito en el Código Penal e imponiéndole
altísimas penas. Además, se contemplan algunas modificaciones puntuales a la Ley de Violencia
Intrafamiliar, a la Ley sobre Tribunales de Familia y al Código Penal177
.

172
En el acápite Familia: pilar de una sociedad de valores, una de las seis medidas comprometidas consiste
en: “Combatiremos la violencia intrafamiliar, creando el Programa «Chile Acoge», destinado a prevenir la
violencia doméstica mediante la enseñanza de buenos tratos a los niños y niñas desde la primera infancia.
Este programa también atenderá a las víctimas de estos abusos y apoyará la recuperación de las familias
que han pasado por una experiencia de este tipo”. Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la
Esperanza Chile 2010‐2014, Op. Cit., pág. 143.
173
En el acápite referido a Derrotar la delincuencia el Programa de Gobierno señala: “Se implementará un
sistema de monitoreo electrónico a distancia (brazalete de seguridad) en casos de delitos de violencia
intrafamiliar y otros de naturaleza grave. La administración de este sistema quedará en manos de una
entidad especializada”. Asimismo, “Violencia Intrafamiliar: reducir el número de niños y mujeres víctimas de
este flagelo. El principal problema de violencia que tiene nuestro país es la violencia doméstica. Tiene una
alta prevalencia y está instaurada como una forma de vida en muchos hogares. Por ello, es imprescindible
contar con una política efectiva que ponga énfasis en la prevención mediante la enseñanza de buenos tratos
a los más pequeños, el tratamiento de las víctimas y la protección efectiva de quienes se encuentran en
peligro. Implementaremos el Programa «Chile Acoge» que estará a cargo del SERNAM, quien se coordinará
con el Servicio Nacional de la Infancia”. Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile
2010‐2014, Op. Cit., págs. 76 y 78.
174
Mensaje a la Nación, 21 de mayo de 2010, Op. Cit. pág. 31.
175
Proyecto de ley que modifica el Código Penal y la Ley de violencia intrafamiliar para sancionar el femicidio
aumenta las penas aplicables a este delito y modifica las normas sobre parricidio. Corresponde a una moción
presentada por los/as diputados/as María Antonieta Saa (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC),
Clemira Pacheco (PS), Alejandra Sepúlveda (DC a la fecha), Carolina Tohá (PPD), Ximena Valcarce (RN),
Ximena Vidal (PPD), Francisco Encina (PS) y Antonio Leal (PPD) el 3 de abril de 2007; posteriormente
refundida con una moción similar presentada por las/os diputadas/os María Antonieta Saa (PPD), Alejandra
Sepúlveda (DC a la fecha), Laura Soto (PPD), Jorge Burgos (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Álvaro Escobar (IND)
y Raúl Sunico (PS), el 5 de septiembre de 2007 (Boletines Legislativos N°s 4.937‐18 y 5.308‐18 refundidos).
176
República de Chile, Ley N° 20.480, modifica el Código Penal y la Ley N° 20.006 sobre violencia
intrafamiliar estableciendo el “femicidio” aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las
normas sobre parricidio, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2010 (Boletines Legislativos N°s
4.937‐18 y 5.308‐18 refundidos).
177
sobre la Ley N° 20.480 modifica el Código Penal y la Ley N° 20.006 sobre violencia intrafamiliar estableciendo
77


En lo fundamental, la iniciativa incorpora al delito de parricidio, además del o la “cónyuge o
conviviente”, a quien “ha sido su cónyuge o su conviviente”, con lo que se extienden las altas penas
asignadas a dicho delito (15 años y un día a presidio perpetuo calificado) también a las ex parejas.
Tratándose de una víctima mujer “el delito tendrá el nombre de femicidio”. Ello no importa asignar
un tratamiento jurídico diferenciado a crímenes cometidos contra mujeres, ni penalidades
distintas según el sexo de la víctima, sino meramente una denominación propia que dé cuenta de
la especificidad de esta clase de delitos.

Sin perjuicio de valorar el reconocimiento normativo a una problemática largamente invisibilizada
como expresión de la discriminación contra las mujeres producto de las relaciones desiguales de
poder imperantes, cabe apuntar importantes falencias. En primer lugar, se lamenta el limitado
alcance de la normativa aprobada, puesto que la respuesta penal por sí sola es reconocidamente
ineficaz para enfrentar graves problemas de derechos humanos, como es la violencia contra las
mujeres178
.

Por otra parte, la conceptualización de femicidio que adopta la Ley N° 20.480 restringe
inadecuadamente la naturaleza del fenómeno al ámbito familiar, pues solo considera el homicidio
de una mujer por parte de su actual o anterior pareja, excluyendo el asesinato de mujeres como
resultado extremo de la violencia de género. Se elude incorporar a la legislación nacional el
concepto de violencia contra las mujeres consensuado a nivel internacional y, en particular, la
definición adoptada por el Estado de Chile al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que comprende “cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,

el “femicidio” aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio
considerados en el presente informe reproducen lo expresado en el Balance al Poder Legislativo Año 2010
en relación a los contenidos de la misma. OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo
Año 2010, págs. 35 a 38.
178
Al respecto, interesa atender a lo señalado por el Servicio Nacional de la Mujer para apoyar la tipificación
referida. “La Ministra Directora (S) del Servicio Nacional de la Mujer, señora María Paz Lagos (...) expresó
que en Chile muere una mujer a la semana en manos de su pareja, agregando que las estadísticas sobre el
punto son confusas debido a que, hasta hoy, no existe una norma que califique de femicidio a los parricidios
cometidos contra las mujeres de los agresores, lo que dificulta la contabilización de las muertes de esas
cónyuges o convivientes que se confunden entre el total de víctimas de parricidio (...) Señaló que otro
propósito perseguido por la propuesta que presenta el Ejecutivo es visibilizar el delito ante la opinión pública,
lo que estima una condición necesaria para lograr cambiar la actual situación social en que se valida, o
encubre, el abuso de poder del sexo masculino sobre el femenino” (…) “Observó que la tipificación y sanción
del femicidio no terminará con el problema, pero ello ayudará a visualizar el tema, y que el Servicio Nacional
de la Mujer se abocará a todos los temas de violencia intrafamiliar, especialmente la que se ejerce sobre los
niños que resultan ser las víctimas más desvalidas, pues sólo con niños libres de violencia será posible en el
futuro contar con adulto respetuosos”. CONGRESO NACIONAL, Informe de la Comisión Mixta encargada de
proponer la forma y modo de superar las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto
del proyecto de ley que modifica el Código Penal y la Ley de Violencia Intrafamiliar para sancionar el
femicidio aumenta las penas aplicables a este delito y modifica las normas sobre parricidio, Boletines N°s
4.937‐18 y 5.308‐18 refundidos, 4 de octubre de 2010, págs. 7 y 8 (Boletines Legislativos N°s 4.937‐18 y
78

tanto en el ámbito público como en el privado”; lo que impone serias dificultades para enfrentar
de modo integral y eficaz este problema179
.

Además de la tipificación del femicidio, la Ley busca ofrecer una solución a las mujeres que tras
sufrir una larga historia de violencia procuran defenderse de sus victimarios incurriendo en algún
delito, pero que por no corresponder exactamente a las hipótesis de legítima defensa, no quedan
cubiertas por dicha eximente de responsabilidad penal. Para ello se introduce una nueva eximente
en el Código Penal180
.

Siguiendo la lógica de aumentar las sanciones como una de las medidas que permitiría enfrentar la
violencia contra las mujeres, la Ley incorpora dos agravantes específicas para el delito de violación:
“cometer el delito con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre
seguro” y “ser dos o más los autores del delito”. Respecto de una de las hipótesis de falta de
consentimiento de la víctima “cuando se aprovecha su incapacidad para oponer resistencia”, se
elimina la exigencia de oponer resistencia reemplazándola por “oponerse”, con lo que se facilitaría
la configuración y prueba del delito. Tratándose de los delitos de violencia sexual cometidos por la
pareja (cónyuge o conviviente) “se podrá poner término al proceso a requerimiento del ofendido, a
menos que el juez, por motivos fundados, no acepte”. No obstante, no se dispone de ningún
resguardo para asegurar la plena voluntariedad de tal solicitud y tampoco se garantiza la adecuada
protección y reparación de quien ha sufrido esta grave forma de violencia. Además, si se trata de
una víctima menor de edad agredida por la persona llamada por ley a autorizar la salida del país,
como el padre, la sentencia condenatoria permitirá que no se requiera de su autorización.

Igualmente, la Ley de femicidio modifica algunas disposiciones de la Ley de Violencia Intrafamiliar,
posibilitando que las medidas de protección puedan decretarse hasta por un plazo de dos años y
se incorpora como una de las medidas accesorias a la sanción la “obligación de presentarse
regularmente ante la unidad policial que determine el juez”. También se precisa lo que constituye
situación de riesgo, adicionando a las hipótesis en que el Tribunal de Familia debe dictar una

179
Al iniciarse el debate sobre el proyecto referido, Corporación Humanas señaló ante la Comisión de
Familia de la Cámara de Diputados: “La violencia contra las mujeres no se reduce a la violencia intrafamiliar
o violencia en la pareja, aun cuando se trate de una de sus manifestaciones más visibles. La magnitud y
gravedad de la violencia en la familia, principalmente contra mujeres, ha dificultado visibilizar las múltiples
formas en que las mujeres son violentadas, discriminadas y violados sus derechos, en los diversos ámbitos de
la sociedad. Esta confusión en los términos con que se designa al problema tiene implicancias políticas
graves, pues ha reducido la violencia de género casi únicamente al espacio familiar, impidiendo reconocer y
abordar integralmente la violación a los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género como su
manifestación extrema. Igualmente, dentro del espacio familiar se han ocultado las relaciones de poder
desiguales entre hombres y mujeres como la principal causa de la violencia de género”. CORPORACIÓN
HUMANAS, Minuta Violencia contra las mujeres en Chile necesidad de reformas legislativas, agosto de 2007.
180
“El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que
concurran las circunstancias siguientes: 1ª. Actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar. 2ª. Que
no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo. 3ª. Que el mal causado no sea
sustancialmente superior al que se evita. 4ª. Que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser
razonablemente exigido al que lo aparta de sí o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta siempre que ello
estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa”. República de Chile, Código Penal, Artículo 10 n° 11
nuevo, incorporado por la Ley N° 20.480.
79

medida de protección, lo siguiente: “cuando el denunciado oponga, de manera violenta, su
negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido recientemente con la
víctima”. Además, en los delitos de violencia intrafamiliar “para efectos de evaluar la irreprochable
conducta anterior del imputado, deberá considerar las anotaciones que consten en el registro a
que se refiere el artículo 12 de esta ley”.

Se modificó la Ley de Tribunales de Familia agregando una disposición que prevé: “Previo a remitir
una causa al Ministerio Público, el juez de familia adoptará las medidas cautelares que
correspondan, las que se mantendrán vigentes en tanto el fiscal no solicite su modificación o cese.
Si se plantea una contienda de competencia relacionada a un asunto de violencia intrafamiliar
entre un juez de familia y el Ministerio Público o un juez de garantía, el juez de familia involucrado
podrá adoptar las medidas cautelares que sean procedentes, las que se mantendrán vigentes hasta
que la contienda de competencia sea resuelta”.

Por otra parte, en 2011 se dictó la Ley N° 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de
migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución
criminal181
, luego de seis años de debate parlamentario182
. Mediante esta normativa se castiga
con severas penas la trata de personas, considerada una forma de esclavitud moderna que afecta
mayoritariamente a mujeres y niñas.

Define la Ley que la trata de personas consiste en la captación, traslado, acogida o recepción de
personas mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento
de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de
pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra; para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la
pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o
extracción de órganos183
. Ello en consonancia con lo dispuesto por el Protocolo para Prevenir,

181
República de Chile, Ley N° 20.507, tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y
establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, publicada en el Diario Oficial el 8
de abril de 2011 (Boletín Legislativo N° 3.778‐18).
182
Proyecto de ley que tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su
prevención y más efectiva persecución criminal, moción presentada por las diputadas María Antonieta Saa
(PPD), Adriana Muñoz (PPD), María Eugenia Mella (DC) y Jorge Burgos (DC), Juan Bustos (fallecido Diputado
PS), Guillermo Ceroni (PPD), José Antonio Galilea (RN), Alejandro Navarro (PS a la fecha), Osvaldo Palma
(RN), Jaime Quintana (PPD), 5 de enero de 2005 (Boletín Legislativo N° 3.778‐18).
183
“El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una
situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade,
acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la
pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción
de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de
cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no
concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de
reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. El que
80

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional184
, ratificado
por el Estado de Chile en 2004185
.

Prevé la Ley medidas especiales de protección para las víctimas de trata de personas y de tráfico
ilícito de migrantes186
, cuya adopción corresponde al Ministerio Público a fin de asegurar la
protección de la integridad física y psicológica de las víctimas durante el proceso penal. Respecto
de víctimas menores de edad se mandata a los organismos públicos especializados la prestación
de servicios para la recuperación integral y revinculación familiar. Además, a fin de facilitar la
persecución penal de los autores se regula la realización de investigaciones policiales por agentes
encubiertos o informantes, así como la posibilidad de interceptar o grabar comunicaciones.

Respecto de víctimas extranjeras, la Ley contempla que puedan solicitar autorización de residencia
temporal por un mínimo de seis meses a fin de decidir su participación en el proceso penal y/o
regularizar su permanencia en el país. Expresamente se prohíbe la repatriación de víctimas que
soliciten autorización de residencia por existir peligro para su integridad física o psíquica a
consecuencia del delito sufrido.

promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como
autor del delito”. República de Chile, Código Penal, Artículo 411 quáter, introducido por la Ley N° 20.507,
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y
más efectiva persecución criminal.
184
“Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos”. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 3° letra a).
185
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Decreto N° 342, Promulga la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2005.
186
Se castiga como tráfico de migrantes a “El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al
país de una persona que no sea nacional o residente, será castigado con reclusión menor en su grado medio
a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. La pena señalada en el inciso anterior
se aplicará en su grado máximo si se pusiere en peligro la integridad física o salud del afectado. Si se pusiere
en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se
aumentará en un grado. Las mismas penas de los incisos anteriores, junto con la de inhabilitación absoluta
temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá si el hecho fuere ejecutado, aun
sin ánimo de lucro, por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Para estos
efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 260”. República de Chile, Código Penal, Artículo 411 bis,
introducido por la Ley N° 20.507, tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y
establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.
81

Centrada la Ley fundamentalmente en la persecución penal de la trata de personas, omite
considerar medidas para la prevención de esta grave violación a los derechos humanos. Tampoco
prevé la asistencia integral de las víctimas, no se asignan recursos, ni se aborda la necesidad de
reparar a las víctimas.

Asimismo, cabe destacar la presentación y posterior aprobación por la Cámara de Diputados de la
propuesta presidencial sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia187
. La iniciativa
apunta a “proteger a las personas que, en su relación de pareja sin convivencia o con ocasión de su
término, sean víctimas de violencia; sancionar a los agresores e implementar políticas de
prevención”, definiendo que relación de pareja sin convivencia es “la relación amorosa entre dos
personas en las que existe cierto nivel de estabilidad, pese a no vivir juntas”188
.

Plantea la propuesta aplicar a estas relaciones –conocidas comúnmente como relaciones de
pololeo– las disposiciones de la Ley de Violencia Intrafamiliar y así poder sancionar “todo maltrato
que afecte la vida, integridad física, psíquica, o la libertad o indemnidad sexual, en una relación de
las descritas en el artículo precedente, o con ocasión de su término”. Para la protección de la
víctima y sanción del agresor se dispone la aplicación de las normas sobre violencia intrafamiliar
de conocimiento de tribunales de familia, se contempla la sanción del maltrato habitual, así como
de otros delitos de mayor gravedad, aplicándose en tales casos las disposiciones especiales de la
Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar constitutiva de delito.

El proyecto fue presentado por el Presidente Piñera el 20 de marzo de 2013 y su debate
correspondió a la Comisión de Familia189
. Fue aprobada la idea de legislar por la Sala de la Cámara
de Diputados el 4 de diciembre de 2013190
y luego de un nuevo análisis por la referida Comisión de

187
Proyecto de ley que modifica Ley de violencia intrafamiliar y otros cuerpos legales y establece ley sobre
violencia en las relaciones íntimas sin convivencia, mensaje presentado por el Presidente de la República
Sebastián Piñera ante la Cámara de Diputados, 20 de marzo de 2013. Fue despachado por la Cámara Baja en
primer trámite constitucional el 8 de enero de 2014 y remitido a la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del Senado que no ha iniciado su estudio (Boletín Legislativo N° 8.851‐18).
188
Texto del proyecto de ley que establece la ley sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia,
Artículos 1° y 2°. CÁMARA DE DIPUTADOS, Oficio N° 11.079, 8 de enero de 2014 (Boletín Legislativo N°
8.851‐18).
189
CÁMARA DE DIPUTADOS, Informe de la Comisión de Familia recaído en el proyecto que establece ley
sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, Boletín N° 8.851‐18, 2 de noviembre de 2013
(Boletín Legislativo N° 8.851‐18). Ver nota de prensa: Comisión de Familia aprobó proyecto que establece ley
sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa,
29 de noviembre de 2013. En: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=83945 (revisado
por última vez el 31 de marzo de 2014).
190
CÁMARA DE DIPUTADOS, Legislatura 361ª, Sesión 99ª, 4 de diciembre de 2013, págs. 47 a 49 (Boletín
Legislativo N° 8.851‐18). Ver nota de prensa: Diputados aprueban en general proyecto que sanciona
violencia en el pololeo, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 4 de diciembre de 2013. En:
de 2014).
82

Familia191
, debatido y aprobado en particular por la Cámara Baja, el 8 de enero de 2014192
.
Remitido al Senado, en segundo trámite constitucional, corresponderá su análisis a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en el cuadrienio que se inicia.

Sin embargo, cabe señalar que continúa pendiente la reforma al delito de maltrato habitual, para
ajustarlo a las obligaciones internacionales que corresponden al Estado de Chile. Ello puesto que la
Ley N° 20.066 que crea este tipo penal impone un requisito adicional para que el Ministerio
Público pueda iniciar una investigación penal, consistente en la calificación previa de la
habitualidad de la violencia por parte de un Tribunal de Familia193
.

El maltrato habitual es el único delito en que las víctimas ven conculcado su derecho de acudir
directamente al órgano persecutor a fin de que este investigue, adopte las medidas de protección
pertinentes y eventualmente se sancione al responsable. Esto constituye un obstáculo al acceso a
la justicia para las víctimas de violencia intrafamiliar, que –como es ampliamente conocido– son
mayoritariamente mujeres. Esta regulación especial, además de vulnerar las garantías judiciales
que el Estado debe cautelar a todas las personas, retrasa la oportuna intervención del órgano
jurisdiccional, contribuye a entorpecer el accionar de los órganos públicos encargados de
garantizar la protección de quienes ven amenazados o vulnerados sus derechos, dificulta la
adopción de medidas orientadas a detener oportunamente la escalada de violencia, contribuye
poderosamente a la retractación de las víctimas y favorece la impunidad de la violencia. Por ello se
considera que el requisito de procesabilidad especial impuesto al delito de maltrato habitual
importa una transgresión a las obligaciones de “actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer” así como la de “establecer procedimientos
legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre
otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”194
.


191
CÁMARA DE DIPUTADOS, Segundo Informe de la Comisión de Familia recaído en el proyecto que
establece ley sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, Boletín N° 8.851‐18, 13 de
diciembre de 2013 (Boletín Legislativo N° 8.851‐18).
192
CÁMARA DE DIPUTADOS, Legislatura 361ª, Sesión 110ª, 8 de enero de 2014 (Boletín Legislativo N° 8.851‐
18). Ver nota de prensa: Al senado proyecto que sanciona violencia en el pololeo, Cámara de Diputados,
Departamento de Prensa, 8 de enero de 2014. En:
de 2014).
193
“Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las
personas referidas en el artículo 5° de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado
mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo
la pena asignada por la ley a éste. Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados,
así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido
sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de
los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria. El Ministerio Público sólo podrá dar
inicio a la investigación por el delito tipificado en el inciso primero, si el respectivo Juzgado de Familia le ha
remitido los antecedentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley N° 19.968”. República
de Chile, Ley N° 20.066, establece ley de violencia intrafamiliar, Artículo 14.
194
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Artículo 7
letras b) y f).
83

La gravedad de esta inadecuada regulación ha sido motivo de alarma para organismos
internacionales que vigilan el cumplimiento del Estado de Chile de sus obligaciones en materia de
derechos humanos. En octubre de 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer manifestó su preocupación por la exigencia de requisitos adicionales para la persecución
penal de este delito y recomendó eliminar “el requisito del ‘maltrato habitual’ a fin de que puedan
realizarse investigaciones penales de todos los actos de violencia doméstica y se procese a los
autores”195
.

Pese a ello, el proyecto sobre violencia intrafamiliar que el Presidente de la República formuló en
marzo de 2013 mantiene inalterado el cuestionado requisito especial, aunque propone modificar
algunos aspectos puntuales del delito de maltrato habitual, tales como incorporar en la definición
–además del ejercicio habitual de violencia física o psíquica– la violencia sexual o económica,
aumentar la pena a presidio menor en grado mínimo a medio, anticipar la oportunidad en que el
Tribunal de Familia puede remitir los antecedentes al Ministerio Público, y nuevos requisitos a la
remisión que efectúa el Tribunal de Familia196
.

Por lo demás, la eliminación de la exigencia de remisión previa por un Juez de Familia es abordada
en una moción que en julio de 2007 presentaron diputados/as y que luego de ser despachada por
la Cámara Baja, en octubre de ese año, no llegó a ser analizada por la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado a la que se remitió197
.


195
los informes periódicos quinto y sexto de Chile, 12 de noviembre de 2012, Op. Cit., Párrafo 19 letra a).
196
Mensaje N° 537‐360, Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley
que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales y establece Ley sobre violencia en las
relaciones íntimas de pareja sin convivencia, 6 de marzo de 2013 (Boletín Legislativo N° 8.851‐18). Durante
la tramitación de la iniciativa presidencial ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados se
determinó la pertinencia de mantener únicamente las disposiciones especiales referidas a violencia en las
relaciones íntimas sin convivencia, mientras que el resto de normas propuestas sobre violencia intrafamiliar
serían eliminadas del proyecto para ser incorporadas al debate que a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia corresponde realizar respecto de un conjunto de mociones parlamentarias sobre
violencia intrafamiliar que en 2012 la Comisión de Familia analizó e informó (Cámara de Diputados, Informe
de la Comisión de Familia recaído en diversos proyectos de ley que modifican normas referidas a la violencia
intrafamiliar contenidas en la propia Ley N° 20.066 como en el Código Orgánico de Tribunales, el Código
Civil, el Código Penal y la Ley sobre tribunales de familia, Boletines N°s 4106‐18, 4936‐18, 5093‐18, 5235‐18,
5292‐18, 5293‐18, 5294‐18, 5569‐18, 5979‐18, 6001‐18, 6057‐18, 7314‐18 y 7566‐18, 5 de diciembre de
2012). Sin embargo, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no ha avanzado en la tramitación
legislativa de las propuestas sobre violencia intrafamiliar.
197
Proyecto de ley que modifica el Artículo 14 de la Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar para facilitar
al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual, moción presentada por
los/as diputados/as Juan Bustos (fallecido Diputado PS), Jorge Burgos (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Roberto
León (DC) y Adriana Muñoz (PPD), 17 de julio de 2007. Fue despachado por la Cámara Baja y remitido al
Senado, para su segundo trámite constitucional, el 3 de octubre de 2007 permaneciendo desde entonces
paralizado ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín Legislativo N°
5.200‐07).
84

Por otra parte, cabe señalar que en enero de 2013 las diputadas María Antonieta Saa (PPD),
Adriana Muñoz (PPD), Cristina Girardi (PPD) y Alejandra Sepúlveda (IND), junto a Pedro Araya
(IND), Ramón Barros (UDI), Guillermo Ceroni (PPD), Aldo Cornejo (DC), Issa Kort (UDI) y
Cristián Monckeberg (RN) presentaron un proyecto de ley que incorpora normas sobre acoso
sexual198
. La moción apunta a sancionar penalmente el acoso sexual que pueda presentarse en el
ámbito de una relación laboral, docente, deportiva o de prestación de servicios y define la
conducta como “solicitar favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero” si tal
“comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva intimidante u hostil”199
.

Sin perjuicio de lo comentado anteriormente respecto de las limitaciones que presenta la
respuesta penal por si sola para enfrentar violaciones a los derechos humanos de las mujeres,
víctimas mayoritarias de esta forma de violencia sexual, lo cierto es que la iniciativa propuesta se
enmarca en la línea de las recomendaciones formuladas al Estado de Chile por organismos
internacionales y corresponde que el Parlamento la analice y se pronuncie al respecto,
complementando la sanción penal con medidas orientadas a la prevención de la violencia sexual y
la protección y reparación de las víctimas.

198
Proyecto de ley que incorpora normas sobre acoso sexual, moción presentada por las diputadas María
Antonieta Saa (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Cristina Girardi (PPD), Alejandra Sepúlveda (IND), junto a Pedro
Araya (IND), Ramón Barros (UDI), Guillermo Ceroni (PPD), Aldo Cornejo (DC), Issa Kort (UDI) y
Cristián Monckeberg (RN), 24 de enero de 2013, remitido a la Comisión de Familia (Boletín Legislativo N°
8.802‐18).
199
En años anteriores se presentaron otras mociones para tipificar el acoso sexual pero terminaron siendo
archivadas sin cumplir ninguna etapa de tramitación legislativa. Proyecto de ley que establece normas sobre
acoso sexual, moción presentada por las/os diputadas/as María Antonieta Saa, Adriana Muñoz, Juan Bustos,
Guillermo Ceroni, Sergio Elgueta, Maximiano Errázuriz, Enrique Krauss, Luis Monge, Jaime Mulet y Marina
Prochelle, 18 de enero de 2001, archivado el 5 de mayo de 2010 (Boletín Legislativo N° 2.665‐18); proyecto
de ley que incorpora el acoso sexual al Código Penal, moción presentada por las/os diputadas/as María
Antonieta Saa (PPD), Enrique Accorsi (PPD), Guillermo Ceroni (PPD), Ramón Farías (PPD), Rodrigo González
(PPD) y Marco Antonio Núñez (PPD), 3 de enero de 2008, archivado el 14 de abril de 2010 (Boletín
Legislativo N° 5.680‐18). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008,
pág. 25.
85

Reforma a la sociedad conyugal

47. En línea con la Recomendación general N° 21 (1994) sobre igualdad en el matrimonio y en las
relaciones familiares, la Comisión insta al Estado parte a que: a) Agilice, con plazos claros, la
promulgación del proyecto de ley N° 7567‐07, por el que se modifican el Código Civil y otras
disposiciones legislativas que regulan el régimen económico del matrimonio, que en la actualidad
está examinando el Parlamento, se asegure de que en el nuevo régimen económico del matrimonio
se garantiza la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, tanto durante el matrimonio como
a la hora de su disolución, y se asegure de que se facilite a las mujeres información que les permita
hacer una elección informada con arreglo a la nueva legislación que regule el régimen económico
del matrimonio.
CEDAW/C/CHL/CO/5‐6, Párrafo 47 letra a).

51. Reformar el régimen patrimonial de sociedad conyugal para cumplir las diferentes obligaciones
internacionales contraídas (Argentina);

17. Aún cuando el Comité toma nota del progreso normativo realizado para eliminar la
discriminación de género, continúa preocupado por la persistencia de la legislación en materia
familiar que discrimina a las mujeres en su capacidad de administrar su patrimonio, tales como el
régimen supletorio de sociedad conyugal. (Artículos 3 y 26 del Pacto).
El Estado Parte debería acelerar la adopción por el Senado de la ley que abrogue la sociedad
conyugal como régimen legal supletorio y su sustitución por uno de comunidad en los gananciales.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Examen de los informes presentados por los estados partes con

La reforma a la sociedad conyugal, comprometida por el Estado de Chile y recomendada por
organismos internacionales, continúa pendiente al término del cuadrienio 2010‐2013. Se trata del
régimen patrimonial de carácter legal, es decir, el que se aplica a todos los matrimonios que no
acuerden expresamente regirse por otro régimen alternativo –como la separación de bienes o la
participación en gananciales– y que se caracteriza por discriminar a las mujeres en el ejercicio de
sus derechos.

La sociedad conyugal está a cargo exclusivamente del marido, definido por la ley como el único
dueño y administrador de los bienes sociales a quien, además, se le entrega la administración de
los bienes propios de la mujer, estableciéndose algunas limitaciones respecto de actos jurídicos de
mayor envergadura. Bajo este régimen las mujeres carecen de todo derecho respecto del
patrimonio social y se encuentran incapacitadas legalmente para administrar sus bienes propios,
86

es decir, aquellos que tenían antes de casarse y los que adquieran a título gratuito durante el
matrimonio, encontrándose subordinadas al marido por el único hecho de ser mujeres.

Por tratarse de una discriminación basada únicamente en el sexo de las personas y establecida
expresamente en el ordenamiento jurídico, el Estado de Chile ha recibido numerosos reproches de
organismos internacionales por el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar la igualdad de
derechos a todas las personas, sin discriminación. El año 1999 el Comité de Derechos Humanos200

y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer201
recomendaron la
modificación de la legislación matrimonial que discrimina a las mujeres impidiéndoles el ejercicio
pleno de sus derechos. Transcurridos varios años sin avances, el Comité CEDAW202
en 2006 y el
Comité de Derechos Humanos203
en 2007 reiteraron sus recomendaciones.

Asimismo, el Estado de Chile se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos a derogar las normas que discriminan a las mujeres y adecuar la legislación interna a los
estándares de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales vigentes, en
especial en lo referido al principio de igualdad y no discriminación. Ello, en el marco del Acuerdo
de Solución Amistosa suscrito en 2007 para poner término al procedimiento iniciado en su contra
en 2001, precisamente por mantener vigente un régimen matrimonial discriminatorio y contrario
a las obligaciones internacionales204
. En 2009, en tanto, el Estado reiteró esta disposición
comprometiéndose ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a “reformar el
régimen patrimonial de sociedad conyugal para cumplir las diferentes obligaciones internacionales
contraídas”205
.

Ante el notable retraso de la reforma legal comprometida, en 2012 el Comité CEDAW reiteró su
preocupación por la vigencia de leyes que discriminan a las mujeres, recomendando acelerar la
discusión legislativa para reformar el régimen económico matrimonial, asegurando que este
garantice la igualdad de derechos entre hombres y mujeres durante y después de su disolución, y
que las mujeres reciban información que les permita tomar una decisión informada206
.

200
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud
del Artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile, 65° período de
sesiones, 30 de marzo de 1999, CCPR/C/79/Add.104, Párrafo 16.
201
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observaciones finales del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 21° período de sesiones, 7 a 25 de
junio de 1999, U.N. Doc. A/54/38/Rev.1, Párrafos 221 y 221.
202
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 25 de agosto de 2006, Op. Cit.,
Párrafo 9.
203
204
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Sonia Arce Esparza contra Estado de Chile”,
Acuerdo de Solución Amistosa, Caso N° 12.433, publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2008.
205
206
los informes periódicos quinto y sexto de Chile, 12 de noviembre de 2012, Op. Cit., Párrafo 47 letra a).
87


No obstante lo anterior, el Parlamento chileno ha retardado inexplicablemente el debate de la
reforma a la sociedad conyugal. Una primera iniciativa, presentada en 1995, tardó diez años en ser
despachada por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, sin que posteriormente
en el Senado se avanzara en su tramitación207
. Pese a la urgencia legislativa asignada por el
Gobierno de la ex Presidenta Bachelet luego de la firma del Acuerdo de Solución Amistosa –la que
se mantuvo por más de un año–, el proyecto se estancó ante la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta208
.

Posteriormente, en abril de 2011, el Presidente Sebastián Piñera presentó una nueva propuesta
para reformar la sociedad conyugal, favoreciendo su discusión otra vez ante la Cámara de
Diputados209
. En tanto, en junio del mismo año, las diputadas María Antonieta Saa (PPD), Adriana
Muñoz (PPD) y Carolina Goic (DC) junto a Pedro Araya (PRI a la fecha), Guillermo Ceroni (PPD),
Hugo Gutiérrez (PC), José Miguel Ortiz (DC), Gaspar Rivas (RN), René Saffirio (DC) y Marcelo
Schilling (PS), también presentaron un proyecto de ley en la materia, de similares contenidos210
. La
Comisión de Familia a la que correspondió inicialmente el análisis de estas propuestas, acordó
debatirlas refundidas, agregando una tercera moción presentada en 2008211
.

Tras el Informe de la Comisión de Familia212
, se encomendó a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia un nuevo estudio de la propuesta, que culminó el análisis en enero de

207
Proyecto de ley que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o
comunidad de gananciales otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones, moción
presentada por la Diputada María Antonieta Saa y los ex parlamentarios/as Ignacio Balbontín, Thomás
Jocelyn‐Holt, Andrés Palma, Aníbal Pérez, Fanny Pollarolo, Marina Prochelle y Romy Rebolledo, 4 de octubre
de 1995 (Boletín Legislativo N° 1.707‐18).
208
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Período 2006‐2009, pág. 26.
209
Proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de sociedad
conyugal, mensaje presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante la Cámara de
Diputados, 5 de abril de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.567‐07). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al
Poder Legislativo Año 2012, págs. 78 a 85; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo
Año 2011, págs. 40 a 44.
210
Proyecto de ley que modifica Código Civil y otras leyes en el régimen de sociedad conyugal, moción
presentada por los/as diputados/as Pedro Araya (PRI a la fecha), Guillermo Ceroni (PPD), Carolina Goic (DC),
Hugo Gutiérrez (PC), Adriana Muñoz (PPD), José Miguel Ortiz (DC), Gaspar Rivas (RN), María Antonieta Saa
(PPD), René Saffirio (DC) y Marcelo Schilling (PS), 15 de junio de 2011, remitido a la Comisión de Familia
211
Proyecto de ley que introduce modificaciones a diversas disposiciones del Código Civil consagrando el
derecho de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal de administrar los bienes propios que
adquiera a título de herencia, legado o donación, moción presentada por los/as diputados/as Pedro Araya
(IND a la fecha), Alfonso De Urresti (PS), Marco Enriquez‐Ominami (PS a la fecha), Alvaro Escobar (IND),
María Antonieta Saa (PPD), Alejandra Sepúlveda (IND a la fecha) y Esteban Valenzuela (IND), 10 de julio de
2008 (Boletín Legislativo N° 5.970‐18).
212
CÁMARA DE DIPUTADOS, Primer Informe de la Comisión de Familia referido a tres proyectos de ley
refundidos que modifican el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de la sociedad
conyugal, Boletines N°s 5.970‐18, 7.567‐07 y 7.727‐18, 2 de enero de 2012 (Boletines Legislativos N°s 5.970‐
18, 7.567‐07 y 7.727‐18 refundidos).
88

2013213
, sometiéndose el proyecto a debate de la Sala de la Cámara de Diputados, que lo aprobó
el 5 de marzo de 2013214
.

El proyecto se orienta a poner término a la discriminación que expresamente establece la
legislación en contra de las mujeres, consagrar la igualdad de derechos entre los cónyuges y
eliminar las normas que impiden a las mujeres casadas en sociedad conyugal ejercer sus derechos.
Se propone suprimir la jefatura de la sociedad conyugal a cargo del marido, que lo erige en
exclusivo dueño y administrador del patrimonio social, así como la incapacidad legal impuesta a la
mujer de disponer y administrar su patrimonio propio, por tratarse de normas contrarias a la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Asimismo, se plantea consagrar la plena
capacidad de las mujeres casadas en sociedad conyugal de actuar en la vida jurídica, derogando un
conjunto de disposiciones que en la actualidad lo impiden.

La propuesta pondría fin a la titularidad exclusiva del patrimonio social a cargo del marido,
derogando su calidad de jefe de la sociedad conyugal. Ello importa reconocer la propiedad
conjunta de los cónyuges respecto de los bienes sociales, patrimonio conformado básicamente por
los bienes que cualquiera de ellos, o ambos, adquiera producto de su trabajo remunerado o a
título oneroso. En tanto, los bienes que tenía cada uno de ellos con anterioridad al matrimonio o
que adquiera a título gratuito (como las herencias o donaciones) durante el régimen, conforman
su patrimonio propio, cuya administración le corresponde a cada uno. Ello por cuanto con este
proyecto la mujer dejaría de estar impedida de administrar su propio patrimonio, que la ley
vigente entrega únicamente al marido.

La administración de los bienes sociales –de acuerdo a la propuesta– puede corresponder a
cualquiera de los cónyuges si éstos así lo pactan, quedando el cónyuge administrador legalmente
habilitado para administrar y disponer del conjunto del patrimonio social, pero exigiéndosele
respecto de ciertos actos jurídicos el acuerdo del cónyuge no administrador. Ello, básicamente,
cuando se trata de actos de disposición o arrendamiento de bienes inmuebles, así como actos de
disposición a título gratuito de cualquier bien social; pero, además –a partir de lo planteado en el
proyecto– respecto de actos de disposición de ciertos bienes muebles como las acciones de
sociedades anónimas o participaciones en sociedades civiles o comerciales, derechos o
concesiones inscritos, vehículos motorizados, naves o aeronaves.

213
CÁMARA DE DIPUTADOS, Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído sobre el
texto propuesto por la Comisión de Familia respecto de tres proyectos de ley que modifican el Código Civil y
otras leyes regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, Boletines N°s 5.970‐18, 7.567‐07 y
7.727‐18, 16 de enero de 2013 (Boletines Legislativos N°s 5.970‐18, 7.567‐07 y 7.727‐18 refundidos).
214
CÁMARA DE DIPUTADOS, Legislatura 360ª, Sesión 133ª, 5 de marzo de 2013. Ver nota de prensa: Cámara
aprueba perfeccionamientos al régimen patrimonial de la sociedad conyugal, Cámara de Diputados,
Departamento de Prensa, 5 de marzo de 2013. En:
de 2014).
89

Solamente con carácter supletorio, es decir, en aquellos casos en que los cónyuges no acuerden
quién de ellos será el administrador, se prevé un régimen de administración conjunta, en que
pueden actuar indistintamente respecto de los bienes que integran el patrimonio social, pero
exigiéndose que ciertos actos jurídicos de mayor envergadura los realicen conjuntamente o se
cuente con la autorización del otro.

Sin embargo, se estima que la iniciativa debió consagrar únicamente un régimen de
coadministración de los bienes sociales y no establecerlo en carácter de supletorio frente a la
administración individual que la propuesta privilegia. Ello, por cuanto las modificaciones
orientadas a eliminar la discriminación contra las mujeres casadas en sociedad conyugal buscan
establecer un régimen matrimonial de solidaridad en que la comunidad de vida del matrimonio se
extiende al ámbito patrimonial, valorando por igual la contribución económica realizada por uno o
ambos cónyuges y el aporte que representa el cuidado del hogar común y de los/as hijos/as que la
pareja pueda tener. Dado que el patrimonio social es un patrimonio común que pertenece a
ambos cónyuges por igual –como bien reconoce el proyecto–, las decisiones que respecto a estos
bienes se adopten deben ser comunes también, regulándose que ambos tengan facultades de
administración y disposición y cautelando que actos jurídicos de mayor relevancia, como la
disposición de bienes inmuebles y ciertos bienes muebles de más valor, sean realizados de común
acuerdo.

Además, preocupa que la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados establezca para el
evento de administración individual a cargo del marido, que la mujer no administradora disponga
de un patrimonio reservado. Este patrimonio reservado estaría compuesto por los bienes que
obtenga producto de su trabajo remunerado y sería administrado exclusivamente por ella
mientras el marido administra el patrimonio social. Al término del régimen, ella puede definir si
aporta estos bienes al haber social que será repartido entre ambos, o si por el contrario, mantiene
su patrimonio reservado renunciando a los gananciales, es decir, a la mitad que le correspondería
del patrimonio conyugal. Esta disposición aparentemente protectora de las mujeres representa un
desincentivo a una igualitaria participación en las decisiones sobre los bienes sociales, pudiendo
favorecer que se mantenga la subordinación de las mujeres al entregar la administración de la
sociedad conyugal al marido.

Por otra parte, se requiere asegurar que la decisión sobre el régimen matrimonial que adopte la
pareja corresponda efectivamente a una decisión plenamente libre e informada. Al Estado
corresponde un rol activo en la entrega de información clara, comprensible y completa a los
contrayentes respecto de los regímenes de bienes existentes y de los derechos y deberes que
confiere cada uno de ellos, a fin de que puedan optar por uno u otro, cuestión que el proyecto no
aborda suficientemente.

Además, debe suprimirse el cobro adicional que se impone en el Registro Civil a los contrayentes
que eligen el régimen de separación de bienes o de participación en gananciales –que no se cobra
a quienes se casan bajo sociedad conyugal–, pues ello puede limitar la plena libertad de elección a
las parejas.

90

Por último, resulta preocupante que la propuesta plantee que las mujeres que a la fecha de la
futura reforma se encuentren casadas bajo el régimen de sociedad conyugal sigan rigiéndose por
las normas discriminatorias que entregan la administración y propiedad de los bienes sociales al
marido. Si bien se permite pactar un cambio en cuanto a la administración –para que pasen a
administrar conjuntamente o que la administración del patrimonio social corresponda a la mujer–
ello requiere del acuerdo expreso de los cónyuges y el cumplimiento de las formalidades del caso,
en circunstancias que el régimen reformado que terminaría con la discriminación de las mujeres y
su subordinación al marido debiera regir inmediatamente, tanto respecto de quienes a futuro se
sometan a las normas de la sociedad conyugal, como de quienes en la actualidad se encuentren
casados bajo dicho régimen de bienes. Puesto que la modificación a la sociedad conyugal apunta a
consagrar la igualdad ante la ley entre marido y mujer, la plena capacidad de ambos cónyuges y
terminar con la subordinación de las mujeres, el proyecto debe regular expresamente que quienes
se encuentran actualmente casados bajo este régimen de bienes pasen a regirse por la normativa
reformada.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja en marzo de 2013 fue despachado al Senado, pero
no llegó a ser debatido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento a la que
correspondía su estudio, pese a la urgencia que el Gobierno le asignó. Preocupa observar que un
nuevo proyecto de reforma a la sociedad conyugal largamente analizado por la Cámara de
Diputados, se vuelva a paralizar ante la Cámara Alta, comprometiendo la vigencia de los derechos
de las mujeres chilenas y la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Participación política paritaria entre hombres y mujeres

24. Si bien elogia la labor del Estado parte para reforzar el liderazgo político de la mujer mediante el
establecimiento del Programa "600 mujeres líderes para Chile", preocupa al Comité el escaso
número de mujeres que hay en el Gobierno, en ambas Cámaras del Parlamento, en el servicio
diplomático, en la judicatura y en el desempeño de las funciones de alcaldes y concejales. El Comité
lamenta que la persistencia de actitudes y estereotipos patriarcales y la falta de medidas especiales
de carácter temporal sigan obstaculizando la participación de las mujeres, incluidas las mujeres
indígenas, en el Parlamento y los cargos de responsabilidad a nivel estatal y municipal. Además, el
Comité reitera su preocupación por el hecho de que el sistema electoral binominal resulte
desfavorable para la representación política de la mujer (CEDAW/C/CHI/CO/4, párr. 14).
25. El Comité exhorta al Estado parte a que: a) Considere la posibilidad de adoptar, cuando sea
necesario, medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la participación plena e igual
de la mujer en la vida pública y política; b) Intensifique los esfuerzos para aumentar la participación
de la mujer en la vida pública en los planos nacional y municipal, lo que incluye la organización de
campañas de sensibilización dirigidas también a las mujeres indígenas, el ofrecimiento de incentivos
a los partidos políticos para que designen un número igual de mujeres y hombres en las
candidaturas y la financiación adecuada de las campañas de las mujeres que sean candidatas; c)
Adopte todas las medidas necesarias para poner en marcha la reforma del sistema electoral
binominal y vele por que el estudio solicitado a la Oficina del Ministro Secretario General de la
Presidencia con miras a formular una propuesta a este respecto se realice dentro de un plazo
claramente establecido.
91

CEDAW/C/CHL/CO/5‐6, Párrafos 24 y 25.

19. Al Comité le preocupa la notable insuficiencia de la participación de la mujer en la vida política,
el servicio público y el poder judicial. Por consiguiente:
El Comité recomienda que el Estado tome medidas para mejorar la participación de las mujeres, si
es preciso mediante la adopción de programas de acción afirmativa.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Examen de los informes presentados por los Estados partes en
virtud del Artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile, 65°
período de sesiones, 30 de marzo de 1999, CCPR/C/79/Add.104, Párrafo 19.

Resulta lamentable observar que durante el cuadrienio 2010‐2013 no se produjo ningún avance
legislativo en materia de participación política paritaria entre hombres y mujeres. Aun cuando
desde 1999 diversos organismos internacionales le vienen reprochando al Estado de Chile la
insuficiente participación de las mujeres en puestos de decisión pública, y habiendo asumido el
Presidente Piñera el compromiso de fomentar “la participación de las mujeres en la política, que
hoy sigue siendo muy baja”215
ninguna iniciativa se ha adoptado para corregir este problema. Las
reformas políticas y electorales debatidas en el período no consideraron la paridad como una de
las dimensiones clave de la representatividad y la propuesta que el Gobierno presentó sobre
financiamiento a candidaturas de mujeres no llegó a ser analizada.

Uno de los déficit democráticos del sistema político chileno está dado por la subrepresentación de
las mujeres en puestos de elección popular y otros cargos públicos. La discriminación que afecta a
las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos obstaculiza la adecuada representación de sus
intereses en las decisiones públicas y dificulta alcanzar la igualdad de derechos en diversos
ámbitos. Un sistema político que no garantiza la participación paritaria de hombres y mujeres en
puestos de decisión, no está cumpliendo su mandato de representación igualitaria de ciudadanos
y ciudadanas.

Como es ampliamente conocido, los países interesados en corregir la insuficiente participación
política de las mujeres han emprendido reformas constitucionales y legales para implementar
medidas de acción afirmativa, alcanzado diversos resultados. En Chile, medidas obligatorias para
asegurar la incorporación de mujeres en las listas de candidaturas han sido propuestas a debate
parlamentario desde el año 1997 en adelante sin que ninguna de estas haya cumplido alguna
etapa en su tramitación legislativa, tal como el Observatorio Parlamentario desde su conformación
ha venido constatando216
.

215
216
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, págs. 70 a 72; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
Balance al Poder Legislativo Año 2010, págs. 185 a 190; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder
Legislativo Período 2006‐2009, págs. 157 a 160; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance Anual al Poder
Legislativo Año 2008, págs. 165 a 170; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance Anual al Poder Legislativo
Año 2007, págs. 89 a 95; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance Anual al Poder Legislativo Año 2006,
págs. 56 a 64.
92


La incapacidad de cautelar debidamente los derechos y libertades fundamentales de las mujeres,
en particular sus derechos civiles y políticos como el derecho a ser elegidas y tomar parte en las
decisiones públicas; y la vigencia de un sistema electoral que no garantiza la efectiva
representación parlamentaria de ciudadanos y ciudadanas y es desfavorable a la participación de
las mujeres, ha sido observada con preocupación por organismos internacionales que han
recomendado al Estado de Chile emprender reformas sustantivas al respecto. En 1999 el Comité
de Derechos Humanos217

relevaron la necesidad de adoptar estrategias amplias, incluyendo medidas de acción afirmativa,
para mejorar la participación de las mujeres en la vida pública, especialmente en el proceso de
adopción de decisiones.

En 2006, luego de que transcurrieran varios años sin avances en el cumplimiento de las medidas
planteadas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda
“reformar el sistema electoral binominal, que es desfavorable para la representación política de la
mujer” y la adopción de “medidas especiales de carácter temporal, destinadas a acelerar la
igualdad de facto entre la mujer y el hombre a fin de incrementar la participación de la mujer en la
vida política, particularmente en el Parlamento y los municipios”219
.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos220
en 2007 y el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas221
en 2009, recomendaron la reforma del sistema electoral.

Tras más de una década de recomendaciones incumplidas y ante la falta de debate legislativo
orientado a garantizar los derechos políticos de las mujeres chilenas, en octubre de 2012, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se vio en la necesidad de insistir en
sus disposiciones anteriores, señalando que “lamenta que la persistencia de actitudes y
estereotipos patriarcales y la falta de medidas especiales de carácter temporal sigan
obstaculizando la participación de las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, en el Parlamento y
los cargos de responsabilidad a nivel estatal y municipal. Además, el Comité reitera su
preocupación por el hecho de que el sistema electoral binominal resulte desfavorable para la
representación política de la mujer”222
.

217
del Artículo 40 del Pacto, 30 de marzo de 1999, Op. Cit., Párrafo 19.
218
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 7 a 25 de junio de 1999, Op. Cit.,
Párrafos 224 y 225.
219
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 25 de agosto de 2006, Op. Cit.,
Párrafo 14.
220
221
222
los informes periódicos quinto y sexto de Chile, 12 de noviembre de 2012, Op. Cit., Párrafo 24.
93


El Comité CEDAW formuló una serie de recomendaciones referidas a la adopción de medidas
especiales de carácter temporal para acelerar la participación plena e igualitaria de las mujeres en
la vida pública y política, incentivos a los partidos políticos para que designen igual número de
mujeres y hombres en las candidaturas, financiamiento a las campañas de candidatas, campañas
públicas de sensibilización para incrementar la participación de mujeres en la vida política,
incluyendo a mujeres indígenas, así como la pronta reforma al sistema electoral binominal223
. Por
tratarse de medidas particularmente relevantes a la vigencia plena de los derechos humanos de
las mujeres, el Comité solicitó al Estado informar anticipadamente –es decir, dentro del plazo de
dos años–, acerca de las medidas recomendadas para la participación política de las mujeres224
.

Sin embargo, el Parlamento chileno ha desatendido las obligaciones internacionales y ninguna
reforma ha emprendido. Especialmente preocupa que en la discusión legislativa de un conjunto de
reformas políticas y electorales que ha tenido lugar en los últimos años –parte de las cuales incluso
resultó aprobada– se haya omitido abordar la necesidad de garantizar un equilibrio entre hombres
y mujeres, evidenciando una limitada concepción de la democracia y, particularmente, de la
representatividad política.

Tras un largo y complejo debate, el Congreso Nacional despachó la reforma constitucional que
elimina el guarismo 120 del texto de la Carta Política, a fin de posibilitar el próximo análisis de una
reforma al sistema electoral binominal225
. Sin embargo durante la discusión parlamentaria de la
iniciativa, que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado tuvo lugar con ocasión del
análisis de un amplio conjunto de mociones, no se abordó la necesidad de incorporar la
participación política de hombres y mujeres como una de las dimensiones de la representatividad
que el futuro sistema electoral debiera contemplar226
.

En tanto, la recientemente aprobada Ley de elección directa de los consejeros regionales227
–más
allá de lo positivo que pueda considerarse que las referidas autoridades sean elegidas mediante
sufragio popular– carece de un mecanismo que asegure la participación paritaria y no impone
obligación alguna a los partidos políticos para asegurar que ninguno de los sexos supere el 60% de
las candidaturas.

223
Ibídem, Párrafo 25.
224
225
República de Chile, Ley N° 20.725, en materia de integración de la Cámara de Diputados, publicada en el
Diario Oficial el 15 de febrero de 2014 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07).
226
Entre las dimensiones de representación política consideradas en el debate de esta iniciativa se
consideraron el principio de igualdad de voto entre los ciudadanos, la representación de territorios menos
poblados y las opiniones y fuerzas políticas significativas, entre las principales, no así la participación política
equilibrada entre hombres y mujeres. SENADO DE LA REPÚBLICA, Informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de reforma constitucional en materia de
integración de la Cámara de Diputados, Boletín N° 9.078‐07, 3 de septiembre de 2013 (Boletín Legislativo N°
9.078‐07).
227
República de Chile, Ley N° 20.678, establece la elección directa de los consejeros regionales, publicada en
el Diario Oficial el 19 de junio de 2013 (Boletín Legislativo N° 7.923‐06).
94


Igualmente, la Ley de primarias aprobada en 2012228
tampoco considera un mecanismo
obligatorio para resguardar el equilibrio de género. Aun cuando ello fue analizado durante la
discusión, a propuesta de la Senadora Ximena Rincón y del Senador Fulvio Rossi, en definitiva no
se aprobó la inclusión de medidas que obliguen a los partidos a incluir a hombres y mujeres en las
listas que propongan229
. Únicamente se considera un enunciado en orden a que aquellos partidos
políticos que en sus estatutos establezcan medidas de acción afirmativa, deben aplicarlas para la
selección de sus candidaturas a elecciones primarias230
. Aun considerando positivo que los
partidos efectivamente cumplan las medidas de acción afirmativa que han acordado, ello no
resulta una medida suficiente para asegurar la participación paritaria de hombres y mujeres en las
elecciones primarias.

Por su parte, la propuesta gubernamental sobre partidos políticos, presentada en mayo de 2013,
no incorpora ninguna disposición referida a la paridad que debiera existir en los diversos
organismos internos de estas colectividades, como tampoco respecto de las listas de candidaturas
que estos órganos presentan en las diversas elecciones populares231
.

En lo referido a financiamiento electoral, cabe destacar que el Presidente presentó una iniciativa
especialmente orientada a incrementar el aporte estatal a las candidaturas de mujeres232
. Ello a
fin de incentivar a los partidos políticos a que aumenten la proporción de mujeres candidatas así
como a promover que efectivamente quienes postulen resulten electas. Sin embargo, la propuesta

228
República de Chile, Ley N° 20.640, establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de
candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes, publicada en el Diario Oficial el 6 de
229
Durante la discusión particular del proyecto de ley sobre primarias ante el Senado se debatió una
indicación que limitaba a un máximo de 60% las candidaturas de un mismo sexo, la que no llegó a ser
aprobada por no alcanzar el quórum calificado exigido. Votaron a favor 13 senadores/as pero otros 13 la
rechazaron. Apoyaron la indicación las Senadoras Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Lily Pérez (RN a la
fecha) y Ximena Rincón (DC), así como los senadores Camilo Escalona (DC), Eduardo Frei (DC), Guido Girardi
(PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Ricardo Lagos (PPD), Pedro Muñoz (PS), Jaime Quintana (PPD), Fulvio
Rossi (PS) y Mariano Ruiz‐Esquide (DC); y votaron en contra la Senadora Ena Von Baer (UDI), Francisco
Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Alejandro García‐Huidobro (UDI), Antonio
Horvath (RN a la fecha), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa (UDI),
Jaime Orpis (UDI), Víctor Pérez (UDI) y Gonzalo Uriarte (UDI). SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones
del Senado, Legislatura 360ª, Sesión 50ª, 12 de septiembre de 2012, pág. 88 (Boletín Legislativo N° 7.911‐
06). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2012, págs. 91 a 93.
230
“Los partidos políticos cuyos estatutos dispongan medidas de acción afirmativa procederán conforme a
ellas al seleccionar sus candidaturas para las elecciones primarias”. República de Chile, Ley N° 20.640,
Artículo 16 inciso 2.
231
Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de partidos políticos, mensaje presentado
por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante el Senado, 14 de mayo de 2013, remitido a la
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización (Boletín Legislativo N° 8.937‐06).
232
Proyecto de ley que establece incentivo para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en candidaturas a cargos de elección popular, mensaje presentado por el Presidente de la República
Sebastián Piñera ante el Senado, 9 de abril de 2013, remitido a las Comisiones de Gobierno,
Descentralización y Regionalización y de Hacienda unidas (Boletín Legislativo N° 8.876‐06).
95

anunciada con más de un año de antelación233
, una vez que ingresó a tramitación legislativa no
llegó a ser debatida y el propio Ejecutivo no le asignó urgencia en ninguna ocasión.

Por lo demás, las iniciativas sobre paridad y cuotas que al iniciarse el cuadrienio 2010‐2013 se
encontraban pendientes de debate234
tampoco recibieron ninguna atención de parte de los
congresistas. Se trata de una moción sobre paridad presentada en 2003 que dispone que ningún
sexo supere el 60% de representación en los cargos directivos de los partidos políticos ni en las
listas de candidaturas a elecciones parlamentarias y municipales; y que a comienzos de 2010 fue
analizada en la Sala de la Cámara de Diputados pero nunca llegó a ser votada235
. La segunda
corresponde al proyecto que en 2007 presentó la ex Presidenta Michelle Bachelet para instaurar
un sistema de cuotas que asegure al menos un 30% de candidaturas femeninas en elecciones
populares y en los cargos de los partidos políticos, además de un incentivo financiero a los
partidos consistente en incrementar el aporte fiscal de las candidatas electas; que no llegó a ser
debatida ni siquiera por la Comisión a la que se remitió para su estudio236
.

La falta de atención parlamentaria a las reformas políticas y electorales que apunten a corregir la
subrepresentación de las mujeres e incorporar mecanismos para asegurar un equilibrio de género
en los cargos de decisión, contrasta con la opinión y demandas que al respecto tienen las mujeres
chilenas. De acuerdo a la Novena Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su
situación y condiciones de vida en Chile 2013, estudio realizado por Corporación Humanas, el 83%
de las mujeres cree que en el país debiera existir una ley que obligue a que exista igual número de
hombres y mujeres en los cargos públicos237
.

233
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, pág. 72.
234
235
Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho de las
mujeres a participar en la vida pública nacional, moción presentada por los/as diputados/as Isabel Allende
(PS), Guido Girardi Lavín (PPD), Rosa González (UDI), Carmen Ibáñez (RN), María Eugenia Mella (DC), Adriana
Muñoz (PPD), Fulvio Rossi (PS), María Antonieta Saa (PPD), Alejandra Sepúlveda (DC a la fecha) y Carolina
Tohá (PPD), 13 de marzo de 2003. Informado por la Comisión de Familia en enero de 2007, fue debatido por
la Cámara de Diputados el 19 de enero y el 12 de mayo de 2010 pero no llegó a ser sometido a votación
236
Proyecto de ley que establece política equilibrada de hombres y mujeres en el acceso y ejercicio de
cargos de elección popular, mensaje presentado por la ex Presidenta Michelle Bachelet ante la Cámara de
Diputados, 11 de diciembre de 2007, remitido a la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización sin que a
la fecha se registre algún debate al respecto (Boletín Legislativo N° 5.553‐06).
237
CORPORACIÓN HUMANAS, Novena Encuesta Nacional “Percepciones de las Mujeres sobre su situación y
condiciones de vida en Chile 2013”, Octubre de 2013. La información referida corresponde a las respuestas
frente a la pregunta P13 ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones? En Chile debiera
existir una ley que obligue a que exista igual número de hombres y mujeres en los cargos públicos, frente a la
cual el 83,1% de las mujeres declara estar de acuerdo o muy de acuerdo, el 15,1% en desacuerdo o muy en
desacuerdo y el 1,7% no sabe o no responde.
96

Además, la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2013 del Instituto Nacional de
Derechos Humanos igualmente da cuenta del mayoritario respaldo ciudadano a mecanismos
obligatorios para garantizar la participación de mujeres en cargos públicos. El 71% de los/as
encuestados/as está de acuerdo con asegurar una cantidad determinada de mujeres en cargos
públicos, como senadoras, ministras, juezas, etc.238
.

Cabe esperar que en el período legislativo que se inicia el conjunto de reformas políticas y
electorales que para ello se requieren, sea efectivamente debatido y los/as congresistas las
respalden.

Despenalización del aborto en determinadas circunstancias

34. (…) el Comité lamenta profundamente que todas las recientes iniciativas parlamentarias
encaminadas a despenalizar el aborto hayan fracasado en el Estado parte, incluso en los supuestos
de riesgo para la salud o la vida de la madre, grave malformación del feto o violación. Aunque
celebra la declaración de la delegación en el sentido de que el derecho a la vida de la madre
prevalece cuando se encuentra en peligro su salud o su vida, el Comité reitera la preocupación
manifestada en sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/CHI/CO/4, párr. 19), en el sentido de
que el aborto sigue siendo un delito en toda circunstancia (…)
35. El Comité insta al Estado parte a que: (…) d) Revise la legislación vigente sobre el aborto con
miras a despenalizarlo en los casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre
(…)
CEDAW/C/CHL/CO/5‐6, Párrafos 34 y 35 letra d).

8. El Comité expresa nuevamente su preocupación por la legislación indebidamente restrictiva del
aborto, especialmente en casos en que la vida de la madre esté en peligro. Lamenta que su gobierno
no tenga planeado legislar en la materia. (Artículo 6 del Pacto)
El Estado parte debería modificar su legislación de forma que se ayude a las mujeres a evitar
embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían
poner en peligro sus vidas. Debería asimismo revisar su legislación sobre el aborto con miras a que
concuerde con el Pacto.

238
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, II Encuesta Nacional de Derechos Humanos ENDH 2013,
Principales resultados. La información referida corresponde a las respuestas frente a la pregunta ¿Cuan de
acuerdo está Ud. con …? Se debe asegurar una cantidad determinada de mujeres en los cargos públicos, por
ejemplo senadoras, ministras, juezas, etc. frente a la cual el 71% de los/as encuestados/as declara estar
totalmente de acuerdo, muy de acuerdo o de acuerdo; el 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 15%
totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo o en desacuerdo; y el 3% no responde. En:
http://www.indh.cl/encuesta‐nacional‐de‐derechos‐humanos‐2013 (revisado por última vez el 31 de marzo
de 2014).
97

56. (…) El Comité exhorta al Estado Parte a revisar su postura de penalización de la interrupción del
embarazo en toda circunstancia, incluso en los casos de violación, incesto y situaciones en que corre
peligro la vida de la madre (…)
de abril de 2007, CRC/C/CHL/CO/3, Párrafo 56.

19. El Comité expresa su preocupación por la insuficiencia del reconocimiento y la protección de los
derechos relacionados con la salud reproductiva de la mujer en Chile. Le sigue suscitando
preocupación el hecho de que el aborto en cualquier circunstancia constituya un delito enjuiciable
con arreglo a la legislación chilena, lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos
inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida y su salud, así como por el hecho de
que los abortos clandestinos sean la causa principal de mortalidad materna.
20. El Comité exhorta al Estado Parte a que adopte medidas concretas para mejorar el acceso de la
mujer a la atención de la salud, en particular los servicios de salud sexual y reproductiva, de
conformidad con el artículo 12 de la Convención y la recomendación general 24 del Comité sobre la
mujer y la salud. Pide al Estado Parte que fortalezca las medidas destinadas a la prevención de los
embarazos no deseados, en particular haciendo que sean más ampliamente disponibles y asequibles
todos los tipos de anticonceptivos seguros y métodos de planificación de la familia, sin ninguna
restricción, y aumentando los conocimientos y la concienciación acerca de la planificación de la
familia entre las mujeres y también entre los hombres. El Comité también insta al Estado Parte a
que reduzca las tasas de mortalidad materna mediante servicios de maternidad segura y asistencia
prenatal, y a que adopte medidas para garantizar que las mujeres no tengan que buscar
procedimientos médicos inseguros, como los abortos ilegales, debido a la falta de servicios
adecuados en relación con el control de la fecundidad. El Comité recomienda que el Estado Parte
considere la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a suprimir las disposiciones punitivas
aplicables a las mujeres que se someten a abortos y les dé acceso a servicios de calidad para tratar
las complicaciones derivadas de abortos inseguros y reduzca las tasas de mortalidad materna, de
conformidad con la recomendación general 24, relativa a la mujer y la salud, y la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing.
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 36° período de sesiones,
25 de agosto de 2006, CEDAW/C/CHI/CO/4, Párrafos 19 y 20.

52. El Comité recomienda al Estado Parte de que revise su legislación y despenalice el aborto cuando
se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Examen de los informes
presentados por los Estados partes de conformidad con los Artículos 16 y 17 del Pacto,
Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Chile, 33° período
de sesiones, 1° de diciembre de 2004, E/C.12/1/Add.105, Párrafo 52.

Transcurrido un nuevo cuadrienio (2010‐2013), se mantienen vigentes en el país las leyes que
criminalizan el aborto en toda circunstancia. Ello pese a las demandas ciudadanas por reformas
legislativas y el considerable número de organismos internacionales preocupados por el impacto
que dichas leyes tienen para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres chilenas.

98

Según evidencia la Novena Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y
condiciones de vida en Chile 2013 de Corporación Humanas, el 84% de las mujeres está de acuerdo
con legalizar el aborto terapéutico y el 80% en caso de violación así como frente a malformaciones
incompatibles con la vida; en tanto el 29% expresa su acuerdo con la legalización por cualquier
razón que la mujer decida, el 24% por motivos económicos y el 28%, en cambio, en ningún caso239
.

En tanto, desde el año 1999 diversos organismos internacionales han reprochado que el Estado de
Chile mantenga vigentes leyes que castigan penalmente todo aborto sin excepción, por su impacto
en la vulneración a los derechos de las mujeres. Así se pronunciaron el Comité de Derechos
Humanos240
, que
posteriormente han debido reiterar sus recomendaciones en orden a reformar las leyes
criminalizadoras242
. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2004
recomendó despenalizar el aborto terapéutico y si la mujer ha sido violada243
; mientras que el
Comité de Derechos del Niño en 2007 formuló similar recomendación244
.

Contrastando con ello, las autoridades nacionales han sido incapaces de recoger esta voluntad
ciudadana y de ajustar la legislación chilena a las obligaciones internacionales de respeto y
garantía de los derechos y libertades humanas de las mujeres.

Como se ha señalado en los Balances al Poder Legislativo anteriores, por varios años los/as
legisladores/es eludieron el debate de numerosos proyectos de ley orientados a flexibilizar la
penalización total incorporando algunas de las causales de interrupción del embarazo que en la
inmensa mayoría de países se contemplan para proteger los derechos de las mujeres245
.

239
CORPORACIÓN HUMANAS, Novena Encuesta Nacional “Percepciones de las Mujeres sobre su situación y
condiciones de vida en Chile 2013”, Octubre de 2013. Información corresponde a P15 ¿Cuán de acuerdo está
usted, que sea legal el aborto en cada una de las siguientes situaciones?
240
del Artículo 40 del Pacto, 30 de marzo de 1999, Op. Cit., Párrafo 15.
241
Párrafos 228 y 229.
242
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 36° período de sesiones, 25 de agosto
de 2006, Op. Cit., Párrafos 19 y 20; COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA
MUJER, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile, 12 de noviembre de
2012, Op. Cit., Párrafos 34 y 35 letra d); COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Examen de los informes
presentados por los Estados partes con arreglo al Artículo 40 del Pacto, 17 de abril de 2007, Op. Cit., Párrafo
8.
243
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Examen de los informes presentados por
los Estados partes de conformidad con los Artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales Chile, 33° período de sesiones, 1° de diciembre de 2004,
E/C.12/1/Add.105, Párrafo 52.
244
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Examen de los informes presentados por los Estados partes con
arreglo al Artículo 44 de la Convención, 23 de abril de 2007, Op. Cit., Párrafo 56.
245
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Período 2006‐2009, págs. 32 y 33.
99

La falta de debate parlamentario se extendió hasta mediados del año 2011, cuando la Comisión de
Salud del Senado dio inicio al estudio de una serie de mociones hasta entonces rezagadas246
. Sin
embargo, el debate y votación que en la Cámara Alta tuvo lugar en abril de 2012 evidenció que las
resistencias conservadoras de gran parte de los/as congresistas siguen imponiéndose por sobre las
obligaciones asumidas por el Estado de Chile en orden a garantizar los derechos de las mujeres y
reconocer su ciudadanía plena247
.

Las mociones sometidas a discusión planteaban –con algunos matices– la regulación del aborto
terapéutico por una parte248
; del aborto en caso de riesgo para la vida de la mujer y frente a la
inviabilidad fetal, por otro lugar249
; y una tercera moción frente a riesgo vital, malformaciones del
feto y violación250
. Sin embargo, ninguna de estas propuestas contó con la mayoría de votos
necesaria para que se aprobara la idea de legislar.

246
247
248
La iniciativa propone reemplazar el Artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente texto: “Art. 119. Se
podrá interrumpir el embarazo, sólo con fines terapéuticos, mediante intervención médica, cuando esta sea
documentada por dos médicos cirujanos”. Proyecto de ley sobre interrupción terapéutica del embarazo,
moción presentada por el Senador Camilo Escalona (PS), 13 de mayo de 2009 (Boletín Legislativo N° 6.522‐
11).
249
El proyecto plantea como nuevos incisos al Artículo 345 del Código Penal: “No se considerará aborto
cuando se produzca la muerte del feto como consecuencia de una intervención, tratamiento o administración
de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre, lo que deberá ser certificado por un
grupo de tres médicos. No será punible la interrupción de un embarazo cuando se haya certificado por un
grupo de tres médicos la inviabilidad fetal. Un grupo de tres médicos del hospital o del Servicio de Salud
correspondiente deberá otorgar en forma unánime e inequívoca las certificaciones de los dos incisos
anteriores. Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo tratante de la
madre. Copia de las certificaciones, sus fundamentos y antecedentes serán mantenidas en el respectivo
Servicio de Salud por un período de tiempo de 5 años. Será responsabilidad del Jefe del Servicio de Salud
custodiar dichos documentos por el período de tiempo indicado. Los médicos que otorgaren certificaciones
falsas o que intervengan sin cumplir con las exigencias anteriores serán sancionados con pena de presidio
menor en su grado máximo”. Proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo por razones
médicas, moción presentada por el Senador Fulvio Rossi (PS) y la ex Senadora Evelyn Matthei (UDI), 15 de
250
La moción propone reemplazar el Artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente texto: “Artículo 119.
Sólo con los fines terapéuticos, eugenésicos o ético‐sociales que a continuación se expresan se podrá
interrumpir un embarazo. En caso en que esté en riesgo la vida de la madre y no existan otros medios para
evitar dicho riesgo. Cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará graves taras o
malformaciones físicas o psíquicas. Cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo del delito
de violación. En este último caso, la interrupción del embarazo sólo podrá practicarse dentro de las primeras
12 semanas de gestación. En todos los casos, se requerirá el consentimiento de la madre, la intervención de
un médico‐cirujano y la opinión documentada de otros dos médicos‐cirujanos”. Proyecto de ley que modifica
el Código Sanitario señalando los casos en los cuales se podrá interrumpir el embarazo, moción presentada
por el Senador Guido Girardi (PPD) y el ex Senador Carlos Ominami (IND), 3 de julio de 2009 (Boletín
100

La iniciativa que planteaba reponer el aborto terapéutico en el Código Sanitario, propuesta por el
Senador Camilo Escalona (PS), fue la que más apoyo suscitó, votando a favor 15 senadores/as pero
18 lo hicieron en contra251
.

En tanto, la moción presentada por el Senador Fulvio Rossi (PS) y la entonces Senadora Evelyn
Matthei (UDI) para despenalizar el aborto por razones médicas y en caso de inviabilidad fetal, fue
apoyada por 12 senadores/as y rechazada por 19252
.

Por último, el proyecto del Senador Guido Girardi (PPD) junto al ex Senador Carlos Ominami, que
planteaba permitir el aborto en caso de violación –además de las hipótesis terapéutica y por
malformaciones graves– contó con el respaldo de nueve legisladores/as pero 22 votaron en
contra253
.

Tras el rechazo a legislar en la materia quedó impedido el Senado de analizar otras propuestas
similares por el período de un año, transcurrido el cual se presentaron nuevas iniciativas, según se
comenta más adelante.

251
Votaron a favor los/as senadores/as Isabel Allende (PS), Carlos Cantero (IND), Camilo Escalona (PS),
Eduardo Frei (DC), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Ricardo Lagos (PPD), Pedro Muñoz (PS),
Alejandro Navarro (MAS), Jorge Pizarro (DC), Jaime Quintana (PPD), Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS),
Ignacio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC); mientras en contra lo hicieron: Soledad Alvear (DC), Carlos
Bianchi (IND), Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), José García (RN),
Alejandro García‐Huidobro (UDI), Hernán Larraín (UDI), Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis
(UDI), Lily Pérez (RN a la fecha), Víctor Pérez (UDI), Baldo Prokurica (RN), Hosaín Sabag (DC), Gonzalo Uriarte
(UDI), Ena Von Baer (UDI) y Patricio Walker (DC). No votaron pues no asistieron a dicha sesión los senadores
Antonio Horvath (RN a la fecha), Carlos Kuschel (RN), Juan Pablo Letelier (PS) y Eugenio Tuma (PPD), como
tampoco el Senador Mariano Ruiz‐Esquide (DC) por encontrarse pareado. SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario
de Sesiones del Senado, Legislatura 360ª, Sesión 7ª, 4 de abril de 2012, págs. 116 y 117 (Boletín Legislativo
N° 6.522‐11).
252
Votaron a favor Isabel Allende, Carlos Cantero, Camilo Escalona, Guido Girardi, José Antonio Gómez,
Ricardo Lagos, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Ximena Rincón y Fulvio
Rossi. En contra lo hicieron Soledad Alvear, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alberto
Espina, José García, Alejandro García‐Huidobro, Hernán Larraín, Carlos Larraín, Jovino Novoa, Jaime Orpis,
Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Hosaín Sabag, Gonzalo Uriarte, Ena Von Baer, Ignacio Walker, Patricio Walker
y Andrés Zaldívar. Además de los senadores ausentes y pareado, no votó este proyecto el Senador Eduardo
Frei, mientras la Senadora Lily Pérez hizo constar “su intención de voto por el rechazo”. SENADO DE LA
REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 360ª, Sesión 7ª, 4 de abril de 2012, págs. 173 y 174
253
A favor votaron Isabel Allende, Camilo Escalona, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Ricardo Lagos, Pedro
Muñoz, Alejandro Navarro, Jaime Quintana y Fulvio Rossi. En contra se pronunciaron Soledad Alvear, Carlos
Bianchi, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García, Alejandro García‐Huidobro,
Hernán Larraín, Carlos Larraín, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Lily Pérez, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo
Prokurica, Ximena Rincón, Hosaín Sabag, Gonzalo Uriarte, Ena Von Baer, Ignacio Walker, Patricio Walker y
Andrés Zaldívar. Los senadores Carlos Cantero y Eduardo Frei no emitieron su voto respecto de este
proyecto. SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 360ª, Sesión 7ª, 4 de abril
de 2012, págs. 140 y 141 (Boletín Legislativo N° 6.591‐11).
101

Precisamente durante ese período correspondió al Estado de Chile rendir examen ante el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en octubre de 2012, debiendo exponerse
el estado del debate legislativo sobre las leyes que penalizan toda interrupción del embarazo que
con anterioridad el Comité había recomendado revisar “con miras a enmendarla, en particular con
objeto de proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del
embarazo por razones terapéuticas o relacionadas con la salud de la mujer, incluida la salud
mental”254
.

El Comité lamentó “profundamente que todas las recientes iniciativas parlamentarias
encaminadas a despenalizar el aborto hayan fracasado en el Estado parte, incluso en los supuestos
de riesgo para la salud o la vida de la madre, grave malformación del feto o violación”255
y
recomendó revisar “la legislación vigente sobre el aborto con miras a despenalizarlo en los casos
de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre”256
.

Durante el año 2013 se observa la presentación de diversas mociones en la materia. El 2 de abril
ingresó a tramitación el proyecto de ley que establece licitud de los procedimientos de
interrupción del embarazo en casos determinados, de los/as senadores/as José Antonio Gómez
(PRSD), Isabel Allende (PS), Ricardo Lagos (PPD) y Fulvio Rossi (PS)257
. La moción busca derogar el
Artículo 119 del Código Sanitario258
, rebajar la sanción penal prevista para la mujer que aborta y
regular la interrupción médica del embarazo previo consentimiento de la mujer en tres situaciones
excepcionales. En primer lugar si es “indispensable para salvar la vida de la mujer o evitar un daño
irremediable a su salud física o mental”; en segundo término si el “embrión o feto presente
patologías congénitas incompatibles con la vida extrauterina”; y en tercer lugar “cuando el
embarazo sea producto de violación o cualquier abuso sexual con eficacia reproductiva, o bien, sea
producto de cualquier técnica de reproducción asistida no consentida por la mujer embarazada”,
caso en el cual se limita a 12 semanas el tiempo para llevar a cabo la interrupción259
.

254
Párrafo 229.
255
los informes periódicos quinto y sexto de Chile, 12 de noviembre de 2012, Op. Cit., Párrafo 34.
256
Ibídem, Párrafo 35 letra d).
257
Proyecto de ley que establece licitud de los procedimientos de interrupción del embarazo en casos
determinados, moción presentada por los/as senadores/as Isabel Allende (PS), José Antonio Gómez (PRSD),
Ricardo Lagos (PPD) y Fulvio Rossi (PS), 2 de abril de 2013, remitido a la Comisión de Salud (Boletín
258
“No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. República de Chile, Código
Sanitario, Artículo 119, modificado por la Ley N° 18.826, sustituye Artículo 119 del Código Sanitario,
publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 1989.
259
Plantea la iniciativa que la concurrencia de las indicaciones médicas previstas, sea certificada con al
menos tres días de antelación por un médico cirujano distinto del que realice la intervención. No obstante, si
la condición de salud o cuadro clínico de la mujer implica riesgo vital o secuela funcional grave de no mediar
atención médica inmediata e impostergable, esta se llevará a cabo y la certificación se realizará dentro de
los tres días siguientes a la interrupción del embarazo (Boletín Legislativo N° 8.862‐11).
102

El 9 de julio el Senador Guido Girardi (PPD) presentó el proyecto de ley que modifica el Código
Sanitario para autorizar el aborto en los casos que indica y el Código Penal para su despenalización
en las mismas hipótesis260
. La propuesta busca regular en el Código Sanitario la interrupción de un
embarazo por tres causales: riesgo para la vida de la mujer, malformaciones fetales graves y
embarazo a consecuencia de una violación, limitado en este caso a las primeras 12 semanas de
gestación. En estas situaciones se exigiría, además del consentimiento de la mujer, la intervención
de un médico cirujano y la opinión documentada de otros dos médicos‐cirujanos261
.

Ambos proyectos fueron remitidos para su estudio a la Comisión de Salud del Senado, pero el
Gobierno no le asignó urgencia legislativa.

En tanto, ante la Cámara de Diputados el 7 de mayo también se presentó una propuesta,
elaborada por MILES Por la Interrupción Legal del Embarazo, por las diputadas María Antonieta
Saa (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Clemira Pacheco (PS) junto a Gabriel Ascencio (DC), Juan Luis
Castro (PS), Aldo Cornejo (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Marco Antonio Núñez (PPD), Alberto Robles
(PRSD) y Gabriel Silber (DC)262
. La iniciativa plantea, entre otros aspectos, una rebaja de las
sanciones penales previstas para la mujer que se practica o somete a un aborto; derogar el
Artículo 119 del Código Sanitario; y de un modo similar a otras mociones en la materia, propone
regular la interrupción del embarazo frente a riesgo vital o peligro grave para la salud de la mujer,
inviabilidad fetal y embarazo producto de violación o inseminación no consentida, considerando
que dicha interrupción constituye una legítima prestación de salud263
. Remitida a la Comisión de
Salud de la Cámara Baja, no fue objeto de debate legislativo ni urgencia por parte del Ejecutivo.

260
Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para autorizar el aborto en los casos que indica y el
Código Penal para su despenalización en las mismas hipótesis, moción presentada por el Senador Guido
Girardi (PPD), 9 de julio de 2013, remitido a la Comisión de Salud (Boletín Legislativo N° 9.021‐11).
261
Propone la moción reemplazar el Artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente texto: “Artículo 119°.
Sólo con los fines terapéuticos, eugenésicos o ético‐sociales que a continuación se expresan se podrá
interrumpir un embarazo. En caso en que esté en riesgo la vida de la madre y no existan otros medios para
evitar dicho riesgo. Cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará graves taras o
malformaciones físicas o psíquicas. Cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo del delito
de violación. En este último caso, la interrupción del embarazo sólo podrá practicarse dentro de las primeras
12 semanas de gestación. En todos los casos, se requerirá el consentimiento de la madre, la intervención de
un médico‐cirujano y la opinión documentada de otros dos médicos‐cirujanos” (Boletín Legislativo N° 9.021‐
11).
262
Proyecto de ley interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas, moción presentada por los/as
diputados/as Gabriel Ascencio (DC), Juan Luis Castro (PS), Aldo Cornejo (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Adriana
Muñoz (PPD), Marco Antonio Núñez (PPD), Clemira Pacheco (PS), Alberto Robles (PRSD), María Antonieta
Saa (PPD) y Gabriel Silber (DC), 7 de mayo de 2013, remitido a la Comisión de Salud (Boletín Legislativo N°
8.925‐11). Ver nota de prensa: Proyecto de ley regula interrupción legal del embarazo por razones
terapéuticas, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 31 de mayo de 2013. En:
de 2014).
263
Las hipótesis que en el proyecto se plantean para la interrupción del embarazo son: “1. Evite un peligro
para la vida de la mujer embarazada o una amenaza de afectación grave a su salud corporal, y que este
riesgo no pueda evitarse de otro modo exigible a la mujer; 2. El embrión o feto padezca por predisposición
hereditaria o efectos dañinos anteriores al nacimiento, una patología grave que resulta incompatible con la
supervivencia del feto después del nacimiento, no pudiendo exigirse a la mujer la continuación de su
103


Cabe señalar que el 5 de julio de 2013 la opinión pública chilena conoció a través de la prensa el
caso de “Belén” (nombre ficticio), una niña de 11 años embarazada producto de las reiteradas
violaciones sexuales que habría cometido la pareja de su madre264
. Además de la dramática
vivencia de violencia sexual que ella sufrió por años, debido a la penalización absoluta del aborto
impuesta en el país la niña no tuvo ninguna otra alternativa que llevar adelante el embarazo, pese
a los evidentes y graves riesgos para su salud física y psíquica derivados de la continuación de la
gestación.

El conocimiento público de esta situación generó una serie de reacciones tanto a nivel nacional
como internacional, principalmente de carácter crítico frente a una legislación totalitaria que, sin
atender a situaciones excepcionales y gravísimas, mantiene en total desprotección a mujeres y
niñas que se ven obligadas a llevar adelante un embarazo, incluso si es consecuencia de violencia
sexual.

Únicamente algunas autoridades, como el Presidente de la República Sebastián Piñera y
parlamentarios oficialistas, defendieron la cuestionada normativa. Al referirse a “Belén”, el Primer
Mandatario destacó la supuesta madurez de la niña para enfrentar el embarazo producto de las
violaciones sufridas. Señaló el Presidente: “ella hoy día tiene catorce semanas de embarazo, y ayer
nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez, cuando
dijo que a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a
su guagüita”265
. Las desafortunadas palabras del Presidente Piñera fueron difundidas incluso por
medios de prensa extranjera, como The Washington Post, BBC y El País, entre otros, que no
solamente criticaron las expresiones vertidas por el Primer Mandatario, sino además la vigencia en
el país de leyes dictadas durante la dictadura militar que prohíben el aborto incluso por razones
médicas y en caso de violación266
.

Pese al debate social generado por el conocimiento de la situación padecida por la niña “Belén”,
seguido de la denuncia pública de otros embarazos cursados por niñas de corta edad violadas e
impedidas de abortar, ningún cambio normativo llegó a concretarse.

embarazo. En este caso, no se podrá interrumpir el embarazo una vez transcurridas las veintidós semanas de
gestación; 3. Hay razones fundadas para presumir que la mujer ha sido objeto de violación u otro abuso
sexual, inseminación o transferencia de embriones contra o sin su voluntad y que el embarazo es una
consecuencia de aquellos actos. En estos casos, no se podrá interrumpir el embarazo más allá de la semana
doce de gestación” (Boletín Legislativo N° 8.925‐11).
264
Reportaje del noticiero 24 Horas de Televisión Nacional de Chile, Violada y embarazada a los 11 años, 5
de julio de 2013. Disponible en: http://www.24horas.cl/noticiarios/cronicas/violada‐y‐embarazada‐a‐los‐
once‐anos‐729589 (revisado por última vez el 31 de enero de 2014).
265
El Mostrador, Piñera destaca “palabras de profundidad y madurez” de niña violada que será madre, 9 de
julio de 2013, disponible en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/09/pinera‐destaca‐madurez‐
de‐nina‐violada‐que‐sera‐madre‐y‐desata‐la‐ira‐de‐cientos‐de‐tuiteros/ (revisado por última vez el 31 de
enero de 2014).
266
El Mercurio On Line, Prensa internacional critica dichos de Piñera sobre niña embarazada, 10 de julio de
2013, disponible en: http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/07/10/608331/washington‐post‐y‐
pinera.html (revisado por última vez el 31 de enero de 2014).
104

Algunos/as parlamentarios/as formularon llamados a sus pares y a las autoridades
gubernamentales a debatir al respecto267
, pero en definitiva únicamente la Comisión de Salud del
Senado destinó un par de sesiones al análisis de algunas mociones en la materia, ocasión en que el
Ejecutivo volvió a sostener su cerrada postura contraria a reformar la ley punitiva, y sin que
pudiera avanzarse en la tramitación legislativa.

En efecto, el 27 de agosto de 2013 la Comisión de Salud de la Cámara Alta, presidida en la ocasión
por la Senadora Ximena Rincón, dio inicio al debate de tres mociones correspondientes a la
propuesta de los/as senadores/as Isabel Allende, Gómez, Lagos y Rossi; la iniciativa del Senador
Girardi; y un proyecto que en octubre de 2011 habían presentado los senadores de la Democracia
Cristiana Ignacio Walker, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz‐Esquide y Andrés Zaldívar para permitir la
interrupción del embarazo si se requiere “salvar la vida de la madre, cuando existiere un riesgo
demostrado para la misma”, evento en el cual dicha acción “no se considerará aborto”268
.

En la sesión, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, reiteró que el Gobierno no es partidario de
despenalizar el aborto en ninguna circunstancia. Los senadores asistentes –Ximena Rincón,
Francisco Chahuán, Guido Girardi y Fulvio Rossi–, además de expresar sus opiniones, acordaron
tratar por separado otras dos propuestas de ley que se orientan en un sentido totalmente diverso,

267
Así, Senador Fulvio Rossi calificó como “una tortura por parte del Estado Chileno que una niña de 11 años
violada por su padrastro prosiga con un embarazo hasta el final” y formuló un llamado al Gobierno para que
asigne urgencia al debate de la moción que despenaliza el aborto bajo ciertas causales, incluyendo la
violación, para que el “Parlamento decida de cara a la gente, de cara a la ciudadanía, que cada
parlamentario que votó en contra hace un año y medio de que tuviéramos aborto terapéutico en Chile, se
haga cargo y que le diga a las sociedad chilena que quiere que esa niña, siga con su embarazo”. Agregó que
“Más allá de todas las declaraciones, columnas opiniones y comentarios en las redes sociales, la verdad es
que no hay una respuesta del Estado para esa niña. Hoy el Estado Chileno se lava las manos respecto de lo
que la pasa no solo a ella, también le pasa a muchas otras niñas”. Ver nota de prensa: Instan al Ejecutivo a
poner urgencia a proyecto sobre interrupción del embarazo, Senado de la República, Departamento de
Prensa, 8 de julio de 2013. En:
última vez el 31 de marzo de 2014). En tanto en la Cámara de Diputados, la bancada del Partido Por la
Democracia igualmente interpeló a debatir la legislación sobre aborto. Ver nota de prensa: Diputadas PPD
llaman a reabrir debate sobre despenalización del aborto, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 9
de julio de 2013. En: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=73926 (revisado por última
vez el 31 de marzo de 2014). Diputados PPD llaman a legislar sobre aborto terapéutico, Cámara de
Diputados, Departamento de Prensa, 10 de julio de 2013. En:
de 2014).
268
Plantea el proyecto reemplazar el Artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente texto: “No se
considerará aborto la acción destinada a salvar la vida de la madre, cuando existiere un riesgo demostrado
para la misma, si a consecuencia de ello se produjere la interrupción del embarazo. Para proceder de esa
forma se requerirá de un informe de dos especialistas registrado en la ficha clínica de la paciente”. Proyecto
de ley que permite interrupción del embarazo ante riesgo demostrado para la vida de la madre, moción
presentada por los senadores Jorge Pizarro (DC), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Ignacio Walker (DC), Andrés
Zaldívar (DC), 4 de octubre de 2011, remitido a la Comisión de Salud. (Boletín Legislativo N° 7.965‐11).
105

al acompañamiento familiar frente a la inviabilidad fetal269
una, y a regular un estatuto jurídico al
no nacido270
, la otra271
.

Una semana después, en la sesión del 3 de septiembre, la Comisión de Salud recibió a diversas
entidades en relación a las tres mociones sobre despenalización del aborto en determinadas
hipótesis272
: Proyecto Esperanza, Pontifica Universidad Católica de Chile, MILES Chile, Sociedad
Chilena de Obstetricia y Ginecología y Fundación Jaime Guzmán. Aun cuando el acuerdo adoptado
por la Comisión fue “continuar con la ronda de audiencias en la próxima sesión”, lo cierto es que
con posterioridad a ello no volvieron a analizarse las propuestas de ley, quedando el debate
estancado273
.

En tanto, el 10 de septiembre los senadores Francisco Chahuán (RN), Carlos Larraín Peña (RN),
Fulvio Rossi (PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC) y Gonzalo Uriarte (UDI) presentaron un nuevo
proyecto, para incorporar en la Ley N° 20.584 sobre derechos y deberes de las personas en
relación con acciones vinculadas a su atención en salud, la posibilidad de que las familias cuenten
con acompañamiento y cuidado paliativo cuando se diagnostiquen anomalías severas a una
criatura en gestación “durante el parto, el período posterior al mismo y hasta la muerte del hijo

269
Se trata de una moción presentada en octubre de 2011 por senadores de la Democracia Cristiana sobre el
acompañamiento a las familias en caso de anomalía fetal severa. La iniciativa plantea que frente a un
diagnóstico de “anomalía fetal letal”, es decir, “una condición fetal diagnosticada antes del parto que con
razonable seguridad resultará en la muerte del niño o niña dentro de tres meses luego del parto”, la mujer
embarazada y su familia cuenten con apoyos multidisciplinarios “focalizados en el alivio del miedo y
asegurando que la mujer y su familia experimenten la vida y muerte de su hijo en un ambiente de confort y
apoyo”,  pero que en modo alguno posibilita a la mujer a decidir respecto del embarazo. Proyecto de ley
respecto de acompañamiento a familias en caso de anomalía fetal severa, moción presentada por los/as
senadores/as Soledad Alvear (DC), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín Sabag (DC), Patricio Walker (DC) y
Andrés Zaldívar (DC), 5 de octubre de 2011, remitido a la Comisión de Salud (Boletín Legislativo N° 7.984‐
11).
270
La propuesta del Senador Francisco Chahuán sobre estatuto jurídico del no nacido busca consagrar en el
ordenamiento jurídico chileno, entre otros aspectos, que las criaturas no nacidas serían personas desde el
momento de la concepción, pero ello contraviene lo dispuesto por la propia Constitución Política que
cautela los derechos humanos y garantías constitucionales a las personas en tanto “nacen libres e iguales en
dignidad y derechos” (Constitución Política de la República de Chile, Artículo 1°). Proyecto de ley que
establece estatuto jurídico del no nacido, moción presentada por el Senador Francisco Chahuán (RN), 20 de
julio de 2011, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que no lo debatió y
procedió a su archivo el 14 de marzo de 2014 (Boletín Legislativo N° 7.812‐07). Además, otra moción en un
sentido similar fue presentada en junio de 2011, proyecto de ley que modifica el Código Civil con el objeto
de establecer que la existencia legal de la persona comienza al momento de la concepción, moción
presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alejandro García‐
Huidobro (UDI) y Carlos Larraín (RN), 12 de junio de 2012, remitido a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín Legislativo N° 8.367‐07).
271
Ver nota de prensa: Comisión de Salud comienza estudio de proyectos relacionados con la interrupción del
embarazo, Senado de la República, Departamento de Prensa, 28 de agosto de 2013. En:
http://www.senado.cl/comision‐de‐salud‐comienza‐estudio‐de‐proyectos‐relacionados‐con‐la‐interrupcion‐
del‐embarazo/prontus_senado/2013‐08‐28/173622.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
272
Boletín Legislativo N° 7.965‐11, Boletín Legislativo N° 8.862‐11 y Boletín Legislativo N° 9.021‐11.
273
Información contenida en la página web del Senado de la República, referida a comisiones permanentes
de trabajo legislativo, Comisión de Salud, sesión celebrada el 3 de septiembre de 2013.
106

que haya nacido en esas condiciones, y también con posterioridad a su deceso, si así se
precisare”274
. La norma propuesta no considera a las mujeres embarazadas en su capacidad de
decidir frente al embarazo inviable, pero además las invisibiliza completamente sin siquiera
nombrarlas pues el apoyo no es para ellas sino para las familias, en las que estas quedarían
subsumidas, de acuerdo al planteamiento de estos parlamentarios.

El Presidente de la República mantuvo durante todo su mandato una posición extrema de rechazo
absoluto a cualquier debate que permita flexibilizar la restrictiva legislación sobre aborto vigente
en el país. Así, el Gobierno se restó de participar durante el debate de las mociones sobre aborto
ante la Comisión de Salud del Senado en 2011 y frente al avance en el análisis de las propuestas se
anunció incluso que para impedir su aprobación el Primer Mandatario ejercería su facultad de veto
presidencial275
. Por lo demás, a pocos meses de finalizar su período, con ocasión de la entrega del
Informe Anual 2013 Situación de los Derechos Humanos en Chile del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, el Presidente Piñera insistió en defender su postura contraria, indicando que
se trata de un debate “legítimo y necesario en una sociedad democrática como la nuestra” en el
que debe argumentarse “con respeto, seriedad, en base a principios, convicciones y la búsqueda
del bien común”, pero reiterando que “en muchas ocasiones he manifestado no estar a favor del
aborto, por estar a favor de la vida”276
.

Por otra parte, la campaña presidencial que tuvo lugar en 2013 favoreció el posicionamiento
público de la necesidad de reformas legislativas en materia de aborto. De los/as nueve
candidatos/as presidenciales que compitieron en primera vuelta, siete incluyeron el debate
legislativo de propuestas para despenalizar el aborto en determinadas causales como parte de sus
compromisos programáticos: Marcos Enríquez‐Ominami, Franco Parisi, Marcel Claude, Alfredo
Sfeir, Roxana Miranda, Tomas Jocelyn Holt, y Michelle Bachelet. Durante la campaña de la segunda
vuelta, en tanto, las candidatas Evelyn Matthei y Michelle Bachelet se situaron en veredas

274
Propone la iniciativa agregar un nuevo Artículo 10 bis en la Ley N° 20.284: “Artículo 10 bis: Cuando a una
criatura en gestación le sean diagnosticadas anomalías severas, que comprometan con toda certeza su
viabilidad con posterioridad al nacimiento, su familia tendrá derecho a ser inmediatamente informada sobre
la opción de contar con acompañamiento y cuidado paliativo, mediante la intervención de un equipo
multidisciplinario que brindará el apoyo pertinente, que se extenderá desde que se concrete esa información,
durante el parto, el período posterior al mismo y hasta la muerte del hijo que haya nacido en esas
condiciones, y también con posterioridad a su deceso, si así se precisare”. Proyecto de ley que modifica la Ley
N° 20.584 para regular el caso del nasciturus que sea diagnosticado con una anomalía severa que
comprometa su viabilidad, moción presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Carlos Larraín
(RN), Fulvio Rossi (PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC) y Gonzalo Uriarte (UDI), 10 de septiembre de 2013,
remitido a la Comisión de Salud (Boletín Legislativo N° 9.093‐11). Ver nota de prensa: Abogan por apoyo
para las familias que deben afrontar la muerte de un hijo en gestación, Senado de la República,
Departamento de Prensa, 23 de septiembre de 2013. En:
275
El Mercurio, Mandatario usará veto si se aprueba proyecto sobre el aborto terapéutico, 9 de septiembre
de 2011, pág. C2.
276
Palabras de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en ceremonia de entrega de “Informe
Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013”, Santiago, 9 de Diciembre de 2013. En:
2014).
107

opuestas, planteando la candidata oficialista un rotundo rechazo a innovar al respecto, pese a que
en diciembre de 2010 desde su cargo de senadora había presentado una propuesta para la
despenalización en caso de riesgo vital e inviabilidad fetal.

A la falta de avances en las necesarias reformas a la criminalización total del aborto durante el
período legislativo 2010‐2013, se agrega otra pésima señal. En noviembre de 2013 se dictó la Ley
N° 20.699 que consagra el 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la
adopción”277
, confiriendo a las criaturas no nacidas un reconocimiento simbólico que se aparta
por completo de los estándares internacionales de derechos humanos, que reconocen derechos
fundamentales únicamente a las personas pero no a los seres en gestación. Aun cuando la
conmemoración de una fecha no conlleva ninguna clase de efectos jurídicos, ciertamente importa
posicionar una entidad, el que está por nacer, en un ámbito público en el que estaba ausente,
pudiendo favorecer un clima social adverso al debate democrático sobre los derechos humanos de
las mujeres que el país requiere.

La propuesta de conmemorar el día del que está por nacer corresponde a una iniciativa del
Senador Jaime Orpis (UDI)278
que fue aprobada por la Sala del Senado sin debate –por autorizarlo
así la Sala a solicitud de su autor– por unanimidad el 31 de enero de 2012, último día de sesiones
antes del receso legislativo de febrero de cada año279
. En la Cámara de Diputados, en cambio,
tanto en la votación de la idea de legislar280
como en la votación particular281
se expresaron
posiciones encontradas, aunque finalmente terminó prevaleciendo el apoyo a la iniciativa
permitiendo la aprobación de la desafortunada Ley.

En definitiva, corresponderá a los/as legisladores/as que asuman en marzo de 2014, la
responsabilidad de modificar la legislación y permitir el aborto en determinadas circunstancias, en
consonancia con el respeto a los derechos, libertades y dignidad de las mujeres chilenas.

277
República de Chile, Ley N° 20.699, establece día de la adopción y del que está por nacer, publicada en el
Diario Oficial el 2 de noviembre de 2013 (Boletín Legislativo N° 7.254‐07).
278
Proyecto de ley que establece día de la adopción y del que está por nacer, moción presentada por el
Senador Jaime Orpis (UDI), 6 de octubre de 2010 (Boletín Legislativo N° 7.254‐07).
279
2012, págs. 81 y 82 (Boletín Legislativo N° 7.254‐07).
280
CÁMARA DE DIPUTADOS, Legislatura 361ª, Sesión 26ª, 14 de mayo de 2013, págs. 60 y 61 (Boletín
281
Tras un extenso debate, votaron a favor de la moción 59 diputados/as, 27 en contra y 7 se abstuvieron.
En tanto, la indicación presentada para que la propuesta planteara conmemorar el día de la mujer
embarazada y de la adopción, fue declarada inadmisible por 57 votos a favor de la inadmisibilidad, 36 en
contra y una abstención. CÁMARA DE DIPUTADOS, Legislatura 361ª, Sesión 70ª, 9 de septiembre de 2013,
págs. 25 a 42 (Boletín Legislativo N° 7.254‐07).
108

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES282

7. El Comité celebra la incorporación de numerosos artículos sobre los derechos del niño en la
Constitución y en numerosas enmiendas legislativas. No obstante, el Comité lamenta que todavía no
se haya ultimado la reforma de la Ley de menores (Ley N° 16618 de 1967) con el fin de contar con
una ley integral de protección del menor, según lo recomendado por el Comité en sus observaciones
finales anteriores de 2002 (CRC/C/15/Add.173).
8. El Comité reitera su preocupación a este respecto y recomienda al Estado Parte que ultime con
celeridad el proceso de reforma de la Ley de menores de 1967 a fin de brindar una protección
integral a todos los niños. El Comité recomienda además que se haga una distinción clara, en los
procedimientos judiciales y a todos los demás efectos, entre los niños que necesitan protección y
aquellos que han entrado en conflicto con la ley.
15. El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte establezca una institución de
derechos humanos nacional independiente y que, a la luz de su Observación general N° 2 sobre el
papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y
protección de los derechos del niño (CRC/GC/2002/2) y los Principios de París (resolución 48/134 de
la Asamblea General, anexo), extienda su presencia a todo el territorio nacional, en particular a las
zonas más vulnerables, a fin de garantizar que todos los niños puedan acceder fácilmente a ese
mecanismo de denuncia independiente en caso de que se vulneren sus derechos; el Comité
recomienda asimismo que se dote a esa institución de personal adecuadamente formado, capaz de
atender dichas denuncias teniendo en cuenta la sensibilidad del niño.
de abril de 2007, CRC/C/CHL/CO/3, Párrafos 7, 8 y 15.

Chile es el único país de América Latina y El Caribe que no cuenta con una Ley de protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes basada en la Convención sobre los Derechos del Niño,
por lo que se lamenta observar que durante el período informado (2010‐2013) no se avanzara en
el debate legislativo sobre derechos de la infancia.

Como se señaló en el Balance al Poder Legislativo Año 2012, por años las propuestas de protección
de derechos de la infancia y adolescencia han sido desatendidas, y el anteproyecto de ley para la
protección integral de derechos de los niños no prosperó283
. Se trata de una iniciativa
interinstitucional liderada por el Ministerio de Desarrollo Social en la que participaron diversas
carteras, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil y contó con el apoyo técnico
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que formuló en enero de 2012 una
propuesta de ley de carácter universal, fundada en los principios de la Convención sobre los
Derechos del Niño y que recoge un amplio catálogo de derechos de niños, niñas y adolescentes.

282
Acápite sobre Derechos de niños, niñas y adolescentes preparado por Carolina Díaz, investigadora de
Corporación Opción.
283
109


El anteproyecto instituye un sistema de protección integral a nivel local, regional y nacional; dota
al Estado de una autoridad en la materia (ente rector de infancia); y plantea mecanismos
centrados en la tutela administrativa; al mismo tiempo que, como una protección residual, se
orienta la tutela judicial de los mismos. Asimismo, establece un plan nacional intersectorial a cargo
del Ministerio de Desarrollo Social y rendiciones de cuentas anuales por parte de todos los
ministerios y servicios, en tanto mecanismos de control que permitan reflejar la actividad de cada
institución del Estado a favor de la infancia. De esta forma, se promueve que la protección a los
derechos de los/as niños/as constituya una preocupación transversal de todo el aparato estatal.
En particular se aborda el tratamiento otorgado a la violencia contra niños y niñas, el rol de las
policías y la prohibición expresa de toda forma de maltrato.

El anteproyecto no fue acogido por el Ejecutivo, que lo modificó en aspectos sustantivos
apartándose del enfoque de protección integral contenido en la Convención, por lo que las
organizaciones participantes de la instancia lo rechazaron284
.

En tanto, la Cámara de Diputados aprobó, en agosto de 2012, un proyecto de acuerdo por medio
del cual se le solicita al Presidente de la República la presentación de una iniciativa de ley de
protección integral de la infancia285
. En el Senado, una propuesta similar fue adoptada en octubre
de ese año, para requerir que en forma previa al debate sobre la reforma al Servicio Nacional de
Menores se remitiera un proyecto de ley de protección integral y la creación de un defensor de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes286
.

284
En base al anteproyecto desechado por el Ejecutivo, el denominado “Bloque por la Infancia” y algunos
senadores consideraron la presentación de una propuesta de ley, presentándose el 11 de diciembre de 2012
una moción sobre protección integral a la infancia suscrita por los senadores Camilo Escalona (PS), Soledad
Alvear (DC), Patricio Walker (DC) y Juan Pablo Letelier (PS); la que fue declarada inadmisible por contener
materias de iniciativa exclusiva presidencial, frustrándose su necesaria discusión. Ver nota de prensa:
Presentan proyecto de protección integral a la infancia, Senado de la República, Departamento de Prensa, 11
de diciembre de 2012. En: http://www.senado.cl/presentan‐proyecto‐de‐proteccion‐integral‐a‐la‐
infancia/prontus_senado/2012‐12‐11/212419.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
285
CÁMARA DE DIPUTADOS, Legislatura 360ª, Sesión 63ª, 1° de agosto de 2012, págs. 53 a 55 (proyecto de
acuerdo N° 696, envío de iniciativa legal sobre protección integral de la infancia). Ver nota de prensa:
Cámara de Diputados aprobó solicitar la elaboración de una ley integral de protección a la infancia, Cámara
de Diputados, Departamento de Prensa, 6 de agosto de 2012. En:
de 2014).
286
SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 360ª, Sesión 51ª, 2 de octubre de
2012, págs. 49 a 51 (proyecto de acuerdo S 1.486‐12, petición de iniciativa legal protectiva de derechos de
niños y adolescentes). Ver nota de prensa: Piden al Ejecutivo a que envíe iniciativa sobre protección de
derechos de infancia y Defensor de menores, Senado de la República, Departamento de Prensa, 2 de octubre
de 2012. En: http://www.senado.cl/piden‐al‐ejecutivo‐a‐que‐envie‐iniciativa‐sobre‐proteccion‐de‐derechos‐
de‐infancia‐y‐defensor‐de‐menores/prontus_senado/2012‐10‐02/194213.html (revisado por última vez el
31 de marzo de 2014).
110

En abril de 2013 el Gobierno ingresó a trámite legislativo su propuesta de ley de protección de
derechos de los niños, niñas y adolescentes287
. El proyecto fue remitido a la Comisión de Familia
de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo le impuso urgencia a su discusión, acordándose
posteriormente que una vez que la iniciativa fuera informada por dicha Comisión, correspondiera
su estudio también a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

La Comisión de Familia sesionó durante junio y agosto escuchando a diversas organizaciones de la
sociedad civil, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, UNICEF, profesores universitarios,
entre otros, que mayoritariamente criticaron la propuesta gubernamental. En primer lugar, se
cuestionó que no se considerara la expresa derogación de la Ley de Menores, recomendada en
reiteradas oportunidades por el Comité de Derechos del Niño. En segundo lugar, que la propuesta
del Ejecutivo solo consagre un catálogo limitado de derechos, sin considerar íntegramente los
derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. En tercer término, se
planteó que la insuficiencia de las acciones y procedimientos judiciales y administrativos
contenidos en el proyecto para garantizar la protección de los derechos de los niños y niñas. En
cuarto lugar, se señalaron debilidades en el diseño del sistema de protección nacional por cuanto
confunde el foco de protección social con el foco de protección integral a los derechos. En quinto
lugar, se plantearon falencias en los mecanismos de supervisión. Además, se cuestionó la omisión
de la prohibición de toda forma de violencia contra los niños y las niñas, así como de un plan
nacional de erradicación de la misma, que constituye la principal vulneración a sus derechos. Por
último, se criticó la falta de regulación a la labor de las policías, considerando que tanto
Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones son parte del sistema de protección y que
debe explicitarse claramente sus funciones y atribuciones en la materia.

Tras recibirse los comentarios de las entidades invitadas por la Comisión de Familia, desde el
Gobierno se señaló que se presentarían modificaciones al contenido del proyecto, las que, no
obstante, no fueron ingresadas en los meses posteriores.

Por otra parte, cabe destacar la presentación de algunas iniciativas de reforma constitucional para
la protección de los derechos de los/as niños/as formuladas por parlamentarios/as.

La propuesta transversal de los/as diputados/as Pedro Browne (RN a la fecha), Jorge Burgos (DC),
Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), Edmundo Eluchans (UDI), Felipe Harboe (PPD), Claudia
Nogueira (UDI), Leopoldo Pérez (RN) y Ricardo Rincón (DC), de marzo de 2012, apunta a consagrar
en la Constitución como derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no
ser separados de ella, el cuidado, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de
opiniones e ideas; y que gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución,
en las leyes y en los tratados internacionales vigentes en el país. Además, establece que son

287
Proyecto de ley de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, mensaje presentado por el
Presidente de la República Sebastián Piñera ante la Cámara de Diputados, 30 de abril de 2013, remitido a la
Comisión de Familia (Boletín Legislativo N° 8.911‐18). Ver nota de prensa: Proyecto de ley norma protección
de derechos de los niños, niñas y adolescentes, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 2 de mayo
de 2013. En: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=68245 (revisado por última vez el
31 de marzo de 2014).
111

contrarios a los derechos de los niños toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Dispone que la familia y
el Estado tienen el deber de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Y finaliza señalando que cualquier persona puede
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores288
.

Aun cuando no llega a establecer el organismo responsable del cumplimiento de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, ni mecanismos judiciales para la exigibilidad de los mismos, sin duda
representa una iniciativa importante. Sin embargo, la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia a la que fue remitida no avanzó en su análisis y el Gobierno no le asignó urgencia a su
discusión.

Otra moción fue presentada en octubre de 2013 por las diputadas María Angélica Cristi (UDI),
Carolina Goic (DC), Karla Rubilar (RN a la fecha) y Marcela Sabat (RN) junto a los diputados Ramón
Barros (UDI), Gustavo Hasbún (UDI) y Marcelo Schilling (PS) para establecer entre las garantías
constitucionales la “promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” 289
.

Posteriormente, en noviembre de 2013, los/as senadores/as Camilo Escalona (PS), Juan Pablo
Letelier (PS), Soledad Alvear (DC), Jorge Pizarro (DC) y Patricio Walker (DC) presentaron una
propuesta de reforma constitucional que consagra los derechos reconocidos en la Constitución, en
la Convención sobre los Derechos del Niño y en los tratados internacionales. La iniciativa instituye
los principios de no discriminación, participación, autonomía progresiva, interés superior del niño
y supervivencia y desarrollo; reconoce el principio de la convivencia y responsabilidades
parentales, a través del derecho preferente de los padres u otras personas encargadas legalmente
de dirigir y orientar a los niños; especifica el deber del Estado de respetar, garantizar y proteger los
derechos reconocidos; dispone que la Ley deberá crear un sistema de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes; y refuerza el derecho a la libertad personal,
estableciendo que las medidas privativas de libertad en contra de niños, niñas y adolescentes debe
ser un mecanismo de última instancia o ultima ratio. Además, plantea la creación de la Defensoría

288
Proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y derechos del niño, moción presentada por
los/as diputados/as Pedro Browne (RN a la fecha), Jorge Burgos (DC), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz
(PS), Edmundo Eluchans (UDI), Felipe Harboe (PPD), Claudia Nogueira (UDI), Leopoldo Pérez (RN) y Ricardo
Rincón (DC), 5 de marzo de 2012, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín
Legislativo N° 8.167‐07). Ver nota de prensa: Presentan reforma constitucional para garantizar los derechos
del niño, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 29 de marzo de 2012. En:
de 2014).
289
Proyecto de reforma constitucional que establece la protección integral de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, moción presentada por los/as diputados/as Ramón Barros (UDI), María Angélica Cristi
(UDI), Carolina Goic (DC), Gustavo Hasbún (UDI), Karla Rubilar (RN a la fecha), Marcela Sabat (RN), y Marcelo
Schilling (PS), 15 de octubre de 2013, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín
Legislativo N° 9.139‐07). Ver nota de prensa: Diputadas UDI y RN presentan reforma constitucional para
establecer protección integral de menores y adolescentes, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa,
10 de octubre de 2013. En: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=80630 (revisado por
112

de la Niñez y Adolescencia; y establece un recurso de protección especialmente reforzado y
prioritario para el amparo de los derechos fundamentales de los niños290
.

Pese a su relevancia, ninguna de estas propuestas de reforma constitucional sobre derechos de
los/as niños/as fue considerada en el debate legislativo ni apoyada por el Gobierno.

En tanto, en el ámbito de la institucionalidad para la infancia y adolescencia, como se mencionó en
el Balance al Poder Legislativo Año 2012, el Ejecutivo presentó en agosto de ese año el proyecto
de ley que suprime el actual Servicio Nacional de Menores creando dos nuevos servicios de
atención a la infancia y adolescencia291
. La propuesta fue analizada por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, que para ello recibió a un conjunto de
organizaciones. Mayoritariamente, los/as expertos/as y entidades invitadas relevaron la necesidad
de contar con una normativa sobre protección integral de los/as niños/as en forma previa a las
reformas administrativas, recomendando esperar la tramitación y corrección de la propuesta
gubernamental en la materia o debatirlas en forma paralela, dada la inconveniencia de avanzar
únicamente en el debate sobre los servicios de atención a la infancia y adolescencia.

A fin de impulsar el avance legislativo de la propuesta sobre división del SENAME, el Gobierno la
mantuvo con urgencia desde su presentación y durante todo el año 2013, a diferencia de la
iniciativa sobre protección integral que solo contó con urgencia en cuatro oportunidades. Tras una
nueva presentación del Ministerio de Justicia, en junio de 2013 la Comisión de Constitución acordó
la aprobación de las normas referidas a la creación del Servicio de Responsabilidad Penal
Adolescente292
, pero posteriormente no volvió a debatirse esta propuesta.

Por último, en materia de Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes destaca la presentación de
tres propuestas por parte de congresistas, pero que no llegaron a ser consideradas ni se les asignó
urgencia legislativa.

290
Proyecto de reforma constitucional que asegura los derechos de los niños, niñas y adolescentes, concede
acción de protección y crea la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, moción presentada por los/as
senadores/as Soledad Alvear (DC), Camilo Escalona (PS), Juan Pablo Letelier (PS), Jorge Pizarro (DC) y Patricio
Walker (DC), 5 de noviembre de 2013, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento (Boletín Legislativo N° 9.153‐07). Ver nota de prensa: Impulsan reforma constitucional que
establece la protección integral de los derechos de la infancia, Senado de la República, Departamento de
Prensa, 31 de octubre de 2013. En: http://www.senado.cl/impulsan‐reforma‐constitucional‐que‐establece‐
la‐proteccion‐integral‐de‐los‐derechos‐de‐la‐infancia/prontus_senado/2013‐10‐30/162442.html (revisado
por última vez el 31 de marzo de 2014).
291
Proyecto de ley suprime el actual Servicio Nacional de Menores creando dos nuevos servicios de atención
a la infancia y adolescencia, mensaje presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante la
Cámara de Diputados, 2 de agosto de 2012, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
(Boletín Legislativo N° 8.487‐07). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2012,
págs. 103 a 106.
292
Ver nota de prensa: Avanzan en el parlamento proyectos de ley sobre perfeccionamiento a la reforma
penal y división del SENAME, Ministerio de Justicia, Noticias, 5 de junio de 2013. En:
http://www.minjusticia.gob.cl/n1361_05‐06‐2013.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
113

En agosto de 2012, diputados/as del Partido Por la Democracia propusieron la creación del
Defensor de la Infancia, organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y
patrimonio propio que “velará por el pleno y estricto cumplimiento de la Convención Internacional
de los derechos del niño, y los demás tratados internacionales suscritos por Chile en beneficio de la
infancia y adolescencia, además de las normas constitucionales, legales y reglamentarias
establecidas a favor de aquel grupo etáreo comprendido desde la concepción hasta los 18 años de
edad; y por la defensa y protección de los intereses de dichas personas ante actos u omisiones de
los órganos de las administraciones públicas y de todo otro organismo o persona natural o jurídica
de carácter privado, que amenacen, perturben, restrinjan o vulneren los derechos y garantías de
los mismos” 293
.

Ante el Senado se planteó la creación del Defensor de los Niños y Adolescentes, institución
autónoma cuya misión sería la de “salvaguardar y promover los derechos de las personas menores
de edad, de conformidad con las competencias y en la forma que le encomiende la ley” 294
.

Como se refirió anteriormente, la propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los
niños, niñas y adolescentes presentada por senadores/as en noviembre de 2013, propone la
creación de una Defensoría de la Niñez y Adolescencia, autónoma y con personalidad jurídica,
encargada de la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes295
.

Pese a su importancia, ninguna de estas mociones fue considerada en el debate legislativo. Cabe
esperar que en el cuadrienio que se inicia, el Parlamento se aboque al debate de las propuestas
normativas que en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran
pendientes, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.

293
Proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de la Infancia, moción presentada por los/as
diputados/as Enrique Acorssi (PPD), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Felipe Harboe (PPD),
Adriana Muñoz (PPD), María Antonieta Saa (PPD) y Joaquín Tuma (PPD), 7 de agosto de 2012, remitida a la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín Legislativo N° 8.489‐07). Ver nota de prensa:
Presentan reforma constitucional que crea la Defensoría de la Infancia, Cámara de Diputados, Departamento
de Prensa, 22 de agosto de 2012. En: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=52865
(revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
294
Proyecto de reforma constitucional que crea la institución autónoma del Defensor de los Niños y
Adolescentes, moción presentada por los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y Patricio Walker (DC), 8 de
agosto de 2012, reemitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín
Legislativo N° 8.509‐07). Ver nota de prensa: Proponen crear institución autónoma llamada Defensor de los
Niños y Adolescentes, Senado de la República, Departamento de Prensa, 10 de agosto de 2012. En:
http://www.senado.cl/proponen‐crear‐institucion‐autonoma‐llamada‐defensor‐de‐los‐ninos‐y‐
adolescentes/prontus_senado/2012‐08‐10/174659.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
295
Boletín Legislativo N° 9.153‐07.
114

PRINCIPALES DEBATES LEGISLATIVOS SOBRE REFORMAS POLÍTICAS PARA LA
PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Dentro de los compromisos asumidos por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y la
Coalición por el Cambio destacan aquellos referidos a fortalecer la democracia, aumentar la
participación ciudadana y perfeccionar las instituciones políticas. En particular el Programa de
Gobierno contempla: impulso a la participación ciudadana y fortalecimiento del rol público de la
sociedad civil; establecimiento de sistema de inscripción automática y voto voluntario; extensión
del derecho a voto a chilenos en el extranjero que mantengan vínculos con el país;
establecimiento de un sistema de primarias voluntarias y vinculantes para elegir a candidatos a
cargos de elección popular; fortalecimiento y modernización de los partidos políticos; acceso a la
información, transparencia pública y control a los gobernantes; entre otros296
. Asimismo, se
plantea la necesidad de fomentar la participación política de las mujeres en cargos públicos y otras
instituciones297
.

En cumplimiento de ello, numerosas reformas políticas fueron aprobadas durante el período
informado (2010‐2013) y otras tantas iniciativas de ley fueron presentadas a discusión ante el
Congreso Nacional, completando parte de ellas diversas etapas de tramitación legislativa. No
obstante, en materias importantes no se alcanzaron los acuerdos políticos necesarios para su
aprobación, manteniéndose déficit democráticos significativos en diversos ámbitos del sistema
político nacional.
Principales reformas políticas aprobadas durante el cuadrienio
Finalizando el año 2010, el Parlamento despachó la Ley N° 20.500 sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión pública, tras seis años de discusión298
. Si bien la norma
aprobada presenta importantes restricciones respecto de los contenidos mínimos que debiera
tener la participación ciudadana para ser decisoria, apunta al fortalecimiento y desarrollo de una
variedad de organizaciones y dispone como norma la participación en los órganos de la
Administración del Estado. Se aborda orgánicamente el fortalecimiento de las asociaciones de la
sociedad civil, facilitando su constitución legal y estableciendo un fondo para apoyar el
asociacionismo. En la Ley de Bases de la Administración del Estado se instituye el derecho de las
personas a participar en sus políticas, planes, programas y acciones; entregando a cada organismo
público la definición del modo en que dicha participación se llevará a cabo; sin perjuicio de su
obligación de informar ampliamente acerca de estas y rendir cuenta anual de su gestión; entre
otras medidas299
.

296
Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐2014, Op. Cit., págs. 109 a 112.
297
“Fomentaremos la participación de las mujeres en la política, que hoy sigue siendo muy baja. En nuestro
Gobierno las mujeres tendrán un rol central y serán las protagonistas del Cambio. Vamos a abrir las puertas
de par en par a las mujeres a todos los ámbitos y quehaceres. Van a estar en presentes en los ministerios, las
empresas públicas, en las intendencias, en las gobernaciones, entre otras instituciones”; Ibídem, pág. 145.
298
República de Chile, Ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública,
publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2011 (Boletín Legislativo N° 3.562‐06).
299
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2010, págs. 51 y 52.
115


A mediados de 2011 se aprobó la reforma constitucional que modifica la fecha en que se realizan
las elecciones presidenciales y parlamentarias300
. A partir de ello, la elección presidencial y
parlamentaria tiene lugar el tercer domingo de noviembre del último año del cuadrienio; y en el
caso que corresponda realizar una nueva elección presidencial por no alcanzar ningún/a
candidato/a la mayoría absoluta requerida, el cuarto domingo siguiente. El adelanto de las
elecciones permite que el proceso electoral concluya antes de las fiestas de Navidad y fin de año
evitando que la campaña presidencial de la segunda vuelta tenga lugar en esas fechas. Pese al
limitado alcance de la norma aprobada, el Presidente Piñera la relevó como la “primera reforma
constitucional que promulgamos durante nuestro Gobierno” señalando que se trata de “una
reforma constitucional sencilla, pero que afecta, y profundamente, la calidad de vida de la gente. Y
yo espero que también mejore la calidad de nuestra democracia”301
.

A fines de 2011 destaca la aprobación de la Ley N° 20.568 sobre inscripción automática, Servicio
Electoral y sistema de votaciones302
. Se trata de la normativa que implementa la reforma
constitucional que en 2009 reemplazó el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio por el
voto voluntario con inscripción automática303
.

Luego que la propuesta sobre inscripción automática, sufragio voluntario y voto de los chilenos en
el extranjero presentada por la ex Presidenta Michelle Bachelet no concitara el respaldo
necesario304
, en diciembre de 2010 el Presidente Piñera presenta un nuevo proyecto para regular
la inscripción automática y reformar el Servicio Electoral pero dejando aparte la propuesta sobre

300
República de Chile, Ley N° 20.515, reforma constitucional para adecuar los plazos vinculados a las
elecciones presidenciales, publicada en el Diario Oficial el 4 de julio de 2011 (Boletín Legislativo N° 6.946‐
07).
301
Destacó el Presidente Piñera tres beneficios que se lograrían con la reforma: “De esta forma, con este
cambio estamos logrando esos tres beneficios: simplificar la vida y hacer que las fiestas de Navidad y de Año
Nuevo no sean interferidas por las elecciones, facilitar el proceso de participación de nuestros jóvenes y
estudiantes, pero también de muchas de nuestras familias que veranean en el mes de enero y, también, no
dañar a una industria importante, como es la industria del turismo”. Palabras de S.E. el Presidente de la
República, discurso del Presidente de la República, Sebastián Piñera, al promulgar reforma constitucional
que adelanta fecha de elecciones presidenciales, 28 de junio de 2011. En:
2014).
302
República de Chile, Ley N° 20.568, regula la inscripción automática, modifica el Servicio Electoral y
moderniza el sistema de votaciones, publicada en el Diario Oficial el 31 de enero de 2012 (Boletín Legislativo
N° 7.338‐07). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, págs. 50 a 55.
303
República de Chile, Ley N° 20.337, reforma constitucional que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta
Fundamental con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción
automática en los registros electorales, publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de 2009.
304
Proyecto de ley que regula la inscripción automática, el sufragio voluntario y el voto de chilenos en el
extranjero, mensaje presentado por la Ex Presidenta Michelle Bachelet ante el Senado, 18 de marzo de
2009. Fue aprobado en general por la Cámara Alta el 15 de abril de 2009 y remitido a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su discusión particular, estancándose posteriormente
por falta de acuerdo político en torno al voto de chilenos en el exterior (Boletín Legislativo N° 6.418‐07).
116

voto de chilenos en el exterior305
. Esta iniciativa fue aprobada por el Senado el 15 de noviembre
de 2011 y luego por la Cámara de Diputados el 14 de diciembre.

Dentro de las modificaciones que la Cámara Baja introdujo al proyecto se encuentra la supresión
de algunas normas que este contenía para incentivar a la ciudadanía a participar de los procesos
electorales, dado el carácter facultativo de esta participación. Sin embargo, el Senado despachó la
iniciativa en tercer trámite constitucional, sin volver a incorporar dichas normas, el 20 de
diciembre de 2011306
.

La ley aprobada regula un nuevo sistema automático de inscripciones electorales que incorpora al
padrón electoral a todas las personas que cumplen los requisitos para ejercer el derecho a
sufragio. Se crea un registro electoral de carácter permanente de potenciales votantes a cargo del
Servicio Electoral, en el que se inscriben automáticamente todos/as los/as chilenos/as nacidos/as
en Chile al cumplir 17 años de edad y los extranjeros con residencia acreditada en el país. Se
dispone la actualización sistemática del registro en base a los antecedentes sobre fallecimiento,
revocación del permiso de residencia, pérdida de ciudadanía y su recuperación, y suspensión del
derecho a sufragio y su recuperación, proporcionados por los organismos pertinentes.

Corresponde al Servicio Electoral la conformación de los respectivos padrones electorales para
cada elección o plebiscito, fijándose como domicilio electoral el último declarado ante el Servicio
de Registro Civil –al momento de obtener o renovar su cédula de identidad– o ante el
Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, según corresponda. Además, se mandata
al Servicio Electoral a implementar un sistema de consulta que permita a cada ciudadano verificar
su inscripción, y los demás antecedentes necesarios para ejercer el derecho de sufragio en cada
elección, a través de un sitio web y de una línea telefónica.

La reforma modificó la institucionalidad del Servicio Electoral, encomendándole no solo el proceso
de inscripción automática, sino también la entrega a la ciudadanía de los resultados de los
comicios. Se reformó su estructura, estableciendo un Consejo Directivo compuesto por cinco
miembros –cuya designación corresponde al Presidente de la República con acuerdo del Senado–
a cargo del Servicio.

305
Proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, mensaje
presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante el Senado, 1° de diciembre de 2010
306
Se trata de una norma que otorgaba a los trabajadores el derecho irrenunciable a media jornada de
descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado en el ejercicio de su derecho a sufragio, el que
podría ser ejercido en los tres meses siguientes con acuerdo del empleador y afecto a sanciones en caso de
incumplimiento (Proyecto de ley aprobado por el Senado en primer trámite constitucional, Artículo octavo).
Otra norma establecía que quienes hayan participado de la última elección o plebiscito tendrían derecho a
ser preferidos, frente a quienes no hayan sufragado, en caso de igualdad de condiciones en la lista de
elegibles para un empleo público y en la adjudicación becas estatales (Proyecto de ley aprobado por el
Senado en primer trámite constitucional, Artículos noveno y décimo). En cambio, una norma que establecía
la educación cívica como uno de los contenidos obligatorios de las mallas curriculares, había sido rechazada
en el Senado durante el primer trámite constitucional por no alcanzar el quórum exigido aun cuando
votaron a favor 20 senadores (Boletín Legislativo N° 7.338‐07). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al
117


Durante la discusión de la iniciativa, tanto el Gobierno como parlamentarios/as advirtieron que
podrían presentarse dificultades para disponer de un adecuado padrón electoral en cada elección,
por eventuales limitaciones en las capacidades de las instituciones públicas –Servicio Electoral y
Registro Civil– para disponer de la información actualizada y completa respecto de los/as
ciudadanos/as con derecho a sufragio y su domicilio. Por ello, en forma paralela se debatió y
aprobó la Ley N° 20.566 que facilita el proceso de inscripción electoral automática307
. Además,
posteriormente se aprobó otra reforma orientada a mejorar diversos aspectos procedimentales y
administrativos del proceso electoral308
.

Sin embargo, como es sabido, tras la implementación del voto voluntario la participación electoral
en lugar de aumentar –que era lo que la reforma constitucional de 2009 y la respectiva Ley
orgánica y sus modificaciones posteriores buscaban–, disminuyó309
, evidenciando la necesidad de
revisar las reformas aprobadas y emprender un nuevo debate legislativo al respecto.

En 2012, en tanto, se aprobó la Ley N° 20.640 que establece el sistema de elecciones primarias
para la nominación de candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes310
.
Esta Ley responde al mandato constitucional que desde 2010 dispone la existencia de un sistema
de elecciones primarias que los partidos políticos pueden utilizar para la definición de las
candidaturas a cargos de elección popular, cuyos resultados son vinculantes, impidiéndose a
quienes no resulten elegidos presentarse como candidatos al respectivo cargo311
.

307
República de Chile, Ley N° 20.556, facilita el proceso de inscripción electoral automática, publicada en el
Diario Oficial el 14 de diciembre de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.962‐06). OBSERVATORIO
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, págs. 54 y 55.
308
República de Chile, Ley N° 20.669, perfecciona las disposiciones introducidas por la Ley 20.568 sobre
inscripción automática y que modernizó el sistema de votaciones, publicada en el Diario Oficial el 27 de abril
309
El primer proceso electoral en que el sufragio fue voluntario tuvo lugar en octubre de 2012, oportunidad
en que se contabilizaron 5.542.069 votos válidamente emitidos para la elección de alcaldes/as
(correspondiendo a cerca del 40% de la población habilitada para votar), mientras que en la votación de
alcaldes/as de 2008 se habían registrado 6.362.130 votos válidamente emitidos y 6.310.206 en 2004. En
tanto, en la elección presidencial de diciembre de 2013 (segunda vuelta) se contabilizaron 5.582.270 votos
válidamente emitidos, mientras que en la segunda vuelta de enero de 2010 estos ascendieron a 6.958.972
votos, y a 6.959.413 en la segunda vuelta presidencial de enero de 2006. Datos obtenidos del sitio oficial del
Servicio Electoral (www.servel.cl).
310
República de Chile, Ley N° 20.640, establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de
candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes, publicada en el Diario Oficial el 6 de
diciembre de 2012 (Boletín Legislativo N° 7.911‐06). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder
Legislativo Año 2012, págs. 91 a 93; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año
2011, págs. 62 a 65; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2010, pág. 64.
311
“(…) Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser
utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos
resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley.
Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al
respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las
sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su
disolución (…)”. República de Chile, Constitución Política de la República, Artículo 19 N° 15 párrafo quinto,
118


En julio de 2009, la ex Presidenta Michelle Bachelet presentó ante la Cámara de Diputados una
propuesta que establece elecciones primarias para candidatos a alcaldes, parlamentarios y
Presidente del República, que no avanzó en su discusión312
. Por ello, el Presidente Piñera –en
cumplimiento a su Programa de Gobierno– luego de varios anuncios313
, formuló en septiembre de
2011 una iniciativa en la materia que fue aprobada por la Cámara Baja el 3 de enero de 2012 y por
el Senado el 12 de septiembre, para posteriormente cumplir su tercer trámite constitucional el 2
de octubre de 2012314
.

La normativa regula un sistema de elecciones primarias a cargo del Servicio Electoral que permite
a los partidos políticos designar a sus candidatos y candidatas a Presidente/a de la República,
senadores/as, diputados/as y alcaldes/as con participación del electorado. Se trata de un
mecanismo voluntario en cuanto a su utilización por los partidos políticos y pactos electorales que
opten por ello, pero vinculante en cuanto a los resultados alcanzados.

Dispone la Ley que el Servicio Electoral organice una elección primaria conjunta para la
nominación de los/as candidatos/as a los cargos de Presidente/a de la República y
parlamentarios/as el vigésimo domingo anterior a la fecha de la respectiva elección, así como una
elección primaria para cargos de alcaldes/as el vigésimo domingo anterior a la fecha de las
elecciones municipales. Estas elecciones primarias se realizarán a nivel nacional para la definición
de las candidaturas presidenciales y en aquellos territorios electorales en que se hayan declarado
candidaturas parlamentarias y de alcaldes/as, respectivamente.

Corresponde a los partidos políticos la definición de someterse o no a este mecanismo, como
asimismo la decisión de quienes pueden participar de ellas, pudiendo limitarlas a sus militantes, a
militantes e independientes, o bien ampliarlas a todos los electores; siendo tarea del Servicio
Electoral la conformación de los respectivos padrones electorales.

A las elecciones primarias se aplican parte de las normas legales sobre transparencia, límite y
control del gasto electoral; pero no cuentan con financiamiento público para las campañas, y el
límite al gasto electoral corresponde a una décima parte de lo establecido para la respectiva
elección, entre otras restricciones.

reformado por la Ley N° 20.414, reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del
Estado y calidad de la política, publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 2010. OBSERVATORIO
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Período 2006‐2009, págs. 44 y 45.
312
Proyecto de ley que establece elecciones primarias para candidatos a alcaldes, parlamentarios y
Presidente de la República, mensaje presentado por la ex Presidenta Michelle Bachelet ante la Cámara de
Diputados, 29 de julio de 2009 (Boletín Legislativo N° 6.628‐06).
313
Mensaje a la Nación, 21 de mayo de 2010, Op. Cit., pág. 28; Construyendo una sociedad de seguridades,
oportunidades y valores, Cuenta Pública Presidencial, 21 de mayo de 2011, pág. 15.
314
Proyecto de ley que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a
Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes, mensaje presentado por el Presidente de la República
Sebastián Piñera ante la Cámara de Diputados, 6 de septiembre de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.911‐06).
119

La Ley aprobada no contempló una franja televisiva para la transmisión de propaganda electoral,
cuestión que fue subsanada posteriormente mediante la Ley N° 20.681 que regula dicha franja
respecto de las elecciones primarias que se realicen para la nominación de candidatos/as
presidenciales, obligando a los canales de televisión de libre recepción a destinar 15 minutos
diarios de transmisión durante 15 días a dicha propaganda electoral315
.

Lamentablemente –como se ha señalado–, la Ley de primarias no incorpora un mecanismo
obligatorio para asegurar que los partidos políticos incorporen entre sus postulantes tanto a
hombres como a mujeres. Si bien ello fue analizado durante el debate de la propuesta ante el
Senado, faltó la voluntad política transversal de los y las congresistas y el apoyo del Gobierno a la
inclusión de medidas de participación política paritaria entre hombres y mujeres316
.

En 2013 se dictó la Ley N° 20.678 que regula la elección directa de los consejeros regionales317
.
Se trata de una iniciativa presentada por el Presidente Piñera para implementar la reforma
constitucional que desde 2009 dispone que los consejeros regionales se elijan por sufragio
universal en votación directa318
. La propuesta fue ingresada a tramitación en septiembre de 2011
y aprobada por la Cámara de Diputados en enero de 2013, posteriormente por el Senado el 14 de
mayo y ratificadas las modificaciones por la Cámara Baja al día siguiente319
.

Dispone la Ley que los consejeros regionales sean elegidos cada cuatro años, pudiendo ser
reelegidos en sus cargos, y que la respectiva elección se realice conjuntamente con la elección
presidencial y parlamentaria. El número de consejeros regionales es variable (14, 16, 20, 28 o 34),
dependiendo del número de habitantes de cada región320
. Dentro de cada región los consejeros
son elegidos por circunscripciones provinciales, definidas como tales únicamente para efectos de
la referida elección. Cada provincia constituirá una circunscripción pero la Ley indica que algunas

315
República de Chile, Ley N° 20.681, establece la obligación de los canales de televisión de libre recepción
de transmitir propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales en los términos que indica,
publicada en el Diario Oficial el 25 de junio de 2013 (Boletín Legislativo N° 8.895‐06).
316
317
República de Chile, Ley N° 20.678, establece la elección directa de los consejeros regionales, publicada en
el Diario Oficial el 19 de junio de 2013 (Boletín Legislativo N° 7.923‐06). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
Balance al Poder Legislativo Año 2012, pág. 93; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder
Legislativo Año 2011, págs. 68 y 69.
318
“El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa,
de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán
ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de
consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el
territorio de la región estén equitativamente representados”. República de Chile, Constitución Política de la
República, Artículo 113 inciso 2, reformado por la Ley N° 20.390, reforma constitucional en materia de
Gobierno y Administración Regional, publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2009.
319
Proyecto de ley que establece elección directa de los consejeros regionales, mensaje presentado por el
Presidente de la República Sebastián Piñera ante la Cámara de Diputados, 12 de septiembre de 2011
320
En las regiones de hasta 400.000 habitantes, 14 consejeros; 16 en las regiones de más de 400.000
habitantes; 20 en las regiones de más de 800.000 habitantes; 28 consejeros en las regiones de más de
1.500.000 habitantes; y 34 consejeros en las regiones de más de 4.000.000 de habitantes.
120

provincias se dividen en dos, tres o seis circunscripciones321
. Los consejeros regionales son
elegidos por un sistema proporcional, aplicándose el procedimiento de cifra repartidora que se
utiliza para la elección de los concejos municipales.

Una grave falencia que presenta la Ley de elección directa de los consejeros regionales –como se
ha señalado– es la falta de inclusión de medidas de participación política paritaria entre hombres y
mujeres, por cuanto la Ley no contempla ningún mecanismo que obligue a los partidos políticos a
respetar en las listas de candidatos/as el equilibrio de género y asegurar que ninguno de los sexos
supere el 60% de las candidaturas322
.

La omisión de mecanismos orientados a garantizar la participación política de las mujeres
lamentablemente fue una constante en los diversos debates sobre reformas políticas que en el
cuadrienio tuvieron lugar, tanto por la falta de compromiso y voluntad política de gran parte de los
congresistas como del Presidente de la República.

Pese a que el Programa de Gobierno enuncia una preocupación por la baja participación femenina
en la política, la única iniciativa presidencial presentada en el período se limita a un cierto
aumento del aporte público a las candidaturas de mujeres y solo fue formulada en el último año
de su mandato pero sin asignar ninguna urgencia a su discusión, por lo que no prosperó323
.

Por otra parte, cabe señalar que la propuesta sobre iniciativa ciudadana de ley que el Ejecutivo
ingresó a tramitación en septiembre de 2010, nunca llegó a ser debatida por el Congreso Nacional
en gran medida por la falta de urgencia legislativa de parte del propio Gobierno324
.

321
En dos circunscripciones provinciales se dividen las provincias de Valparaíso (Región de Valparaíso),
Cachapoal (Región del Libertador General Bernardo O’Higgins) y Cautín (Región de la Araucanía); en tres la
provincia de Concepción (Región del Biobío); y en seis la provincia de Santiago (Región Metropolitana).
322
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2012, pág. 93.
323
Proyecto de ley que establece incentivo para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en candidaturas a cargos de elección popular, mensaje presentado por el Presidente de la República
Sebastián Piñera ante el Senado, 9 de abril de 2013, remitido a las Comisiones de Gobierno,
Descentralización y Regionalización y de Hacienda unidas (Boletín Legislativo N° 8.876‐06).
324
Proyecto de reforma constitucional que establece la iniciativa ciudadana de ley, mensaje presentado por
el Presidente de la República Sebastián Piñera ante el Senado, 10 de septiembre de 2010, remitido a la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Únicamente registra urgencia simple el 19 de
julio de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.206‐07). OBSERVATORIO PARLAMENTARIO, Balance al Poder
Legislativo Año 2010, págs. 52 a 54.
121

Reforma al sistema electoral

15. Aún cuando nota que se retiró de la Constitución la referencia al sistema binominal, el Comité
observa con preocupación que, como lo indicó el Estado parte, el sistema de elección que impera en
Chile puede impedir que todos los individuos tengan una representación parlamentaria efectiva.
(Artículo 3 y 25 del Pacto).
El Estado parte debería acrecentar sus esfuerzos para superar los obstáculos políticos que impiden
la reforma de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, a fin de
garantizar en igualdad el derecho al sufragio universal, establecido en el artículo 25 del Pacto.

Reformar el sistema electoral que rige para la elección de congresistas es uno de los debates
legislativos que desde la recuperación de la democracia no ha podido ser resuelto. Numerosas
iniciativas parlamentarias y gubernamentales se han presentado y parte de ellas ha sido debatida
sin alcanzarse todavía los acuerdos políticos necesarios para su modificación.

Durante el cuadrienio informado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, abundaron
las sesiones de comisiones de trabajo legislativo destinadas a ello, así como numerosas fueron las
reuniones que Ministros de Estado y dirigentes de partidos políticos sostuvieron para definir las
bases de posibles acuerdos en materia de reformas políticas y electorales325
. Pese a ello, culmina
el período sin haberse aprobado reforma alguna al sistema binominal.

No obstante, cabe destacar la reciente aprobación de la Ley N° 20.725 en materia de integración
de la Cámara de Diputados, reforma constitucional que suprime el guarismo 120 del texto de la
Carta Política para permitir una próxima discusión sobre el sistema electoral.

Previo a ello y aun sin el impulso del Gobierno del Presidente Piñera, en julio de 2012 la Cámara de
Diputados debatió un proyecto de reforma constitucional para suprimir la referencia a 120
diputados del texto y así posibilitar la sustitución del sistema binominal326
. La iniciativa fue
ampliamente respaldada, votando a favor los/as diputados/as de la Democracia Cristiana, del
Partido Por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical Social Demócrata, el Partido
Comunista, el Partido Regionalista Independiente, así como de la mayoría de Renovación Nacional
e independientes. Pero se opusieron los/as diputados/as de la Unión Demócrata Independiente y

325
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, págs. 58 a 62.
326
Proyecto de reforma constitucional destinada a darle mayor proporcionalidad y representatividad al
sistema electoral, moción presentada por los diputados Pedro Araya (PRI a la fecha), Gabriel Ascencio (DC),
Pepe Auth (PPD), Jorge Burgos (DC), Felipe Harboe (PPD), Gustavo Hasbún (UDI), Nicolás Monckeberg (RN),
Alberto Robles (PRSD), Marcelo Schilling (PS) y Guillermo Teillier (PC), 6 de enero de 2011. Sometida a
votación ante la Sala de la Cámara Baja, el 3 de julio de 2012, no se alcanzó el quórum de reforma
constitucional exigido y se tuvo por rechazada (Boletín Legislativo N° 7.417‐07).
122

parte de RN, que votaron en contra o se abstuvieron. A favor se manifestaron 67 diputados/as, 36
votaron en contra y cuatro se abstuvieron, pero este apoyo mayoritario no permitió superar el
quórum de reforma constitucional exigido (tres quintas parte de diputados en ejercicio) y la
propuesta se tuvo por rechazada327
.

Ante el Senado igualmente una propuesta en la materia fue debatida y sometida a votación, el 22
de enero de 2013, alcanzándose un resultado similar328
. Una amplia mayoría de 23 senadores/as
apoyó la iniciativa –incluyendo dos congresistas de RN, además de los/as senadores/as de
oposición–, 13 votaron en contra y dos se abstuvieron; pero al no cumplirse la exigencia del alto
quórum de reforma constitucional, también se tuvo por rechazada329
.

327
Votaron a favor del proyecto los/as diputados/as Enrique Accorsi (PPD), Sergio Aguiló (IND), Rene Alinco
(IND), Osvaldo Andrade (PS), Pedro Araya (IND), Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (PPD), Germán Becker
(RN), Pedro Browne (RN a la fecha), Jorge Burgos (DC), Cristián Campos (PPD), Lautaro Carmona (PC), Juan
Luis Castro (PS), Eduardo Cerda (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Aldo Cornejo (DC), Alfonso De Urresti (PS),
Roberto Delmastro (IND), Marcelo Díaz (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Fidel Espinoza (PS), Ramón Farías
(PPD), Joaquín Godoy (RN a la fecha), Carolina Goic (DC), Felipe Harboe (PPD), Marta Isasi (IND), Enrique
Jaramillo (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Tucapel Jiménez (PPD), Juan Carlos Latorre (DC), Luis Lemus (PS),
Roberto León (DC), Pablo Lorenzini (DC), Fernando Meza (PRSD), Cristián Monckeberg (RN), Nicolás
Monckeberg (RN), Manuel Monsalve (PS), Carlos Montes (PS), Adriana Muñoz (PPD), Marco Antonio Núñez
(PPD), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Clemira Pacheco (PS), Denise Pascal (PS), José Pérez (PRSD),
Ricardo Rincón (DC), Gaspar Rivas (RN), Alberto Robles (PRSD), Karla Rubilar (RN a la fecha), María Antonieta
Saa (PPD), Jorge Sabag (DC), Marcela Sabat (RN), René Saffirio (DC), Frank Sauerbaum (RN), Marcelo Schilling
(PS), Alejandra Sepúlveda (PRI a la fecha), Gabriel Silber (DC), Jorge Tarud (PPD), Guillermo Teillier (PC),
Víctor Torres (DC), Joaquín Tuma (PPD), Patricio Vallespín (DC), Orlando Vargas (PPD), Pedro Velásquez
(IND), Mario Venegas (DC), Ximena Vidal (PPD) y Matías Walker (DC). En contra votaron los/as diputados/as
de la UDI Pedro Álvarez‐Salamanca, Gonzalo Arenas, Nino Baltolu, Ramón Barros, Eugenio Bauer, Sergio
Bobadilla, Giovanni Calderón, Issa Kort, Romilio Gutiérrez, Javier Hernández, María José Hoffmann, José
Antonio Kast, Joel Rosales, Javier Macaya, Patricio Melero, Celso Morales, Iván Moreira, Claudia Nogueira,
Iván Norambuena, Carlos Recondo, Felipe Salaberry, David Sandoval, Ernesto Silva, Arturo Squella, Marisol
Turres, Jorge Ulloa, Cristián Letelier, Ignacio Urrutia, Enrique Van Rysselberghe, Carlos Vilches, Gastón Von
Mühlenbrock, Felipe Ward y Mónica Zalaquett; así como tres diputados de Renovación Nacional: Mario
Bertolino, Rosauro Martínez y Germán Verdugo. En tanto, se abstuvieron José Manuel Edwards (RN),
Edmundo Eluchans (UDI), Leopoldo Pérez (RN) y Alejandro Santana (RN). CÁMARA DE DIPUTADOS,
Legislatura 360ª, Sesión 48ª, 3 de julio de 2012, págs. 61 y 62 (Boletín Legislativo N° 7.417‐07).
328
Proyecto de reforma constitucional que establece un principio proporcional y representativo en el
sistema electoral, mensaje presentado por el ex Presidente Ricardo Lagos ante la Cámara de Diputados, 20
de diciembre de 2005. Tras el rechazo a la idea de legislar en primer trámite constitucional, por no
alcanzarse el quórum exigido, el entonces Presidente de la República ejerció su facultad de insistencia ante
el Senado, debate que por años quedó paralizado pese al pronunciamiento favorable del Tribunal
Constitucional en orden a la procedencia de la insistencia en proyectos de reforma constitucional (Tribunal
Constitucional, 31 de enero de 2006, Rol N° 464‐06). Es en julio de 2012, al rechazarse en la Cámara Baja la
reforma constitucional anteriormente comentada, que el Senado retoma el debate de la propuesta. La
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento informó favorablemente la insistencia, por
mayoría de sus integrantes, el 9 de enero de 2013; y posteriormente ante la Sala del Senado la misma contó
con el respaldo de 23 senadores/as, mayoría que no permitió superar el quórum exigido y se tuvo por
rechazada, el 22 de enero de 2013 (Boletín Legislativo N° 4.061‐07).
329
A favor votaron Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Carlos Cantero (IND), Camilo Escalona (PS),
Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Ricardo Lagos
123


Luego de ello, durante 2013, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Senado continuó debatiendo sobre reformas políticas y electorales, convocando a diversos actores
para tal fin. A partir de marzo, la Comisión analizó la propuesta del Senador Francisco Chahuán
sobre distritos plurinominales330
, que no innova en el número de diputados pero plantea en
reemplazo de los 60 distritos actuales, reagruparlos en 34 que elijan dos, cuatro o seis diputados
cada uno331
. Asimismo, luego se consideraron otros proyectos como la propuesta que modifica la
Constitución Política de la República en materia de integración y elección de la Cámara de
Diputados y del Senado de los senadores Patricio Walker (DC), Francisco Chahuán (RN), Fulvio
Rossi (PS) y Eugenio Tuma (PPD332
; el Mensaje del Presidente Piñera sobre límite a la reelección y
reemplazo de parlamentarios333
; y la moción de los senadores Ricardo Lagos (PPD), Juan Pablo
Letelier (PS) y Jaime Quintana (PPD) que establece un sistema proporcional de elección de los
parlamentarios y reduce los quórum de aprobación de las normas constitucionales y legales334
.

(PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Pedro Muñoz (PS), Alejandro Navarro (MAS), Lily Pérez (RN a la fecha), Jorge
Pizarro (DC), Jaime Quintana (PPD), Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín
Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD), Ignacio Walker (DC), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC). En
cambio, votaron en contra Carlos Bianchi (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), José García (RN), Alejandro
García‐Huidobro (UDI), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa (UDI),
Jaime Orpis (UDI), Víctor Pérez (UDI), Baldo Prokurica (RN), Gonzalo Uriarte (UDI) y Ena Von Baer (UDI). Se
abstuvieron Francisco Chahuán (RN) y Antonio Horvath (RN a la fecha). SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de
Sesiones del Senado, Legislatura 360ª, Sesión 97ª, 22 de enero de 2013, pág. 185 (Boletín Legislativo N°
4.061‐07). Ver nota de prensa: Petición de insistencia para habilitar proyecto que cambia el sistema electoral
no alcanzó el quorum requerido, Senado de la República, Departamento de Prensa, 22 de enero de 2013. En:
http://www.senado.cl/peticion‐de‐insistencia‐para‐habilitar‐proyecto‐que‐cambia‐el‐sistema‐electoral‐no‐
alcanzo‐el‐quorum‐requerido/prontus_senado/2013‐01‐22/213021.html (revisado por última vez el 31 de
marzo de 2014).
330
Ver nota de prensa: Propuesta de sistema electoral plurinominal ingresa como prioridad a la Comisión de
Constitución, Senado de la República, Departamento de Prensa, 19 de marzo de 2013. En:
http://www.senado.cl/propuesta‐de‐sistema‐electoral‐plurinominal‐ingresa‐como‐prioridad‐a‐la‐comision‐
de‐constitucion/prontus_senado/2013‐03‐19/145913.html (revisado por última vez el 31 de marzo de
2014).
331
Proyecto de ley que modifica Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios en
materia de elección de parlamentarios y conformación de distritos plurinominales, moción presentada por
el Senador Francisco Chahuán (RN), 23 de enero de 2013, remitido a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín Legislativo N° 8.799‐07).
332
Proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución Política de la República en materia de
integración y elección de la Cámara de Diputados y del Senado, moción presentada por los senadores
Francisco Chahuán (RN), Fulvio Rossi (PS), Eugenio Tuma (PPD) y Patricio Walker (DC), 9 de julio de 2013,
remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín Legislativo N° 9.023‐07).
333
Proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución Política de la República en materia de
reelección y vacancia de parlamentarios, mensaje presentado por el Presidente de la República Sebastián
Piñera ante el Senado, 17 de julio de 2013, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento (Boletín Legislativo N° 9.031‐07).
334
Proyecto de reforma constitucional que establece un sistema proporcional de elección de los
parlamentarios y reduce los quórum de aprobación de las normas constitucionales y legales, moción
presentada por los senadores Ricardo Lagos (PPD), Juan Pablo Letelier (PS) y Jaime Quintana (PPD), 30 de
julio de 2013, remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín Legislativo
N° 9.038‐07).
124


Tras analizar diversas fórmulas electorales y parte de las propuestas legislativas presentadas,
recibiendo para ello las opiniones de algunas entidades de la sociedad civil335
, la Comisión de
Constitución se concentró en el análisis y posterior aprobación de la moción presentada el 28 de
agosto por los senadores Alberto Espina (RN), Carlos Larraín (RN), Fulvio Rossi (PS), Eugenio Tuma
(PPD) y Patricio Walker (DC) sobre integración de la Cámara de Diputados336
. Esta propuesta
plantea suprimir el guarismo 120 del texto constitucional, pero también refuerza el alto quórum
de tres quintas partes de los parlamentarios en ejercicio para las reformas legales sobre el número
de diputados y sobre el sistema electoral337
.

Fue aprobada por mayoría en la Comisión el 3 de septiembre338
, reemplazándose la propuesta
inicial de eliminar la cifra de 120 por una nueva redacción al Artículo 47 de la Carta Política: “La
Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos
electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los
distritos electorales y la forma de su elección”339
. Apoyaron esta reforma los/as senadores/as
Patricio Walker (DC, Presidente de la Comisión), Soledad Alvear (DC), Carlos Larraín (RN) y Alberto
Espina (RN) que votaron a favor, pero el Senador Hernán Larraín (UDI) se abstuvo340
.

335
Ver nota de prensa: Cambios al binominal: termina ronda de audiencias y Comisión de Constitución se
reúne con el Presidente, Senado de la República, Departamento de Prensa, 31 de julio de 2013. En:
336
Ver nota de prensa: Presentan proyecto que sienta las bases para reformar el sistema binominal, Senado
de la República, Departamento de Prensa, 28 de agosto de 2013. En:
337
República de Chile, Ley N° 20.725, en materia de integración de la Cámara de Diputados, publicada en el
Diario Oficial el 15 de febrero de 2014 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07).
338
Ver nota de prensa: Iniciativa que permitirá modificar el binominal fue respaldada por Comisión
Constitución, Senado de la República, Departamento de Prensa, 3 de septiembre de 2013. En:
339
Además, se aprobó reemplazar los incisos 2 y 3 de la disposición decimotercera transitoria por el
siguiente texto: “Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos
existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los
diputados y senadores en ejercicio”. SENADO DE LA REPÚBLICA, Informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de reforma constitucional en materia de
integración de la Cámara de Diputados, Boletín N° 9.078‐07, 3 de septiembre de 2013, págs. 60 y 61 (Boletín
340
Al respecto indica el Informe: “Al fundamentar su abstención, el Honorable Senador Larraín, don Hernán,
expresó que él siempre ha defendido la postura de que es muy relevante llegar a un acuerdo amplio cuando
se trata de aprobar una reforma constitucional como la que se debate en esta oportunidad. No obstante lo
anterior, hizo presente que el Partido que él integra no está de acuerdo en innovar en relación con el número
de integrantes de la Cámara de Diputados, ni en alterar, sustantivamente, su forma de elección, razón que lo
motiva a no concurrir con su voto favorable a la aprobación de esta iniciativa”, SENADO DE LA REPÚBLICA,
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de
reforma constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados, Boletín N° 9.078‐07, 3 de
septiembre de 2013, pág. 59 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07).
125


El 10 de septiembre, la modificación constitucional habilitante al debate de la reforma al sistema
binominal fue sometida a discusión y votación en la Sala del Senado, lográndose su aprobación en
primer trámite constitucional. Votaron a favor 25 senadores/as, ocho lo hicieron en contra y cinco
se abstuvieron341
.
Remitida a la Cámara Baja, la reforma fue analizada en la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia que la aprobó por mayoría el 1° de octubre, oponiéndose a ella los diputados de la UDI342
.
A favor se pronunciaron Pedro Araya (IND), Jorge Burgos (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Aldo
Cornejo (DC), Felipe Harboe (PPD), Cristián Monckeberg (RN), Ricardo Rincón (DC), Karla Rubilar
(RN a la fecha) y Marcelo Schilling (PS); en cambio Nino Baltolu, Cristián Letelier y Arturo Squella,
de la UDI, votaron en contra343
.

El 15 de octubre, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta en general por 75 votos a
favor y 31 en contra, principalmente de la UDI344
. Fue nuevamente remitida a la referida Comisión

341
Votaron a favor Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Francisco Chahuán (RN), Camilo Escalona (PS),
Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC), José García (RN), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD),
Antonio Horvath (RN a la fecha), Ricardo Lagos (PPD), Carlos Larraín (RN), Juan Pablo Letelier (PS), Pedro
Muñoz (PS), Jorge Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Jaime Quintana (PPD), Ximena Rincón (DC), Fulvio
Rossi (PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD), Ignacio Walker (DC), Patricio
Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC). En contra votaron los/as senadores/as de la UDI Juan Antonio Coloma,
Alejandro García‐Huidobro, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Ena Von Baer y Gonzalo Uriarte, junto al
Senador de RN Carlos Kuschel. Además, se abstuvieron Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Hernán
Larraín (UDI), Alejandro Navarro (MAS) y Lily Pérez (RN a la fecha). SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de
Sesiones del Senado, Legislatura 361ª, Sesión 55ª, 10 de septiembre de 2013, págs. 176 y 177 (Boletín
Legislativo N° 9.078‐07). Ver nota de prensa: Despachan reforma constitucional que abre la puerta para
cambios al binominal, Senado de la República, Departamento de Prensa, 10 de septiembre de 2013. En:
342
Ver nota de prensa: Comisión de Constitución aprobó proyecto que elimina el número de 120 diputados
que integran la Cámara, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 1° de octubre de 2013. En:
de 2014).
343
CÁMARA DE DIPUTADOS, Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el
proyecto de reforma constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados, Boletín N° 9.078‐
07 (S), 1° de octubre de 2013, pág. 8 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07).
344
Votaron a favor Enrique Accorsi (PPD), Sergio Aguiló (IC a la fecha), Osvaldo Andrade (PS), Pedro Araya
(IND), Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (PPD), Germán Becker (RN), Mario Bertolino (RN), Pedro Browne
(RN a la fecha), Jorge Burgos (DC), Cristián Campos (PPD), Alberto Cardemil (RN), Lautaro Carmona (PC), Juan
Luis Castro (PS), Eduardo Cerda (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Aldo Cornejo (DC), Fuad Chahín (DC), Alfonso
De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), José Manuel Edwards (RN), Marcos Espinosa (PRSD), Fidel Espinoza (PS),
Ramón Farías (PPD), Cristina Girardi (PPD), Joaquín Godoy (RN a la fecha), Carolina Goic (DC), Rodrigo
González (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Enrique Jaramillo (PPD),
Carlos Abel Jarpa (PRSD), Tucapel Jiménez (PPD), Juan Carlos Latorre (DC), Luis Lemus (PS), Roberto León
(DC), Pablo Lorenzini (DC), Rosauro Martínez (RN), Fernando Meza (PRSD), Cristián Monckeberg (RN),
Nicolás Monckeberg (RN), Manuel Monsalve (PS), Carlos Montes (PS), Adriana Muñoz (PPD), Marco Antonio
Núñez (PPD), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Clemira Pacheco (PS), Denise Pascal (PS), José Pérez
(PRSD), Leopoldo Pérez (RN), Ricardo Rincón (DC), Gaspar Rivas (RN), Karla Rubilar (RN a la fecha), María
126

para un segundo informe, emitido al día siguiente. Si bien se analizaron varias indicaciones
presentadas por diputados de la UDI, todas fueron rechazadas o declaradas inadmisibles por la
Comisión, manteniéndose el texto inicialmente aprobado345
.

Tras el receso parlamentario acordado con motivo del proceso eleccionario de noviembre346
, la
reforma constitucional fue debatida y sometida a votación particular el 20 de noviembre de 2013,
alcanzándose 61 votos a favor y 25 en contra, lo que no permitió superar la exigencia del quórum
necesario y se tuvo por rechazada347
.

Antonieta Saa (PPD), Jorge Sabag (DC), Marcela Sabat (RN), René Saffirio (DC), Alejandro Santana (RN), Frank
Sauerbaum (RN), Marcelo Schilling (PS), Alejandra Sepúlveda (IND), Gabriel Silber (DC), Jorge Tarud (PPD),
Guillermo Teillier (PC), Víctor Torres (DC), Joaquín Tuma (PPD), Patricio Vallespín (DC), Orlando Vargas (PPD),
Pedro Velásquez (IND), Mario Venegas (DC), Germán Verdugo (RN), Ximena Vidal (PPD), Matías Walker (DC).
En contra votaron los/as diputados/as de la Unión Demócrata Independiente Pedro Álvarez‐Salamanca,
Gonzalo Arenas, Nino Baltolu, Ramón Barros, Eugenio Bauer, Sergio Bobadilla, María Angélica Cristi, Romilio
Gutiérrez, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, María José Hoffmann, José Antonio Kast, Joel Rosales, Patricio
Melero, Celso Morales, Claudia Nogueira, Iván Norambuena, Felipe Salaberry, David Sandoval, Ernesto Silva,
Arturo Squella, Marisol Turres, Jorge Ulloa, Cristian Letelier, Ignacio Urrutia, Enrique Van Rysselberghe,
Carlos Vilches, Gastón Von Mühlenbrock, Felipe Ward junto a los independientes Roberto Delmastro y
Miodrag Marinovic. CÁMARA DE DIPUTADOS, Legislatura 361ª, Sesión 83ª, 15 de octubre de 2013, págs. 78
y 79 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07). Ver nota de prensa: Destacan aprobación de reforma que elimina
número de diputados en la Constitución, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 15 de octubre de
2013. En: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=80825 (revisado por última vez el 31
de marzo de 2014).
345
CÁMARA DE DIPUTADOS, Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído
en el proyecto de reforma constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados, Boletín N°
9.078‐07 2 (S), 16 de octubre de 2013 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07). Ver nota de prensa: Comisión de
Constitución rechaza indicaciones a reforma sobre número de diputados, Cámara de Diputados,
Departamento de Prensa, 16 de octubre de 2013. En:
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=80907.
346
El 17 de noviembre de 2013 se celebraron en Chile elecciones presidenciales, parlamentarias y de
consejeros regionales.
347
Votaron a favor Osvaldo Andrade (PS), Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (PPD), Germán Becker (RN),
Mario Bertolino (RN), Pedro Browne (RN a la fecha), Jorge Burgos (DC), Cristián Campos (PPD), Lautaro
Carmona (PC), Juan Luis Castro (PS), Eduardo Cerda (DC), Fuad Chahín (DC), Alfonso De Urresti (PS), Roberto
Delmastro (IND), Marcelo Díaz (PS), José Manuel Edwards (RN), Marcos Espinosa (PRSD), Fidel Espinoza (PS),
Ramón Farías (PPD), René Manuel García (RN), Cristina Girardi (PPD), Joaquín Godoy (RN a la fecha), Carolina
Goic (DC), Rodrigo González (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Carlos
Abel Jarpa (PRSD), Tucapel Jiménez (PPD), Juan Carlos Latorre (DC), Luis Lemus (PS), Roberto León (DC),
Pablo Lorenzini (DC), Fernando Meza (PRSD), Cristián Monckeberg (RN), Nicolás Monckeberg (RN), Adriana
Muñoz (PPD), Marco Antonio Núñez (PPD), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Clemira Pacheco (PS),
Denise Pascal (PS), Leopoldo Pérez (RN), Ricardo Rincón (DC), Gaspar Rivas (RN), Alberto Robles (PRSD),
Karla Rubilar (RN a la fecha), Jorge Sabag (DC), René Saffirio (DC), Marcelo Schilling (PS), Alejandra Sepúlveda
(IND), Gabriel Silber (DC), Guillermo Teillier (PC), Víctor Torres (DC), Joaquín Tuma (PPD), Patricio Vallespín
(DC), Orlando Vargas (PPD), Mario Venegas (DC), Germán Verdugo (RN), Ximena Vidal (PPD), Matías Walker
(DC). En contra votaron los/as diputados/as de la Unión Demócrata Independiente Pedro Álvarez‐
Salamanca, Nino Baltolu, Ramón Barros, María Angélica Cristi, Issa Kort, Romilio Gutiérrez, Gustavo Hasbún,
María José Hoffmann, José Antonio Kast, Javier Macaya, Patricio Melero, Celso Morales, Claudia Nogueira,
Carlos Recondo, David Sandoval, Arturo Squella, Marisol Turres, Jorge Ulloa, Cristian Letelier, Ignacio
Urrutia, Enrique Van Rysselberghe, Carlos Vilches, Felipe Ward, Mónica Zalaquett y el independiente
127


Por esta razón se constituyó una Comisión Mixta de senadores y diputados, que analizó el
proyecto el 4 de diciembre348
y aprobó por mayoría de sus integrantes el mismo texto de reforma
constitucional propuesto por el Senado349
.

Sometido a votación ante el Senado, el proyecto acordado por la Comisión Mixta fue aprobado el
11 de diciembre por 24 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones350
. En la Cámara de
Diputados la proposición fue aprobada por 74 votos a favor y 10 en contra, el 7 de enero de
2014351
.

Miodrag Marinovic. CÁMARA DE DIPUTADOS, Legislatura 361ª, Sesión 88ª, 20 de noviembre de 2013, pág.
72 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07). Ver notas de prensa: A Comisión Mixta proyecto que elimina el número
de 120 diputados de la Constitución, Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 20 de noviembre de
2013. En: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=82645 (revisado por última vez el 31
de marzo de 2014); Esperan reponer en Comisión Mixta la modificación a la Constitución que permitiría
poner fin al binominal, Senado de la República, Departamento de Prensa, 20 de noviembre de 2013. En:
348
Ver nota de prensa: Comisión Mixta zanjó discrepancias en torno a reforma que abriría el camino a
cambiar el sistema binominal, Senado de la República, Departamento de Prensa, 4 de diciembre de 2013.
En: http://www.senado.cl/comision‐mixta‐zanjo‐discrepancias‐en‐torno‐a‐reforma‐que‐abriria‐el‐camino‐a‐
cambiar‐el‐sistema‐binominal/prontus_senado/2013‐12‐04/165746.html (revisado por última vez el 31 de
marzo de 2014).
349
Votaron a favor los/as senadores/as Soledad Alvear (DC), Alberto Espina (RN), Carlos Larraín (RN), Patricio
Walker (DC) y los diputados Jorge Burgos (DC), Cristián Monckeberg (RN) y Joaquín Tuma (PPD); mientras en
contra votaron los diputados Ramón Barros (UDI) y Arturo Squella (UDI), y se abstuvo el Senador Hernán
Larraín (UDI). CONGRESO NACIONAL, Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de reforma
constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados, Boletín N° 9.078‐07, 9 de diciembre de
2013, página 4 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07).
350
Votaron a favor los/as senadores/as Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Francisco Chahuán (RN),
Camilo Escalona (PS), Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC), José García (RN), Guido Girardi (PPD), José
Antonio Gómez (PRSD), Antonio Horvath (RN a la fecha), Ricardo Lagos (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Pedro
Muñoz (PS), Lily Pérez (RN a la fecha), Jorge Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Jaime Quintana (PPD),
Ximena Rincón (DC), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD), Ignacio Walker
(DC), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC); en contra lo hicieron Carlos Cantero (IND), Juan Antonio
Coloma (UDI), Alejandro García‐ Huidobro (UDI), Carlos Kuschel (RN), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI) y
Gonzalo Uriarte (UDI); y se abstuvieron Carlos Bianchi (IND), Hernán Larraín (UDI) y Alejandro Navarro
(MAS). SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 361ª, Sesión 79ª, 11 de
diciembre de 2013, pág. 213 (Boletín Legislativo N° 9.078‐07). Ver nota de prensa: Respaldan cambiar
guarismo para la integración de la Cámara de Diputados, Senado de la República, Departamento de Prensa,
11 de diciembre de 2013. En: http://www.senado.cl/respaldan‐cambiar‐guarismo‐para‐la‐integracion‐de‐la‐
camara‐de‐diputados/prontus_senado/2013‐12‐11/143404.html (revisado por última vez el 31 de marzo de
2014).
351
Votaron a favor Enrique Accorsi (PPD), Sergio Aguiló (IC a la fecha), René Alinco (IND), Osvaldo Andrade
(PS), Pedro Araya (IND), Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (PPD), Germán Becker (RN), Mario Bertolino (RN),
Pedro Browne (RN a la fecha), Jorge Burgos (DC), Cristián Campos (PPD), Alberto Cardemil (RN), Lautaro
Carmona (PC), Juan Luis Castro (PS), Eduardo Cerda (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Aldo Cornejo (DC), Fuad
Chahín (DC), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), José Manuel Edwards (RN), Marcos Espinosa (PRSD),
Fidel Espinoza (PS), Ramón Farías (PPD), René Manuel García (RN), Cristina Girardi (PPD), Joaquín Godoy (RN
128


Sin embargo –como se ha señalado– durante la extensa discusión de la reforma constitucional
comentada, no se incorporó ningún mecanismo para asegurar la representación paritaria entre
hombres y mujeres.

Cabe esperar que el debate sobre el sistema electoral que reemplazará al vigente sistema
binominal, permita contar prontamente con un sistema que efectivamente asegure la
participación equilibrada y plural de las diversas fuerzas políticas existentes en el país, la
representación política equilibrada entre hombres y mujeres, y la inclusión de personas de
pueblos indígenas y LGTBI.

Voto de chilenos en el exterior

48. Si bien el Comité toma nota de las dificultades del Estado parte en lo que se refiere a la
participación electoral de los trabajadores migratorios chilenos en el extranjero, le preocupa que
esos migrantes no puedan ejercer su derecho a votar en las elecciones organizadas en el Estado
parte.
49. El Comité alienta al Estado parte a retomar las iniciativas ya emprendidas con miras a permitir
que los emigrantes chilenos que trabajan en el extranjero ejerzan su derecho de voto en las
elecciones organizadas en el Estado parte
COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE
SUS FAMILIARES, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del Artículo
74 de la Convención, Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Chile, 15° período de sesiones, 19 de octubre de 2011,
CMW/C/CHL/CO/1, Párrafos 48 y 49.

a la fecha), Carolina Goic (DC), Rodrigo González (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Patricio Hales (PPD), Felipe
Harboe (PPD), Marta Isasi (IND), Enrique Jaramillo (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Tucapel Jiménez (PPD),
Juan Carlos Latorre (DC), Luis Lemus (PS), Roberto León (DC), Pablo Lorenzini (DC), Cristián Monckeberg
(RN), Manuel Monsalve (PS), Carlos Montes (PS), Adriana Muñoz (PPD), Marco Antonio Núñez (PPD), Sergio
Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Clemira Pacheco (PS), Denise Pascal (PS), José Pérez (PRSD), Leopoldo
Pérez (RN), Ricardo Rincón (DC), Gaspar Rivas (RN), Alberto Robles (PRSD), María Antonieta Saa (PPD), Jorge
Sabag (DC), Marcela Sabat (RN), René Saffirio (DC), Alejandro Santana (RN), Frank Sauerbaum (RN), Marcelo
Schilling (PS), Alejandra Sepúlveda (IND), Gabriel Silber (DC), Jorge Tarud (PPD), Guillermo Teillier (PC), Víctor
Torres (DC), Joaquín Tuma (PPD), Patricio Vallespín (DC), Orlando Vargas (PPD), Mario Venegas (DC), Germán
Verdugo (RN), Ximena Vidal (PPD), Matías Walker (DC). En contra votaron los/as diputados/as de la UDI
Gonzalo Arenas, Eugenio Bauer, Issa Kort, Claudia Nogueira, Jorge Ulloa, Cristian Letelier, Felipe Ward,
Mónica Zalaquett junto a los independientes Roberto Delmastro y Miodrag Marinovic. CÁMARA DE
DIPUTADOS, Legislatura 361ª, Sesión 108ª, 7 de enero de 2014, págs. 29 y 30 (Boletín Legislativo N° 9.078‐
07). Ver nota de prensa: Aprobada reforma que elimina el número de 120 diputados de la Constitución,
Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 7 de enero de 2014. En:
de 2014).
129

El compromiso presidencial de “extender el derecho a voto a los chilenos que residen en el
extranjero”352
no llegó a concretarse durante el cuadrienio informado353
, puesto que el Gobierno
mantuvo por largo tiempo su posición de limitarlo solo a quienes “mantengan vínculos y
pertenencia con el país”354
.

La imposibilidad de que los chilenos residentes en el extranjero puedan ejercer sus derechos
políticos y participar de las elecciones que en el país tengan lugar concitó la preocupación del
Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
que en 2011 recomendó “permitir que los emigrantes chilenos que trabajan en el extranjero
ejerzan su derecho de voto en las elecciones organizadas en el Estado parte”355
.

A poco tiempo de asumido, en mayo de 2010, el Presidente Piñera presentó ante la Cámara de
Diputados un proyecto de reforma constitucional para permitir el voto de los chilenos desde el
extranjero, condicionando el derecho a sufragio a la mantención de un cierto vínculo con Chile que
la propuesta ni siquiera explicita356
. Parlamentarios/as de oposición –así como un amplio espectro
de actores– hicieron patente su rechazo a la pretensión de restringir el derecho a voto, por
imponer requisitos que la Constitución no establece para el ejercicio de este derecho,
constitutivos de una discriminación inaceptable357
; y la iniciativa se estancó.

352
Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐2014, Op. Cit., pág.110.
353
PARLAMENTARIO, Balance al Poder Legislativo Año 2011, págs. 55 a 58; OBSERVATORIO PARLAMENTARIO,
354
Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010‐2014, Op. Cit., pág. 110;
Mensaje a la Nación, 21 de mayo de 2010, Op. Cit., pág. 28; Cuenta Pública Presidencial, 21 de mayo de
2011, Op. Cit. pág. 15; Mensaje Presidencial, 21 de mayo de 2012, Op. Cit. pág. 28.
355
COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS
FAMILIARES, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del Artículo 74 de la
Convención, Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares Chile, 15° período de sesiones, 19 de octubre de 2011, CMW/C/CHL/CO/1,
Párrafo 49.
356
“Los ciudadanos que se encuentren fuera del país y mantengan vínculos con Chile podrán sufragar desde
el extranjero en las elecciones y plebiscitos que establezca una ley orgánica constitucional. Dicha ley
establecerá también las condiciones y formas en que se ejercerá este derecho y regulará las circunstancias
que constituyen tal vinculación”. Proyecto de reforma constitucional para permitir el voto de los chilenos
desde el extranjero, mensaje presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante la Cámara
de Diputados, 19 de mayo de 2010, remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín
357
Al respecto cabe señalar que en enero de 2011, al informar la Corte Suprema el proyecto de ley sobre
inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, los Ministros Sergio Muñoz Gajardo,
Margarita Herreros Martínez, Pedro Pierry Arrau y Haroldo Brito Cruz, que a su vez integran el Tribunal
Calificador de Elecciones, señalaron que la “Carta Fundamental reconoce el derecho de sufragio sin
establecer exigencias ‐salvo‐ los requisitos genéricos relativos a la nacionalidad, edad y no haber sido
condenado a pena aflictiva. Resulta, en consecuencia, indispensable establecer mecanismos destinados a
que los ciudadanos chilenos se encuentren, en todo momento, en posibilidad de ejercer su derecho de
sufragio, lo cual abarca tanto a los nacionales que se encuentren en el país, como a los que residen en el
extranjero, siempre que cumplan los requisitos constitucionales. La residencia de un chileno en el extranjero
no puede ser factor de discriminación en el ejercicio de los derechos consagrados por el legislador respecto
de un chileno que habita en Chile, como tampoco podrá serlo la exigencia de un vínculo con el país o la
130


En diciembre de ese año, el Gobierno insistió en su propuesta presentándola ante el Senado358
,
seguida de un proyecto de Ley Orgánica Constitucional para regular los actos eleccionarios de
chilenos en el extranjero359
. Además de las normas que permitirían implementar la realización de
elecciones en el extranjero, la propuesta legal explicita que la exigencia para participar de las
elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales consistiría en haber permanecido en el país un
período mínimo de cinco meses dentro de los últimos ocho años; aunque regulando ciertas
situaciones especiales en que no se exigiría el referido requisito de permanencia, entre las que se
incluye a exiliados y sus familiares directos.

Puesto que el Gobierno no llegó a modificar su postura, insistiendo en condicionar el derecho a
voto de quienes residen fuera del territorio nacional a la exigencia de acreditar una determinada
vinculación con el país e imponiendo urgencia legislativa a sus propuestas para acelerar su
discusión, un grupo de senadores/as presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Ello a fin de que se declararan inconstitucionales las normas que establecen requisitos para el
derecho a voto, como la residencia o avecindamiento en el país por cierto tiempo, por vulnerar lo
dispuesto en los Artículos 13, 18 y 19 de la Carta Fundamental que no disponen ni mandatan al
legislador a imponer exigencias para ello. Señalaron los/as senadores/as que el proyecto
presidencial más que regular el ejercicio del derecho a sufragio lo estaría entorpeciendo,
pretendiendo instaurar legalmente una especie de “voto censatario” al favorecer el ejercicio del
derecho a voto de quienes tengan la capacidad económica para viajar al país y residir en él
durante un tiempo, lo que en definitiva afectaría la esencia del derecho a sufragio pues excluiría a
muchos ciudadanos chilenos de su ejercicio360
.

condición de permanencia, durante un determinado tiempo anterior a los comicios. Implica una
contravención a artículo 5° de la Constitución Política de la República, el limitar el derecho a sufragio,
estableciendo condiciones para su ejercicio que vulneran el principio de igualdad ante la ley. La universalidad
del derecho a sufragio ha dejado atrás los requisitos establecidos por el otrora ‘sufragio censuario’, al que se
estaría retrocediendo de exigirse condiciones para que los chilenos ejerzan el derecho a sufragio en el
extranjero. De esta manera cabe concluir que el Tribunal Calificador de Elecciones es de opinión de consagrar
el derecho del chileno a sufragar en el extranjero, sin más exigencias que las impuestas a los chilenos en
Chile”. CORTE SUPREMA, Oficio N° 21‐2011 Informe Proyecto de Ley 54‐2010, Antecedente Boletín N° 7338‐
07, 25 de enero de 2011, pág. 11 (Boletín Legislativo N° 7.338‐07).
358
“Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país y mantengan vínculos con Chile
podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones y plebiscitos que establezca una ley orgánica
constitucional. Dicha ley establecerá también las condiciones y formas en que se ejercerá este derecho y
regulará las circunstancias que constituyen tal vinculación”. Proyecto de reforma constitucional sobre voto
de chilenos en el extranjero, mensaje presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera ante el
Senado, 1° de diciembre de 2010 (Boletín Legislativo N° 7.335‐07).
359
Proyecto de ley que regula los actos electorales de chilenos en el extranjero, mensaje presentado por el
Presidente de la República Sebastián Piñera ante el Senado, 14 de diciembre de 2010. Retirado de
tramitación el 15 de marzo de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.358‐07).
360
El requerimiento fue presentado por los senadores/as Soledad Alvear (DC), designada como
representante de los requirentes, Isabel Allende (PS), Ximena Rincón (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD), José
Antonio Gómez (PRSD), Patricio Walker (DC), Alejandro Navarro (MAS), Ignacio Walker (DC), Camilo Escalona
(PS), Andrés Zaldívar (DC), Juan Pablo Letelier (PS), Jorge Pizarro (DC), Eugenio Tuma (PPD), Pedro Muñoz
(PS) y Eduardo Frei (DC).
131

A raíz del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno retiró de tramitación el
proyecto de ley sobre actos electorales de chilenos en el extranjero, pero asignó una nueva
urgencia legislativa a la propuesta de reforma constitucional361
. Sin embargo, se mantuvo
condicionado el derecho a sufragio al cumplimiento de requisitos adicionales, por lo que la
propuesta solo fue apoyada por senadores oficialistas, tanto en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento362
como en la Sala del Senado. Al ser sometida a votación la idea
de legislar, la reforma constitucional sobre voto de chilenos en el extranjero fue rechazada por 20
votos en contra y 16 a favor, en mayo de 2011363
.

Posteriormente, el Gobierno reiteró su compromiso en orden a seguir debatiendo sobre el voto de
chilenos en el extranjero y la determinación de avanzar en una nueva definición de vínculo.
Durante el debate del proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario, el Ministro
Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, explicó que una nueva propuesta
gubernamental permitiría votar a quienes expresen su voluntad de hacerlo en cada una de las
elecciones presidenciales o plebiscitos nacionales que se realicen, aunque no se incluirían las
elecciones parlamentarias, municipales ni de consejeros regionales364
. Por ello, en octubre de
2011 el Ejecutivo solicitó a la Cámara de Diputados se pronunciara respecto del proyecto

361
Frente al retiro por parte del Gobierno de la cuestionada propuesta legal, el Tribunal Constitucional
omitió pronunciarse sobre el fondo resolviendo “archívense los antecedentes por resultar improcedente
emitir pronunciamiento a su respecto”. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, resolución dictada en requerimiento de
inconstitucionalidad de 15 señores Senadores del proyecto de ley que regula el derecho de voto de los
chilenos en el extranjero Mensaje 479‐358, Boletín N° 7.358‐07, Rol Nº 1940‐11‐CPT, 29 de marzo de 2011
362
Sometida a votación la idea de legislar ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento fue apoyada por los senadores Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI) y el entonces Senador
Andrés Chadwick (UDI), mientras que votaron en contra Jaime Quintana (Senador PPD que reemplazó a la
Senadora Alvear en la sesión del 4 de abril) y Patricio Walker (DC). SENADO DE LA REPÚBLICA, Informe de la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de reforma
constitucional sobre voto de chilenos en el extranjero, Boletín N° 7.335‐07, 8 de abril de 2011, pág. 20
363
Votaron en contra de la propuesta presidencial por rechazar que se condicione el derecho a sufragio al
cumplimiento de requisitos, los/as senadores/as: Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Camilo Escalona
(PS), Eduardo Frei (DC), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan
Pablo Letelier (PS), Pedro Muñoz (PS), Alejandro Navarro (MAS), Jorge Pizarro (DC), Jaime Quintana (PPD),
Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosain Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD),
Ignacio Walker (DC), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC). En tanto, apoyaron la iniciativa 16
senadores: Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Andrés Chadwick (ex Senador de la UDI que en julio de
2011 asumió como Ministro de Estado), Francisco Chahuan (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina
(RN), José García (RN), Antonio Horvath (RN a la fecha), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Carlos
Larraín (RN), Pablo Longueira (ex Senador de la UDI que en julio de 2011 asumió como Ministro de Estado),
Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Baldo Prokurica (RN) y Gonzalo Uriarte (UDI). SENADO DE LA
REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 359ª, Sesión 13ª, 3 de mayo de 2011, págs. 201 y 211
364
SENADO DE LA REPÚBLICA, Segundo Informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y
Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento unidas recaído en el proyecto de ley en
primer trámite constitucional sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones,
Boletín N° 7.338‐07, 24 de octubre de 2011, página 24 (Boletín Legislativo N° 7.338‐07).
132

anteriormente rechazado por el Senado365
. Sin embargo, no se le asignó urgencia legislativa ni
tampoco se conoció una propuesta gubernamental para eliminar, o modificar al menos, los
requisitos que se exigirían a quienes viven fuera de Chile y quieren votar, manteniéndose
estancado el debate durante todo el año 2012.

Avanzado el año 2013, las senadoras Isabel Allende (PS) y Soledad Alvear (DC) junto al Senador
Patricio Walker (DC) presentaron un nuevo proyecto que permitiera retomar el debate del
derecho a sufragio de los chilenos residentes en el extranjero366
. Esta moción fue prontamente
analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento367
y en el debate
participó activamente el Gobierno368
. Ello favoreció que se alcanzara un acuerdo transversal en
torno a permitir el sufragio de quienes se encuentren fuera del país sin exigir para ello otra
cuestión que la expresa voluntad de solicitar votar en cada elección. Se definió que podrían ejercer
este derecho tanto en elecciones presidenciales como en eventuales plebiscitos nacionales, que
las votaciones tendrían lugar en los consulados de Chile en el extranjero y que la solicitud de
participar pudiera formularse ante el Servicio Electoral o un Consulado, cuestiones que
correspondería fueran reguladas en la respectiva ley orgánica constitucional369
.

En base al acuerdo alcanzado, se estimó conveniente ingresar a tramitación una nueva propuesta
de ley, la que fue presentada el 14 de agosto de 2013 por los/as senadores/as Isabel Allende (PS),

365
Mensaje N° 429‐359 Solicita envío del proyecto de reforma constitucional sobre voto de chilenos en el
extranjero, Boletín Nº 7.335‐07, 26 de octubre de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.335‐07).
366
La moción plantea incorporar un nuevo inciso cuarto al Artículo 18 de la Constitución Política de la
República: “Los ciudadanos podrán ejercer su derecho de sufragio en el extranjero, sea en plebiscitos o en
elecciones, incluidas las elecciones primarias, por el solo hecho de encontrarse inscritos en los registros
electorales que, para tal fin, mantendrán los Consulados de Chile en el exterior. Una ley orgánica
constitucional podrá establecer que en determinadas elecciones y plebiscitos se deba sufragar en Chile, por
poseer dichas votaciones un alcance meramente local”. Proyecto de reforma constitucional que garantiza el
derecho de sufragio para los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, moción presentada por las/os
senadoras/es Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC) y Patricio Walker (DC), 24 de junio de 2013, remitido a
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín Legislativo N° 9.004‐07).
367
Ver nota de prensa: Voto en el extranjero: inician estudio de reforma constitucional presentada por
senadores, Senado de la República, Departamento de Prensa, 28 de julio de 2013. En:
http://www.senado.cl/voto‐en‐el‐extranjero‐inician‐estudio‐de‐reforma‐constitucional‐presentada‐por‐
senadores/prontus_senado/2013‐07‐26/170436.html (revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
368
A las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en que se
analizó el proyecto de reforma constitucional que garantiza el derecho de sufragio para los ciudadanos
chilenos residentes en el extranjero (29 de julio, 5 de agosto, 13 de agosto y 14 de agosto de 2013) previo al
acuerdo de presentar un nuevo proyecto de ley que contuviera el acuerdo político alcanzado entre
senadores y el Gobierno asistió el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet y algunos
asesores de dicha cartera. Senado de la República, Sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento, Año 2013. En:
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=186&tipo_comision=10
(revisado por última vez el 31 de marzo de 2014).
369
Ver nota de prensa: Aprueban histórico acuerdo que permite el voto de los chilenos en el extranjero,
Senado de la República, Departamento de Prensa, 14 de agosto de 2013. En:
133

Soledad Alvear (DC), Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI) y Patricio Walker (DC)370
. Debatido
en la sesión del 27 de agosto, el proyecto fue aprobado por la Comisión371
con el voto favorable de
los/as senadores/as Patricio Walker (Presidente de la Comisión), Soledad Alvear, Alberto Espina y
Hernán Larraín, mientras el Senador Carlos Larraín votó en contra372
.

En la Sala del Senado el proyecto fue debatido el 10 y el 11 de septiembre, siendo aprobada la idea
de legislar por 26 votos a favor y nueve en contra373
.

Tras el análisis de las indicaciones presentadas, que fueron rechazadas374
, la Comisión de
Constitución mantuvo el texto inicialmente aprobado375
. Sometido a discusión particular ante la

370
La moción plantea intercalar un nuevo inciso tercero al Artículo 13 de la Constitución Política de la
República: “Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país, podrán sufragar desde
el extranjero en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales, por el solo hecho
de solicitarlo para cada elección o plebiscito. Dicha solicitud se dirigirá al Servicio Electoral, pudiendo
realizarse en Chile o a través de los Consulados de Chile en el extranjero, indicando el Consulado donde se
ejercerá este derecho. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos formales que deberá
contener la mencionada solicitud y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y
plebiscitarios en el extranjero, en conformidad a lo dispuesto en los incisos 1° y 2° del Artículo 18”. Proyecto
de reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del
país, moción presentada por los/as senadores/as Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Alberto Espina
(RN), Hernán Larraín (UDI) y Patricio Walker (DC), 14 de agosto de 2013 (Boletín Legislativo N° 9.069‐07).
371
Ver nota de prensa: Ratifican acuerdo para legislar sobre reforma constitucional que permite el voto de
chilenos en el exterior, Senado de la República, Departamento de Prensa, 27 de agosto de 2013. En:
372
recaído en el proyecto de reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que
se encuentran fuera del país, Boletín N° 9.069‐07, 28 de agosto de 2013, pág. 28 (Boletín Legislativo N°
9.069‐07).
373
Votaron a favor Soledad Alvear (DC), Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Francisco Chahuán (RN),
Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC), José García (RN), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD),
Antonio Horvath (RN a la fecha), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), Pedro
Muñoz (PS), Alejandro Navarro (MAS), Lily Pérez (RN a la fecha), Jorge Pizarro (DC), Jaime Quintana (PPD),
Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD),
Ignacio Walker (DC), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC). En contra votaron Juan Antonio Coloma
(UDI), Alejandro García‐Huidobro (UDI), Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Víctor
Pérez (UDI), Baldo Prokurica (RN), Gonzalo Uriarte (UDI) y Ena Von Baer (UDI). SENADO DE LA REPÚBLICA,
Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 361ª, Sesión 56ª, 11 de septiembre de 2013, págs. 117 y 118
(Boletín Legislativo N° 9.069‐07). Ver nota de prensa: Aprueban legislar sobre reforma que permite el voto
chileno en el extranjero, Senado de la República, Departamento de Prensa, 11 de septiembre de 2013. En:
374
Ver nota de prensa: Voto chileno en el exterior: rechazan indicaciones que apuntaban a condicionar dicho
sufragio, Senado de la República, Departamento de Prensa, 1° de octubre de 2013. En:
375
SENADO DE LA REPÚBLICA, Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento recaído en el proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional que regula el
134

Sala del Senado, el 11 de diciembre de 2013, el proyecto fue aprobado por 29 votos a favor, seis
en contra y una abstención376
.

Posteriormente, en la Cámara de Diputados el estudio del proyecto correspondió a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia que lo informó favorablemente el 7 de enero de 2014377
pero
su debate en la Sala de la Cámara Baja quedó pendiente378
.

Se espera que el amplio acuerdo en torno al derecho a sufragio de los chilenos que viven fuera del
país sin exigir para ello requisitos especiales, se materialice en una pronta aprobación de la
propuesta en trámite a fin de dar lugar al debate de la respectiva legislación que permita su
implementación en las próximas elecciones.

ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país, Boletín N° 9.069‐07, 3 de octubre
376
Votaron a favor Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND),
Francisco Chahuán (RN), Camilo Escalona (PS), Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC), José García (RN),
Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Antonio Horvath (RN a la fecha), Carlos Kuschel (RN),
Ricardo Lagos (PPD), Hernán Larraín (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), Pedro Muñoz (PS), Alejandro Navarro
(MAS), Lily Pérez (RN a la fecha), Jorge Pizarro (DC), Jaime Quintana (PPD), Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi
(PS), Mariano Ruiz‐Esquide (DC), Hosaín Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD), Ignacio Walker (DC), Patricio
Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC). En contra votaron Juan Antonio Coloma (UDI), Alejandro García‐
Huidobro (UDI), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Ena Von Baer (UDI) y se
abstuvo el Senador Baldo Prokurica (RN). SENADO DE LA REPÚBLICA, Diario de Sesiones del Senado,
Legislatura 361ª, Sesión 79ª, 11 de diciembre de 2013, págs. 121 y 122 (Boletín Legislativo N° 9.069‐07). Ver
nota de prensa: A segundo trámite propuesta que regula el voto chileno en el extranjero, Senado de la
República, Departamento de Prensa, 11 de diciembre de 2013. En:
377
Ver nota de prensa: Comisión de Constitución aprueba reforma para el voto de chilenos en el extranjero,
Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 7 de enero de 2014. En:
de 2014).
378
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se aprobó la idea de legislar por mayoría de seis
votos a favor, dos en contra y una abstención. Votaron a favor los diputados Jorge Burgos (DC), Guillermo
Ceroni (PPD), Marcelo Díaz (PS), Felipe Harboe (PPD), Cristián Monckeberg (RN) y Ricardo Rincón (DC); en
contra Giovanni Calderón (UDI) y Arturo Squella (UDI); y se abstuvo Alberto Cardemil (RN). Durante la
discusión particular se modificó parcialmente el texto, suprimiendo la frase “indicando el Consulado donde
se ejercerá este derecho”, por estimar que ello no corresponde sea incluido en la Constitución sino en la ley
orgánica que se dicte. De este modo el texto que la Comisión propone a la Sala es el siguiente: “Los
ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en
las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales, por el solo hecho de solicitarlo
para cada elección o plebiscito. Dicha solicitud se dirigirá al Servicio Electoral, pudiendo realizarse en Chile o
a través de los Consulados de Chile en el extranjero. Una ley orgánica constitucional establecerá los
requisitos formales que deberá contener la mencionada solicitud y regulará la manera en que se realizarán
los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad a lo dispuesto en los incisos primero
y segundo del artículo 18”. CÁMARA DE DIPUTADOS, Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia recaído en el proyecto de reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de los
ciudadanos que se encuentran fuera del país, Boletín N° 9.069‐07(S), 7 de enero de 2014, pág. 10 (Boletín
135


CONCLUSIONES

Terminado el período legislativo 2010‐2013 corresponde analizar el desempeño del Parlamento en
el debate y aprobación de un conjunto de iniciativas legislativas relevantes al fortalecimiento de
los derechos humanos y la profundización de la democracia. Ello, atendiendo el rol clave del Poder
Legislativo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile
en materia de derechos humanos y democracia.

El poder delegado por la ciudadanía en sus representantes debe orientarse a garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos por todas las personas sin discriminación. Ello es lo propio de un
Estado democrático de derecho y resulta central la labor del Congreso Nacional, así como del
Ejecutivo en tanto co‐legislador, en el reconocimiento, promoción, protección, respeto y garantía
de los derechos humanos. En particular, en lo referido a las normas constitucionales y legales que
deben dictarse en razón de los tratados internacionales vigentes en el país y lo mandatado por los
organismos internacionales y regionales de que Chile es parte

Durante los pasados cuatro años numerosos debates legislativos tuvieron lugar, aprobándose
diversas normativas sobre derechos humanos y democracia. No obstante, el cumplimiento pleno
de las obligaciones internacionales en la materia y la necesidad de ajustar la legislación nacional a
las disposiciones y estándares sobre derechos humanos, todavía presentan desafíos importantes
que corresponderá enfrentar a las autoridades elegidas para el período que se inicia, en
representación de ciudadanos y ciudadanas.

Una de las principales normativas sobre derechos humanos aprobada en el período analizado
corresponde a la Ley que establece medidas contra la discriminación, dictada en julio de 2012. Se
trata de un avance fundamental en el reconocimiento y protección de los derechos de lesbianas,
homosexuales, bisexuales y personas trans por cuanto se proscribe la discriminación basada en la
orientación sexual y en la identidad de género, entre otras causales de discriminación prohibida.
La Ley instituye una acción judicial especial para cautelar a las personas frente a la discriminación
que en su contra puedan cometer organismos públicos o actores privados, y prevé una agravante
de responsabilidad penal para los crímenes cometidos con motivación discriminatoria.

Sin embargo, el solo recurso jurisdiccional y la agravante penal resultan insuficientes para
enfrentar la discriminación y se lamenta que la Ley, debatida por más de siete años en el
Parlamento, no considere otras medidas. Limitada en cuanto a su objetivo y alcance –“instaurar un
mecanismo judicial”–, esta Ley no constituye la respuesta cabal que al Estado de Chile
corresponde en materia de prevención, sanción, erradicación y reparación de la discriminación, en
cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia. Se requiere que la legislación
nacional contemple una institucionalidad pública para la igualdad y la no discriminación, un
presupuesto adecuado, medidas preventivas, campañas, acciones educativas y capacitación;
además de medidas de acción afirmativa para corregir la discriminación existente.

136

En materia de derechos de las mujeres, en 2011 el Gobierno impulsó la Ley que extiende el
postnatal, relevándola como uno de los principales logros de la Administración del Presidente
Sebastián Piñera. Este nuevo derecho laboral de 12 semanas de postnatal parental adicionales y el
aumento de la cobertura, contó con un amplio respaldo. Más allá del evidente beneficio que
representa para miles de trabajadoras y sus hijos/as poder extender el tiempo de cuidado de los
recién nacidos y que más mujeres puedan acceder a este derecho, la normativa aprobada se
sustenta en los roles de género tradicionales que asignan a las mujeres la responsabilidad del
cuidado de hijos e hijas. En lugar de avanzar hacia la corresponsabilidad entre madres y padres, la
Ley refuerza que ello corresponde a las madres y solo contempla en carácter voluntario que los
padres puedan ejercer este permiso postnatal parental, manteniéndose el desafío de normas
legales que avancen hacia la desvinculación de los costos de la maternidad y la contratación de
mujeres.

Asimismo, el Gobierno apoyó la propuesta parlamentaria para tipificar el femicidio, que desde su
dictación en 2010 sanciona el asesinato de mujeres por sus parejas o ex parejas como un delito
específico al que se le asignan altas penas. Esta medida permite visibilizar la gravedad y magnitud
de la violencia contra las mujeres y el femicidio como su expresión más extrema, pero al limitarlo
únicamente a la violencia intrafamiliar se dificulta la comprensión de las causas de la violencia de
género y las necesarias respuestas. La mera sanción penal, desprovista de medidas integrales
frente a la violencia contra las mujeres en conformidad a las obligaciones internacionales, resulta
insuficiente para enfrentar este grave problema de derechos humanos.

En 2011 se dictó la Ley que sanciona la trata de personas y el tráfico de migrantes, iniciativa
parlamentaria apoyada por el Gobierno. En base a los tratados internacionales vigentes se tipifican
estos delitos en el Código Penal y se dispone la protección de las víctimas, así como herramientas
especiales para la investigación criminal. No obstante, por tratarse de una Ley centrada en lo penal
omite medidas preventivas, la asistencia integral a las víctimas y su adecuada reparación.

También impulsó el Presidente Piñera, en 2010, una reforma parcial a la Justicia Militar para
excluir a civiles y menores de edad de la jurisdicción de los tribunales castrenses cuando son
imputados, pero manteniendo dicha competencia en los demás casos que involucren a
uniformados, aun si se trata de delitos comunes contra víctimas civiles o niños/as, en abierta
contravención a las obligaciones internacionales que corresponden al Estado de Chile y a lo
ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Junto a esta reforma promovió el Gobierno modificaciones puntuales a la Ley Antiterrorista. Ello,
orientado a dar respuesta a las demandas sostenidas por más de 30 comuneros mapuche privados
de libertad que a mediados de 2010 mantuvieron una extendida huelga de hambre. No obstante la
eliminación de la presunción de finalidad terrorista anteriormente vigente y otros cambios, la Ley
mantiene una conceptualización de terrorismo y herramientas de persecución penal que se
apartan severamente de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables,
particularmente en materia de garantías judiciales de un debido proceso, por lo que ha sido
cuestionada por numerosos organismos internacionales.

137

Tras la reforma parcial a la Ley Antiterrorista, en 2011 debió el Ejecutivo impulsar una nueva Ley
para aclarar la total improcedencia de aplicar dicha normativa a menores de edad, puesto que el
Ministerio Público mantenía la persecución penal a niños bajo dicha legislación especial.

Asimismo, destaca la aprobación del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal
Internacional (APIC) en 2012, que regula las protecciones que requiere el personal y funcionarios
de esta Corte para desarrollar de modo independiente y sin interferencias sus labores en los
diversos Estados en que le corresponda desempeñarse, y favorece la intervención de abogados
defensores, testigos, víctimas y peritos, entre otros.

Además, cabe relevar como avance del período la formulación de una serie de propuestas de ley
que alcanzaron algún grado de progreso en su tramitación legislativa. Una de las iniciativas
relevantes presentadas por el entonces Primer Mandatario fue la creación de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, ente gubernamental asesor en la promoción y protección de los derechos
humanos que contará con un conjunto de atribuciones para la coordinación de las políticas y
programas públicos.

El proyecto cumplió su primer trámite constitucional ante el Senado en enero de 2014,
correspondiendo su próximo análisis a la Cámara de Diputados. Se espera que en este debate se
corrijan algunas limitaciones que presenta la propuesta, como la falta de atribuciones para la
reparación de las violaciones a los derechos humanos, tanto aquellas cometidas durante la
dictadura cívico‐militar que rigió en el país entre 1973 y 1990, como las que puedan ser cometidas
por el Estado de Chile. Asimismo, que el Plan Nacional de Derechos Humanos contemplado en la
iniciativa comprenda el conjunto de obligaciones internacionales derivadas de los tratados de
derechos humanos, las sentencias y las recomendaciones de organismos internacionales y
regionales, así como las medidas propuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; y
que incorpore mecanismos para la participación ciudadana.

Además, que se establezca –en cumplimiento a lo señalado por organismos internacionales– un
mecanismo permanente para la calificación de las víctimas de las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la dictadura. Atendiendo a la particular dificultad que enfrentan las
mujeres para reconocer y relatar sus experiencias de violencia sexual, debiera considerarse que la
recepción de testimonios y antecedentes y la calificación de estas víctimas corresponda a un ente
especializado.

Igualmente destaca la propuesta que el Gobierno presentó para reformar la sociedad conyugal,
aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados en marzo de 2013. Dada la
grave discriminación contra las mujeres que consagra la normativa vigente sobre sociedad
conyugal al privarlas de sus derechos respecto de los bienes sociales y de sus bienes propios,
subordinarlas al marido e instituir a éste como único dueño del patrimonio social y administrador
de los bienes de la mujer; su modificación ha sido reiteradamente recomendada por organismos
internacionales y a ello se comprometió el Estado de Chile en 2007 ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa para
poner término a un procedimiento iniciado en su contra.

138

La iniciativa plantea derogar la jefatura de la sociedad conyugal que detenta el marido y
reestablecer la igualdad de derechos entre los cónyuges, terminando con la incapacidad de la
mujer para administrar y disponer de sus bienes propios. Los bienes sociales pasarían a ser
propiedad de ambos y se propone que puedan ser administrados por cualquiera de ellos, según
acuerden, o en conjunto si nada expresan; previéndose para el caso que el marido detente la
administración del patrimonio social, que la mujer pueda mantener como patrimonio reservado lo
que adquiera producto de su trabajo remunerado. No obstante, se estima que en un régimen
igualitario en que los bienes pertenecen a ambos por igual con independencia de quién los haya
aportado, la administración debiera corresponder a ambos cónyuges en conjunto. La propuesta
debiera consagrar un régimen de co‐administración de la sociedad conyugal y no privilegiar la
administración individual.

Junto al retraso mantenido por la Comisión de Constitución del Senado que ni siquiera ha
comenzado el estudio del proyecto, preocupa que este se oriente a los matrimonios que se
celebren en adelante, amparando la regulación discriminatoria para los matrimonios anteriores. La
sola facultad de elegir un cónyuge administrador, que la iniciativa entregaría a quienes se rigen
por la sociedad conyugal, no asegura la igualdad de derechos a las miles de mujeres casadas bajo
este régimen patrimonial. La nueva Ley debe garantizar los derechos de todas las mujeres casadas
en sociedad conyugal sin depender para ello de la voluntad de sus maridos.

También presentó el Gobierno una propuesta legal sobre violencia en el pololeo, para sancionarla
y permitir la aplicación de las herramientas contenidas en la Ley de violencia intrafamiliar, tales
como las medidas de protección. Fue aprobada por la Cámara de Diputados en enero de 2014 y se
encuentra pendiente su debate por el Senado.

Otra iniciativa presentada e impulsada por el Gobierno es la regulación del acuerdo de vida en
pareja, para reconocer derechos patrimoniales, hereditarios, sociales y previsionales a parejas de
diferente o del mismo sexo. A diferencia de la iniciativa original y luego de haber sido analizada y
modificada por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, la propuesta reconoce en gran
medida el carácter familiar de estas uniones, regulando que dan lugar al estado civil de
convivientes legales, disponiendo que los tribunales competentes para conocer de eventuales
controversias son los de familia y consagrando los mismos derechos hereditarios a los convivientes
sobrevivientes que los reconocidos a los cónyuges, entre otras disposiciones.

Luego de ser aprobada la idea de legislar por el Senado, en enero de 2014, corresponde a la
Comisión el análisis de las cerca de 200 indicaciones presentadas. Cabe esperar que en la discusión
se mantenga el carácter familiar del acuerdo de vida en pareja y no solo una regulación
patrimonial, y que se avance en la regulación del estatuto jurídico de hijos e hijas de parejas del
mismo sexo que algunas indicaciones plantean.

Además, parlamentarios/as promovieron un proyecto de ley que reconoce y da protección al
derecho a la identidad de género que el Senado aprobó en general en enero de 2014. Se busca
proteger los derechos de las personas trans, especialmente su derecho a ser reconocidas,
identificadas y tratadas en conformidad a su identidad de género. Para ello se regula un
procedimiento judicial que permita la rectificación de su partida de nacimiento y cambio de
nombre y sexo en sus documentos de identidad, sin exigir para ello tratamientos ni exámenes.
139


Dentro del período informado se debatió acerca de la ratificación de la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que se
encontraba pendiente desde 1994 ante el Senado. Si bien la Cámara Alta aprobó este tratado, en
octubre de 2012, preocupa observar que la ratificación se acompañaría de una declaración por
parte del Estado de Chile mediante la cual se pretende limitar la imprescriptibilidad únicamente a
los crímenes que puedan cometerse a partir del año 2009, fecha de dictación de la Ley que tipifica
crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra. Con la declaración
propuesta por el entonces Gobierno se consagraría un impedimento legal a la imprescriptibilidad
de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Se trata de una abierta
contravención a lo dispuesto en la propia Convención y a las obligaciones internacionales en la
materia, que instituiría una inaceptable impunidad a los crímenes cometidos en el país.

En tanto, un amplio conjunto de iniciativas sobre derechos humanos no presentan avances en su
discusión legislativa durante el cuadrienio analizado, pese a que se trata de obligaciones
internacionales que el Estado de Chile mantiene pendientes de cumplimiento e incluso algunas de
ellas hicieron parte de los compromisos asumidos por el Presidente Piñera en su Programa de
Gobierno.

Ningún debate tuvo lugar en el período respecto al Protocolo Facultativo a la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Protocolo CEDAW) que en el
Senado se encuentra estancado desde el año 2001 luego que fuera despachado por la Cámara de
Diputados. Tampoco se consideró el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), pendiente ante la Cámara Alta desde 2006. Entre otros organismos, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial en su pasado examen, recomendó al Estado de Chile la
ratificación de estos y otros tratados internacionales clave en la protección de los derechos de las
personas.

En el ámbito de la institucionalidad de derechos humanos, se lamenta la total falta de atención a la
Defensoría de las Personas, cuyo debate en el Parlamento data de principios de los años noventa.
Si bien en 2008 se alcanzó en la Cámara Baja un amplio acuerdo en torno a la necesidad de contar
en el país con un organismo autónomo encargado de la protección y defensa de los derechos de
las personas, han transcurrido cinco años sin que el Senado lo considerara.

En materia de igualdad y no discriminación, si bien se ha avanzado parcialmente en el debate del
acuerdo de vida en pareja, el Parlamento ha eludido considerar las iniciativas que congresistas han
presentado sobre matrimonio igualitario, que permitirían el reconocimiento pleno de los derechos
y obligaciones derivadas de las relaciones familiares a todas las personas sin discriminación en
base a su orientación sexual. La supuesta esencia natural de la institución matrimonial como una
unión exclusiva entre un hombre y una mujer, defendida por el Gobierno y parlamentarios
detractores del matrimonio igualitario, ha permitido mantener reservadas instituciones y derechos
a algunas personas, privando de ellas y de la ciudadanía plena a otras en razón de su orientación
sexual.

140

Igualmente sin debate han permanecido otras iniciativas orientadas a derogar normas que
perpetúan la discriminación por orientación sexual e identidad de género que organismos
internacionales han mandatado revisar. Ello puesto que el Código Penal castiga las relaciones
sexuales con menores de 18 años del mismo sexo, aun tratándose de relaciones voluntarias y
libremente elegidas, discriminando a los adolescentes homosexuales en el ejercicio de su
sexualidad. La moción que diputados/as presentaron para la derogación de esta norma no ha sido
analizada.

Tampoco se ha considerado la necesidad de suprimir el tipo penal denominado ofensas al pudor o
a las buenas costumbres, que ni siquiera define cuál es la conducta penalizada y ampara el
accionar discrecional de las policías para detener a lesbianas, gays o personas trans que no han
cometido delito alguno y, en numerosas ocasiones, el abuso y maltrato policial.

En tanto, la falta de avances legislativos para la participación política paritaria entre hombres y
mujeres se ha extendido por demasiados años. Se lamenta constatar el nulo interés del
Parlamento y el Gobierno en la discusión de medidas especiales para asegurar el equilibrio entre
los sexos en las listas de candidaturas a cargos de elección popular y en los órganos de los partidos
políticos, presentadas ante la Cámara de Diputados la década pasada.

En los debates sobre reformas políticas y electorales sostenidos en el período analizado se omitió
considerar la paridad como una dimensión clave de la representación política y no se contemplan
mecanismos para la participación de las mujeres en la Ley de Primarias ni en la Ley sobre elección
directa de los consejeros regionales, como tampoco en la propuesta gubernamental sobre reforma
a los partidos políticos.

El declarado compromiso presidencial con la participación política de las mujeres solo se tradujo
en la presentación de una propuesta sobre financiamiento especial a las candidaturas de mujeres
que no llegó a ser analizada por los/as legisladores/as puesto que el Ejecutivo no la priorizó.

Otro grave déficit en materia de derechos de las mujeres que el Parlamento mantiene es la
criminalización absoluta del aborto, que numerosos organismos internacionales desde hace más
de una década vienen reprochando. Sucesivas mociones parlamentarias se han formulado desde la
recuperación de la democracia ante el Senado y ante la Cámara de Diputados para despenalizar el
aborto terapéutico, frente a malformaciones graves o en caso de violación, pero en su gran
mayoría no han sido ni siquiera revisadas.

Es en 2011 que el Senado se aboca al debate sobre aborto, a impulso de la Comisión de Salud.
Luego del estudio de algunas propuestas al respecto, al ser sometidas a discusión ante la Sala de la
Cámara Alta no llegan a concitar la mayoría necesaria para continuar su tramitación, frustrándose
la necesaria reforma. Los argumentos defendidos por los/as senadores/as que se opusieron a ello
evidencian la preponderancia de las convicciones morales y religiosas de gran parte de los/as
parlamentarios/as frente a los derechos y libertades de las mujeres al momento de legislar.

Las iniciativas que congresistas propusieron a lo largo del año 2013 para reimpulsar el debate
sobre despenalización del aborto en determinadas situaciones, no llegaron a ser analizadas.

141


Asimismo, se lamenta la aprobación de la Ley que instituye el día del que está por nacer, que aun
careciendo de efectos jurídicos concretos tiene implicancias simbólicas que pueden obstaculizar el
debate social y político de reformas normativas sobre derechos de las mujeres.

Por otra parte, resulta preocupante constatar que continúa pendiente la reforma de la Justicia
Militar a que el Estado de Chile se encuentra obligado tras ser condenado en 2005 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne. La jurisdicción castrense
debe limitarse únicamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en
servicio activo y nunca comprender a civiles en dicha jurisdicción, además de garantizar el debido
proceso, en cumplimiento a las obligaciones internacionales en la materia. La reforma parcial
aprobada en 2010 a iniciativa del Presidente Piñera representa un avance pues se excluyó a civiles
y menores de edad imputados por algún ilícito en contra de uniformados. No obstante, de mayor
relevancia resulta suprimir la competencia de tribunales castrenses frente a delitos comunes
cometidos por militares en contra de víctimas civiles, y en ello nada se avanzó durante el
cuadrienio pese a los compromisos asumidos por el Gobierno al respecto y a los reiterados
cuestionamientos de organismos internacionales. Lamentablemente, las diversas mociones
presentadas por congresistas para suprimir la competencia de tribunales militares respecto de
civiles y niños/as, que la Corte Suprema ha respaldado, no fueron consideradas en el debate
legislativo.

El Parlamento tampoco ha atendido a la necesidad de suprimir el Decreto Ley de Amnistía de
1978, norma que ha amparado la impunidad de gran parte de las violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la dictadura y la indefensión de las víctimas. La sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que así lo ordena, en el caso Almonacid Arellano contra el
Estado de Chile, data de 2006 y con posterioridad diversos organismos internacionales han
insistido en ello. Aun cuando el Programa de Gobierno del Presidente Piñera relevó el compromiso
con la verdad, la justicia y el derecho internacional de los derechos humanos, durante los cuatro
años analizados ninguna iniciativa presentó para ajustar la normativa nacional a dichas
obligaciones ni impulsó el debate de las mociones que a ello se refieren.

La improcedencia de amnistías, indultos y de la prescripción de la responsabilidad penal respecto
de los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos en el país, materia de algunos
proyectos presentados por diputados/as y por senadores/as, no hizo parte del debate legislativo
en el período informado, en contravención a las obligaciones internacionales pendientes de
cumplimiento.

Igualmente se ha desatendido la obligación de adoptar en la legislación nacional una tipificación
de la tortura que se ajuste a la definición de este crimen contenida en los tratados internacionales
vigentes en el país, asignando penas proporcionadas a su gravedad y consagrando su
imprescriptibilidad.

142

Además, cabe lamentar el cumplimiento de un nuevo período legislativo en que no se avanzara en
el debate sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Continúa pendiente la discusión de una
Ley de protección integral de la infancia conforme a los derechos resguardados por la Convención
sobre los Derechos del Niño, que organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios/as han
procurado impulsar. Junto a ello se requiere de una institucionalidad autónoma para la defensa de
los derechos de los/as niños/as, según plantean organismos internacionales, pero las propuestas
que congresistas han presentado no llegaron a ser consideradas. En lugar de ello, el Gobierno del
Presidente Piñera priorizó el debate de la modificación orgánica del Servicio Nacional de Menores
para reemplazarlo por nuevos servicios públicos especializados en la protección, por una parte, y
en la responsabilidad penal adolescente, por otra, que no concitaron el apoyo parlamentario para
avanzar en su tramitación.

En el ámbito de las reformas políticas para la profundización de la democracia cabe destacar la
aprobación de una serie de normativas aunque en áreas importantes todavía se mantienen
retrasos significativos.

En 2010 se dictó la Ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, cuya
implementación cabal continúa pendiente. Ese mismo año, el Presidente Piñera impulsó la Ley que
adelanta la fecha de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales para
que no interfieran con las fiestas de Navidad y fin de año, trasladando a noviembre dicha elección
y a diciembre la eventual segunda vuelta.

Asimismo, se aprobó la legislación que implementa la inscripción automática y el voto voluntario,
en 2011, que ha tenido como resultado una menor participación ciudadana en los procesos
electorales.

En 2012 se dictó la Ley que establece el sistema de primarias para la designación de candidatos/as
a Presidente/a de la República, senadores/as, diputados/as y alcaldes/as. La Ley permite la
participación del electorado en la definición de las candidaturas a dichos cargos de elección
popular si los partidos políticos así lo resuelven, pero no instituye medidas que aseguren la
inclusión de mujeres entre las alternativas que los partidos someten a la decisión ciudadana.

Y en 2013 se aprobó la normativa que regula la elección directa de los consejeros regionales. A
partir de ella, la ciudadanía elige mediante un sistema proporcional un determinado número de
representantes dependiendo del tamaño de la respectiva región. Esta Ley tampoco contempla una
regulación que garantice la participación de mujeres en estos cargos públicos.

Asimismo, cabe destacar la reforma constitucional aprobada a comienzos de 2014 para suprimir
del texto de la Carta Fundamental el número de 120 diputados/as y así permitir el próximo debate
del sistema electoral aplicable a la elección de parlamentarios/as. El nuevo régimen que
reemplace al sistema binominal debiera asegurar la representación de las diversas fuerzas políticas
existentes en el país y garantizar la participación política paritaria de las mujeres –así como de
otros sectores históricamente excluidos–, en conformidad a las recomendaciones que organismos
internacionales han formulado en tal sentido.

143

El debate sobre voto de chilenos en el exterior, que igualmente ha concitado la preocupación de
organismos internacionales que han indicado su aprobación, se complejizó principalmente por las
exigencias adicionales que para ello se plantearon en las diversas propuestas gubernamentales.
Finalmente se alcanzó un acuerdo político transversal al respecto que solo exigiría para votar
desde el extranjero en las elecciones presidenciales y eventuales plebiscitos nacionales, una
manifestación expresa de voluntad en cada oportunidad. La moción parlamentaria que recoge
esta propuesta fue aprobada por el Senado en enero de 2014, correspondiendo continuar con el
análisis a la Cámara Baja.

Gran parte de las normas sobre derechos humanos y democracia que ante el Parlamento se
encuentran pendientes de discusión legislativa, han sido materia de preocupación para un amplio
conjunto de organismos internacionales que han examinado al Estado de Chile en el cumplimiento
de sus obligaciones sobre derechos humanos y han señalado reiteradamente la necesidad de
emprender diversas reformas normativas. Sin embargo, se observa que las autoridades nacionales
no han asignado al cumplimiento de estas obligaciones la prioridad y celeridad requeridas,
manteniéndose en variados ámbitos significativos retrasos.

Puesto que en gran medida los compromisos programáticos asumidos por la Presidenta Michelle
Bachelet y la Coalición Nueva Mayoría se orientan al cumplimiento de las referidas obligaciones, el
debate necesario para adecuar la legislación e instituciones nacionales a lo establecido en los
tratados internacionales de que el país hace parte corresponderá a los/as diputados/as y
senadores/as elegidos/as para el período que se inicia, en representación de los y las ciudadanas.
144

Balance al poder legislativo periodo 2010 2013

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